El documento argumenta que las pandillas en El Salvador deberían ser consideradas terroristas y no solo delincuentes comunes. Esto permitiría una mayor participación de las fuerzas armadas y la militarización de la seguridad pública. Algunos analistas discrepan y dicen que esta decisión no cambiaría nada, pero el documento sostiene que simplificaría el escenario de seguridad al tratarse de una cuestión de seguridad nacional en lugar de solo seguridad pública.