Bruselas ha llamado a cuadrar las cuentas públicas que han campado a sus anchas durante el último trienio, en un contexto de desaceleración económica como el que se intuye, cuando el BCE, centrado en la lucha contra la inflación, no está en condiciones de realizar políticas compensatorias, sino al contrario, de restringirlas.

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ESPAÑA FRENTE AL DESAFIO DE LA AUSTERIDAD EUROPEA.
Manfred Nolte
Es generalmente sabido que para mantener el pulso de la economía cuando esta entra
en fase de desaceleración, el sector público hace uso de dos líneas de política económica
complementarias. La primera se refiere a la política fiscal o de gasto público que compete
al gobierno de la nación en aplicación de los presupuestos generales aprobados por el
parlamento. La segunda tiene su origen en la acción beligerante de los Bancos centrales,
en nuestro caso del Banco Central europeo, que, aunque tiene por misión garantizar la
estabilidad de los precios puede influir en la economía a través de múltiples mecanismos,
desde los tipos de interés a corto y a largo, pasando por la liquidez del sistema hasta la
ordenación del sistema bancario de cara al crédito concedido al sector privado. Estos dos
brazos del auxilio financiero pueden operar al unísono como lo han hecho desde la crisis
de 2020 o actuar en solitario cuando uno de ellos debe retirarse en virtud de
determinados principios de salubridad del sistema, dejando al otro al cuidado de la
delicada función de contrapeso de la iniciativa privada.
Lo malo es cuando suena el toque de queda y ambos mecanismos deben batirse en
retirada. Que es lo que puede suceder en la circunstancia actual. Y es que Bruselas ha

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llamado a cuadrar las cuentas públicas que han campado a sus anchas durante el último
trienio, en un contexto de desaceleración económica como el que se intuye, cuando el
BCE, centrado en la lucha contra la inflación, no está en condiciones de realizar políticas
compensatorias, sino al contrario, de restringirlas.
Lo novedoso y lo relevante es que los veintisiete miembros de la Unión Europea han
convenido en rescatar la obligatoriedad de los dos pilares de su gobernanza fiscal, las
llamadas reglas áureas con el doble objetivo de alcanzar un déficit fiscal no superior al
3% y una deuda pública que no rebase en 60% del PIB. Bien es verdad que las nuevas
reglas fiscales contienen una buena dosis de tolerancia: la Comisión fijará para cada país
una senda del llamado ‘gasto primario neto’, excluyendo de su computo gastos cíclicos
como los intereses o políticas de empleo. Los Países miembros diseñaran planes de
ajuste a cuatro años extensibles a siete en un escenario de reformas justificadas o de
inversiones excepcionales. Un ‘Consejo Fiscal Europeo independiente’ ostentará un
papel significativo en el seguimiento de la implementación de las nuevas normas. Como
regla, cuando un Estado miembro rebase el déficit del 3%, y tenga abierto el tradicional
‘procedimiento de déficit excesivo’ deberá hacer un ajuste estructural del 0,5% anual,
que para España equivaldría a unos 6.700 millones de euros cada año.
Hasta ahí lo trocal. Pero algunos acuerdos de la reforma pueden amenazar la viabilidad
de un ajuste ya de por si complicado. El Ecofin ha acordado una nueva ‘salvaguarda de
la resiliencia del déficit’ que exige que los países continúen con el ajuste fiscal hasta
alcanzar ‘un margen de resiliencia común’ del 1,5% del PIB por debajo del punto de
referencia del déficit del 3%. La idea de exigir un margen de seguridad no es descabellada
en abstracto, pero supone un salto cuántico, una meta exigente en exceso. La
salvaguarda gestiona el proceso de ajuste (un mínimo de 0,25 a 0,4% del PIB por año) y
el margen del 1,5% puede resultar difícil en exceso para algunos países.
España termina 2023 con una deuda del 108% y un déficit del 3,9%. No es el único país
al que la lucha contra las dos crisis más recientes ha llevado a rebasar los umbrales
estatutarios. Los niveles de deuda de Grecia (152%), Italia (141%) o Francia (109%)
superan el nuestro. Al igual que los porcentajes de déficit de Italia (-4,4%), Francia (-
4,4%) o Bélgica (-4,9%) que tendrán el listón para cumplir con el renovado precepto de
Bruselas más alto que nosotros. Y a modo de descargo, España es el cuarto país de la
Unión Europa con mayor reducción del déficit desde la pandemia, ya que en dos años
ha caído a la mitad, pasando del 10,1% en 2020 al 4,8% en 2022 y al 3,9% en 2023.
Al igual que sucede con la fijación del 2% para una inflación optima y aceptable, por la
vasta generalidad de los países del planeta, los porcentajes del 3%(déficit) y 60%(deuda)
no dejan de ser arbitrarios y discutibles.
Lo que no es discutible y se convierte en un hecho objetivo es que la disciplina financiera
del déficit, y su resultante, la deuda, obedece a tres virtudes fácilmente defendibles.
La primera consiste en que el servicio de la deuda resta financiación para otras
prestaciones esenciales, sean de índole social o de inversión. España pagará 31.275
millones de euros de intereses en 2023, un 2,15% del PIB, el doble del importe destinado

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a Investigación y Desarrollo, con 16.328 millones de euros, y equivalente al 36% del
presupuesto de Sanidad. Las dotaciones a intereses, que aumentarán cada ejercicio,
representan, de hecho, un despilfarro en términos de oportunidad.
En segundo lugar, el tipo de interés de cada nueva emisión vendrá fijado por la
credibilidad que la comunidad internacional otorgue para el repago de las mismas, que
a su vez viene influenciada por el volumen acumulado total. Los inversores
institucionales seleccionarán los países de mayor solvencia, exigiendo tipos más altos a
los países más endeudados. Llegado el caso, como sucedió en el verano de 2012, el
mercado puede cerrar el acceso a la financiación de un Estado: una situación límite con
rango de quiebra financiera. Fue el caso de Irlanda, Portugal, Grecia y España.
Una tercera razón se concreta en la necesidad de disponer de un espacio fiscal, para
poder reaccionar ante nuevas crisis, desde un posicionamiento sólido y favorable.
El hecho de la pertenencia a un club financiero como es la Unión Monetaria exige de
España que cumpla con los estatutos de dicha Institución, una de cuyos preceptos es la
disciplina presupuestaria. Es claro que la directiva de dicho club no puede permitir la
coexistencia de socios cumplidores junto a socios indisciplinados, informales y
negligentes.
El objetivo de simplificar la anteriores reglas fiscales no se ha cumplido del todo. Las
normas continúan dependiendo de demasiadas variables, en la opinión de los expertos.
Los cambios acordados por los Veintisiete deben discutirse aun entre los países, la
Comisión y el Parlamento, por lo que aún queda cierto camino hasta que la reforma
perfile todos sus matices. Previsiblemente eso sucederá en el primer trimestre de
2024, pero de momento el Gobierno hará bien en hacer números y estudiar por donde
conviene apretar el cinturón para producir el menor daño posible al paciente español. Y,
por supuesto, subir impuestos es una forma dañina de apretar el cinturón.