juridico

1. CONTROL CONSTITUCIONAL
Diego Romero Castro, PhD.
Universidad Estatal Península de Santa Elena

2. CONSTITUCIÓN DE 1945: EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES
• Título decimocuarto. Del Tribunal de Garantías Constitucionales
• Artículo 159.- Créase el Tribunal de Garantías Constitucionales con jurisdicción en toda la República, integrado por
los siguientes miembros:
• a) Tres diputados elegidos por el Congreso;
• b) El Presidente de la Corte Suprema;
• c) Un representante del Presidente de la República;
• d) El Procurador General de la Nación;
• e) Un representante de los trabajadores, elegido conforme a la ley; y
• f) Dos ciudadanos elegidos por el Congreso.
• Los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales deben ser ecuatorianos por nacimiento, estar en goce de la
ciudadanía y tener veinticinco años de edad, por lo menos. Durarán dos años en el ejercicio de su cargo, serán
reelegibles y gozarán de las garantías e inmunidades de los diputados.
• Los impedimentos del Artículo 26 comprenden a los miembros del Tribunal señalados en las letras e) y f) del inciso
primero de este Artículo.
• En caso de falta, los miembros del Tribunal serán reemplazados hasta completar el período por los respectivos
suplentes, designados al mismo tiempo y en la forma que los principales.
• El Tribunal de Garantías Constitucionales funcionará en la Capital y podrá sesionar con cinco de sus miembros.
• Los Ministros de Estado podrán concurrir a las sesiones del Tribunal y participar sin voto en las deliberaciones.

3. CONSTITUCIÓN DE 1945: EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES
Artículo 160.- Son atribuciones y deberes del Tribunal de Garantías Constitucionales:
1. Velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, en especial de las garantías constitucionales, excitando para ello al
Presidente de la República y a los demás funcionarios y autoridades del Poder Público;
2. Formular observaciones acerca de los decretos, acuerdos, reglamentos y resoluciones que a su juicio se hubieren dictado con
violación de la Constitución o de las leyes, previa audiencia de la autoridad u organismo que los hubieren expedido.
Si las observaciones no fueren aceptadas por la autoridad o el organismo afectado por aquéllas, el Tribunal las publicará por la
prensa y las presentará a consideración del Congreso, a fin de que resuelva sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad legadas;
3. Dictaminar acerca de la inconstitucionalidad de los proyectos de ley o decreto, en el caso señalado en el Artículo 41;
4. Suspender la vigencia de una ley o precepto legal considerados inconstitucionales, hasta que el Congreso dictamine acerca de
ellos.
Para hacerlo, el Tribunal observará las reglas siguientes:
a) Sólo podrá proceder a petición de un juez o tribunal de última instancia;
b) La suspensión se limitará a la disposición o disposiciones consideradas inconstitucionales; y
c) Deberá dar la resolución en el término perentorio de veinte días contados desde la fecha en que reciba la solicitud.
Si el Tribunal de Garantías no resolviere dentro del término fijado en el inciso anterior, el juez o tribunal que hizo la petición
aplicará la ley vigente;
5. Conocer de las quejas que formule cualquier persona, natural o jurídica, por quebrantamiento de la Constitución o de las leyes;
preparar la acusación contra los funcionarios responsables y, salvo lo dispuesto en la ley penal, presentarla al Congreso para que
éste, según los casos, los enjuicie u ordene enjuiciarlos;
6. Examinar las acusaciones propuestas ante el Congreso contra los altos funcionarios, en el caso del numeral 30 del Artículo 34 de
esta Constitución y sostenerlas ante el Congreso si las estimare fundadas.
Cuando tales acusaciones se refieran a uno o más miembros del Tribunal de Garantías, desempañará esta función la Comisión
Legislativa Permanente;
7. Conceder, en cesación de la legislatura y de acuerdo con el Artículo 68, facultades extraordinarias al Presidente de la República;
8. Ejercer jurisdicción en lo contencioso-administrativo, y en la forma que determine la ley; y
9. Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes.

4. CONSTITUCIÓN DE 1967: EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES
Artículo 219.- Tribunal de Garantías Constitucionales.
Con sede en Quito y jurisdicción en toda la República, habrá un Tribunal de Garantías Constitucionales, integrado por:
1. Un Senador, elegido por la Cámara del Senado;
2. Dos Diputados, elegidos por la Cámara de Diputados, uno de los cuales representará a la minoría;
3. El Presidente de Corte Suprema de Justicia;
4. Un representante del Presidente de la República;
5. El Procurador General del Estado;
6. El Presidente del Tribunal Supremo Electoral;
7. Tres ciudadanos que no pertenezcan al Cuerpo Legislativo y que serán elegidos por el Congreso Pleno.
Los miembros señalados en los ordinales 4.º y 7.º deben ser ecuatorianos de nacimiento, estar en goce de los derechos políticos y
tener por lo menos treinta años de edad; durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y pedirán ser reelegidos.
Los demás miembros llenarán los requisitos que la Constitución y las leyes imponen para el desempeño de sus respectivos cargos.
Los integrantes de este Tribunal gozarán de las mismas garantías e inmunidades de los legisladores.
En caso de falta, serán reemplazados, hasta completar el período por los respectivos suplentes, designados al mismo tiempo que los
principales.
Los miembros del Tribunal elegidos por el Congreso Pleno deberán representar las diversas tendencias políticas de la Nación, y uno
de ellos por lo menos, a la minoría parlamentaria.
Los Ministros de Estado, el Contralor General y los Jefes de los partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral,
podrán concurrir a las sesiones del Tribunal y sin derecho a voto participar en sus deliberaciones.

5. CONSTITUCIÓN DE 1967: EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES
Artículo 220.- Atribuciones y deberes del Tribunal de Garantías Constitucionales.
Son atribuciones y deberes del Tribunal de Garantías Constitucionales:
1. Velar por la observancia de la Constitución y las leyes, especialmente de las garantías constitucionales, para lo cual
excitará al Presidente de la República y demás funcionarios del Gobierno y la Administración;
2. Formular observaciones acerca de los decretos, acuerdos, reglamentos y resoluciones dictados con violación de la
Constitución o las leyes, lo cual se hará después de escuchar a la autoridad u organismo responsable.
Si las observaciones no fueron aceptadas, el Tribunal las publicará por la prensa y las pondrá a consideración del
Congreso, a fin de que este resuelva sobre la alegación de inconstitucionalidad o ilegalidad;
3. Conocer de las quejas que por quebrantamiento de la Constitución o de las leyes formule cualquier persona natural o
jurídica; presentar acusación contra los funcionarios responsables, y salvo lo dispuesto por la Ley Penal presentarlas al
Congreso para que éste enjuicie a los presuntos responsables u ordene su procesamiento, según los casos;
4. Nombrar interinamente en receso del Congreso y sujetándose a los requisitos fijados por éste los funcionarios cuya
designación corresponde a la Función Legislativa y para los cuales no se hubiese previsto otra forma de elección;
5. Dictaminar acerca de la celebración de contratos no comprendidos en el ordinal 14 del Artículo 184 y que por su
cuantía requieren licitación previa;
6. Informar al Presidente de la República de las cuestiones sobre las cuales el quisiere o debiere consultarle;
7. Ejercer las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le señalen.

6. CONSTITUCIÓN DE 1979: EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES
Art. 140.- Establécese el Tribunal de Garantías Constitucionales con jurisdicción nacional y sede en Quito. Lo
integran:
1. Tres miembros elegidos por la Cámara Nacional de Representantes;
2. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia;
3. El Procurador General;
4. El Presidente del Tribunal Supremo Electoral;
5. Un representante del Presidente de la República;
6. Un representante de los trabajadores;
7. Un representante de las cámaras de producción; y,
8. Dos representantes por la ciudadanía, elegidos por sendos colegios electorales: uno integrado por los
alcaldes cantonales y otro por los prefectos provinciales.
Los miembros indicados en los números 5, 6, 7 y 8 deben ser ecuatorianos por nacimiento, estar en goce de
los derechos de ciudadanía y tener, por lo menos, 25 años de edad; los mismos y los indicados y en el
número 1, son designados para el período de un año y pueden ser reelegidos. Los demás son miembros
natos del Tribunal.
El Tribunal elige de entre sus miembros, un presidente y un vicepresidente que duran un año en sus
funciones. Los Ministros y el Contralor General pueden concurrir a las sesiones del Tribunal y participar en
sus deliberaciones, sin voto. La ley determina las normas para su organización y funcionamiento y los
procedimientos para su actuación.

7. CONSTITUCIÓN DE 1979: EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES
Art. 141.- Compete al Tribunal de Garantías Constitucionales:
1. Velar por la ejecución de la Constitución, para lo cual excita a las autoridades y
demás funcionarios de la administración pública;
2. Formular observaciones acerca de decretos, acuerdos, reglamentos o resoluciones
dictados con violación de la Constitución o las leyes, luego de oír a la autoridad u
organismos que los hubieren pronunciado. Si las observaciones no fueren aceptadas, el
Tribunal las publica por la prensa y las pone a consideración de la Cámara Nacional de
Representantes o del plenario de las Comisiones Legislativas, en receso de aquélla, a fin
de que resuelvan lo pertinente;
3. Conocer de las quejas que formule cualquier persona natural o jurídica, por
quebrantamiento de la Constitución; preparar la acusación contra los responsables y,
salvo lo dispuesto en la ley penal, presentar a la Cámara Nacional de Representantes o,
en receso de ésta, al plenario de las Comisiones Legislativas para que, según el caso,
los enjuicien u ordenen enjuiciarlos.
4. Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y la ley.

8. CONSTITUCIÓN DE 1998: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Artículo 275.- El Tribunal Constitucional, con jurisdicción nacional, tendrá su sede en Quito. Lo
integrarán nueve vocales, quienes tendrán sus respectivos suplentes. Desempeñarán sus funciones
durante cuatro años y podrán ser reelegidos. La ley orgánica determinará las normas para su
organización y funcionamiento, y los procedimientos para su actuación. Los vocales del Tribunal
Constitucional deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos para los ministros de la Corte
Suprema de Justicia, y estarán sujetos a las mismas prohibiciones. No serán responsables por los
votos que emitan y por las opiniones que formulen en el ejercicio de su cargo. Serán designados por el
Congreso Nacional por mayoría de sus integrantes, de la siguiente manera:
- Dos, de ternas enviadas por el Presidente de la República. –
- Dos, de ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia, de fuera de su seno. –
- Dos, elegidos por el Congreso Nacional, que no ostenten la dignidad de legisladores. –
- Uno, de la terna enviada por los alcaldes y los prefectos provinciales. –
- Uno, de la terna enviada por las centrales de trabajadores y las organizaciones indígenas y
campesinas de carácter nacional, legalmente reconocidas.
- Uno, de la terna enviada por las Cámaras de la Producción legalmente reconocidas.
La ley regulará el procedimiento para la integración de las ternas a que se refieren los tres últimos
incisos. El Tribunal Constitucional elegirá, de entre sus miembros, un presidente y un vicepresidente,
que desempeñarán sus funciones durante dos años y podrán ser reelegidos.

9. CONSTITUCIÓN DE 1998: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Artículo 276.- Competerá al Tribunal Constitucional:
1. Conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad, de fondo o de forma, que se
presenten sobre leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, ordenanzas; estatutos,
reglamentos y resoluciones, emitidos por órganos de las instituciones del Estado, y suspender
total o parcialmente sus efectos.
2. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos administrativos de toda
autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad conlleva la revocatoria del acto, sin
perjuicio de que el órgano administrativo adopte las medidas necesarias para preservar el
respeto a las normas constitucionales.
3. Conocer las resoluciones que denieguen el hábeas corpus, el hábeas data y el amparo, y los
casos de apelación previstos en la acción de amparo.
4. Dictaminar sobre las objeciones de inconstitucionalidad que haya hecho el Presidente de la
República, en el proceso de formación de las leyes.
5. Dictaminar de conformidad con la Constitución, tratados o convenios internacionales previo a
su aprobación por el Congreso Nacional.
6. Dirimir conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución.
7. Ejercer las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes. Las providencias
de la Función Judicial no serán susceptibles de control por parte del Tribunal Constitucional.