El documento aborda cómo España enfrenta una desigualdad intergeneracional, donde el gasto público se distribuye desproporcionadamente entre los mayores y los jóvenes, afectando negativamente el futuro de estos últimos. A pesar de que los jóvenes representan solo el 24% de la población, reciben solo el 20% del gasto público mientras que el 49% se destina a personas mayores, limitando inversiones esenciales en educación y políticas de largo plazo. Esto genera un ciclo de precariedad y deuda que las futuras generaciones de jóvenes deberán afrontar.

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ESPAÑA: NO ES PAIS PARA JOVENES.
Manfred Nolte
La habilitación en nuestras vidas del sentimiento de la gratuidad y el conformismo hacia
lo recibido son actitudes poco frecuentes. Rara vez nos cuestionamos acerca del mérito
que justifica lo que poseemos, y colocamos, sin embargo, de forma invariable, el foco de
atención en las mermas, en lo que nos falta, en aquello que necesitamos y merecemos
según nuestras particulares juicios de valor.
Las líneas que siguen constituyen un alegato sobre una forma singular de desigualdad:
la distribución del gasto de la sociedad española bajo el prisma de la acción política y
social entre dos segmentos de población ausentes el uno del otro: los jóvenes y los
mayores. José Ignacio Conde Ruiz lo condensa en el título de su reciente publicación: ‘La
juventud atracada: cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes’. Un
fenómeno singular que hunde sus raíces en las conveniencias siempre espurias del
clientelismo político.
No es la primera vez que traemos a estas páginas la evidencia de que España es uno de
los países más envejecidos del mundo, no solo por la creciente longevidad de sus
moradores lo que ensancha la pirámide poblacional por arriba sino porque, de forma
simultánea, es uno de los países que en los últimos quince años ha registrado menos
nacimientos por mujer, lo que ha minimizado la base de la pirámide referida. Por si esto
no fuera suficiente, las expectativas son alarmantes y aunque se cuenta con el colchón
imprescindible de la inmigración, las cosas pueden empeorar de aquí al 2050.
Este factor estadístico o demográfico viene acompañado de una consecuencia política
que produce efectos muy negativos no solo sobre los jóvenes de este país sino
igualmente sobre nuestra competitividad, en un mundo, que, a pesar de las recientes
sordinas impuestas a los conceptos, sigue siendo internacional y globalizado. La
resultante en cuestión es que todo induce a que sean los mayores, debido a su peso

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electoral, quienes determinen la agenda política de nuestro país y el destino
predominante del gasto público. Los partidos responden a la lógica de las urnas.
La prueba de lo dicho reside en las cifras relativas de asignación del gasto público
nacional, que supera en la actualidad el medio billón de euros. Agregando
aproximadamente las partidas de pensiones, sanidad, dependencia, desempleo, paro de
larga duración y otros, un 49% por ciento del gasto tiene como destino el segmento de
las personas mayores de 60 años y el 20% se dirige a los jóvenes entre 14 y 35 años, la
casi totalidad de la generación Z y una gran parte de la de los ‘millenials’, en conjunto
unos 11,6 millones de personas. Lo discrepante no es solo la diferencia de porcentajes
sino su evolución, ya que desde 2009 la proporción destinada a los mayores ha pasado
del 40 al 49%. A diferencia de otros países donde el porcentaje de jóvenes es mayor, en
España solo representan el 24% del total de la población y, como solo una parte de ellos
tiene derecho al voto, y estadísticamente su nivel de abstención es el doble que, en el
resto de la población, son invisibles a efectos electorales.
De las pensiones se han escrito ríos de tinta. Basta agregar en este contexto que
suponiendo un 13,6% del PIB nacional, absorben más del 60 por ciento de todo el gasto
social del país. Gastamos tanto en pensiones que no existe margen fiscal para invertir en
otras políticas de largo plazo, como son las relativas a la transición ecológica, la
educación, la vivienda y otras que aumentan la productividad de la sociedad en su
conjunto.
La educación es la inversión por excelencia, palanca de la productividad nacional, y
plataforma de progreso para los jóvenes. Pero los políticos no parecen entenderlo así.
De hecho, figuramos muy bajo en todos los criterios de educación de los rankings
internacionales. El principal concepto atribuido a los jóvenes sería una mejor educación,
pero mientras la protección social ha crecido 3,6 puntos de PIB desde 2009, la educación
ha caído un 0,22%.
EN 2023 la subida de las pensiones del 8%, réplica de igual aumento del IPC, se ha
financiado con subidas de cotizaciones y con deuda pública. No solo se gasta menos en
los jóvenes, sino que se gasta a costa de los jóvenes.
El atraco es perfecto: por un lado, la mayor parte del incremento del gasto público va
destinado a los mayores y por otro, además de aumentar los ingresos vía cotizaciones
sociales para financiarlo (en el caso de las pensiones), se emite deuda pública. Los
mayores apoyan políticamente que el aumento del gasto vaya destinado a pensiones y
bloquean cualquier subida de impuestos para financiarlo, pasando las facturas a los
jóvenes actuales que habrán de pagarlas en el futuro. En los presupuestos de 2023 el
gasto social ha aumentado en 26.000 millones de los cuales más de 20.000 constituyen
un incremento de la partida de las pensiones. No llega a mil millones la suma del
aumento en educación, fomento de la vivienda y fomento del empleo.

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En cuanto al déficit público estructural – en torno a cuatro puntos de PIB- se lo estamos
dejando a los jóvenes. Cuatro puntos de PIB son unos 50.000 millones de euros que
repartimos entre los mayores, pero que los pagarán las futuras generaciones, nuestros
actuales jóvenes.
Hace unas semanas la OCDE dedicaba un capítulo de su informe sobre España a
denunciar la precariedad de los jóvenes, alertando de que no es solo que sus salarios
sean peores, sino que las administraciones públicas no invierten lo suficiente en
educación y formación de los jóvenes, lo que merma sus ingresos al entrar en el mercado
laboral y suponen una merma para el crecimiento futuro del PIB. Tampoco lo hacen en
I+D, o acceso a la vivienda aspectos ambos que lastran el crecimiento y la competitividad
del país
Estamos, como ha notado el Profesor Maldonado, “ante un episodio de superación del
Estado por la política” constitutiva de una clara injusticia intergeneracional.