CONSTITUCIÓN      de la república   BOLIVARIANA        de venezuela            1999     Con la Enmienda Nº 1, sancionada  ...
Publicada en Gaceta Oficial N° 5.908 extraordinario,de fecha 19 de febrero de 2009.Ediciones de la Asamblea NacionalImpres...
LA ASAMBLEA NACIONAL             CONSTITUYENTE   En nombre y representación del pueblo soberano deVenezuela, en ejercicio ...
ExpOSICIóN dE MOTIvOS       dE LA CONSTITUCIóN   dE LA rEpúBLICA BOLIvArIANA          dE vENEzUELA                 TÍTULO ...
lo cual se establece que la Nación venezolana, orga-nizada en Estado, se denomina República Bolivarianade Venezuela.   Se ...
Se corresponde esta definición con una de las prin-cipales motivaciones expresadas en el Preámbulo, esdecir, el fin suprem...
Por todo ello se incorporan al texto constitucionalcomo valores superiores del ordenamiento jurídico delEstado y de su act...
Se modificó el artículo tradicional sobre el idiomaoficial al declarar que el idioma oficial de Venezuelaes el castellano,...
TÍTULO II          dEL ESpACIO GEOGrÁFICO          Y dE LA dIvISIóN pOLÍTICA                       Capítulo I      Del ter...
como es el caso del Laudo de París de 1899, que des-pojó a Venezuela del espacio situado en la margen oc-cidental del Río ...
Capítulo II                  de la división política    Con el fin de organizar políticamente la Repúblicase divide el ter...
TÍTULO III        dE LOS dErECHOS HUMANOS      Y GArANTÍAS, Y dE LOS dEBErES                       Capítulo I             ...
bles a las contenidas en la Constitución y en las leyes,siendo sus disposiciones de aplicación directa e inme-diata por lo...
marcada influencia ius naturalista, al disponer que laenunciación de los derechos y garantías contenidos enla Constitución...
así como los reconocidos por las leyes, en atenciónal sistema de fuentes que en esta materia consagra eltexto constitucion...
gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,autónoma, independiente, responsable, equitativa yexpedita, sin dilac...
En lo que se refiere al hábeas corpus o amparoa la libertad o seguridad personal, se establece unaacción popular y se prev...
Igualmente, se impone al Estado la obligación deindemnizar integralmente a las víctimas de violacionesde los derechos huma...
Nación venezolana, con su pueblo, sus costumbres ysu destino, se exige que las personas que opten a lacarta de naturaleza,...
de la nacionalidad venezolana, todo ello con el objetode facilitar a la República la suscripción de tratadosinternacionale...
En esta materia destaca, además, la ampliación delos derechos políticos de los venezolanos por naturali-zación con el obje...
en el extranjero. Ello no impide, por tanto, que di-cha persona se ausente temporalmente del territorionacional por razone...
garantías para proteger el derecho de las personas a suintegridad física, psíquica y moral, así como el debidoproceso, el ...
los medios de comunicación y que tengan relación conella, a fin de que se revise la veracidad y oportunidadde la informaci...
Capítulo Iv de los derechos políticos y del referendo popular     Sección primera: de los derechos políticos    En materia...
limitada a los procesos electorales, ya que se reconocela necesidad de la intervención del pueblo en los pro-cesos de form...
cumplido dieciocho años de edad, ampliándose estederecho a los extranjeros que hayan cumplido dichaedad, pero limitado a l...
de optar a cargos de elección popular a aquellas perso-nas que hayan sido condenadas por delitos cometidosdurante el tiemp...
y a la estructuración vertical de organización políticaque lejos de fomentar y desarrollar la cultura y losvalores propios...
Sección segunda: del referendo popular    En relación con los medios de participación en loscuales se concretizan los dere...
trucción de una sociedad democrática, participativa,autogestionaria y protagónica. La equidad de géneroque transversaliza ...
La pluralidad de las familias, el rescate de la tra-dición oral de los ancianos y de las ancianas, comopatrimonio familiar...
y participativo. Asimismo, consecuente con el princi-pio de corresponsabilidad, la Constitución promuevela participación c...
Capítulo vI      de los derechos culturales y educativos   A través de artículos específicos transversalizadosaxiológicame...
na regional, para luego constituir una entrecruzadasumatoria de creaciones que configuren el conjuntodefinitorio de la Nac...
cualquier sociedad. Por consiguiente se proclama laeducación como un derecho humano y como un deberconstitutivo de la raíz...
Se incluye en el proceso educativo formal el nivelmaternal, y se establece con carácter obligatorio hastael nivel medio di...
La legislación debe garantizar la dignificación deldocente, tanto del que ejerce en las instituciones públi-cas como en la...
educativo el manejo de las innovaciones tecnológicas yel desarrollo de servicios públicos de radios, televisión,redes bibl...
versitaria implica, en especial, la libertad para planifi-car, organizar, elaborar y actualizar los programas deinvestigac...
Uno de los mandatos más significativos de la Cons-titución en esta materia, es el que obliga al Estado agarantizar el cump...
Finalmente, en esta materia, el Estado garantizarála atención integral de los deportistas sin discrimi-nación alguna, así ...
El derecho de propiedad se garantiza sin ambigüe-dades, sin obviar las consideraciones de utilidad pú-blica e interés gene...
De la misma manera, como consecuencia de estalucha y de sus particulares condiciones de vulnerabi-lidad, los derechos de l...
hecho preexistente, que al mantenerse históricamente,fortalece el sentido de pertenencia nacional, al valo-rarse el aporte...
garantizar su continuidad biológica y sociocultural, lascuales además son asiento de sus referentes sagrados ehistóricos. ...
sarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión,valores, espiritualidad y preservar sus lugares sagradosy de culto. ...
Los pueblos indígenas tienen el derecho de mante-ner y promover sus prácticas económicas, por lo queno se les podrá impone...
Los pueblos indígenas forman parte de la socie-dad nacional y del pueblo venezolano que se reconocecomo único, soberano e ...
Por otra parte, se prevé que la legislación munici-pal establezca la organización del régimen de gobiernoy administración ...
Capítulo Ix            de los derechos ambientales   En lo que se refiere a los derechos ambientales, laConstitución, adem...
ción del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicosambientales como patrimonio común e irrenunciablede la humanidad. C...
Por otra parte, como una garantía insoslayable parala protección del ambiente se dispone que en todos loscontratos que la ...
Capítulo x                    de los deberes   En este Capítulo, retomando principios de nuestrahistoria constitucional se...
Como consecuencia del principio de supremacía yfuerza normativa de la Constitución, así como del prin-cipio de legalidad, ...
No obstante, las obligaciones que tiene el Estadoconforme a la Constitución y a la ley, se consagra eldeber de toda person...
TÍTULO Iv              dEL pOdEr púBLICO                    Capítulo I        de las disposiciones fundamentales   Sección...
social y político en el cual se deben dar signos clarosdel respeto a la independencia y autonomía funcio-nal de la que deb...
En cuanto a la responsabilidad individual conse-cuencia del ejercicio del Poder Público, se abarca tantoel abuso de poder,...
unos hábitos organizacionales que han enturbiado yobstaculizado el ejercicio de esta función del Estado,desviándola hacia ...
administrativos, salvo las excepciones legales. Comocomplemento a esta disposición se establece la prohi-bición absoluta d...
vo a la política de recursos humanos aplicable a losfuncionarios de la Administración Pública. Se debe-rá regular el ingre...
taria se deben afinar los mecanismos para garantizar elfiel cumplimiento de esta norma. Igualmente se prohí-be a quienes e...
va por designaciones o contrataciones que obvien estemecanismo de selección objetivo, ni se podrá adquirirestabilidad por ...
Tales principios deben ser desarrollados por víalegal de manera de restringir la discrecionalidad en latoma de decisiones ...
accidentales, asistenciales o docentes según la ley. Paradarle eficacia a este dispositivo se requiere la existen-cia de a...
Por otra parte, se conserva como regla general elsometimiento de dichos contratos a las leyes y a lajurisdicción venezolan...
ter supranacional. Como consecuencia de ello, las de-cisiones que adopten los órganos supranacionales quesurjan de los pro...
pios; la administración del espectro electromagnético;el régimen general de los servicios públicos domicilia-rios; el mane...
Se definen los órganos superiores de las entidadesestadales, a saber, el gobernador y el Consejo Legisla-tivo, con las fun...
orientadores; y las leyes estadales son leyes de desarro-llo de esos principios básicos, lo que permitirá mejo-res condici...
Se estableció la remisión a la legislación de la mate-ria correspondiente al desarrollo de los principios cons-titucionale...
aquellos de naturaleza tributaria que corresponden almunicipio de manera irrestricta, dejando abierta la posi-bilidad de q...
Se incluye una norma que consagra la creaciónmediante ley, de los mecanismos necesarios para quelos estados y municipios f...
del proceso de descentralización y la administracióndel Fondo de Compensación Interterritorial destinadoal financiamiento ...
Los diputados que integran la Asamblea Nacionalson elegidos, en cada entidad federal, según una basepoblacional de uno com...
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999 (Nueva constitucion final2011)

  1. 1. CONSTITUCIÓN de la república BOLIVARIANA de venezuela 1999 Con la Enmienda Nº 1, sancionada por la Asamblea Nacional el 14/1/2009, aprobada por el Pueblo Soberanoen Referéndum Constitucional el 15/2/2009 y promulgada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, el 19 de febrero de 2009.
  2. 2. Publicada en Gaceta Oficial N° 5.908 extraordinario,de fecha 19 de febrero de 2009.Ediciones de la Asamblea NacionalImpreso en la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial.Deposito Legal: Lf78420093401032Caracas, abril de 2009
  3. 3. LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE En nombre y representación del pueblo soberano deVenezuela, en ejercicio del poder constituyente origi-nario otorgado por éste mediante referendo aprobadodemocráticamente el veinticinco de abril de mil nove-cientos noventa y nueve, para transformar el Estado ycrear un nuevo ordenamiento jurídico que permita elfuncionamiento efectivo de una democracia social yparticipativa, y en concordancia con el Artículo 1º delEstatuto de Funcionamiento de la ASAMBLEA NA-CIONAL CONSTITUYENTE; CONSIdErANdOque el día quince de diciembre de mil novecientos no-venta y nueve el pueblo de Venezuela, mediante refe-rendo constituyente, aprobó la Constitución de la Repú-blica Bolivariana de Venezuela, la cual fue proclamadapor la Asamblea Nacional Constituyente el día veintede diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dECrETA la siguiente 5
  4. 4. ExpOSICIóN dE MOTIvOS dE LA CONSTITUCIóN dE LA rEpúBLICA BOLIvArIANA dE vENEzUELA TÍTULO I prINCIpIOS FUNdAMENTALES El primer Título de la Constitución, referido a losprincipios fundamentales, consagra la condición libree independiente de la República Bolivariana de Vene-zuela; condición permanente e irrenunciable que fun-damenta en el ideario de Simón Bolívar, el Libertador,su patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad,justicia y paz internacional. De esta manera se rescata el legado histórico dela generación emancipadora, que en la gesta heroicade la independencia de Venezuela luchó para forjar-nos una patria libre, soberana e independiente de todapotencia extranjera. Al mencionar la figura paradig-mática de esa revolución inicial, el Libertador SimónBolívar, se recoge el sentimiento popular que lo dis-tingue como símbolo de unidad nacional y de luchaincesante y abnegada por la libertad, la justicia, lamoral pública y el bienestar del pueblo, en virtud de 6
  5. 5. lo cual se establece que la Nación venezolana, orga-nizada en Estado, se denomina República Bolivarianade Venezuela. Se define la organización juridicopolítica queadopta la Nación venezolana como un Estado demo-crático y social de Derecho y de Justicia. De acuerdocon esto, el Estado propugna el bienestar de los vene-zolanos, creando las condiciones necesarias para sudesarrollo social y espiritual, y procurando la igual-dad de oportunidades para que todos los ciudadanospuedan desarrollar libremente su personalidad, dirigirsu destino, disfrutar los derechos humanos y buscarsu felicidad. Los principios de la solidaridad social y del bien co-mún conducen al establecimiento de ese Estado social,sometido al imperio de la Constitución y de la ley, con-virtiéndolo, entonces, en un Estado de Derecho. Estadosocial de Derecho que se nutre de la voluntad de losciudadanos, expresada libremente por los medios departicipación política y social para conformar el Estadodemocrático. Estado social y democrático de Derechocomprometido con el progreso integral que los vene-zolanos aspiran, con el desarrollo humano que permitauna calidad de vida digna, aspectos que configuran elconcepto de Estado de Justicia. 7
  6. 6. Se corresponde esta definición con una de las prin-cipales motivaciones expresadas en el Preámbulo, esdecir, el fin supremo de refundar la República paraestablecer una sociedad democrática. Ya no sólo es elEstado el que debe ser democrático, sino también lasociedad. Siendo democrática la sociedad, todos loselementos que la integran deben estar signados por losprincipios democráticos y someterse a ellos. Se establece que la educación y el trabajo son losprocesos fundamentales para garantizar los fines delEstado. De esta manera, los ciudadanos y las organi-zaciones sociales tienen el deber y el derecho de con-currir a la instauración y preservación de esas condi-ciones mínimas y de esa igualdad de oportunidades,aportando su propio esfuerzo, vigilando y controlandolas actividades estatales, concienciando a los demásciudadanos de la necesaria cooperación recíproca, pro-moviendo la participación individual y comunitaria enel orden social y estatal, censurando la pasividad, laindiferencia y la falta de solidaridad. Las personas ylos grupos sociales han de empeñarse en la realizacióny ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de susdeberes, mientras que el Estado es un instrumento parala satisfacción de tales fines. 8
  7. 7. Por todo ello se incorporan al texto constitucionalcomo valores superiores del ordenamiento jurídico delEstado y de su actuación, la vida, la libertad, la justi-cia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la res-ponsabilidad individual y social, la preeminencia delos derechos humanos, la ética pública y el pluralismopolítico. En cuanto a la estructura del Estado venezolano,el diseño constitucional consagra un Estado Federalque se define como descentralizado, para así expre-sar la voluntad de transformar el anterior Estado cen-tralizado en un verdadero modelo federal con las es-pecificidades que requiere nuestra realidad. En todocaso, el régimen federal venezolano se regirá por losprincipios de integridad territorial, cooperación, so-lidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que soncaracterísticos de un modelo federal cooperativo, enel que las comunidades y autoridades de los distintosniveles politicoterritoriales participan en la formaciónde las políticas públicas comunes a la Nación, inte-grándose en una esfera de gobierno compartida parael ejercicio de las competencias en que concurren. Deesta manera, la acción de gobierno de los municipios,de los estados y del Poder Nacional se armoniza y co-ordina, para garantizar los fines del Estado venezolanoal servicio de la sociedad. 9
  8. 8. Se modificó el artículo tradicional sobre el idiomaoficial al declarar que el idioma oficial de Venezuelaes el castellano, pero se reconocen los idiomas de lospueblos indígenas como oficiales en las comunidadesdonde son lenguas maternas, pudiendo usarse al igualque el castellano. En las disposiciones fundamentales se consagranlos principios de supremacía y fuerza normativa dela Constitución, según los cuales ella es la norma demayor jerarquía y alcanza su vigencia a través de esafuerza normativa o su capacidad de operar en la vidahistórica de forma determinante o reguladora. Dichosprincipios constituyen el fundamento de todos los sis-temas constitucionales del mundo y representan la pie-dra angular de la democracia, de la protección de losderechos fundamentales y de la justicia constitucional. Con base en lo anterior, todos los órganos que ejer-cen el Poder Público, sin excepción, están sometidos alos principios y disposiciones consagrados en la Cons-titución, y por tanto, todos sus actos pueden ser objetodel control jurisdiccional de la constitucionalidad. 10
  9. 9. TÍTULO II dEL ESpACIO GEOGrÁFICO Y dE LA dIvISIóN pOLÍTICA Capítulo I Del territorio y demás espacios geográficos Se realizaron cambios importantes en la definicióndel espacio geográfico venezolano. En este sentido, seadoptó la expresión más amplia de espacio geográficopara sustituir la de territorio. En efecto, espacio geo-gráfico alude a los espacios continentales, insulares ymarítimos, quedando el territorio como componentedel primero de los citados. Sin embargo, no se altera ladeterminación del espacio geográfico nacional al rei-terar la versión tradicional de la Constitución del año1830 y que se repite hasta la de 1961, es decir, el quecorrespondía a la Capitanía General de Venezuela parael 19 de abril de 1810. No obstante, se agregó la frase con las modifica-ciones resultantes de los tratados y laudos arbitralesno viciados de nulidad. Con ello se corrige la omisióndel Congreso Constituyente de 1961 con relación a loslaudos y arbitrajes determinantes de nuestras fronterasactuales, como son los de los años 1865, 1891, 1899y 1922; y se establece de una manera categórica queVenezuela no reconoce los laudos viciados de nulidad, 11
  10. 10. como es el caso del Laudo de París de 1899, que des-pojó a Venezuela del espacio situado en la margen oc-cidental del Río Esequibo. Por otra parte, se deslinda conceptualmente el espa-cio insular como parte de la organización politicoterri-torial de Venezuela y como espacio sujeto a la sobera-nía venezolana. Por tal razón se menciona las islas porsus nombres y se extiende en ámbito de la soberaníahasta las demás islas, islotes, cayos y bancos situados oque emerjan dentro del mar territorial, en el que cubrela plataforma continental o dentro de los límites de lazona económica exclusiva. Como una consecuencia de los valores fundamen-tales que inspiran a la República Bolivariana de Vene-zuela, se declara expresamente al espacio geográficovenezolano como zona de paz, en virtud de lo cual seprohíbe establecer en él bases militares extranjeras ocualquier instalación de potencia o coalición de poten-cias que tengan propósitos militares. 12
  11. 11. Capítulo II de la división política Con el fin de organizar políticamente la Repúblicase divide el territorio nacional en el de los Estados, eldel Distrito Capital, el de las dependencias federales yel de los territorios federales, mientras que el territoriose organiza en Municipios. En este sentido, la Cons-titución prevé que mediante una ley orgánica que ga-rantice la autonomía municipal y la descentralizaciónpoliticoadministrativa, se regule la división politicote-rritorial de la República. Por otra parte, se establece la ciudad de Caracascomo la capital de la República y asiento de los órga-nos del Poder Nacional, lo cual no impide el ejerciciodel Poder Nacional en otros lugares de la República. Destaca en este Capítulo que mediante ley especialse establecerá la unidad politicoterritorial de la ciu-dad de Caracas que integre en un sistema de gobiernomunicipal a dos niveles, los Municipios del DistritoCapital y los correspondientes del Estado Miranda.En todo caso, dicha ley establecerá su organización,gobierno, administración, competencia y recursos,para alcanzar el desarrollo armónico e integral de laciudad, garantizando el carácter democrático y parti-cipativo de su gobierno. 13
  12. 12. TÍTULO III dE LOS dErECHOS HUMANOS Y GArANTÍAS, Y dE LOS dEBErES Capítulo I disposiciones generales Inspirada por las principales tendencias que se handesarrollado en derecho comparado y en los tratadosinternacionales sobre derechos humanos, la Constitu-ción reconoce expresamente el principio de progresi-vidad en la protección de tales derechos, conforme alcual el Estado garantizará a toda persona natural o jurí-dica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y elejercicio irrenunciable, indivisible e interdependientede los mismos. Se reconocen como fuentes en la protección de losderechos humanos a la Constitución, a los tratados in-ternacionales suscritos y ratificados por la Repúblicaen esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Alrespecto, con el objeto de reforzar la protección de losreferidos derechos se establece que los tratados, pactosy convenciones internacionales en esta materia, suscri-tos y ratificados por Venezuela, prevalecen en el ordeninterno en la medida en que contengan normas sobre elgoce y ejercicio de los derechos humanos más favora- 14
  13. 13. bles a las contenidas en la Constitución y en las leyes,siendo sus disposiciones de aplicación directa e inme-diata por los tribunales de la República y demás órga-nos que ejercen el Poder Público. Por ello, en el casode que un tratado internacional suscrito y ratificado porVenezuela reconozca y garantice un determinado de-recho humano, en forma más amplia y favorable quela Constitución, prevalece en todo caso el instrumentointernacional y debe ser aplicado en forma preferente,directa e inmediata por los tribunales y demás órganosdel Estado. Se reconocen los derechos al libre desenvolvi-miento de la personalidad y a la igualdad. En relacióncon éste último, se refuerza y amplía la protecciónconstitucional al prohibir no sólo las discriminacionesfundadas en la raza, el sexo o la condición social, sinoademás, aquellas que, en general, tengan por objeto opor resultado anular o menoscabar el reconocimien-to, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, delos derechos y libertades de toda persona. Lo anteriorobedece a que en la práctica la dinámica social suelepresentar situaciones de discriminación que deben suorigen a razones distintas de la raza, el sexo o la con-dición social. Por otra parte, la Constitución amplía conceptual-mente la protección de los derechos humanos con una 15
  14. 14. marcada influencia ius naturalista, al disponer que laenunciación de los derechos y garantías contenidos enla Constitución y en los instrumentos internacionalessobre derechos humanos no debe entenderse comonegación de otros que, siendo inherentes a la perso-na, no figuren expresamente en ellos. Por tal motivose establece que la falta de ley reglamentaria de esosderechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.Además, a fin de incluir dentro de tal protección a losderechos inherentes a las personas jurídicas, se elimi-na la distinción que hacía la Constitución de 1961 yque abarcaba únicamente a los derechos inherentes ala persona humana. Se consagra la garantía de no retroactividad de lasleyes y de las disposiciones normativas y se amplía sualcance a fin de que en caso de dudas sobre su vigenciatemporal, se aplique la norma que beneficie al reo. Se mantiene la garantía según la cual todo actodictado en ejercicio del Poder Público que viole omenoscabe los derechos garantizados por la Consti-tución y la ley es nulo; y los funcionarios públicosque lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidadpenal, civil y administrativa, según los casos, sin queles sirvan de excusa órdenes superiores. La Constitu-ción incluye dentro del supuesto de esta garantía, losderechos humanos garantizados por la Constitución, 16
  15. 15. así como los reconocidos por las leyes, en atenciónal sistema de fuentes que en esta materia consagra eltexto constitucional, y con el objeto de ampliar y re-forzar la protección de los derechos humanos. Se reconocen los derechos de acceso a la justiciay tutela judicial efectiva, en virtud de los cuales todapersona puede acceder a los órganos de administra-ción de justicia para obtener la tutela judicial efectivade sus derechos e intereses, incluidos los colectivoso difusos. A tal efecto, los referidos órganos estánrepresentados por las cortes y tribunales que formanparte del Poder Judicial, así como por los demás ór-ganos del sistema de justicia previsto en la Constitu-ción, entre los cuales se encuentran los ciudadanosque participan en la administración de justicia o queejercen la función jurisdiccional de conformidad conla ley. Como una de las implicaciones del Estado demo-crático y social de Derecho y de Justicia en que seconstituye a Venezuela por obra de la Constitución, ycon el fin de erradicar uno de los principales proble-mas de la Nación venezolana, en virtud del cual el Po-der Judicial se caracterizó por su corrupción, lentitude ineficacia y, especialmente, por restringir el accesode la población de escasos recursos a la justicia; laConstitución exige al Estado garantizar una justicia 17
  16. 16. gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,autónoma, independiente, responsable, equitativa yexpedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos oreposiciones inútiles. De esta forma se consagra la justicia gratuita comoun derecho humano que encuentra su principal funda-mento en los derechos a la igualdad y a la tutela judi-cial efectiva que reconoce la Constitución y que tienepor objeto permitir el libre acceso de toda persona a lajusticia, sin discriminación alguna. Como una de lasconsecuencias del referido derecho, la Constitución es-tablece en su Título V Capítulo III, que el Poder Judi-cial no está facultado para establecer tasas, aranceles,ni exigir pago alguno por sus servicios, al tiempo queprevé el servicio de defensa pública. El amparo se reconoce como una garantía delderecho constitucional, cuya finalidad es la tutelajudicial reforzada de los derechos humanos, aun deaquellos inherentes a la persona humana que no figu-ren expresamente en la Constitución o en los instru-mentos internacionales sobre derechos humanos. Alrespecto, se dispone que el procedimiento que deberáestablecer la ley correspondiente en materia de ampa-ro constitucional, será oral, público, breve, gratuitoy no sujeto a formalidad, todo ello con el objeto degarantizar su eficacia. 18
  17. 17. En lo que se refiere al hábeas corpus o amparoa la libertad o seguridad personal, se establece unaacción popular y se prevé que el detenido sea puestobajo custodia del tribunal correspondiente de manerainmediata. Se reconoce por vez primera en el constituciona-lismo venezolano, el hábeas data o el derecho de laspersonas de acceso a la información que sobre sí mis-mas o sobre sus bienes consten en registros oficialeso privados, con las excepciones que establezca la ley.El hábeas data incluye el derecho de las personas deconocer el uso que se haga de tales registros y su finali-dad, y de solicitar ante el tribunal competente su actua-lización, rectificación o destrucción, si fuesen erróneoso afectasen ilegítimamente sus derechos. Por otra parte, como una conquista de la lucha por laprotección integral de los derechos humanos, la Cons-titución impone al Estado la obligación de investigary sancionar legalmente los delitos contra los derechoshumanos cometidos por sus autoridades, al tiempo queestablece, sin excepción, que las violaciones de talesderechos y los delitos de lesa humanidad serán inves-tigados y juzgados por tribunales ordinarios, a fin deexcluir tribunales militares o de excepción de cualquierinvestigación al respecto. 19
  18. 18. Igualmente, se impone al Estado la obligación deindemnizar integralmente a las víctimas de violacionesde los derechos humanos que le sean imputables, o asus derechohabientes, incluido el pago de daños y per-juicios, todo lo cual constituye una consecuencia delprincipio de la responsabilidad patrimonial del Estadoreconocido por la Constitución. Capítulo II de la nacionalidad y de la ciudadanía Sección primera: de la nacionalidad Se mantienen los criterios atributivos de la naciona-lidad originaria propios de la tendencia constitucionalvenezolana, marcada por la presencia del ius soli abso-luto y del ius sanguinis. En esta materia destaca que siendo la nacionalidadvenezolana por nacimiento un derecho inherente a lapersona humana, no podrá privarse de ella a quienes,conforme a la Constitución, cumplieren los requisitospara obtenerla. En cuanto a la nacionalidad derivada o por naturali-zación, en aras de garantizar el vínculo y compromisoefectivo de los venezolanos por naturalización con la 20
  19. 19. Nación venezolana, con su pueblo, sus costumbres ysu destino, se exige que las personas que opten a lacarta de naturaleza, posean domicilio con residenciaininterrumpida en el territorio de Venezuela de, por lomenos, diez años inmediatamente anteriores a la fechade la respectiva solicitud. Esta exigencia se rebaja acinco años, en el caso de aquellas personas que tuvie-ren la nacionalidad originaria de España, Portugal, Ita-lia, países latinoamericanos y del Caribe. En todo caso,la expresión residencia ininterrumpida a que se refiereel texto constitucional, debe interpretarse en el senti-do de que la persona interesada no se haya ausenta-do del territorio nacional con el ánimo de establecersepermanente y definitivamente en el extranjero. Ello noimpide, por tanto, que dicha persona se ausente tempo-ralmente del territorio nacional por razones de turismo,trabajo, estudios u otros de similar naturaleza, siempreque tengan carácter temporal. Se consagra sin discriminación alguna el derechodel cónyuge extranjero casado con venezolano o ve-nezolana por nacimiento, de obtener la nacionalidadvenezolana por naturalización, transcurridos por lomenos cinco años a partir de la fecha del matrimonio. Por otra parte, siguiendo las orientaciones de losordenamientos constitucionales contemporáneos, seadmite la doble nacionalidad y el carácter renunciable 21
  20. 20. de la nacionalidad venezolana, todo ello con el objetode facilitar a la República la suscripción de tratadosinternacionales en la materia. Finalmente, con el objeto de completar y darle efi-cacia a la regulación constitucional se promueve lasuscripción de tratados internacionales en materia denacionalidad con los Estados o países fronterizos y,especialmente, con España, Portugal, Italia, países lati-noamericanos y del Caribe. Sección segunda: de la ciudadanía Esta Sección, al referirse a la ciudadanía, expresala condición jurídica o vínculo de una persona con elEstado, que le permite el ejercicio de los derechos po-líticos. Dicha condición en principio pertenece a losvenezolanos y venezolanas no sujetos a interdiccióncivil ni a inhabilitación política, en las condiciones deedad que establezca la Constitución para el ejercicio delos derechos políticos. No obstante, se otorga potestadelectoral activa a los extranjeros que hayan cumplidodieciocho años de edad, con más de diez años de resi-dencia en el país y no estén sometidos a interdiccióncivil o inhabilitación política, para votar en las eleccio-nes parroquiales, municipales y estadales. 22
  21. 21. En esta materia destaca, además, la ampliación delos derechos políticos de los venezolanos por naturali-zación con el objeto de integrarlos más estrechamentea la vida y destino del país. Por ello, se les permite eldesempeño de cargos públicos hasta ahora reservadosconstitucionalmente a los venezolanos por nacimiento.Así, los venezolanos por naturalización, si tienen domi-cilio con residencia ininterrumpida en el país no menorde quince años, podrán desempeñarse como diputadosa la Asamblea Nacional, aunque no podrán ejercer laPresidencia o Vicepresidencia de dicho cuerpo; comoMinistros, menos en los cargos relacionados con la se-guridad de la Nación, finanzas, energía y minas y edu-cación; o como Gobernadores o Alcaldes, excepciónhecha de los Estados fronterizos. Además, se reconoce a los venezolanos por na-turalización que hubieren ingresado al país antes decumplir siete años de edad y hayan residido perma-nentemente en él, la posibilidad de gozar los mismosderechos de los venezolanos por nacimiento, en vir-tud de lo cual podrán acceder a todos los cargos pú-blicos. En todo caso, la residencia permanente a quese refiere el texto constitucional en esta materia, debeinterpretarse en el sentido de que la persona interesa-da no se haya ausentado del territorio nacional con elánimo de establecerse permanente y definitivamente 23
  22. 22. en el extranjero. Ello no impide, por tanto, que di-cha persona se ausente temporalmente del territorionacional por razones de turismo, trabajo, estudios uotros de similar naturaleza, siempre que tengan ca-rácter temporal. Capítulo III de los derechos civiles En el Capítulo III se recogen y amplían los derechosciviles de las personas, con base en una regulación pro-gresiva que establece normas y principios contenidosen tratados internacionales suscritos y ratificados por laRepública en materia de derechos humanos. Se reafirma el derecho a la vida como derecho fun-damental, base para disfrutar y ejercer los demás de-rechos, comprometiendo al Estado a proteger la vidade las personas que se encuentren privadas de su liber-tad, como procesados o condenados, cualquiera fuereel motivo, así como la de aquellas personas que esténprestando servicio militar o civil, o sometidos a su au-toridad en cualquier otra forma. Se prohíbe en forma absoluta y sin excepciones,aun en estado de emergencia o de excepción o restric-ción de garantías, practicar, permitir o tolerar la des-aparición forzada de personas. Se establecen mayores 24
  23. 23. garantías para proteger el derecho de las personas a suintegridad física, psíquica y moral, así como el debidoproceso, el cual se aplicará a todo tipo de actuacionesjudiciales y administrativas. En el marco de la protección a las personas, se pre-vén los principios que orientará la organización y fun-ciones de los cuerpos de seguridad del Estado, los cua-les deberá adecuar su actuación al respeto a la dignidadde las personas y sus derechos humanos, en razón de locual el uso de armas y sustancias tóxicas estará sujeto alos principios de necesidad, conveniencia, oportunidady proporcionalidad. Se garantiza la libertad de expresión sin que seaposible censura alguna. Por ser consustancial con esederecho, quien lo ejerza asume la plena responsabili-dad por todo lo expresado. Así mismo, se reconoce elderecho a una información veraz, oportuna, imparcialy sin censura. Esta regulación responde a la necesidadde elevar a rango constitucional los parámetros éti-cos indispensables para el ejercicio del derecho a lainformación, con el objeto de que los medios de co-municación como parte de su actividad y de la respon-sabilidad que ella genera, establezcan mecanismos deautoevaluación informativa a los que tenga acceso todapersona, natural o jurídica, pública o privada, que seconsidere perjudicada por informaciones emitidas por 25
  24. 24. los medios de comunicación y que tengan relación conella, a fin de que se revise la veracidad y oportunidadde la información. El derecho a la información veraz, oportuna, impar-cial y sin censura, acogiendo una tendencia presente enderecho comparado, versa sobre hechos que constitu-yan información y que sean transmitidos por los me-dios de comunicación, no sobre las opiniones o juiciosde valor que los medios de comunicación o periodistasofrezcan sobre tales hechos. De igual manera, se garantiza el derecho de los ni-ños y adolescentes a recibir una información adecua-da para su desarrollo integral, en virtud de lo cual losmedios de comunicación deberán ajustar su actividady programación a tales fines, con el objeto de permitirun sano y normal desarrollo del proceso educativo y deformación de las futuras generaciones. 26
  25. 25. Capítulo Iv de los derechos políticos y del referendo popular Sección primera: de los derechos políticos En materia de Derechos Políticos se incluyen modi-ficaciones sustanciales en relación con la DemocraciaRepresentativa y de Partidos establecida en la Consti-tución anterior. Se inicia el Capítulo con la consagración amplia delderecho a la participación en los asuntos públicos de todoslos ciudadanos y ciudadanas, ejercido de manera directa,semidirecta o indirecta. Este derecho no queda circuns-crito al derecho al sufragio, ya que es entendido en unsentido amplio, abarcando la participación en el procesode formación, ejecución y control de la gestión pública.Como contrapartida el Estado y la sociedad deben facili-tar la apertura de estos espacios para que la participaciónciudadana, así concebida, se pueda materializar. Esta regulación responde a una sentida aspiraciónde la sociedad civil organizada que pugna por cambiarla cultura política generada por tantas décadas de pa-ternalismo estatal y del dominio de las cúpulas parti-distas que mediatizaron el desarrollo de los valores de-mocráticos. De esta manera, la participación no queda 27
  26. 26. limitada a los procesos electorales, ya que se reconocela necesidad de la intervención del pueblo en los pro-cesos de formación, formulación y ejecución de las po-líticas públicas, lo cual redundaría en la superación delos déficits de gobernabilidad que han afectado nuestrosistema político debido a la carencia de sintonía entreel Estado y la sociedad. Concebir la gestión pública como un proceso en elcual se establece una comunicación fluida entre gober-nantes y pueblo, implica modificar la orientación de lasrelaciones entre el Estado y la sociedad, para devolver-le a esta última su legítimo protagonismo. Es precisa-mente este principio consagrado como derecho, el queorienta este Capítulo referido a los derechos políticos. Se reconoce el sufragio como un derecho, mas nocomo un deber, a diferencia de la Constitución de 1961.Se establece el ejercicio del mismo mediante votacio-nes libres, universales, directas y secretas. La consagra-ción de la personalización del sufragio debe conciliarsecon el principio de la representación proporcional, re-querido para obtener órganos conformados de maneraplural, en representación de las diferentes preferenciaselectorales del pueblo. En cuanto a la definición de los electores se da esecarácter a los venezolanos y venezolanas que hayan 28
  27. 27. cumplido dieciocho años de edad, ampliándose estederecho a los extranjeros que hayan cumplido dichaedad, pero limitado a las elecciones parroquiales, mu-nicipales y estadales, exigiéndose en todo caso comocondición el que tengan más de diez años de residenciaen el país. En cuanto a las diferentes etapas de los procesoselectorales se otorga a los ciudadanos amplias posibili-dades de participación superando las restricciones delsistema partidocrático que nos rigió. En este sentido,tanto en la fase de la postulación de candidatos comoen el ejercicio de la supervisión y vigilancia del proce-so electoral se consagra constitucionalmente la partici-pación por iniciativa propia, de partidos políticos o deotras asociaciones con fines políticos. El derecho a desempeñar funciones públicas y ejer-cer cargos de elección popular se les otorga de maneraigualitaria a los electores venezolanos y venezolanas,que sepan leer y escribir, con las solas restriccionesderivadas del propio texto constitucional o de las con-diciones de aptitud exigidas por las leyes, para deter-minados cargos. Como una respuesta a las demandas de los venezo-lanos ante las graves desviaciones del sistema políticoy a la corrupción desmedida, se incluye la prohibición 29
  28. 28. de optar a cargos de elección popular a aquellas perso-nas que hayan sido condenadas por delitos cometidosdurante el tiempo en que ejercieron las funciones pú-blicas, así como otros delitos que afecten el patrimoniopúblico. En el mismo contexto de la anterior disposición, seconsagra el derecho al control por parte del pueblo delos representantes electos, el cual abarca la rendiciónde cuentas públicas, transparentes y periódicas. Tal de-recho obliga al representante a cumplir a cabalidad conel programa de gobierno presentado al electorado, asícomo a mantener una comunicación permanente con elpueblo que lo eligió. En este capítulo se produce la ruptura con el siste-ma partidocrático que ocupó un largo espacio en nues-tra historia política reciente, al eliminarse la sumisiónde la participación democrática a la organización enestructuras partidistas como único vehículo a utilizar.Por el contrario, se consagra el derecho de asociacióncon fines políticos con amplitud, garantizando la apli-cación de principios democráticos en la constitución,organización, funcionamiento e igualdad ante la ley,dado el interés público de las actividades que cumplenlas organizaciones con fines políticos. De esta mane-ra, se establece con rango constitucional limitacionesimportantes a la conformación de cúpulas partidistas 30
  29. 29. y a la estructuración vertical de organización políticaque lejos de fomentar y desarrollar la cultura y losvalores propios de la democracia han obstaculizadosu profundización. Se prevé igualmente el control del financiamientode estas organizaciones, así como los límites de gas-tos en campañas electorales, y el establecimiento demecanismos de control para garantizar la licitud de lascontribuciones y el manejo pulcro de las mismas. La Constitución consagra como un derecho políticoconsustancial con la vida democrática, el de la mani-festación pacífica y sin armas. Dadas las trágicas y dra-máticas experiencias vividas por los venezolanos en elejercicio de este derecho a expresar su descontento conel ejercicio de las funciones de gobierno, se incluyenprohibiciones que persiguen limitar la acción represivade los cuerpos policiales y de seguridad. En este senti-do, se consagra la prohibición del uso de armas de fue-go y sustancias tóxicas para enfrentar manifestacionespacíficas. Igualmente se reconocen y garantizan los derechosde asilo y refugio, como principios reconocidos uni-versalmente. 31
  30. 30. Sección segunda: del referendo popular En relación con los medios de participación en loscuales se concretizan los derechos de los ciudadanos aejercer su soberanía, se consagran las diversas formasde referendo popular a la que se dedica una sección enparticular que regula el referendo consultivo, revocato-rio, aprobatorio y abrogatorio. Capítulo v de los derechos sociales y de las familias Los derechos sociales contenidos en la Constitu-ción consolidan las demandas sociales, jurídicas, po-líticas, económicas y culturales de la sociedad en unmomento histórico en que los venezolanos y venezo-lanas se redescubren como actores de la construcciónde un nuevo país, inspirado en los saberes popularesque le dan una nueva significación al conocimientosociopolítico y jurídico del nuevo tiempo. La corresponsabilidad entre sociedad y Estado, elsentido de progresividad de los derechos, la indivisi-bilidad e interdependencia de los derechos humanosconstituyen una herramienta doctrinaria que defineuna nueva relación de derechos y obligaciones en-tre sujetos que participan solidariamente en la cons- 32
  31. 31. trucción de una sociedad democrática, participativa,autogestionaria y protagónica. La equidad de géneroque transversaliza todo el texto constitucional definela nueva relación que en lo jurídico, en lo familiar,en lo político, en lo socioeconómico y cultural, ca-racteriza a la nueva sociedad, en el uso y disfrute delas oportunidades. Queda evidenciado a lo largo detodo el texto constitucional el uso del género feme-nino, expresamente indicado de acuerdo con las re-comendaciones de la Organización para la Educacióny la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) y dediversas organizaciones no gubernamentales, todo locual se inscribe dentro del principio de igualdad y nodiscriminación reconocido por el texto constitucio-nal, con el objeto de evitar dudas o equívocas inter-pretaciones de la Constitución. La participación directa de la gente en la toma dedecisiones para la solución de sus problemas y losde su comunidad, crea una nueva relación ciudadanaque en el ámbito de los derechos sociales, desarrollala tríada solidaria entre sociedad, familia y Estado,lo que coloca al legislador y a los órganos que inte-gran el sistema de justicia, en un nuevo espacio deinterpretación de la democracia social y del Estado deDerecho y de Justicia. 33
  32. 32. La pluralidad de las familias, el rescate de la tra-dición oral de los ancianos y de las ancianas, comopatrimonio familiar para una educación cotidiana; lagarantía de la autonomía funcional de los seres hu-manos con discapacidad o necesidades especiales;la ciudadanía progresiva de los niños y de las niñasdefinidos como prioridad absoluta del Estado; losadolescentes y jóvenes entendidos como sujetos es-tratégicos para el desarrollo sustentable; el significa-do del trabajo productivo del ama de casa; el consu-mo protegido y la seguridad alimentaria; la viviendacomo hábitat que humaniza las relaciones familiaresy comunitarias; la información como mecanismo quecoadyuva a la formación de la cultura ciudadana, sonnuevos elementos elevados a rango constitucionalque requieren una interpretación acorde con su finali-dad, no sujeta a formalismos jurídicos alejados de larealidad social. Se garantiza para todos la seguridad social, lacual debe responder a los conceptos de solidaridad,universalidad, integralidad, unicidad, participación yeficiencia. La salud, asociada indisolublemente a lacalidad de vida y al desarrollo humano, constituye underecho social fundamental que el Estado garantizaa partir de un sistema sanitario de servicios gratui-tos, definido como único, universal, descentralizado 34
  33. 33. y participativo. Asimismo, consecuente con el princi-pio de corresponsabilidad, la Constitución promuevela participación ciudadana en la formulación y ejecu-ción de las políticas y planes de salud, a fin de lograrun ambiente sano y saludable. En el campo laboral se reconocen los derechos in-dividuales al trabajo, a la estabilidad y a las vacacio-nes, así como los derechos colectivos de sindicaliza-ción, contratación colectiva y derecho a la huelga porparte de los trabajadores y de las trabajadoras. Todos estos derechos constituyen la base funda-mental del nuevo ordenamiento jurídico en el que lavida, la ética, la moral, la libertad, la justicia, la dig-nidad, la igualdad, la solidaridad, el compromiso, losdeberes ciudadanos y la seguridad jurídica son va-lores que concurren en la acción transformadora delEstado, la Nación, el gobierno y la sociedad, en unpropósito de realización compartida para producir lagobernabilidad corresponsable, la estabilidad políticay la legitimidad jurídica necesarias para el funciona-miento de la sociedad democrática. 35
  34. 34. Capítulo vI de los derechos culturales y educativos A través de artículos específicos transversalizadosaxiológicamente, en la Constitución quedan expresa-dos los criterios y ejes fundamentales que reconocen ysintetizan los derechos culturales y educativos. En las primeras disposiciones de este capítulo segarantiza la absoluta libertad en la creación cultural,tanto para la inversión en ella como para su produc-ción y divulgación. Conforme a esta libertad el Es-tado reconoce el derecho a la propiedad intelectualde la obra creada. Se otorga rango constitucional ala protección, preservación, conservación y restaura-ción del patrimonio cultural venezolano y, con ello, ala memoria histórica de la Nación, lo cual obliga crearuna legislación que consagre la autonomía de la ad-ministración cultural. Esa legislación debe estimulara quienes puedan y quieran enriquecer dicho patrimo-nio, y también debe establecer sanciones o penas a laspersonas naturales o jurídicas que le infieran daños operjuicios. Adicionalmente, se enfatiza el principio de igual-dad de las culturas y el de la interculturalidad, y sedestaca la promoción de las expresiones popularesque conforman y modelan cada naturaleza autócto- 36
  35. 35. na regional, para luego constituir una entrecruzadasumatoria de creaciones que configuren el conjuntodefinitorio de la Nación. Para lograr esos objetivos constitucionales, la legis-lación correspondiente deberá establecer incentivos yestímulos para quienes promuevan, apoyen, desarro-llen o financien, actividades relacionadas con la cultu-ra, tanto en el país como en el exterior. Se garantiza a los trabajadores culturales su incor-poración a un sistema de seguridad social; y se prevéa través de una legislación perentoria la figura del me-cenazgo. El articulado garantiza igualmente, la obligatorie-dad de la información cultural, con el objeto de corre-gir la desigualdad comunicacional que frente a nuestrapropia cultura exhiben los medios de comunicación.Por ello se establece el deber de dichos medios decoadyuvar a la difusión de los valores y aportes de loscreadores venezolanos. Las disposiciones siguientes están dedicadas a de-rechos y definiciones de carácter educativo. Es innecesario, por reiterativo, exponer motiva-ciones para justificar el carácter insoslayablementefundamental y prioritario que tiene la educación para 37
  36. 36. cualquier sociedad. Por consiguiente se proclama laeducación como un derecho humano y como un deberconstitutivo de la raíz más esencial de la democracia, yse la declara gratuita y obligatoria, y la asume el Estadocomo función indeclinable y de servicio público. De acuerdo con la Constitución, la Educación esplural en su apertura a todas las corrientes del pensa-miento universal, como instrumento del conocimientocientífico, humanístico y tecnológico. Debe estar orien-tada al desarrollo pleno de la personalidad para el dis-frute de una existencia digna, que transcurra con unavaloración ética del trabajo y con una conciencia departicipación ciudadana. El propósito es que cada ve-nezolano se sienta parte de una sociedad democrática,de la cual sea activamente solidario en su transforma-ción hacia un país con una firme identidad geohistóricanacional y, al mismo tiempo, con vocación latinoame-ricana y universal. A tales fines, la educación debe ser integral decalidad, permanente, en igualdad de condiciones yoportunidades para acceder a ella; igualdad que in-cluye a quienes califiquen en condiciones especiales,o estén discapacitados, o que se encuentren privadosde su libertad. 38
  37. 37. Se incluye en el proceso educativo formal el nivelmaternal, y se establece con carácter obligatorio hastael nivel medio diversificado. En las instituciones delEstado se consagra la gratuidad de la educación en to-dos los niveles hasta el pregrado universitario. En todo caso, la inversión presupuestaria que paraestos fines realice el Estado tendrá carácter prioritarioy estará en concordancia con las recomendaciones dela UNESCO en esta área. Se reconoce el derecho de las personas naturales yjurídicas de fundar y mantener instituciones educati-vas privadas, previa aceptación del Estado y bajo suestricta inspección y vigilancia. Esa exigencia consti-tucional responde al hecho de que si bien existen cen-tros de educación privada que con probidad, eficienciaacadémica y honestidad, han aportado y aportan unainvalorable contribución a la formación de venezo-lanos, lamentablemente, también es verdad que a lolargo del tiempo han proliferado, sin control alguno,deplorables centros educativos cuyo único objetivo esel lucro desmedido, el cual ha generado la violación dela normativa legal y el irrespeto a la dignidad humana,a través de comportamientos ajenos a los nobles pro-pósitos del apostolado educativo y con actuaciones quehan defraudado la más hermosa fe y confianza de grancantidad de estudiantes. 39
  38. 38. La legislación debe garantizar la dignificación deldocente, tanto del que ejerce en las instituciones públi-cas como en las privadas, consagrando un régimen deremuneración, prestaciones y seguridad sociales quele garanticen niveles de vida acordes con su elevadamisión. A los efectos, de su ingreso, ascenso y perma-nencia en el sistema educativo, los docentes deberánsometerse a una rigurosa evaluación que responda acriterios de méritos éticos y académicos, con prescin-dencia de cualquier injerencia partidista. Para ser incluidas en los diseños curriculares, se lesdio rango constitucional a las materias relativas al am-biente, a lo lingüístico y a lo geohistórico. En efecto, laformación ambiental debe estar presente en todos losniveles del sistema educativo, aun en la educación noformal. La enseñanza de la lengua castellana es obliga-toria hasta el ciclo diversificado, tanto en las institucio-nes públicas como privadas. Esta misma obligatorie-dad se establece para las materias patrias, la historia deVenezuela y la geografía de Venezuela, rescatando asísu categoría de materias autónomas, ante la imperiosanecesidad de afianzar la identidad nacional. Coadyuva-rá a lograr este objetivo la enseñanza del ideario boli-variano, igualmente establecida como obligatoria en elartículo 107 de la Constitución. Se enfatiza la necesidad de incorporar al sistema 40
  39. 39. educativo el manejo de las innovaciones tecnológicas yel desarrollo de servicios públicos de radios, televisión,redes bibliotecarias e informáticas, con el objeto ade-más, de permitir el acceso universal a la información. La Constitución delega en la ley la determinaciónde las profesiones que requieren título y las condicio-nes que debe cumplirse para ejercerlas, incluyendo lacolegiación. Al respecto, la Disposición TransitoriaDecimoquinta dispone que hasta tanto se apruebe lalegislación en esa materia, se mantendrá en vigencia elordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción dela Constitución. Por otra parte, la ley deberá garantizar que en lasasociaciones gremiales y colegios profesionales se es-tablezcan estructuras organizativas que permitan afi-liaciones, gerencias académicas y gestiones electoralesmás adecuadas a la calidad profesional de sus integran-tes y directivos. Además, por ser inherente a la naturaleza de la uni-versidad, se reconoce la autonomía universitaria comoprincipio y jerarquía que permite a los profesores, es-tudiantes y egresados de su comunidad, dedicarse a labúsqueda del conocimiento a través de la investigacióncientífica, humanística y tecnológica, para el beneficioespiritual y material de la Nación. Esa autonomía uni- 41
  40. 40. versitaria implica, en especial, la libertad para planifi-car, organizar, elaborar y actualizar los programas deinvestigación, docencia y extensión, así como la invio-labilidad del recinto universitario. En todo caso, la au-tonomía universitaria debe garantizar una permanenteadecuación de la institución al incesante desarrollo delconocimiento. Como consecuencia de lo anterior, también se dis-pone que las universidades autónomas se darán suspropias normas de gobierno, funcionamiento y admi-nistración, bajo el control y vigilancia que establezca laley. Por su parte, las universidades nacionales experi-mentales para alcanzar su autonomía deberán cumplircon los requisitos que establezca la ley. La ciencia, la tecnología, el conocimiento en ge-neral, la innovación y sus aplicaciones y los servi-cios de información, se declaran de interés público,por ser instrumentos fundamentales para el desarro-llo económico, social y político del país, así comopara la seguridad y soberanía nacional. A tales fines,el Estado creará un sistema nacional de ciencia ytecnología que agrupe, coordine y fomente el desa-rrollo de la investigación en el país, al cual destina-rá recursos suficientes. La empresa privada tambiéndeberá contribuir con sus recursos al desarrollo deesta actividad. 42
  41. 41. Uno de los mandatos más significativos de la Cons-titución en esta materia, es el que obliga al Estado agarantizar el cumplimiento de los principios éticos ylegales, en las actividades relacionadas con la inves-tigación científica, humanística y tecnológica, todo locual será regulado por la ley. Siendo el deporte, la educación física y la recrea-ción actividades indispensables de toda persona parasu integral desenvolvimiento corporal y espiritual, asícomo para su incorporación al desarrollo del país, conel objeto de formar una población sana y apta parael estudio y el trabajo, se reconocen tales actividadescomo un derecho humano, cuyo libre ejercicio benefi-cia la calidad de vida individual y colectiva. En conse-cuencia, su enseñanza y práctica se inscriben dentro delproceso educativo y son materia obligatoria en institu-ciones públicas y privadas hasta el ciclo diversificado.Los recursos para su promoción y desarrollo estarángarantizados por el Estado como parte de una políticade educación y salud pública. Lo anterior responde, además, a que concibe la re-creación no solo como ocio, sino como una actividadindividual y colectiva que permite el desarrollo espi-ritual y la gestación de elevadas formas de concienciasociocultural. 43
  42. 42. Finalmente, en esta materia, el Estado garantizarála atención integral de los deportistas sin discrimi-nación alguna, así como el apoyo al deporte de altacompetencia. Además, con el objeto de garantizar laeficacia de los postulados constitucionales, el Estadopromoverá la evaluación y regulación de las entida-des deportivas del sector público y del sector privado,conforme a los mecanismos que prevea la ley, la cualtambién establecerá incentivos y estímulos a las perso-nas y comunidades que promuevan a los atletas y de-sarrollen o financien planes, programas y actividadesdeportivas en el país. Capítulo vII de los derechos económicos En este Capítulo referido a los derechos económi-cos, se establece el derecho que tienen los consumido-res a disponer de bienes y servicios de calidad y a untratamiento digno y no discriminatorio. En consecuen-cia, el Estado se obliga a tomar las medidas necesariaspara combatir toda práctica que afecte la libre forma-ción de precios, sea ella originada en la morfología delmercado, como los monopolios, o en el abuso de posi-ción dominante. 44
  43. 43. El derecho de propiedad se garantiza sin ambigüe-dades, sin obviar las consideraciones de utilidad pú-blica e interés general, en tanto que la acción del Es-tado, considerada como esencial en la definición de unmarco institucional apropiado para el crecimiento y elbienestar, está sometida al imperio de la ley. Capítulo vIII de los derechos de los pueblos indígenas Actualmente habitan en Venezuela, al igual que enel resto del continente americano, pueblos cuya exis-tencia antecede a la llegada de los primeros europeos,así como a la formación de los estados nacionales,razón por la cual se les denomina pueblos indígenas.Sus antepasados ocuparon durante miles de años estastierras, desarrollando formas de organización social,política y económica, culturas, idiomas y tecnologíasmuy diferentes entre sí y respecto a las conocidas porlos europeos de entonces. Ante la invasión, conquistay colonización europea, los indígenas defendieron he-roicamente sus tierras y vidas. Durante más de quinien-tos años han mantenido su resistencia y lucha por elreconocimiento pleno de su existencia como pueblos,así como del derecho sobre sus tierras, lo cual hoy sematerializa con la refundación de la República. 45
  44. 44. De la misma manera, como consecuencia de estalucha y de sus particulares condiciones de vulnerabi-lidad, los derechos de los pueblos indígenas han sidoreconocidos internacionalmente como derechos espe-cíficos y originarios. Este mismo reconocimiento en la Constitución im-plica un profundo cambio de perspectiva política ycultural que reorienta la conducción del Estado vene-zolano, al reconocer su carácter multiétnico, pluricul-tural y multilingüe. En el seno de los diferentes ordenamientos jurídicoslatinoamericanos se han realizado notables esfuerzosen el avance, reconocimiento y profundización de losderechos de los pueblos indígenas, tanto en el ámbitolegislativo como en el constitucional. En este sentido,es importante destacar que la mayoría de las constitu-ciones latinoamericanas actuales establecen principiosclaros sobre los derechos de los pueblos indígenas,como un reconocimiento a la diversidad cultural deAmérica Latina. En Venezuela también se ha dado un progresivo re-conocimiento jurídico de la realidad de la diversidadcultural nacional representada por los pueblos indíge-nas venezolanos, tanto legal como jurisdiccionalmen-te. Así, el Estado venezolano recoge una situación de 46
  45. 45. hecho preexistente, que al mantenerse históricamente,fortalece el sentido de pertenencia nacional, al valo-rarse el aporte de la indianidad en la formación de lavenezolanidad y de sus instituciones sociales básicas. En este sentido, en el ordenamiento jurídico vene-zolano existen muchas referencias normativas distin-tas relativas a la realidad indígena, las cuales incluyenleyes aprobatorias de tratados internacionales en ma-teria de derechos indígenas, así como diferentes leyesorgánicas, ordinarias y especiales así como decretos,resoluciones ministeriales y reglamentos, que regulandiferentes áreas vinculadas a su realidad en el contex-to nacional. Igualmente, dentro de las instituciones delEstado existen dependencias específicas para atenderlos diversos aspectos de la realidad de los pueblos indí-genas, dentro de su complejidad. Por su parte, en tiem-pos recientes, la jurisprudencia venezolana ha desarro-llado también el contenido de los derechos humanosde los indígenas, en diferentes sentencias para casosespecíficos. Sobre esta base el Capítulo referido a los derechosindígenas reconoce ampliamente la existencia de lospueblos indígenas, sus formas de organización, cul-turas e idiomas propios, así como sus hábitats y losderechos originarios sobre las tierras que ancestral ytradicionalmente ocupan y que son indispensables para 47
  46. 46. garantizar su continuidad biológica y sociocultural, lascuales además son asiento de sus referentes sagrados ehistóricos. Todo ello implica un profundo cambio en laperspectiva política y jurídica del país. Se establece que las tierras indígenas son inaliena-bles, imprescriptibles, inembargables e intransferiblesy que corresponde al Estado conjuntamente con lospueblos indígenas la demarcación de dichas tierras.Una ley especial desarrollará lo específico de tal de-marcación a fin de asegurar la propiedad colectiva delas tierras a los pueblos y comunidades indígenas quelas habitan. Se garantiza la integridad de los hábitats indígenasy se consagra el aprovechamiento racional de los re-cursos naturales allí existentes. Se reconoce el derechode las comunidades indígenas a recibir informaciónprevia y a ser consultadas sobre actividades de apro-vechamiento de los recursos naturales. Los beneficiosque corresponden a los pueblos indígenas por conceptode este aprovechamiento por parte del Estado serán decarácter colectivo. En oposición a las políticas indigenistas que has-ta ahora imperaron en el país y que han significado ladestrucción y desaparición de sus culturas, se consagrael derecho de cada pueblo indígena a mantener y de- 48
  47. 47. sarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión,valores, espiritualidad y preservar sus lugares sagradosy de culto. La valoración del patrimonio cultural y lin-güístico de los pueblos indígenas concierne a todos losvenezolanos; en consecuencia, el Estado velará por elmantenimiento, continuidad, enriquecimiento y repro-ducción del mismo. Dado que toda sociedad posee su propio sistemay procesos de socialización y de endoculturación me-diante los cuales educan a sus miembros según suscostumbres y tradiciones, el Estado reconoce y respetalos sistemas educativos de los indígenas y garantiza laatención educativa, mediante la modalidad de un régi-men de educación intercultural bilingüe, que combinala educación formal con los sistemas educativos tradi-cionales indígenas e implica igualmente el uso de laslenguas maternas y el castellano. Como parte de la valoración del patrimonio cultu-ral indígena, el Estado reconoce las prácticas médicastradicionales de los pueblos indígenas, las cuales hastael presente han sido desconocidas y descalificadas. ElEstado garantizará a los pueblos indígenas, medianteuna perspectiva intercultural que permita la combina-ción de los dos saberes, la salud integral adaptando losservicios de salud a las especificidades y necesidadesculturales de cada uno de los pueblos indígenas. 49
  48. 48. Los pueblos indígenas tienen el derecho de mante-ner y promover sus prácticas económicas, por lo queno se les podrá imponer planes y proyectos de desarro-llo ajenos a sus intereses y necesidades. El Estado ase-gurará dentro de una perspectiva de desarrollo susten-table, con identidad y en articulación con la economíanacional, los recursos financieros, la capacitación y laasistencia técnica requerida, así como la participaciónen la economía del país. Con el fin de salvaguardar los conocimientos, sabe-res, prácticas e innovaciones intelectuales y recursosgenéticos de los pueblos indígenas, de la apropiaciónilegal y el aprovechamiento comercial por parte de per-sonas naturales y jurídicas, el Estado garantiza y pro-tege la propiedad colectiva de los mismos prohibiendosu patentabilidad. Al garantizarse la participación política de los pueblosindígenas con una representación en la Asamblea Nacio-nal y en los cuerpos deliberantes de las entidades federa-les y locales con población indígena se consagra una delas principales aspiraciones de los pueblos indígenas, talcomo se expresa en las disposiciones transitorias. Ello lespermitirá estar presentes en la elaboración de las distintasleyes y reglamentos del país, además de garantizarles suparticipación directa en las instancias de toma de decisio-nes de los poderes públicos que integran el Estado. 50
  49. 49. Los pueblos indígenas forman parte de la socie-dad nacional y del pueblo venezolano que se reconocecomo único, soberano e indivisible. El uso del términopueblo, tal como lo expresa claramente el texto cons-titucional, significa el reconocimiento de su identidadespecífica, de las características sociales, culturales yeconómicas que les son propias y que los diferenciandel resto de la sociedad, por tanto el uso de dicho tér-mino no podrá interpretarse en el sentido que se le daen el derecho internacional. Pero aunado a este Capítulo dedicado a los dere-chos indígenas, la Constitución consagra otras disposi-ciones en la materia. Así, la Constitución establece que las lenguas indí-genas tienen un valor primordial en sí mismas por serel máximo instrumento intelectual de los pueblos quelas usan, el más completo inventario de su cultura y lamejor imagen de su vida inmaterial y espiritual. Por constituir un derecho de los pueblos indígenas yun patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad,además del castellano, los idiomas indígenas también sonde uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser res-petados en todo el territorio de la República. En tal virtud,los idiomas indígenas se emplearán en todos los procesosadministrativos y judiciales en que sea necesario. 51
  50. 50. Por otra parte, se prevé que la legislación munici-pal establezca la organización del régimen de gobiernoy administración local que corresponderá a los muni-cipios con población indígena, tomando en cuenta laorganización social y cultural específica de cada muni-cipio indígena, sus autoridades tradicionales, así comoel tipo de economía que estas comunidades practiquen,a fin de establecer una administración municipal quereconozca la capacidad de participación indígena en suhábitat y en el marco de su desarrollo sociocultural.Asimismo, se excluyen las tierras correspondientes alas comunidades y pueblos indígenas de la calidad deejidos. Por último, la Constitución se refiere al derecho quetienen los pueblos indígenas de seguir practicando sussistemas normativos internos, para la regulación, san-ción y restauración de la paz social. Este derecho a lajusticia es un mecanismo de protección a los indíge-nas venezolanos, que históricamente han vivido en unasociedad que los excluyó y discriminó; en este casono se trata de códigos o leyes escritas, sino de formasde justicia que han permitido a estos pueblos regularseinternamente, enfrentar los conflictos y seguir mante-niendo la cohesión colectiva mediante la aplicación deun sistema normativo reparatorio. 52
  51. 51. Capítulo Ix de los derechos ambientales En lo que se refiere a los derechos ambientales, laConstitución, además de establecer por vez primeraen nuestra historia constitucional un Capítulo espe-cialmente dedicado a los mismos, supera, con unavisión sistemática o de totalidad, la concepción delconservacionismo clásico que sólo procuraba la pro-tección de los recursos naturales como parte de losbienes económicos. En efecto, anteriormente la protección jurídica delambiente se caracterizaba por una regulación parcialcuyo principal objeto era la conservación de los recur-sos naturales. Ahora, impulsados por una necesidad yuna tendencia mundial, los postulados constitucionalesexigen que la normativa en esta materia responda a po-líticas ambientales de amplio alcance que se inscribanen los parámetros contenidos en los tratados interna-cionales de carácter ambiental, todo ello con el objetode garantizar un desarrollo ecológico, social y econó-micamente sustentable, en el que el uso de los recursospor parte de las presentes generaciones no comprometael patrimonio de las futuras. La Constitución en su preámbulo señala entre losfines que debe promover nuestra sociedad, la protec- 53
  52. 52. ción del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicosambientales como patrimonio común e irrenunciablede la humanidad. Consecuente con ello, el texto cons-titucional se caracteriza por desarrollar con la ampli-tud necesaria, los derechos y deberes ambientales decada generación, y por reconocer el derecho que ellastienen a un medio ambiente seguro, sano y ecológica-mente equilibrado. Destaca, en este sentido, la nece-sidad de mantener un eficaz desarrollo de la seguridadambiental en las fábricas y complejos industriales. Así, el Estado, con el objeto de garantizar un de-sarrollo ecológico, social y económicamente susten-table, protegerá el ambiente, la diversidad biológica,los recursos genéticos, los procesos ecológicos, losparques nacionales y monumentos naturales y demásáreas de especial importancia ecológica; al tiempoque velará por un medio ambiente libre de conta-minación, en donde el aire, el agua, los suelos, lascostas, el clima, la capa de ozono, las especies vi-vas, gocen de especial protección. De igual manera,el Estado desarrollará una política de ordenación delterritorio que atienda a las exigencias del desarrollosustentable, la cual deberá contar con la participaciónciudadana. 54
  53. 53. Por otra parte, como una garantía insoslayable parala protección del ambiente se dispone que en todos loscontratos que la República celebre, o en los permisosque se otorguen, que afecten recursos naturales, seconsiderará incluida, aun cuando no estuviere expresa,la obligación de conservar el equilibrio ecológico, depermitir el acceso a la tecnología y la transferencia dela misma en condiciones mutuamente convenidas y derestablecer el ambiente a su estado natural si éste resul-tare alterado, todo ello en los términos que determinela ley. Aunado a ello, los principios contenidos en esteCapítulo encuentran su transversalización axiológicaen el texto constitucional, a través de otras disposi-ciones y principios que tienen como finalidad el de-sarrollo ecológico, social y económicamente susten-table de la Nación. Así, encuentra fundamento consti-tucional la obligatoriedad de la educación ambiental,las limitaciones a la libertad económica por razonesde protección del ambiente, el carácter de bienes dedominio público que se le atribuye a las aguas, laagricultura sustentable como base estratégica del de-sarrollo rural integral, la protección del hábitat de lospueblos indígenas, entre otros. 55
  54. 54. Capítulo x de los deberes En este Capítulo, retomando principios de nuestrahistoria constitucional se consagran los deberes de losvenezolanos. El origen de los deberes es la Declara-ción de los Derechos del Pueblo de 1811, publicadaen la Gaceta de Caracas el 23 de julio de ese mismoaño, en la cual se desarrollaron los derechos y debe-res del hombre en sociedad. Luego, en la ConstituciónFederal de Venezuela de 1811 publicada en la Gacetade Caracas el 27 de diciembre de ese mismo año, ensu parte final se consagraron los deberes del hombreen sociedad conjuntamente con los deberes del cuerposocial, con fundamento en la figura romana del buenpadre de familia. Se consagra el deber de honrar y defender la Pa-tria, independientemente de cualquier tipo de corrienteideológica, como una obligación consustancial con lanacionalidad. Este deber implica no sólo resguardar yproteger la soberanía, la nacionalidad y nuestra inte-gridad territorial, sino además, defender y promover laautodeterminación política, territorial, cultural y socialde la Nación. Además, rescatando nuestra historia re-publicana, se extiende ese deber a la promoción y de-fensa de todo lo que identifica nuestra Nación, comolos símbolos patrios y valores culturales. 56
  55. 55. Como consecuencia del principio de supremacía yfuerza normativa de la Constitución, así como del prin-cipio de legalidad, se consagra el deber de toda personade cumplir y acatar el Texto Fundamental, las leyes ydemás actos que en ejercicio de sus funciones legíti-mas dicten los órganos que ejercen el Poder Público. Promoviendo una sociedad plural, armónica, so-lidaria, abierta, integrada y comprometida en todossus ámbitos, se consagra el deber de toda persona decumplir los requerimientos sociales y participar en lavida política, civil y comunitaria del país. En la bús-queda de estos propósitos se resalta la obligación depromover y defender los derechos humanos siemprecon fundamento en la convivencia democrática y enla paz social. En virtud del principio de solidaridad social, se con-sagra el deber de toda persona de coadyuvar, en la me-dida de sus posibilidades, a los gastos públicos. En armonía con los principios de participación ysolidaridad social se consagra el deber de toda personade prestar servicio civil, militar y electoral, cuando seanecesario para la defensa, preservación y desarrollo dela Nación, o bien para hacer frente a situaciones de ca-lamidad pública. 57
  56. 56. No obstante, las obligaciones que tiene el Estadoconforme a la Constitución y a la ley, se consagra eldeber de toda persona de coadyuvar según su capaci-dad y aptitud, al cumplimiento de los fines que imponeel bienestar social general, con base en los principiosde solidaridad, responsabilidad social y asistenciahumanitaria. Por ello, quienes aspiren al ejercicio decualquier profesión deberán prestar servicio a la co-munidad durante el tiempo, lugar y condiciones quedetermine la ley. 58
  57. 57. TÍTULO Iv dEL pOdEr púBLICO Capítulo I de las disposiciones fundamentales Sección primera: disposiciones generales El presente título referente al Poder Público, ad-quiere especial significación dado que se propone res-catar la legitimidad del Estado y de sus instituciones,recuperando la moral pública y la eficiencia y eficaciade la función administrativa del Estado, característicascomplementarias e indispensables para superar la cri-sis de credibilidad y de gobernabilidad que se ha ins-taurado en el país en los últimos tiempos. En las Disposiciones Generales, en primer lugar seconsagra la conocida distribución vertical del PoderPúblico: Poder Municipal, Estadal y Nacional; coloca-dos en este orden según su cercanía con el ciudadano,sujeto protagónico de este modelo de democracia par-ticipativa. En lo que respecta a la distribución horizontal delPoder Público Nacional se incorporan, además de lasfunciones tradicionales, la innovación de los denomi-nados Poder Electoral y Poder Ciudadano. La razónde esta novedosa inclusión se entiende en un contexto 59
  58. 58. social y político en el cual se deben dar signos clarosdel respeto a la independencia y autonomía funcio-nal de la que deben gozar los órganos encargados dedesarrollar las funciones respectivas, para facilitar larecuperación de la legitimidad perdida en terrenostan delicados como el de los procesos electorales, asícomo el de la función contralora y la defensa de losderechos humanos. Se consagra, igualmente, una división de las funcio-nes que corresponden a cada rama del Poder Público,tanto en sentido vertical como horizontal. Pero si biense acepta la especialidad de la tarea asignada a cadauna de ellas, se establece un régimen de colaboraciónentre los órganos que van a desarrollarlas para la mejorconsecución de los fines generales del Estado. Se establece el principio restrictivo de la compe-tencia, según el cual los órganos que ejercen el PoderPúblico sólo pueden realizar aquellas atribuciones queles son expresamente consagradas por la Constitucióny la ley. La usurpación de autoridad, consistente en la inva-sión del Poder Público por parte de personas que nogocen de la investidura pública, se considera ineficaz ylos actos dictados se consideran nulos. 60
  59. 59. En cuanto a la responsabilidad individual conse-cuencia del ejercicio del Poder Público, se abarca tantoel abuso de poder, la desviación de poder, así como laviolación de la Constitución y la Ley. Esta disposiciónes una de las que ha adolecido de ineficacia, por lo cualsu consagración en esta Constitución implica generarlos mecanismos legales para su aplicación efectiva. Finalmente, en las disposiciones generales, se esta-blece bajo una perspectiva de derecho público moder-na la obligación directa del Estado de responder patri-monialmente por los daños que sufran los particularesen cualquiera de sus bienes y derechos, siempre quela lesión sea imputable al funcionamiento, normal oanormal, de los servicios públicos y por cualesquieraactividades públicas, administrativas, judiciales, legis-lativas, ciudadanas o electorales, de los entes públicoso incluso de personas privadas en ejercicio de talesfunciones. Sección segunda: de la administración pública Por definición, la función ejercida por la Adminis-tración Pública está sujeta al servicio público o interésgeneral, por ende debe estar al servicio de la ciuda-danía sin ningún tipo de distinciones, de privilegioso discriminaciones. En este contexto la aplicación deeste contenido implica el cambio de una cultura y de 61
  60. 60. unos hábitos organizacionales que han enturbiado yobstaculizado el ejercicio de esta función del Estado,desviándola hacia la satisfacción de intereses subalter-nos, con lo cual se ha facilitado la corrupción y la in-eficacia e ineficiencia. Es por ello que se precisan losprincipios que deben fundamentar a la AdministraciónPública, los cuales no requieren de mayor explicación:honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficien-cia, transparencia, rendición de cuentas y responsabi-lidad. Principios que expresan con claridad el nuevocamino que deben seguir los funcionarios que ejerzanel Poder Público. Además de estos principios recto-res se reitera el sometimiento a la ley y al derecho,es decir, el principio de la legalidad de la actividadadministrativa. Los institutos autónomos son materia de reserva le-gal. Asimismo están sometidos, conjuntamente con losintereses públicos en entidades, al control estatal segúnsea desarrollado en la ley. Se consagra en favor de ciudadanos y ciudadanas,el derecho a la información oportuna y veraz por partede la Administración Pública. Este derecho adquieresuficiente amplitud y precisión, ya que abarca lo relati-vo a las actuaciones de las cuales sean parte interesada,así como al conocimiento de las resoluciones definiti-vas que se dictaren, y acceso a los archivos y registros 62
  61. 61. administrativos, salvo las excepciones legales. Comocomplemento a esta disposición se establece la prohi-bición absoluta de la censura a los funcionarios públi-cos en relación con su deber correlativo al derecho a lainformación consagrado en esta disposición. Sección tercera: de la función pública Como introducción a la regulación establecida enesta Sección conviene resaltar la importancia y signifi-cación que la nueva Constitución le otorga a la funciónpública, en la medida en que la honestidad, la eficien-cia y la eficacia de su ejercicio constituyen prioridadesindiscutibles dentro de las exigencias que la sociedadvenezolana ha manifestado con mensajes precisos ycontundentes. Los vicios más enraizados en el siste-ma político, como el clientelismo, que tanto daño hacausado al pueblo venezolano, están relacionados ín-timamente con la falta de líneas claras en torno a loque debe ser la función pública y a la creación de unapolítica de recursos humanos cónsona con los idealesde la gerencia pública moderna. La gobernabilidad,entendida como la satisfacción plena de las demandassociales, sólo puede alcanzarse en la medida que seadopten políticas orientadas en este sentido. Se consagra la creación del Estatuto de la funciónpública mediante ley, en la cual se regulará lo relati- 63
  62. 62. vo a la política de recursos humanos aplicable a losfuncionarios de la Administración Pública. Se debe-rá regular el ingreso, ascenso, traslado, suspensión yretiro y, asimismo, la incorporación de los mismos ala seguridad social. Igualmente se consagrará por víalegal las funciones y requisitos para el ejercicio de loscargos respectivos. Es precisamente en el marco deestas normativas donde deberán ser desarrolladas porla ley, el espacio en el cual se debe garantizar los ni-veles de idoneidad tanto profesional como ético de laspersonas que ingresen en la Administración Pública.El principal freno a las conductas contrarias a la lega-lidad y a la moral pública depende, en buena parte, delas políticas de ingreso, permanencia y ascenso en lacarrera administrativa. Contrario a los hábitos organizacionales generadospor el clientelismo político, se establece el deber de losfuncionarios o funcionarias públicos de servir al Esta-do, y por ende, al ciudadano y no a parcialidad alguna.Como complemento se establece que el nombramientoy remoción no podrán vincularse a la afiliación política.Tal aspecto se convierte en punto fundamental de esteproceso de refundación del Estado, ya que el mismodepende de una voluntad política firme que convier-ta en realidad lo que hasta ahora ha sido una fantasíairrealizable. Evidentemente por vía legal y reglamen- 64
  63. 63. taria se deben afinar los mecanismos para garantizar elfiel cumplimiento de esta norma. Igualmente se prohí-be a quienes estén al servicio de los municipios, esta-dos, República o demás personas jurídicas estatales dederecho público o privado la celebración de contratoscon estas entidades, por sí mismos o por interpósitapersona, salvo las excepciones legales. Se establece como principio general que los cargosde la Administración Pública son de carrera, salvo loscargos de elección popular, los de libre nombramien-to y remoción, los contratados y los obreros, así comootros tipos que indique la Ley. Este aspecto del esta-blecimiento de la carrera administrativa, constituye unpilar necesario para poder sustentar el edificio de unaAdministración Pública moderna, dinámica y eficiente.La depuración de la función pública, el rescate de laimagen del Estado, requiere de un compromiso inelu-dible con la satisfacción de esta exigencia que la socie-dad ha expresado reiteradamente. En este mismo contexto el ingreso a la carrera ad-ministrativa será exclusivamente por concurso públi-co que garantice la selección de los mejores, tanto enel aspecto ético como en el de la preparación técnicay profesional. Por ello dicho concurso se sujeta a losprincipios de honestidad, idoneidad y eficiencia. Enadelante, no se podrá acceder a la carrera administrati- 65
  64. 64. va por designaciones o contrataciones que obvien estemecanismo de selección objetivo, ni se podrá adquirirestabilidad por el transcurso del tiempo en el ejerci-cio de algún cargo de carrera. Sólo el concurso públicodará acceso a la carrera administrativa y a la conse-cuente estabilidad del funcionario. Igualmente, para el ascenso, se someterá a un siste-ma de evaluación que reporte una calificación de mé-ritos de los funcionarios públicos en forma periódica.Ello implica una evaluación objetiva de la gestión per-sonal de los funcionarios y un programa de formación ycapacitación al cual se deberán someter. De esta formael ascenso debe encontrarse vinculado a la eficiencia,disciplina y desarrollo de los conocimientos, destrezasy habilidades del funcionario. De otra parte, la permanencia del funcionario en lacarrera administrativa tiene que estar relacionada conun resultado positivo de la evaluación de su desempe-ño. Esta evaluación debe ser objetiva y periódica. Deesta forma se potencia el esfuerzo del funcionario pormejorar su gestión, y en ese sentido gozará de estabili-dad, ascenderá y obtendrá mayores beneficios labora-les. Por el contrario, si el resultado de la evaluación deldesempeño del funcionario es negativa, el funcionarioserá removido de la función pública. 66
  65. 65. Tales principios deben ser desarrollados por víalegal de manera de restringir la discrecionalidad en latoma de decisiones relacionadas con estos aspectos,estableciendo las exigencias para poder optar a dichosconcursos y así poder ascender en la carrera adminis-trativa. Correlativo a ello deberá avanzarse hacia laconformación de instancias estatales que contribuyana la formación y actualización permanente del funcio-nario público. La ocupación de cargos públicos remunerados re-quiere como exigencia indispensable la previsión pre-supuestaria respectiva. Por vía reglamentaria y segúnla ley, se establecerán las escalas de salarios, pudiendoestablecerse los límites razonables a las remuneracio-nes en las diferentes ramas del Poder Público munici-pal, estadal o nacional. Igualmente, por ley nacional seestablecerá el régimen de jubilaciones y prestaciones atodos los niveles. El objetivo de esta norma es mante-ner dentro de los parámetros razonables y en el contex-to de la situación económica del país los niveles de lasremuneraciones de los funcionarios públicos. Para evitar las irregularidades que se han cometidocontinuamente en desmedro de la eficiencia y de la efi-cacia de la Administración Pública, se prohíbe expre-samente desempeñar más de un destino público remu-nerado, salvo las excepciones de cargos académicos, 67
  66. 66. accidentales, asistenciales o docentes según la ley. Paradarle eficacia a este dispositivo se requiere la existen-cia de archivos confiables y actualizados que impidanla recurrencia en este vicio que constituye un verdade-ro fraude al interés colectivo. Igualmente se consagrala prohibición del disfrute de más de una jubilación opensión, salvo las excepciones legales. Como exigencia indispensable para la aceptaciónde cargos, honores o recompensas de gobiernos ex-tranjeros se requiere la autorización de la AsambleaNacional. Sección cuarta: de los contratos de interés público En materia de contratos de interés público se man-tiene, en general, la regulación constitucional existen-te, aunque se mejora su redacción. Se prevé, así, comoregla general que los contratos de interés público na-cional deberán ser aprobados por la Asamblea Nacio-nal en los casos que determine la ley. No obstante, seestablece con carácter preceptivo esta aprobación enlos supuestos de contratos de interés público nacional,estadal o municipal si los mismos pretenden celebrarsecon Estados o entidades oficiales extranjeras o con so-ciedades no domiciliadas en Venezuela. 68
  67. 67. Por otra parte, se conserva como regla general elsometimiento de dichos contratos a las leyes y a lajurisdicción venezolana. Sin embargo, por vía de ex-cepción, en los casos en que la naturaleza del negocioasí lo permita, determinadas controversias del contratopodrán someterse a otra jurisdicción. Sección quinta: de las relaciones internacionales En la Constitución las relaciones internacionalesde la República responden a los fines del Estado en elejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo.En esta sección se establecen los principios de indepen-dencia, igualdad entre los estados, libre determinacióny no intervención, solución pacífica de los conflictosinternacionales, cooperación, respeto de los derechoshumanos, solidaridad entre los pueblos. Además de ladefensa de estos principios, la Constitución impone ala República la práctica democrática en la participa-ción y toma de decisiones en el seno de organismos einstituciones internacionales. Se promueve la integración latinoamericana y cari-beña, la cual adquiere carácter constitucional en la bús-queda de la creación de una Comunidad de Naciones.A tales fines, se permite la suscripción y ratificación detratados internacionales, bilaterales o multilaterales, enel marco de procesos de integración que tengan carác- 69
  68. 68. ter supranacional. Como consecuencia de ello, las de-cisiones que adopten los órganos supranacionales quesurjan de los procesos de integración, son de aplicacióndirecta e inmediata en Venezuela. En todo caso, el reconocimiento y fortalecimientoque la Constitución ofrece a los procesos de integra-ción con carácter supranacional, ha tenido entre otrosobjetivos, darle un marco constitucional sólido a losprocesos de integración de los cuales Venezuela es par-te, así como reconocer la validez de todos los tratadosque han sido suscritos y ratificados por Venezuela endicho proceso, y de todas las decisiones o directivasdictadas hasta la entrada en vigencia de la nueva Cons-titución, por los órganos supranacionales de la Comu-nidad Andina. Capítulo II de la competencia del poder público Nacional En esta Constitución se actualizan las competenciasdel Poder Nacional, incorporando materias nuevas talescomo la determinación de los tipos impositivos o alí-cuotas de los tributos estadales o municipales; la crea-ción y organización de impuestos territoriales o sobrepredios rurales, así como transacciones inmobiliarias,cuya recaudación y control corresponderá a los munici- 70
  69. 69. pios; la administración del espectro electromagnético;el régimen general de los servicios públicos domicilia-rios; el manejo de la política de fronteras; la legislaciónen materia de pueblos indígenas y territorios por ellosocupados; así como la organización y funcionamientode los órganos del Poder Público Nacional y demás ór-ganos e instituciones del Estado. A continuación se incluye una declaración generalsobre la valoración del concepto de descentralización,como lineamiento estratégico de la política de desa-rrollo, no sólo a los fines de la democratización delo público sino también como elemento decisivo parapromover la efectividad y eficiencia de los cometidosestatales. Capítulo III del poder público Estadal Comienza con la caracterización de los estadoscomo entidades autónomas e iguales en lo político,con el atributo de personalidad jurídica plena, hacien-do mención expresa del compromiso de mantener laintegridad nacional y cumplir y hacer cumplir la Cons-titución y las leyes de la República, que es la esenciadel pacto federal. 71
  70. 70. Se definen los órganos superiores de las entidadesestadales, a saber, el gobernador y el Consejo Legisla-tivo, con las funciones de gobierno y administración elprimero, y de legislación y de deliberación política elsegundo. Se señalan los requisitos del cargo y el perío-do de duración del mandato del gobernador, además dela obligación de rendición de cuenta ante el Contralordel Estado y la presentación de un informe del mismoante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planifica-ción y Coordinación de Políticas Públicas. En el caso de la rama legislativa y deliberante de losestados, se define su órgano que es el Consejo Legisla-tivo, su conformación, sus atribuciones y los requisitospara ser integrante del Consejo Legislativo. Se establece la existencia en cada estado de unaContraloría que gozará de autonomía orgánica y fun-cional. En la distribución de competencias que correspon-den a la Constitución se definen en este capítulo lacompetencia exclusiva de los estados, manteniéndo-se y ampliándose las previstas en la Ley Orgánica deDescentralización. En cuanto a las competencias con-currentes se adopta la experiencia del Derecho Com-parado en materia de descentralización y se asume quelas leyes nacionales tienen la naturaleza de leyes bases,en las que se establecen conceptos generales, básicos y 72
  71. 71. orientadores; y las leyes estadales son leyes de desarro-llo de esos principios básicos, lo que permitirá mejo-res condiciones para la delimitación de competencias.Se prevé la creación en cada estado de un Consejo dePlanificación y Coordinación de Políticas Públicas, de-jando su organización y funcionamiento a lo que deter-mine la ley. Se definen los ingresos de los estados dentro de unavisión integral de la materia hacendística pública, conespecial atención al problema del financiamiento de lasautonomías territoriales. Todo ello en un esfuerzo dearmonización de las distintas potestades fiscales, parael desarrollo de estados y municipios. Capítulo Iv del poder público Municipal Se inicia con una norma de caracterización del Mu-nicipio, en la cual se incluye el reconocimiento expresode la autonomía municipal con la definición del conte-nido mínimo que corresponde a esa cualidad esencial,así como la garantía jurisdiccional de la misma. Se in-corpora una declaración general sobre la participacióncomo elemento consustancial con la naturaleza del go-bierno y la administración municipal. 73
  72. 72. Se estableció la remisión a la legislación de la mate-ria correspondiente al desarrollo de los principios cons-titucionales relativos a los municipios y demás entida-des locales, imponiéndose a tal efecto, la necesidad departir de la diversidad municipal de modo imperativo yno como una simple orientación al legislador, abarcan-do no sólo la organización municipal propiamente tal,sino también en lo que respecta a sus competencias yrecursos. Se enfatiza la necesidad de que dicha legisla-ción establecerá opciones para la organización de go-bierno y administración de los municipios indígenas. Se ha previsto la posibilidad de que los municipiosse asocien en mancomunidades, así como la creaciónde modalidades asociativas intergubernamentales. Se prevé la organización de los municipios en dis-tritos metropolitanos mediante ley, lo que permite el di-seño de un régimen más auténtico para la organizacióndistrital que no debe quedar constreñido a una forzadareproducción a escala de la organización municipal. Se propone una habilitación general al legisladorpara crear condiciones de elegibilidad, prohibicionesy causales de inhibición para la postulación y ejerciciode las funciones de alcaldes y concejales. Respecto a los ingresos, se consagran y caracterizanen la Constitución los ramos de ingresos, incluyendo 74
  73. 73. aquellos de naturaleza tributaria que corresponden almunicipio de manera irrestricta, dejando abierta la posi-bilidad de que por vía del desarrollo legislativo puedanser creados otros impuestos, tasas y contribuciones es-peciales. Además del enunciado del sistema de ingresos seconsagra que la potestad tributaria de los municipios esdistinta y autónoma de las potestades reguladoras queesta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacio-nal o Estadal. Asimismo, se establecen que las inmuni-dades frente a la potestad impositiva de los municipiosa favor de los demás entes politicoterritoriales, se ex-tiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas porellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas. Se ha incluido una norma que establece la presun-ción del carácter de ejidos de los terrenos ubicados enel área urbana de los Municipios, sin menoscabo delegítimos y mejores títulos de terceras personas, váli-damente constituidos. Igualmente, se constituyen enejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana,dejándoles la excepción para las tierras correspondien-tes a las comunidades y pueblos indígenas. Se ha incorporado la creación del Consejo Local dePlanificación Pública que tiene por objeto la planifi-cación, coordinación y cooperación en la definición yejecución de las políticas públicas. 75
  74. 74. Se incluye una norma que consagra la creaciónmediante ley, de los mecanismos necesarios para quelos estados y municipios formalicen el compromiso dedescentralización hacia las comunidades y grupos ve-cinales, organizando los servicios que éstos gestionenprevia demostración de su capacidad. Capítulo v del Consejo Federal de Gobierno Como órgano constitucional de carácter interterrito-rial se crea el Consejo Federal de Gobierno, reflejo enel plano de la organización del Estado de los principiosde integridad territorial, cooperación, solidaridad, con-currencia y responsabilidad sancionados en el Título I dela Constitución relativo a los Principios Fundamentales.Es, pues, un órgano producto de la fase más avanzadadel federalismo, el federalismo cooperativo, superaciónhistórica de lo que ha sido denominado federalismo dualque entendía al Estado como producto de un pacto entrelos distintos entes politicoterritoriales los cuales tendríanuna esfera de soberanía no delegada a la Unión y, enprincipio, intangible a la acción del Poder Federal. Las funciones de este Consejo Federal de Gobiernoserán básicamente las de planificar y coordinar hori-zontalmente las políticas y acciones para el desarrollo 76
  75. 75. del proceso de descentralización y la administracióndel Fondo de Compensación Interterritorial destinadoal financiamiento de inversiones públicas con el fin depromover el desarrollo equilibrado de las regiones demenor desarrollo relativo. En fin, es clara la superación que representa estafigura organizativa con respecto a la Convención deGobernadores, único mecanismo cooperativo previstoen la Constitución precedente de 1961. TÍTULO v dE LA OrGANIzACIóN dEL pOdEr púBLICO NACIONAL Capítulo I del poder Legislativo Nacional Sección primera: disposiciones generales El Poder Legislativo Nacional es ejercido por unaAsamblea Nacional cuya estructura unicameral res-ponde al propósito de simplificar el procedimiento deformación de las leyes, reducir los costos de funcio-namiento del parlamento, erradicar la duplicación deórganos de administración y control y la duplicación decomisiones permanentes, entre otras cosas. 77
  76. 76. Los diputados que integran la Asamblea Nacionalson elegidos, en cada entidad federal, según una basepoblacional de uno coma uno por ciento de la pobla-ción total del país; además, corresponderán tres dipu-tados por cada entidad federal y habrá tres diputadosen representación de los pueblos indígenas. El períodode duración del mandato es de cinco años, pudiendoser reelegidos hasta por dos períodos consecutivoscomo máximo. De acuerdo con lo expuesto, el númerode diputados de la Asamblea Nacional sólo aumenta-rá o disminuirá en la misma medida en que aumenteo disminuya la población, en una o varias entidadesfederales. Con esta forma de integración y con la estructuraunicameral del órgano legislativo nacional desaparecenlos llamados diputados adicionales; además, en virtudde la eliminación del Senado, desaparece la figura delsenador vitalicio. La representación parlamentaria, de acuerdo con elartículo 186 del texto constitucional, reviste un doblecarácter. El diputado es, al mismo tiempo, representan-te de la entidad federal y representante popular, lo cualreafirma el artículo 201 al expresar que los diputadosson representantes del pueblo y de los Estados en suconjunto. 78

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