El documento critica la falta de justicia para las víctimas del movimiento APPO de 2006 en Oaxaca y la aparente negociación de impunidad a cambio de pagos e indemnizaciones por parte del actual gobierno. Señala que los líderes de APPO ahora ocupan cargos políticos y económicos mientras que no se ha llevado a cabo ninguna acción para castigar a Ulises Ruiz Ortiz u otros funcionarios responsables de las 40 muertes y violaciones a derechos humanos durante el conflicto.

1. Crónicas de la ínsula
EX APPO´S, BLANDOS Y ACOMODATICIOS
Cuauhtémoc Blas
Con un poco de dinero y media docena de placas conmemorativas los ex APPO´s olvidan el
reclamo esencial de justicia. Más de 40 muertos los contemplan cebarse en sus éxitos económicos
y políticos. Flavio Sosa departe alegremente en el Congreso con sus antiguos enemigos, como un
ex ulisista que desde su oficina pública pagaba a los miembros de las “caravanas de la muerte”.
Nadie convoca a exigir con firmeza el castigo a quienes provocaron el motín de 2006 que tanto
dañó a Oaxaca, y aún persisten sus secuelas.
Por eso es muy justa la exigencia de que si indemnizan a unos afectados que indemnicen a todos.
Los meseros de los restaurantes céntricos que perdieron temporalmente sus empleos también
fueron afectados, por ejemplo, y a ellos ¿Quién los resarcirá? Los pequeños comerciantes que
cerraron para siempre sus fuentes de ingresos, ¿quién los apoyará? Los que quedaron endeudados,
los que emigraron definitivamente…
La sospecha que externa el sacerdote UVI de que Gabino Cué habría negociado la impunidad para
Ulises Ruiz cobra vigencia, se agiganta. Parece que a cambio de justicia los afectados se resignan
cómodamente a recibir migajas de dinero y unas placas conmemorativas, más bien ignominiosas,
pues serán testimonio fehaciente de la capitulación, de haber vendido a esos muertos que reclaman
justicia.
Los promotores de las esas placas y de una "Plaza de los pueblos en lucha, por la verdad y la
justicia", dicen que las quieren para recordar a sus caídos en la lucha social. Seguramente con los
170 mil pesos que les dio el gobierno pondrán un estanquillo y envejecerán viendo correr a sus
nietos mientras ellos dan migas a las palomas.
Ni una sola marcha se ha convocado para exigir castigo a Ulises Ruiz Ortiz, a Jorge Franco
Vargas, a Lizbeth Caña Cadeza, las cabezas responsables de las violaciones a derechos humanos
evidentes y las graves secuelas cuyas heridas aún sangran. ¿Para no castigar a estos delincuentes
políticos es que el gobierno actual paga indemnizaciones casualmente sólo a quienes se
movilizaron y tienen la posibilidad de volverlo a hacer?
Los ex APPO´s a cambio de justicia tienen dinero y demagogia, y quieren jugarle la cabeza a la
gente con sus discursos seudo críticos, con desplantes románticos y golpes de pecho. En 2006
escribimos que el movimiento carecía de una estructura política, que era simplemente un
movimiento expontaneista y lo único que unía a los grupos amotinados era la salida de URO del
gobierno.

2. Hoy que nada han mejorado (salvo los diputados, súper asesores y subsecretarios seudo
académicos que se enriquecen en el gobierno que querían. Nadie sabe para quién trabaja), la
demanda que debería unirlos sería: Cárcel para URO y sus funcionarios responsables: Franco
Vargas y Caña Cadeza, entre otros.
Hubo en el anterior gobierno de infausta memoria, el peor de todos los tiempos en Oaxaca, la
friolera de 40 muertos vinculados a cuestiones políticas, mismo que deben aclararse, esa era la
primera y mayor obligación, el gran compromiso que olvidó e indemniza el gobierno del
“cambio”. Entre los caídos así ya enlistamos algunos en un libro que aún se puede hallar en la
Proveedora Escolar “Oaxaca 2006, autoritarismo, mitos y daños. Crítica al gobierno y
magisterio”:
“… En el Papaloapán César Toimil Robert fue acribillado junto con sus acompañantes
Melquíades Rosas Reyes, Mauro Díaz González, Paulino Ortega Fernández y Adrián Rosas
García; en esa misma región Miguel Herrera Lara (el famoso ´Cocodrilo´) está desaparecido y lo
dan por muerto; del Istmo cayeron Neguib Manríquez, presidente municipal de Ixtepec y el
médico Manuel de Jesús Guillén en Tapanatepec; de la Mixteca, Moisés Cruz Sánchez; y una
escalada de violencia en la paupérrima zona Triqui dejó ahí una decena de muertos.
“El profesor Serafín Martínez García cayó abatido en Huautla de Jiménez, región de la Cañada; y
en la campaña para la presidencia municipal de Estancia Grande, la Costa, asesinaron a la
candidata perredista Guadalupe Ávila Salinas. Sólo por mencionar los casos más sonados, aunque
se calcula en más de 40 los muertos vinculados a cuestiones políticas, de los cuales ninguno está
aclarado”, entre ellos los caídos durante el movimiento de 2006.
Salvo Ruiz Cerón, uno que no es pez gordo, tampoco hay nadie en la cárcel por el evidente y
escandaloso saqueo al erario de Oaxaca el sexenio pasado. Sería demasiado confirmar en algún
momento que se está comprando la impunidad para los responsables de tanto daño a la entidad. Y
triste también confirmar que sólo fue un quítate tú pa´ponerme yo.
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