La presión fiscal en España ha aumentado del 35,4% al 38,3% del PIB entre 2019 y 2022, impulsada en gran parte por incrementos en el IRPF, el IVA y las cotizaciones sociales. A pesar de estar por encima de la media de la OCDE, el uso del concepto de presión fiscal es criticado por simplificar un debate complejo que debería considerar aspectos distributivos y capacidad económica. El incremento de la presión fiscal se da en un contexto donde el gobierno busca financiar el gasto público sin disminuciones, lo que podría llevar a un aumento adicional en la carga fiscal para los ciudadanos y empresas.