El documento analiza el impacto de las políticas fiscales en la economía española tras las elecciones, destacando la falta de claridad en las propuestas de los partidos políticos sobre cómo financiar sus promesas fiscales en un contexto de desaceleración económica y déficit público. Señala que tanto aumentos como reducciones desmedidas en los impuestos pueden ser perjudiciales, afectando variables críticas como el empleo y el PIB. Además, plantea preguntas sobre el financiamiento de las pensiones y la naturaleza de los impuestos como subsidios a la seguridad social.

1. LA FISCALIDAD QUE NOS ACECHA.
Manfred Nolte
Concluidas las elecciones, se abre el sinuoso proceso de la constitución de
mayorías parlamentarias que den cauce a la gobernabilidad del país. Por enésima
vez la suerte está echada y debe cruzarse un Rubicón, que en este caso no conduce
necesariamente a un único destino o lugar. Al contrario, son múltiples y
contradictorias las combinaciones de políticas posibles en el nuevo escenario
político. También en el ámbito fiscal que es preciso diseccionar.
El subconsciente de la mayoría de los ciudadanos que aplauden mayores tipos
impositivos y una mayor presión fiscal en términos de PIB, alberga la velada
convicción de que el sacrificio no va con ellos, que ellos no van a resultar
comprometidos con las subidas que afectarán en todo caso a las clases
acomodadas de la sociedad, o a los bancos, o a las multinacionales o a alguna
entelequia de difícil identificación. Pero tal supuesto es erróneo dado que las
reformas fiscales inciden en la totalidad del edificio económico y de no ser
certeras y proporcionadas pueden volverse contra todos los ciudadanos en
términos de desempleo y recesión. Conscientes del valor redistributivo de los
impuestos, de su necesaria existencia en orden a la financiación de los
presupuestos públicos y del estado del bienestar, el efecto secundario de
aumentarlos se manifiesta en los costes y distorsiones que produce en el ámbito
de la economía privada, afectando a variables críticas como la oferta de trabajo,
el ahorro, la inversión y la estructura del gasto privado. En consecuencia, un
sistema fiscal debe combinar con la equidad, la posible contribución a la creación
de empleo y al crecimiento económico en general.
Tampoco una reducción súbita y desmesurada es beneficiosa para el conjunto de
la economía. La tesis de que reducciones de tipos pueden conducir a aumentos de
bases y consiguientemente de cuotas fiscales, requieren que la coyuntura
concreta del país ruede por el tramo idóneo de la curva de Laffer. No siempre
sucede que un recorte tributario pueda terminar autofinanciándose. En este caso,
añadidamente al descenso de la recaudación, los estragos de la economía en
forma de paro y caída del PIB pueden ser cuantiosos. Y recientes estudios
concluyen en la alta probabilidad de que la economía española discurra en estos
momentos por el flanco vulnerable, y por lo tanto desaconsejable, de la curva.

2. El tramo actual de la curva Laffer en la economía española es igualmente
inadecuado para subidas de tipos impositivos. Aumentando apreciablemente el
tipo medio de las rentas de trabajo, de las rentas de capital o los gravámenes del
consumo, la administración tributaria recaudaría más o incluso mucho más,
según el incremento del tipo, pero ello aparejaría un grave recorte del PIB y del
empleo. Los números están hechos y las conclusiones son desalentadoras (Boscá,
Doménech y Ferri).
Quiere esto decir, remitiéndonos a las declaraciones y programas de los distintos
partidos políticos que deben encarar en las próximas semanas la gobernanza de
la economía española, que el diagnóstico que merecen las referidas
manifestaciones es, en la práctica totalidad de los casos, altamente preocupante.
Las ocurrencias, la demagogia, el generalismo, la improvisación, la falsa audacia
y progresía o la mentira abrazan al conjunto de las proposiciones de actuaciones
fiscales, aunque se diferencien de forma nítida en su orientación al defecto, frente
al acomodo por exceso.
De forma simplificada, los programas fiscales de los partidos pueden clasificarse
en dos grandes bloques de diseño diametralmente opuesto. El centro izquierda,
la izquierda radical y alguna formación de nuevo cuño abrazan la utopía alcista
con subidas generalizadas y la ambición de equiparar nuestra presión fiscal a la
media de la Unión europea, esto es, unos 70.000 millones de recaudación
adicional. El resto de las formaciones centristas y de derecha proyectan rebajas
masivas de hasta 20.000 millones de euros. Pero ni los unos ni los otros revelan
de qué manera piensan financiar sus promesas, en un escenario doblemente
crítico. El primero el de una desaceleración que no admite ya dudas, y el segundo
el requerimiento de Bruselas para la reducción de nuestro déficit público.
Y una mención especial a las pensiones. Con un déficit anual cercano a los 20.000
millones de euros, representa la parte de león del déficit fiscal de las
administraciones del Estado. El déficit acumulado de 50.000 millones de euros,
para el pago de las extras, se ha financiado con préstamos del tesoro, o sea con
más deuda pública. Un descomunal desatino.
Entonces, ¿qué papel deben jugar los impuestos -viejos o nuevos- en la solución
de un problema insoluble como el que representa el actual marco de las
pensiones? ¿Es hora de que los presupuestos públicos asuman determinados
costes de la seguridad social? Puede ser, pero los impuestos, en dicho caso, no
financiarían, sino que subvencionarían las cuentas de la seguridad social, que son
dos cosas enteramente diferentes. Y abierta la espita de la subvención la lista de
candidatos a beneficiarios es interminable.