La informacion mas completa de Mexico, Oaxaca y la Costa Chica.

1. DE LOS DIARIOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO DE OAXACA
Viernes 01 de Mayo de 2015
Desde
Puerto Escondido
Oaxaca
México
En: http.//www.megaradioexpress.com.mx

2. Sector salud, sedado; descarta Tenorio nuevas plazas u hospitales
Anemia en SSO
Paros en Costa, Mixteca e Istmo; llega falta de insumos hasta 80% de requerimientos, afirma el sindicato
Christian Jiménez/Fotos: Mario Jiménez Leyva y Carlos Román Velasco
Hoy viernes 1 de mayo, trabajadores afiliados a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA) encabezarán una marcha en la que se
entregará el pliego petitorio 2015. Los aspectos centrales de sus demandas se centran en la realización de obras de infraestructura, aumento salarial, contratación de personal y
mejorar el abasto de medicamentos en hospitales
La dirigencia sindical, encabezada por Constantino Mario Félix Pacheco indicó que para participar en la movilización conmemorativa del 1 de mayo participaría el 70% de la
membresía sindical de todas las regiones del estado.
Félix Pacheco precisó que para este viernes se entregará un documento luego de la marcha que partirá desde inmediaciones del edificio sindical ubicado en la calle Leandro Valle
rumbo a la Plaza de la Danza, donde se congregarán los trabajadores del sector salud, a fin de no obstaculizar las demás marchas de otros sectores laborales que convergerán en
el zócalo capitalino, se prevé la participación de al menos 10 mil trabajadores.
Ni nuevas obras, ni aumento salarial
En entrevista, el titular de los SSO, Germán Tenorio Vasconcelos declaró que sólo existe un recurso disponible para hacer frente a un 60% o quizá 70% del total de las demandas
que los trabajadores presentarán hoy en un documento y entregarán a representantes del gobierno local.
Sin precisar el monto del presupuesto asignado, el representante del sector salud en el estado reafirmó que se priorizarán las obras de construcción que han quedado pendientes,
atención a la falta de insumos, recursos faltantes para el hospital de la mujer, pago de viáticos pendientes desde 2013, pero no hay recursos para iniciar nuevas obras, ni responder
con un aumento salarial significativo.
Tenorio Vasconcelos también comunicó que se recubrirán las plazas vacantes de médicos, enfermeras y personal médico alrededor del estado.
Falta infraestructura
De acuerdo con el sindicato y los empleados de los SSO, el pliego petitorio puntualizará en exigencias como el fin inmediato al desabasto de medicamentos básicos en todos los
centros médicos de la entidad, también se exigirá la culminación de obras de centros de salud que están pendientes, incluso desde el año 2014.
El dirigente sindical aseveró que las obras son de vital importancia para brindar atención de salud digna y con el equipo apropiado a los pacientes, y recordó que hay casos como el
Centro de Salud Urbano 01 en la calle de Mina del centro de la ciudad, otro en la Colonia Esmeralda y La Cascada, que trabajan en sedes alternas ante las obras de remozamiento
que se realizan en los inmuebles donde se brindaba atención médica.
"Se encuentran reubicados en casas particulares que fueron acondicionadas para responder a las necesidades de las áreas que se concentran en el centro de salud", dijo y precisó
que el caso más reciente, del centro de salud de la capital oaxaqueña, las autoridades retrasaron considerablemente la reubicación de los empleados, por lo que tuvo que
recurrirse a un paro de labores. Hoy la obra se encuentra en proceso, pero se desconoce la fecha en que culminará.
El anuncio de los recortes
Desde enero de 2015, el cielo se nubló para los Servicios de Salud de Oaxaca. La federación anunció un significativo recorte, declarado por el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso, quien informó sobre un recorte al gasto público federal de 2015 por un monto de 124 mil 300 millones de pesos, equivalente al 0.7 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB).
Para el sector salud el golpe fue irreversible, de 3 mil 339 millones de pesos. En febrero la Secretaría de Salud (Ssa) notificó un recorte presupuestal de 10 mil millones de pesos, lo
que impactó a programas como capacitación y nuevas inversiones hospitalarias.
De acuerdo a las autoridades federales, las funciones de los hospitales y centros de salud se realizarían con normalidad, pero no habría nuevas inversiones, no obstante, la
realidad fue otra.
En el estado, paulatinamente los centros de salud fueron paralizando ante la falta de insumos de trabajo, hasta mediados de abril del año en curso, hospitales en la Costa, Mixteca,
Tuxtepec, Sierra, Istmo y los Valles Centrales, reportaban un déficit de hasta 80% en insumos básicos para continuar operando, el presupuesto para resarcir las faltas es millonario.
Trabajando a medias
"Los recortes presupuestales pueden hacerse en cualquier otro rubro excepto en salud. Si antes no lo aumentaban, por lo menos no nos quitaban", lamento y agregó que
actualmente los servicios de salud están padeciendo un recorte por parte del Seguro Popular en rubros como vigilancia, limpieza y laboratorio. En lugares donde se efectuaban 700
estudios al mes, ahora se brindan 200, ejemplificó el secretario sindical.
El Seguro Popular es un ente financiero con afiliados, que ante la falta de infraestructura para ofrecer servicios médicos, le pide a los Servicios de Salud, que se brinde la atención
necesaria a los derechohabientes, por lo que tendría que pagar por las atenciones prestadas, pero actualmente no sucede así.
"La postura de los trabajadores en todo el estado es brindar los servicios hasta donde alcancen los recursos otorgados por el Seguro Popular, pues no hay cuotas de recuperación
por los servicios... a veces no hay recursos ni para un foco", lamentó.
Los recortes, reveló, son mayores al 50% de lo que se otorgaba originalmente. "Si no hay material, ni instrumentos para brindar atención a la población, son las personas quienes
arremeten en contra del personal, que a pesar de su disposición, da servicios incompletos", indicó.
El problema de desabasto de medicamentos afecta a todos los centros de salud. El centro de salud de Tlacolula de Matamoros informó al representante sindical que debido a la
falta de material de trabajo, también valoraban iniciar un paro de labores.
En Tlacolula se registró el

3. faltante de 40 claves de medicamentos, que son las más usadas para otorgar consultas como antigripales, paracetamol, ácido acetilsalicílico, analgésicos, entre otros.
En Etla, otro centro de salud presenta condiciones similares, aunque existe un compromiso del presidente municipal de construir un nuevo centro de salud. "Existen muchas
deficiencias y
necesitamos que las autoridades las conozcan y tomen responsabilidad en el asunto", recalcó Félix Pacheco.
PARÁLISIS GENERAL
Al menos cinco regiones en la entidad paralizados, luego que los trabajadores del sector salud anunciaran paro por falta de material de trabajo
Sin inversiones
La federación anunció que para este año no habrá recursos disponibles para iniciar nuevas obras en el sector salud
Pagos y construcciones pendientes
En el caso de la región Mixteca, existe un adeudo de 250 mil pesos en viáticos, que no se ha cubierto desde 2013, también está pendiente la construcción de un hospital
Improvisando
Para no dejar de brindar atención médica, los trabajadores del sector salud que laboran en centros en remodelación trabajan en casas particulares que fueron acondicionadas
Sin dinero
La dirigencia de la Sección 35 del SNTSA ha informado que en muchas ocasiones los paros son necesarios pues no hay recursos ni para un foco
Negociación apresurada
Desde mediados de abril los SSO apresuraron las negociaciones con centros de salud y hospitales en conflicto, a través de comisiones, pues pretendían llegar a este 1 de mayo
sin paros.
EN HUAJUAPAN
Trabajadores de Salud mantienen paro de labores
SE REUNIERON CON EL DIRECTOR GENERAL DEL SEGURO POPULAR, ROGELIO HERNÁNDEZ, SIN LOGRAR
ACUERDOS
LESLI AGUILAR/CORRESPONSAL
HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.-A pesar de la mesa de trabajo que se desarrolló este jueves en la ciudad de Huajuapan, con el director general del Seguro Popular en Oaxaca,
Rogelio Hernández Cásares, los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Huajuapan, mantienen el paro de labores que tienen
desde hace más de 15 días, así lo informó su secretario general, Mario Félix Pacheco.
En este sentido, abundó que "teníamos pendiente esta reunión, ya que no asistió a la reunión que sostuvimos con el secretario general de los Servicios de Salud de
Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, y en esta ocasión nos acompañó Rogelio Hernández Cásares, y ya firmamos una minuta de acuerdos y compromisos, y por parte del
Seguro Popular, podríamos decir que de un cien por ciento, ya tenemos un 80 por ciento de avance".
Argumentó que ahora están esperando que tengan la reunión con el área de Infraestructuras la próxima semana -entre el lunes y martes-, para revisar con cuánto de dinero se
cuenta y si es que se puede contemplar la construcción del nosocomio de 60 Camas en Huajuapan, o en su defecto la remodelación o ampliación del Hospital General "Pilar
Sánchez Villavicencio".
Añadió que "necesitamos urgentemente la construcción de un hospital, o que sustituya o que se le haga una remodelación; entonces está pendiente la reunión en donde
discutiremos este tipo de situaciones".
Enfatizó que será hasta la otra semana la fecha en que se sabrá si levanta el paro de labores que tienen los 300 sindicalizados del SNTSA en la Mixteca, y es que depende de la
respuesta que den los del área de infraestructura a esta región.
Dijo que hay un recorte de presupuesto a nivel federal y que por esta acción quedan pendientes 600 compromisos en diferentes estados del país, y entre el listado se encuentra
Huajuapan de León, por lo que se espera poder tener buenos resultados para valorar qué es lo que pasará con los sindicalizados del SNTSA.
Puntualizó que "tomamos un acuerdo de ir de manera conjunta para buscar el financiamiento y que no quede fuera esta construcción; Oaxaca ya cumplió con todo lo que requería,
se tiene los permisos, las licitaciones; entre otras cuestiones, ya está todo listo, sólo falta el dinero pero con el recorte presupuestal pues quedamos fuera y esta es nuestra lucha".
No estamos pidiendo un aumento salarial: Pacheco
El secretario del SNTSA dijo que los sindicalizados no están pidiendo un aumento salarial, ni mucho menos mejoras en su trabajo, que lo que están exigiendo es que la ciudadanía
cuente con hospitales dignos, y que existan los insumos y medicamentos que se necesitan para que la gente pueda ser bien atendida.
Comentó que "les decimos a la población de la Mixteca, que esta movilización que estamos realizando no sólo es en la región, sino en todo el estado; ahorita no estamos pidiendo
nada para el trabajador o para el sindicato, al contrario, lo que estamos pidiendo es que se nos dote de lo necesario para poder brindar una buena atención".

4. Padres de niños enfermos acusan a Germán Tenorio V., de engañarlos
mayo 1, 2015 | Autor admin
Montiel Cruz
Padres de familia que tienen hijos en tratamiento en el Hospital Civil y que componen la asociación civil Morando Bajo la Esperanza, encabezada por Alma Ramos Sumano, acusaron al titular
de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Germán Tenorio Vasconcelos, de querer engañar a los padres de familia afirmando que existe el equipo acelerador lineal para radiar a los niños
con cáncer y no saben dónde está o quién lo tiene.
“Hace dos años, Germán Tenorio hizo público en los medios de comunicación que se había comprado esta tecnología para el Hospital Civil, sin que hasta la fecha se haya visto en
funcionamiento”.
La activista manifestó que también hay carencias de otros materiales y que la atención médica para los niños con cáncer es deficiente.
La vocera de los padres de estos infantes aseguró que tampoco hay medicamentos necesarios y existe negligencia médica, hasta el grado que el personal de oncólogos y pediatras que dan
atención medica en el Hospital Civil han restringido que los padres de familia tengan contacto con la presidenta de la asociación civil Morando Bajo la Esperanza.
En este mismo sentido, dijo que el secretario de Salud no tiene trabajo en el Hospital Civil y no ha cumplido con este sector de la población, que han sido marginados por las autoridades
estatales a través de los SSO.
Señaló que ante la nula respuesta por parte del gobierno del estado de Oaxaca que encabeza Gabino Cué Monteagudo, prefirieron buscar apoyo al gobierno federal para subsanar las
carencias que agobian a los infantes del Hospital Civil.
“Tenemos dolor y coraje porque, en vez de apoyar a los niños, las autoridades del Hospital Civil estatales están lucrando con ellos”, agregó.
Por otra parte, dijo que hace unos días solicitaron el Teatro Álvaro Carrillo y pretendían cobrar 50 mil pesos por usar el espacio.
“En vez que nos apoyen quieren sacar provecho de estos infantes y no se vale porque al final de cuentas ellos tienen responsabilidad y deben de respaldar a este sector”, finalizó.
Tras suspensión de obra, van por cancelación de centro de convenciones
YURI SOSA @YuriSosa04
Vecinos de la colonia Guelaguetza celebraron que el Juez Primero de Distrito resolviera a su favor el
amparo que promovieron para suspender la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de
Oaxaca.
El representante de los colonos, Ricardo Villacencio Barras, señaló que no se conformarán con la
detención temporal de la obra, por lo que continuarán en la recolección de más pruebas y estudios para
que se logre la suspensión definitiva del proyecto sobre el Cerro del Fortín.
Ante el hecho, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE) se limitó a señalar que
"responderá en tiempo y forma los puntos presentados por los quejosos en su requerimiento y
obedecerá las normas dispuestas para continuar con la obra (estacionamiento) de 140 millones de
pesos".
Sin embargo, los funcionarios encargados de la obra no han dado detalles sobre el futuro del proyecto de 600 millones de pesos y el cual asegura es pieza clave para la generación
de empleo y derrama económica para el sector turístico y comercial de la capital del estado.
El amparo directo fue promovido por los vecinos de la colonia Guelagetza, ubicada en el Cerro del Fortín, y quienes argumentaron que la ejecución del proyecto afectaría al área
natural protegida de esa zona.
A lo que la Secretaría de Turismo insistió en que la obra, libra el espacio reclamado por los vecinos del lugar, por lo que agregó que "una vez que sean valorados los elementos
que se presentarán, el Poder Judicial dará certeza jurídica al proyecto".
Agregó que la primera etapa cuenta con la licencia de construcción. Etapa se refiere a un estacionamiento que se construiría sobre áreas verdes protegidos por los colonos y del
actual estacionamiento y el cual tendría la capacidad para albergar a 600 vehículos.

5. Pasiva postura de IEEPO ante robo de oficinas cometido por Sección 22
DANIEL SANTOS DÍAZ @danius1410
El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Moisés Robles Cruz, se negó a
culpar directamente a los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) del allanamiento y robo de documentos de las oficinas de la Unidad de Proyectos Estratégicos (UPE) de
dicho organismo educativo.
Con una actitud que él describió como "respetuosa", el funcionario delegó la responsabilidad de lo sucedido a la
Procuraduría General de la República (PGR) "pues él ya levantó la demanda correspondiente para quien o
quienes resulten responsables".
Al negarse en diversas ocasiones a confirmar qué documentos fueron sustraídos por los docentes oaxaqueños y
qué consecuencias tendrá esta acción para la dependencia, únicamente se atrevió a condenar los hechos que él
calificó como vandálicos.
Explicó que el director de la Unidad de Proyectos Estratégicos (UPN), oficina que fue allanada por los docentes del magisterio, ya está investigando y realizando la relación de los
documentos que hacen falta en la dependencia.
"No digo más, por ley está prohibido declarar sobre un tema que está sujeto a investigación", argumentó el funcionario quien consideró una irresponsabilidad enumerar los
documentos robados. Lo único cierto, apuntó, es que se trató de documentos oficiales, cuya extracción sin permiso está sujeta a sanción.
LÍDERES DE LA 22, LOS MEJOR PAGADOS
Rubén Núñez Ginez gana $100 mil ¡y no da clases!
FRANCISCO VILLALOBOS TAMBIÉN OCUPÓ DOS PLAZAS DE TIEMPO COMPLETO
AGENCIA REFORMA
MÉXICO, DF 30-Abr.-Dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), en Oaxaca, son los mejor pagados del país a pesar de no dar clases.
Encabeza la lista su secretario general, Rubén Núñez, quien de enero a marzo pasados cobró 300 mil 494 pesos --100
mil 164 al mes-- por dos plazas de tiempo como maestro aun sin dar clases y pese a que la ley prohíbe cubrir con el
erario el salario de maestros concentrados en funciones sindicales.
Dicho monto se asienta en la nómina magisterial para el primer trimestre del año, la cual fue difundida ayer por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y que incluye el nombre de los docentes y a cuánto ascienden sus
percepciones.
Como líder sindical, Núñez ha encabezado marchas, plantones y bloqueos de avenidas, carreteras y centros comerciales en demanda de reconocimiento de plazas y privilegios
para sus agremiados.
Pero no es el único en recibir grandes montos sin estar frente al aula.
Entre enero y marzo, el secretario de la CNTE, Francisco Manuel Villalobos, también ocupó dos plazas de tiempo completo como maestro, por las cuales recibió 124 mil 620 pesos,
esto es, 41 mil 540 al mes.
En el mismo periodo, el secretario de Finanzas, Aciel Sibaja Mendoza, obtuvo 141 mil 955 pesos por dos plazas de tiempo completo, y Ángel Ernesto Viruel, secretario de Trabajo y
Conflictos de Preescolar, 124 mil 812.
Los 35 integrantes de Comité Ejecutivo de la Sección 22, quienes en lugar de dar clases trabajan en asuntos del sindicato magisterial, recibieron su sueldo íntegro en el primer
trimestre de 2015.
Con el dinero de los mexicanos se pagó por esos salarios un total de 2 millones 358 mil 677 pesos.
Los 35 integrantes de Comité Ejecutivo de la Sección 22, quienes en lugar de dar clases trabajan en asuntos del sindicato magisterial, recibieron su sueldo íntegro en el primer
trimestre de 2015.
Con el dinero de los mexicanos se pagó por esos salarios un total de 2 millones 358 mil 677 pesos a pesar de que la Ley General del Servicio Profesional Docente prohíbe cubrir
con el erario el salario de los maestros al servicio del sindicato.
"Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse
del servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión", indica el artículo 78 de la ley.
La difusión de la nómina magisterial reveló, además, que la sección 22 logró el reconocimiento de 90 mil 665 plazas en todo Oaxaca aun cuando el reporte oficial de enero arrojaba
sólo 77 mil 264 plazas reconocidas por la SEP.
En ese Estado, 58 por ciento de los maestros tiene sueldos entre 3 mil y 26 mil pesos al mes; 14.8 por ciento, menores a 13 mil; 14.4 por ciento, entre 30 mil y hasta 100 mil pesos,
y 0.2 por ciento, arriba de 100 mil.

6. Ocultan3estadosacomisionados;difundeSEPnómina
magisterial
Michoacán, Guerrero y Oaxaca no informan sobre personal sindicalizado; hay maestros con ingresos de más de medio millón en
el trimestre
01/05/2015 06:13 Juan Carlos Rodríguez
Rubén Núñez, dirigente de la CNTE (izquierda), es de los mayores opositores a la Reforma
Educativa.
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de mayo.- Oaxaca, Michoacán y Guerrero fueron los únicos
estados de la República que no reportaron el número de profesores “comisionados”,
como se le denomina a los maestros que en lugar de estar frente a grupo se encuentran en
labores sindicales, de acuerdo con la base de datos de la nómina magisterial publicada
ayer en el sitio web de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La información viene dividida por entidades y en cada una de ellas el usuario puede
acceder a documentos sobre plazas, funciones, personal con licencia, licencias
prejubilatorias, personal comisionado, maestros jubilados y trabajadores por honorarios.
El sitio www.sep.gob.mx/es/sep1/FONE también arroja que en Guerrero hay dos profesores que en el primer trimestre de 2015 percibieron
más de 572 mil pesos cada uno, lo que da un promedio de 190 mil pesos mensuales.
Uno de los profesores es Miguel Reyes Taboada, quien percibió 572 mil 656 pesos. La base de datos no refiere cuál es su cargo, pero hace
constar que en el primer trimestre acumuló cero horas de servicio.
El otro docente que también gana 190 mil pesos al mes en promedio es Miguel Ángel Hernández Hernández, también sin horas de
servicio.
El caso recuerda la denuncia del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que en 2014 detectó a un maestro que percibió 603
mil pesos al mes y del que las autoridades respondieron que era un error.
Dos maestros ganan $572 mil en 3 meses
La SEP publicó la nómina de los profesores; Oaxaca, Guerrero y Michoacán no dan a conocer cuántos son comisionados.
En México hay profesores que tienen ingresos equiparables a los de un secretario de Estado.
De acuerdo con la base de datos de la nómina educativa publicada ayer en el sitio web de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en
Guerrero hay dos profesores que en el primer trimestre de 2015 percibieron 572 mil 656 pesos, lo que da un promedio de 190 mil pesos
mensuales.
Si esta cifra correspondiera a su percepción salarial, el ingreso sería similar a lo que, en promedio, ganan los integrantes del gabinete
presidencial.
Uno de los profesores guerrerenses que mejor ganan es Miguel Reyes Taboada, cuyo RFC es RETM4703081G6, quien durante los
primeros tres meses de 2015 percibió 572 mil 656 pesos. La base de datos de la SEP no refiere cuál es su cargo, pero hace constar que en
el primer trimestre acumuló cero horas de servicio.
El otro docente guerrerense que gana 190 mil pesos al mes es Miguel Ángel Hernández Hernández, cuyo RFC es HEHM5411011H8; el
expediente refiere que tiene cero horas de servicio.
Cabe recordar que el año pasado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) divulgó un informe sobre las percepciones de los
profesores en el que reveló que Adolfo Ramírez Zenteno, maestro de Oaxaca, ganaba 603 mil pesos al mes.
Con posterioridad, las autoridades educativas estatales aclararon que se trató de un error, pues el docente en realidad gana 45 mil pesos
mensuales.
¿Y los comisionados?
La SEP informó ayer que, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción IX del Artículo 26-A de la Ley de Coordinación
Fiscal, ha realizado la publicación a través de internet de la información a la que se refiere el artículo 73 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, correspondiente a la nómina educativa del primer trimestre de 2015, en la
página www.sep.gob.mx/es/sep1/FONE.
La dependencia aclara que los recursos correspondientes a la nómina educativa son pagados por la SEP por cuenta y orden de las
entidades federativas en su calidad de patrones, a sus empleados del servicio educativo que cuentan con plaza registrada en el Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone).
No obstante, la base de datos está incompleta, pues estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero no reportan el número de profesores
“comisionados”, como se les denomina a los que en lugar de estar frente a grupo se encuentran en misiones sindicales.

7. La información divulgada por la SEP viene dividida por estados y en cada uno de ellos el usuario puede acceder a documentos sobre
plazas, funciones, personal con licencia, licencias prejubilatorias, personal comisionado, maestros jubilados, docentes que cobran con un
RFC incorrecto y trabajadores por honoriarios.
Sin embargo, en el caso de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, entidades donde el magisterio de opone a la Reforma Educativa, el reporte
sobre comisionados es inexistente.
Hacen paros y la SEP les paga más de un millón de pesos
La Secretaría de Educación Pública (SEP) pagó en salarios 1 millón 23 mil 62 pesos en el primer trimestre de 2015 a los dirigentes
magisteriales que promueven los paros en las escuelas y rechazan la Reforma Educativa en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Baja
California y Baja California Sur.
De acuerdo con el Primer Informe Trimestral del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone), los
dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recibieron todas sus percepciones, sin descuento, pese a
dejar a millones de niños sin clase.
De los líderes de la disidencia magisterial, Rubén Núñez, dirigente de la Sección 22 de la CNTE, en Oaxaca es el que mayor sueldo tiene,
pues durante el primer trimestre del año cobró 295 mil 177 pesos, es decir, 98 mil 392 pesos al mes, por una plaza.
Marco Antonio Pacheco, de Baja California, recibió 171 mil 528 pesos; seguido de Juan José Ortega (Michoacán) con 170 mil 841 pesos;
y Salvador Almanza (Michoacán) con 75 mil 942; posteriormente Adelfo Alejandro Gómez (Chiapas) con 75 mil 427 pesos.
En la lista continúan Francisco Villalobos (Oaxaca) con 71 mil 609; Osmín Valdés (Guerrero) con 56 mil 686; luego Ramón Reyes
(Guerrero) 53 mil 786; seguido de Urbano Ochoa Romero (Baja California Sur) con 52 mil 066 pesos.
Hoy marcha la S-22; entregará Pliego Petitorio
PARA ESTA ACTIVIDAD, LA MEMBRESÍA MAGISTERIAL SE DIVIDIRÁ EN 4 CONTINGENTES
LIZETTE MENDOZA ALAVEZ
Para conmemorar el Día del Trabajo y entregar su Pliego Petitorio al gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo, los integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), marcharán hoy de cuatro puntos de la capital y sus municipios conurbados.
Las movilizaciones darán inicio a las 10 de la mañana. Los contingentes de la región de la Cañada y la Mixteca, partirán del Mercado Zonal de Santa Rosa; la región de la Costa y
el Istmo, iniciarán del Crucero de la Experimental, en tanto; los maestros de la Sierra y Tuxtepec, avanzarán desde el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), mientras que
los docentes de los Valles Centrales, saldrán en marcha de la Gasolinera de Santa Cruz Xoxocotlán, todos teniendo como punto de llegada el zócalo.
El vocero de la Sección 22, Benito Vázquez Henestrosa señaló que una vez más y como cada año, este 1 de mayo, en el marco del Día Internacional de Lucha de los
Trabajadores, mostrarán su músculo, para exigir al gobierno estatal y federal el respeto a los derechos laborales de los sindicalizados.
A nivel estatal, esta movilización contará con la participación del 70 por ciento de la membresía magisterial, toda vez; que el 30 por ciento participará en la marcha nacional que
organiza la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), y en la que al final, harán entrega del Pliego Petitorio Nacional.
Vazquez Henestrosa, señaló que como parte de los Acuerdos de la Asamblea Estatal Permanente que se llevó a cabo este miércoles, se aprobó el documento final del Pliego
Petitorio que será entregado al mandatario estatal.
Como punto central a nivel estatal, los maestros demandan la aprobación de la Ley Estatal de Educación, la devolución de las escuelas en donde opera la Sección 59, el pago a los
más de 4 mil maestros por honorarios que aún presentan incidencias.
En tanto, a nivel nacional, el Pliego Petitorio de la Sección contempla como primera exigencia la abrogación al artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
¡ABUSADOS! CON LAS MARCHAS
CONTINGENTES COMENZARÁN A AVANZAR A LAS 10 DE LA MAÑANA (HORARIO DE VERANO)
- Mercado Zonal de Santa Rosa
- Crucero de la Experimental
- Crucero del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO).
- Gasolinera de Santa Cruz Xoxocotlán, todos teniendo como punto de llegada el zócalo.

8. No habrá clases por paro indefinido de CNTE en Oaxaca; a partir del 1 de
junio
LA SUSPENSIÓN DE CLASES OCURRIRÁ A 14 DÍAS DE QUE CONCLUYA EL CICLO ESCOLAR
DANIEL SANTOS DÍAZ @danius1410
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, acordó la madrugada de este
jueves durante su Asamblea Estatal Permanente irse a paro indefinido de labores a partir del próximo primero de
junio, a sólo 14 días de que concluya el ciclo escolar 2014-2015.
Le medida que afectará a más de 1 millón 260 mil estudiantes de nivel básico en el estado, se determinó a pesar
de no concluir la consulta al total de la membresía del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la
Educación de Oaxaca (MDTEO).
Trascendió que la decisión de irse a paro indefinido la tomaron 21 mil 328 profesores consultados, quienes votaron
a favor de la medida y que representan apenas el 19.5 por ciento del total de la membresía.
Cabe destacar que durante las asambleas delegacionales de consulta a la base, tomaron en cuenta a 37 mil 725 integrantes (48 por ciento) de 78 mil 651 docentes que conforman
la totalidad de agremiados.
Sin embargo, en su documento de acuerdos difundido al final de la asamblea, únicamente se señala que del 4 al 11 de mayo continuarán las reuniones delegaciones para concluir
la consulta a las bases y así reforzar la decisión.
Con esta resolución los profesores de la Sección 22 aprobaron su participación en el Paro Nacional a realizarse en la Ciudad de México.
Asimismo, se ratificó la movilización a nivel estatal que ejecutarán los profesores el 1 de Mayo en el marco del Día del Trabajo con la participación del 70 por ciento de la
membresía; ese mismo día entregarán su Pliego Petitorio 2015 al Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo.
Tras la asamblea el calendario de actividades de la CNTE quedó de la siguiente forma:
8 de mayo. Acompañamiento a los jornaleros de San Quintín, Baja California.
9 de mayo. Junta de Coordinación Nacional Popular para definir asuntos rumbo a la movilización del 01 de junio y el boicot electoral.
11 de mayo. Caravana motorizada que partirá de tres entidades hacia la Ciudad de México
Terrenos de Huatulco, negocio de 4 ediles. Crónica de un fraude
DESPUÉS DE EXPROPIAR, FONATUR DONÓ PREDIOS PARA VIVIENDA... PERO ORIGINARIOS AÚN
RECLAMAN
ISMAEL GARCÍA M.
Los involucrados, por lo menos cuatro presidentes municipales y el Gobierno del Estado, que al final se apropió vía la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, de una
porción de terrenos que presuntamente serían para viviendas.
El principal de los vivales: José Humberto Cruz Ramos, que inició con la larga cadena de irregularidades y vendió a un particular, Alfonso Mireles Ramírez, uno de los predios, para
construir casas de interés social. Hoy este empresario sigue prófugo de la justicia.
LA EXPROPIACIÓN
Fue en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado en que el gobierno federal expropió a Santa María Huatulco, el 29 de mayo de 1984, 21 mil189 hectáreas, con el propósito de
crear un centro turístico integral en la zona de playa y detonar sus nueve bahías, entre ellas las principales, Santa Cruz, Chahué y Tangolunda.
De esa cantidad, reservó mil 400 hectáreas, que fueron para la construcción del aeropuerto internacional, inaugurado en 1987.
Aunado a ello, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) -responsable de administrar el centro turístico--, donó o devolvió a la autoridad municipal, en distintas fechas, un
total de 65 hectáreas, que serían lotes para construir viviendas para los comuneros, aunque en su gran mayoría son en zonas agrestes.
LAS EXIGENCIAS
Sin embargo, las inconformidades de los comuneros expropiados resurgieron hace una década, en el trienio de José Humberto Cruz Ramos -actualmente funcionario de Leche
Industrializada Conasupo (Liconsa)--, al que le correspondió administrar las primeras 8.5 hectáreas.

9. Presuntamente para edificar viviendas de interés social, habría emitido una licitación, que ganó un empresario de nombre Alfonso Mireles, respaldado por Ulises Ruiz, quien se
apropió del polígono y el ayuntamiento lo puso a su nombre.
Con ello y aún sin proyecto de construcción, más que un mapa, comenzó a vender los lotes de manera generalizada, no solamente a los originarios de Huatulco.
En el negocio fue también favorecido y participó quien entonces era secretario municipal, Javier Cárdenas García, quien a la vez suplió a Cruz Ramos, que buscó impunidad en
una diputación federal en 2007.
Al final no hubo vivienda y el empresario se negaba a devolver el dinero a unas 600 personas que ya habían adquirido un lote y que habían pagado entre 10 y 30 mil pesos cada
uno. Después de un largo proceso legal, el Fonatur recuperó ese y otros dos polígonos.
MÁS DE LO MISMO
La revocación de la concesión a Mireles se dio en el trienio de Miguel Ángel Olmedo, aunque inicialmente sólo pudo recuperar los polígonos uno y dos, con 10 y 15 hectáreas,
respectivamente; el tercer polígono, a favor de Mieles, fue devuelto a Fonatur años más tarde.
También en el sexenio de Ruiz Ortiz, Olmedo Cárdenas siguió los pasos de su antecesor y licitó esos dos terrenos y que presuntamente habría ganado Casas Geo; sin embargo, el
entonces gobernador lo impidió para favorecer a sus incondicionales, de apellidos David Jarquín Aguado y José Luis Quintana, bajo las constructoras de nombre Grupo Constructor
y VideoConstrucciones.
SIGUEN IGUAL
Ya con Lorenzo Lavariega como edil, el Fonatur devolvió al gobierno municipal el predio quitado a Mireles, pero éste lo donó a su vez, al igual que dos terrenos más de un total de
20 hectáreas, al Fideicomiso de Desarrollo Logístico (Fidelo), a petición de la Secretaría de Turismo estatal, ya bajo el cargo de José Zorrilla de San Martín Diego.
Presuntamente bajo ese organismo se edificarían las viviendas que han demandado los comuneros, lo que no ha sucedido a la fecha.
En el actual trienio, Darío Pacheco se comprometió desde el inicio de su gestión recuperar los dos polígonos que se habían entregado a las constructoras favorecidas por Ulises
Ruiz, pues tampoco han edificado ninguna casa.
Lo cual no ha sucedido y originó, a mediados de este mes, una primera protesta de lancheros adheridos a Servicios Náuticos de Huatulco; una semana después se unió la Alianza
para la Defensa de los Ciudadanos de la Costa y al final hijos e hijas de comuneros.
Tres agrupaciones que por 12 días mantuvieron cerrados los accesos a la oficina de Fonatur, una gasolinería y el bulevar Chahué, en La Crucecita.
El pasado domingo, el edil Darío Pacheco finalmente se comprometió a gestionar predios para las viviendas que demandan los originarios de Huatulco, que incluso están
dispuestos a pagar los lotes.
SCJN puede resolver sobre autenticidad de la Constitución de Oaxaca
Jaime GUERRERO
Oaxaca. 30 de abril de 2015.-El Presidente de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura, Alejandro Martínez Ramírez, pidió esperar que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), emita un resolutivo respecto a la autenticidad de la Constitución de Oaxaca de 1922.
De su lado, el diputado local del PRI, Adolfo Toledo Infanzón, fue tajante al señalar que de entrada se tiene que hacer un análisis profundo, revisar la seriedad el planteamiento que
hizo un grupo de abogados en ese sentido, antes de emitir un juicio de valor equivocado.
Por lo pronto, dijo: “yo creo que es un juicio sin revisarlo a detalle suena aventurado, suena descabellado”.
Empero, Martínez Ramírez, concedió que en los procesos hay errores. Pidió entonces, esperar y ver si ya, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corrobora la autenticidad de
la constitución de Oaxaca.
“Yo no puedo externar si estamos mal o no. En su momento el Congreso del Estado, tendrá que analizar”.
Señaló que la SCJN puede ser la instancia que norme, sin embargo, podría haber polémica.
Martínez Ramírez, pidió no especular entorno a la autenticidad de la constitución porque es un asunto delicado, al ser la máxima ley de Oaxaca.
“Habrá de todos lados donde se podrá especular. Eso no conviene a nadie. Por eso tenemos que actuar conforme a las instituciones”, asentó.
Aun cuando reconoció que los abogados que han denunciado el caso, gozan del derecho de libertad de expresión, pidió ser responsables en sus posicionamientos mediáticos.
El pasado martes, la Asociación Civil “Ciudadanos Organizados por la Democracia”, denunciaron que la Constitución de Oaxaca -de 1922- esta alterada y que el documento
ubicado en el Archivo General del Estado es falsificado.
Encabezados por el abogado Ramsés Aldeco Reyes Retana, refirió que a raíz de una defensa jurídica a personas procesadas por un delito del fuero común y donde la Litis es
declarar de inexistente el código penal que viene emanado como ley secundaría de una constitución falsa e inexistente, se percataron de la falsificación e inexistencia.
“Hemos revisado el documento que fue presentado como documento catalogado y que se refiere a la promulgación de la Constitución de Oaxaca de 1922 y su bando solemne y
encontramos que presenta sellos distintos, además de medidas y bordes distintos que generan duda”, denunció.
Aldeco Reyes Retana (hijo del extinto presidente del Congreso, Carlos Aldeco Reyes) denunció también que hay equivocaciones en las fechas y textos de las actas ya que el
documento no fue publicado, pero fue promulgado, además hay una ruptura que divide al bando solemne en dos segmentos y no hay coincidencias entre si.
Informó para verificar la autenticidad de la Constitución de Oaxaca se ha acudido ante juzgados federales que a su vez han pedido a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la
Procuraduría General de la República (PGR) y al Archivo General de la Nación (AGN), se habilite un perito para certificar con uso de alta tecnología si el documento que se
encuentra en el archivo central de Oaxaca y que tiene la leyenda de constitución de 1922 es auténtico o falso.
La Constitución de 1922 fue promulgada por el entonces gobernador de Oaxaca, Manuel García Vigil.
Aldeco Reyes Retana, califico como grave de confirmarse la inexistencia de la constitución, ya que se generaría en Oaxaca un vacío legal de enorme de consecuencias civiles que
tendría que ser resuelto mediante un juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con estudio de derecho constitucional a fondo.

10. Liberan manifestantes carretera Salina Cruz-Huatulco
Escrito Por Redacción
La carretera Costera, tramo Salina Cruz-Huatulco a la altura de Morro Mazatán, fue abierta a la circulación luego de 12 horas
de bloqueo de integrantes de la organización Ciudadanos Unidos de Barrios, Agencias y Colonias del Istmo (Cubaci).
El diálogo fue encabezado por el alcalde Donovan Rito García, y se logró pactar acuerdos a las dos de la mañana de este
jueves y así se pudo retirar el bloqueo.
Este bloqueo lo encabezó Erasto Ramírez López, quien con su organización exigían a autoridades federales, el pago de sus cultivos siniestrados a causa de la
sequía.
Todo comenzó desde las tres de la tarde de ayer miércoles, con la colocación de algunos troncos y piedras sobre la carretera Costera que impedía el paso de
transportistas que se dirigían a Bahías de Huatulco y otros municipios de la zona chontal.
Al Margen 30/04/2015
Escrito Por Adrián Ortiz Romero Cuevas
+ Sistema anticorrupción: ¿Por qué Oaxaca no muestra interés?
+ El combate, a nivel local, debe iniciar por las leyes municipales
El “anticorruptómetro” es una iniciativa de varias organizaciones civiles, encabezadas por “México Cómo Vamos”, que está haciendo un esfuerzo importante por
clarificar qué entidades de la república han mostrado interés por avalar la recién aprobada reforma a la Constitución de la república que contiene el Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA). Hasta ayer, 12 entidades ya habían dado su aval a la modificación constitucional. Oaxaca no estaba ni estará entre los estados
que hagan posible la mayoría necesaria para consolidar el sistema. Aquí están tan despreocupados que por eso no han hecho nada para perseguir la corrupción,
comenzando por las autoridades municipales.
En efecto, en su nota principal de ayer miércoles, TIEMPO daba cuenta de cómo en Oaxaca existe un problema estructural a través del cual las autoridades
municipales pueden ejercer su cargo no sólo sin rendir cuentas, sino sin padecer consecuencias jurídicas por ello. La presidenta de la Mesa Directiva de la LXII
Legislatura estatal, Leslie Jiménez Valencia, dijo que a la fecha alrededor de 500 presidentes municipales no han presentado su Cuenta Pública 2014, y acusó
que las autoridades municipales aprovechan las lagunas jurídicas que tiene la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, para no cumplir con esta obligación.
Es que, como bien lo afirmaba la diputada Jiménez Valencia, la cuenta pública es el informe que los poderes, municipios y entidades públicas estatales y
municipales presentan sobre su gestión financiera ante este Congreso, con el objetivo de verificar los resultados obtenidos en los programas aprobados para
cada ejercicio fiscal, así como para comprobar la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos durante un ejercicio fiscal
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.
Por eso, si la cuenta pública es un documento fundamental para corroborar cómo se ejercieron los recursos públicos durante un ejercicio anual, la falta de
cumplimiento de éste deber generar un verdadero estado de indefensión tanto para las autoridades fiscalizadoras, como para la ciudadanía, porque entonces no
es posible saber con exactitud qué se hizo con los recursos asignados. La única certeza que existe, en ese escenario, es que dichos recursos sí fueron gastados.
Y lo más preocupante es que esas mismas lagunas han permitido que esa falta de cumplimiento en las obligaciones de las autoridades municipales, no pueda ser
objeto de sanciones directas en los ámbitos administrativos o penales.
¿Por qué prevalece la impunidad? Porque los señores diputados no han mostrado ningún interés en arreglar las deficiencias que presentan las normas estatales
vigentes en la actualidad, y que son conocidos y plenamente identificados prácticamente desde el momento en que se emitió la Ley Orgánica Municipal, hace ya
varios años. Lejos de tratar de enmendar las normas, para evitar que estas lagunas legales continúen generando “fugas” que son directamente traducibles en
corrupción, se han dedicado a mantener y acrecentar la connivencia con las autoridades municipales corruptas.
Sólo así puede entenderse que, lejos de tratar de reforzar a los órganos de fiscalización de la entidad, hayan venido demostrando una voluntad sostenida por
debilitarlos y un desinterés hasta sospechoso por no hacer las modificaciones que requiere la ley para cerrar la puerta a la corrupción galopante y la impunidad
que priva en esas cuestiones. Son contadas las autoridades municipales que han pisado la prisión por actos de corrupción directamente imputables a su gestión
como concejales. Y en la mayoría de los casos la autoridad fiscalizadora ha dado esos golpes más con una intención mediática que con la certeza de que de
verdad podrá procesarlos. Esa es una tragedia.
BOQUETES LEGALES
De los cientos de munícipes que no rinden cuentas en los términos que señalan las leyes, no han sido ni diez quienes en los últimos años han pisado la cárcel
por eso. Ello, a pesar de que en Oaxaca existen casos tan evidentes como los de varios exediles que en sólo tres años se hicieron millonarios, y que además no
han tenido empacho en presumir públicamente su riqueza y su corrupción, e incluso retar abiertamente a las autoridades estatales para que los persigan. ¿Por
qué no han podido hacerlo de manera efectiva?
Porque resulta que las normas estatales vigentes les brindan a los ediles amplísimas posibilidades de corregir sus cuentas; porque, además, la Auditoría Superior
del Estado (ASE) no tiene capacidad humana, técnica y financiera para revisar exhaustivamente ni siquiera a un tercio de los entes auditables en un año en
Oaxaca (que son más de 600); y porque además en los demás órganos de justicia no existe el grado de especialización requerido para poder afianzar los
procedimientos que se inician en contra de las autoridades municipales corruptas.
Pues como la Auditoría Superior no tiene facultad de ejercer la acción penal de manera directa, tiene que acudir ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado para que sea ésta quien integre las averiguaciones previas correspondientes y, en base a los datos que le entregue la auditoría, pueda someter a la
consideración de un juez los expedientes para intentar que éste obsequie una orden de aprehensión. Además, ninguno de los delitos que se pueden configurar
por esta vía, es grave.
Así que a lo que se ha dedicado la ASE en los últimos años (y hasta eso, sólo para que le tengan algo de miedo… y quién sabe si lo haya logrado) es a integrar
averiguaciones, aprehender a las autoridades estatales corruptas, llevarlas a los separos a que les tomen la foto correspondiente y finalmente esperar el
momento en que paguen una fianza o consigan un amparo ante la deficiente integración del expediente con el que se le acusa. Ésa es la triste historia del
combate a la corrupción municipal en Oaxaca.
En mucho, están involucrados los diputados. Por eso no sorprende, nada, que frente a la posibilidad de contribuir a la elevación del Sistema Nacional
Anticorrupción (siendo parte de los primeros 17 estados que deben darle su aval a la reforma) como norma constitucional, ellos simplemente prefieran que otras
entidades lo hagan.

11. CORRUPCIÓN ESTATAL
En eso seguramente estamos muy bien. Según Perla Woolrich no hay ni un solo corrupto. Aunque nos parezca sorprendente, eso es lo que indican sus
resultados como —según— “zar anticorrupción”.
Con Mayúsculas 30/04/2015
Escrito Por Juan Diego
*.- Roban documentación oficial los del Cártel 22 ¡Y no pasa nada!
*.- Dilapida subsidio el Chapito en viaje a la tierra del Sol Naciente…
RATAS INMUNDAS.- Estos infelices actúan dentro de la mayor impunidad. Y cuidadito pretendas siquiera criticarlos, porque ya te los estás echando encima. Los
méndigos del cártel 22 irrumpieron este martes en la Unidad de Proyectos Estratégicos del IEEPO, en la colonia Reforma, donde saquearon escritorios y
archiveros, además de pintar consignas en las paredes. La bola de mafiosos identificados con el sector de la Cañada y de la Cuenca, cargaron los documentos
en camionetas particulares, ante la mirada impotente de empleados administrativos y los inútiles de PABIC y SSP destacamentados para hacerse weyes, porque
no atinan a actuar conforme corresponde… Los guangos del Cártel lograron entrar a la oficina en cuestión que atiende a presidentes municipales comprometidos
con la reforma educativa. En esa oficina, profesores de la Sección 59 acuden a cobrar honorarios. Con esta información confidencial los bembos del Cártel
pueden emprender una cacería de brujas en contra de los presidentes municipales que apoyan la reforma educativa y que temen a las autoridades, pero pos se
quedan con el temor, en lugar de pedir que se aplique la ley en contra de esos delincuentes del orden común. Esta vez fueron documentos, los robados. Mañana
serán dinero y cosas de valor. ¿Nadie los frena?
“¡CHAPITO MALO PIZALÍN!”- El Pequeño Hombrecito quiso aprovechar que su ahora fiel escudero (no se le separa ni para ir al banius), Shinzaburo Takeda -
¿así se escribe?- le debía aquella de cuando le dio el doctorado horroris causa, y pa’ pronto que le pide lo pusiera en la ruta del Japón y que se va sin decir
gurbai. Ayer que regresó repartiendo kimonos, sake y cuantos souvenirs se les ocurra, supo la gente de la Uni que el muchacho se había ido a gastar lo poco que
queda del presupuesto de este año, porque como todo se va en mantener porros, la piscacha es escasa… Echó por delante a su particular, Eric Gómez, y éste
fue quien presumía que a cada requerimiento que le hacían a su jefazo en la tierra del sol naciente, en donde el enanito no se acomplejaba por su estatura, lo
único que acertaba a decir era “¡Chapito, malo pizalín!” y eso por un chiste que le contó el desaparecido Juan Japo. Eso sí, aprovechó para indagar algunas
técnicas japonesas sobre el porrismo, le dijeron que allá sí se estudia y no se mantiene a malandros. Se fue una semana el maloso, y que los de Entrenamiento
Deportivo pierdan su semestre. Falta que cobre al filántropo…
CHAFALDRANAS.- El mensaje proviene de los mismos empleados del Canal Invisible, quienes ofrecen, vía el suscrito, a sus televidentes y radioescuchas
disculpas sentidas, “porque esto no es culpa nuestra, es de los jefazos, you know. Precisan que la empresa poblana a la que encargaron las nuevas
instalaciones, desde el equipamiento técnico hasta obras de ingeniería civil, le quedaron mal a esos inocentes muchachitos conocidos como Emilio de Leo Blanco
y José Antonio Gutiérrez Bello, y como éstos tenían prisa por estrenar el nuevo edificio de San Jacinto Amilpas, que lo inauguran con un enorme número de
fallas, que a la fecha, para no variar, no han sido corregidas… Figúrate que nos pasaron a arder desde la barda perimetral, que no quedó cual se pidió, luego nos
fallaron con el aire acondicionado, los extractores, todo. El estudio de televisión, con graves problemas de acústica, luego detectamos problemas en el estudio de
grabación, con las consolas, no hombre. Cierto que se llamó a los dueños de la empresa -luego te damos pormenores del bisnes- para que cumpliera su parte,
pero hasta orita seguimos con carencias. Y ni con los genios y cambios que anunciaron se le ve cuerpo a esto. Para nosotros que fue puro bluff. ¿Tú qué opinas?
¿Y LA ACCIÓN PENAL?- No sé tú, pero para el suscribiente que en el asunto de San Antonio de la Cal y la planta potabilizadora, devuelta por la gente que la
había tomado por sus pistolas, alegando falta de democracia, no puede quedarse con un borrón y cuenta nueva. Porque sentaría un mal precedente y dejaría
abierta la posibilidad de que cualquier hijo de vecino, nomás porque se le ocurre, puede pasar a arder al resto del conglomerado, total Doña Justa lo perdona.
Porque además, la planta y su sistema de bombeo de agua potable fueron dañados. Esto reclamará reparación, tiempo y dinero. Y no puede quedar todo en un
perdón. Hay que fincar responsabilidades y castigar a los responsables… Comodina actitud del titular de SAPAO, Sergio Pablo Ríos Aquino, que muy orondo
dice que a la brevedad posible se dará inicio a la reparación de las tuberías dañadas físicamente que afectaron a más de 50 colonias de la Zona Metropolitana
que durante 23 días estuvieron en poder de los vecinos. Los daños tendrán un costo de millón y medio de pesos, se llevará la reparación tres semanas. Insisto,
esto no puede dejarse así. Hay que ir tras los responsables, hay que acusarlos en la Procuraduría. Hay que meterlos al bote…
YA VAS QUE CHUTAS.- Dicen los del bando de Lipe Pinacho que en el asunto del sindicato de chupatintas sólo le doy voz a los rojos, y eso es falso. Ahí les va:
Dice este sector que el culpable de lo que pasa con la disidencia, es obra del Flaco Castillo, que éste mueve al Man-Horse y que a todos los manipulan desde lo
alto la candidata a diputada, Titi Rodríguez, y el senador Eviel Pérez. Buscan capitalizar políticamente este asunto para ganar votos para el 7 de junio. Servidos y
me cai que aún no me vendo… Quién sabe qué tanto le ayude a Gabriela Olvera, que así se llama la abanderada del RIP por el distrito de Santa Lucía, el “apoyo
irrestricto” de los transportistas agremiados al Sindicato Libertad, los mismos que comandan los herederos de Juan Luis Martínez, pero allá anda la Gaby
tomándose la foto con esos belicosos hijos de Cara Sucia. Así ha de ser la preocupación de la doña… Y que el Pelochas David Mayrén fue nombrado
comisionado político del CEN del PRI en el distrito siete con cabecera en Juchitán de Zaragoza, dizque para apoyar la candidatura de Yarith Tannos. A lo mejor sí
logra que se olvide de lloriqueos… Los de Sectur son chingones. Ya calcularon que habrá una derrama económica del orden de los 96 millones de pesos en
Oaxaca del 1 al 3 de mayo, con el puentecito. Ya saben que vienen 15 mil 898 turistas, ni uno más ni uno menos; de ésos 10 mil 418 irán a Huatulco. ¿Cómo la
ves, tía?... ABUR.

12. Segob acuerda medidas de protección a periodistas y defensores de
derechos
Escrito Por Agencia / MVS
La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas, coordinada por la Secretaría de Gobernación (Segob), acordó otorgar medidas de
protección a periodistas y defensores de derechos humanos, a partir del análisis de 33 casos.
La Junta del Mecanismo realizó el miércoles y jueves su 22 Sesión Ordinaria, en la que se analizaron
33 casos presentados, y se determinó conforme a derecho, el otorgamiento, para todos los casos, de
diversas medidas de protección.
Dichas medidas protegerán a defensores de derechos humanos y periodistas que se encuentran en
situación de riesgo a causa de su ejercicio profesional, y se implementarán en coordinación con
autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.
La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo realizó evaluaciones de riesgo acordes a las
mejores prácticas internacionales en la materia, en las que se tomaron en consideración una serie de elementos y factores.
Esa instancia, máxima y principal órgano de toma de decisiones en la materia, analizó aspectos como la intencionalidad de causar un daño, impacto probable del
daño, vulnerabilidades e inminencia de materialización del daño.
México y Pakistán en los primeros puestos de impunidad por
asesinatos a periodistas: CPJ
El informe 2015 sobre la libertad de prensa alrededor del mundo señala que grupos extremistas, narcotráfico y fuerzas
gubernamentales son quienes más atacan a la prensa.
(Foto: CPJ)
Redacción AN
México y Pakistán reiteradamente ocupan los primeros puestos en el Índice de la Impunidadanual del Comité para la Protección de los
Periodistas (CPJ), que calcula el número de casos de asesinato de periodistas sin resolver.
De acuerdo a su informe 2015 sobre la libertad de prensa alrededor del mundo, publicado este lunes, las fuerzas gubernamentales y los
grupos de radicales islamistas en Pakistán, y los carteles del narcotráfico y los funcionarios corruptos en México, han intimidado a la
prensa libre y se han convertido en árbitros de lo que la prensa puede decir.
El informe realizó un comparativo de entrevistas a reporteros de México y Pakistán y analiza como porcentaje de la población de cada país
por niveles de impunidad ante ataques.
Entre los principales temas señala el documento que es común que los periodistas reciban amenazas para que no informen sobre ciertos
asuntos (o que se les ordene que transmitan ciertos puntos de vista), o de lo contrario ellos o sus familiares sufrirán represalias.
“Y cada vez que se amenaza, agrede o asesina con impunidad a un periodista, se transmite y se refuerza un mensaje de intimidación”,
informó CPJ en un texto firmado por Daniel DeFraia.
Para la edición 2015 el prólogo estuvo a cargo de Christiane Amanpour, corresponsal internacional jefe de CNN y miembro de CPJ. En el
sitio de internet en español de CPJ, es posible acceder parcialmente al contenido del libro, se pueden leer 8 ensayos traducidos al
español de los cuales destacamos el que habla sobre la situación de los periodistas freelance.

13. Por ejemplo, este reporte señala que en lugares como México y Paraguay “las organizaciones de traficantes son la principal amenaza” y
que en el año 2014 los periodistas “se convirtieron en accesorios en filmes de propaganda, lo cual refleja una tendencia global que consiste
en que los perpetradores documentan cada vez más sus actos de violencia.”
Revista Zócalo informó que el CPJ presentó el informe en una compilación de ensayos y artículos escritos por expertos que conforman el
libro Ataques contra la prensa. La venta del libro pretende recaudar fondos para continuar con la labor de protección a los informadores.
En este libro se da cuenta cómo los años recientes se han convertido en los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, puesto que los
informadores son atacados desde más frentes y en cada región del mundo, reporteros y reporteras enfrentan amenazas diferentes.
“Mientras algunos periodistas son secuestrados o asesinados por grupos radicales, otros son vigilados, censurados o encarcelados por
gobiernos que intentan responder a esa amenaza, ya sea real o imaginaria.” Describen en un comunicado.
El caso de los freelance es especial, ya que se han convertido en un grupo altamente vulnerable, “lo cual ha llevado al CPJ y a
una coalición de organizaciones de libertad de prensa y medios de comunicación a defender la aplicación de mejores normas globales
para protegerlos a ellos y a los periodistas locales de quienes dependen.” Un ejemplo son los dos periodistas estadunidenses, James Foley
y Steven Sotloff, decapitados en video por miembros del grupo Estado Islámico. Además de esto se destaca la precaria situación salarial
que enfrenta este grupo dentro del gremio periodístico.
“Existe una enorme discrepancia entre la cantidad de esfuerzo que implica redactar un artículo periodístico y la cantidad de dinero que se
recibe por ello”, expresó Tom Dale, otro periodista freelance radicado en El Cairo. Se puede leer en el artículo dedicado a los freelance.
En el comunicado en el que dio a conocer la publicación se acota lo siguiente: La primera edición de Ataques contra la prensa fue publicada
en 1986. La edición impresa de 2015 es publicada por Bloomberg Press, un sello editorial de Wiley, y ya está a la venta.”
Consultar informe 2015 del CPJ
El reporte de Freedom House tiene datos falsos e incorrectos:
Presidencia
El gobierno de Enrique Peña Nieto respondió las acusaciones acerca de que la libertad de prensa en México es la peor registrada en 10
años.
ABRIL 30, 2015Redacción Animal Político
Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)Manifestación en el DF por el asesinato en 2013 del reportero veracruzano Gregorio Jiménez.

14. México obtuvo la peor puntuación en cuanto a libertad de prensa en 10 años, de acuerdo con Freedom House. Sin embargo, para
Presidencia el informe tiene datos incorrectos y falsos.
De acuerdo con un mensaje emitido por la Presidencia este miércoles 29 de abril por la noche, la organización consideró que la promulgación
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), en julio de 2014, “abrió nuevo flanco de amenaza para la libertad
de expresión porque se le otorgó al gobierno la facultad de monitorear y suspender la actividad en Internet durante protestas”.
Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto consideró que es una “afirmación falsa porque ningún artículo o precepto de la LFTR
aprobada por el Congreso de la Unión, faculta al gobierno a monitorear o suspender la actividad de Internet durante
protestas“.
El reporte de Freedom House consideró que la “vaga redacción” en la ley en un apartado permite al gobierno la “suspensión precautoria
de las transmisiones” de telecomunicaciones para prevenir la delincuencia.
El argumento de la Presidencia en contra de esa aseveración:
“El artículo 190, fracciones VI y VII, de la LFTR, contempla la suspensión del servicio por dos razones concretas:
1. A solicitud del usuario cuando su equipo sea reportado como robado o extraviado, para evitar usos o consumes indebidos, y
2. a solicitud de autoridad competente para cesar la comisión de delitos, por ejemplo extorsiones o amenazas, lo cual solo podrá hacerse
como lo establezcan las disposiciones legales aplicables”.
Ayer, Freedom House reveló su informe, hecho a partir del conteo correspondiente a 2014, pero publicado en 2015, donde México se colocó
en el lugar 139 de 199 países y está clasificado como un país “no libre”.
En el continente americano el índice de libertad de prensa cayó a su peor nivel en cinco años. Según Freedom House, en países
como Ecuador, Honduras, México, Perú y Venezuela –naciones que registraron sus peores niveles de libertad de prensa en 10 años-
“los periodistas enfrentan violencia e intimidación de autoridades gubernamentales y criminales”.
La respuesta íntegra de Presidencia:
Telecom Freedom House 2015
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) opera ya su propia empresa de telefonía móvil. Es una MVNO
que ofrece formalmente sus servicios desde febrero, pero que logró sus permisos el 12 de agosto pasado. En el arranque sólo
revenderá minutos de telefonía celular, pero tiene la posibilidad de hacer lo mismo con la telefonía fija, la larga distancia nacional e
internacional, así como la posibilidad de retransmitir datos.
La SNTE va en un primer reto de lograr 100,000 usuarios en alrededor de seis meses, básicamente, todos profesores afiliados a
este sindicato y con el que quiere crear “la red maestra” en telecomunicaciones, según la página de “QBocel”, el nombre comercial
de la telefónica de los maestros que nada tiene que ver con la educación, pero sí con la intención de mejorar las comunicaciones de
los profesores y de sus delegados con el sindicato.
Una vez que cubra su primera cuota de 100,000 abonados, QBoCel analizará abrir su reventa de servicios al público masivo y
cuando también tenga definido al o los partners que lo acompañarán con la proveeduría de equipos; mientras, ya tiene amarrado un

15. acuerdo con Alcatel para dotar de teléfonos a los maestros que dejen sus líneas de Telcel, Movistar, Nextel o Iusacell por las de
QBoCel.
La telefónica de los maestros también eligió a Movistar como concesionario al que le comprará capacidad y que por ahora reporta
mejor eficiencia operativa con su red, pero menor cobertura. “La red que utiliza QBOCEL presenta la mejor calidad del audio y la
menor proporción de llamadas interrumpidas entre todos los operadores de México”.
El permiso de QBoCel para explotar servicios de telecomunicaciones vence en la segunda quincena de agosto del 2024.
La reforma del 2013 a la industria de las telecomunicaciones amplió las posibilidades para que nuevos actores pudieran entrar al
mercado como revendedores de capacidad, aunque bajo el concepto de operador móvil virtual (MVNO) ya operaban las filiales de
Maxcom y Megacable. Un MVNO supone una empresa que compra, por ejemplo, grandes volúmenes de minutos de tiempo aire a
una telefónica tradicional y los revende a terceros, además de que se dirige a un segmento de mercado en específico, como es el
caso de QBoCel.
Las telefónicas que vienen, pero con metas limitadas Ver nota.
Bajo este cobijo de la reforma, una serie de empresas y organismos de naturaleza no lucrativa se acercaron al Instituto Federal de
Telecomunicaciones para solicitar permisos para revender servicios de telefonía, video, audio o datos.En agosto del 2014, el IFT dio
luz verde a seis interesados en montar una comercializadora de estos servicios, entre ellos se encontraba la Sociedad Anónima
Promotora de Inversión KUBO CEL S.A.P.I. de C.V, el brazo de los maestros en las comunicaciones móviles.
Una de las misiones de los MVNO es la de volver eficientes a las redes de los concesionarios tradicionales y así lo ve el SNTE con
su telefónica: “El objetivo es facilitar una comunicación directa, permanente y en tiempo real con los agremiados a través de las
nuevas tecnologías, donde las llamadas que se hagan entre los más de 100,000 usuarios serán sin costo”, dijo el sindicato en un
comunicado.
QBoCel, sin embargo, puede hallar oportunidades adicionales, si bien para no explotar masivamente, sí para beneficiar a los
agremiados del SNTE.
De lograr en tiempo su objetivo, el SNTE habrá avanzado más rápidamente con su MVNO que las ofertas de Virgin Mobile o Tuenti,
que aunque las tres compiten por nichos distintos, por volumen de usuarios, ninguna de las dos últimas ha logrado su meta de llegar
al millón de abonados. Virgin se planteó el reto de ir por un millón de usuarios en un año; su cartera de clientes, según estimaciones
de expertos, rondará las 250,000 conexiones y su plazo es en junio.
En un solo día y como primer reparto, el sindicato entregó a mediados de febrero 800 líneas a delegados de Hidalgo, Nayarit, Nuevo
León, San Luis Potosí y Sonora, y mantendrá una entrega continua al resto de los afiliados.
Al 16 de enero, QBoCel arrancaría inicialmente en los estados de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla,
Querétaro y el Distrito Federal.
QBoCel tiene preferencia por las firmas españolas. El día 30 de junio del 2014, el representante legal de KUBO CEL S.A.P.I. de C.V,
Guillermo Hita Pascual, se presentó ante el IFT para gestionar el permiso de comercialización de QBoCel. Guillermo Hita tuvo
relación con Canaliza Software, una empresa que monta plataformas de MVNOs.
En planes, QBoCel también se dice pareja. “La red maestra” ofrece una tienda de aplicaciones y planes con tarifas de 85 centavos
por minuto en telefonía, en larga distancia y por Megabyte para todos sus usuarios que se encuentren en las 86,000 localidades y
75,000 kilómetros de caldereteras a las que potencialmente puede llegar con la mano de Movistar y también desde las tiendas de
Elektra, quien ahora también opera ya un MVNO.
nicolas.lucas@eleconomista.mx

16. EPN y la justicia olvidada
ANDARES POLÍTICOS
Benjamín Torres Uballe
@BTU15
“Yo veo un México con hambre y sed de justicia…”
Luis Donaldo Colosio
Aquí, en esta columna, hemos insistido, al igual que millones de mexicanos, en la imperativa necesidad de solucionar los dos principales
problemas que azotan desde tiempo inmemorial a nuestro país: la falta de justicia y la carencia de una educación de calidad para toda la
población mexicana.
El pasado lunes, el presidente Enrique Peña Nieto, durante el evento “Informe y Propuestas sobre Justicia Cotidiana en México”, al fin
reconoció la gravedad y la imposibilidad de continuar con el desdén del Estado hacia una impostergable reestructuración a fondo del, por
ahora, muy cuestionado y desprestigiado sistema de justicia en México.
Si bien nuestra nación cuenta con leyes muy avanzadas –y en ello coinciden investigadores, académicos y expertos–, de primer mundo –
dirían algunos–, la corrupción y consecuente impunidad de los encargados de aplicarlas dan al traste y convierten en mera utopía aquello de
que la justicia debe ser ciega, pronta y expedita. Señalarlo le costó la vida a Luis Donaldo Colosio.
Por eso es que cobra relevancia lo dicho por el Presidente, sin preámbulos: “No obstante su vital importancia, la justicia cotidiana está hoy
rezagada y, hay que reconocerlo, olvidada. Y en muchos de los casos, rebasada”. Nada extraordinario descubrió el mandatario, sólo la
realidad.
Los ejemplos de la perversión, de la podredumbre de quienes intervienen en la procuración y aplicación de la justicia, inician con el policía
del crucero, los patrulleros y motociclistas, los elementos de la policía ministerial, el nefasto agente del Ministerio Público, pasando por los
jueces y en no pocos casos hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en conjunto constituyen –salvo algunas
honrosas excepciones– una conexión ilícita e inmoral.
Y ejemplos hay muchos, distantes y recientes. Como el de las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta
Francisco Marcial, encarceladas injustamente acusadas de haber secuestrado en el 2006 a seis elementos de la extinta Agencia Federal de
Investigación (AFI). Sólo la presión de diversos organismos nacionales e internacionales logró que el caso fuera revisado por la SCJN y
determinara que las dos primeras eran inocentes, ordenando su libertad luego de pasar casi cuatro años en prisión. En tanto, Jacinta,
declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, fue liberada en septiembre del 2009 al desistirse la Procuraduría General de la
República (PGR) por “carecer de prueba plena de la responsabilidad penal”.
“Los ministros entendimos que cuando está en juego la libertad, cada día es importante, y hoy esta injusticia que percibimos ha quedado
plenamente acreditada. Si es verdad que un solo inocente en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, lo es más cuando se trata
de integrantes de grupos vulnerables”, destacó el ministro Arturo Zaldívar en aquella ocasión al exponer los argumentos por los que la
Corte decidió ordenar la libertad de las indígenas.
Así es como se las gastan las autoridades en México, primero detienen y condenan, para después admitir que se equivocaron, que carecen
de pruebas y que las que poseen fueron obtenidas, en muchos casos, mediante la tortura sistematizada que el gobierno insiste en negar.
Pese a las modificaciones constitucionales en el ámbito legal, los “yerros” de los impartidores de justicia están a la orden del día y
únicamente nos enteramos cuando las víctimas tienen la fortuna de exponerlo a los medios y la opinión pública, tal como sucedió en días no
muy lejanos con el conocido caso de la adolescente Alondra Luna Núñez, quien fue sustraída de su escuela en Guanajuato por policías de
Interpol-México para enviarla, por orden de la jueza Cinthia Elodia Mercado, a Estados Unidos, donde una mujer la reclamaba como su hija.

17. En aquel país, se comprobó, mediante examen de ADN, la falsedad de la “supuesta” madre. Alondra vivió un infierno a causa de una serie de
“negligencias” oficiales de la que hoy todos pretenden deslindarse.
Todo esto, bien a bien, lo tiene presente Peña Nieto, pues aseguró en otra parte de su discurso: “En la práctica, esta justicia suele ser
excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella o queden insatisfechos con sus
resultados”.
A pesar de que el titular del Ejecutivo federal insistió en aclarar que su crítica no se refería a la justicia penal, ésta no puede ser excluida de
ninguna manera de lo aquí abordado, ya que encaja perfectamente en los supuestos por él descritos. La oportunidad de corregir es aquí y
ahora.
Los mexicanos ya no pueden ni quieren esperar a que haya una transformación mágica. “En el Gobierno de la República creemos firmemente
que ha llegado el momento de cambiar las cosas. Estamos convencidos de que esta situación no puede continuar por más tiempo”, ha dicho
el Presidente. Esperemos que no quede sólo en palabras.
@BTU15
Firmas contra el Verde: el INE hace mutis
Por Redacción / Sin Embargo mayo 1, 2015 - 00:00h 2 Comentarios
La lista de denuncias y violaciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por sus violaciones a la ley electoral es tan grande,
que bien merecería otro tratamiento que las simples multas que le ha aplicado el Instituto Nacional Electoral (INE).
La petición ciudadana en la plataforma internacional Change.org para quitarle el registro al partido fundado por Jorge González
Torres en 1986, y luego heredado a su hijo Jorge Emilio González Martínez, el “Niño verde”, es ya histórica, de acuerdo con Alberto
Herrera Aragón, coordinador de Campañas en México de esa página de peticiones en línea que es ya una nueva herramienta de
expresión de los mexicanos frente a los abusos de gobiernos, funcionarios públicos, partidos, empresas y causas sociales en general.
Hasta el pasado 30 de abril, la petición al INE para quitar el registro del Verde y retirarlo de la próxima contienda electoral sumaba más
de 140 mil firmas, un récord en la historia de esa plataforma en el país, por lo que Alberto Herrera expuso a SinEmbargo que “resulta
lamentable que el Instituto Nacional Electoral al día de hoy no haya dado ni una sola respuesta a la petición, cuando se está hablando de
140 mil firmas de esta naturaleza”.
Esas firmas fueron entregadas el miércoles pasado al Consejo General del INE, también con la exigencia pronta y con fundamentos del
Instituto sobre el caso del Verde, un partido que, de acuerdo con especialistas, ha situado a los electores frente a la dicotomía de votar por
un partido ilegal frente a un conjunto de partidos legales, más allá de las preferencias que cada quien tenga.
En el documento presentado por los ciudadanos –que son los verdaderos patrones del INE aunque ese Instituto no los trate así–, se incluye
un listado de conductas y prácticas ilegales con las que el Partido Verde Ecologista de México se ha beneficiado y por las que,
consideran, debe retirársele el registro:
–Uso de recursos públicos y privados ilegales.
–Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal.
–Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.
–Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país.
–Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país.
–Propaganda ilegal en tortillerías.
–Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.
–Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.
–Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en
distintas entidades del país.
–Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para
promoverse.

18. –Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas
telefónicas para anunciarse.
–Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley.
–Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar
propaganda.
–Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.
El pasado 28 de abril, este sitio digital publicó una entrevista conBenito Nacif Hernández. En esa charla con la periodista Ariadna
Ortega, el Consejero del INE respondió a una pregunta sobre las voces que piden el retiro del registro del Partido Verde y cuál sería el
procedimiento para que esto sucediera.
“Hay diferentes causales para el retiro del registro, la más conocida es porque los partidos políticos no obtienen el mínimo de apoyo en las
urnas para mantener su registro. Ahora, el retiro del registro es una decisión de enorme trascendencia, significa quitarle al electorado una
opción que se ha construido de acuerdo a lo mismo que establece la Ley, entonces es una sanción extrema que sólo tiene que aplicarse en
situaciones verdaderamente extremas”, dijo.
–¿No estamos en una situación extrema entonces?, se le preguntó.
“Pues mira yo no puedo pronunciarme ahora en ningún sentido porque tendríamos que analizar las quejas que se presentan, instruirlas,
investigarlas y presentar las resolución con sus propuesta de sanciones en el Consejo General. Lo que sí me gustaría dejar en claro es que
cuando se propone quitarle el registro a un partido político se está proponiendo una sanción extrema, quizá la pena máxima que le puedas
aplicar a un partido político”.
Y bueno, si los consejeros del Instituto consideran que la del Verde no es una “situación extrema”, poco podemos esperar de la
fiscalización en el INE y la aplicación de la justicia.
Campos Elíseos | Katia D' Artigues
¿Conflicto de interés? ¡Opcional!
Katia D´Artigues Beauregard, orgullosa chilanga que ya tiene 20 años de trabajo en los medios. Egresada de la
Universidad Anáhuac, fue fu ...
Más de Katia D' Artigues
Viernes 01 de mayo de 2015
Hoy comienza mayo y, como anunció Enrique Peña Nieto desde noviembre pasado, los funcionarios públicos federales,
además de su declaración patrimonial, deben entregar una declaración de conflictos de interés. La entregarán, quizá,
pero no nos enteraremos.
¿Por qué? Ah, pues porque nadie prometió que las declaraciones fueran a hacerse públicas. Típico. Una tomadura de
pelo más. Feliz Día de la Madre por anticipado.
El propio secretario de la (renacida, aunque no da signos de vida) Función Pública, Virgilio Andrade, lo aceptó en una
entrevista con Ariadna García en EL UNIVERSAL: no está legislado como obligatorio, por lo tanto queda a la
“reflexión” (sic, que en serio dijo eso) de cada funcionario/a.
—El servidor público hará la reflexión, para hacer una mejor ponderación entre lo público y lo privado, sobre la
información que se debe conocer (…) La Función Pública, al tener la declaración de conflicto de intereses y si esto lo
juntamos con otra medida que es la que consiste en tener la lista de los servidores públicos sujetos a contrataciones,
tenemos elementos adicionales de transparencia (habría que preguntarle qué entiende exactamente por
“transparencia”). Es muy probable que reflexionen los servidores.

19. Así que van a reflexionar los servidores públicos. Ajá. Dice el diccionario sobre la palabra “reflexionar”: “Considerar
nueva o detenidamente algo”.
¿Cuánto tiempo de “reflexión” les darán en esta llamada a misa?
Si el propio Presidente hizo pública su declaración patrimonial completa y nadie —¡ni en su propio gabinete!— le hizo
segunda, ¿alguien dará a conocer la de conflictos de interés?
Andrade dice que para que todos sepamos hay que hacerlo obligatorio. Eso sólo se hace a través de una ley, por lo
tanto le toca al Congreso.
Peor noticia: los legisladores no quieren, como políticos que son. Dejaron constancia de ello en la discusión de las
leyes secundarias de la reforma en transparencia. Se planteó la necesidad de la obligatoriedad de dar conocer las
declaraciones patrimoniales e incluso de interés. Decidieron no incluirlo.
Usaron un recurso muy común: patearlo a una ley menor, sin embargo importante, la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, que quién sabe cuándo se presentará.
Aceptémoslo: salvo los muy pocos legisladores (10 de 628, del PAN, PRD y una de Movimiento Ciudadano) que ya se
unieron a la iniciativa #3de3, los demás no están de acuerdo. ¿Qué posibilidades hay de que esto se vuelva una ley
obligatoria? Pocas, si depende sólo de ellos; la sociedad civil debe presionar.
Andrade, que sigue posando muy orondo en su oficina con el teléfono rojo y la gran fotografía de Peña Nieto a sus
espaldas, dice que para el caso de la Casa Blanca (donde a él le instruyeron checar si hubo o no conflicto de interés)
“no hay plazo fatal”.
¿Qué escucharemos el lunes cuando promulguen la Ley de Transparencia?
Ayer tuve sentimientos encontrados con la promulgación de la ley para las personas con condición de autismo.
Por un lado hay que reconocer el tesón de la diputada Paloma Villaseñor, que no cejó hasta que se aprobara la ley.
Tiene un hijo con autismo y no dudo que sus intenciones sean las mejores. Al igual que las intenciones de las
organizaciones que la acompañan.
Ahora a las malas: tengo la mejor opinión de Mercedes Juan, secretaria de Salud, pero, ¿no habíamos quedado en que
la atención de todas las personas con discapacidad dependía ahora —al fin— de la Secretaría de Desarrollo Social?
¿No hay una ley general para las personas con discapacidad que ya reconocía los derechos de todas las personas con
alguna discapacidad?
¿Por qué no estaba presente ni Jesús Toledano, titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
personas con discapacidad, Conadis, si supuestamente es LA instancia que articula las políticas públicas y que está
basada en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU que, por cierto, no se contempló
en esta ley? ¿No es el compromiso firmado número uno del Presidente con el sector, armonizar precisamente esta
Convención?
Si ya tenemos una ley para personas con autismo y ya una senadora, Maki Ortiz, presentó una sobre Síndrome de
Down, ¿vamos a tener una por cada discapacidad que, además, luche individualmente por recursos? ¿Qué provocará
esto al movimiento de las personas con discapacidad?
Grupos civiles en México han obligado al gobierno a
salir de su búnker: The Economist
Por Redacción / Sin Embargo mayo 1, 2015 - 09:38h 0 Comentarios
La sociedad organizada en distintos frentes, dice The Economist. Foto: Cuartoscuro

20. Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– La participación de la sociedad civil en México ha crecido en años recientes, dice este día
un amplio artículo de la afamada revista británica The Economist. Ahora hay Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) más
especializadas (tecnócratas, las llama), y otras VIP con ligas fuertes con el gobierno. Pero también están los grupos civiles que han
metido presión, en las calles, a temas como el de los 43 estudiantes desaparecidos, los conflictos de interés y la corrupción.
Estas ONGs tienen hoy una voz, aunque dependen de los medios (prensa y redes sociales) para difundirla con éxito. Pero han logrado,
como sucedió con las protestas en las calles contra Enrique Peña Nieto por la muerte de los 43 estudiantes y por el papel de su esposa
Angélica en un potencial escándalo de conflicto de intereses, sacar al gobierno de su búnker. Así lo dice la publicación.
The Economist cuenta de Viridiana Ríos, una activista de 32 años de edad que se crió en los suburbios pobres de la Ciudad de México
pero no es de izquierdas. Se educó en Harvard y utiliza el análisis, estadísticas y campañas en medios sociales a favor de un gobierno
limpio. “En lugar de adoptar las tácticas de los agitadores entusiasta de la calle, es parte de un movimiento de ‘expertos’ de la sociedad
civil que está adquiriendo gran influencia en México. Sus armas son hechos y argumentos sólidos. ‘Somos la tecnocracia de la sociedad
civil’, dice ella”.
En los últimos meses, agrega la publicación, después del asesinato de 43 estudiantes en Guerrero y tras las acusaciones generalizadas de
corrupción, estas organizaciones han entrado en acción. Convencieron al gobierno de Enrique Peña Nieto a ir más allá de lo que
originalmente quería en una Reforma Anticorrupción. “Yo iría tan lejos como para decir que, sin ellos, esta reforma no habría ocurrido”,
dijo a The Economist Fernando Rodríguez Doval, del PAN y uno de los redactores de la ley.
En abril, grupos sociales presionaron con éxito para abrir el acceso a la información gubernamental. También lanzaron un “observatorio
civil” para supervisar la construcción de un nuevo aeropuerto cerca de la Ciudad de México, dice la publicación inglesa. El gobierno dice
que tendrá un costo de 169 mil millones de pesos (11 millones de dólares), pero no ha dicho dónde está el dinero y de dónde vendrá. “Y
una organización, Mexicanos Primero, encabezada por un miembro de una familia industrial prominente, está tomando acciones legales
para obligar a la Secretaría de Gobernación a por no ceder a los profesores radicales que se oponen a una reforma de la educación”.
The Economist dice que los métodos de las ONGs incluyen campañas de “nombrar y avergonzar” que corren bien en los medios sociales.
México ¿Cómo Vamos? ha diseñado –por ejemplo– un “alcoholímetro” anti-corrupción. Muestra en tiempo real cuáles estados han
aprobado la Reforma Anticorrupción. Diez de los 32 estados ya habían ratificado.
Recientemente, dos organizaciones no gubernamentales, el IMCO y Transparencia Mexicana, crearon una plataforma llamada Tres de
tres, que anima a los candidatos en las elecciones legislativas del 7 de junio al ir más allá de los requisitos legales y hacer públicas sus
activos, los intereses y las pruebas de que pagan impuestos. “La cabeza del IMCO, Juan Pardinas, dice que el objetivo es superar una
crisis de credibilidad política en México –agrega The Economist–. Se insta a los votantes a enviar tweets a los candidatos donde dicen que
los apoyarán sólo si aportan la información. Para el 29 de abril, 100 políticos habían respondido, incluyendo nueve candidatos a
Gobernador”.
“No ha sido fácil para las organizaciones no gubernamentales alcanzar esta influencia en un país donde la élite
tecnocráta brinca automáticamente a formar parte del gobierno. Durante gran parte del siglo XX, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), de Peña Nieto, ha cooptado la sociedad civil. Su mal manejo en los esfuerzos de
rescate tras el terremoto de México de 1985 produjo un aumento del activismo de base. Grupos de la sociedad civil
ganaron mayor prominencia por luchar contra el fraude durante las elecciones en los años 1980 y 1990, hasta que el
PRI finalmente perdió su 72 años en el poder, en 2000”.
Juan Pardiñas, del IMCO. Foto: Cuartoscuro

21. Ahora que México se ha vuelto más democrático, agrega la publicación, las fundaciones estadounidenses que habían financiado algunas
de estas ONGs se movieron hacia otra parte, dice Shannon O’Neil del Consejo de Relaciones Exteriores, un think-tank estadounidense.
“Pero una nueva ley en 2004 dio a las organizaciones benéficas más acceso al apoyo del gobierno y las autoridades fiscales han hecho que
poco a poco sea más fácil hacer donaciones deducibles de impuestos. El dinero norteamericano ha vuelto. Según una estimación, las
donaciones de la Fundación Ford representa más de la mitad del financiamiento de las ONGs. Fundaciones empresariales mexicanas
juegan un papel pequeño pero creciente”.
“Después de un período de calma, el número de ONGs creció de nuevo por los problemas de seguridad interna de
México, que aumentaron a finales de los 2000s. Algunas, con el apoyo de grupos empresariales mexicanos, se
convirtieron en altamente eficaces para lograr que el gobierno hiciera frente a la violencia relacionada con las drogas en
ciudades del norte como Ciudad Juárez y Monterrey. Hubo, sin embargo, una división social, dice Juan Salgado del
CIDE. Debido a que los delitos violentos afectaron tanto a ricos como a pobres, grupos de víctimas con dinero hicieron
conexiones poderosas con el gobierno. Él les llama las ‘ONGs VIP’. Las organizaciones sociales anti-crimen tienden a
ser más pobres, más ideológicas y más centrado en las causas de la delincuencia y en los derechos humanos. Y tienen
eco más fuerte en las protestas callejeras que en el gobierno”.
Las organizaciones sociales, según la publicación, pueden desdeñar a sus hermanos más tecnocráticas, etiquetarlas títeres neoliberales y
gubernamentales. “De hecho, algunos de sus líderes son graduados del ITAM, una de las más prestigiosas universidades de México, que
desprecia los sesgos ideológicos que afligen a la mayoría de las otras. Se inculca un enfoque basado en la evidencia”.
“Los tecnócratas tienen un pragmatismo que hace que su agenda sea difícil de precisar. Por ejemplo, el IMCO apoya la
Reforma Energética, al igual que los negocios. Pero también hace campaña contra la obesidad, de la que se culpa en
parte a la industria alimentaria. Sobre la corrupción y la transparencia, muchas ONGs se han unido. También dependen
de los movimientos de ciudadanos para poner al gobierno a la defensiva, como las protestas en las calles del año pasado
contra Peña Nieto por la muerte de los estudiantes y por el papel de su esposa en un potencial escándalo de conflicto de
intereses”.
Estos incidentes obligaron al gobierno a salir de su búnker, dijo a The Economist Luis Rubio, jefe de CIDAC, un grupo de expertos.
“Ellos tienen un nuevo pragmatismo. Al final se dieron cuenta de que necesitaban cierta legitimidad”.
Rubio dijo a la revista que las ONGs necesitan, sin embargo, de los medios. Y Viridiana Ríos se lo explica así: “Tenemos una voz. Pero la
prensa y las redes sociales son nuestro megáfono”.
MINERAS: ¿IMPUNIDAD CON EL PERMISO DEL
ESTADO?
Por Ilse García mayo 1, 2015 - 00:00h 0 Comentarios
En el país existen al menos 36 conflictos mineros, la mayoría relacionados con casos de contaminación, daño a las
comunidades y despojos a los pobladores donde se ubican estas zonas generadoras de una riqueza; de todos estos
casos, al menos 70 por ciento son de compañías extranjeras. Datos del observatorio de Conflictos Mineros de América
Latina y de la propia Secretaría de Economía, destacan que al menos tres cuartas partes de los proyectos mineros son
de empresas de capital canadiense, que ampliaron su presencia en México tras la firma del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN).
De acuerdo con datos del sector, siete de las minas de oro más grandes en nuestro país, están concesionadas a las
firmas canadienses Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources.
Diversas mineras canadienses a menudo son objeto de conflictos, algunos incluso de gran trascendencia, como el caso
del asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca, en noviembre de 2009, luego de que se pronunció en repetidas
ocasiones sobre los impactos ambientales y sociales de una mina de la firma candiense Black-fire Exploration en el
municipio de Chicomuselo, Chiapas.
Pero también hay mexicanas, como Grupo México, que han sido señaladas por ambientalistas y organizaciones
internacionales por actuar con impunidad, situación que hasta ahora ha dejado contaminación, despojo y daños a la
salud de miles de personas.
El 30 por ciento del territorio nacional está concesionado a 293 empresas de capital extranjero. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– El 30 por ciento del territorio mexicano está en manos de 293 empresas de capital
extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden
el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. A la par del crecimiento de la industria minera, también
han aumentado las violaciones a los derechos de las comunidades y a las garantías laborales de quienes trabajan en la extracción, así
como la cada vez más preocupante “devastación” al medio ambiente que, de acuerdo con diversas organizaciones, ha generado daños
irreversibles que afectan a todo el país.

22. Miembros de organizaciones globales como Greenpeace, y las mexicanas Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ProDESC) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), plantearon a SinEmbargo que en el país hay una visión generalizada
de “pagar para contaminar” y no de prevención, puesto que en la mayoría de las concesiones que otorga el Estado, los estudios de impacto
ambiental se realizan luego de firmarse los contratos y, en muchos casos, esos estudios son “débiles”.
Además, denunciaron esos organismos, imperan también las constantes violaciones a las comunidades indígenas y a sus sitios sagrados, la
criminalización y el hostigamiento de los defensores de la tierra y del medio ambiente.
En México existen al menos 36 conflictos mineros en proceso, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que en su
mayoría se relacionan con accidentes, como la explosión que se registró en 2006 en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde 65
trabajadores perdieron la vida, y de los cuales 63 cuerpos aún no han sido rescatados. O como la defensa del pueblo Wixárika ante la
devastación del territorio Sagrado Wirikuta, o el caso de La Sierrita en Durango, donde la empresa canadiense Excellon Resources ha
violado los contratos que había signado, y los ejidatarios han tenido que enfrentarse no sólo a la minera sino a la complicidad de las
autoridades mexicanas y el Gobierno canadiense.
Según las organizaciones, el Estado mexicano se ha dedicado durante los últimos años a darle a las empresas trasnacionales y nacionales
del sector la garantía de que en el país “ellos van a poder hacer lo que quieran”, comprometiendo así el futuro de las comunidades
indígenas y el derecho ambiental de todos los mexicanos.
LA PRODUCCIÓN MINERA
VER MAPA : Proyectos Mineros de Empresas con Capital Extranjero
De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), el sector minero contribuye con el 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Tan
sólo en 2013, la inversión en este sector alcanzó un monto de 6 mil 575.8 millones de dólares, y para el año 2014 se estimó un total de 6
mil 175.5 millones de dólares, de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex).
La SE reportó que México ocupó en 2013 el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial, con un volumen de producción de 5
millones 821 mil toneladas, lo que representó el 26 por ciento de la productividad del mundo. La Nación ocupó también el segundo lugar
en la producción de bismuto –un elemento químico para tratar los males estomacales–, con 824 mil toneladas; de fluorita, con un millón
210 mil toneladas, y de wollastonita –mineral que se utiliza en el sector de pinturas–, con 57 millones 302 mil toneladas.
Además se posicionó en el cuarto lugar en la producción mundial de cadmio, uno de los metales más tóxicos existentes, con un volumen
de un millón 451 mil toneladas. De igual forma fue el cuarto productor de plomo, con 253 mil toneladas.
México fue también el octavo productor de oro a nivel mundial en 2013, al producir 118 mil toneladas del metal áureo.
En la República Mexicana al menos 25 estados registran producción minera. De ellos, Sonora fue la entidad con mayor participación a
nivel nacional durante 2013, año en el que generó 66 millones 554 mil 248 pesos.
La dependencia federal destaca en sus informes que nuestro país es el primer destino en inversión en exploración minera en América
Latina y el cuarto en el mundo.
Esta industria ha registrado un considerable crecimiento durante los últimos dos sexenios. En 2014 se registraron al menos 902 proyectos
mineros operados por 293 compañías de capital extranjero, 205 de origen canadiense.

23. El mayor número de concesiones mineras de empresas con capital extranjero se concentran en Sonora con 216, Chihuahua con 114,
Durango con 98, Sinaloa con 93, Zacatecas con 69, Jalisco con 60, Guerrero con 37, Oaxaca con 34, Nayarit con 22, Michoacán con 23,
Guanajuato con 19, San Luis Potosí con 17, Coahuila con 12, Baja California y Colima con 11 cada uno, Puebla con 10, el Estado de
México con ocho, Chiapas con 7, Baja California Sur también con 7, Querétaro con 6, Hidalgo y Veracruz con 4 por cada entidad,
Tamaulipas con 2 y Morelos con 3. Finalmente, el estado de Nuevo León registra un solo proyecto de exploración.
De acuerdo con el Sistema de Administración Minera (SIAM), dependiente de la Secretaría de Economía, durante 2013 y 2014 se
otorgaron más de 2 mil concesiones. Sin embargo, la dependencia federal no ofrece datos específicos de cuántos proyectos mineros se
aprobaron durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, periodo en el que asegura organizaciones civiles, el territorio
concesionado creció en un 53 por ciento.
Toda la información con respecto a la producción e inversión minera que ofrece la SE en su página oficial de la Internet está relacionada
con empresas de capital extranjero, pero no reporta la participación de empresas de capital mexicano ni tampoco cuántas concesiones se
les han otorgado.
LEGISLACIÓN LAXA
La falta de regulación en el país ha dado paso a una serie de desastres ecológicos provocados por mineras. Foto: Cuartoscuro
El director de Comunicación de Greenpeace México, Raúl Estrada González, expone que en el país la legislación minera está enfocada
principalmente en incentivar la inversión en este sector y, sin embargo, no existe un marco regulatorio que permita cuidar el medio
ambiente, ni que proteja los derechos de las comunidades.
“Esto ocurre porque tenemos una legislación muy débil, por que durante varios años y sexenios ha enfocado mucho
más sus baterías en poder incentivar la inversión en el país, pero sin que esto represente un alto costo para las mineras”,
denuncia el activista.
Mientras en otras partes del mundo las compañías tienen que cumplir con estándares muy altos para cuidar el impacto ambiental y las
afectaciones a las comunidades por las actividades que realizan, en México hay ocasiones en que ni si quiera se llevan a cabo de manera
previa los estudios necesarios para comenzar a explotar las tierras.
“En ese sentido la legislación mexicano no ha progresado para poder hacer una defensa férrea de los derechos de las
personas que viven cerca de una comunidad, o de un centro donde se está teniendo un manejo industrial con actividad
minera”, afirma.
El coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC –una organización no gubernamental que tiene como objetivo defender y
promover los derechos económicos, sociales y culturales–, Juan Antonio López Cruz, sostiene que el Estado mexicano ha comprometido
“la seguridad de las y los ejidatarios, así como la de las comunidades indígenas, en esta idea de poder abrir las puertas a la inversión
extranjera”.
“[La inversión extranjera] es algo que se ha venido manejando desde hace ya muchísimos sexenios, ¿qué le das tú a
estas empresas que vienen a invertir a nuestro territorio? Pues les tienes que dar una garantía de que van a llegar y ellos
van a poder hacer lo que quieran, porque sino para ellos no va a ser un buen negocio”, agrega.