El documento describe la tragedia ocurrida en 2018 en el Serpentín de Pasamayo en Perú, donde un bus interprovincial cayó por un acantilado luego de ser impactado por un tráiler, causando 52 muertes. A dos años del accidente, la empresa propietaria del tráiler no ha pagado las indemnizaciones ordenadas por la justicia, mientras intenta apelar la sentencia. La vía donde ocurrió el hecho carecía de medidas de seguridad adecuadas.

1. Tragedia del Serpentín de Pasamayo
de 2018
La tragedia del Serpentín de Pasamayo
de 2018 se refiere a un accidente
ocurrido en Perú, el 2 de enero a la
altura del kilómetro 75 de la Ruta
nacional PE-1 en el área del Serpentín
de Pasamayo cuando un tráiler impacto
contra un bus interprovincial que en un
intento de esquivarlo se despistó de la
carretera y cayó hacia un acantilado
frente al mar con 58 personas a bordo,
como consecuencia 52 de ellas resultaron muertas y otras seis terminaron heridas, el conductor
del tráiler resultó ileso. El hecho trascendió a la prensa a la tarde del mismo día siguiente e
igualmente las operaciones de rescate, las cuales comenzaron pocas horas después del
accidente por la Marina de Guerra, la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios en conjunto.2
Descripción del sitio del accidente[editar]
El serpentín de Pasamayo es una área de la Ruta nacional PE-1 ubicada en la Panamericana
Norte, entre los distritos de Aucallama y Ancón, de las provincias de Huaral y Lima, ambas
ubicadas en el Norte Chico, el serpentín es conocido con el apodo de la curva del diablo debido
a la densa neblina, la constante humedad de sus pistas, sus muchas curvas y la falta de
señalización, por consiguiente desde su apertura al público el lugar fue escenario de diversos
accidentes que casi siempre terminaban en fatalidades.
Antecedentes[editar]
El Estado peruano por medio del Decreto Supremo 001-2017 PCM, declaró el 2 de
enero de 2018 feriado largo por Año Nuevo, esto con la oportunidad de incentivar el turismo
interior en el país,3
diversas empresas de trasportes se vieron beneficiadas por el alza de
demandas a sus servicios; la Empresa de Transportes San Martín de Porres que recorre la
ruta Huacho-Lima fue una de las empresas beneficiadas, uno de sus buses interprovinciales sería
el protagonista del fatal accidente. El bus interprovincial de placa B0K-954 perteneciente a la
empresa ya mencionada salía la mañana del 2 de enero desde la ciudad de Huacho rumbo
a Lima con pasajeros provenientes de diversos lugares que fueron a pasar el feriado no solo en
la ciudad de Huacho si no en otros lugares del norte peruano como Máncora y Punta Sal.4
El bus
llevaba en su interior a 56 personas entre pasajeros y tripulación, su destino final era el terminal
de la empresa ubicado en el distrito de La Victoria en la ciudad de Lima.5
Mientras tanto el tráiler
de placa AFJ-758 había salido por la madrugada de la ciudad de Lima con rumbo al norte.
Acciones[editar]
Al segundo día el Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunicó en horas de la tarde
que la operación de búsqueda y rescate había finalizado y se pudo rescatar todo los cuerpos que
se encontraba esparcidos entre la arena de la playa del barranco y el mar. A pesar de esto
algunas familias de varios desaparecidos acusaron que sus respectivos familiares todavía se

2. encontraban no habidos.67
Durante los momentos de rescate, se registró robos a los cuerpos y
heridos del lugar.
En lo que respecta a las personas que viajaban en el bus, casi todos ellos perecieron
instantáneamente al momento de la colisión contra el suelo arenoso, solamente algunos
usuarios pudieron salvarse ya sea lanzándose de la ventana o simplemente por pura casualidad,
aunque resultaron seriamente heridos. El conductor del tráiler sobrevivió y fue llevado por la
Policía Nacional a la ciudad de Huaral para ser interrogado.8
El 4 de enero se pudo encontrar los
últimos cuerpos debajo de los restos del bus.9
Ante el accidente el presidente Pedro Pablo Kuczynski; el ministro de Transportes y
Comunicaciones Bruno Giuffra fue citado al Congreso de la República por el suceso, mientras
que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (ligada al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones) por orden de Kuczynski inició un proceso de
reestructuración.1011
El presidente también anunció que el serpentín sería cerrado al paso de
buses y se lo reemplazaría por la variante de Pasamayo.12
Pasamayo: a dos años de la tragedia, empresa no ha pagado un sol en reparaciones
En febrero del año pasado, el Poder Judicial ordenó que Levisa, como empresa tercera civil
responsable, pague de forma solidaria reparaciones civiles de 20 mil y 200 mil soles. No
obstante, los sobrevivientes y los deudos del fatal accidente aún no reciben los montos.
Los padres de Indira Díaz Pasache pasaron tres días al pie del abismo en la Curva del
Diablo esperando hallar a su hija. La joven de 22 años era una de las pasajeras del bus que se
desbarrancó en Pasamayo el 2 de enero de 2018. A 72 horas del accidente, los bomberos habían
rescatado 50 cuerpos, pero el de ella no aparecía. “Dentro de todo el dolor, solo quiero llevarme
a mi hija y enterrarla”, pedía su padre ante las cámaras de los medios que cubrían la tragedia.
La intervención de un helicóptero de la PNP permitió encontrarla atrapada en la pendiente junto
a una turista sueca que había venido al Perú a celebrar Año Nuevo.
Con el hallazgo de ambos cuerpos se cerraron las labores de rescate y empezó el largo camino
de los familiares de las víctimas para encontrar justicia. Hoy, solo una persona cumple prisión
por lo ocurrido y la empresa dueña del tráiler que provocó la caída del bus no ha desembolsado
un sol en reparaciones civiles.
La caída del bus interprovincial de la empresa San Martín ocurrió debido a que el tráiler
manejado por Christian Quillahuaman Cusihuaman, cuya propietaria era la empresa TJ
Corporation Levisa, invadió el carril contrario y empujó el vehículo al precipicio.
En febrero del año pasado, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huaral lo sentenció a ocho
años de prisión y ordenó que Levisa, como tercer civil responsable, pague de forma solidaria
reparaciones civiles de 20 mil y 200 mil soles para los sobrevivientes y los deudos del fatal
accidente.
El fallo fue confirmado en segunda instancia, pero la empresa ha interpuesto un recurso de
casación para buscar que el fallo se declare nulo, informó a El Comercio Ángel Pongo, abogado
de los deudos de Tatiana Velazco Portocarrero, una de las 52 víctimas.
“Levisa y el chofer presentaron la casación ante la Corte Suprema, pero está todavía está
evaluando si el caso reúne los requisitos para que sea admitida. Si no da lugar, el fallo queda ahí.
Mientras tanto, han pasado dos años y no han dado ni un solo sol a los familiares y a los heridos”,
dijo.
Tal como informó este Diario en mayo del 2018, la empresa transfirió 43 de sus bienes en los
meses que siguieron a la tragedia. Si al 22 de enero del ese año Levisa contaba con 47 vehículos
a su nombre, tres meses después solo tenía 5. La sentencia de febrero pasado declaró nulas
dichas transferencias; no obstante, las apelaciones han evitado que el fallo se ejecute, dice
Pongo.

3. “El año pasado, a los pocos días de la sentencia, una de las dos propiedades de Levisa fue
hipotecada. Hay un evidente plan de desprenderse de sus activos con la finalidad no pagar las
reparaciones”, enfatizó.
–Responsabilidades compartidas–
El 2 de enero de 2018, un bus interprovincial de la empresa San Martín se cayó al precipicio en
el km 48 de la carretera Panamericana Norte (Huaral), en la zona de Pasamayo. El vehículo había
sido impactado por un tráiler, lo que provocó su caída por un acantilado de más de 110 metros.
La neblina y la zona de difícil acceso dificultaron estos trabajos de rescate realizados por la policía
y los bomberos. Solo seis pasajeros sobrevivieron con graves heridas.
Un informe policial concluyó que la responsabilidad mayor del accidente recae en el conductor
Christian Quillahuaman Cusihuaman, por haber invadido parcialmente el carril contrario por
donde se desplazaba el bus de la empresa San Martín
Un año antes, el chofer había provocado otro accidente en Tarapoto, donde arrolló y mató a un
motociclista. A pesar de eso, Levisa lo contrató el 1 de diciembre del 2017 por un período de
cinco meses y seguía vinculado a ellos en enero de 2018.
Antes de que la empresa fuera incluida en el proceso, Levisa se deshizo de 43 de sus bienes
muebles e inmuebles. Algunos fueron transferidos a Miriam Octavia Medrano Romero, quien
figuraba como beneficiaria de un programa asistencial del Estado. En mayo de 2018, ella recibió
dinero de Bono 500, un fondo para damnificados de El Niño costero. Según el Ministerio de
Vivienda, su casa quedó “inhabitable”. Sin embargo, ha sido capaz de ‘desembolsar’ –por lo
menos en papeles– más de S/193 mil, con pagos al contado de 5 mil y 3 mil soles.
La empresa San Martín de Porres S.A, propietaria del bus interprovincial, también fue
sancionada administrativamente. La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal
del Indecopi (SPC) confirmó, en última instancia administrativa, la multa de 450 UIT, equivalente
a S/ 1′890.000, por infringir el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
La multa fue debido a que la empresa “expuso a riesgo injustificado a los pasajeros que viajaban
en el bus de placa B0K-954, pues el chofer excedió la jornada máxima de manejo acumulada de
12 horas, en un periodo de 24 horas”.
–Carretera sin seguridad–
Si bien la responsabilidad principal del accidente fue del chofer del tráiler, el estado de la vía
también influyó en la tragedia.
Un informe de El Comercio, del 6 de enero de 2018, reveló que el contrato firmado entre el
Ministerio de Transportes (MTC) y Norvial S.A. para dar en concesión el tramo Ancón-Huacho-
Pativilca de la carretera Panamericana Norte no contemplaba ninguna cláusula específica en
materia de seguridad vial que detalle la instalación de guardavías o barreras reflectoras que
impidan que los vehículos se desbarranquen.
En las 127 páginas del contrato suscrito en el 2003 se menciona, como obligaciones de la
concesionaria, construir, reforzar y mantener la autopista, intercambios viales y puentes, pero
no se consideran elementos de seguridad vial pese a que el serpentín de Pasamayo es una zona
de alto riesgo. En este tramo se han reportado 26 accidentes y más de 160 fallecidos desde 1990.
Este Diario comprobó que a lo largo de los 31 kilómetros de Pasamayo hay 83 curvas peligrosas,
consideradas así por su sinuosidad, por la escasa visibilidad que hay hacia el otro sentido de la
vía y, sobre todo, porque el abismo está a un paso. De estas, al menos 25 curvas (lo que equivale
al 30%) no tenían ningún tipo de protección. En 47 curvas sí había guardavías, pero no a lo largo
de todo el giro, mientras que otros puntos contaban con costales de arena.
La falta de esta especificación sobre seguridad se repetía en otros 15 contratos de concesión de
carreteras en el país.

4. Dos años de restricción–
El 31 de diciembre pasado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) amplió por un
año más la restricción de circulación de buses que brindan el servicio de transporte de personas
por todo el tramo del denominado serpentín de Pasamayo. Es la segunda ampliación desde el 3
de enero de 2018, un día después del accidente.
La Resolución Directoral N° 021-2019-MTC/19 señala que la medida prohíbe el acceso las 24
horas del día desde el mes de enero a diciembre del 2020, en el tramo PE-1NA, que se inicia a la
altura del km 44 de la Carretera Panamericana Norte en el sentido de Sur a Norte; y en el km 75
de la misma, en el sentido de Norte a Sur.
La norma establece que los vehículos restringidos de las categorías M2 y M3, destinados al
servicio de transporte de personas, ahora tendrán que desplazarse por la Variante de Pasamayo.
CUESTIONARIO
1. ¿Qué clausulas de la ISO 39001 se han vulnerado con el accidente en el serpentín de
Pasamayo? (Sugerencia: Tabla de doble entrada)
2. ¿Qué actos inseguros y condiciones inseguras se pueden haber presentado en este
accidente? (Sugerencia: Tabla de doble entrada)
3. ¿Si se aplica la Ley 29783 y el DS 005-2012-TR para la empresa de transportes San Martin
de Porres, que artículos se han vulnerado? (Sugerencia: Tabla de doble entrada).
4. ¿Existe una norma de seguridad para el sector de transporte interprovincial de
pasajeros? ¿Y en otros países, que norma existe para este sector?
5. ¿Si se aplica la ISO 45001:2018, que clausulas se han vulnerado? (Sugerencia: Tabla de
doble entrada).
6. ¿Si se aplica la gestión de riesgos y oportunidades, cuales serian las estrategias a
implementar para que no vuelva a suceder otro accidente?
7. ¿Si se aplica el Código Penal, que penalidad le correspondería a los responsables de la
empresa de transportes?
8. ¿Si se aplica la sanción administrativa, cuantas UIT cree que le correspondería como
multa?
9. ¿El ómnibus de la empresa de transportes solo tiene como seguro el SOAT o tienen otros
tipos de seguros que desconocen los usuarios? Explique
10. ¿Las mas de 50 muertes ocurridas como podrían ser indemnizadas? Explique.