Ley Ambiental Honduras 1999

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL MEDIO AMBIENTE

MANUAL DE LEGISLACIÓN
AMBIENTAL DE HONDURAS

Tegucigalpa, 1999

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1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA JURÍDICO
La Constitución de la República, es la norma predominante del Estado, establece la
forma de Gobierno y con que Poderes gobierna.

1.1 Estructura del Estado
La Constitución de la República de Honduras aprobada por la Asamblea Nacional
Constituyente, como norma predominante del Estado, establece que la forma de
Gobierno es Republicana, Democrática y Representativa. Se ejerce por tres poderes:

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de
subordinación.

(Constitución de la República, Artículo 4)

1.1.1 Poder Legislativo:
"El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados, que serán elegidos por
sufragio directo. Se reunirá en sesiones ordinarias en la Capital de la República el
veinticinco de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria y clausurará sus
sesiones el treinta y uno de octubre del mismo año.


Atribuciones:

• Emitir Leyes

• Convocar, suspender y cerrar sus sesiones

• Emitir su Reglamento Interior

• Convocar a sesiones extraordinarias

• Incorporación de sus miembros

• Llamar a los diputados suplentes en casos requeridos.

• El Tribunal Nacional de Elecciones, declara la elección del Presidente y
Designados.

• Aceptar o no la renuncia de los Diputados por causa justificada.

• Elegir Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

• Elegir Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

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• Elección de Contralor, Sub- contralor, Procurador, Sub- procurador, Director y
Subdirector de Probidad Administrativa.

• Recibir promesa constitucional del Presidente y Designados a la Presidencia de la
República y a los demás funcionarios que elija concederles licencia y admitir
renuncias.

• Conceder o negar permiso de ausentarse al Presidente y Designados.

• Cambiar la residencia de los Poderes del Estado por causa grave.

• Declarar si ha lugar o no a formación de causa a altos funcionarios.

• Conceder amnistía por delitos políticos.

• Permiso para aceptar condecoraciones.

• Decretar premios y conceder privilegios

• Aprobar exenciones.

• Aprobar conductas administrativas, otros poderes e instituciones.

• Nombrar comisiones especiales de investigación.

• Interpelar Secretarios de Estado y otros funcionarios.

• Decretar suspensión de derechos.

• Conferir grados oficiales superiores Fuerzas Armadas.

• Fijar el número de miembros permanente de las Fuerzas Armadas.

• Autorizar o negar el tránsito de tropas extranjeras.

• Autorizar la salida de tropas nacionales al extranjero

• Declarar la guerra y hacer la paz.

• Autorizar la recepción de misiones militares extranjeras.

• Aprobar o improbar tratados internacionales

• Crear, suprimir empleos, decretar honores.

• Aprobar el Presupuesto de General de Ingresos y Egresos.

• Aprobar el presupuesto de instituciones descentralizadas.

• Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional y el patrón de pesas y
medidas.

• Establecer impuestos, contribuciones, cargas públicas.

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• Aprobar empréstitos celebrados por el Poder Ejecutivo.

• Establecer subsidios y subvenciones

• Aprobar o improbar cuentas, gastos públicos, conforme informe Contraloría
General de la República.

• Reglamentar el pago de la deuda nacional, a iniciativa del Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control de las rentas públicas.

• Autorizar al Poder Ejecutivo para enajenar bienes nacionales o su aplicación a
uso público.

• Autorizar puertos, crear y suprimir aduanas y zonas libres a iniciativas del Poder
Ejecutivo.

• Reglamentar el comercio marítimo, terrestre y aéreo

• Establecer los símbolos nacionales.

• Ejercer las demás atribuciones que le señalen esta Constitución y las leyes.

(Constitución de la República Artículo 205)

De la Formación, Sanción y Promulgación de la Ley:

1. Tienen exclusivamente la inic iativa de ley los Diputados al Congreso Nacional, el
Presidente de la República, por medio de los Secretarios de Estado así como la
Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Nacional de Elecciones, en asuntos de su
competencia.

2. Ningún Proyecto de Ley será definitivamente votado sino después de tres
debates efectuados en distintos días, salvo en caso de urgencia calificada por
simple mayoría de los diputados presentes.

3. Todo Proyecto de Ley, al aprobarse por el Congreso Nacional, se pasara al Poder
Ejecutivo, a más tardar dentro de tres días de haber sido votado, a fin de que
este le dé su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley. La sanción de
Ley se hará: Con esta fórmula: "Por Tanto Ejecútese".

4. Si el Poder Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar el Proyecto de
Ley lo devolverá al Congreso Nacional dentro de diez días, con esta fórmula:
"Vuelva al Congreso", exponiendo las razones en que funda su desacuerdo. Si en
el término expresado no lo objetare, se tendrá como sancionado y lo promulgará
como ley.

5. Cuando el Ejecutivo devolviere el Proyecto, el Congreso Nacional lo someterá a
nueva deliberación, y si fuere ratificado por dos tercios de votos, lo pasará de
nuevo al Poder Ejecutivo, con esta fórmula: "Ratificado Constitucionalmente" y,
éste lo publicará sin tardanza.

6. Si el veto se fundare en que el proyecto de ley es inconstitucional, no podrá
someterse a una nueva deliberación sin oír previamente a la Corte Suprema de

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Justicia; esta emitirá su dictamen en el término que el Congreso Nacional le
señale.

7. Cuando el Congreso Nacional vote un Proyecto de Ley al terminar sus sesiones y
el Ejecutivo crea inconveniente sancionarlo, está obligado a darle aviso
inmediatamente para que permanezca reunido hasta diez días, contados desde la
fecha en que el Congreso recibió el proyecto, y no haciéndolo, deberá remitir
éste, en los ocho primeros días de las sesiones del Congreso subsiguiente.

(Constitución de la República, Artículo 213, 214, 215, 216, 217)

Casos en que no es necesaria la Sanción Legislativa:

1. En las elecciones que el Congreso Nacional haga o declare; o en las
renuncias que admita o rechace.

2. Declaraciones de haber o no lugar a la formación de causa.

3. En los decretos que se refieren a la conducta del Poder Ejecutivo.

4. En los reglamentos que expida para su régimen interior.

5. En los decretos que apruebe para trasladar su sede a otro lugar del
territorio de Honduras temporalmente, o para suspender sus sesiones o para
convocar a sesiones extraordinarias.

6. En la ley de presupuesto.

7. En los tratados ó contratos que impruebe al Congreso Nacional y

8. 8. En las reformas que se decreten a la Constitución de la República. En
estos casos el Ejecutivo promulgará la ley con esta fórmula: "Por Tanto
Publíquese".


Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de
Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas
en los Códigos de la República, no podrán discutirse sin oír la opinión de aquel Tribunal.
La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso Nacional señale. Esta
disposición no comprende las leyes de orden político, económico y administrativo


Caso Proyecto Ley Desechado

Ningún proyecto de Ley desechado total o parcialmente, podrá discutirse de nuevo en la
misma legislatura.


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Promulgación, Publicación y Entrada en vigencia de la Ley:

La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido
veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA". Podrá, sin
embargo, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este artículo y
ordenarse, en casos especiales otra forma de promulgación.


1.1.2 Poder Ejecutivo
"El Poder Ejecutivo lo ejerce en representación y para beneficio del pueblo, el Presidente
de la República".


El Presidente de la República y tres designados a la Presidencia, serán electos conjunta
y directamente por el pueblo, por simple mayoría de votos. La elección será declarada
por el Tribunal Nacional de Elecciones y en su defecto, por el Congreso Nacional ó por la
Corte Suprema de Justicia en su caso. El período presidencial es de cuatro años y
empezará el veintisiete de enero siguiente a la fecha en que se realizó la elección

(Constitución de la República, Artículos 235, 236 y 237)

Atribuciones del Presidente de la República:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y convenciones Leyes y
demás disposiciones legales.

2. Dirigir la Política General del Estado y Representarlo

3. Mantener la independencia, honor e inviolabilidad territorial.

4. Mantener la paz, seguridad interior y exterior.

5. Nombramiento de Secretarios de Estado y otros funcionarios.

6. Excitar al Congreso Nacional a sesiones Extraordinarias por medio de la Comisión
Permanente o proponerle la prórroga de las ordinarias.

7. Restringir o suspender el ejercicio de derechos

8. Dirigir me nsajes al Congreso Nacional.

9. Participar en la Iniciativa de Ley.

10. Prestar auxilio a los demás Poderes del Estado.

11. Emitir disposiciones conforme la Ley.

12. Dirigir la política y las relaciones internacionales

13. Celebrar tratados y convenios.

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14. Nombrar jefes de misiones diplomáticas, expedir y retirar Exequátur.

15. Recibir jefes de misiones diplomáticos.

16. Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante
General.

17. Declarar la guerra y hacer paz en receso del Congreso Nacional, el cual deberá
ser convocado inmediatamente.

18. Velar por la conducta oficial de funcionarios y empleados públicos.

19. Administrar la Hacienda Pública.

20. Dictar medidas extraordinarias en materia económica.

21. Negociar empréstitos.

22. Formular el Plan Nacional de Desarrollo.

23. Regular las Tarifas arancelarias de conformidad con la Ley.

24. Indultar y conmutar las penas conforme a la Ley.

25. Conferir Condecoraciones conforme a la Ley.

26. Recaudar las rentas del Estado.

27. Publicar Trimestralmente el estado de Ingresos y Egresos de la Renta Pública.

28. Fomentar la Educación.

29. Promover la Salud.

30. Dirigir la Política Económica y Financiera del Estado.

31. Ejercer control de las Instituciones bancarias, aseguradoras y financieras.

32. Dictar medidas y disposiciones para la rápida ejecución de la Reforma Agraria.

33. Sancionar, vetar; promulgar y publicar leyes.

34. Dirigir y apoyar la política de Integración Económica y Social.

35. Crear, mantener y suprimir Servicios Públicos y tomar las medidas que sean
necesarias para el buen funcionamiento de los mismos.

36. Conferir grados militares subalternos.

37. Velar las Fuerzas Armadas sean apolíticas, esencialmente profesionales,
obedientes y no deliberantes.

38. Conceder y cancelar Cartas de Naturalización, autorizadas por el Poder
Ejecutivo, conforme a la Ley.

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39. Conceder pensiones, gratificaciones, y aguinaldos de acuerdo con la Ley.

40. Conceder personalidad jurídica.

41. Velar por la armonía entre el capital y el trabajo.

42. Revisar y Fijar el salario mínimo de conformidad con la Ley.

43. Permitir o negar, previa autorización del Congreso Nacional, el tránsito por el
territorio de Honduras de tropas de otro país.

44. Permitir salida tropas hondureñas.

45. Las demás que le confiere la Constitución y las Leyes.


1.1.3 Poder Judicial
La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra gratuitamente en
nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes. El Poder Judicial se integra
por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones y los Juzgados que
establezca la Ley. La Corte Suprema de Justicia tendrá su asiento en la capital de la
República. Estará formada por nueve magistrados propietarios y por siete suplentes,
elegidos por el Congreso Nacional, y estará dividida en salas, de acuerdo con lo que
disponga el Reglamento Interno de la misma Corte. La Ley reglamentará la organización
y funcionamiento de los Tribunales, Juzgados y Ministerio Público. (Constitución de la
República, Artículo 303 y 316).

1.2 Estructura Subnacional

1.2.1 Gobiernos Departamentales, Estatales o Autónomo
El régimen Departamental y Municipal de la Constitución de la República en su Artículo
294 establece que el territorio nacional se dividirá en Departamentos. Su creación y
limites serán decretados por el Congreso Nacional. Los departamentos se dividirán en
municipios autónomos administrados por Corporaciones electas por el pueblo, de
conformidad con la ley.

1.2.2 Gobiernos Municipales
La ley de Municipalidades establece la organización y funcionamiento de las
municipalidades y los requisitos para ser funcionario o empleado municipal.

(Ley de Municipalidades, Artículos 4,5,6,7,8,25,43).

1.2.3 Comunidades Indígenas
Nuestra Constitución de la República establece que el Estado preservará y estimulará las
culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folklore nacional, el arte popular
y las artesanías.

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Para los fines exclusivos de procurar el mejoramiento y desarrollo de las comunidades,
los ciudadanos tendrán derecho a asociarse libremente en Patronatos a constituir
Federaciones y Confederaciones. Es deber del Estado dictar medidas de protección de
los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país,
especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas.

(Constitución de la República, Artículos 173, 302 y 346).

Asimismo Honduras ha ratificado el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes.

1.3 Origen y Jerarquía del Orden Jurídico
Toda la Legislación Nacional (después de la Constitución de la República), está sometida
a un principio que se conoce como la Jerarquía Normativa, que tiene normativa, que
tiene el propósito de establecer el orden en que deben consultarse las leyes antes de su
aplicación, esto es muy práctico principalmente en caso de varias normas aplicables a
un mismo tema, el orden es el siguiente:

1. Constitución de la República

2. Tratados Internacionales ratificados por Honduras

3. Ley de Municipalidades

4. Leyes Administrativas Especiales

5. Leyes Especiales y Generales

6. Reglamento de la Ley de Municipalidades.

7. Reglamentos Generales o Especiales.

8. Ley de la Policía Nacional.

1. A Textos Jurídicos
Constitución de la República de Honduras (Decreto 131 Nº. 23,612 del 20 de Enero de
1982).

Le de Municipalidades (Decreto 134- 90, 2 de Octubre de 1990), Nº. 26,292).

Convenio 169 (Decreto 26- 95, 30 de Julio de 1,994).

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2. MARCO INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL

2.1 Organismos Públicos a Nivel Nacional encargados de la Gestión
Ambiental
Las dividiremos en dos instancias:

A- Instancias Administrativas

B- Instancias de Policía

A- Instancias Administrativas:

Incluirá el recuento y atribuciones de las instancias administrativas del país que
se hallan vinculadas al tema ambiental, particularmente relacionadas con el
control del ejercicio de otras instituciones, o de la forma en que se realizan
actividades humanas que inciden sobre el ambiente. Su tratamiento ha sido
dividido a su vez en dos sub temas:

a. Instancias Administrativas con funciones generales en materia ambiental.

b. Instancias Administrativas para la presentación de acciones o denuncias
ambientales.

; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental de
Honduras, la formulación y coordinación de las políticas nacionales sobre el
ambiente, velar porque se cumplan esas políticas y de la coordinación institucional
en materia ambiental. La máxima autoridad de la Secretaría es el Ministro del
Ambiente, pero el Representante Legal es el Procurador General de la República.

; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Esta Secretaría del Estado es responsable de la dirección y coordinación
superior del sector público agrícola. El Estado a través de esta dependencia
formula y da seguimiento al cumplimiento de las políticas de desarrollo de las
actividades agrícolas y forestales, cuya ejecución realiza la propia Secretaría de
Recursos Naturales así como los demás organismos administrativos competentes
y cualquier otra que se cree en el futuro con competencias generales o
especiales en materias relacionadas con las actividades agrícolas y con la
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. La máxima autoridad
de la Secretaría de Agricultura y ganadería es el Ministro de Recursos Naturales,
pero el Representante Legal es el Procurador General de la República.
;
Secretaría de Salud Pública (SSP)
En el Artículo 145 Constitucional se dispone que el Estado conservará el Medio
Ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. De lo anterior se
derivan muchas funciones relacionadas con la materia ambiental para la
Secretaría de Salud Pública. El Representante Legal es el Procurador General de

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la República. Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)

En materia ambiental tiene responsabilidad de velar porque se cumplan las
normas ambientales en construcción de carreteras y otras obras de ingeniería
que puedan afectar el medio ambiente. El Representante Legal es el
Procurador General de la República.

Secretaría de Educación Pública (SEP)
A través del Departamento de Educación Ambiental y Salud la Secretaría de
Educación Pública trata de incorporar la variable ambiental en todos los niveles
del sistema educativo y coordinar todas las acciones de educación ambiental a
nivel nacional.

El Representante Legal es el Procurador General de la República. Secretaría de
Trabajo y Previsión Social. (STPS)Esta Secretaría de Estado en materia
ambiental tiene las funciones de regular y proteger a los trabajadores que
manipulan los pesticidas, trabajan como cazadores de langosta y otras
actividades riesgosas relacionadas con el aprovechamiento de recursos
naturales.

El Representante Legal es el Procurador General de la República.

Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad Pública (SDN)
El Representante Legal es el Procurador General de la República. Entre otras
funciones, la Secretaría de Defensa Nacional (con Salud Pública y Recursos
Naturales) es responsable de ejercer control sobre el tratamiento de las aguas
continentales y marítimas, observando las normas técnicas y las regulaciones
establecidas.
(Ley General del Ambiente, Artículo 32).

; Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR).

Tiene por objeto el óptimo aprovechamiento de los recursos forestales con que
cuenta el país y asegurar la protección, mejora, conservación e incremento de
los mismos. La Corporación es el organismos ejecutor de la política forestal del
Estado. El Representante Legal de la Corporación es el Gerente General de la
Institución, nombrado por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Recursos Naturales.

; Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

El objetivo es promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua
potable y alcantarillados sanitarios y pluviales de todo el país. O sea que el
SANAA administra una parte de un recurso de gran importancia ambiental como
es el agua. También tienen competencia en el manejo del agua la Secretaría de
Recursos Naturales, a través de la Dirección de Recursos Hídricos y la
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal por la parte de Cuencas
Hidrográficas. El Representante Legal es el Gerente General del SANAA.

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; Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

La ENEE como institución descentralizada del Estado tiene la responsabilidad de
promover el desarrollo de la electrificación del país. La Representación Legal la
ejerce en su Gerente General de la ENEE.

; Instituto Hondureño de Turismo (INT)

Sus funciones son de estimular y promover el turismo como actividad económica
que impulse el desarrollo del país, por medio de la conservación, protección y
aprovechamiento racional de los recursos turísticos nacionales. El Representante
Legal del IHT, es su Director Ejecutivo.

; Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)

Tiene como propósito la defensa, exploración, conservación, restauración,
reparación, recuperación y acrecentamiento e investigación científica de los
tesoros arqueológicos, antropológicos, históricos y artísticos de la nación. Así
como de los lugares típicos y de belleza natural. El Representante Legal del IHAH
es su Director Ejecutivo.

; Dirección Ejecutiva de Catastro. (DEC)

Tiene como función exclusiva organizar, levantar y actualizar catastros o
inventarios generales de bienes inmuebles y recursos naturales agrícolas del país,
para fines civiles, económicos, fiscales y administrativos.

; Instituto Nacional Agrario (INA)

Tiene como objetivo primordial impulsar la reforma agraria como un proceso
integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país,
destinado a sustituir el latifundio y minifundio por un sistema de propiedad,
tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y
aumente la producción y la productividad del sector agropecuario.

; Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)

Es una institución autónoma del Estado, responsable de estudiar, encausar,
estimular, supervisar y orientar la actividad cafetalera, de acuerdo con la política
económica, social y fiscal del Estado y los Convenios Internacionales
relacionados con la materia.

; Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

En materia Ambiental la UNAH y las demás instituciones de Educación Superior
deben estudiar la posibilidad de efectuar las adecuaciones para incorporar la
educación ambiental en su currícula (Ley General del Ambiente, Artículo 84).

; Municipalidades

Con la nueva Ley de Municipalidades, los gobiernos legales asumen un rol muy
importante en la protección del ambiente y los recursos naturales. El
representante Legal de las Municipalidades es el Alcalde Municipal. Las

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Municipalidades en su jurisdicción, tienen una serie de funciones o competencias
para velar por el cumplimiento de la legislación ambiental, tanto de las normas
incluidas en su propia ley orgánica como las contenidas en otras leyes,
principalmente en la Ley General del Ambiente.

B- Instanc ias de Policía

Incluirá el recuento y atribuciones de las autoridades con atribuciones generales
en relación con todo delito o acción delictiva, y específicamente aquellas
relacionadas con el delito ecológico.

; Ministerio Público

Es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia política
secretaria, independientemente, funcionalmente de los poderes y entidades del
Estado. Su Representa Legal es el Fiscal General de la República. Establece la
Ley del Ministerio Público en su Artículo 1 Nume ral 6 de colaborar con la
protección del Medio Ambiente, en su Artículo 56 establece las atribuciones
relacionadas con el Medio Ambiente.

; Fiscalía Especial del Ambiente

Unidad Administrativa del Ministerio Público, con atribuciones generales de
defensa del ecosistema y medio ambiente. Representante Legal es el Fiscal
General de la República.

; Fiscalía Especial de las Etnias

Corresponde la protección de la minoría étnicas, el Estado de Honduras es
signatario entre otros del Convenio número 169 Sobre pueblos I ndígenas y
Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo
OTI, el cual fue ratificado mediante Decreto Legislativo Número 26- 94, del 10 de
mayo de 1994 del Congreso Nacional.

; Dirección General de Investigación Criminal

Tiene a su cargo en forma exclusiva e ineludible la investigación de los delitos
ambientales o ecológicos para descubrir a los responsables y proporcionar la
información necesaria a los órganos competentes para el ejercicio de la acción
penal. Representante Legal es el Fiscal General de la República.

; Auditoria Ambiental

Conocido también como Contraloría Ambiental, pertenece a la Contraloría General
de la República. El Artículo 109 de la Ley General del Ambiente da a la Contraloría
General de la República la responsabilidad de velar por el estricto cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la legislación nacional sobre el ambiente.
Representante Legal es el Contralor General de la República.

; Procuraduría del Ambiente.

La Ley General del Ambiente, en su Capitulo II, Artículos 16 al 26 crea la
Procuraduría del Ambiente, que depende de la Procuraduría General de la
República y quien por delegación de la Ley, representa administrativamente los

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intereses del Estado en materia ambiental Constitucionalmente corresponde a la
Procuraduría General de la República, la Representación Legal del Estado.

; Fuerzas Armadas de Honduras

En el Artículo 274 de la Constitución de la República se le dan atribuciones a las
Fuerzas Armadas para cooperar con el Poder Ejecutivo, en actividades
ambientales, tales como: agricultura, conservación de los recursos naturales,
sanidad y reforma agraria. Representante Legal: Comandante en Jefe de las
Fuerza Armadas.

; Policía de Hacienda

En materia ambiental tiene funciones de control y vigilancia para evitar el
tránsito ilegal de especies de flora y fauna silvestre. Representante Legal es el
Director de la Policía de Hacienda.

; Dirección de Marina Mercante

Es la entidad administrativa competente para asuntos marítimos, incluyendo
protección del medio marítimo contra la contaminación. Representante Legal:
Procurador General de la República.

; Juzgado de Policía de las diferentes Municipalidades

Cumple funciones de apoyo a las respectivas Municipalidades, pese a que la
nueva Ley de Municipalidades no contempla los Juzgados de Policía, en la
práctica se conserva la figura y en materia ambiental resuelven en primera
instancia asuntos como: Desviación de aguas, tala de árboles en zona urbana,
etc.

2.2 Competencia para la Gestión Ambiental a nivel Estatal o
Departamental
Las atribuciones que de conformidad con la Ley General del Ambiente y con las leyes
sectoriales respectivas corresponden al Estado en materia de protección, conservación,
restauración y manejo adecuado del ambiente y de los recursos naturales, serán
ejercidos por los organismos del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas a
quienes legalmente se asigne competencia, y por las Municipalidades en su respectiva
jurisdicción, quienes deberán coordinar sus actividades con la Secretaría de Est ado en
el Despacho del Ambiente, de acuerdo con los principios y objetivos de la Ley del
Ambiente (Ley del Ambiente, Artículo 27).

2.3 Competencias para la Gestión Ambiental a nivel Local, Municipal
Las atribuciones que de conformidad con la Ley General del Ambiente y con las leyes
sectoriales respectivas corresponden al Estado en materia de protección, conservación,
restauración y manejo adecuado del ambiente y de los recursos naturales, serán
ejercidos por los organismos del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas a
quienes legalmente se asigne competencia, y por las Municipalidades en su respectiva
jurisdicción, quienes deberán coordinar sus actividades con la Secretaría de Estado en

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el Despacho del Ambiente, de acuerdo con los principios y objetivos de la Ley del
Ambiente (Ley del Ambiente, Artículo 27).

2.A Textos Jurídicos
Constitución de la República de Honduras (Decreto 131 - 20 enero 1982 Nº. 23,612).

Ley General del Ambiente (Decreto 104- 93, 30 de junio 1993 Nº. 27,083).

Ley de Municipalidades (Decreto 134-90, 29 octubre de 1,990 Nº. 26,292).

3. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA
AMBIENTAL

3.1 Derecho a un Ambiente Sano
La Constitución de la República de Honduras no establece específicamente el Derecho a
un Ambiente sano, está previsto en forma indirecta en cuanto en su artículo 145 se
refiere al Derecho a la Protección de la Salud y la Conservación del Medio Ambiente.

3.2 Derecho a la Información
Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura.
Son responsables ante la Ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios
directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y
opiniones. No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material
usado para la impresión de periódicos, de las frecuencias o de enseres o aparatos
usados para difundir la información.

(Constitución de la República Artículo 72 y 74).

3.3 Derecho a la Salud
Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la
promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará
el Medio Ambiente adecuado para proteger la salud de las personas.

(Constitución de la República, Artículo 145).

3.4 Derecho a la Educación
La educación es función esencial del Estado para la Conservación, el Fomento y Difusión
de la Cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de
ninguna naturaleza. La educación será laica, y se fundamentará en los principios
esenciales de la democracia.


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3.5 Disposiciones sobre Protección al Ambiente
El Estado conservará el medio ambiente adecuado par proteger la salud de las personas.


3.6 Disposiciones sobre Manejo de Recursos
Se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los
recursos naturales de la nación. El Estado reglamentará su aprovechamiento, de
acuerdo con el interés social y fijará las condiciones de su otorgamiento a los
particulares. La reforestación del país y la conservación de bosques se declaran de
conveniencia nacional y de interés colectivo.


3.7 Disposiciones sobre Participación Civil
Los Derechos que constituyen componentes de la participación ciudadana son: Derecho
a la libre emisión del pensamiento, derecho a la información y el derecho de petición,
entre otros. (Constitución de la República, Artículo 72 y 80).

3.8 Otros
No se contemplan más disposiciones

Constitución de la República de Honduras (Decreto 131, 20 enero 1982 Nº. 23,612).

4. LEYES Y POLÍTICAS GENERALES SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE

4.1 Planes y Políticas Nacionales para la Protección del Medio
Ambiente y el Desarrollo sostenible
De acuerdo con la Constitución de la República, el Estado conservará el ambiente
adecuado para proteger la salud de las personas, declarando de utilidad y necesidad
pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación.
Considerando que le pueblo hondureño, reclama con urgencia la emisión de una
legislación apropiada para la gestión ambiental que permitiera la formación de una
conciencia nacional y la participación de todos los ciudadanos en la búsqueda de
soluciones de beneficio colectivo, decretó la Ley General del Ambiente.- La Secretaría
de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), tiene como objetivo formular la política
ambiental y dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar su ejecución, en los planes,
programas y proyectos públicos o privados.

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4.2 Derechos y Responsabilidades en materia del Medio Ambiente
en General
La protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los
recursos naturales son de utilidad pública y de interés social.

La Defensa del Ambiente, en consecuencia, se erige en la acción prioritaria del Estado y
de sus entidades, por lo que toda acción de los servidores públicos con competencias
específicas, estará orientada hacia la protección, conservación, restauración y manejo
sostenible del ambiente y de los recursos naturales.

Asimismo el Reglamento General del Ambiente, en su Artículo 10 reconoce como derecho
y deber de los ciudadanos, la participación en todas las actividades que tiendan hacia la
protección, conservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales, que
ejecuten el Estado y sus entidades. También tendrán derecho a que se les informe
sobre el estado del ambiente y de los recursos naturales.

Como consecuencia de estos derechos, se reconoce la acción pública en materia
administrativa y judicial para obtener que se sancionen a quienes contaminen o
degraden el ambiente y dañen los recursos naturales.

4.3 Estructura y Orientación de la Legislación Ambiental
1- La Legislación propiamente Ambiental:

a. Ley General del Ambiente

b. Reglamentos

c . Decretos de Creación de Áreas Protegidas

d. Convenios Internacionales sobre el Medio Ambiente.

2- Legislación Sectorial de Relevancia Ambiental:

a. Leyes Forestales

b. Ley de Aprovechamientos de Aguas Naturales.

c . Ley del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

d. Ley de la Empresa Nacional Eléctrica.

e. Ley de Pesca

f. Código de Minería

g. Código de Salud

h. Ley Fitozoosanitaria

3- Leyes de relevancia Ambiental Casual.

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a. Ley del Transporte

b. Ley de Aeronáutica Civil

c. Código del Trabajo

d. Ley del Seguro Social

e. Reglamento General de Tránsito

4.4 Instrumentos de Aplicación de la Política Ambiental
Según el Reglamento General del Ambiente en su artículo 7, la política, objetivos, metas
y prioridades en materia ambiental serán las que se deriven, directa o indirectamente del
ordenamiento del territorio nacional, teniendo en cuenta la interrelación de todos los
recursos naturales y la interdependencia del hombre con sus entorno. En consecuencia,
los programas o proyectos, públicos o privados susceptibles de alterar o deteriorar
gravemente el ambiente y los recursos naturales, deberán elaborarse y ejecutarse
atendiendo los criterios, instrumentos, tecnologías e instructivos que establezcan los
órganos competentes, en coordinación con los organismos que manejan por ley estos
sectores.

4.4.1 Planeación y Ordenamiento Ecológico del Territorio
la Ley General del Ambiente en su Artículo 48, establece que los suelos del territorio
nacional deberán usarse de manera racional y compatible con su vocación natural,
procurando que mantengan su capacidad productiva, sin alterar el equilibrio de los
ecosistemas. Su uso potencial se determinará considerando factores físicos, ecológicos,
socio - económicos en el marco de los correspondientes planes de ordenamiento del
territorio.

4.4.2 Evaluación del Impacto Ambiental
La Ley General del Ambiente introdujo la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), con
carácter de obligatoria para los proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra
actividad pública o privada, susceptibles de contaminar o degradar el ambiente, los
recursos naturales o el patrimonio histórico cultural de la nación, serán precedidos
obligatoriamente de una EIA, que permita prevenir los posibles efectos negativos. En tal
virtud, las medidas de protección del ambiente o de los recursos naturales que resulten
de dichas evaluaciones serán de obligatorio cumplimiento para todas las partes, en la
fase de ejecución y durante la vida útil de las obras o instalaciones. A tal efecto la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) creó el Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).

4.4.3 Instrumentos Económicos
La Ley General del Ambiente establece: Los proyectos, instalaciones industriales o
cualquier otra actividad pública o privada susceptible de contaminar o degradar el
ambiente, los recursos naturales o el patrimonio histórico cultural de la nación, serán
procedidos obligatoriamente de una evaluación de impacto ambiental (EIA), que permita
prevenir los posibles efectos negativos. En tal virtud, las medidas de protección del
ambiente o de los recursos naturales que resulten de dichas evaluaciones serán de
obligatorio cumplimiento para todas las partes; la fase de ejecución y durante la vida

18

útil de las obras e instalaciones; a tal efecto la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, crea el sistema nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

A las instalaciones industriales o cualquier otra actividad ya establecida que en alguna
forma se considera que la contamine el ambiente, se le concederá un plazo para corregir
su situación o para trasladarse a otra zona. En ambos casos el equipo y maquinaria
estará exento del pago del impuesto de importación, incluyendo tasas, sobre-tasas e
impuestos sobre ventas y el monto de la inversión será deducible de la renta a cinco
años plazo.

4.4.4 Instrumentos de Control
Los Artículo 86 y 87 de la Ley General del Ambiente establece que todas las acciones u
omisiones que infrinjan lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones que la
complementen, serán sancionadas conforme se determina en este título, sin perjuicio de
la exigencia, en su caso, de la correspondiente responsabilidad civil. Cualquier acción u
omisión de la normativa ambiental que, constituya delito o infracción administrativa,
dará lugar a la aplicación de las sanciones siguientes: reclusión, multa, clausura,
suspensión, decomiso, cancelación, indemnización, reposición o restitución de los casos
y objetos afectados a su ser y estado naturales, si fuera posible.

A nivel sectorial los distintos reglamentos para la protección ambiental incluyen su
propio régimen de sanciones, destacándose el Reglamento General del Ambiente,
Reglamento de Municipalidades, entre otros.

Por su parte el Código Penal de 1983, contiene en su Título V delitos contra la salud
pública, con penas privativas de la libertad.

El Código Civil no contempla legislación especial sobre esta materia.

Lo que respecta a inspección y vigilancia, así como de medidas preventivas y
correctivas, el Reglamento General del Ambiente (Acuerdo 109 - 93) en el Capítulo I
detalla la inspección y vigilancia en la protección del medio ambiente a las autoridades
competentes. A nivel nacional, corresponderá a los órganos del Poder Ejecutivo y a las
instituciones autónomas competentes en materia ambiental. A nivel local, son las
municipalidades las que ejecuten las acciones de vigilancia e inspección dentro de los
límites de su competencia funcional y territorial.

Como medidas de seguridad el Reglamento General del Ambiente establece que cualquier
ciudadano puede denunciar ante la autoridad competente o ante la Procuraduría todo
acto u omisión que constituye un delito o una infracción administrativa.

Constitución de la República (Decreto 131, 20 enero 1982, Nº. 23,612).

Código Penal (Decreto 144, 12 de marzo 1984, Nº. 24,464)

Ley General del Ambiente (Decreto 104-93, 30 junio 1993, Nº. 27,083), Reglamento
General del Ambiente (Acuerdo 109- 9, 5 febrero 1994, Nº. 27,267).

19

5. PARTICIPACIÓN CIVIL
La participación civil o ciudadana, está regulada en la sección segunda del Reglamento
General del Ambiente, así por ejemplo, los habitantes en sus respectivos municipios
tienen el deber y el derecho de participar directamente en todas las acciones de
defensa y preservación del ambiente y del uso racional de los recursos naturales de su
respectivo término municipal. Se declara de interés público la participación de los
habitantes de la República, individualmente o a través de organizaciones en la
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales.

5.1 Acceso a la Información sobre el Medio Ambiente
La Ley General del Ambiente en sus Artículos 84 y 85 lo establece ya sea inc orporándolo
al Sistema Educativo Nacional a través de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
y demás medios de comunicación social en la divulgación de programas de educación y
legislación e información ambiental en general.

5.1.1 Requisitos para los Informes de la Industria
El país no cuenta con ordenamientos jurídicos en esa materia.

5.1.2 Acceso de la Sociedad Civil a la información sobre el
Medio Ambiente
El Estado a través de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones y de las demás
instituciones competentes, requerirá de los medios de comunicación social, su aporte
gratuito en la divulgación de programas de educación, legislación e información
ambiental en general. La ciudadanía puede solicitar información sobre el medio ambiente
a través de la radio, televisión o sencillamente presentarse ante cualquier dependencia
ambiental del Estado o de Organismos Gubernamentales solicitando información.

5.2 Acceso al proceso de generación de normas jurídicas
ambientales
La Constitución de la República de Honduras, en su artículo 5 establece el principio de la
democracia participativa, que implica la participación de todos los sectores políticos en
la administración pública a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado
en la estabilidad política y en la conciliación nacional.

5.2.1 Consulta Pública / Consulta Popular
La Constitución de la República de Honduras, en su artículo 5 establece el principio de la
democracia participativa, que implica la participación de todos los sectores políticos en
la administración pública a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado
en la estabilidad política y en la conciliación nacional.

5.2.2 Plebiscito
No hay ordenamiento jurídico en esa materia.

20

5.2.3 Ombudsman
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en una Institución Nacional
establecida para garantizar la vigencia de los Derechos y Libertades reconocidas en la
Constitución de la República y los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por
Honduras. La persona titular de la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos, será elegida por el Congreso Nacional para garantizar las acciones y medidas
de las autoridades, con el propósito de lograr el efectivo cumplimiento de las leyes y
disposiciones que garanticen los derechos humanos.

5.2.4 Otros
No hay más ordenamientos jurídicos en esta materia.

5.2.5 Acceso a la Justicia
La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra gratuitamente en
nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes. El Poder Judicial se integra
por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones y los Juzgados que la
Ley establece.

En Honduras no existen aun Juzgado Ambientales, por lo que dichos casos de ventilan
en los Juzgados de lo Criminal.

5.3.1 Denuncias Populares / Acciones Populares
La Ley General del Ambiente en su Artículo 80 establece: Cualquier persona podrá
denunciar ante la autoridad competente la ejecución de obras o actividades
contaminantes o degradantes a cuyo efecto deberá iniciarse un expediente para su
comprobación y para la adopción de las medidas que corresponden.

5.3.2 Amparo
El Estado reconoce la Garantía de Amparo. En consecuencia toda persona agraviada o
cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el Recurso de Amparo: 1)
Para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías
que la Constitución establece; y 2) Para que se declare en casos concretos que una
Ley, resolución acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por
contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta
Constitución. El Recurso de Amparo se interpondría de conformidad con la Ley.


5.3.3 Tutelas
No hay regulación sobre esto.

5.3.4 Otros
Solamente los anteriores descritos.

21

Ley General del Ambiente (Decreto 104- 93, del 30 de junio 1993, Nº. 27,083).

Constitución de la República (Decreto 131 - 20 enero 1982, Nº. 23,612).

Reglamento General Ley del Ambiente (Acuerdo 109-9, 5/2/94, Nº. 27,267).

6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

6.1 Definición de Impacto Ambiental y Evaluación del Impacto
Ambiental
No se encuentra definido en la Ley General del Ambiente.

6.2 Criterios generales para la aplicación de la Evaluación del
Impacto Ambiental
Los proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada,
susceptible de contaminar o degradar el ambiente, los recursos naturales, o el
patrimonio histórico cultural de la nación, serán precedidos obligatoriamente de una
Evaluación de Impacto Ambiental. Como un objetivo la implantación de la evaluación de
impacto ambiental en todas las actividades humanas potencialmente contaminantes o
degradantes, y como una función la de crear y manejar el Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental. (Ley General del Ambiente, Artículos 9, 11) El
Reglamento General de la ley del Ambiente reitera la obligatoriedad de los estudios de
impacto ambiental (Artículo 8).

6.3 Competencia en materia de Evaluación del Impacto Ambiental
Las oficinas estatales, tanto centrales, departamentales o municipales, contarán con
una Unidad Ambiental que colaborará con la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente (SERNA) y que estará estructurada de acuerdo a la naturaleza de cada
Institución y cuya relación con SERNA se determinará mediante un convenio. Las
unidades ambientales son organismos de las oficinas estatales que además de las
funciones específicas dentro de su Institución, apoyarán a la Dirección General de
Evaluación y Control Ambiental (DECA) en la elaboración de los términos de referencia,
revisión de documentos de EIA, seguimiento y control ambiental y comprobación de
denuncias.

En las siguientes entidades estatales funcionará una unidad ambiental.

- Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

- Secretaría de Educación

- Secretaría de Salud

- Secretaría de Gobernación y Justicia

22

- Instituto Hondureño de Turismo

- Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal.

- Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

- Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados.

- Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Cualquier otro ente estatal no mencionado o que s cree por primera vez y que por razón
de su actividad tenga relación con el ambiente, podrá organizar su Unidad Ambiental,
siguiendo las recomendaciones dadas para tal fin por la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA). La emisión de la Licencia Ambiental siempre será
potestad de SERNA.

De acuerdo con el nivel de desarrollo de las Municipalidades, SERNA, promoverá la
instalación de Unidades Ambientales en cada una de ellas o a nivel regional, o cualquier
otro mecanismo que la SERNA, en común acuerdo con las Municipalidades, estime
conveniente.

6.4 Alcance del Procedimiento y Requisitos para la Elaboración de
la Evaluación del Impacto Ambiental
El Proponente será el único responsable por el tiempo requerido y por los costas que
involucra el llevar a cabo a satisfacción el proceso de EIA.

Los Términos de Referencia tendrán que ser cumplidos a satisfacción de la Dirección
General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), como requisito para otorgar la
Licencia Ambiental. De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia el
Proponente deberá presentar informes parciales de la DECA. El informe final tendrá en
Términos generales, el siguiente formato, pudiendo establecerse otro en los Términos de
Referencia así:

- Página de Presentación

- Índice

- Resumen

- Descripción del Proyecto

- Descripción del Medio

- Identificación de Impactos

- Predicción y Cuantificación de Impactos.

- Evaluación Global de Impactos.

- Análisis de Alternativas (si los términos de referencia así lo requieren).

- Plan de Mitigación

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- Plan de Manejo (si los términos de referencia así lo requieren).

- Aspectos Institucionales (si los términos de referencia así lo requieren).

- Plan de Control y Seguimiento

- Participación del Público y las ONG’s

- Lista de Referencias

Apéndices

Tanto los informes parciales como el final deberán tener el nombre de los especialistas
que participaron en la elaboración del documento.

Una ves aprobado el Informe de EIA y firmado el Contrato de cumplimiento de las
medidas de mitigación, seguimiento y control, el Ministro de la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA) otorgará la Licencia Ambiental al Proponente. La Licencia
Ambiental tiene vigencia de un año, si el proponente no ejecuta el proyecto, deberá
proceder a solicitar una nueva Licencia Ambiental; la DECA analizará la solicitud y
determinará si es necesario o no una nueva actualización de la anterior. (Reglamento
General del Ambiente).

6.5 Vigilancia del Proceso de toma de Decisiones
No se encuentra regulado en nuestra legislación.

6.6 Vigilancia y Seguimiento del Cumplimiento de Requisitos o
Condiciones
Las acciones de control y seguimiento quedarán definidas en el Contrato que firmará el
Proponente y el Ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).
Estas actividades las podrá llevar a cabo directamente el Proponente, una firma
consultora contratada por el Proponente, el personal de la DECA o de las Unidades
Ambientales o una firma consultora contratada por la DECA, para tal efecto. En todo
caso se seguirán las recomendaciones emitidas para los proyectos Categoría I o en el
Documento Final de EIA. Si durante el proceso de seguimiento y control se detectarán
nuevos impactos no considerados durante las EIA, el Titular deberá proceder a realizar
las medidas de mitigación, control y de compensación y cualquier otra actividad
necesaria que le dicte la DECA.

6.7 Participación del Público en la Evaluación del Impacto
Ambiental
No se encuentra regulado en nuestra Legislación.

Ley General del Ambiente (Decreto 104- 93, 30 junio 1993). Nº. 27,083).

Reglamento General del Ambiente (Acuerdo 109 9 febrero de Nº. 27,267).

24

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA).

7. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA

7.1 Establecimiento de Normas para la calidad del Aire
En los Artículos 59 al 62 de la Ley General del Ambiente, se establecen regulaciones
sobre la contaminación atmosférica, incluyendo el marco para establecer niveles
permisibles de contaminación, normas técnicas para observar en los vehículos o
industrias.

7.2 Fuentes Fijas
La Ley General del Ambiente establece que: Los vehículos automotores, las industrias u
otras instalaciones fijas o móviles, públicas o privadas, que viertan gases u otros
contaminantes en la atmósfera, están obligadas a observar estas normas técnicas,
incluyendo los sistemas de tratamiento que fueren pertinentes.

7.3 Fuentes Móviles
En Honduras desde hace tres años se está presionando al Gobierno para que se apruebe
el Reglamento de Control de Emisiones Vehiculares sin ningún resultado a la fecha por
parte del Congreso Nacional de la República.- Han sido las ONG’s ambientalistas las que
han influido en la creación de este Reglamento junto con la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente, Procuraduría del Ambiente, Fiscalía del Ambiente y
Municipalidades.

7.4 Contaminación Tras-fronteriza
No está regulado en nuestra Legislación.

7.5 Responsabilidad y Cumplimientos de las normas para la
protección de la Atmósfera
Las municipalidades en sus respectivas jurisdicciones tienen competencia para
supervisar el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención a la
c ontaminación atmosférica y los niveles permisibles de emisión o emisión de
contaminantes.

La Secretaría de Salud, tiene la función de reglamentar los índices de tolerancia y de la
emisión del humo y polvo.

La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), sustenta técnicamente
las denuncias por incentivos forestales, como en el Código Penal.

25

7.6 Normas Técnicas
Con el propósito de prevenir los efectos fisiológicos negativos sobre las personas, la
flora y la fauna, el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho
de Salud en consulta con el Consejo Nacional de Medio Ambiente y otros organismos
competentes determinará las normas técnicas que establezcan los niveles permisibles de
inmisión y de emisión de contaminantes a cuyo efecto emitirá los reglamentos que
fueren necesarios. Los vehículos automotores, las industrias u otras instalaciones fijas o
móviles, públicas o privadas que viertan gases u otros contaminantes en la atmósfera,
están obligadas a observar estas normas técnicas, incluyendo los sistemas de
tratamiento que fueren pertinentes. Las municipalidades en sus respectivas
jurisdicciones, tendrán competencia para supervisar el cumplimiento de esas normas.

Ley General del Ambiente (Decreto 104- 93, 30 junio 1993, Nº. 27,083).

8. PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

8.1 Dominio de las Aguas
La Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales, en su Capítulo I de la Propiedad de las
Aguas, sus artículos 1 y 2 establecen lo siguiente: Corresponde al Estado el dominio
pleno, inalienable e imprescriptible:

1. De las aguas de los mares territoriales que bañan sus costas e islas, en la anchura
determinada por el Derecho Internacional, con sus playas y ensenadas, bahías, puertos
y demás abrigos utilizables para la pesca y la navegación.

2. De las aguas de los lagos, lagunas, esteros, ríos y riachuelos de corrientes
constantes, con la excepción de los de Propiedad Privada. También corresponde al
Estado el dominio de las aguas pluviales que discurren por terrenos nac ionales, y el de
las aguas subterráneas en ellos encontradas

8.1.1 Aguas Públicas
La Ley de aprovechamiento de Aguas Nacionales es muy clara y enfática en cuanto al
dominio del Estado sobre las aguas. El artículo1 establece que el dominio pleno,
inalienable e imprescriptible de las aguas corresponden al Estado. También en el artículo
2 señalan que corresponda también al Estado el dominio de las aguas pluviales que
discurren por terrenos nacionales, y el de las aguas subterráneas en ellos encontradas.

8.1.2 Aguas Privadas
La Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales en su Artículo 3 dice: Es de propiedad
privada:

1. El dominio de las aguas de vertientes que nacen y mueren dentro de una misma
heredad.

2. El de las aguas pluviales mientras discurren por un predio privado.

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3. El de las aguas subterráneas alumbradas en una heredad por el propietario de la
misma.

8.1.3 Otros Regímenes de Propiedad

8.2 Establecimiento de normas para el uso de las Aguas
La Ley del Ambiente ya lo establece en su artículo 30 y 31: Corresponde al Estado y a
las Municipalidades en su respectiva jurisdicción, el manejo, protección y conservación
de las cuencas y depósitos naturales de agua, incluyendo la preservación de los
elementos naturales que intervienen en el proceso hidrológico. Los usuarios del agua,
sea cual fuere el fin a que se destine están obligados a utilizarla en forma racional,
previniendo su derroche y procurando cuando sea posible, su reutilización.

Serán objeto de protección y control especial las categorías de aguas siguientes:

a) Las destinadas al abastecimiento de agua a las poblaciones o al consumo humano en
general.

b) Las destinadas al riego o a la producción de alimentos.

c) Las que constituyan viveros o criaderos naturales de especies de la fauna y flora
acuáticas.

d) Las que se encuentran en zonas protegidas, y;

e) Cualquier otra fuente de importancia general.

8.2.1 Para Consumo Humano
La Ley Constitutiva del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados,
SANAA en su Artículo 2 dice: El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados, tendrá por objeto, promover el desarrollo de los abastecimientos
públicos de agua potable y alcantarillados sanitarios y pluviales de todo el país.

El Artículo 48 dice: El servicio estará asesorado por las instituciones internacionales que
prestan asistencia técnica y económica al Gobierno de Honduras, en esta clase de
trabajo.

Dicha Ley es de 1,961 y no hace mención a la calidad del agua para consumo humano,
tampoco se refiere a instalaciones de abastecimientos de agua potable, o si hay
sanciones o no por daños a las instalaciones, etc.

La Ley del Ambiente en su artículo 32 si establece la Calidad y Tratamiento del agua e
indicando que las Secretarias de Salud y Recursos Naturales y Ambiente serán las
responsables de ejercer control sobre el tratamiento de las aguas.

8.2.2 Para la Agricultura
La Ley del Ambiente establece que se prohíbe ubicar asentamientos humanos, bases
militares, instalaciones industriales o de cualquier otro tipo en las áreas de influencia de

27

las fuentes de abastecimientos de agua a las poblaciones o de sistemas de riego de
plantaciones agrícolas, cuyos residuos aún tratados, presenten riesgos potenciales de
contaminación, las municipalidades velarán por la correcta aplicación de esta norma.

8.2.3 Para la Minería
El uso de las aguas, para la Minería no está regulado en nuestra Legislación.

8.2.4 Para la Acuicultura
La Ley de aprovechamiento de aguas nacionales no dice nada con respecto a la
Acuicultura.

Pero la Ley de Pesca en sus artículos 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 entre otros dice:
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente acordará la formación de viveros del
Estado en los sitios en que el Departamento de Caza y Pesca, estime convenientes,
estableciéndose semilleros o parques modelos, destinados al fomento y enseñanza de la
acuicultura y criaderos de otros mariscos. A esta Secretaría corresponde la suprema
inspección de todos los criaderos, la que ejercerá por medio de sus Delegados.

8.2.5 Para el Transporte
Buques, embarcaciones u otros que naveguen en el mar territorial en zonas contigua al
mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental que le
pertenece a Honduras (Constitución de la República, Artículo 1 1), se aplicará la Ley
Orgánica de la Marina Mercante Nacional. También será aplicable a los buques o
embarcaciones que naveguen en las aguas interiores marítimas, incluyendo canales
intercostales y de tráfico marítimo, y en todos aquellos sistemas marinos y fluvio-
marinos, en los litorales y puertos del Estado de Honduras así como en las aguas que
tocan las islas, islotes, cayos y bajos marinos.

8.2.6 Para la Pesca
La Ley de Pesca contempla lo siguiente: Podrán pescar libremente en los mares
territoriales, ríos, lagos, etc., de uso público, todos los hondureños y extranjeros
domiciliados, cuando se trate de deporte, consumo doméstico o fines científicos. Pero
con fines de explotación ó lucro solo podrán obtener permisos o licencias de pescar los
hondureños residentes y las personas jurídicas hondureñas, en que por lo menos el 51%
del capital les pertenezca a hondureños. Los turistas cuando a manera de deporte lo
desearen, podrán pescar conforme a las prescripciones de la Ley de Pesca.

8.2.7 Para la descarga de aguas residuales
Los residuos sólidos y orgánicos provenientes de fuentes domésticas, industriales o de
la agricultura, ganadería, minería, usos públicos y otros, serán técnicamente tratados
para evitar alteraciones en los suelos, ríos, lagos, lagunas y en general en las aguas
marítimas y terrestres, así como para evitar la contaminación del aire. Corresponde a las
municipalidades en consulta con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud u
otros organismos técnicos, adoptar un sistema de recolección tratamiento y disposición
final de estos residuos, incluyendo las posibilidades de su reutilización en reciclaje.

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8.2.7.1 Fuentes Puntuales

No está regulado en nuestra Legislación

8.2.7.2 Fuentes no Puntuales

No está regulada en nuestra Legislación

8.3 Protección de las Aguas Subterráneas
El Código de Salud en su Artículo 30 establece: La Secretaría de Salud es la encargada
de vigilar el cumplimiento de las medidas higiénicas ordenadas para evitar la
contaminación de las aguas subterráneas.

8.4 Protección de las Cuencas Hidrográficas
La Ley General del Ambiente establece: Corresponde al Estado y a las Municipalidades
en su respectiva jurisdicción, el manejo, protección y conservación de las cuencas y
depósitos naturales de agua, incluyendo la preservación de los elementos naturales que
intervienen en el proceso hidrológico. Los usuarios del agua, sin importar el fin a que se
destine, están obligadas a utilizarla en forma racional, previniendo su derroche y
procurando cuando sea posible, su re utilización.

8.5 Protección de Ecosistemas de Agua Dulce
No se hace referencia de agua dulce en la Ley General de Aguas, y el Código de Salud
solamente hace referencias a las aguas, sin distinción si son dulces, salados, o marinas:
Se prohíbe utilizar las aguas como sitio de disposición final de residuos sólidos,
debiéndose ajustar estrictamente a los reglamentos que se establezcan (Secretaría de
Salud).

La Ley General del Ambiente en su artículo 30 establece que corresponde al Estado y a
los Municipalidades en su respectiva jurisdicción, el manejo, protección y conservación
de las cuencas y depósitos, naturales de agua, incluyendo la preservación de los
elementos naturales que intervienen en el proceso hidrológico.

8.6 Responsabilidad y Cumplimiento de las normas para la
protección de los recursos hídricos.
La Ley del Ambiente regula el régimen de las aguas, evitar los arrastres sólidos y ayudar
a la protección de los embalses, represas, vías de comunicación, tierras agrícolas y
poblaciones contra los efectos nocivos de las aguas, se ejecutarán proyectos de
ordenamientos hidrológicos. Estos proyectos partirán de la consideración de las cuencas
hidrográficas como unidad de operación y manejo. Todo proyecto hidroeléctrico, de
irrigación o cualquier otro destinado a aprovechar en gran escala aguas superficiales a
subterráneas dentro del territorio nacional, será precedido obligatoriamente de un plan
de ordenamiento hidrológico y de una evaluación de impacto ambiental (Secretaría de
Recurso Naturales y Ambiente, (SERNA).

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8.7 Gestión Pública de los Recursos Hídricos
Los Secretarías de Salud, Pública, Recursos Naturales, Defensa Nacional y Seguridad
Pública, serán los responsables de ejercer control sobre el tratamiento de las aguas
continentales y marítimas observando las normas técnicas y las regulaciones que
establezcan las leyes sectoriales y los reglamentos.

Ley de Pesca (Decreto 154, 17 junio 1,959 Nº. 16,807)

Código de Salud (Decreto 65- 91, 6 agosto 1991, Nº. 26,509)

Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales (Decreto 137, 8 de agosto 1927 - Nº.
7,375).

Ley General del Ambiente (Decreto 104- 93, 30 junio 1993, Nº. 27,083).

9. PROTECCIÓN DE OCÉANOS Y ÁREAS COSTERAS

9.1 Dominio y Jurisdicción de la Zonas Costeras
La Ley del Ambiente establece lo siguiente: Se entienden por Recursos Marinos y
Costeros las aguas del mar, las playas, playones y la franja del litoral, bahías, lagunas
costeras, manglares, arrecifes de coral, estuarios, bellezas escénicas y los recursos
naturales vivos y no vivos contenidos en las aguas del mar territorial, la zona contigua,
la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

El Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos
Naturales, en coordinación con las demás instituciones competentes, podrá delimitar
zonas de protección de determinadas áreas marinas o costeras, las cuales se sujetarán
a planes de ordenamiento y manejo, a fin de prevenir y combatir la contaminación o la
degradación del ambiente.

9.2 Manejo de Zonas Costeras y Playas
El Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado el Despacho de Recursos
Naturales, en coordinación con las demás instituciones competentes podrá delimitar
zonas de protección de determinadas áreas marinas o costeras, las cuales se sujetarán
a planes de ordenamientos y manejo, a fin de prevenir y combatir la contaminación o la
degradación del ambiente. La ejecución de las obras civiles en las costas se hará de
manera que no se dañe la franja terrestre o acuática del litoral y que no cause cambios
ecológicos significativos, previo estudio de impacto ambiental.

9.3 Protección de los Océanos por la contaminación
La Dirección General de la Marina Mercante tendrá las atribuciones siguientes: Cumplir y
hacer cumplir la Constitución de la República, los Convenios Internacionales Marítimos de
los que Honduras forma parte. Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la
búsqueda y salvamentos marítimos y la lucha contra la contaminación del medio marino,

30

producidas por buques y artefactos navales que se encuentren en aguas hondureñas,
entre otros.

9.3.1 Procedente de Fuentes Terrestres
La descarga y emisión de contaminantes, se ajustará obligatoriamente a las
regulaciones técnicas, como ser la evaluación de impacto ambiental (EIA), que permita
prevenir los posibles efectos negativos. A tal efecto la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente creó el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

9.3.2 Procedente de actividades realizadas en los fondos
marinos
No esta regulado en nuestra Legislación.

9.3.3 Procedente de vertimiento efectuado por buques
Las embarcaciones antes de su inscripción definitiva en el Registro de Buques y
Empresas Navieras, serán examinadas por un Inspector de Buques calificado, designado
por la Dirección General de la Marina Mercante a fin de determinar si está en
condiciones de navegar con seguridad y si no ofrece peligros para el medio ambiente
marítimo.

9.3.4 Procedentes de Actividades Petroleras

9.4 Protección de la Flora y la Fauna Marina
La Ley de Pesca tiene por objeto la conservación y la propagación de la fauna y flora
fluvial, lacustre y marítima del país, su aprovechamiento, comercialización é
industrialización.- Se declaran propiedad del Estado, de dominio común y uso público,
todas las especies de peces, crustáceos, moluscos, mamíferos y reptiles acuáticos,
plantas marinas y todas las demás especies que comprenden la flora y la fauna
marítima, lacustre y fluvial.

9.5 Contaminación Tras fronteriza
No está regulado en nuestra legislación.

9.a Textos Jurídicos
Ley de Pesca (Decreto 154- 17 junio 1959 - 16,807).

Ley sobre el Aprovechamiento de los Recursos Naturales del Mar (Decreto 921 - 13 junio
1980 Nº. 23,127).

Ley de Marina Mercante (Decreto 167- 94, 2 enero 1995 Nº. 27,542).

Ley General del Ambiente (Decreto 104- 93, 30 de junio 1,993, Nº. 27,083) - Nº 27,083).

31

10. CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

10.1 Instituciones con competencias en materia de protección de la
fauna y la flora
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), cuenta con un Departamento
de Biodiversidad, el cual elabora Programas de Capacitación en Materia Ambiental para
formar el recurso humano en todos los niveles Públicos y Privados y lograr su
concienciación y participación activa en los Programas y Proyectos de Protección y
Conservación de los recursos naturales y el Ambiente en general. Asiste a las
autoridades Municipales en el marco de la Legislación Municipal y Políticas de
modernización del Estado en la elaboración y desarrollo de sus programas de
capacitación ambiental. Coordina con la Secretaría de Educación y con los Organismos
de Educación Superior, la formulación e innovación de las estructuras académicas
vigentes que ofrezcan propuestas de solución a la problemática ambiental; igualmente
con la Secretaría de Salud en Proyectos de saneamiento ambiental, con la
Administración Forestal del Estado (Identificar áreas naturales que deben ser
protegidas, elaboraran su justificación técnica), entre otros.

La Universidad Nacional Autónoma d Honduras a través de la Facultad de Biología,
e
hacen investigaciones en aspectos de biodiversidad, lo mismo la Escuela Nacional de
Ciencias Forestales y la Escuela Agrícola Panamericana.

10.1.1 Desarrollo de Capacidad Institucional
La Secretaría de Recurs os Naturales y Ambiente (SERNA) cuenta con un Departamento
de Biodiversidad, el cual elabora Programas de Capacitación en materia ambiental para
formar el recurso humano en todos los niveles Públicos y Privados y lograr su
concientización y participación activa en los Programas y Proyectos de Protección y
Conservación de los recursos naturales y el ambiente en general. Asiste a las
autoridades Municipales en el marco de la Legislación Municipal y Políticas de
Modernización del Estado en la elaboración y desarrollo de sus Programas de
Capacitación Ambiental. Coordina con la Secretaría de Educación y con los organismos
de educación superior, la reformulación e innovación de las estructuras académicas
vigentes que ofrezcan propuestas de solución a la problemática ambiental, igualmente
con la Secretaría de Salud en Proyectos de Saneamiento Ambiental, con la
Administración Forestal del Estado (Identificar áreas naturales que deben ser
protegidas, elaborando su justificación técnica), entre otros.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la Facultad de Biología,
hacen investigaciones en aspectos de Biodiversidad, lo mismo la Escuela Nacional de
Ciencias Forestales y la Escuela Agrícola Panamericana.

10.1.2 Programas de Educación y Capacidad
La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, incorporará la educación
ambiental a todo el sistema educativo nacional a cuyo efecto reformará e innovará las
estructuras académicas vigentes para el desarrollo de programas de extensión, estudio
e investigación que ofrezcan propuestas de mayor impacto en el país. La Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, y las demás instituciones educativas de nivel superior,
deberán estudiar la posibilidad de efectuar las adecuaciones para este fin. Asimismo, se
propiciará la participación de organizaciones no gubernamentales nacionales e

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internacionales y de la comunidad en general, en acciones de educación ambiental que
permitan la comprensión y toma de conciencia de la situación ambiental del país en
general y de cada loc alidad en particular según lo establece la Ley General del
ambiente.

10.2 Protección y Gestión de los Ecosistemas terrestres Silvestres
"Se declara de interés público la protección de la naturaleza, incluyendo la preservación
de las bellezas escénicas y la conservación y manejo de la flora y fauna silvestre. En
consecuencia, el Poder Ejecutivo dictará las medidas necesarias para evitar las causas
que amenacen su degradación a la extinción de las especies".

(Ley General del Ambiente, Artículo Nº. 35).

10.2.1 Especies y Poblaciones Amenazadas o en peligro de
Extinción
La Ley General del Ambiente prohíbe la explotación, caza, captura, comercialización o
destrucción de las especies y poblaciones amenazadas o en peligro de extinción. El
señalamiento e identificación de especies protegidas, animales de caza, vedas y épocas
de caza, máximos de captura, edad y tamaño mínimos permitidos, se hará mediante
Acuerdo plenamente vinculante que dictará el Poder Ejecutivo, por medio de la
Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales. Solamente podrán realizar
operaciones de exportación o importación de las especies de flora y fauna silvestre, las
personas que obtuvieran licencia expedida por el Departamento de Áreas Protegidas y
Vida Silvestre de la Corporación H ondureña de Desarrollo Forestal, previo los estudios
pertinentes y pago de los valores monetarios que fije el Reglamento, los cuales
ingresarán a la Tesorería General de la República. Asimismo, se requerirá licencia para
establecer criaderos o viveros de las mismas especies. El otorgamiento de estas
licencias estará sujeto a lo previsto en los Convenios Internacionales (CITES) sobre la
materia y a los requisitos que establezcan las Leyes conexas y el Reglamento del
Ambiente.

10.2.2 Comercio de la Fauna y Flora
Solamente podrán realizar operaciones de exportación o importación de las especies de
flora y fauna silvestre, las personas que obtuvieran licencia expedida por el
Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la Corporación Hondureña de
Desarrollo Forestal, COHDEFOR. El otorgamiento de estas licencias estará sujeto a lo
previsto en los Convenios Internacionales sobre la Materia (CITES).

10.2.3 Introducción de Especies Exóticas
Deberán autorizadas por medio de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA), previo estudios de Evaluación de Impacto Ambiental a través del
Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS) en cumplimiento al CITES.

10.2.4 Especies Migratorias
Contempladas en CITES.

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10.2.5 Regulación de la Caza
La Ley del Ambiente establece: Animales de caza son los animales silvestres que puedan
ser objeto de caza, previa licencia que se otorgará mediante el Departamento de Vida
Silvestre (DAPVS) de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). Para
el aprovechamiento racional de estas especies, previo los resultados técnicos y
científicos requeridos, y en coordinación con las municipalidades, se establecerán las
especies, épocas de veda y zonas de caza permitidas, tamaños máximos de captura,
sexo, edad y c antidades permitidas.

10.2.6 Sistemas de Veda
La Ley del Ambiente establece el señalamiento e identificación de especies protegidas,
animales de caza, vedas y épocas de caza, máximos de captura, edad y tamaño mínimo
permitido, se hará mediante acuerdo plenamente vinculante que dictará el Poder
Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales.

10.3 Prácticas y conocimientos tradicionales para la conservación
de la Diversidad Biológica
Los campesinos e indígenas de nuestro país conservan actualmente prácticas y
conocimientos para la conservación de la Diversidad Biológica, pero no está regulado en
nuestra Legislación.

10.4 Protección de hábitats y ecosistemas
Con el fin de asegurar la protección de la naturaleza y previos los estudios científicos y
técnicos necesarios, el Estado declarará áreas naturales protegidas, como parte del
sistema de Áreas Protegidas de Honduras. Para fines de su administración, las áreas
naturales protegidas estarán sujetas a los planes de ordenamientos o manejo que se
dicten. En el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales
protegidas, participarán entre otras, las municipalidades en cuya jurisdicción se
localicen, con el objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la
protección del ecosistema.

(Ley General del Ambiente).

10.4.1 Áreas Naturales protegidas, parques nacionales,
reservas y santuarios
- Áreas Naturales Protegidas: Existen enormes, lagunas en nuestra Legislación sobre
estas áreas, no obstante el Convenio de Diversidad Biología permite el aprovechamiento
sostenible; existe el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que obliga a
la Evaluación de Impacto Ambiental. El uso debe de estar amparado en un Plan de
Manejo.

- Parques Nacionales: La Ley General del Ambiente menciona Áreas Protegidas
incluyendo parques, por tanto se aplica igual norma.

34

10.4.2 Conservación in situ
En Honduras hasta el momento, solo se cuenta con las áreas naturales protegidas y las
reservas naturales como formas de conservación in situ. La Ley General del Ambiente
por tanto creó el Sistema de Áreas Protegidas, el cual está formado por reservas de la
biosfera, parques nacionales, refugios de vida silvestre, monumentos naturales, reservas
biológicas, reservas antropológicas, áreas insulares del territorio nacional u otras
categorías de manejo que fuera necesario establecer. En el establecimiento,
administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas, participarán entre otras,
las Municipalidades en cuya jurisdicción se localicen, con el objeto de propiciar el
desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección del ecosistema. Para el
manejo adecuado de estas áreas se establecen zonas aisladas o de amortiguamiento en
torno a sus respectivos Límites.

10.4.3 Conservación ex situ

10.4.4 Protección o sistemas de manejo en áreas no
protegidas (por ejemplo: áreas privadas o comunales)
Se encarga la Municipalidad en los ámbitos de su competencia y jurisdicción también, se
conceden reconocimientos públicos a las personas naturales y jurídicas que realicen
acciones de prevención y mejoramiento ambiental en sus respectivas comunidades.

10.5 Protección y gestión de los ecosistemas marinos
Solamente se dispone de la Ley de Pesca que en su artículo 1 dice: "La ley de pesca
tiene por objeto la conservación y la propagación de la fauna y flora fluvial, lacustre y
marítima del país, su aprovechamiento, comercialización e industrialización.

10.6 Recursos Genéticos

10.6.1 Acceso
No esta regulado en nuestra Legislación.

10.6.2 Propiedad Intelectual y Patentes

10.6.3 Uso
No está regulado en nuestra Legislación

10.6.4 Comercio

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10.6.5 Otros

Sanciones


Ley de Pesca (Decreto 154- 17 mayo 1959, Nº. 16,807).

Ley Forestal (Decreto 85 - 4 marzo 1972 Nº. 20,620).

Ley General del Ambiente (Decreto 104- 93 - 30 junio 1993, Nº. 27,083).

Reglamento General Ley del Ambiente (Acuerdo Presidencial 109- 9, 5 febrero 1994 - Nº.
27,267).

Ley de Municipalidades (Decreto 134-90 29 octubre 1990 Nº. 26,292).

Convención sobre el Comerc io Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES) (Decreto 771- 24 septiembre 1979).

Convenio sobre la Diversidad Biológica (Decreto 30- 95 - 10 de junio de 1995).

11. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL USO DE SUELOS Y
TIERRAS

11.1 Dominio de la Tierra
Planificación y gestión del uso de suelos y tierras: No existe una ley de ordenamiento
territorial que regule el uso del suelo según su vocación.

11.1.1 De dominio del Estado
Las tierras que son propiedad del Estado son, en principio, todas aquellas sobre los
cuales no existan derechos de propiedad privada.

Las tierras rurales de propiedad del Estado, susceptibles de uso agrícolas o ganadero se
destinarán a la realización de la Reforma Agraria.

Las tierras nacionales o ejidales cuyo uso y goce haya sido concedido a un particular,
serán afectables si no están siendo explotadas de conformidad con lo prescrito en la
presente Ley de Reforma Agraria.

11.1.2 De dominio Privado
La Constitución garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada en general.

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Expropiación por causa de necesidad o interés público: nadie puede ser privado de su
propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por
resolución fundada en la Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada. En
caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea
previa, pero el pago correspondiente se hará, a mas tardar, dos años después de
concluido el estado de emergencia.

La constitución prohíbe la confiscación y limitación de la propiedad por causa de delito
político.

11.1.3 Tierras de Dominio Comunal
Son las de propiedad de las comunidades indígenas y campesinas del país. La propiedad
de dichos tierras es ejercida por la comunidad en su conjunto. El Convenio 169 Sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, establece que el Estado deberá
reconocer los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras tradicionalmente
ocupada por los pueblos indígenas, ya que estos estén organizados como comunidades
o mantengan sus propios formas tradicionales de organización. Sin embargo, la
legislación nacional no ha establecido aún los mecanismos para implementar dicha
disposición.

La limitación referida a las tierras de aptitud forestal también rige para las comunidades
nativas, que son aquellas asentadas en la región de selva y en su mayoría sobre tierras
forestales (dominio del Estado) y no pueden ser transferidas en propiedad a las
comunidades. Las porciones del territorio comunal clasificados como tierras de aptitud
forestal son otorgadas a las comunidades bajo contratos de sesión en uso, quedando
excluida la posibilidad de que el Estado autorice actividades de aprovechamiento de
recursos forestales a terceros en dichas áreas.

11.2 Zonificación y Regulación Ambiental de T ierras Privadas

11.3 Políticas e Incentivos para la Conservación en Tierras
Privadas

11.4 Criterios Generales de Conservación de Suelos
La Ley General del Ambiente establece: Los suelos del territorio nacional deberán usarse
de manera racional y compatible con su vocación natural (agrícolas, pecuarios y
forestales), procurando que mantengan su capacidad productiva, sin alterar el equilibrio
de los ecosistemas. Su uso potencial se determinará considerando factores físicos,
ecológicos, socio- económicos en el marco de los correspondientes planes de
ordenamientos del territorio. La administración forestal del Estado, Fomentará programas
para su forestación o reforestación.

Constitución de la República (Decreto 131 - 20 de enero de 1982 Nº. 23,612).

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Ley General del Ambiente (Decreto 104- 93 30 junio de 1993 Nº. 27,083).

Ley de Reforma Agraria (Decreto Ley 170 del Consejo de Ministros 8 enero 1975 - Nº.
21,482).

Código Civil (Decreto 76 8 febrero 1906 Nº. 2,655).

Convenio Nº. 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (vigente
desde 1995).

12. MINERÍA

12.1 Instituciones con Atribuciones en Materia de Minería
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), recibe Solicitudes de
Exploración y Explotación y concede los Permisos.

La Procuraduría General de la República, firma Contratos a Concesiones Mineras.

La Municipalidades, conceden Licencias de Explotación de recursos.

La norma aplicable:

- Código de Minería

- Ley de Municipalidades.

12.2 Regulación de las Actividades Mineras
Todo lo relativo sobre el conocimiento, exploración y explotación de las Minas, se regirá
por el Código de Minería y su Reglamento. Asimismo la Ley General del Ambiente dice en
su Artículo 63: Los Recursos Minerales, de la nación, incluyendo los hidrocarburos, se
declaran de utilidad pública; su aprovechamiento, exploración y explotación deben
sujetarse a los regímenes especiales establecidos en el Código de Minería y en la Ley de
Hidrocarburos, así como en sus reglamentos de aplicación, debiendo observarse, en todo
caso, las disposiciones de la presente Ley y de las leyes sectoriales relativas a la
prevención de la contaminación del medio ambiente o de la degradación de los recursos
naturales.

12.2.1 Exploración, Explotación y Aprovechamiento de las
Minas
La Dirección General de Minas e Hidrocarburos, es la autoridad para decidir si un
permisionario de exploración ha cumplido con todas sus obligaciones contraídas. P ara
poder traspasar o ceder un permiso de explotación, el permisionario presentará solicitud
de aprobación con los comprobantes de haber cumplido con todas las obligaciones ante
la Dirección General de Minas e Hidrocarburos.

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Las solicitudes para obtener una concesión de explotación minera, y todas las demás
actuaciones que tiendan a aquel fin, de tramitarán ante la Dirección General de Minas e
Hidrocarburos.

Con el objeto de proteger para los hondureños por nacimiento la industria minera en
pequeña escala el Poder Ejecutivo, podrá mediante el acuerdo respectivo, ramo de
Recursos Naturales, determinar en cualquier lugar del país que estime conveniente
"Zonas de libre aprovechamiento. “Dentro de las zonas de libre aprovechamiento no se
fijarán perímetros determinados ni áreas dentro de ellas, pero la Dirección General de
Minas e Hidrocarburos limitará el número de personas para cada zona con el objeto de
evitar una competencia ruinosa entre ellos.

12.2.2 Manejo, Tratamiento y Disposición de Residuos
Mineros
Es prohibida la contaminación con deshechos de minas de las corrientes, lagunas,
estanques y demás aguas naturales.

Los residuos sólidos y orgánicos provenientes de minería y otros, serán técnicamente
tratados para evitar alteraciones y en los suelos, ríos, lagos, lagunas y en general en las
aguas marítimas y terrestres así como para evitar la contaminación del aire.

12.2.3 Recuperación de entorno Afectados por Actividades
Mineras

12.3 Derechos Mineros en Bienes Inmuebles Propiedad de la
Nación
El dominio del Estado sobre las minas es imprescriptible e inalienable, la concesión en
ningún caso conferirá la propiedad de éstos. El Estado podrá conceder el derecho de
reconocerlas, explorarlas y explotarlas a cualquier persona natural o jurídica en la forma
y condiciones que señala el Reglamento al Código de Minería.

Reglamento al Código de Minería (Acuerdo 159 Presidencia de la República - 14
septiembre 1975 Nº. 20,478).

Ley General del Ambiente (Decreto 104- 93 30 junio de 1993 Nº. 27,083).

13. AGRICULTURA

13.1 Instituciones con Atribuciones en Materias de Agricultura
Secretaría de Agricultura y Ganadería encargada de la Dirección y Coordinación Superior
del Sector Público Agrícola.

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Integran el sector público agrícola además de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y
sus dependencias, el Instituto Nacional Agrario (INA) el Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola (IHMA), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, el Instituto
Hondureño del Café, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) y
cualquiera otra institución gubernamental existente o que se cree en el futuro, con
competencias generales o especiales en materias relacionadas con las actividades
agrícolas y con la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.

13.2 Conservación y protección del suelo de las prácticas
agropecuarias
Los residuos sólidos y orgánicos provenientes de fuentes domésticas, industriales o de
la agricultura, usos públicos y otros, serán técnicamente tratados para evitar
alteraciones en los suelos.

Corresponde a las Municipalidades en consulta con la Secretaría de Estado en el
Despacho de Salud u otros organismos técnicos, adoptar un Sistema de recolección,
tratamientos y disposición final de estos residuos, incluyendo las posibilidades de su
reutilización o reciclaje.

13.3 Descarga de Contaminación Agrícola

No está regulada en nuestra Legislación.

13.4 Plaguicidas, Fertilizantes y Pesticidas
El Código de Salud establece:

"En coordinación con las Secretarias de Recursos Naturales y Ambiente, Industria,
Comercio y Turismo, Trabajo y Seguridad Social, Gobernación y Justicia, Defensa
Nacional, se reglamentará la importación, fabricación, almacenamiento, transporte,
manejo, comercio y disposición de las sustancias peligrosas como plaguicidas,
insecticidas, herbicidas, rodenticidas, explosión, corrosivos, radioactivos, sustancias
inflamables y otros.

13.5 Protección de Tierras de Cultivo
Dentro de los varios objetivos específicos de la Ley para la Modernización y el Desarrollo
del Sector Agrícola está la de establecer las condiciones adecuadas para que los
productores y productoras, cualquiera que fuere su norma de organización o de
empresa, desarrollen sus actividades de alimentos y demás productos agrícolas en forma
eficiente, asegurando la conservación y el aprovechamiento nacional de los suelos,
aguas, bosques y de la flora y fauna silvestre.

13.6 Normas Técnicas
La Secretaría de Agricultura y Ganadería, tendrá a su cargo las actividades y servicios
del sector público agrícola, sobre generación y transferencia de tecnología a los
productores y productoras, con el fin de lograr el desarrollo del agro y la seguridad
alimentaria.

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Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), adscrita directamente a la
persona titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y
Ambiente, la cual tendrá a su cargo el diseño, dirección y ejecución de los programas de
investigación y transferencia de tecnología agropecuaria al sector agrícola, DICTA será
un organismo desconcentrado técnica, financiera y administrativamente.

DICTA absorberá en forma selectiva las actividades y servicios de las actuales
direcciones generales de agricultura y ganadería, aquellas actividades no absorbidas por
DICTA, serán privatizadas, canceladas o transferidas a otras dependencias de la
Secretaría de Recurso Naturales. Una vez absorbida dichas actividades, se procederá a
la liquidación de ambas direcciones generales, quedando sin vigencia las disposiciones
legales de su creación y operación.

Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (Decreto 31- 92 6 abril 1992
Nº. 26,713).

Ley de Reforma Agraria (Decreto Ley 170 - 8 enero de 1975, Nº. 21,482).

Ley General del Ambiente (Decreto Nº.104- 93, 30 de junio de 1993 Nº. 27,083).

Código de Salud (Decreto 65- 91, 6 Agosto 1,991 Nº. 26,509).

14. BOSQUES Y MANEJO DE BOSQUES

14.1 Instituciones con Atribuciones en Materia de Bosques
Administración Forestal del Estado: Le corresponde un papel normativo en bosques
ejidales y privados y administrar los nacionales (Decreto 31.92).

Secretaría de Agricultura y Ganadería: Elabora Políticas en materia Agrícola (Decreto
218- 96).

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente: Elabora Políticas sobre Áreas Protegidas
(muchas de ellas son bosques).

14.2 Formas de Adquirir el Manejo y Explotación de los Bosques

Actividad Procedimiento Requisito

Planes de manejo Solicitud de Dictamen de Tenencia. Acreditar mediante Escritura
(Decreto 31.92 y Pública el carácter de
AC 1,039.93) Si es positivo lo anterior, el propietario en dominio pleno.
propietario procede a elaborar un Plan
de Manejo, luego mediante trámite Elaborar el Plan de Manejo a
interno se aprueba o no. través de un Profesional

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Forestal colegiado.
Si se aprueba, se procede a elaborar
un Plan Operativo quincenal que entra
Elaborar plan operativo y
a trámite por aprobación.
obtener facturas.

Actividad Procedimiento Requisito

Licencia de Presentar solicitud a la AFE- Presentar fotocopia de
Aprovechamiento COHDEFOR, quien supervisa a través Escritura Pública que
no Comercial. de unidades de Gestión Ambiental, se acredite la Propiedad del
apruebe o no. Terreno.

Permiso para Interesado presenta Solicitud a Presentar fotocopia de
Extracción de leña COHDEFOR, quien supervisa a través Escritura Pública que
de unidades de Gestión, dictamina y acredita la Propiedad del
luego aprueba o no. Terreno, si se aprueba
deberá obtener en la AFE-
COHDEFOR, las facturas
correspondientes.

14.3 Manejo y Explotación de los Bosques en General
La norma legal aplicable: Ley para la modernización y Desarrollo del Sector Agrícola
(Decreto 31.92), Reglamento a los Aspectos Forestales de esta Ley (DAC 1,039-93) y el
Reglamento de Multas y Sanciones AC 1,088- 93).

“Las disposiciones están contempladas en el DEC. 31 – 92 (Ley) y sus Reglamentos (AC
1,039 Y 1,088) que se resume en: “Todo aprovechamiento forestal deberá hacerse
previa elaboración y aprobación de un Plan de Manejo Forestal”.

14.4 Manejo de Bosques en Tierras Públicas
Para asegurar el manejo sostenible de las tierras de vocación forestal públicas y
privadas, se establece como norma obligatoria la ejecución de un plan de manejo,
elaborado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento al Título VI, de los Aspectos
Forestales del Decreto 31- 92 que es la Ley de Modernización Agrícola, y demás
Reglamentos específicos que se emitan, incluyendo las normas técnicas aprobadas por
la AFE- COHDEFOR. Estos planes incluirán una evaluación de impacto ambiental de las
actividades programadas y deberán ser aprobadas por un profesional forestal. En las
áreas forestales privadas la presentación del plan de manejo será responsabilidad del
titular del dominio o de la persona que designe.

La elaboración y ejecución del plan de manejo en terrenos públicos corresponde a la
AFE- COHDEFOR, quien actuará directamente o por medio de un Profesional Forestal.

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