SURKUNA Y CPJ

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RESUMEN EJECUTIVO DE LA CONSULTORÍA: “INVESTIGACIÓN SOBRE
LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN TORNO A LA CRIMINALIZACIÓN DE
LAS MUJERES QUE ABORTAN EN EL ECUADOR”
“No me agrada la idea de tener que castigar, porque no hay que castigar nada, el Estado no tiene por
qué castigar a la mujer que aborta, ni nosotros tenemos derecho a juzgar, ni el Estado tampoco a
castigarla. Considero que el Estado debe tener otra posición diferente, no del castigo, sino puede ser de
educación, de formación, de prevención, etc., pero de castigo no, de ninguna manera”. (Grupo Focal
mujeres Cumbayá)
“yo creo que la ley no está topando los problemas reales, está por allá pensando donde el aire y la gente
es chévere y todos son felices y no están viendo los problemas reales. Siempre ha habido el aborto, toda
la vida ha habido, prohibiendo no se va a terminar, debe haber una ley que garantice que puedan
abortar con seguridad o que no tengan que abortar, dependiendo la situación” (Grupo focal hombres
estudiantes de sociología).
La Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de género y el Centro de Apoyo y
Protección de los Derechos Humanos –Surkuna- se planteó hacer un estudio acerca de
la criminalización que sufren las mujeres que abortan en el Ecuador, este se convierte en
un tema pertinente, no solo porque no ha sido abordado, sino también por la coyuntura
política del país, en cuanto a leyes, configuración de políticas públicas relacionadas con
la vivencia de la sexualidad.
El objetivo general de la investigación es contar con un análisis crítico discursivo desde
un enfoque feminista de los imaginarios y percepciones de la sociedad civil, a través de
la lectura de discursos de una población del Distrito Metropolitano de Quito; sobre el
tema de “Criminalización de las mujeres por aborto”, con el fin de entender la
contradicción existente entre posturas en contra de la despenalización y posturas del no
encarcelamiento de las mujeres por esta causa.
La investigación se ejecutó en los meses de junio, julio e inicios de agosto del 2015: se
realizaron cinco grupos focales con mujeres en los cuales participaron 50 mujeres, un
grupo focal en el centro norte de Quito (Diego de Almagro y Pradera) con mujeres que
trabajan en un estudio jurídico; uno en Yaruquí, mujeres docentes de una escuela fiscal;
uno en Cumbaya, mujeres del sector y dos grupos focales realizados en la Escuela de
Policías ubicada en Tambillo -en esta escuela se aglutinan mujeres de distintos sectores
de la ciudad de Quito-; dos grupos focales con hombres, participan 12 hombres, un
grupo focal con hombres pobladores del sector de Cumbayá y uno con hombres
estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad Central del Ecuador.
Las entrevistas a profundidad fueron realizadas a tres hombres presidentes barriales de
Turubamba bajo, del Barrio Jaramillo Arteaga –Pío XII- al sur de Quito y al presidente
barrial de San Juan de Cumbayá. Se entrevistó a cuatro mujeres lideresa, una dirigente
del comité de seguridad de Solanda –sur de Quito- y tres mujeres lideresas de la
organización Los Pinos de Cutuglagua, esta organización trabaja desde el 2007 por la
legalización de tierras y la lucha por el derecho a la vivienda.

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De esta manera se recogieron los testimonios, es decir, los discursos de 54 mujeres y 15
hombres, 69 personas en total. La participación de este número de personas resulta
relevante, en primer lugar por las características de la investigación –tiempo y recursos-
y en segundo lugar porque las metodologías aplicadas permiten indagar en los sentires
más íntimos de las personas y por tanto recoger opiniones relevantes sobre el tema.
Para la realización de esta investigación se consideran las siguientes premisas:
● Las personas se oponen a la práctica de aborto cuando se habla de manera
intangible, a la vez, cuando se vuelve tangible, al mencionar que las mujeres que
abortan son mujeres de su familia –mujeres- cercanas, esta postura cambia
radicalmente.
● El estado ecuatoriano criminaliza el aborto, el aborto por decisión de la mujer es un
delito penado, por tanto, la sociedad estaría de acuerdo con que las mujeres que
deciden abortar sean sancionadas con cárcel.
● La mayoría de mujeres que deciden abortar no van a la cárcel, sus familiares y
amigos no quieren que vayan a la cárcel, por tanto, el aborto no debería ser
sancionado con cárcel.
El Análisis de discurso, imaginarios sociales en torno a la criminalización de las
mujeres que abortan en Quito, abordó los siguientes ejes temáticos: Contexto de la
criminalización del aborto, Lo que las personas conocen sobre el aborto voluntario,
Aborto y normativa: lo que la población conoce, Aborto y cárcel: sanciones legales
sobre el derecho a decidir, La denuncia: entre la ambigüedad y las contradicciones,
Aborto voluntario: estrategias para criminalizar a las mujeres, Quienes deciden abortar:
percepciones sobre quienes son las mujeres que abortan, Aborto, cárcel y cifras:
percepciones sobre la influencia de la norma, Aborto como tema de mujeres: ¿cuál es el
rol de los hombres?, estos ejes se construyeron a partir de las preguntas planteadas para
la investigación y de la organización de los discursos recogidos durante el trabajo de
campo. De este trabajo investigativo y analítico, se desprenden los siguientes resultados
generales:
Las premisas corresponde a “Afirmaciones o ideas que se dan como cierta y que sirve
de base a un razonamiento o una discusión”, con la investigación y análisis se evidencia
si la premisa construida concuerda con los resultados o no.
La primera premisa planteada para esta investigación, se refiere a: “Las personas se
oponen a la práctica de aborto cuando se habla de esta de manera intangible, a la vez,
cuando se vuelve tangible, al mencionar que las mujeres que abortan no son las otras,
esta postura cambia radicalmente.” se puede decir que esta premisa no es afirmativa; de
los resultado de la investigación se ve que las personas que se muestran en contra del
aborto, no cambian radicalmente su postura, aunque se plantee que la experiencia
corresponda a una personas cercana, si bien no denunciarían e incluso mencionan dar
apoyo, esto no cambia su posición frente al tema, por lo menos no de manera radical.

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Es importante destacar, que no existe una correlación entre estar en contra y denunciar,
no denuncian incluso quienes están en contra. La postura no cambia de manera radical,
si bien las personas no quieren que las mujeres cercanas a ellas vayan presas, de manera
colectiva se van generando estrategias para sancionarlas de distinta manera, porque afín
de cuentas, no se aprueba el aborto voluntario.
La segunda premisa menciona lo siguiente: “El estado ecuatoriano criminaliza el aborto,
el aborto por decisión de la mujer es un delito penado, por tanto las mujeres que deciden
abortar tienen que ser sancionadas con cárcel”. Según lo investigado, no
necesariamente, en la práctica funciona con esa coherencia, como se explicó en la parte
que se aborda el tema de la norma, la ley funciona como un mecanismo de control
explicito e implícito, funciona como mecanismo sancionador, independientemente, de
que todas las mujeres que abortan por decisión, vayan presas.
La tercera premisa plantea: “La mayoría de mujeres que deciden abortar no van a la
cárcel, sus familiares y amigos no quieren que vayan a la cárcel, por tanto, el aborto no
debería ser sancionado con cárcel. Esta premisa se cumple en parte, los resultados dan
cuenta de que efectivamente la mayoría de mujeres que abortan no van a la cárcel y un
grupo importante de entrevistados no quiere que sus familiares y amigos vayan a la
cárcel. Pero con respecto a la segunda parte de la premisa “por tanto, el aborto no
debería ser sancionado con cárcel”, esta afirmación corresponde a un razonamiento
planteado desde la lógica feminista, en la práctica se ve que el hecho de que las
personas no quieran que las mujeres vayan a la cárcel, no implica que piensen que no
deben ser sancionadas con cárcel o que estén dispuestas a proponer un cambio de la ley.
Al indagar sobre esta premisa, sin duda surge el tema de la denuncia o mejor dicho la
“no denuncia”. La no denuncia, -el no denunciar- tiene dos funciones en la dinámica
social, en primer lugar, se configura como estrategia que funciona como mecanismo de
control que se ejerce sobre las mujeres; no se denuncia pero se las sanciona y disciplina
de otras maneras; y, en segundo lugar funciona como posibilidad de ejercicio de
derechos de las mujeres, el no denunciar –que no se denuncie- desde la sociedad civil,
permite que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, aunque sea de manera clandestina.
Además de los resultados que surgen a partir de las premisas planteadas, existen otros
que han sido presentados a lo largo del informe y que se enlistan brevemente a
continuación.
● En el caso de las mujeres, el sistema patriarcal insertado en la cultura, y en la
vida cotidiana, ha generado que dentro de cada mujer se gesten panópticos
disciplinares, sobre todo en la vivencia de la sexualidad, es por esta razón que la
experiencia de un aborto, a pesar de ser decidida y voluntaria, en el caso de
algunas mujeres, produce sentimientos de culpa. La culpa corresponde a uno de
los mecanismos más potentes para disciplinar a las mujeres o para
autodisciplinarse, la culpa surge cuando el sistema panóptico se activa.

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● La criminalización legal funciona como mecanismo para disciplinar, de eso dan
cuenta los resultados de esta investigación, a la vez, existen discursos que
evidencian la reproducción de una forma de criminalización que no es la legal, –
se plantean otras formas de criminalizar a las mujeres que abortan-, que no es la
cárcel o el proceso legal. Estas otras formas tienen que ver con la
criminalización social, la que consiste en juzgar a las mujeres que abortan a
partir de una norma moral, vinculada directamente a la religión; al ser el aborto
un hecho cuestionado por la religión, se estigmatiza, incluso discrimina y
violenta a las mujeres que deciden abortar.
● Mientras la ley esté planteada en términos sancionadores, las mujeres que
deciden abortar se encuentran en riesgo de ir a la cárcel y ver limitados sus
derechos; aunque la mayoría de personas siga manteniendo la idea de que en el
Ecuador esta ley no se aplica.
● La ley estipula que las mujeres que abortan deben ir a la cárcel; sin embargo, en
la práctica, a buena hora, no existe una correlación entre el número de mujeres
que deciden abortar y las que son denunciadas o están encarceladas.
● 79% de las personas entrevistadas, creen que el aborto debería ser legal en casos
determinados. Además, es interesante que la población entrevistada, propone
que los casos no deberían ser ni sancionados, ni analizados de manera general,
que cada caso debería tener un tratamiento particular.
● Predomina en el conocimiento grupal y cultural, el imaginario arraigado del
riesgo, abortar es riesgoso y deja secuelas.
● El desconocimiento de la ley y de la puesta en práctica de esta, el solo conocer
que no se puede hacer; por un lado, no permite que la población sepa que existen
dos causales en los que el aborto es no punible y en que las mujeres pueden
acudir a los hospitales a solicitar un aborto seguro–es aceptado-, por otro lado, el
desconocimiento, no promueve que las personas analicen la pertinencia de esa
ley, sus consecuencias y que de la manera como está planteada, puede llegar a
afectarles.
● La mayoría de la población quiteña entrevistada para esta investigación, no
quiere que las mujeres que abortan vayan presas. Del total de personas
entrevistada, el 30% considera que estas mujeres deben ir a la cárcel, el 17%
plantea que deben ir a la cárcel según el caso y el 53% indican que las mujeres
que abortan no deben ir a la cárcel. Este dato coincide con uno de los resultados
de la Encuesta realizada a nivel nacional, por el Frente por la Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos “74% cree que una mujer que aborta no
debe ir a la cárcel”

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● La reproducción del sistema patriarcal genera que las personas construyan sus
modelos mentales basados en la sanción, en este caso más que la sanción al
hecho mismo del aborto, lo que se sanciona es la vivencia de la sexualidad de las
mujeres, su derecho a decidir. Uno de los temores de la población es que si se
quita la ley, se corre el riesgo de que las mujeres puedan tomar sus decisiones,
puedan abortar independientemente de la situación, las veces que lo decidieran o
como se mencionó en reiteradas ocasiones durante la investigación, “hagan lo
que les da la gana”.
● Una de las razones alentadoras, del porque las personas no denunciarían a las
mujeres que deciden abortar, está relacionada con la sororidad, que según
Marcela Lagarde se define de esta manera “La sororidad es una solidaridad
específica, la que se da entre las mujeres que por encima de sus diferencias y
antagonismos se deciden por desterrar la misoginia y sumar esfuerzos,
voluntades y capacidades, y pactan asociarse para potenciar su poderío y
eliminar el patriarcalismo de sus vidas y del mundo”, principalmente las
mujeres, aunque no estén de acuerdo con aborto, no estarían dispuesta a
denunciar a sus pares.
● Aunque en las entrevistas no se dijo, es importante mencionar, que existe otra
razón por la que no se denuncia. El sistema patriarcal ha creado privilegios que
no se pueden perder. ¿Quién realizará las actividades de cuidado si las mujeres
están en las cárceles?, de esta manera manipuladora opera el sistema patriarcal,
obtiene beneficios tanto si se denuncia como si no. Esta situación se mantiene si
la ley permanece tal como está por eso, para el patriarcado, es importante
preservarla aunque no concuerde con la práctica cotidiana, y transgreda derechos
y ponga en riesgo la vida de miles de mujeres.
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● Leyes sancionadoras que prohíben el aborto, como ya lo ha denunciado la teoría
feminista, tienen que ver con un tema de injusticia social y salud pública. El
Estado a pesar de conocer sobre los dramáticos efectos de estas leyes en la vida
de las mujeres, no ha reaccionado de manera oportuna, ni enmarcada en los
derechos humanos.
● Que las personas en la actualidad confronten imaginarios arraigados,
imaginarios basados en un modelo mental patriarcal, que contemplen que si se
encarcela a las mujeres que abortan, otras saldrán en su defensa, mucho tiene
que ver con la lucha feminista, esa lucha dura y compleja, permite que de una u
otras manera existan otros discursos, contradiscursos que cuestionan al poder,
que cuestionan la dominación.
A lo largo de este informe, se han identificado los distintos imaginarios en torno a la
criminalización de las mujeres que abortan en el Ecuador, si bien existen importantes
retos, incluso riesgos, hay que rescatar que la información recaba respalda las acciones
de varios colectivos feministas, que están convencidos que la lucha por no
criminalización de las mujeres que abortan, debe darse en varios frentes: uno es el legal

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–buscar modificar la leyes-, otro es el social, en el que hay que promover la
socialización y democratización de la información que rompe con el paradigma
patriarcal; y, por último, el cotidiano, este frente pudiera ser el más importante, porque
mientras se incentive la no criminalización del aborto en el ámbito social, se está
incidiendo en las vidas de las mujeres y se promueve que estas vivan una experiencia
del aborto basada en los derechos, basada en otros imaginarios que empoderan a las
mujeres y que surgen de la teoría y de la lucha feminista.