Informe presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos busca establecer la responsabilidad extraterritorial de Canadá en la violación de derechos humanos producto de la actividad minera de gran escala, así como regular la facilidad con que se desarrollan las inversiones extranjeras. El caso de Pascua Lama, de la empresa Barrick Gold, es uno de los 22 proyectos analizados en nueve países de la región

1. Estudio señala impacto negativo de minería canadiense en
América Latina
Fernando Seymour | Jueves 24 de abril 2014
Informe presentado ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos busca establecer la responsabilidad extraterritorial de
Canadá en la violación de derechos humanos producto de la actividad
minera de gran escala, así como regular la facilidad con que se
desarrollan las inversiones extranjeras. El caso de Pascua Lama, de la
empresa Barrick Gold, es uno de los 22 proyectos analizados en
nueve países de la región.
A partir de la resistencia desarrollada por diversas comunidades en el
contexto latinoamericano, se han visibilizado varios conflictos ligados
a la minería de gran escala, cuyas consecuencias se constatan en el
medio ambiente y en la vulneración de derechos humanos.
Así lo plantea un grupo de ONGs que presentó esta semana ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe
titulado “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la
responsabilidad de Canadá”, en el que se identifican varios patrones
sobre el actuar de las empresas de ese país, las que representan
entre el 50 y el 70 por ciento del total de la actividad.
Además, el texto establece que a pesar de que las autoridades
canadienses conocen las problemáticas de los casos estudiados,
continúan entregando apoyo político, jurídico y financiero a los
operadores de los proyectos.
En ese contexto, y con la finalidad de reflexionar y plantear
estrategias comunes frente a los efectos de las trasnacionales, se

2. constituye en 2010 el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos
Humanos en América Latina, autores del informe.
Una de las siete organizaciones integrantes es el Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), cuyo director,
Lucio Cuenca, apunta tanto a la responsabilidad del Estado
canadiense y sus empresas, como también a los gobiernos que no
aseguran una legislación para garantizar los derechos humanos de la
ciudadanía.
“En la mayoría de los países donde se ha intensificado la inversión
minera canadiense, esto ha significado en muchos casos una serie de
conflictos y vulneración de los derechos humanos. Hay que fortalecer
una regulación que tiene que ver con la facilidad y los incentivos que
hoy tienen las inversiones extranjeras. Incluso los gobiernos
compiten para ver quien les da más garantías”, analiza.
Al momento de elaborar el documento, los datos del Observatorio de
Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registraban alrededor
de 198 conflictos activos ligados a la minería de gran escala. Con esa
información se seleccionaron 22 proyectos altamente contaminantes,
gestionados y ejecutados por 20 empresas canadienses, cuyas filiales
han desarrollado trabajos en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.
Críticas contra Pascua Lama
En el caso de Chile, el estudio apunta a Pascua Lama, el proyecto de
extracción de oro de la empresa Barrick Gold, instalado en la región
de Atacama. Sus prácticas y funcionamiento son criticadas por la
diputada Yasna Provoste, ex intendenta e integrante de la comisión
de Minería y Energía de la Cámara.
“En lo que ha sido una mala política de Pascua Lama no solo hemos
visto un deterioro desde el punto de vista de la calidad del ambiente,
sino que también una fragmentación muy fuerte respecto del tejido
social. Esto, porque algunas malas empresas entienden que la
responsabilidad social es entregar dinero para dividir a comunidades,
que es lo que hemos visto a partir del proyecto Pascua Lama. Y
tampoco me parece justo extender las malas prácticas de Barrick
Gold al resto de la gran minería”, explica.
Además de destacar los negativos impactos ambientales que se
generan con la contaminación del aire, las aguas y el suelo, el estudio
plantea otras condiciones ligadas a la actividad minera: existencia de
marcos jurídicos deficientes; desinterés por los pueblos indígenas,
reservas naturales y zonas protegidas; escasa participación
ciudadana; y poca efectividad de los recursos judiciales.

3. En cuanto a los impactos socioeconómicos, se identifica la alteración
de las fuentes de ingreso y de los modos de subsistencia, lo que
genera un mayor empobrecimiento, y las promesas de prosperidad,
empleo y soluciones rápidas a la situación de vulnerabilidad de las
poblaciones que habitan las regiones mineras.
Asimismo, destaca la criminalización de la actividad de defensa de
derechos, el cierre de espacios institucionales de diálogo y la
exacerbación de la violencia, amenazas y hostigamientos, además de
desplazamientos forzados y división de las comunidades.
Todos estos factores son constatados por Juan Carlos Labrín,
coordinador del movimiento SOS Huasco, valle que ha sido afectado
por los trabajos de Pascua Lama.
“La minera aún no empieza su proceso de extracción y ya ha causado
daños irreparables en el ámbito social de los trabajadores, donde
llegan muchos trabajadores, mucha droga, se masifica la prostitución,
inclusive infantil. La megaminería promete muchas cosas en cuanto a
progreso y desarrollo, pero en términos concretos de crecimiento de
una sociedad no lo hemos visto. Incluso, cada vez vemos más
pobreza en los distintos valles, ya que la gran minería va acabando
rotundamente con la agricultura y la ganadería”, denuncia.
A esto se suma, de acuerdo al informe, la cesión o venta de tierras
por parte de las comunidades que habitan las zonas de los proyectos,
producto de engaños, maniobras fraudulentas o desalojos forzosos.
Por ello, el objetivo que se plantean las ONGs es abordar la
responsabilidad extraterritorial del Estado canadiense respecto del
comportamiento de sus empresas, considerando el apoyo económico
y político que reciben, el blindaje que poseen a través de acuerdos de
libre comercio, la injerencia en los demás países, además de un
marco jurídico que no permite prevenir y sancionar las violaciones de
derechos humanos ocasionadas por la actividad minera.