JUSTICIA INDÍGENA, MILITAR, JUECES DE PAZ

1. "La Justicia de Paz quedó inserta constitucionalmente en
los arts. 178.7, 253 y 258 de la Constitución bolivariana,
como una manifestación de democracia directa en la mejor
estirpe de los comicios romanos. La Justicia de Paz tiene
una entidad propia y no debe confundirse con formas
sucedáneas de justicia". "Los Tribunales Comunales de
Paz son la representación del Poder Judicial Popular,
reconocido constitucionalmente."
Es la autoridad encargada de prevenir y
sancionar las conductas y actos que
alteren la paz y la convivencia pacífica
en los corregimientos, de acuerdo con
las competencias y procedimientos
establecidos en la Ley.
La Constitución se refiera a los
ciudadanos y a los medios alternativos
de solución de conflictos como
integrantes del sistema de justicia
permite afirmar que el Constituyente
ha entendido que el arbitraje y los
demás mecanismos alternativos de
resolución de controversias son
procedimientos jurisdiccionales a
través de los cuales se administra
justicia aplicando el derecho a un caso
concreto con carácter definitivo.
El artículo 260 de la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela reconoció la
Jurisdicción especial a las
autoridades legítimas de los
pueblos indígenas, como medio
alternativo de justicia, con la
potestad de resolver los conflictos
entre sus miembros dentro de sus
espacios territoriales (hábitat)

2. Dicha jurisdicción comprende, en conjunto,
a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
II. Los Tribunales de Justicia Militar están
encargados de mantener en las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional la moralidad,
el orden y la disciplina, reprimiendo su
quebrantamiento en los casos previstos por
la ley.
El fuero penal militar es el derecho
de los miembros de la Fuerza
Pública a ser juzgados por un juez
especializado diferente al que
ordinariamente tiene la
competencia y cuya finalidad es
que dentro del marco de la
Constitución (artículo 221), estén
cubiertos en sus actividades del
servicio por un marco jurídico
Es un derecho concedido constitucionalmente a la pluralidad
de indígenas existentes en el territorio venezolano, y en tal
sentido, el Estado está obligado a promoverlo y dar voto de
confianza a las capacidades de autogobierno de los pueblos
originarios.
La responsabilidad administrativa es el
deber de responder por daños o perjuicios
causados por una infracción en el
cumplimiento de una norma. Las acciones
de la Administración generan riesgos y, por
ello, daños sobre las personas.

3. Jurisdicciones especiales y justicia de paz.
• Jueces de Paz. Medios Alternativos a la Resolución de Conflictos.
Responsabilidad Administrativa. Justicia Indígena. Justicia Militar.

4. ¿Qué dice el artículo 32 de la Ley General de responsabilidades Administrativas?
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de
decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los
términos previstos en la presente Ley.