Este documento contiene varios artículos relacionados con delitos informáticos y su regulación legal. Establece que las personas pueden ser juzgadas por delitos cometidos fuera del territorio nacional si causaron efectos dentro del país. Además, define sanciones para delitos como acceso indebido a sistemas, sabotaje, espionaje informático y falsificación de documentos digitales. También establece la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos cometidos por sus empleados.