La empresa minera Drummond ha causado graves daños ambientales en varias regiones de Colombia y se ha aliado con paramilitares, lo que resultó en el asesinato de tres sindicalistas. La empresa también alteró sus regalías para aumentar sus ganancias y recibió multas por detrimento patrimonial a la nación. El modelo de explotación minera de Drummond ha generado contaminación, violencia y engaños, y ha creado resistencia a la minería en general en las comunidades locales.
La Drummond: contaminadora, paramilitar y tramposa
1. 03 feb 2014. by editor
Por León Valencia: Es ese modelo de la Drummond el que ha
generado prevenciones en las comunidades, en los gobiernos locales
y en sectores de la opinión contra la minería.
Se le reprochan ahora a la empresa Drummond los graves daños
ambientales que ha causado y está causando en Santa Marta, en
Ciénaga, en Cesar. Todo a partir de una fotografía que el periodista
Alejandro Arias puso a circular en las redes sociales. Eso está muy
bien. Por fin el país se empieza a pellizcar. Por fin las autoridades
ambientales han puesto el ojo en un problema que era un secreto a
voces. Quizás ahora se escuche la voz de los pobladores de las zonas
aledañas a las minas, que en diversas oportunidades realizaron
protestas para denunciar las graves afectaciones a la salud que trae
el tipo de explotación a cielo abierto del carbón que hace la
Drummond. Pero, tal como ocurre con muchas cosas en el país,
puede ser que los árboles impidan ver el bosque.
El problema con la Drummond es mil veces más grave. El bosque, en
este caso, es una maraña de violencia, de abusos y de trampas
perpetradas con la anuencia del gobierno nacional y con la
complicidad descarada de colombianos desvergonzados.
Empecemos por el más grave: la alianza con los paramilitares y la
muerte de tres sindicalistas. En marzo de 2001 fueron asesinados
Valmore Locarno, presidente del sindicato y Víctor Orcasita,
vicepresidente; siete meses después fue asesinado también Gustavo
Soler quien había reemplazado a Locarno en la presidencia. Los
dirigentes sindicales y los familiares de las víctimas coincidieron en
señalar a la empresa como responsable de los crímenes. Pero fue en
el curso del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia
donde salió a la luz la dolorosa verdad: para golpear al sindicato se
había establecido una tenebrosa alianza entre empleados o
contratistas de la Drummond, militares activos y retirados y el Bloque
Norte de los paramilitares comandado por Jorge Cuarenta.
2. En las versiones libres de jefes paramilitares importantes del Bloque
Norte como Manuel Mattos Tabares, alias Tolemaida, y Jairo de Jesús
Charris, alias el Viejo Miguel, figura la acusación directa a Jaime
Blanco Maya, contratista del suministro de alimentos para el casino
de la empresa, como autor intelectual de la muerte de los tres
sindicalistas. Dicen los jefes paramilitares que Blanco Maya quería
silenciar las denuncias del sindicato sobre la mala calidad de los
productos y servicios que prestaba su empresa nominada Industrial
de Servicios y Alimentos, ISA. Toda esta historia se puede ver en el
portal Verdad Abierta.
Pero quien pone en contexto los asesinatos y las graves presiones
sobre los trabajadores y la comunidad de la zona donde opera la
Drummond es Rafael García, antiguo funcionario del DAS y testigo de
la Fiscalía en el escandaloso caso de la parapolítica. García cuenta
que en diversas reuniones entre funcionarios de la Drummond y Jorge
Cuarenta se acordó crear el frente Juan Andrés Álvarez de las
Autodefensas con financiación generosa de la empresa, y señala que
el enlace para estos acuerdos era Alfredo Araújo.
Veamos las trampas al Estado. No contentos con la exención de
impuestos y las abundantes gabelas que los gobiernos –
especialmente los dos mandatos de Álvaro Uribe– les han dado a las
empresas mineras, la Drummond se dio a la tarea de alterar las
regalías para acrecentar aún más sus ganancias. La empresa ha sido
sancionada en 2007 y 2008 con multas que sumadas se acercan a los
ochenta millones de dólares por detrimento patrimonial a la nación y
también al departamento de Cesar y a los municipios donde opera la
multinacional.
Para decirlo en letras grandes: la Drummond, con la complicidad de
funcionarios del gobierno colombiano y de un enjambre de fuerzas
ilegales, ha forjado un modelo de explotación minera nefasto para el
país. Es ese modelo contaminador, violento y tramposo el que ha
generado grandes prevenciones en las comunidades, en los gobiernos
locales y en sectores de la opinión pública frente a todo tipo de
explotaciones mineras.
El gobierno colombiano debería tomar este como un caso
emblemático para hacer justicia, para sacar lecciones que permitan
reformar la legislación y las instituciones mineras y crear un ambiente
favorable a empresas nacionales y extranjeras que quieren hacer una
minería ambientalmente sostenible y socialmente responsable; una
minería que los colombianos aprendamos a querer y a defender; una
minería que sin producir un daño irreparable para las generaciones
futuras nos dé recursos ahora para empujar el desarrollo del país.