Admitiendo que encierra un juicio de valor, puede postularse la célebre frase atribuida al nobel Milton Friedman: “estoy a favor de bajar impuestos bajo cualquier circunstancia, con cualquier excusa y por cualquier razón, siempre que sea posible”.
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¿SUBIR O RECORTAR IMPUESTOS?
Manfred Nolte
El pintoresco espectáculo que estánproporcionando nuestros entes autonómicos,
replicado por el ejecutivo de Pedro Sánchez en torno al tema fiscal nos invita a
formular algunas consideraciones sobre el hecho impositivo, su justificación, sus
límites y las consecuencias de sus posibles desmanes. En este soka-tira dialéctico
¿hay una parte que tenga más razón que la otra? ¿Aciertan unos y yerran en
mayor o menor medida los demás? El juego de la cuerda fue deporte olímpico
entre1900y 1920.Una vezdescatalogado de las olimpiadas sigue floreciendo con
prodigalidad, fuera de concurso, en casi todos los escenarios de la sociedad.
Aparcando interinamente la razón, se trata de un esparcimiento que coloca a dos
equipos tirando de una soga, uno en sentido contrario del otro, en una fornida
prueba de fuerza. También en el ámbito político. Y en el fiscal.
Sucede que en la delicada coyuntura económica actual las autonomías del Partido
Popular bajan algunos impuestos sobre los que gozan de atribuciones – IRPF,
Patrimonio, Sucesiones y donaciones, o transmisiones patrimoniales- mientras el
Gobierno aprieta al contribuyente elevándolos o amenazando con hacerlo.
Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia han rebajado este año sus tarifas de IRPF,
mientras Cataluña ha rebajado los tramos inferiores, incrementado los medios.
En este punto, destacan los movimientos de País Vasco (2) y Navarra, que han
deflactado parcialmente el IRPF para aliviar a sus contribuyentes del efecto de la
inflación, aspecto sobre el que volveremos más abajo. En Patrimonio, lo más
relevante es la exención de la tarifa en Andalucía, siguiendo la estela de Madrid,
y el establecimiento de una bonificación del 50% en Galicia. Un paso importante
en un impuesto moralmente defectuoso. El Gobierno por su parte ha apostado
por bajar únicamente el IVA de la luz y el gas y subvencionar los carburantes,
mientras sube impuestos a la banca y a las empresas de energía, mientras los
países europeos despliegan una larga lista de recortes fiscales. Además, el
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ejecutivo central especula con una importante reforma fiscal al alza de la mano
de un ‘Comité de expertos’ elegido por María Jesús Montero y contenido en su
correspondiente ‘Libro blanco’, que se incorporará a los Presupuestos Generales
del Estado de 2023. Se debate armonizar por ley los impuestos autonómicos,
eufemismo que esconde el proyecto de subir impuestos a aquellas comunidades
que los tengan bajos o incluso centralizar el sistema impositivo, como ha sugerido
el ministro Escrivá. A rebufo de lo anterior, el jueves 28 de setiembre la ministra
Montero ha presentado su penúltima propuesta: un mix de muchas subidas -
impuesto de solidaridad a grandes fortunas incluido- y alguna bajada. Esta última
figura impositiva augura nuevos conflictos jurisdiccionales.
Luego ha habido alguna defección en las filas socialistas: días atrás Emiliano
García Page defendió la estrategia de Núñez Feijóo. Y más recientemente Ximo
Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, también se ha salido del guión al
apuntarse al recorte fiscal liderado por la formación azul: una rebaja del IRPF a
las rentasde 60.000euros anuales, por encima de los 40.000 que propuso Feijóo,
“el amigo de los oligarcas del Ibex”, al tiempo de proclamar que “bajar impuestos
es progresista” y que “la fiscalidad es democracia, por mucho que digan los
populismos viejos y nuevos” (sic). Añadidamente, otras nueve regiones estudian
reducciones fiscales, entre ellas Aragón, Castilla La Mancha, Navarra y Canarias,
de presidencia socialista.
Dicho lo cual: ¿es bueno o es malo bajar -o en su caso subir- impuestos?
Comencemos con un axioma, es decir con una proposición indiscutible: la
deflactación del IRPF y asimilados con la tasa de inflación es una exigencia
moral. No hacerlo constituye un expolio. No cabe gravar la base imponible
improductiva de los bienes y servicios de un país. La inflación, en sí misma, ya es
un impuesto -un ingreso público ‘caído del cielo’- como lo fue la política de tipos
de interés negativos del BCE para ahorradores y pensionistas durante los lustros
recientes. El segundo axioma es tan irrefutable como el primero: bajar tipos no
implica necesariamente reducir los ingresos fiscales, y en ocasiones significa lo
contrario.
Ahora bien, el tema envolvente de la fiscalidad debe someterse a dos grandes
principios: el de la financiación del gasto público y el de la redistribución social.
El gasto público es el empleo de los caudales públicos para la satisfacción de las
necesidades públicas. Los impuestos detraen renta disponible de consumidores
y empresarios, y en consecuencia son un factor tóxico y exógeno que es preciso
modular. Pero al mismo tiempo una economía social moderna debe constituir
un fondo común con el que cubrir el coste de los bienes y servicios públicos, es
decir, los que se dirigen a satisfacer las necesidades que cada persona es incapaz
o no quiere cubrir por si sola. Ese fondo esel presupuestopúblico. Pero, además,
los ingresos fiscales cumplen con una importantísima tarea de nivelación social
por medio de la redistribución, con la consecuencia casi siempre olvidada de que
algunas franjas de renta contribuirán más a las arcas del Estado que lo que
reciben de este.
En consecuencia, la política fiscal debe ser siempre tentativa y anticíclica. Error
y prueba buscando la compensación del ciclo económico.
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Admitiendo que encierra un juicio de valor, puede postularse la célebre frase
atribuida al nobel Milton Friedman: “estoy a favor de bajar impuestos bajo
cualquier circunstancia, con cualquier excusay por cualquier razón, siempre que
sea posible”. O, dicho con otras palabras: es preferible ampliar la renta
disponible del sector privado porque este es más eficiente que el sector público.
Pero subrayando la última parte de la frase “siempre que sea posible”, esto es,
siempre que se proteja la sostenibilidad de las cuentas públicas creando espacios
fiscales mediante la reducción del gasto improductivo a superfluo o se creen
nuevos segmentos de productividad.
Un ejemplo de rebaja fiscal ‘no sostenible’ es el abordado por Liz Truss en el
Reino Unido, que ha provocado una respuestabrutal de los mercados. Nada más
tomar posesión como primera ministra ha aprobado un plan de estímulos
fiscales de 170.000 millones de libras que prevé un aumento del gasto público
de 120.000 millones, rebajando impuestos por valor de 45.000 millones de
libras, con el objetivo de reducir los precios de la energía para millones de
hogares y empresasesteinvierno. La percepción de los mercados seha traducido
en pánico. En una violenta reacción, la moneda británica se ha desplomado
hasta cotizar la paridad con el dólar, tras perder más de un 20% en lo que va de
año. El Banco central ha acometido compras masivas de deuda para estabilizar
el tipo de la obligación a 10 años que llegó al 4,6% y el Fondo Monetario
Internacional ha pedido a la líder del Reino Unido que reconsidere la medida.
Las agencias de calificación amagan con rebajar el ‘rating’ de la Isla. En resumen,
un egregio dislate, el mayor desde 2008, comparable a la lastimosa espantada
del Brexit.
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