El documento describe el conflicto de tierras en el Valle del Bajo Aguán en Honduras entre grandes empresas agroindustriales como Dinant y campesinos locales. La disputa se remonta a la década de 1970 cuando la reforma agraria distribuyó tierras a los campesinos, pero las leyes cambiaron en la década de 1990 permitiendo que las tierras fueran vendidas a grandes empresas. Esto llevó a la pérdida del 74% de las tierras de los campesinos y numerosas muertes relacionadas con el conflicto. La Corpor

1. Tierras bañadas en sangre
Glenda Chávez, al lado de la tumba del padre, Gregorio Chávez, cuyo
cuerpo fue encontrado en una finca de la empresa Dinant, en Paso
Aguán, en julio de 2012. Foto: ICIJ
Adital. 22.06.2015 [ Honduras ]. Por Sasha Chavkin
Glenda Chávez camina entre los naranjos de la huerta de su familia,
acercándose a una cerca de alambre baja que separa su propiedad de
la finca de la Corporación Dinant, en Paso Aguán. Al otro lado de la
valla, filas de espinosas palmeras (palma aceitera) se esparcen por el
paisaje verde del norte de Honduras. "Aquí," dice ella con una voz
suave, decidida, apuntando a un lugar en su lado de la valla, donde
un equipo de búsqueda encontró los últimos trazos de vida de su
padre.
Gregorio Chávez, pastor y finquero, desapareció en julio de 2012.
Horas después, hombres de su comunidad campesina encontraron el
aporcador que él había llevado para cuidar de sus hortalizas. También
encontraron en la tierra marcas de alguien arrastrado en dirección a
la propiedad de Dinant, dice Glenda.
Cuatro días después de la desaparición de Gregorio Chávez, el equipo
de búsqueda encontró el cuerpo del pastor en la finca Paso Aguán,
enterrado bajo una pila de hojas de Palma. Él fue asesinado a golpes
en la cabeza y su cuerpo mostraba señales de que podría haber sido
torturado, según un promotor especial del gobierno responsable de
investigar el caso. Glenda y los otros residentes locales
inmediatamente sospecharon que él había sido asesinado por hablar
en sus predicaciones contra la Dinant, empresa opuesta a la
comunidad en una batalla sobre la posesión de una tierra que la
empresa había incorporado, hace mucho tiempo, en su vasta

2. operación [para ampliar el área] de aceite de palma africana (dendê).
"Estas fincas están bañadas en sangre", dice Glenda Chávez. "No fue
sólo mi padre. Más de 100 agricultores que han muerto en defensa de
su la tierra".
Según el procurador especial Javier Guzmán, guardias de seguridad
contratados por la Dinant son "los principales sospechosos" en el
asesinato de Gregorio Chávez, pero nadie ha sido acusado
judicialmente en este caso. La compañía niega tener implicación en la
muerte del pastor asesinado.
Según Guzmán, quien fue asignado por el gobierno para investigar la
ola de violencia que ha afectado el Valle del Bajo Aguán, en
Honduras, en los últimos años, el asesinato del pastor es uno de los
133 que están vinculados a los conflictos de tierras en la región. Las
circunstancias de esas muertes permanecen en disputa en una lucha
que ha puesto la Dinant y otras grandes corporaciones propietarias
de tierras contra los campesinos, siendo que ambos lados están
implicados en episodios de violencia con horribles consecuencias.
El conflicto ha atraído la atención internacional. Una de las razones es
que Dinant, uno de los protagonistas claves de la historia, ha sido
financiada por una agencia del Banco Mundial. La Dinant fue apoyada
por la Corporación Financiera Internacional (IFC, sigla en inglés), un
brazo del Banco Mundial que hace préstamos a las empresas
privadas. La IFC financió a Dinant, uno de los principales productores
de aceite de dendê y alimentos de América Central, en medio de los
recientes conflictos de tierra. La Dinant recibió US$ 15 millones en
2009 y, en 2011, US$ 70 millones fueron enviados a un banco
hondureño que es uno de los mayores financiadores de la empresa.
Al financiar a esta empresa, la IFC, se ha alineado con uno de los
actores principales en un conflicto civil mortal, apostando su dinero y
reputación junto a una corporación poderosa con una historia
cuestionable. La IFC ha ignorado pruebas que podrían obtenerse
fácilmente y que deberían haberla prevenido de hacer negocios con la
Dinant, conforme la oidoría interna descubrió más tarde.
Mark Constantine, representante oficial de la IFC, responsable para
gestionar riesgos sociales y ambientales, dice que la institución
aprobó el préstamo a la Dinant antes de los episodios de violencia en
el Bajo Aguán salieran de control. Según él, la IFC está cambiando
sus políticas para hacer una mejor previsión de los riesgos a las
comunidades locales. "Nosotros tomamos una fotografía en aquel
momento y actuamos en base a eso", explica
Constantine. ¿"Deberíamos haber reconocido algunas de estas
cuestiones históricas antes? Sin repuesta".

3. Niño carga pollos vivos en la comunidad Panamá,
que bordea la finca Paso Aguán, de la Dinant. Foto:
ICIJ
Con el creciente impulso a inversiones privadas en los países en
desarrollo, la IFC se ha expandido rápidamente. Los préstamos
anuales alcanzaron a US$ 17,300 millones en 2014, un aumento de
36% en comparación con 2010. A pesar del crecimiento - y reclamos
en Honduras y en otros lugares por haber destinado dinero a
compañías involucradas en el acaparamiento de tierras y violación de
los derechos humanos -, la IFC permanece menos conocida que el
Banco Mundial, su institución- hermana que hace préstamos a los
gobiernos.
Grupos defensores de los derechos humanos y ex empleados del
Banco dicen que la IFC asume riesgos mayores y es menos
responsable que el Banco Mundial. Paul Cadario, ex gestor jubilado
que trabajó durante 37 años en el Banco Mundial, dice que el Banco
tiene "un ejército de científicos sociales", que son sensibles a las
reglas del Banco para proteger a las comunidades locales y al medio
ambiente. Por otro lado, agrega que la IFC tiende a confiar en las
garantías "de que nada va a salir mal", dadas por sus clientes del
sector privado.
Reclamos sobre los clientes de la IFC a menudo implican a
poblaciones vulnerables que afirman estar siendo ignoradas y
marginadas para abrir espacios a grandes proyectos. Desde 2004, la
IFC ha aprobado más de 180 proyectos que pueden involucrar
desplazamientos físicos o económicos, según un análisis de
documentos de la propia institución realizado por el International
Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). En estos casos, las

4. familias desplazadas pueden perder sus casas u otros bienes o sufrir
daños en sus medios de subsistencia.
En el caso de la Dinant, la oidoría interna de la IFC concluyó que la
falta de atención de la institución a los peligros de hacer negocios con
la empresa ha generado serios problemas en la gestión de proyectos
que resultan riesgosos. La cultura de la IFC es tan enfocada en los
resultados finales que es posible encontrar el siguiente texto en un
informe de diciembre de 2013: "es permitido alentar al equipo a
ignorar, dejar de articular o incluso encubrir potenciales riesgos
medioambientales, sociales y relacionados a conflictos".
Muchas inversiones controvertidas de la IFC implican préstamos a
intermediarios, como bancos, fondos de cobertura y empresas de
capital privado. Manejando la financiación a través de estos
intermediarios – en vez de prestar directamente a los clientes del
sector privado – la IFC facilita que sus reglas sean ignoradas por los
beneficiarios finales.
Desde 2014, 42% de las inversiones de la IFC pasaron a ser hechas a
través de intermediarios financieros, según la oidoría de la
institución. En una auditoría de inversión de la IFC en el Banco
Ficohsa, el banco hondureño que fue uno de los principales
financiadores de la Dinant, la oidoría describe las inversiones con
intermediarios como una "exposición no analizada y no cuantificada
de proyectos con impactos ambientales significativos".
Niño cosecha palmas aceiteras, en La Confianza. Foto:
ICIJ

5. Según la oidoría, esas exposiciones son "realmente secretas",
dejándolos "privados de los sistemas diseñados para asegurar que la
IFC y sus clientes sean responsabilizados". Según análisis del grupo
antipobreza Oxfam, desde 2012 solamente 6% de los destinatarios
finales del dinero de los préstamos a intermediarios financieros que
fueron clasificados como de alto riesgo por la IFC fueron revelados.
Desde 2011, seis comunidades en Asia, África y América Latina han
denunciado a la oidoría proyectos apoyados por instituciones
financieras pagadas por la IFC. Entre los afectados por estos
proyectos están los residentes de Uganda que afirman que sus casas
fueron incendiadas para dar paso a cultivos de pinos y eucaliptos,
además de los finqueros en Camboya que tuvieron sus campos de
arroz convertidos en plantaciones de caucho.
El caso Dinant se destaca porque se trata de una batalla de décadas
sobre una tierra que ha pasado de mano en mano entre hacendados
y agricultores – y también en razón de cantidad de cuerpos asociado
con el conflicto.
La IFC dice haber tomado medidas para contrarrestar la violencia en
el Bajo Aguán: la contratación de un mediador para manejar las
negociaciones entre la Dinant, los agricultores de la región y las
autoridades hondureñas y convencer la Dinant a renovar sus
protocolos de seguridad, desarmar a los guardias encargados de las
haciendas. La segunda parcela del préstamo de la IFC a la Dinant –
US$ 15 millones – fue retenida debido a los problemas con la
empresa.
La IFC reconoce que los préstamos en regiones conflictivas presentan
riesgos, pero dice que su trabajo en estas áreas es esencial para su
misión. Según funcionarios de la IFC, estas inversiones generan
empleos y prosperidad, lo que puede ayudar a romper el ciclo de
violencia.
En 2014, la IFC invirtió US$ 640 millones en "situaciones de fragilidad
y afectadas por conflictos”. La institución se comprometió a aumentar
en 50% las inversiones en estas regiones entre 2012 y 2016. "Eso no
es para los débiles de corazón”, dice Constantine, gestor de riesgos
de la IFC. "¿Si no fuéramos nosotros, quién lo haría?”
Señales de problema
La disputa de tierras en Bajo Aguán comenzó en la década de 70,
cuando la ley nacional de la reforma agraria distribuyó la mayor parte
del rico terreno del valle a organizaciones lideradas por campesinos.
Fue una victoria para los agricultores más pobres y atrajo oleadas de

6. migrantes a la fértil región del Aguán. La suerte de los campesinos
cambió en la década de 90, cuando el gobierno de Honduras,
aconsejado por el Banco Mundial, cambió radicalmente las reglas de
propiedad de la tierra.
En marzo de 1992, Honduras aprobó una ley que por primera vez,
permitió que las tierras pertenecientes a los agricultores fueran
apropiadas y vendidas. El Banco Mundial apoyó el cambio, que hizo
parte de una serie de reformas promovidas como parte de los
esfuerzos para conducir a Honduras [más fuertemente] a una
economía de mercado.
Después que la nueva Ley entró en vigor, zonas de propiedad
colectiva pronto fueron pasadas a la Dinant y otras grandes
corporaciones. Gran parte de la tierra se ha convertido en fincas de
palma africana para la producción industrial de aceite de palma,
utilizado para la fabricación de champús, helado, margarina y muchos
otros cosméticos y alimentos. Los ambientalistas sostienen que el
rápido crecimiento de la producción de aceite de palma llevó a la
deforestación y expulsó a poblaciones vulnerables de sus tierras
nativas.
Entre 1990 y 1994, un área de aproximadamente 21 mil hectáreas-
74% de la tierra de los campesinos del Bajo Aguán – fue vendida,
según un informe realizado en 2010 por una coalición de
organizaciones de agricultores.
Constantine, de la IFC, afirma que las ventas manifestaron el fracaso
del modelo colectivo creado con la reforma agraria. "Aquel
experimento social no fue muy exitoso", dice. "Los grandes
propietarios de tierras han infringido las leyes y compraron las tierras
de vendedores dispuestos a negociar".
Los agricultores y sus abogados cuentan una historia diferente. Una
vez que se podían vender las tierras colectivas, los campesinos
pasaron a ser presionados por los hacendados para que dejaran a un
lado sus derechos. Estos agricultores afirman que algunos de sus
líderes, después de que se negaron a vender las tierras, fueron
amenazados por matones y tuvieron sus casas atacadas por disparos.
Fraudes también fueron una práctica frecuente. Según los
agricultores, facciones dentro de los propios colectivos firmaron
ventas de tierra a cambio de pagos a individuales [a personas que no
representaban a todo el colectivo].
En respuesta, los campesinos formaron organizaciones populares
para cuestionar las ventas de tierras en los tribunales y ante el

7. ejecutivo. Ellos exigieron que el gobierno devolviera las tierras que
antes pertenecían a los colectivos.
En agosto de 2008, 12 personas murieron en un enfrentamiento
entre terratenientes y agricultores que disputaban una tierra
previamente utilizada como un centro de entrenamiento militar. En el
mismo mes, un equipo de IFC visitó a Dinant para evaluar un posible
préstamo.
Poco después, en diciembre de 2008, la directiva de la IFC aprobó un
préstamo de US$ 30 millones a la Dinant. El crédito ha sido calificado
como "Categoría B", indicando que había baja posibilidad de que la
inversión generara graves problemas sociales y ambientales.
Posteriormente, la oidoría de la IFC descubrió que las pesquisas
hechas por el equipo de evaluación del Dinant eran fallas– la más
grande propietaria de tierras en Bajo Aguán- y su propietario, Miguel
Facussé, considerado por la revista Forbes uno de los multi
millonarios más poderosos de Centroamérica.
Según informes de la oidoría, si el equipo hubiera hecho una simple
búsqueda en internet, habría encontrado noticias que demuestran
que Facussé fue acusado de estar implicado en el asesinato de un
activista ambiental, recibió una orden de arresto por supuestos
delitos ambientales y estuvo involucrado en una serie de disputas por
la tierra.
La orden de detención de Facussé, acusado de permitir que una de
sus unidades industriales derramaran toxinas en el agua potable
[usada por la población] desde hacía dos décadas, fue revocada
después de que la jueza que había expedido la orden, dejó el cargo.
En 2003, un tribunal rechazó las acusaciones de que Facussé habría
colaborado en el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras.
Facussé y la Dinant negaron cualquiera irregularidad en estos
procesos judiciales.
La IFC y Dinant firmaron el acuerdo de préstamo en abril de 2009,
cuando los agricultores todavía esperaban que las disputas de tierra
en la región pudrieran resolverse pacíficamente. Manuel Zelaya,
Presidente de Honduras en ese el tiempo, se ofreció a negociar con
los movimientos de agricultores y hacendados en el Bajo Aguán un
acuerdo político para devolver parte de la tierra en disputa a los
campesinos. Luego, el giro político en el país terminó aumentando la
violencia.
Un aviso del púlpito

8. En el verano de 2009, Glenda Chávez tenía una hija de 7 años de
edad y estaba embarazada de su segundo hijo. Ella pasaba la mayor
parte del tiempo trabajando en su máquina de coser para ganar
dinero. A finales de junio, soldados invadieron la residencia
presidencial, sacaron Zelaya del poder y lo pusieron en un avión
rumbo a Costa Rica. Glenda recuerda que su padre describió el golpe
como "bárbaro". Pero ella no se involucró en la creciente lucha que
dividía el país. "Yo no me interesaba mucho en la política", recuerda.
El gobierno respaldado por militares que tomó el poder, dejó claro
que no continuaría con la reforma agraria prometida por Zelaya.
Indignado por el golpe de estado y sin opciones políticas, el
movimiento de los agricultores adoptó una nueva táctica - ocupar en
masa las tierras en disputa. Los agricultores llaman esas acciones de
"recuperaciones". La Dinant la describe como "invasiones". Muchas de
las muertes en el Bajo Aguán ocurrieron durante estas ocupaciones.
La Dinant siempre contó con el ejército hondureño para expulsar a los
agricultores pobres de las áreas disputadas. La empresa y el ejército
sostienen que los ocupantes están armados y son violentos. "Los
agricultores no entraron de forma pacífica", argumenta el coronel
René Jovel, comandante de la Operación Xatruch, una operación
militar con órdenes de pacificar la región del Bajo Aguán. "Ellos
entran con hachas, escopetas, pistolas, fusiles AK-47".
Guzmán, el promotor especial, dice que en algunos casos los
agricultores se mataran unos a los otros, contratando pistoleros para
resolver luchas dentro del movimiento por el control de las lucrativas
fincas que producen aceite de palma.
El promotor especial Javier Guzmán. Foto: ICIJ

9. Los grupos campesinos sostienen que las afirmaciones son forjadas
por la empresa y por el gobierno para justificar los abusos cometidos
por soldados y guardias de seguridad de la Dinant. Un informe
realizado en 2013 por el Permanent Human Rights Observer for
Aguán, grupo de derechos humanos, vinculado a los movimientos
agricultores, revela que de las más de 100 muertes violentas
asociadas al conflicto de tierras, 89 eran de campesinos y 19
corresponden a guardias de seguridad, policías, militares o
propietarios de tierras. Vitalino Alvares, portavoz del movimiento de
los agricultores, dice que las ocupaciones no son violentas. Pregunta
"¿por qué los lesionados son siempre los agricultores?", pregunta.
En noviembre de 2010, cinco agricultores murieron durante un
intento de ocupar la hacienda El Tumbador, de la Dinant. Aunque
haya pocas dudas de que los guardias de la compañía hayan
disparado los tiros fatales, la Dinant sostiene que ellos actuaron en
defensa propia durante un ataque armado de más de 160
agricultores.
Francisco Ramírez, quien sobrevivió a la ocupación de El Tumbador,
tiene una gran cicatriz atravesando su rostro, producto de una bala
que entró por una mejilla y salió por la otra. Explica que estaba
desarmado y caminando hacia la puerta principal de la finca con otro
agricultor cuando guardias de seguridad de la Dinant, que estaban
escondidos detrás de una colina, los sorprendieron con una lluvia de
disparos. "Acá es donde ocurrió la emboscada", dice Ramírez,
señalando a una pequeña colina cubierto de árboles y vegetación
densa, al lado de la carretera en El Tumbador. "Acá fue donde yo
sentí el impacto de la bala en mi rostro".

10. Francisco Ramírez, un pequeño finquero, muestra la ruta
de escape por donde corrió después de recibir un disparo
en el rostro, durante un intento de ocupar la hacienda El
Tumbador, de la Dinant. Foto: ICIJ
Roger Pineda, director de relaciones corporativas de la Dinant, dice
que no hubo emboscada. Perturbado por las muertes en El
Tumbador, el Presidente de la IFC pidió para la Dinant que se
contuviera y solicitó al gobierno de Honduras encontrar una solución
pacífica para el conflicto de tierras. Pero la violencia continuó,
llegando cada vez más cerca de Paso Aguán y de la familia Chávez.
En mayo de 2011, un agricultor activista llamado Francisco Pascual
Lopes desapareció cerca de la finca de Paso Aguán. Miembros de la
comunidad encontraron rastros de sangre que conducían a la finca,
según testifica Human Rights Watch.
En aquel mismo mes, el directorio de la IFC aprobó un préstamo de
US$ 70 millones al Banco Ficohsa - una de las mayores instituciones
financieras de Honduras, con el objetivo de "otorgar préstamos a las
pequeñas y medianas empresas del país." El conglomerado Dinant se
encuentra entre los mayores clientes del Ficohsa, habiendo asegurado
aproximadamente US$ 17 millones en préstamos de ese banco, en
2008.
Incluso una vez que segunda mitad del préstamo directo a la Dinant
fuera retenida por la IFC, la institución no se negó a financiar la
empresa a través de un intermediario. Dado que los préstamos del
Ficohsa para la Dinant crecieron hasta 2010, el equipo de la IFC
dispensó los límites de la institución referidos al monto que el banco
podría prestar a un cliente, haciendo constar que la Dinant era una
empresa "líder regional" y su dueño, Miguel Facussé, "un empresario
respetable”;
Tres meses después del préstamo a Ficohsa haber sido aprobado, la
Dinant informó haber sufrido un ataque mortal de campesinos
durante un intento de recuperar la finca de Paso Aguán. Según
Pineda, cuatro guardias y un funcionario de la Dinant fueron muertos
y al menos uno de los guardias parecía haber sido ejecutado. El
funcionario de Dinant fue torturado y sus orejas fueron cortadas, dice
Pineda.
Glenda Chávez recuerda que, con la difusión de los conflictos, su
padre comenzó a hablar en contra de la Dinant en sus predicaciones.
Gregorio Chávez nunca fue afiliado a los movimientos campesinos,

11. pero se quedó frustrado con la compañía a la medida que sus
guardias se convertían en presencias intimidantes, imponiendo un
toque de queda a las 18 horas. Él plantó palma aceitera en la
propiedad de la familia, pero cuando salió a vender sus frutas, explica
la hija, fue amenazado por guardias de la Dinant y por policías que
asumieron que sus productos eran robados. "Él era un hombre que
jamás se quedaba en silencio", dice Glenda. "A él nunca le gustó la
injusticia y no le gustaba que Miguel Facussé viniera a nuestra
comunidad".
La violencia que golpeó a otras partes del norte de Honduras aún no
había llegado a la pequeña comunidad de alrededor de 450 familias
llamada Panamá. Glenda recuerda que, en los últimos meses, desde
el púlpito, su padre comunicó signos que prenunciaron su muerte
violenta. "Él predicó: ‘Cuando ellos derramaren la sangre de uno de
nosotros, la comunidad se va levantar", recuerda Glenda.
Revueltas en Panamá
Glenda recuerda que, en la noche del 2 de julio de 2012, su madre
vino a decirle que su padre no había vuelto a casa. "Fue cuando sentí
en mi corazón que algo había pasado", dice. La familia Chávez y sus
vecinos comenzaron una búsqueda desesperada. Glenda llamó
parientes y miembros de la iglesia alertaron la policía y los bomberos.
Después que la policía encontró el hacha de Gregorio, la comunidad
exigió el acceso a la finca de Paso Aguán.
Varios días pasaron antes de que el equipo de búsqueda consiguiera
entrar en la propiedad. Grupo de policiales y campesinos comenzaron
a recorrer las 1.200 hectáreas en busca de señales del pastor
desaparecido. Al principio, regresaron con las manos vacías. Después,
recuerda Glenda, los agricultores exigieron acceso a una sección
inexplorada de la propiedad, conocida como Lote 8.
Los guardias de la Dinant dijeron que la zona era restricta e
intentaron negar la entrada, cuenta Glenda. Después de
negociaciones con la policía, los guardias aceptaron abrir el lote 8 y
agricultores y policiales comenzaron las búsquedas. El 6 de julio, el
cuerpo de Gregorio fue encontrado.
Pineda, portavoz de la Dinant, dice que la compañía ya no era la
responsable por el Lote 8, cuando el cuerpo del pastor fue
encontrado. En los días siguientes a la desaparición de Gregorio, dice
Pineda, los agricultores que buscaban el cuerpo tomaron el Lote 8 y
otras partes de la propiedad, robando tractores, frutos de la palma,
quemando un almacén. Pineda dije que estos guerrilleros violentos
podrían haber traído el cuerpo desde cualquier lugar.

12. Pineda dijo que la Dinant y sus guardias no tenían motivos para
matar a Gregorio Chávez. "Nosotros nunca tuvimos ningún problema
con Gregorio Chávez, siempre fuimos vecinos", dice. "¿Qué
podríamos ganar con eso?"
Guzmán, el promotor especial, dice que las sospechas de los
agricultores son que los guardias de la Dinant mataron a Gregorio
Chávez, representa la explicación "más confiable" sobre su muerte.
Pero él afirma que no hay testigos o pruebas científicas que impliquen
a los guardias en el asesinato. "Ellos son los sospechosos, pero no
hay evidencias concretas", dice Guzmán.
Después que el cuerpo del pastor fue descubierto, la indignación se
apoderó de la comunidad Panamá. Los residentes crearon una nueva
organización para luchar por su causa: El Movimiento para la
Refundación ‘Gregorio Chávez’. Glenda fue llamada muchas veces
para hablar a la comunidad. Aún es doloroso para ella discutir la
muerte de su padre, pero ella narra con mucha calma los
acontecimientos alrededor del asesinato.
Junto con la denuncia de violencia contra los campesinos, el
Movimiento Gregorio Chávez exige que la Dinant transforme la finca
Paso Aguán en propiedad campesina. La Dinant se niega a vender las
tierras en disputa, dejando los dos lados estancados. "La propiedad
de Paso Aguán se recuperará", dijo Santos Torres, uno de los líderes
del movimiento campesino de la comunidad Panamá, durante una
entrevista radial que la Dinant compartió con los reporteros del ICIJ.
"Vamos recuperarla, aunque tengamos que llenar las calles de
sangre". Más tarde, Torres explicó al ICIJ que hacía referencia a la
sangre derramada por los agricultores dispuestos a sacrificar sus
vidas para recuperar la tierra. "Si tuviéramos que morir aquí, es aquí
donde moriremos", dice.
"Liberando el dinero”
A la medida que la violencia se incrementaba en el Bajo Aguán, la
Dinant siguió beneficiándose de las inversiones de la IFC. En febrero
de 2013, a más de un año de la inversión de la IFC en Ficohsa, el
banco dio a la Dinant un préstamo de US$ 5 millones. El dinero era
una parte del préstamo de más de US$ 39 millones que el Ficohsa
concedería a la Dinant durante las inversiones de la IFC en el banco.
Mientras tanto, el método de control de daños sociales y ambientales
del Ficohsa fue disparando alarmas dentro de la IFC. En el mismo
mes en que el banco concedió un nuevo préstamo a la Dinant, la IFC
encontró que Ficohsa no siguió las políticas de salvaguardias

13. ambientales y sociales de la institución, que sirven para proteger la
población que vive en los alrededores de los proyectos financiados.
Eso no impidió a la IFC continuar trabajando con el banco hondureño.
En noviembre de 2013, el Programa de Financiamiento para el
Comercio Global de la IFC aseguró a Ficohsa dos acuerdos
comerciales con la Dinant.
Al mes siguiente, la oidoría de la IFC divulgó el informe sobre el
financiamiento de la Dinant. El observatorio interno encontró que la
IFC falló en cada paso al investigar adecuadamente o supervisar la
Dinant. Según un empleado del banco que conversó con la oidoría, el
departamento de inversiones quería "liberar el dinero", con poca
atención a los riesgos sociales y muchas veces pasando por encima
de las preocupaciones del equipo de salvaguardia.
El informe indica que, en el caso Dinant, el gerente de portafolio de la
IFC rechazó los llamados del especialista en medio ambiente para que
siguieran una línea más dura con la empresa. El especialista fue
sustituido. En junio de 2014, la IFC adquirió una participación
accionaria de US$ 5,5 millones en el Ficohsa.
La IFC prometió reformular su método de evaluación de riesgos
sociales de los proyectos y el modo de supervisar las inversiones en
intermediarios. Fue creada una nueva vicepresidencia para lidiar con
la gestión de riesgos y un plan de acción para mejorar la supervisión
de los intermediarios financieros y empezar selección de los
destinatarios finales de los préstamos. "Estamos intentando resolver
eso estructuralmente y también culturalmente", dijo Morgan Landy,
director del departamento ambiental, social y de gobernanza de la
IFC en un foro con grupos comunitarios en octubre de 2014.
"Humillados en nuestras casas”
El 3 de julio de 2014, los agricultores del Movimiento Gregorio
Chávez intentaron nuevamente ocupar la propiedad de Paso Aguán.
Ellos ocuparon la finca durante aproximadamente un día antes que
los soldados del coronel Jovel entraran y les expulsaran. Miembros de
la comunidad Panamá dicen que los soldados abrieron fuego contra
ellos durante las expulsiones. David Ponce, un joven agricultor,
muestra las cicatrices de una bala que le rasgó el hombro. Otros
dicen que fueron golpeados y torturados por los soldados.

14. Fotos ofrecidas por la comunidad Panamá documentan
las heridas sufridos por campesinos cuando soldados
hondureños los expulsaron de una ocupación en la
finca Paso Aguán, de la Dinant, en julio de 2014.
Glenda Chávez cuenta que estaba presente durante las expulsiones
como defensora de los derechos humanos, utilizando una cámara
para filmar los soldados disparando contra los agricultores. Ella dice
haber sido detenida por los soldados y sólo fue liberada tras entregar
la cámara. "Dejé la cámara caer. Me saqué el chaleco donde
guardaba la cámara, mi teléfono y dinero y lo dejé en el suelo",
explica. "Ellos se llevaron [el chaleco] y yo huí".
En noviembre, durante la visita del ICIJ a Paso Aguán, el coronel
Jovel advirtió a los reporteros que los agricultores de la comunidad
Panamá intentarían llamar la atención internacional provocando
violencia durante la visita. Jovel contó al equipo de reportaje ICIJ que
había enviado soldados a Paso Aguán para evitar un intento de
ocupación y que no podría garantizar la seguridad de los reporteros si
ellos visitaban la comunidad Panamá. Más tarde, en aquel día, el
equipo de reportaje visitó la comunidad, evitando las tierras en
disputa en Paso Aguán.
Santos Torres, líder de los agricultores que habló de llenar las calles
de sangre, se sentó con una docena de personas en el césped frente
a la casa de Glenda. Él mostró sus cicatrices y fotografías que
documentan los desalojos ocurridos en julio. Torres se burló de la
idea de que él y sus compañeros estarían planeando una
confrontación. La realidad, dijo, es que "nosotros somos humillados
dentro de nuestras propias casas, sin poder salir".

15. El bosque donde Gregorio Chávez desapareció queda a corta distancia
caminando por una carretera polvorienta cerca de donde los
agricultores estaban reunidos. Glenda ha comenzado a plantar
árboles de naranja entre las palmas aceiteras plantadas por su padre.
Cree que estas palmeras sólo trajeron sufrimiento a la comunidad.
Ella coge una naranja y, con bastante habilidad, la descasca con el
machete. Está madura y dulce.
"Cuando una palma aceitera muere, nosotros plantamos otra cosa",
dice Glenda. "Algo que nos beneficie a nosotros, los agricultores."
Colaboraron en el reportaje Cécile Schilis-Gallego y Shane Shifflett.
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