El documento repudia la acción de los representantes del gobierno argentino en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Acusan falsamente a la Argentina de violar los derechos humanos para buscar la impunidad de la corrupción del gobierno anterior. Asimismo, mienten sobre el endeudamiento aprobado por el Congreso y utilizado para pagar deuda previa y déficits fiscales. El objetivo es justificar la embestida contra la justicia independiente para cubrir la corrupción bajo impunidad.

1. Buenos Aires, 21 de enero de 2023
REPUDIAMOS EL ACCIONAR DEL GOBIERNO EN EL CONSEJO
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
Repudiamos la acción de los representantes del Gobierno nacional en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes, insólitamente, en un informe oficial
sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de
violar los derechos humanos, para buscar de esa manera, la impunidad de los delitos de
corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista.
Expresamos a las Naciones Unidas que es absolutamente falso que los acusados y
condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en
los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos
de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Repudiamos el accionar de los representantes del gobierno y pedimos disculpas a la
comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas,
acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para
vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario mientras el
gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema
de Justicia con un ridículo pedido de juicio político.
Repudiamos que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que
denomina un “criminal endeudamiento del gobierno anterior” en referencia a la actual
oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos
Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito
como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno
kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales.
Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se
esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la
comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de
apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa,
acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una
supuesta “lawfare” utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia
argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior
Administracion de gobierno.
El fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad
internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la
justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y
probadas acciones de corrupción.