Energia para el pueblo

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¿Energía para el pueblo?
Hidroeléctricas, los derechos de los pueblos
indígenas y resistencia popular en Guatemala

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Publicado en Junio 2010
Diseño: Odgers Speed Design
Autores: Cecilie Hirsch y Miguel Utreras
Fotos: Cecilie Hirsch
Publicado con financimiento de La Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad)
Copias pueden ser descargadas de www.fivas.org
Osterhausgate 27, N-0183 Oslo, Noruega.Tel: +47 22 98 93 25 correo: fivas@fivas.org
La Asociación de Estudios Internacionales de Agua (FIVAS) es una organización
independiente, no lucrativa, que monitorea el papel de la cooperación y compañías de No-
ruega en el sector de agua en los países en desarrollo. FIVAS busca evitar el apoyo a políticas
y proyectos con impactos ambientales y sociales negativos y contribuir al mejoramiento de
los procesos de toma de decisiones.
Reconocimientos
Este informe no podría haber sido realizado sin la ayuda y orientación de muchas personas
con conocimientos en las áreas de impactos hidroeléctricos, ambientales, sociales de Gua-
temala y los derechos indígenas. Un estudio de esta naturaleza, que se concentra en los ac-
tores, los intereses y las relaciones de poder de un sector completo enfocando a los actores,
intereses y relaciones de energía en un sector tan complejo, requiere insumos de muchas
diferentes fuentes.
Presentamos nuestros especiales agradecimientos a todas aquellas personas en Guatemala
que nos ayudaron a realizar el estudio. Ellas fueron de gran ayuda increíble para facilitar el
acceso a la información, y pacientes y considerados en tomarse el tiempo para compartir sus
puntos de vista y experiencias con nosotros.
Gracias también a la Embajada de Noruega en Guatemala, a la Ayuda de la Iglesia Noruega
(AIN), a la Ayuda Popular Noruega (APN) y al Comite Noruego de Solidaridad con América
latina (LAG) por sus invaluable contribución durante todo el tiempo. Un agradecimiento
especial a Jody Scholz y a Andrew Preston por su valiosa colaboración en editar y revisar el
trabajo.
Dedicamos este estudio a Ronaldo Cárdenas, activista ambiental y defensor comprometido
de los derechos de las comunidades locales e indígenas, quien abandonó este mundo inespe-
radamente el 2 de enero del 2010. Ronaldo nos ayudó con nuestro trabajo en este estudio
y nosotros siempre apreciaremos sus valiosos puntos de vista y conocimientos. Su compa-
sión y dedicación al ambiente y compromiso firme y constante para luchar por la justicia nos
acompañará en nuestro trabajo en el futuro.

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Contenido
1 Introducción 4
1.1 Metodología 6
2 Contexto Internacional 7
2.1 Derechos de los indigenas 7
2.2 Normas y lineamientos para hidroeléctricas 11
3 El caso de Guatemala 14
3.1 Antecedentes 14
3.1.1 Geografía y pueblo 14
3.1.2 Pueblos Indigenas en Guatemala 16
3.1.3 Los legados del conflicto armado 17
3.1.4 Politicas ambientales 19
3.2 El sector de electricidad en Guatemala 22
3.2.1 Los años 1990: Una era de privatización 22
3.2.2 Plan estratégico para hidroeléctricas 24
3.2.3 Actores en el sector de hidroeléctrico 26
3.2.4 Desarrollos actuales en el sector energético 26
3.2.5 El legado de Chixoy 29
3.2.6 Marco legal e institucional 30
3.3 Proyectos en desarrollo: aspectos sociales, ambientales y legales 33
3.3.1 Preparación de proyectos 33
3.3.2 ¿Beneficios para quien? 34
3.3.3 Control de territorio 37
3.3.4 Impactos ambientales y EIAs 39
3.4 Resistencia comunitaria y estrategias locales 45
3.4.1 Soberanía energética 48
3.4.2 Consultas populares 48
3.4.3 Río Hondo 49
3.4.4 Una brecha con el modelo neoliberal 50
3.4.5 Persecución de lideres y criminalización de la protesta social 51
4 Contexto Noruego 57
4.1 Noruega sobre la energía 58
4.2 Responsabilidad social corporativa (CSR) y cooperación 59
4.3 Energia Limpia para el Dessarrollo 59
4.4 Noruega y Guatemala 61
4.5 Lecciones aprendidas 67
5 Conclusiones y recomendaciones 68
Abreviaturas y siglas 71
Reuniones y entrevistas 73

4
El debate acerca de las hidroeléctricas se ha visto revitalizado
en el contexto del cambio climático y la enorme cantidad de
necesidades de energía no satisfechas en muchos países. Los
proyectos hidroeléctricos están siendo promovidos por perso-
nas inversionistas e instituciones financieras en todo el mundo
como parte de la solución – de mecanismos con baja emisión
de carbono que permitan satisfacer las necesidades de energía
en el mundo.
La forma en que los proyectos hidroeléctricos benefician a las
distintas partes involucradas depende de una gama de factores:
el contexto cultural local, económico, político y ecológico; los
mecanismos para la distribución de los beneficios; el tipo y es-
cala del proyecto hidroeléctrico; los procesos previos y durante
la planificación y construcción; cómo las plantas hidroeléctri-
cas son administradas y por quién; los acuerdos de mitigación
ambiental y social, compensación y las compensaciones y
relocalizaciones, el rol del estado, compañías y de la sociedad
civil en los procesos de desarrollo, para mencionar algunos.
Las presas han generado graves y complejos impactos am-
bientales y socio-económicos. Algunas de las críticas más
importantes dirigidas a los inversionistas involucrados en este
tipo de proyectos, incluye una inadecuada consideración dada
a las comunidades locales; una subestimación de e insuficiente
compensación por los impactos sociales y ambientales; y una
participación desigual en costos y beneficios1
. Los grupos que
ya están marginalizados son con frecuencia más vulnerables
a una extensiva privación, cuando se les sujeta a los llamados
proyectos de desarrollo, tales como hidroeléctricas.
El sector hidroeléctrico en Noruega ha sido desarrollado bajo
condiciones muy diferentes a las de muchos otros países. Mien-
tras en Noruega existe una democracia local y nacional que
funciona, con un sólido marco legal, muchos países en el Sur
tienen democracias débiles o nacientes que carecen de las estruc-
turas institucionales necesarias para proveer para las necesidades
de los pobres y marginalizados – aquéllos que comprenden la
mayoría de la población en estos países.
En muchos países, las comunidades locales dependen altamen-
te de los ríos para su sostenimiento económico, nutricional,
cultural y espiritual. Los ríos, tradicionalmente, han suminis-
trado agua para irrigación y producción agrícola a pequeña es-
cala, y también han jugado un papel importante para satisfacer
las necesidades domésticas de agua de las comunidades locales.
El desarrollo de hidroeléctricas afecta los ríos, ecosistemas y a los
terrenos circunvecinos. La gente local no siempre puede contar
con un Estado de derecho y un marco legal operante para pro-
teger sus derechos y salvaguardar el acceso al río y a los terrenos
circunvecinos. Al mismo tiempo, la electricidad y las ganancias
generadas por proyectos hidroeléctricos con frecuencia no llegan
a las comunidades locales pobres, sino que más bien benefician
a los poderosos, las compañías y a aquéllos capaces de pagar las
tarifas por electricidad.
Guatemala tiene una historia de exclusión hacia los pueblos
indígenas. Muchas de las áreas donde existen planes para el
desarrollo de hidroeléctricas son áreas habitadas por campesi-
nos pobres y grupos indígenas. Además, Guatemala es un país
1 Introducción
1
Comisión Mundial de Represas (2000) “Dams and Development: A New Framework for Decision-Making.”

5
pequeño, con sistemas ecológicos vulnerables y una alta biodi-
versidad. Esto ha originado conflictos en muchas partes del país.
Los conflictos relacionados con hidroeléctricas no son nada
nuevos a nivel mundial. Desde que los proyectos hidroeléctri-
cos de gran escala principiaron a desarrollarse en años de la
década de 1960, ha habido conflictos en los cuales las comu-
nidades locales e indígenas frecuentemente han manifestado
una fuerte oposición. En muchos casos, sus derechos han sido
violados, incluyendo su derecho de uso de los territorios y las
tierras circundantes; su derecho a decidir su propio desarrollo;
su derecho a participar en procesos de toma de decisiones; su
derecho a ser consultados; y su derecho, como pueblos indí-
genas, en un nuevo lenguaje usado en materia internacional:
a un consentimiento libre, previo y fundamentado (pánel de
expertos en asuntos indígenas de la ONU).
La Comisión Mundial de Represas (WCD por sus siglas en
inglés, World Commission on Dams) concluyó en su reporte
del 2000 que el respeto de los derechos indígenas es un pre-
rrequisito para el desarrollo sostenible. Las recomendaciones
de la WCD incluyen la implementación de los principios del
Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos
Indígenas y Tribales que protegen el derecho de estos pueblos
a ser consultados y a obtener su consentimiento libre, previo y
informado, sobre todo en relacion con reubicación.
El presente estudio es una contribución al debate respecto al
desarrollo de proyectos hidroeléctricos, los derechos indígenas
y derechos de las comunidades afectadas frente a los proyectos
de desarrollo en general. El informe tiene cuatro secciones.
La primera proporciona una perspectiva general del estado
actual en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos e incluye
una presentación de estándares y tendencias internacionales
pertinentes así como derechos indígenas. La segunda sección
del informe presenta un caso de estudio sobre Guatemala,
mientras que la tercera examina políticas noruegas pertinentes.
En la sección final del informe, expresamos nuestras conclusio-
nes y recomendaciones.
Hemos escogido a Guatemala como caso de estudio por varias
razones: 1) el potencial para el desarrollo de hidroeléctricas
en el país y el contexto ambiental siendo un país pequeño con
una alta biodiversidad; 2) el elevado porcentaje de población
que es indígena; 3) el hecho que el desarrollo de hidroeléctri-
cas en la región ha sido definido como un interés estratégico
Quiche, Guatemala. Las comunidades locales son dependientes de los rios para su sustento economico,
nutricional, cultural y espiritual.

6
de Noruega; 4) el hecho que los actores noruegos ya están
buscando posibles inversiones en el país, a la par de que los
gobiernos de Noruega y Guatemala han expresado un interés
en colaborar tanto en el desarrollo de hidroeléctricas como en
asegurar los derechos de los pueblos indígenas; y 5) la llegada
de la recientemente establecida compañía noruega, SN Power
Africa and Central America en la región.
Esperamos que este estudio contribuya a la discusión actual
sobre la Iniciativa de Energía Limpia de Noruega así como a
la política energética internacional de Noruega, en general, y
de otros países. Además, esperamos que los actores noruegos/
extranjeros revisen este estudio antes de invertir o involucrar-
se en actividades de desarrollo en áreas indígenas. Por último,
esperamos que este estudio sirva a las comunidades locales y a
las organizaciones que trabajan por un manejo justo y soste-
nible del agua, y para los derechos de las comunidades.
1.1 Metodología
La reunión de información se llevó a cabo recolectando ma-
terial escrito de fuentes internacionales y nacionales (guate-
maltecas y noruegas), y a través de entrevistas y reuniones con
diferentes actores en el sector en ambos países.
La recolección de información en Guatemala fue realizada du-
rante una serie de visitas de campo llevadas a cabo a lo largo del
curso de varios meses comprendiendo dos períodos diferentes:
junio-agosto del 2009 y noviembre-diciembre del 2009. Las
fuentes e información de Guatemala utilizadas en este estudio
comprenden entrevistas, documentos oficiales (leyes y regla-
mentos, documentos de política y estudios EIA), observaciones,
artículos de prensa y documentación de varias organizaciones y
las empresas. La recolección de información fue realizada prin-
cipalmente por medio de entrevistas con diferentes actores en el
sector, actores estatales, actores de la sociedad civil, comunida-
des afectadas y compañías. Realizamos varios viajes a diferentes
comunidades y observamos o participamos en discusiones
en una variedad de conferencias y otros eventos abarcando
tópicos pertinentes al desarrollo de hidroeléctricas. Además, en
colaboración con varios expertos sobre tópicos especializados,
analizamos leyes, documentos oficiales, estudios de impacto
ambiental y artículos de la prensa de Guatemala.
Visitamos comunidades en la Zona Ixil, Zona Reina y Xalalá en
el Departamento de Quiché; la municipalidad de Tajumulco en
el Departamento de San Marcos; y el Departamento de Alta Ve-
rapaz. Otras observaciones fueron tomadas en el Departamen-
to de Chiquimula y en la Municipalidad de Chuarrancho en
Guatemala. Durante las visitas a comunidades locales, entrevis-
tamos a líderes locales, gente de las comunidades y organizacio-
nes locales respecto a su posición en relación con los proyectos
hidroeléctricos planificados o en construcción en sus territorios.
Adicionalmente, visitamos áreas donde se han llevado a cabo
procesos de consulta sobre los proyectos hidroeléctricos.
Para una información más detallada sobre el sector energé-
tico en Guatemala, sostuvimos entrevistas con actores clave
del gobierno y el estado. Estas entrevistas cubrieron planes
gubernamentales para el sector y el marco jurídico y político
utilizado para realizar estos planes. Celebramos entrevis-
tas con el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente
(MARN), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y el
Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP). La segunda
sección del informe incluye información sobre entrevistas cel-
ebradas con diferentes actores de la sociedad civil, incluyendo
organizaciones sociales, indígenas y ambientalistas, así como
académicas (vea lista en el anexo). Por último, también fueron
entrevistados los sectores de los inversionistas , tales como
miembros de AGER y ANC, y Administrador del Mercado
Mayorista (AMM).
Para tener un cuadro más amplio de la política y práctica
noruega en el área, sostuvimos diálogos y reuniones con la
Embajada de Noruega en Guatemala, Norad, Norfund, SN
Power, y con organizaciones de la sociedad civil de Noruega,
tales como la Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN), la Ayuda
Popular Noruega (APN), y El Comité Noruego de Solidari-
dad con América Latina (LAG).

7
Las iniciativas de desarrollo en áreas indígenas son asun-
tos disputados en muchos países en vías de desarrollo. Las
fuentes de conflicto están frecuentemente relacionadas con
apreciaciones competitivas de qué es lo que el desarrollo sig-
nifica y quién debe decidir qué forma se debe adoptar. Esto
es especialmente cierto respecto a preguntas relacionadas con
el acceso a los recursos naturales, la posesión de la tierra y
la importancia de gestión ambiental. Ideologías conflictivas
de desarrollo, derechos y cuestiones éticas relacionadas con
minería, extracción de gas y petróleo, y proyectos de infra-
estructura a gran escala han sido fuertemente debatidas en
años recientes. Los proyectos hidroeléctricos no han sido la
excepción. La problemática de los proyectos hidroeléctricos
se centra en el control de territorio y recursos de agua, los
que determinan, en últimas cuentas, sobre quién se beneficia
y quién tiene acceso a los recursos naturales.
La producción hidroeléctrica a nivel mundial es una indus-
tria de US$40 billones al año, la que involucra una amplia
gama de actores, incluyendo agencias estatales, compañías
constructoras de presas, consultorías, agencias de donantes,
bancos e instituciones financieras internacionales. Los pro-
yectos, una vez concebidos por sus inversionistas, tienden dar
prioridad a los aspectos financieros y técnicos y los aspectos
ambientales y sociales reciben menos consideración o sim-
plemente son ignorados.
2.1 Derechos Indígenas
Históricamente, los proyectos de presas e hidroeléctricas
han tenido impactos serios en los modos de vida, territorios
y cultura de los pueblos indígenas. Debido a la discrimina-
ción y marginalización, los pueblos indígenas han soportado
una cuota desproporcionadamente más alta de los impactos
negativos de los proyectos. Los derechos de los pueblos indí-
genas son frecuentemente olvidados en los marcos legales na-
cionales y, por lo tanto, son ignorados por los inversionistas,
con el resultado que las comunidades indígenas son excluidas
de la arena de la toma de decisiones.
El Convenio 169 de la OIT es un acuerdo integral y legalmen-
te vinculante que cubre exclusivamente los derechos de los
pueblos indígenas y tribales. El Convenio es el instrumento
principal utilizado para defender los derechos colectivos de
los pueblos indígenas. Latinoamérica es la región en el mundo
con la mayor cantidad de países que han ratificado el Convenio
169 de la OIT: 14 países, a septiembre del 20092
. El convenio
se concentra en muchos aspectos de las vidas de los pueblos
indígenas, tales como educación, costumbres, medio ambien-
te, derechos de tierras, el derecho a ser consultado, el derecho
a participar en los procesos de toma de decisiones, la auto-
identificación y los valores espirituales. Los Artículos 6 y 7 del
convenio estan dedicados al derecho a la consulta y la partici-
pación en los procesos de toma de decisiones que involucran a
los pueblos indígenas y el derecho a decidir sus propias priori-
dades en el proceso de desarrollo según éste los afecta.
La consulta es un proceso que debe llevarse a cabo entre el
estado y los pueblos indígenas , en sus respectivos países. Los
pueblos indígenas deben ser consultados sobre medidas legis-
lativas o administrativas que pueden afectarles directamente,
y deben participar en la formulación, implementación y
evaluación de planes y programas para el desarrollo nacional
y regional que les concierne (véase casilla). Los Artículos 13 y
16 se refieren a las tierras y la relocalización donde el término
“tierras” incluye el concepto de territorios, que “cubre el am-
biente total de las áreas que las personas interesadas ocupan o
usan en alguna otra forma”. La relocalización se llevará a cabo
únicamente con el consentimiento libre previo e informado
de los grupos indígenas. El consentimiento libre, previo e
informado es un principio importante que ha sido profundi-
zado aún más en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
2 Contexto Internacional
2
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela

8
Mujeres Indígenas en Guatemala.
Artículo 6
1. Al aplicar las provisiones de este convenio, los gobiernos
deberán:
(a) Consultar a los pueblos interesados, a través de pro-
cedimientos apropiados, y en especial, a través de sus insti-
tuciones representativas, cuando quiera que se esté dando
consideración a medidas legislativas o administrativas que los
puedan afectar directamente;
2. Las consultas realizadas aplicando este convenio deberán
ser hechas de buena fe y en una forma apropiada a las cir-
cunstancias, con el objetivo de alcanzar un acuerdo o consen-
timiento a las medidas propuestas.
Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decid-
ir sus propias prioridades para el proceso de desarrollo princi-
palmente que el mismo afecta sus vidas, creencias, instituciones
y bienestar espiritual y las tierras que ellos ocupan o usan en
cualquier forma, y ejercer control, en el grado que sea posible,
sobre su propio desarrollo económico, social y cultural.Adicio-
nalmente, ellos participarán en la formulación, implementación
y evaluación de planes y programas para el desarrollo nacional
y regional que pueda afectarlos directamente.
Artículo 13
1. Al aplicar las estipulaciones de esta Parte del convenio los
gobiernos respetarán la especial importancia para las culturas
y valores espirituales de los pueblos interesados que tiene
su relación con las tierras y territorios, o ambos, según sea
aplicable, que ellos ocupan o usan, y en especial, los aspectos
colectivos de esta relación.
2.El uso del término “tierras” en los Artículos 15 y 16 incluirá
el concepto de territorios, que cubre el ambiente total de las
áreas que los pueblos interesados ocupan o usan en alguna
otra forma.
Artículo 16
2. En los casos en que la reubicación de estos pueblos es
considerada necesaria como una medida excepcional, tal
reubicación deberá llevarse a cabo únicamente con su libre
e informado consentimiento. En los casos donde su con-
sentimiento no pueda ser obtenido, tal reubicación deberá
llevarse a cabo únicamente siguiendo los procedimientos ap-
ropiados establecidos por las leyes y reglamentos nacionales,
incluyendo consultas públicas siempre que sean apropiadas,
que proveerán la oportunidad para una representación efec-
tiva de los pueblos interesados.
Convenio 169 de la OIT

9
En el año 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas fue ratificada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas después de más de
veinte años de discusión dentro del sistema de Naciones Uni-
das. La declaración representa un adelanto importante en los
derechos de los pueblos indígenas; los representantes indíge-
nas jugaron un rol clave en el desarrollo de la declaración3
.
La declaración toma los elementos fundamentales del Convenio
169 y además profundiza sobre la auto-determinación y los de-
rechos colectivos. En este contexto, los Artículos 18, 19, 23, 28 y
32 son de especial importancia. El consentimiento libre, previo
y informado (CLPI) es un principio importante que se repite
a lo largo de la declaración. CLPI involucra no sólo la consulta
con los pueblos indígenas, sino también la obtención de su
consentimiento y cooperación. El consentimiento implica dar
aprobación o asentimiento después de una minuciosa conside-
ración. Mientras el Convenio 169 habla sobre consentimiento
en relación a la reubicación (Artículo 16.2) y estipula que los
estados deberían obtener el acuerdo o consentimiento, la decla-
ración va más allá expresando que los gobiernos consultarán
para obtener el libre, previo e informado consentimiento.
De acuerdo con el Artículo 32 de la Declaración, los estados
deberán consultar y cooperar para obtener el Consentimient
libre, previo y informado antes de aprobar cualquier proyecto
que afecte sus tierras o territorios y otros recursos, especial-
mente en relación con el desarrollo, utilización o explotación
de recursos minerales, acuíferos y otros”. Los principios de
consulta y consentimiento promueven una comprensión mu-
tua y consenso en la toma de decisiones, y evitan la imposición
de decisiones. Libre se refiere a un proceso sin manipulación
externa, interferencia, coacción ni intimidación; previo se
refiere a la revelación oportuna de información donde los
pueblos indígenas puedan tomar decisiones en su propio
tiempo; e informado significa que la información (pertinente,
comprensible y accesible) deberá ser proporcionada en sus
lenguas locales y estar sujeta a las normas y costumbres locales.
Los pueblos indígenas deberían ser libres para hacer seleccio-
nes respecto a la forma en que ellos son gobernados y lo qué
sucede con sus tierras.
El tema de la consulta y el consentimiento ha sido un tópico
de debate en relación con proyectos de desarrollo. El Ban-
co Mundial y otros han expresado su preocupación que el
consentimiento podría efectivamente significar “un derecho
a veto” para los grupos indígenas. Una consulta es frecuente-
mente entendida como un proceso que únicamente requiere
un intercambio de información y no involucra compartir y
transferir autoridad en la toma de decisiones a través de formas
más incluyentes y colaborativas. La Corporación Financiera
Internacional , el brazo del sector privado del grupo del Banco
Mundial, apoya las consultas en lugar del consentimiento. El
Instituto Mundial de Recursos promueve el consentimiento
libre, previo y informado como más apropiado en lugar de las
consultas. En relación con los proyectos hidroeléctricos (véase
más abajo), la Comisión Mundial sobre de Represas es la única
norma que recomienda la inclusión de este principio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha jugado
un papel vital en años recientes, escuchando diferentes casos
relacionados con los derechos de los pueblos indígenas en
Latinoamérica. Los casos ante la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos han generado precedentes importantes sobre
las obligaciones de los Estados. La Corte ha fallado a favor de
las demandas presentadas por pueblos indígenas de diferentes
países de Latinoamérica. La importancia fundamental de estos
juicios es el uso de principios establecidos en el Convenio
169 en relación con el derecho al consentimiento libe, previo
y fundamentado, consultas y verdadera participación de los
pueblos indígenas en procesos de toma de decisiones. Las
sentencias también resaltan los derechos de las comunidades
3
El voto fue tomado por una mayoría abrumadora de 143 países a favor, 4 en contra (Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos)
y 11 abstenciones.

10
locales y los pueblos indígenas para definir su propia visión de
desarrollo.
Importantes casos en el sistema de derechos humanos in-
teramericanos incluyen el caso del pueblo de Saramaka vs.
Surinam; el caso de la comunidad indígena de Sawhoyamaxa
y la comunidad indígena de Yakye Axa en Paraguay; el caso
entre la comunidad Maya Achí y la masacre Plan Sánchez en
Guatemasla; y el caso de las comunidades Mayas en el distrito
de Toledo, Belice.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en
noviembre del 20075
que los Estados que desean autorizar pro-
yectos que afecten los recursos naturales y a los pueblos indí-
genas y tribales están obligados a cumplir con tres importantes
garantías del derecho internacional: 1) participación efectiva,
por medio de consultas de buena fe, para obtener el consenti-
miento libre, previo y informado; 2) participación equitativa
de beneficios entre poblaciones (grupos) afectados y el Estado;
y 3) Una preparación y monitoreo objetivo e imparcial de los
Estudos de Impacto Ambiental6
.
La Organización de Estados Americanos (OEA) está tam-
bién elaborando una Declaración Americana de Derechos
Indígenas. El grupo de trabajo de la OEA está actualmente
comprometido en la revisión final del borrador de la declara-
ción. Delegaciones indígenas y estatales están participando y
presentando propuestas en el debate y en sesiones de negocia-
ción donde el texto está siendo preparado.7
Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la
toma de decisiones en asuntos que podrían afectar sus dere-
chos,mediante representantes escogidos por ellos mismos de
conformidad con sus propios procedimientos, así como man-
tener y desarrollar sus propias instituciones indígenas para la
toma de decisiones.
Artículo 19
Los estados deberán consultar y cooperar en buena fe con
los pueblos indígenas interesados por intermedio de sus pro-
pias instituciones representativas, para obtener su consen-
timiento libre, previo y fundamentado antes de adoptar e
implementar medidas legislativas o administrativas que los
puedan afectar.
Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen el derecho a determinar y
desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su dere-
cho al desarrollo. En especial, los pueblos indígenas tienen
el derecho a estar activamente involucrados en desarrollar y
determinar programas de salud, vivienda y otros programas
económicos y sociales que les afectan y, en la medida de lo
posible, administrar tales programas a través de sus propias
instituciones.
Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen el derecho al resarcimiento
por medios que puedan incluir una restitución o, cuando esto
no sea posible, una compensación justa, razonable y equi-
tativa, por las tierras, territorios y recursos que ellos han
poseído tradicionalmente o que en otra forma han ocupado
o utilizado, y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados,
usados o dañados sin su libre, previo e informado consen-
timiento.
Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar y
desarrollar prioridades y estrategias para el desarrollo o uso
de sus tierras o territorios y de otros recursos.
2. Los estados deberán consultar y cooperar en buena fe
con los pueblos indígenas interesados por intermedio de sus
propias instituciones representativas para obtener su Con-
sentimiento libre, previo y fundamentado antes de aprobar
cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros
recursos, especialmente en relación con el desarrollo, utili-
zación o explotación de los recursos minerales, acuíferos
y otros.
3. Los estados proveerán mecanismos efectivos para una justa
y razonable compensación por cualquiera de tales actividades,
y deberán tomarse medidas apropiadas para mitigar el impac-
to ambiental adverso, económico, social, cultural o espiritual.4
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
4
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html
5
Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam, sentencia del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones, y costas).
6
Carlos Loarca: Mecanismos de impunidad ambiental para la hidroeléctrica Xalalá contra la consulta comunitaria de buena fe del Ixcán
7
http://www.oas.org/consejo/CAJP/Indigenous%20special%20session.asp

11
2.2 Normas y lineamientos
para hidroeléctricas
La Comisión Mundial de Represas fue creada en 1998 por el
Banco Mundial y la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza. La CMR publicó un informe en el año 2000
que fue el resultado de dos años de investigación, diálogo y
consultas referentes a los efectos generados por las grandes
presas. Es, hasta la fecha, la más compleja, revisión global de
proyectos específicos jamás emprendida. Fue un proceso úni-
co, con representación y participación de diferentes grupos de
interés: La industria hidroeléctrica, academia, gobierno, ONGs
y representantes de comunidades afectadas.
El informe final concluyó que las presas y los proyectos hidro-
eléctricos han hecho una contribución significativa al desa-
rrollo, pero también han exigido un inaceptable e innecesaria-
mente alto precio en términos de consecuencias ambientales y
sociales. El informe de la WCD8
recomendó un “nuevo marco
para la toma de decisiones” para proyectos en el sector agua y
energía, encaminado a evitar una repetición de los errores del
pasado. El marco de la WCD promueve un enfoque basado
en derechos, destinado a enfocar las relaciones desiguales de
poder entre los inversionistas y las comunidades afectadas, y
basado en conciliaciones legales negociadas. La WCD enfatiza
que los medios de vida de grupos afectados deberían ser me-
jorados como resultado de los proyectos y que las presas y las
hidroeléctricas deberían verse como una de muchas alternati-
vas para la producción de energía renovable.
El informe de la CMR recibió una respuesta mixta, pero a pe-
sar de las críticas y rechazo por un número de países construc-
tores de presas, existe un amplio consenso internacional en
relación con los lineamiento de base y prioridades estratégicas
fijadas en las recomendaciones. Un número de instituciones
financieras ha reconocido desde entonces el valor del informe
y ha adoptado las recomendaciones, incluyendo el Banco de
Inversión Europea (EIB), Banco Europeo para Reconstruc-
ción y Desarrollo (EBRD) y el HSBC9
. El informe también ha
enfocado numerosos procesos de diálogo entre múltiples par-
ticipantes en todo el mundo. Alemania y los Países Bajos han
restringido las compras de créditos de emisiones de carbono
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas en
inglés, Clean Development Mechanisms) de las grandes presas
8
Presas y Desarrollo – Un Nuevo Marco para Toma de Decisiones, World Commission on Dams 2000
9
“HSBC es una de las organizaciones bancarias y financieras más grandes en el mundo. La red internacional del HSBC comprende alrededor
de 8,000 oficinas en 88 países y territorios en Europa, la región Asia-Pacífico, las Américas, el Medio Oriente y Africa”.
Fuente: http://www.hsbc.com/1/2about

12
a aquéllos en línea con lineamientos de la CMR, mientras, bajo
la legislación de la Unión Europea, los créditos de emisión de
carbono comprados de proyectos hidroeléctricos mayores de
20 MW pueden ser únicamente utilizados en el Sistema Euro-
peo de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés,
European Emissions Trading System) si están de conformidad
con las recomendaciones de la WCD.
A pesar del consenso que se ha aglutinado alrededor de las
recomendaciones centrales del informe de la CMR, todavía
existen retos importantes en el desarrollo de las hidroeléctri-
cas. Las comunidades directamente afectadas por proyectos
no están participando con frecuencia en los procesos de toma
de decisiones. Evaluaciones integrales de alternativas para
producción de energía renovable son raramente emprendidas.
Las Evaluaciones de Impacto Ambiental son frecuentemente
realizadas en una etapa tardía o pobremente conducidas, con
un enfoque en medidas de mitigación en lugar de medidas
preventivas. Las consecuencias para las personas que viven río
abajo de los proyectos con frecuencia no son adecuadamente
tomadas en cuenta. Las comunidades que han sufrido impac-
tos negativos, como resultado de la construcción de presas, son
inadecuadamente compensadas, infruktuosamente reubicadas
y provistas con formas inadecuadas de subsistencia.
Entre las normas y lineamientos internacionales en el sector
hidroeléctrico, la CMR es la única que promueve el consen-
timiento libre, previo e informado, indicando que existe
una necesidad de acuerdos negociados y procesos de toma de
decisiones basados en el consentimiento libre, previo e infor-
mado de los proyectos que afectan a los pueblos indígenas
y tribales. Elementos claves de la prioridad estratégica sobre
“aceptación pública” de la CMR incluyen el reconocimiento de
derechos, evaluación de riesgos, acuerdos negociados y proce-
sos de toma de decisiones con base en el CLPF. Se requiere el
acceso a información y asistencia legal para permitir la parti-
cipación informada de los participantes en procesos de toma
de decisiones. Además, la CMR considera que la aceptación
pública es “esencial”, lograda por medio de “acuerdos negocia-
dos en un proceso abierto y transparente”.
Además de las recomendaciones de la CMR, existe un número
de diferentes normas y marcos internacionales destinados a
asegurar un sano desarrollo de proyectos enfocando los temas
mencionados anteriormente. Estos incluyen los Lineamientos
de Sustentabilidad y el Protocolo de Evaluación de Sustentabi-
lidad de la Asociación Internacional de Hidroeléctricas (IHA),
las Políticas Operativas y Normas de Cumplimiento del Banco
Mundial, y los principios de Ecuador del sector bancario.
Los Lineamientos de Sustentabilidad y el Protocolo de Evalua-
ción de Sustentabilidad adjunto, fueron desarrollados por IHA
entre los años 2004 y 2006. El protocolo está actualmente bajo
revisión y se espera tener un protocolo revisado en el 2010. El
protocolo de la IHA no es una norma ni tampoco un conjun-
to de lineamientos, sino un marco de evaluación voluntaria
que mide el “rendimiento” mediante “puntos o calificaciones
dados en una gama de aspectos relacionados con la calidad del
desarrollo del proyecto. Contrario a WCD, el protocolo tam-
poco define normas mínimas que los inverionistas deberían
seguir ni tampoco derechos que deberían ser respetados. Un
proyecto que viola los derechos indígenas o de las comunida-
des locales o los derechos humanos internacionales puede, en
la práctica, obtener una buena calificación general.
El Banco Mundial por sí solo ha financiado más de 550 presas a
nivel mundial. Las Políticas Operativas del Banco enfocan temas
tales como pueblos indígenas, el ambiente, el hábitat natural
y la seguridad de la presa. En sus políticas, el Banco Mundial
indica que la prevención de impactos es preferible a la mitiga-
ción, mientras que el mejorar la subsistencia de comunidades
afectadas es deseable. No obstante, las políticas también permi-
ten el restablecimiento de las formas de vida de las comunidades,
y prestan atención insuficiente a los impactos río abajo y a la
importancia de los flujos ambientales. Las Normas de Rendi-
miento IFC incluyen lineamientos detallados para la reubica-
ción de grupos afectados y un mecanismo de reasentimiento
o indemnización pero también hay formulaciones vagas tales
como “transparencia adecuada” referentes a los procesos de in-
formación sobre el proyecto y pone un énfasis exagerado en la
compensación monetaria en lugar de formas de vida sostenible.

13
Los Principios Ecuator son normas voluntarias para institu-
ciones financieras para manejar el riesgo ambiental y social en
sus operaciones financieras del proyecto. Los principios fueron
establecidos en el año 2003 por nueve bancos y están basados
en las Normas de Rendimiento IFC sobre sustentabilidad
ambiental y social.
Las Normas de Rendimiento IFC van más allá de los Lineamien-
tos de Sustentabilidad y Protocolo de Evaluación del IHA en lla-
mar para una “consulta” libre, previa e informada,“participación
informada” y “amplio apoyo comunitario”. Los Principios de
Ecuator piden una “consulta y participación de las partes afec-
tadas en el diseño, revisión e implementación del proyecto”. Sin
embargo, las Normas de Rendimiento se separan bruscamente
del enfoque basado en los derechos de la CMR y del requisito
del Consentimiento libre, previo y informado para los pueblos
indígenas y grupos vulnerables. La norma de rendimiento tam-
bién indica que las perspectivas de las comunidades afectadas
deberían ser consideradas para temas que van más allá de sólo
medidas de mitigación, incluyendo “el compartir los beneficios y
oportunidades de desarrollo, y temas de implementación”.
Los Lineamientos de Sustentabilidad y el Protocolo de Evalua-
ción de Sustentabilidad de IHA implican que “la aceptación de
la comunidad” hacia el proyecto es deseable, pero no esencial.
Los lineamientos IHA requieren la participación en la toma
de decisiones por intermedio de un proceso que la comunidad
considera como “abierto, justo e incluyente”. Se enfatiza princi-
palmente la participación de la Comunidad en las medidas
de mitigación. Ni los Lineamientos ni el Protocolo proveen
orientación sobre cómo facilitar la participación o aceptación
efectiva de la comunidad, o qué podrían éstas constituir. El
marco de la IHA no pide el Consentimiento libre, previo y
fundamentado de los pueblos indígenas o tribales.
Los Principios de Ecuador promueven la “consulta y partici-
pación de las partes afectadas en el diseño, revisión e imple-
mentación del proyecto”. En el principio 5 sobre “Consulta y
Divulgación”, los Principios Equator indican que “el gobierno,
prestatario o experto, como un tercero, ha consultado con
las comunidades afectadas sobre el proyecto en una forma
estructurada y culturalmente apropiada. Para proyectos con
impactos significativamente adversos sobre comunidades
afectadas, el proceso asegurará su libre, previa e informada
consulta y facilitará su participación informada como medio
para establecer10
si un proyecto ha incorporado adecuada-
mente las preocupaciones de las comunidades afectadas. El
prestatario adaptará su proceso de consulta según las prefe-
rencias de lenguaje de las comunidades afectadas, sus pro-
cesos de toma de decisiones, y las necesidades de grupos en
desventaja o vulnerables”.
De acuerdo con la CMR, es esencial para el desarrollo de
proyectos, que las negociaciones con las poblaciones afectadas
debe resultar en acuerdos jurídicamente vinculantes. Los pue-
blos afectados por el proyecto (en el reservorio, río arriba, río
abajo, estanque de captación y áreas de construcción) deberían
incluirse en la evaluación del impacto. Estas personas afecta-
das deberían ser las primeras en beneficiarse del proyecto, y los
convenios deberían ser negociados con ellos.
IFC requiere la libre, previa e informada consulta y nego-
ciación en buena fe con las comunidades afectadas cuando
los pueblos indígenas deben ser reubicados y estimula el
uso de “arreglos negociados de propiedad (conmutar)” para
adquirir derechos de tierra. Las Normas de Rendimiento
IFC indican que las personas vulnerables no deberían estar
en “desventaja al compartir beneficios de desarrollo” y que
las oportunidades de desarrollo deberían ser identificadas,
pero se detiene en el punto sobre compartir los beneficios. El
marco del IHA no hace referencia al caracter vinculante legal
de los acuerdos y pone mucho menos énfasis en negociacio-
nes con comunidades afectadas. Tampoco IHA requiere una
participación en beneficios con las comunidades afectadas.
10
A satisfacción de la Institución Financiera de Principios Equator (EPFI por sus siglas en inglés, Equator Principles Fnancial Institution) un
Plan Público de Consulta y Divulgación (PCDP por sus siglas en inglés, Public Consultation and Disclosure Plan).

14
En este capítulo ofrecemos una perspectiva del contexto eco-
lógico de Guatemala, sus políticas ambientales, sus pueblos
indígenas y la privatización del sector energético en los años
1990. A esta le sigue la presentación de varios actores en el
sector y tópicos seleccionados que emergen de las relaciones
entre los varios actores.
3.1 Antecedentes11
3.1.1 Geografía y pueblo
Guatemala abarca un área de 108,889 km2 con fronteras en
Belice, El Salvador, Honduras y México. En el año 2009, la
población fue estimada en aproximadamente 13.3 millones
con una densidad de población de 122 por km² 12
. Guatemala
es el país más poblado de los países centroamericanos y el
crecimiento de la población fue estimado en 2.1 por ciento
en 200913
. La mayoría de la población está conformada por
pueblos indígenas14
. De acuerdo con UNHCR15
, el 65 por
ciento de la población guatemalteca es rural y tres cuartas
partes de la población indígena vive en condados rurales.
A pesar de ser un país pequeño, Guatemala posee una im-
presionante diversidad cultural y ecológica. Mesoamérica,
que incluye Guatemala, es reconocida como un ‘hotspot’ en
biodiversidad y Guatemala tiene el porcentaje más grande
de áreas protegidas en Centro América . Debido a la ubica-
ción del país en el puente entre Norte y Sur América, con el
Océano Pacífico en un lado y el Atlántico en el otro, además
de diferencias en altitud que van de 0 a más de 4 000 metros
sobre el nivel del mar, Guatemala se caracteriza por eco-
sistemas excepcionalmente diversos y una gran diversidad
biológica16
.
Guatemala es rica en recursos energéticos renovables y no
renovables y únicamente un pequeño porcentaje de estos ha
3 El Caso de Guatemala
Guatemala es reconocida como un hotspot en biodiversi-
dad. El país cuenta con 14 ecorregiones y en el año 2005,
más de un tercio de Guatemala poseía bosques17
. Aproxi-
madamente la mitad de los bosques están clasificados
como bosques primarios, los cuales se estima que con-
tienen los niveles más altos de biodiversidad. De acuerdo
con cifras del Centro de Monitoreo de la Conservación
Mundial, Guatemala tiene 1 246 especies conocidas de an-
fibios, aves, mamíferos y reptiles. Es también el hogar de
por lo menos 8 681 especies de plantas vasculares. Con
aproximadamente un 30 por ciento del área declarada
como áreas protegidas, Guatemala tiene el porcentaje más
grande de area protegida en Centroamérica18
.
Guatemala y la biodiversidad
11
Este parte del estudio esta basada en Hirsch, C. The political ecology of hydropower development in Guatemala. Actors, interests and power.
Masters thesis University of Life Sciences (UMB), forthcoming
12
Libro de Datos Mundiales CIA 2010
13
Ibid
14
Los números varían de un 40 a un 65 por ciento. De conformidad con muchas organizaciones indígenas, el número es 65 por ciento,
mientras que los números oficiales son 40. Según el censo del año 2001, 40 por ciento de la población era de grupos indígenas pero los
métodos han sido cuestionados. En el censo, el K’iché representaba un 9.1 por ciento; Kaqchikel 8.4 por ciento; Mam 7.9 por ciento; Q’eqchi
6.3 por ciento; otros Mayas 8.6 por ciento; indígenas no-Mayas 0.2 por ciento; y otros, 0.1 por ciento. Además del español, existen 23
lenguas amerindias oficialmente reconocidas, incluyendo Quiché, Cakchiquel, Kekchí, Mam, Garífuna y Xinca.
15
La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas – The Un Refugee Agency
http://www.unhcr.org/refworld/topic.463al2212.469f2e812.4a66d9b550.0.html
16
Detlefsen et al (1991) Plan de acción forestal de Guatemala.
17
36.3 por ciento, de conformidad con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
18
28 por ciento en el año 2007, de conformidad con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

15
sido explotado. Guatemala es la nación más importante en la
producción de petróleo en Centroamérica. Con más de 3 000
ríos, el país es considerado preparado para el desarrollo de
hidroeléctricas, con un potencial de capacidad de producción
hasta de 5 000 MW, de los cuales únicamente el 11 por ciento
ha sido explotado19
, de acuerdo con la Comisión Nacional de
Energía Eléctrica (CNEE).
La topografía es irregular, con una cadena volcánica y dos
cordilleras montañosas: Sierra Madre y Sierra de los Cuchu-
matanes. El clima varía en las tres zonas climáticas del país,
las cuales son la zona climática tropical (menos de 1 000
metros sobre el nivel del mar), la zona templada (1 000-2 000
metros sobre el nivel del mar), y la zona fría (más de 2 000
metros sobre el nivel del mar). El clima de Guatemala se ca-
racteriza por dos estaciones: La temporada zona lluviosa que
tarda de mayo a noviembre y la temporada seca que perma-
nece entre noviembre y abril.
Guatemala tiene un complejo sistema de agua, con 40 ver-
tientes y 3 000 ríos fluyendo al Océano Pacífico, al Océano
Atlántico y al Golfo de México. Entre los ríos más largos
se encuentran el Usumacinta, Motagua, Sarstún, Ixcán y
Polochic.
A pesar de sus muchos recursos naturales, Guatemala es uno
de los países más pobres en Latinoamérica y un país con
enormes desigualdades. La distribución de ingresos continúa
siendo altamente desigual: Guatemala ocupa el lugar 122 en
el índice UN HDI (2008) con más de la mitad de la población
viviendo por debajo de la línea nacional de pobreza20
. En el
año 2007, 27 por ciento de la población adulta era analfabeta
y la expectativa de vida era de 70 años21
.
Guatemala es un país con alta biodiversidad.
19
Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) Plan de Expansión indicativo del Sistema de Generación 2008-2022
20
56 por ciento, estimado del año 2009 http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_GTM.html#
21
UNDP Human Development Report 2009 (PNUD Informe sobre Desarrollo Humano 2009)
BELIZE
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUAEL SALVADOR
MEXICO
YUCATAN PENINSULA
PACIFIC OCEAN
GULF OF MEXICO
CARIBBEAN SEA

16
3.1.2 Pueblos Indígenas en Guatemala
Muchos informes internacionales han documentado y revela-
do la grave situación de los pueblos indígenas de Guatemala y
las enormes desigualdades que existen entre la sociedad en ge-
neral y la población indígena. Esto ha tenido como resultado
que el Estado de Guatemala sea llamado a cumplir tanto con
los Acuerdos de Paz suscritos en 1996 y el Convenio 169 de la
OIT, ratificada por Guatemala en 1995. El informe del 2002
del relator especial de las Naciones Unidas22
sobre la situación
de los derechos humanos y libertades fundamentales de los
pueblos indígenas, dice lo siguiente acerca de Guatemala:
“Guatemala es una sociedad multi-étnica, pluri-cultural y
multi-lingüe, en la cual aproximadamente la mitad de la
población de 12 millones pertenece a los pueblos indígenas
Maya, Xinca y Garífuna. En un número de regiones del país,
especialmente en áreas rurales, los pueblos indígenas con-
forman una mayoría de la población. La identidad nacional
en Guatemala se basa, a gran escala, en las culturas de vida
de sus pueblos indígenas con sus tradiciones, sus valores co-
munitarios, sus lenguas y su espiritualidad. Pero lejos de ser
socios completos e iguales con el resto de la población, los in-
dígenas han sido sometidos a exclusión política, discrimina-
ción cultural y marginalización económica de la sociedad”.23
Los pueblos indígenas en Guatemala se encuentran entre los
más pobres del país. Las cifras de 2006 muestran que, entre
la población indígena, el 74.8 por ciento son pobres, y el 27.2
por ciento viven en extrema pobreza24
. Adicionalmente, más
del 70 por ciento de las personas que viven en las áreas rura-
les son pobres. Quiché y Alta Verapaz son los departamentos
más pobres en el país y el hogar de una mayoría de pue-
blos indígenas25
. La falta de educación y acceso a servicios
de salud es un problema en muchas comunidades pobres.
Muchos pueblos indígenas viven en las regiones montañosas
centrales de Guatemala, principalmente debido a las políti-
cas agrícolas implementadas por el Estado, o por el conflicto
armado que ha forzado a las comunidades locales a reubicar-
se o migrar.
Los cuatro grupos más grandes de pueblos indígenas en
Guatemala son K’iché, Kacqchikel, Mam y Q’eqchí. Además,
existen otros grupos Mayas y unos cuantos grupos no-Mayas
tales como el Xinka y el Garífuna. Además del español,
existen 23 lenguas amerindígenas reconocidos oficialmente,
incluyendo el Quiché, Cakchiquel, Kekchí, Mam, Garífuna y
Xinca.
Las divisiones político-administrativas de Guatemala com-
prenden 22 departamentos divididos en 331 municipios.
Las seremonias Mayas es una parte importante de la cultura Maya.
22
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen,
presentado de conformidad con la Resolución 2001/57 de la Comisión sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Misión a Guatemala.
23
Ibid
24
Instituto Nacional de Estadística (INE) 2006
25
En Quiché, donde el 93.5 por ciento de la población es indígena, el 81 por ciento de la población vive en la pobreza, con 25.6 por ciento de la
población viviendo en extrema pobreza. La situación en Alta Verapaz es aún más aguda, donde el 78 por ciento de la población vive en pob
reza y el 43.5 por ciento vive en extrema pobreza. Los pueblos indígenas representan más del 98 por ciento de la población en Alta Verapaz.

17
3.1.3 Los legados del conflicto armado
Guatemala es un país que ha sido profundamente herido por
años de gobiernos autoritarios y por un violento conflicto que
tardó 36 años (1960-1996). Muchas personas fueron desplazadas
por la violencia y el conflicto armado. Los estimados varían entre
240 000 y 1 millón de personas. 14 años después de los Acuerdos
de Paz, muchos pueblos están todavía esperando la compensa-
ción y muchos no han podido regresar a sus comunidades.
El país padece de una severa y desigual distribución de tierras,
principalmente debido a la falta de voluntad por parte de
poderosos grupos políticos y económicos para emprender una
reforma agraria. La distribución desigual de tierras fue una de
las causas del conflicto armado. Los Acuerdos de Paz de 1996
enfocan la distribución de tierras, la reubicación y regreso a
comunidades, así como una integración socio-económica y
política. No obstante, el Acuerdo no ha sido implementado
con éxito, principalmente debido a la resistencia de las élites
Source:http://www.guatemalainfo.com/images/map_of_guatemala_.jpg

18
militares y económicas. Los desplazados del conflicto armado
han sido discriminados y estigmatizados, siendo para ellos
sumamente difícil regresar a sus comunidades.
El relator especial de Naciones Unidas (2002) indicó que
“uno de los problemas fundamentales que afectan a los
pueblos indígenas se relaciona con el derecho a la tierra. La
falta de acceso a la tierra, falta de respuesta a los reclamos
relacionados con tierras, la falta de respeto hacia lugares
tradicionales tales como bosques comunales, una reubicación
forzada de los pueblos indígenas como resultado de proyec-
tos de desarrollo económico, y problemas originados de la
falta de tierra ocasionados por el conflicto armado, crean una
situación de tensiones sociales”.
Debido a un largo historia de expulsiones, reubicaciones,
restablecimientos forzados y migraciones, muchas de las co-
munidades locales carecen de acceso a la tierra que necesitan.
El uso aumentado e intensificado de la tierra en Guatemala
ha colocado a los ecosistemas bajo una severa presión. El uso
de tierras para agro-exportaciones y haciendas de ganado, acti-
vidades de minería y proyectos de infraestructura más grandes
están ahora amenazando las áreas para la ubicación y uso local
y, especialmente, los territorios de grupos indígenas. Núme-
ros siempre en aumento de personas indígenas y campesinos
pobres han recurrido a las ocupaciones de tierra como su
último recurso para evidenciar una distribución desigual de
tierras. Las ocupaciones han conducido a la toma de medidas
enérgicas por parte de las autoridades.
Por último, y de importancia fundamental, los muchos años
de conflicto y represión de todo tipo de organización y oposi-
ción han dejado un legado de redes sociales destruidas, temor
y persistente desconfianza en muchas comunidades locales.
Los asesinatos y persecución de líderes locales y otros están
fuertes en la memoria de las comunidades afectadas. La falta
de confianza en el estado es evidente.
Los Acuerdos de Paz
Los Acuerdos de Paz constituyen un marco con compromisos
para asegurar un proceso de paz duradera y para solucionar
los conflictos sufridos que han excluido históricamente a la
mayoría de la población indígena de los procesos de toma de
decisiones. La primera brecha que se abrió fue el Acuerdo de los
Derechos Humanos, suscrito en marzo de 1994, seguido por el
Convenio sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
(AIRIP por sus siglas en inglés) de 1995 y el Acuerdo de Desmi-
litarización de 199626
.
El acuerdo AIRIP exige una enmienda constitucional para re-
definir a Guatemala como una nación multi-étnica, multi-cul-
tural y multi-lingüe, y representa un punto de referencia para
los cambios estructurales que el estado necesita realizar para
incorporar a los pueblos Mayas, Garífuna y Xinca en todos los
aspectos de la vida nacional. Desafortunadamente, esto aún
no se ha logrado y diferentes cuerpos internacionales han en-
fatizado la urgencia de reformas relacionadas con los pueblos
indígenas. Los convenios, hasta cierto punto, han desapareci-
do del debate público y de las agendas de los partidos políticos.
AIRIP propone reformas, incluyendo modelos institucionales
para participación de los pueblos indígenas en la toma de
decisiones y el establecimiento de mecanismos de consulta e
instituciones que representen a los pueblos indígenas. AIRIP
indicó la necesidad de cambios en las leyes municipales para
tomar en cuenta a las comunidades indígenas y sus líderes, res-
peto para el derecho consuetudinario, distribución del gasto
público y la ratificación de la Convención 169 de la OIT.
Los Acuerdos de Paz también reconocieron la negligencia
histórica de las necesidades de infraestructura de las comu-
nidades rurales y en desventaja, así como la importancia de
servicios públicos, tales como electricidad y agua. Se hizo un
compromiso para extender la cobertura de electricidad a los
grupos en condiciones sociales muy bajas.
26
Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática

19
Algunas de las leyes y reformas aprobadas en Guatemala
en años recientes están directamente relacionadas con los
compromisos de los Acuerdos de Paz y son de vital impor-
tancia para el fortalecimiento de los derechos de los pue-
blos indígenas. Estos incluyen la Ley para el Desarrollo de
Consejos (2002), el Código Municipal (2002) y la Reforma
al Código Penal en relación con la Discriminación (2002).
Se pretende con los primeros dos incrementar la participa-
ción de los pueblos indígenas y reconocer sus instituciones
políticas.
En marco de 1995, Guatemala ratificó la Convención 169
de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Tribales. La Convención entró en vigencia en junio de
1997. La Ley de Desarrollo de Consejos creó consejos para
el desarrollo a nivel local, municipal, provincial, regional y
nacional. Los consejos de desarrollo local debían ser electos
por las comunidades locales, pero principalmente con un
mandato administrativo, en especial, relacionado con el uso
de los presupuestos locales. El Código Municipal incluye
“consultas vecinales”, en las cuales las comunidades locales
pueden dar su opinión sobre proyectos de desarrollo “que
afectan a todos los ciudadanos del municipio”.
Después de un prolongado período de un gobierno auto-
ritario, un gobierno civil electo asumió el poder en Gua-
temala en 1986. No obstante, el país se encontraba todavía
en medio del conflicto que interrumpió el proceso de
democratización. Alvaro Colóm, del partido social demó-
crata, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ganó las
elecciones presidenciales en 2007 y tomó posesión en 2008.
Colóm declaró que él crearía un gobierno con una “cara
Maya” y se centró en la educación y la salud, así como en
programas sociales.
3.1.4 Políticas ambientales
En años recientes, temas ambientales severos han salido al
frente en Guatemala, tales como la deforestación, erosión del
suelo, contaminación y polución del agua. De acuerdo con el
Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP), más del 85
por ciento de los ríos en Guatemala están contaminados27
. La
degradación ambiental se debe a una combinación de factores,
incluyendo débiles regulaciones y un pobre cumplimiento
de las mismas, una falta de políticas ambientales y poderosos
intereses en el área agrícola y pecuaria, industrial and mining
sectors28
.
La degradación ambiental en Guatemala fue confirmada por la
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA) en 2001. De acuerdo con MINUGUA, la des-
trucción ambiental fue un resultado de los mismos procesos
sociales que generan concentración de riqueza, y, en el otro
extremo, exclusión social y pobreza en el país. Ellos asevera-
ron que no fue posible separar los recursos naturales de sus
“dimensiones económicas, culturales, sociales y políticas”.29
Durante las décadas de los años 1980 y 1990, se elaboró el
marco ambiental, legal e institucional de Guatemala, prin-
cipalmente inspirado por los procesos internacionales tales
como la Conferencia de Río de 1992 sobre ambiente y desarro-
llo. Un movimiento ambiental emergente presionó la reali-
zación de nuevas leyes y regulaciones. La Ley de Protección y
Mejoramiento Ambiental fue aprobada en 1986, resultando
en la creación de la Comisión Nacional del Ambiente, poste-
riormente convertida en Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARN). Otras importantes leyes incluyen leyes
sobre bosques (1996), áreas protegidas (1989) y conservación
y uso sostenible de la biodiversidad.
76
Comunicación personal, agosto del 2009
28
SAVIA 2009, Realidad Ecológica de Guatemala
29
MINUGUA 2001

20
De manera más importante, Guatemala no tiene una ley de
aguas que estipule el uso del agua en especial para la regula-
ción de los recursos acuíferos. La Constitución de Guatemala
reconoce el agua como dominio publico y prioriza su uso
para intereses sociales, pero sin una ley de aguas, el agua en
la práctica está administrada y usada sin ninguna reglamen-
tación30
. Se han iniciado varios procesos durante los últimos
30 años para elaborar una propuesta de ley31
, pero estos se
han enfrentado a una fuerte resistencia. El ultimo intento se
realizó en el 2006, un proceso iniciado por la Comisión para
el Ambiente y Recursos Naturales en el Congreso, acompaña-
da por la organización ambiental CALAS. Sin embargo, sin
integrar los derechos de las comunidades locales e indígenas
y asegurar el derecho humano al agua, la propuesta se ha en-
contrado con una fuerte oposición de los pueblos indígenas,
especialmente en Totonicapán, así como también de otras
organizaciones ambientales y sociales. Además, poderosos
intereses en el sector agropecuario también se oponen a la ley
del agua.
La degradación del agua freática y la contaminación de las
fuentes de agua son dos problemas serios en Guatemala. Los
ríos están altamente contaminados por intensas actividades de
la agricultura, agro-industriales y aguas servidas de las áreas
urbanas. La minería y la extracción de petróleo tienen efectos
ambientales serios, contaminando tanto el suelo como el
agua, tal como lo reportan varias organizaciones. El norte de
Guatemala y el departamento del Petén han sido sumamente
impactados por la extracción de petróleo. Los impactos de la
minería en el ambiente y en las comunidades locales, tal como
lo reportan las organizaciones, incluyen la destrucción de la
flora y fauna; uso excesivo del agua; y el uso de químicos que
contaminan severamente el agua, afectando tanto los ecosiste-
mas como la salud de las comunidades locales32
.
Durante la última década, el sector minero se ha expandido
en Guatemala. El pequeño porcentaje de regalías pagadas a las
municipalidades (0.5 por ciento) y al estado (0.5 por ciento)
ha sido objeto de extensos debates, así como los impactos
Hay mas que 3000 rios en Guatemala.
30
Margarita Hurtado Paz y Paz (2006) – Protestas sociales y recursos naturales en Guatemala. FLACSO. Ciudad de Guatemala.
31
Una propuesta de ley fue presentada en Septiembre 2004 por el diputado Alfredo Cojtí, elaborado por CALAS.
32
Comisión Pastoral Paz y Ecología – Copae (2009): Situación actual del agua de los ríos Tzalá y Quivichil en el área de influencia de la mina
Marlin, ubicada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos, Guatemala, Segundo informe anual
del monitoreo y análisis de la calidad del agua. Diócesis de San Marcos.

21
ambientales y de salud en las áreas de explotación. Un débil
cumplimiento de las regulaciones ambientales se percibe en las
comunidades, donde los medios de subsistencia y el ambiente
son destruidos y la salud es puesta en peligro. Organizaciones
de la sociedad civil reclaman que el estado no hace casi nada
para proteger a las comunidades locales y las compañías están
operando en un vacío legal e institucional. Las comunidades
locales se han movilizado y principiado a rechazar la minería y
los proyectos de gran infraestructura en sus áreas.
Adicionalmente, Guatemala es considerada como uno de los
países más vulnerables al cambio climático en el mundo. El
Indice de Riesgo Climático Global de la Década para 1997-
2007 colocó a Guatemala en el puesto 11º entre 177 países,
subrayando la muy alta vulnerabilidad del país a los eventos
relacionados con el clima. En años recientes, las tormentas y
sequías han tenido impactos masivos humanos, ambientales
y económicos en Guatemala, especialmente afectando a las
comunidades pobres en áreas rurales. La mitigación del cambio
climático se usa como un argumento para el desarrollo del
sector hidroeléctrico, haciendo potencialmente a los residentes
locales aún más vulnerables al cambio climático que antes.
Un severo problema con el que el país se está enfrentando es
la falta de un plan para el uso de la tierra, con leyes y regula-
ciones que le respalden, para zonificar los usos de diferentes
tierras y el manejo de la tierra que podría permitir una consi-
deración de los frágiles ecosistemas y asegurar los derechos de
los pueblos indígenas. Guatemala también ha suscrito varias
convenciones y convenios que todavía no se han implementa-
do en el marco legal del país.
De acuerdo con un estudio de FLACSO (2006), el marco legal
ambiental actual es amplio pero no muy efectivo, y las inicia-
tivas son reactivas en lugar de ser proactivas y preventivas33
.
Una serie de instituciones ha sido creada para tratar los temas
ambientales, pero éstas se encuentran con varios retos, tales
como falta de recursos, falta de personal competente y poca
coordinación entre las diferentes entidades34
. La alta rotación de
burócratas en las diferentes entidades ocasiona una falta de con-
tinuidad en prioridades, que resulta en una falta de implemen-
tación de programas y proyectos a largo plazo. Se ha tomado
ventaja de débiles instituciones por parte de diferentes actores,
compañías, grupos y personas para sus propios intereses.
En Guatemala hay muchas fuentes originales de agua.
33
Margarita Hurtado Paz y Paz (2006) – Protestas sociales y recursos naturales en Guatemala. FLACSO. Ciudad de Guatemala.
34
Tales como INAB, CONAP y CONRED, MEM y MAGA son también actores importantes relacionados con temas ambientales.

22
3.2 El sector de electricidad
en Guatemala35
3.2.1 Los años 1990: Una era de privatización
Durante la década de los años 1990 y especialmente después de
los Acuerdos de Paz, Guatemala ha buscado afanosamente refor-
mas económicas sobre la base de una estabilización macroeco-
nómica en donde las políticas neoliberales han predominado,
siguiendo el Consenso de Washington35a
. Las políticas neolibe-
rales han afectado muchos sectores de la sociedad guatemalteca
y han introducido cambios en el marco legal promoviendo una
liberación de la economía y privatización de compañías y servi-
cios públicos. El énfasis en las iniciativas privadas ha reducido
el papel del estado al de regulador. Se hicieron importantes
leyes en el inicio de los Acuerdos de Paz, tales como la Ley de
Hidrocarburos (1991), la Ley General de Electricidad (1996), la
Ley de Minería (1997) y reglamentos para la comercialización de
la Ley de Hidrocarburos (2004). No obstante, muchas de estas
leyes fueron aprobadas sin ningún debate público ni consulta, ni
la participación de la sociedad civil y grupos afectados.
En Guatemala, una minoría, principalmente de ladinos35b
y
personas de ancestro europeo, representan la élite económi-
ca y política. Los grupos poderosos en el país van desde el
sector militar hasta el sector financiero y de servicio al sector
agropecuario, con organizaciones tales como la Unión Nacio-
nal Agropecuaria (UNAGRO) o el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF). Con la introducción del nuevo modelo económico,
nuevos actores importantes han surgido en servicios, banca y
agricultura no tradicional. Junto con los proponentes interna-
cionales de políticas neoliberales, tales como el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional (IMF), estos grupos han
tenido una fuerte influencia en la preparación de muchas de
las leyes y en la elaboración del marco legal e institucional.
El sector eléctrico fue privatizado y liberalizado en 1996 por
medio de la Ley General de Electricidad. La privatización fue
conducida por el Ministro de Energía y Minas (MEM), Leonel
López Rodas y el gobierno de Alvaro Arzú, y apoyada por la
Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por
sus siglas en inglés, Multilateral Investment Guarantee Agen-
cy) del Grupo del Banco Mundial. El período de Arzú de 1996
al 2000 fue el período más agresivo en Guatemala en términos
de privatización y ajuste estructural36
.
La drástica reforma del sector de electricidad incluyó el dividir-
lo en diferentes funciones, incluyendo generación, transmisión,
distribución y comercialización de la electricidad, favoreciendo
y promoviendo la participación privada en el sector. Se crearon
dos importantes instituciones: La Comisión Nacional de Ener-
gía Eléctrica (CNEE) como la agencia regulatoria, y el Admi-
nistrador del Mercado Mayorista (AMM). En la práctica, esto
ha conducido a que compañías privadas y extranjeras ingresen
al sector de producción mientras que el estado principalmente
proporciona autorizaciones y actúa como un regulador.
35
Este parte del estudio esta basada en Hirsch, C. The political ecology of hydropower development in Guatemala. Actors, interests and power.
Masters thesis University of Life Sciences (UMB), forthcoming
35a
Se usa el Consenso de Washington para describir un juego de políticas que unificaron a actores tales como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y el Gobierno de los Estados Unidos desde finales de los años 1970 sobre cómo las economías en desarrollo
deberían adaptarse para promover el crecimiento.
35b
Se asume popularmente que los ladinos son descendientes de la mezcla de españoles e indios (mestizos), pero de hecho, son principalmente
Maya por herencia biológica que han asimilado el idioma nacional y la cultura (Smith 1990). De manera similar, UNDP (2005 pp.37) indica
que bajo el concepto de ladino, están incluidos los indígenas asimilados, los inmigrantes y los ladinos, y el mestizaje como una forma de
construcción de la nación se perdió.
36
Ferrigno 2009 El Oscuro Negocio de la Luz. FLACSO. Ciudad de Guatemala

23
Previo a la reforma, la electricidad era suministrada por dos
compañías propiedad del estado, EEGSA37
en la región metro-
politana, y el INDE38
para el resto del país. La Ley de Electrici-
dad de 1996 buscó incrementar las inversiones privadas en el
sector y mejorar la eficiencia introduciendo competencia en
la generación de electricidad y privatizando la red de distri-
bución39
. En 1998, el 80 por ciento de EEGSA fue vendido a
la compañía española, Iberdrola. Los activos de distribución
fueron desglosados en dos compañías regionales de distribu-
ción, DEORSA (que sirve al este del país) y DEOCSA (que
sirve al oeste) y las puso en subasta con concesiones de 50
años. La compañía española Unión Fenosa Internacional, S.
A., ganó la licitación para ambas compañías en 1998, apoyada
por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversión (MIGA)40
.
Desde la privatización, el INDE ha sido dramáticamente
reducido en su tamaño y dejado en control de las estaciones de
electricidad, principalmente hidroeléctricas, continuando con
la posesión y operación de la red nacional de transmisión.
El ingreso neto de venta de la privatización de las compañías
de distribución (US$110 millones) fue colocado en un fideico-
miso para financiar un ambicioso programa de electrificación
rural (PER) iniciado en 199841
. Las dos compañías distribuido-
ras DEORSA Y DEOCSA fueron hechas responsables contrac-
tualmente de la ejecución de inversiones del programa.42
El
plan hizo que la privatización fuera más atractiva, principal-
mente que a las compañías de distribución se les pagó $650
por cada nueva conexión elegible alcanzada43
.
37
Empresa Eléctrica de Guatemala
38
Instituto Nacional de Electrificación
39
Comisión Nacional de Energía Eléctrica
40
“MIGA apoyó el proyecto suministrando cobertura de seguro de inversión contra los riesgos de restricción de moneda, expropiación, guerra
y disturbios civiles, e incumplimiento de contrato”. MIGA en países afectados por conflicto, 2003.
41
Foster &Araujo 2004 “¿Trabaja la reforma en infraestructura para los pobres? Un estudio modelo de Guatemala”
42
DEORSA y DEOCSA son responsables de los activos de distribución, y el INDE es responsable de los activos de la operación de transmisión.
43
Concesiones que no están incluidas en el área de concesión a las compañías (200 metros o más, más allá del tendido eléctrico). Fuente:
MIGA en países afectados por el conflicto, 2003.
Bajo la nueva normativa, el marco institucional y operati-
vo para electricidad, el sistema fue dividido en cuatro áreas
operativas: Generación, transmisión, distribución y comer-
cialización de la electricidad. Más y más compañías privadas
se están involucrando en la generación de energía además
de la compañía estatal, INDE. Dos compañías privadas están
involucradas en transmisión además del INDE, 16 institucio-
nes públicas y tres compañías privadas están involucradas en
distribución y 14 compañías privadas están comprometidas
en la comercialización de la electricidad. En total, el 73 por
ciento de las entidades en el sector son privadas.Adicional-
mente, existen 800 de los llamados “grandes usuarios” tales
como el sector de maquila, la minería y la industria.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es responsable de la
planificación, coordinación y cumplimiento en el sector, im-
plementado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
(CNEE), que funciona independientemente del ministerio.
La compañía pública, INDE, fue dividida en tres con la re-
forma: Empresa de Generación de Energía (EGEE), la Em-
presas de Transporte y Control de Energía (ETCEE) y la Em-
presa de Distribución de Energía Eléctrica (EDEE). En 1998,
las últimas dos fueron convertidas a DEORSA y DEOCSA.
El 91.4 de las acciones de estas dos compañías son pro-
piedad de Distribuidores Eléctricos del Caribe, bajo la cual la
compañía española Unión Fenosa opera en el país.
Fuente: Ferrigno (2009) El Oscuro negocio de la luz. FLAC-
SO, Ciudad de Guatemala.
La Reforma de Electricidad de 1996

24
3.2.2 Plan estratégico para hidroeléctricas
El plan para expandir el sector hidroeléctrico fue iniciado
por el ex presidente, Oscar Berger y el gobierno de la Gana44
(2004-2008). El Plan Estratégico para Proyectos Hidroeléc-
tricos fue formulado en 2004 para responder a la creciente
demanda de electricidad y a un incremento en los precios del
petróleo, y reducir la dependencia de combustibles fósiles,
principalmente petróleo. Se realizaron varios estudios para
desarrollar el sector hidroeléctrico hace mucho tiempo en la
década de los años 1970, pero el desarrollo real fue interrum-
pido por el conflicto armado. En octubre del 2007, tres meses
antes que el gobierno actual llegara al poder, el entonces
Ministro de Energía y Minas aprobó la Política de Energía y
Minas para 2008-2015.
El gobierno actual de Colom avanzó con los planes a pesar de
la falta de participación por partes afectadas y organizaciones
de la sociedad civil en la elaboración. El 25 de mayo del año
2008, el Presidente Colom anunció una iniciativa destinada
a cambiar la “Matriz energética” del país favoreciendo a las
hidroeléctricas y al carbón. En este momento, los precios del
petróleo se encontraban en su punto más alto. La meta es
reducir la dependencia del país en el petróleo y alrededor del
año 2022 generar el 60 por ciento de los recursos renovables45
.
En el presente, el estado no tiene planificado desarrollar
proyectos hidroeléctricos por sí mismo,46
argumentando que
las compañías privadas harán un mejor trabajo y que el estado
no tiene la capacidad ni los recursos financieros. A las compa-
ñías privadas y extranjeras se les confieren varios incentivos
para operar en el país por medio de la Ley de Incentivos de
Energía Renovable (2003), ademas que es fácil acceder a la
información para compañías en la Guía para Inversionistas
publicada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El
estado de Guatemala y sus ministros estimulan la “responsabi-
lidad social” de las compañías e insisten en que sus inversiones
contribuirán al desarrollo local y nacional.
Los planes de expansión para el sector hidroeléctrico en
Guatemala son también parte de una política regional más
extensa, el Plan Mesoamérica (antiguamente el Plan Puebla
Panamá). El plan, iniciado en el año 2001, es un proyecto
mayor de infraestructura desde Puebla, en México, hasta
Panamá. El proyecto promueve “la integración y desarrollo
regional” en la región. El plan pretende estimular el comer-
cio mediante la construcción o mejoras de proyectos de in-
fraestructura a gran escala tales como caminos, aeropuertos,
puertos, y redes de electricidad y telecomunicaciones.
El Plan Mesoamérica ha sido criticado por seguir un mo-
delo neoliberal de desarrollo, favoreciendo a compañías
multinacionales sobre el medio ambiente, la cultura local,
los derechos de los indígenas y las comunidades locales,
que tienen poca voz en el proceso de desarrollo. Los críticos
arguyen que el proyecto sirve únicamente para poner en su
lugar infraestructura que permita que florezcan los tratados
de libre comercio (TLCs) y que puedan operar las compañías
transnacionales47
.
El Plan consiste de la integración de los sectores de
energía, transporte y telecomunicaciones; la facilitación
del comercio; desarrollo sostenible; desarrollo humano;
turismo; y prevención y mitigación de desastres. El trans-
porte (85 por ciento de las inversiones) y la energía (11
por ciento) son los dos componentes más importantes.
Plan Mesoamérica
44
Gran Alianza Nacional
45
MEM, 28 de febrero http://www.mem.gob.gt/Portal/home.aspx
46
Comunicación personal, Ministerio de Energía y Minas
47
CIEPAC http://www.ciepac-org/encontrados.php

25
Hace una década los gobiernos en la región acordaron
desarrollar un sistema de interconexión de electricidad
(SIEPAC)48
. SIEPAC consiste de la construcción de por lo me-
nos 1 800 km de una línea de transmisión de 230 kV desde
Panamá a Guatemala, destinada a desarrollar un mercado
eléctrico regional. El interés de Guatemala en el sistema es
principalmente la exportación de electricidad. Aparte de Cos-
ta Rica, otros países en la región tienen un déficit de electri-
cidad. En el año 2006, Guatemala suscribió un convenio con
México para desarrollar la interconexión de electricidad49
. La
interconexión quedó finalizada en el año 2009 y Guatemala
comprará energía a México, especialmente para cubrir la tari-
fa social del país. La interconexión con México es financiada
con fondos públicos y préstamos al estado, una forma más de
asistencia a compañías que desean exportar.
48
Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central
49
Debe notarse que el sistema de Costa Rica es manejado públicamente con gran éxito
• La Constitución de Guatemala
• Ley General de Electricidad (1996)
• Regulaciones de la Ley General de Electricidad
(Acuerdo Gub. No. 256-97)
• Regulaciones del Administrador del Mercado
Mayorista, (Acuerdo Gub. No. 299-98)
• Normas técnicas de la Comisión Nacional de Energía
Eléctrica (CNEE) y AMM
• La Ley de Incentivos para Energía Renovable (2003)
• La Ley del Ambiente (1986)
• La Ley de Areas Protegidas (1989)
• Regulaciones para estudios de Impacto Ambiental (2003)
• Código Municipal (2002)
El marco legal para el sector energético
en Guatemala
El proyecto Xacbal en Quiche, durante la construcción en 2009.

26
3.2.3 Actores en el sector hidroeléctrico
La privatización del sector de electricidad en Guatemala ha
creado una nueva situación para los diferentes actores involu-
crados. Previo a la privatización, el estado era el actor princi-
pal responsable de desarrollar proyectos hidroeléctricos. Aún
cuando el estado todavía administra proyectos desarrollados
antes de la privatización y tiene la principal responsabilidad
por la red de transmisión, el papel del estado ha sido mayor-
mente reducido al de un regulador. Con una débil capacidad
regulatoria y la ausencia del estado en muchas partes del
proceso de desarrollo de los proyectos, las comunidades, así
como las compañías privadas y extranjeras, han sido dejadas
principalmente en un vacío legal. La privatización ha abierto
las puertas para la participación de actores privados y de com-
pañías transnacionales que son estimuladas para desarrollar el
sector. Varias iniciativas privadas han sido propuestas para de-
sarrollar proyectos hidroeléctricos, facilitadas por el Ministerio
de Energía y Minas (MEM).
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es responsable de
formular y coordinar las políticas y planes del estado y progra-
mas en el sector y de aplicar la Ley General de Electricidad. El
Ministerio otorga la autorización final para el uso del agua y
de los ríos.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) es el órga-
no técnico del Ministerio a cargo del cumplimiento de la Ley
General de Electricidad. La CNEE es la reguladora que emite
normas técnicas y regula precios.
El Administrador del Mercado Mayorista (AMM) es una enti-
dad privada, establecida por la ley, que coordina transacciones
entre diferentes participantes en el mercado de electricidad,
asegurando la libre competencia en el mercado y promovien-
do las inversiones.
La generación de electricidad está liberalizada con compe-
tencia libre, con agentes y usuarios a gran escala celebrando
libremente convenios basados en las condiciones estipuladas
en los contratos, en términos de duración, cantidad y precio.
La transmisión y distribución son reguladas por la CNEE.
3.2.4 Desarrollos actuales en el sector energético
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM),
se han hecho avances importantes desde el principio del
período del gobierno de Colom en 2008. Para entonces, el 46
por ciento de la electricidad provenía de combustibles fósiles
y únicamente el 37 por ciento provenía de energía renovable.
A finales del 2008, la proporción era de 45.8 por ciento de
energía renovable y, durante la administración de Colom, se
han desarrollado proyectos renovables con un total de 1 202
MW de capacidad de generación. Se agregaron 312 MW al
sistema durante 2009, y 444 MW de capacidad están actual-
mente en construcción. Cerca del 90 por ciento de esta nueva
producción es generada por proyectos hidroeléctricos51
.
En octubre del 2009, se inauguró la estación de transmisión
Los Brillantes, en el departamento de Retalhuleu. La estación
asegura la interconexión de electricidad entre Guatemala y
México. Esto significa que Centroamérica está ahora conecta-
da con México, como parte del Plan Mesoamérica ya men-
cionado. Esto facilitará la exportación de energía. Además, el
• El Ministerio de Energía y Minas (MEM)
• La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)
• El Administrador del Mercado Mayorista (AMM)
• El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN)
• La compañía pública INDE
• Los distribuidores (principalmente DEOCSA y DEORSA)
• Los inversores y compañías involucrados
• Los inversionistas y el sector bancario
• Los usuarios a gran escala (industria, minería, industria
de maquila)
• Las municipalidades, los alcaldes y los Consejos de
Desarrollo
• Intermediarios (consultores, abogados, organizaciones
para la resolución de conflictos)
• Actores de la sociedad civil (organizaciones de la
comunidad rural, sindicatos y ONGs)
• Las comunidades locales afectadas50
Importantes actores en el sector en Guatemala son
50
Las comunidades afectadas son definidas en una forma amplia, incluyendo las comunidades circunvecinas y las comunidades río abajo
51
MEM, 28 de febrero del 2010 http://www.mem.gob.gt/Portal/home.aspx

27
departamento del Petén ha sido conectado con la red nacional
(SNI)52
.
Más de 20 proyectos hidroeléctricos están actualmente ope-
rando en Guatemala, de los cuales nueve son operados por
el estado. El más antiguo data de 1926; cuatro fueron cons-
truidos durante la década de los años 1960 y 1970; y dos en la
década de los años 1980. Un proyecto en especial ha dejado su
marca en el país: La Hidroelectrica de Chixoy desde 1983, el
proyecto hidroeléctrico más grande en Guatemala (300MW).
No se construyeron proyectos durante los años más violentos
del conflicto, hasta antes de 1995. Entre 1995 y el 2009, 16
proyectos han iniciado operaciones, y únicamente uno de ellos
es operado por el estado. A la fecha, existen aproximadamente
10-15 proyectos en construcción y varios otros están en la fase
de planificación.53
Más de 30 proyectos han sido propuestos
por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).54
Los
proyectos van desde 10 a 340 MW55
. Existen proyectos bajo
planificación o construcción en los departamentos de Alta
Verapaz, San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Baja Verapaz,
Escuintla, Petén, Quetzaltenango y Zacapa.
Especialmente, desde la expansión de los sectores minero
e hidroeléctrico, han surgido conflictos sobre los recur-
sos naturales y el control de territorios; las comunidades
locales se han opuesto a proyectos de infraestructura a gran
escala e inversiones de parte de compañías transnacionales.
El enfoque sobre el potencial de las hidroeléctricas parece
haber pasado por alto a las personas que viven en las áreas
afectadas, así como a los derechos indígenas, el ambiente y
el contexto ecológico especial de Guatemala. El marco para
el sector ha creado una nueva y complicada dinámica, casi
siempre cargada de conflictos entre el estado, los intereses
comerciales y las comunidades locales.
52
Sistema Nacional Interconectado
53
Fecha: 28 de febrero: 30 proyectos propuestos, de conformidad con Invest en Guatemala.
http://www.investinguatemala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=46
54
Plan de Expansión indicativo del Sistema de Generación 2008-2022
55
http://www.investinguatemala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=46
* basedo en datos de CNEE, Invest in Guatemala y INDE. Fuente: Hirsch, C. UMB. Forthcoming.
Proyectos hidroeléctricos en Guatemala
AltaVerapaz 5 1 3 17 26
San Marcos 1 1 3 17 22
Quiché 2 2 9 13
Huehuetenango 13 13
BajaVerapaz 2 1 1 4 8
Esquintla 5 1 – 1 7
Petén 7 7
Quetzaltenango 4 1 1 – 6
Zacapa 1 – 3 – 4
Santa Rosa 2 – – 2 4
Chiquimula 1 3 4
Guatemala 2 1 3
Izabal 1 1 1 3
Retalhuleu – 1 – 1 2
Salama 1 1
Xela 1 1
El Progreso 1 1
Jalapa 1 1
Suchitepeques 1 1
Jutiapa 1 1
No especificados 4 4
Total 24 9 16 83 132
Departamento En operación En En preparación o Estimación de Total
construcción proceso de EIA proyectos propuestos*

28
La presa de Chixoy fue construida por la compañía pública
INDE, con financiamiento del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y el Banco Mundial. La construcción de la presa
principió sin haberse notificado a las comunidades locales en
1975 y sin ningún estimado del número de personas afectadas.
A las comunidades que vivían en el área a ser inundada se les dio
apenas un aviso de un año antes de principiar las operaciones.
Alrededor de 1983, la presa había inundado 1,400 hectáreas
de tierra agrícola fértil y 3,400 residentes, en su mayoría Maya,
habían sido desplazados a la fuerza56
. Los títulos de propiedad
de tierras de las comunidades fueron revocados por el INDE,
denegándoles el derecho a compensación y una base para ne-
gociación. No se realizaron estudios sobre el impacto social y
el paquete de reubicación involucraba el traslado de las comu-
nidades a tierras con suelos pobres y viviendas inadecuadas, y
tampoco satisfacían las necesidades humanas básicas.
La falta en implementar un programa de reubicación adecuado
para los residentes locales y la falta de una consulta contribuyeron
a protestas y conflictos en el área. Muchos miembros de la comu-
nidad rechazaron el paquete de la reubicación y rehusaron trasla-
darse. La tensión ascendió y los militares declararon“subversivos”
a los oponentes al proyecto. De acuerdo con un estudio por
Barbara Johnston (2005), el ejército evacuó a los residentes a la
fuerza y, por lo menos en dos casos documentados, se llevaron a
cabo masacres de personas locales. En Rio Negro, 444 de los 791
lugareños fueron eliminados por el ejército. Para cuando la cons-
trucción fue completada en 1983,varias comunidades habían sido
destruidas por el ejército para sofocar la oposición a la presa.
A pesar de esto, el BID y el Banco Mundial otorgaron un se-
gundo préstamo a Guatemala en 1984. Después de la presión
de las organizaciones de derechos humanos, el Banco Mundial
realizó una investigación interna en 1996 que concluyó que las
comunidades afectadas por la presa nunca fueron adecuada-
mente compensadas. En 1998, el INDE afirmó que ellos ya no
tenían ninguna responsabilidad, y el Banco Mundial anunció que
sus obligaciones también habían sido satisfechas.
Desde entonces, representantes de las comunidades afectadas
por la presa en varias ocasiones han testificado que ellos no re-
cibieron la compensación y asistencia a la que tenían derecho, y
demandaron un proceso de negociación. De acuerdo con Johns-
ton, la construcción del proyecto de la presa de Chixoy significó
una completa desatención de la gente local y de sus derechos
a la tierra, cultura, supervivencia y aún de su vida. La población
afectada fue el grupo indígena Maya Achi.57
Hasta la presente
fecha, ellos están todavía sufriendo por la pérdida de sus tierras,
subsistencia y vida. El estudio Johnston recomendó la creación
e implementación de un proceso de negociación que pudiera
resultar en un convenio de reparación legalmente vinculante.
En total, la presa causó la inundación de 2,000 hectáreas de tie-
rra y recursos naturales, con la desaparición de 23 comunidades,
471 casas, 10 edificios públicos y 45 sitios arqueológicos. El total
del área afectada fue de 1,500 km2, con 33 comunidades, 2,329
familias y 11,383 personas impactadas por el proyecto58
.
La presa de Chixoy
56
http://shr.aaas.org/report/xxiv/chixoy.htm
57
Centro sobre Derechos de Vivienda y Evicciones (COHRE),“México, Honduras y Guatemala. El derecho a la vivienda y a la tierra frente a
los proyectos de desarrollo”, 2007, pág. 47
58
Informe de identificación y verificación de daños y perjuicios ocasionados a las comunidades afectadas por la construcción de la hidro-
eléctdrica Chixoy
Fotos: Creditos ADIVIMA

29
3.2.5 El legado de Chixoy
La presa más grande (300 MW) construida en Guatemala es
la altamente controvertida presa de Chixoy, que principió a
operar en 1983. El estado de Guatemala inició la construcción
de la presa en 1975 como parte de planes para expandir la
producción de energía, apoyados por el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La presa ha sido
fuertemente criticada por violaciones a los derechos de las
comunidades locales afectadas por el proyecto y la falta de
reparaciones. Más de 30 años después, las comunidades afec-
tadas están todavía esperando una compensación. Un proceso
de negociación se ha llevado a cabo en años recientes, cuyos
resultados serán presentados en el 2010.
Las 33 comunidades afectadas por la presa de Chixoy forma-
ron la organización “Coordinadora de Comunidades Afecta-
das por la Presa de Chixoy” (COCAHICH) para documentar
los impactos ocasionados por la presa y presionar por justicia.
Después de muchos años de protestas, las comunidades sus-
cribieron un acuerdo en el 2006 con el gobierno, estableciendo
un mecanismo para la identificación, verificación y reparación
de daños y perjuicios sufridos por dichas comunidades y para
la creación de una mesa redonda para verificar el proceso. La
rama ejecutiva del gobierno de Guatemala, con varias entida-
des estatales y las comunidades afectadas representadas por
COCAHICH debían participar en las negociaciones.
El proceso de negociación principió en el año 2006, con la faci-
litación proporcionada por Roberto Menéndez, representante
de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fueron
invitados a participar como observadores, así como la Agencia
para Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR) y el Procu-
rador de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH).
En varias etapas en el proceso de negociación, las conversa-
ciones estuvieron al punto de colapsar debido a la falta de
voluntad del gobierno de llegar a un arreglo justo y razonable
con las víctimas.59
En marzo del 2008, el gobierno de Colom
renovó el convenio. En las negociaciones finales, la delegación
gubernamental estuvo representada por Katalina Soberanis.
COCAHICH estuvo representada por Juan de Dios García.
Las Embajadas de Suiza y de Noruega60
tomaron parte como
observadores para COCAHICH, mientras que la Facultad
Latino Americana de Ciencias Sociales (FLACSO) fue también
contratada para realizar el estudio para informar sobre el
reporte final y el plan de reparación61
.
Durante el año 2009, el proceso de negociación tuvo un
progreso significativo, tal como fue confirmado por Menéndez
a finales del año62
. El 9 de noviembre del 2009, el Presidente
suscribió el informe final, reconociendo la responsabilidad del
estado y su compromiso para implementar un plan de repa-
ración63
. El informe fijará las bases para este plan, el cual será
presentado en el año 2010.
El plan consiste de cinco partes: la no-repetición, restitución,
rehabilitación, indemnización y satisfacción, esta última in-
volucrando un reconocimiento por los daños ocasionados a
59
Acuerdo Político entre el gobierno de la República de Guatemala y los representantes de las comunidades afectadas por la construcción del
embalse de la hidroeléctrica Chixoy, que contiene las bases para la identificación, verificación y reparación en su caso, de los daños y
perjuicios ocasionados a dichas comunidades, Acuerdo firmado el 18 de septiembre 2006 entre Eduardo Stein, Vicepresidente de la
República de entonces, y Juan de Dios García Xajil como representante de la Coordinadora de Comunidades, y por Roberto Menéndez
de la OEA como facilitador.
60
From August 2009
61
Generación de insumos para la identificación y verificación de daños y perjucios por la construcción de la hidroelectrica Chixoy
62
Personal communication, December 2009
63
Informe de identificacioó y verificación de daños y perjucios ocasionados a las comunidades afectadas por la conztrucción de la
hidroelectrica Chixoy

30
las comunidades y una apología oficial de parte del estado. La
no-repetición es especialmente importante para el desarrollo
de nuevos proyectos, y se propone evitar una repetición de
Chixoy. Menéndez, de la OEA, subraya la importancia de la
participación de comunidades afectadas en proyectos futuros
desde el principio mismo, en coparticipación de beneficios,
monitoreo y consideración de los principios básicos y nor-
mas para el desarrollo del proyecto. El plan podría represen-
tar un nuevo modelo para el desarrollo hidroeléctrico.
El éxito y logros de las negociaciones a la fecha deben mucho
al trabajo bien organizado, documentación, propuestas e in-
cansables demandas presentadas por COCAHICH. Tal como
Juan de Dios García, representante de COCAHICH, nos dijo:
“Como coordinador de las comunidades afectadas por la
construcción del proyecto hidroeléctrico Chixoy, en varias
ocasiones hemos dicho que no estamos contra la hidro-
eléctrica, sino contra las prácticas que han sido utilizadas
en las comunidades y la violación de los derechos de las
comunidades, para engañarlas a que vendan sus tierras. Las
comunidades no deberían estar únicamente en el final de la
línea receptora de proyectos, sino también tomar parte en
la planificación desde el principio hasta la evaluación de los
proyectos. Nosotros decimos que las comunidades deberían
ser “socias”. La solución es cumplir con las recomendaciones
de la Comisión Mundial sobre Presas. En estos momentos
nos encontramos negociando 30 años después. No deseamos
que esto suceda a otras comunidades. ¿Cómo son posibles 30
años de sufrimiento? Es el momento para que el estado, los
inversionistas y financistas asuman la responsabilidad de esta
situación para que no vuelva a suceder en otras ocasiones.64
”
Los resultados de las negociaciones de Chixoy son altamen-
te pertinentes en las negociaciones actuales, no sólo para
las familias afectadas, sino también para todos los pueblos
indígenas de Guatemala, así como para futuros proyectos
hidroeléctricos y otros proyectos de desarrollo. El reco-
nocimiento del estado de anteriores violaciones y un justo
acuerdo de compensación serán un importante punto de
partida para el estado; señalará una nueva voluntad para
respetar los derechos de los pueblos indígenas en la conside-
ración de políticas de desarrollo en Guatemala y en cual-
quier otro lugar.
El 13 de mayo del año 2010, el plan de reparación quedó
finalizado y listo para ser aprobado por el Presidente por
medio de un acuerdo gubernativo. Al momento que este in-
forme era impreso, el acuerdo todavía no había sido firmado.
En junio del año 2010, FIVAS habló con COCAHICH, la cual
expresó una gran frustración por la falta de aprobación del
plan. Ellos le han pedido una reunión al Presidente y están
actualmente pidiendo la presión internacional para asegurar-
se que el plan de reparación sea aprobado y que el Presidente
cumpla su palabra.
3.2.6 Marco legal e institucional
El marco legal e institucional actual en Guatemala es débil
cuando se refiere a la protección de los derechos de los
ciudadanos, especialmente los derechos indígenas. Tal como
hemos visto, el Convención 169 de la OIT todavía tiene
que ser implementada, y Guatemala no tiene ninguna ley
sobre consultas con las comunidades indígenas65
. La ley más
importante que rige el sector, la Ley General de Electricidad,
no menciona los pueblos indígenas. Está elaborada ante todo
para promover la participación de inversionistas y com-
pañías privadas y para expeditar el proceso. El Artículo 8
indica lo siguiente:
64
Reunión en la Embajada de Noruega en agosto del 2009
65
Una propuesta para una ley sobre consultas está en la mesa, y la misma es una propuesta para una ley general sobre derechos indígenas,
presentada principalmente por organizaciones indígenas.

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