1. Humboldt señala falta de estudios de Impacto ambiental y Social en el Proyecto del
Gran Canal Interoceánico
Muchas irregularidades y falta de estudios determinantes para la construcción del
Gran Canal Interoceánico, fueron evidenciadas por el equipo técnico de Centro
Humboldt, quienes confirman no estar en contra del desarrollo del país, pero sí
cuestionan el costo ambiental y social para lograrlo.
“Nos parece que los estudios estuvieron muy por debajo de las expectativas que los
funcionarios de gobierno nos hicieron creer, sobre la posibilidad de que los estudios de
evaluación de impacto ambiental podrían estar bien con el plazo requerido y que
además no se presentaron”, expresó Víctor Campos, Subdirector de Centro Humboldt.
En la conferencia de prensa organizada después de hacerse oficial la ruta del Canal
Interoceánico, Centro Humboldt dio a conocer los primeros datos del estudio que
manifiesta los más de 270 poblados, cuatro cabeceras municipales y una cabecera
departamental (San Miguelito, Buenos Aires, Rivas, San Jorge y Tola) que van a ser
afectados directamente con éste megaproyecto.
Y los más de 320 poblados afectados de manera indirecta, entre ellas cinco cabeceras
municipales, Belén, Cárdenas, Moyogalpa, Potosí y San Juan del Sur.
El equipo técnico utilizó la matriz oficial que usa el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA) para evaluar este tipo de proyectos, llamada “Matriz de
Evaluación de Impacto Ambiental”, que evalúa los impactos en el clima, calidad y
cantidad de agua, suelo, radiaciones, entre otras.
Maura Paladino, Oficial de Agua de Centro Humboldt expresó que “de acuerdo al
grado de intensidad que va a tener este proyecto, la duración, extensión, efectos y
cantidad de población a la que se va afectar, tiene un impacto ambiental muy
significativo”.
La ruta del Canal está amenazada por fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y
ubicada en la zona de trayectoria de huracanes, lo que pone en riesgo la viabilidad del
proyecto.
Según Paladino, “la ruta número cuatro pone en riesgo al sistema de humedales de
San Miguelito, reconocido como sito RAMSAR al igual que varias reservas naturales,
entre ellas la Reserva de Biosfera del Sureste, y la Reserva de Biosfera de la Isla de
Ometepe, ambas ubicadas en el área de impacto directo”. De igual forma serán
perjudicadas Reservas silvestres privadas y áreas con presencia de especies endémicas.

2. Irregularidades en aspectos presentados en la ruta del canal
En la presentación de la nueva ruta “se ratifica la enorme discrecionalidad que tienen
los concesionarios para decidir sobre los bienes públicos del país, es una ruta decidida
exclusivamente por la empresa contratada por el inversionista, sin que haya tiempo
para la comisión nacional del canal de hacer una revisión técnica rigurosa y poder
opinar con calidad sobre ello”, dijo Campos.
La ERM presentó mapas cartográficos, que no coinciden con el mapa oficial de
Nicaragua. Tampoco presentan el verdadero borde de las zonas núcleo de las reservas
naturales.
“Nos preocupa que no se hayan evaluado los impactos en el Lago de Nicaragua,
considerando que 105 kilómetros de la ruta pasarán por ahí, siendo nuestra mayor
reserva de agua potable, no hay nada que de la garantice que no va sufrir daños
importantes”, señaló Víctor Campos.
La comisión del Canal no tuvo tiempo de analizar la información presentada, dejando
menos de cinco meses para la realización de Estudios de Impacto Ambiental y Social
(EIAS) y muy poco tiempo para que MARENA se pronuncie. A pesar de que la
legislación nacional contempla un plazo de ocho meses para que MARENA decida si
concede o no los permisos ambientales.
“Además no se hizo referencia sobre las acciones de mitigación de reforestación que
habían sido prometidas, lo que se hizo fue insistir en que había buena voluntad por
parte de la empresa, por tratar de esto se impulsara”, dijo Campos.
El equipo técnico solicitó hacerse públicos todos los estudios, nos sólo los relativos a la
definición de la ruta, sino los que se vayan desarrollando posteriormente, incluyendo
los relativos a la factibilidad económica.
Además confirman que los resultados dados a conocer no se corresponden con el rigor
técnico requerido y las expectativas manifestadas por los funcionarios de gobierno
sobre su certeza y grado de confiabilidad técnica, “hoy seguimos teniendo más
preguntas que respuestas sobre los aspectos ambientales trascendentales”, concluyen.