presentacion

2. Situaciones conflictivas: Derrame de Petróleo
• La Amazonía también ha sufrido derrames que, tras cinco décadas de explotación petrolera, se han vuelto recurrentes. El caso
más dramático ocurrió en la quebrada de Cunninico, en setiembre de 2022, cuando una ruptura en el ducto del Oleoducto Norperuano
ocasionó que 2500 barriles de petróleo llegaran al río Marañón y afectaran a más de 20 comunidades nativas. El departamento de Loreto
ha sido uno de los más afectados por los derrames de petróleo con 79 casos de los 128 casos registrados a nivel nacional, gracias a las
actividades desarrolladas en el Lote 192 y 8 ubicadas en dicho departamento, así como debido a los continuos cortes ocasionados al
Oleoducto Norperuano (854 km de longitud) en sus diferentes tramos de la tubería.
• Durante el año 2022 el Lote 192, registra el mayor número de casos de emergencias, antes administrado por la empresa del Estado
PeruPetro. Esta empresa registró 38 casos de derrames durante ese año, no habiéndose según algunos analistas y medios de prensa
determinado aún el motivo o la real dimensión del área afectada en suelos y cuerpos de agua, estando la acción del Estado muchas veces
limitada debido a la geografía accidentada y a los continuos conflictos con la población. A entender de algunas organizaciones de la
sociedad civil el problema en esta zona sería la falta de recursos asignados tanto humanos como presupuestales, lo que obligaría a las
instituciones de fiscalización realizar un muestreo que no cubriría ni todas las áreas afectadas ni todas las áreas en producción. Las causas
de estos derrames por otra parte dependerían de muchos factores como técnicos (falta de mantenimiento o ejecución por parte de la
empresa), geológicos y humanos en vista que, el desarrollo de estos proyectos, originan diversos problemas no solo de carácter
ambiental sino asimismo de carácter social y cultural al trastocar la vida de las comunidades nativas.
• En enero de este año, se registró otro derrame de hidrocarburos en el kilómetro 389 + 196 del Oleoducto Norperuano (aproximadamente
3,600 barriles de petróleo), en la provincia de Condorcanqui, llegando el derrame a la provincia del Datem del Marañón, en Loreto a
través del Río Marañon. El tramo del oleoducto afectado se encuentra en territorio de las comunidades Awajun, Kayamás, Piwak, Punta
Entsa, Chorros, Nueva Unidad, Santa Elena, Centro Waisin, Bajo Waisin, Centro Tundunza, Japaime Escuela, Tatse, Shajian, Seasmi y
Achoaga, de las zonas de Putuyakat y Najaín Pariso en el distrito de Santa María de Nieva, entre otros. Los ríos más afectados son
Chiango, Nieva y Marañon. De acuerdo con lo expresado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) la rotura de la
tubería podría deberse a un presunto atentado. De acuerdo con OEFA, ha sido muy difícil llegar a las zonas afectadas, debido a que la
población impide en algunos casos el ingreso de las autoridades en áreas conocidas como conflictivas por largo tiempo, no sólo a causa
de temas ambientales, sino principalmente debido al no cierre de brechas sociales. Las comunidades nativas han señalado su interés por
la instalación y/o continuidad de “mesas de diálogo” establecidas por el Gobierno para el tratamiento de temas. Al respecto, algunos
analistas, señalan que la acción del Estado debería ser más eficiente, no sólo para el otorgamiento de ayuda humanitaria (agua, comida y
atención médica), sino asimismo para los programas de recuperación ambiental en zonas afectadas (donde originalmente, no hay
depósitos de estas materias primas) y, para el establecimiento de proyectos del desarrollo, lo que minimizaría los efectos en la aplicación
de una solución oportuna y efectiva. A esto, se aunaría la detección en el área de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado que
afectan a la población. En lo que se refiere a los procesos fiscalizadores, los analistas estiman que estos tardarían mucho tiempo no
cumpliéndose con los plazos establecidos o diluyendo su efectividad.
• El último mes de mayo, volvió a presentarse otro problema de derrame en la región Amazonas, con la rotura del tramo II del Oleoducto
Norperuano, en la provincia de Condorcanqui, afectando el río Nieva y la comunidad nativa de Puerto Tunduza, presentándose la misma
problemática del derrame del mes de enero.

3. • Derrame de Petróleo en la Costa del Perú: En enero de 2022 se produjo un derrame de petróleo
durante el proceso de descarga en la refinería La Pampilla, administrada por el Grupo Repsol (España). De acuerdo a la
OEFA, este derrame afectó 1,187 km2 de mar y 1,740 km2 de franja de playa-litoral, desde la Refinería de la Pampilla
hasta la playa de Peralvillo en Chancay (distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucallama, Chancay y Huacho) con
la consiguiente contaminación de más de 500 has. de áreas protegidas de la Reserva Nacional de Sistema de Islas,
islotes, puntas guaneras, sectores de pesca artesanal y zona reservada de Ancón.
• De acuerdo con lo informado por las autoridades del Ministerio del Ambiente, Repsol no informó inmediatamente del
accidente al Gobierno peruano, estimando que solo se habría derramado menos de 1 barril de petróleo, con una zona
afectada de 2.5 m2. Posteriormente se calculó que el derrame cubría más de 10,396 barriles, los cuales han
contaminado más de 48 playas y diversas zonas de gran biodiversidad marina y de litoral. Esto trajo consigo una
errónea evaluación respecto al nivel del desastre ocurrido, no permitiendo la aplicación de medidas inmediatas de
acuerdo a la magnitud del desastre a fin de solucionar la complejidad del derrame y sus implicancias para los
protocolos de recuperación ambiental.
• Este derrame de petróleo es considerado uno de los desastres ecológicos más serios ocurridos en el país, debido a sus
graves consecuencias sobre el medio ambiente marino (fauna y sedimentos hidrobiológicos)y del litoral (agua y orilla
rocosa). Según algunos analistas, no se han llevado a cabo acciones efectivas para la remediación del problema,
debido a que no existe un plan efectivo de monitoreo y seguimiento de las medidas de recuperación. Por otra parte,
las consecuencias sociales ocasionada por el derrame han sido notorias especialmente para los sectores de pesca
artesanal, comercio y turismo de la franja afectada. Asimismo, la destrucción de este sistema tendrá efecto en el
hábitat de muchas otras especies del litoral como las aves marinas que se presume disminuirán en número no sólo
por los efectos directos del derrame sino debido a la falta de alimento en la zona en el futuro. Según lo manifestado
por algunos expertos de la ONU, la recuperación del litoral podría tardar entre seis o diez años.
• Si bien, como medidas de compensación se establecieron bonos económicos financiados por Repsol, para las
poblaciones afectadas, estos bonos han resultado insuficientes y creado mayores conflictos entre la población, debido
a que el número de afectados censados ha ido creciendo en el tiempo, en vista que las consecuencias ambientales y
económicas de este evento se proyectan todavía a futuro. A más de un año de ocurrido el derrame, según OEFA
habrían cerca de 71 sitios que continúan afectados entre playas, islas y áreas naturales protegidas.
• A la fecha, la empresa Repsol enfrentaría una serie de procesos administrativos, algunos de los cuales habrían sido
sancionados con multas millonarias a la empresa, y posteriormente revertidas por la apelación de la empresa debido a
algunos vicios del proceso que involucrarían el accionar de la OEFA.

4. Evaluación
• El sector hidrocarburos en el Perú tiene una larga historia iniciada con el primer pozo petrolero de Sudamérica en 1863 en Piura, no
obstante, desde esa fecha la industria, la economía y las preocupaciones sociales han evolucionado hacia temas más vinculados a
metas de desarrollo humano, cierre de brechas sociales y cuidado del medioambiente, en protección de segmentos de la población
considerados sensibles y vulnerables.
• En nuestro país, la ocurrencia de accidentes y atentados en el Oleoducto Nor Peruano, así como otros derrames de petróleo en áreas
de influencia de lotes petroleros en las últimas décadas ha sido motivo de conflictos sociales. Según lo informado por la Defensoría del
Pueblo en su boletín de mayo de 2023 el Departamento de Loreto, uno de los lugares primigenios para la extracción de
hidrocarburos, concentra el mayor número de conflictos sociales, siendo los casos socioambientales los que registran el mayor
porcentaje, con el 62.8% del total de casos conflictivos. Esta situación se mantiene desde abril de 2007.
• El surgimiento de conflictos sociales debido al descontento de la población ha generado consecuencias que han afectado a la
economía en su conjunto, desde el ámbito local, al nacional, pasando por el regional. Sólo a marzo de 2022 luego del derrame de
petróleo en la costa peruana, se estimó que debido a la suspensión de actividades en el sector pesquero y el sector comercio entre
Ventanilla, Ancón y Chancay, se produjeron pérdidas en promedio de S/ 3,5 millones por semana, mientras que las proyecciones de
pérdidas para el sector turismo fueron de alrededor de S/ 7,200 millones.
• A la fecha, no se han hecho estimaciones totales sobre el monto incurrido por los daños ocasionados debido al derrame de petróleo
en la costa peruana por la empresa Repsol, sólo se conocen estimaciones parciales emitidas por organizaciones civiles y en algunos
casos por instituciones del Estado. En lo que se refiere, a los derrames de crudo en la selva peruana se conoce que el 65.4% son
causados por la corrosión de los ductos y fallas operativas en el sistema y solo el 28.8% causados por terceros. No existen registros
claramente ciertos y cuantificables de las pérdidas económicas por este concepto en los últimos años.
• Ante la situación de los derrames de petróleo en zonas vulnerables en la selva y costa del Perú, el Gobierno ha actuado a través de sus
diferentes instituciones y organizaciones como OEFA y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP) del
Ministerio del Ambiente; así como la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, el Instituto del Mar del
Perú (IMARPE), el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), del
Ministerio de la Producción, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) e INDECI,
adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros. Igualmente, tanto la CAF como el BID han otorgado ayuda financiera al Perú para
agilizar la recuperación de las áreas dañadas en la costa peruana, USD 250 mil y USD 200 mil, respectivamente.
• No obstante, estos esfuerzos, de acuerdo a algunos analistas debe priorizarse la resolución de conflictos socioambientales en razón
a: características de la población afectada, número de actores participantes y especialmente dificultad de cumplimiento de acuerdos
en las mesas de diálogo desplegadas por el Gobierno (coordinación, ejecución, viabilidad financiera entre otros), así como la
necesidad de fortalecer la institucionalidad y fiscalización en sus diferentes niveles para la gestión de los conflictos sociales.