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Aún no reinician autopistas
Por Andrés Carrera Pineda / Foto: Archivo
Legisladores piden a la SCT reactivar las obras carreteras
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
Después que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció que durante los primeros días del mes de
julio, reiniciarían las obras de las autopistas hacia el Istmo de Tehuantepec y la Costa oaxaqueña, los
trabajos siguen suspendidos.
De acuerdo con diputados de la 63 Legislatura, el reinicio de las obras sólo ha quedado en promesas
incumplidas por parte de los gobiernos estatal y federal, pues como lo habían anunciado, probablemente las
obras carreteras no concluirán en 2018.
En ambas autopistas, tras más de una década de sus inicios apenas representan un avance del 50 por ciento,
en tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aún se encuentra en trámites para lanzar las
nuevas convocatorias para la licitación de dichos proyectos, esto luego de que la empresa constructora ICA
abandonara los trabajos en el tramo Barranca Larga-Ventanilla.
Lo mismo ocurrió en la autopista hacia el Istmo de Tehuantepec, en el tramo Albarradas- Santiago
Lachiguiri, los trabajos se encuentran pendientes tras la salida de la empresa ICA.
En ese sentido, la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), a través de la diputada Leslie
Vibsania Mendoza Zavaleta, reiteró su exhorto al titular de la SCT para que en el ámbito de sus
atribuciones, realice las acciones necesarias para reactivar y concluir la construcción de la autopista
Barranca Larga-Ventanilla.
La preocupación de los legisladores llega después de que el gobernador Alejandro Murat, aseguró en fechas
recientes que la reapertura de dichas obras se llevaría a cabo durante los primeros días de julio, sin
embargo, no se han retomado dichos trabajos.
A decir de las autoridades del Centro SCT Oaxaca, una vez que se retomen estos proyectos, la ejecución de
las obras se llevará a cabo por un lapso de 12 meses, pero a la fecha no han sido retomadas.
Hospital de la Niñez Oaxaqueña cumple 12 días en
paro y sin fecha para solución
EMILIO MORALES
PACHECO
El Hospital requiere una reingeniería a fondo y las carencias de este nosocomio se agravan por la
falta de medicamentos más especializados.
César A.
Este miércoles se cumplen 12 días del paro de labores en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña (HNO), único que
ofrece atención pediátrica de primer nivel en el estado, y la solución al problema aún luce lejana pues el titular
de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Celestino Alonso Álvarez, dijo que no hay fecha para la
reactivación de las áreas en paro.
Ante la problemática laboral y de abasto de medicamentos, Alonso Álvarez dijo que este Organismo Público
Descentralizado (OPD) requiere una reingeniería a fondo y aseguró que los SSO han solventado parte de las
carencias de este nosocomio pero aún faltan medicamentos más especializados.
Respecto al paro, dijo que “parte es cierto y parte no es cierto” pues una de las quejas principales de los
trabajadores sindicalizados es la falta de apoyo de la administración estatal, a lo que el secretario de Salud
respondió que el Estado no sólo aporta 27 de millones de pesos anuales como parte del presupuesto, sino que
paga la nómina de más de 453 trabajadores y aporta insumos, aunque precisó que persisten las carencias de
inventario en cuanto a medicamentos estratégicos [especializados] que requieren planeación para surtir con
oportunidad.
DÉFICIT DE 5 MIL MILLONES
Después de ocho meses de la actual administración, los SSO detectaron un déficit de 5 mil 200 millones de
pesos, que en número relativos representa el 132 por ciento del presupuesto anual de los Servicios de Salud de
Oaxaca que para 2017 ascienden a 3 mil 922 millones de pesos, de acuerdo al decreto de presupuesto de egresos
del estado para el ejercicio fiscal de este año.
Para resarcir el daño y afectaciones en la operación de los SSO, tomará entre dos a tres años, aseguró el
secretario de Salud,Celestino Alonso, quien adjudicó la crisis financiera de la dependencia este presunto
desfalco.
Refuta S-35 a SSO: “no hay medicamentos”
Por Sayra Cruz
Apenas en un 20% de abastecimiento en algunas regiones
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
El dirigente de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), Mario Félix
Pacheco, refutó al titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Celestino Alonso Álvarez, al reportar
en apenas un 20 por ciento de abastecimiento de medicinas en todo el estado.
El dirigente aseguró que en comunidades como San Felipe Usila, Jalapa de Díaz, Ojitlán, en la región de la
Cuenca, así como en San Francisco Telixtlahuaca y en Etla, en Valles Centrales, la demanda de los
trabajadores es la dotación de los fármacos para sus pacientes.
“Nos dicen que no hay medicamento, que carecen de insumos y piden la intervención de la dirigencia”,
indicó.
En algunos centros de trabajo, donde les va bien, cuentan con un 50 por ciento en abastecimiento, y en
donde andan mal, en 20 por ciento.
Mientras tanto, en la jurisdicción sanitaria de Tlacolula, sigue la autoridad sin cumplir con los
compromisos, pese al paro de 80 de los centros de atención médica para demandar respuestas.
También la empresa que dota las medicinas no lo hace y reporta surtimiento y abastecimiento, cuando las
cajas están vacías, añadió.
“Los funcionarios tienen que ir a sentarse en las jurisdicciones, a los centros de trabajo para que obtengan
la información real, porque los números que sacan en el escritorio, no coinciden con la realidad”,
mencionó.
La dirigencia de la Sección 35 pidió una mesa con el gobernador Alejandro Murat y el titular de los SSO,
Celestino Alonso Álvarez, donde les darán a conocer la realidad en la falta de medicamentos, insumos y
demás equipo necesario para la atención de los pacientes.
Esperó respuesta del mandatario estatal, ya que en varios espacios médicos, existe el amague por suspender
actividades.
Puntea Oaxaca en inestabilidad social
EMILIO MORALES
La Sección 22 es una de las principales organizaciones que abona a la mala imagen de la
entidad.
Virgilio Sánchez
Oaxaca es uno de los siete estados del país que presenta una crisis de seguridad y estabilidad social; de acuerdo
con el índice GLAC, que es una consultora internacional que da servicios de seguridad pública, seguridad
nacional e inteligencia.
Hasta enero de este año, el estado se encontraba en el lugar 7 de la tabla, con un índice de -0.510; por lo que fue
unicado en el nivel de “inseguridad e inestabilidad social”.
Según este estudio realizado permanentemente en todos los estados del país, en los sectores político-social y
económico-financiero, éste último fue el más crítico para Oaxaca.
En materia de seguridad-justicia, el estado obtuvo su mejor calificación con valores positivos de 0.077.
Sin embargo, este reporte no da detalles sobre los criterios que motivaron los valores impuestos en cada uno de
los sectores.
El ex Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna es el director de GLAC, Security Consulting
Techology Risk, que mide el grado de seguridad con bienestar; y que cuenta con oficinas en Estados Unidos y
México.
“La escala del índice GLAC tiene un rango de -4 a 7, en el que -4 es el valor que representa las circunstancias
de mayor debilidad y vulnerabilidad de una entidad; y el valor de 7 representa las mejores condiciones”, explica
esta empresa en su página de internet.
Al igual que Oaxaca, el resto de las entidades que tenían problemas de seguridad y estabilidad social, son:
Guerrero -que es el más crítico-, Zacatecas, Chiapas, Tabasco, Puebla y el Estado de México.
Los mejores calificados fueron: Campeche, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco y Nuevo León.
NOTICIAS reveló que en el estado de Oaxaca se cometieron tres homicidios dolosos en promedio cada día,
según cifras oficiales del periodo de enero a mayo de 2017 del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de
Seguridad Pública (SENSSP).
En total, en los primeros cinco meses del año se cometieron 671 homicidios; 381 fueron dolosos; causados con
arma de fuego 287, con arma blanca 45, otros 38 y en 11 casos se desconoce el tipo de arma utilizada. Del total,
290 fueron homicidios culposos: tres con arma de fuego, 267 con otro tipo de instrumento y en 20 casos se
desconoce el arma usada.
En Oaxaca el robo con violencia contra transportistas incrementó 43 % tan sólo en estos primeros 5 meses del
2017, comparado con los mismos meses del año anterior.
En el ámbito político-social, de acuerdo a una revisión hemerográfica, al día se han registrado dos
manifestaciones en promedio en diferentes puntos del estado.
"Así está todo el país", justifica SSP inseguridad en Oaxaca
César A.
La incidencia de secuestros en Oaxaca incrementó 30 por ciento en el último año, mientras que el homicidio
doloso sufrió un aumento de 14 puntos porcentuales en el mismo periodo de acuerdo con el estudio sobre
delitos de alto impacto realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia y Legalidad.
Sin embargo, este fenómeno de violencia es, para el secretario de Seguridad Pública del estado, Raymundo
Tunón Jáuregui, una tendencia a nivel nacional y que vincula a la entrada en vigor en todo el país del sistema
acusatorio adversarial para la procuración de justicia.
“Es una tendencia nacional, el propio comisionado Renato Sales y los observatorios han detectado el
incremento en los delitos de alto impacto, es un hecho”.
El funcionario explicó que en el país se cometen “de cuatro a siete homicidios con uso de arma de fuego al día,
luego de la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial”.
Las fallas en la contención de violencia, principalmente en los delitos de alto impacto, colocan a Oaxaca en le
décimo lugar nacional en secuestros, y quinto entre las 32 entidades federativas por incidencia de asesinatos,
esta última estadística, superior a la de estados como Veracruz.
“Las cifras sólo ofrecen un mapeo de la realidad y tendencia, pues hay días muy tranquilos en que no hay
ningún homicidio, pero otros en que se dispara”, explicó Tuñón Jáuregui, quien evadió puntualizar sobre la
estrategia concreta para aplicar en Oaxaca, pero dijo que el objetivo general es contener el incremento y
reducirlo a niveles controlables por el Estado.
“El incremento de uso de armas de fuego se dio con la entrada del nuevo sistema (acusarorio) hace un año, sin
que con ello se busque condenarlo o satanizarlo pero es una realidad.”
Oaxaca y su nuevo basurero: el río Atoyac
ROMÁN
CARLOS VELASCO
Se estima que en el municipio de Oaxaca de Juárez se generan en promedio 700 a mil toneladas
diarias de basura
Nadia Altamirano Díaz
Las pláticas que se mantienen con representantes de quienes viven en la zona aledaña al basurero de la Villa de
Zaachila, es el argumento que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez utiliza para justificar la acumulación de
500 toneladas de basura en el margen del río Atoyac, en la zona aledaña a la Central de Abasto.
Sin embargo, a decir del representante de la agencia municipal Vicente Guerrero, en la Villa de Zaachila, Rey
Francisco Valencia, desde el miércoles pasado que acudió el gobernador Alejandro Murat para acordar reabrir
el acceso al basurero, no se ha concretado la reunión que solicitaron con el presidente del municipio de Oaxaca
de Juárez, José Hernández Fraguas, con quien necesitan establecer garantías de que ninguna organización sirva
de intermediaria.
Si bien el coordinador de Servicios Municipales del Ayuntamiento, José Álvarez, aseguró que los desechos se
retirarían en unas horas, para la integrante de Solidaridad Internacional Kanda (Sikanda) A. C., Bárbara
Lazcano Torres, el problema de la basura va más allá de su disposición final.
“Genera preocupación en torno a la salud de las personas, que ahora se suma a una problemática de
contaminación ya existente en el Río Atoyac y que tendría que atenderse con una política ambiental integral que
responda a la complejidad del tema de la basura”, afirma en entrevista la vocera de Sikanda.
Para ella, el problema de la basura inicia desde que se genera; no termina en la disposición final y se hace más
visible cuando por algún conflicto el servicio la recolección se interrumpe. Que se deposite en la banqueta y
desaparezca “como por arte de magia” es una costumbre que resta visibilidad al manejo de los desechos.
Cifras sucias
Se estima que en el municipio de Oaxaca de Juárez, el de mayor concentración de personas, se generan en
promedio 700 a mil toneladas diarias de basura, pero la cantidad se duplica en épocas de fiestas como La
Guelaguetza.
La mayoría de esos desechos terminan en el basurero de la Villa de Zaachila, donde desde 2009 Sikanda decidió
trabajar con la comunidad de pepenadores que enfrentan la discriminación de trabajar con lo que el resto
desecha y que afecta a 15 mil personas que viven alrededor del basurero, tanto por el impacto ambiental como
social.
En su opinión, que de manera temporal o definitiva la basura que genera el municipio de Oaxaca de Juárez se
deposite en el Río Atoyac demuestra la carencia de visión integral en la política ambiental y la falta de un
compromiso de ambas partes, autoridades y ciudadanía.
Actúa Profepa contra Municipio de Oaxaca por usar
el río Atoyac como tiradero
ROMÁN CARLOS
VELASCO
La colocación de basura sobre uno de los márgenes del Atoyac, buscó genera el menor daño
posible al medio ambiente, señaló el Ayuntamiento citadino.
Citlalli Luciana
El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, informó que la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), levantó un acta circunstanciada contra el ayuntamiento que
encabeza por la utilización del margen del río Atoyac como tiradero a cielo abierto; sin embargo, consideró que
no habrían de ser sujeto a sanción alguna ya que la acción -dijo- estuvo justificada.
“La Profepa levantó un acta circunstanciada pero dada la emergencia eran las medidas que teníamos que tomar
para prevenir cualquier foco de infección en la ciudad. Estando claros, la Profepa esta haciendo su
procedimiento a ver qué resulta”, dijo.
Tras indicar que el servicio de recolección se normalizó en un 80 por ciento, el munícipe explicó que la
colocación de basura sobre uno de los márgenes del Atoyac, buscó genera el menor daño posible al medio
ambiente.
Aunque desde la semana pasada comenzó el retiro de los desechos urbanos sobre esta área establecida atrás del
mercado de abasto, miles de toneladas de basura continúan en el lugar ya que fue tomado por los municipios
conurbados como zona de descarga ya que se les ha impedido el acceso hacia el tiradero municipal ubicado en
la Villa de Zaachila.
La situación -dijo- está siendo revisada de manera conjunta para establecer mecanismos que permitan llevar la
basura hacia el destino final.
“Algunos municipios que no han podido ingresar la están depositando en el río. Hasta anoche sólo permitían el
acceso a los vehiculos del municipios de Oaxaca de Juárez”, expresó.
Tras el cierre el tiradero municipal por parte de habitantes de la agencia Vicente Guerrero de la Villa de
Zaachila, el ayuntamiento capitalino habilitó un espacio entre el puente Bicentenario y el peatonal California,
como “módulo de transferencia” para depositar la basura.
Fracasa intentona de boicotear festejos de la
Guelaguetza 2017
Octavio Vélez
En su intento por boicotear la Guelaguetza, organizada por el gobierno estatal, profesores de la Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon ayer por la mañana la Carretera al
Cerro del Fortín, en inmediaciones del Monumento a la Madre.
Los manifestantes, algunos encapuchados y armados de palos y tubos, se apoderaron de más de una decena de
autobuses del servicio urbano de pasaje para cerrar la circulación en ambos carriles.
Aunque posteriormente, una parte se trasladó en los vehículos hasta el retén establecido por agentes de línea y
antimotines de la Policía Estatal (PE), metros antes del puente peatonal de la colonia Santa María.
Ahí, además de gritar su tradicional consigna “¡Sección 22, la única no hay dos!” y de lanzaron cohetones al
aire, quemaron publicidad de la “Guelaguetza oficial”, impresa en plotters, llantas y dos baños portátiles, que
estaban destinados a los policías.
Un grupo de maestros de la Sección 22 colocó cinco camiones del transporte
urbano con los que amagaba romper el filtro de seguridad, a 200 metros del
auditorio Guelaguetza. FOTO: Emilio Morales
En ese lugar, impidieron el paso a algunos turistas y pobladores que pretendían llegar al auditorio Guelaguetza,
para acudir al Primer Lunes del Cerro.
Lástima que se estén acabando a Oaxaca
A una familia llegada aparentemente de la Ciudad de México, la hicieron regresar a gritos. “¡No hay paso, no
hay paso!”, la increparon
“Si, está bien, no pasamos, no hay problema, lástima que se estén acabando ustedes a Oaxaca”, respondió una
señora.
Mientras que tres mujeres, que intentaban pasar a fuerza, fueron insultadas por los profesores.
“Burras, ¿qué no entienden?”, les gritaron.
Pasado el mediodía, algunos manifestantes nuevamente corearon consignas y lanzaron cohetones al aire, pero
sin registrarse algún incidente.
Por la tarde, antes de la conclusión de la décima segunda Guelaguetza Magisterial y Popular, los manifestantes
se reagruparon con sus compañeros que se encontraban en inmediaciones del Monumento a la Madre y de ahí,
marcharon hasta el retén de la PE.
Una muestra de capacidad organizativa
Después, en un mitin, el secretario de Organización de la Sección 22 del SNTE, Genaro Martínez Morales dijo
que la gremial dio “una muestra de capacidad organizativa y de disciplina política” porque se movilizó y a la
vez celebró la Guelaguetza Magisterial y Popular.
“Quedó evidenciado que fue una fiesta auténticamente del pueblo y para el pueblo y sobre todo, que en Oaxaca
las cosas no marchan bien, a pesar de la percepción nacional e internacional”, asentó.
Además, destacó que la Sección 22 del SNTE se manifestó porque el gobierno estatal todavía no atiende una
serie de demandas presentadas, vinculadas a su rechazo a la reforma educativa.
“La mal llamada reforma educativa, laceran nuestros derechos laborales y económicos”, señaló.
Ante esto, llamó a las bases a mantenerse movilizada con organización y disciplina para seguir en la lucha por
la defensa de la educación pública, el sindicalismo y el normalismo.
“Solamente con la participación de todos, se podrá estar dando la batalla en estas coyunturas que se avecinan”,
apuntó.
Si irán a las reuniones pactadas
Ante la resistencia de la administración estatal a instalar una nueva “mesa de diálogo de alto nivel”, la Comisión
Política de la Sección 22 del SNTE acudirá esta semana a las reuniones convenidas previamente con el
gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el IEEPO.
“Claro, estamos siempre abiertos al diálogo”, afirmó el secretario general, Eloy López Hernández.
Explicó que la gremial participará mañana en un encuentro con el mandatario y funcionario de autoridades
estatales para tratar sobre la recuperación de la bilateralidad entre la propia Sección 22 del SNTE y el IEEPO.
Mencionó que también se había acordado una reunión con el “charro mayor”, el secretario general del Comité
Ejecutivo Nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, para la toma de nota de la dirigencia, pero aún no se había
confirmado.
El dirigente dijo que el magisterio oaxaqueño quiere respuestas claras a sus reclamos y no más estrategias de
dilación o de lo contrario, se seguirán movilizando.
“Como el gobierno no está atendiendo nuestras demandas, hacemos lo propio”, señaló.
Ubican 6 mil “aviadores” en el IEEPO
Por Carlos Alberto Hernández
Hay un plazo de seis semanas para ubicarlos y darlos de baja, afirma Germán Cervantes Ayala
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
De las más de 44 mil plazas irregulares de maestros que la Secretaría de Educación Pública (SEP) detectó y
que se les paga un salario, 6 mil se ubican en Oaxaca.
El titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Germán Cervantes Ayala,
confirmó que dichos maestros cobran sin trabajar al no encontrarse físicamente en los planteles educativos.
Los trabajadores de la educación no se encontraron en la conciliación de la nómina que hizo la federación a
través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el área de Planeación de la SEP, detalló.
Dijo que hay un plazo de seis semanas para demostrar en dónde se encuentran el excedente de maestros o
bien presuntos “aviadores”.
“Se van a buscar en dónde están porque puede haber varios motivos de que no se encuentren en las escuelas
donde fueron detectadas las plazas”, manifestó el funcionario luego de exponer las cifras locales.
“Por cambios y no dieron de alta dicho movimiento, o porque hay maestros que se han encontrado en
supervisiones escolares y no sabemos si ya están en alguna escuela o continúan; o pueden estar en áreas
administrativas”, citó entre las posibles causas de no estar físicamente.
Cervantes Ayala indicó que al término de las seis semanas las plazas que no se puedan demostrar, la
federación a través de la SEP la va a recoger y en su momento se van a asignar a escuelas donde sí hacen
falta.
El funcionario dijo desconocer a cuánto asciende el recurso económico que se paga a estos 6 mil maestros
aviadores, ya que en a nivel nacional por las 44 mil plazas detectadas se estaban pagando 5 mil millones de
pesos.
Reiteró que tampoco se ha identificado que dentro de las plazas irregulares se encuentren casos de algunos
funcionarios, expresidentes municipales y exdiputados locales, pero que se va aclarar una vez que se
concluya la revisión de la nómina y se haga la actualización de plantillas de las escuelas.
Actualmente la nómina magisterial de Oaxaca es de poco más de 81 mil trabajadores de la educación, de
los cuales 80 mil se encuentran frente a un grupo escolar y poco más de mil cuenta con plazas
administrativas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó los resultados de la auditoría realizada al Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE).
En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la SEP reveló irregularidades en el
manejo de 44,076 plazas de maestros.
Pescadores de San Dionisio del Mar emplazan para iniciar obra
Por Rusvel Rasgad
Los trabajos de dragado en la Playa Copalito beneficiará a más 500 pescadores, indicaron
JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.
Pescadores cooperativistas y libres de San Dionisio del Mar dieron 72 horas de plazo al gobierno estatal
para iniciar la obra de dragado y desazolve de la Playa Copalito que beneficiará al sector productivo de
dicha localidad y que hasta el momento las autoridades no han dado las garantías para el arranque de los
trabajos.
Gustavo Martínez Gallegos, presidente de la cooperativa Playa Copalito, acompañado por pescadores de la
cooperativa Playa Roble y de otras cooperativas, dijo en conferencia de prensa que el gobierno del estado
debe garantizar la seguridad para que la obra inicie, debido a que ya lleva un retraso.
Los trabajos debieron iniciar la semana pasada, pero el martes, cuando personal de la empresa Espektra
arribó con su maquinaria, un grupo de personas agrupadas en la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del
Mar, apoyados por habitantes de otros municipios, quemaron un tráiler y una grúa, además de equipos de
pesca.
“La obra ya está por empezar, la draga ya está instalada, pero vino un problema por un grupo de personas
que se metió en la playa y quemó dos carros de la empresa que hará la obra. Lo que queremos es respuesta
del gobierno del estado para que nos dé una solución, lo que pedimos es que la obra ya inicie”, indicó
Gustavo Martínez.
Los pescadores explicaron que la obra comprende el desazolve de unos 200 metros de playa, una dársena y
un depósito de agua donde las embarcaciones tengan una mejor navegación, así como una zona para
resguardar sus embarcaciones en la temporada de lluvias.
Dijeron que la obra beneficiará unos 500 pescadores de las cooperativas y los que realizan la actividad de
forma libre, del municipio de San Dionisio del Mar y de la agencia de Huamuchil.
Gustavo Martínez dijo que hasta el momento las autoridades no han dado respuesta a la petición de los
pescadores para que la obra inicie, por lo que lanzaron una advertencia si en 3 días no arrancan los trabajos,
iniciarán sus movilizaciones.
“Por nuestra parte si el gobierno no nos da una respuesta, tomaremos otras acciones, no descartamos
bloqueos carreteros si no inicia la obra, ya las cooperativas estamos de acuerdo para el inicio de los
trabajos, le damos al gobierno 72 horas, de lo contrario, iniciaremos las acciones”, expresó.
El proyecto fue liberado desde hace 20 años con recursos de Fondo Nacional de Desastres Naturales
(Fonden), pero nunca se ejecutó. Fue hasta ahora con el paso de las tormentas, Beatriz y Calvin que San
Dionisio del Mar fue beneficiado nuevamente con recursos federales del Fonden para el desazolve.
Los pescadores lamentaron la postura de quienes se hacen llamar la Asamblea del Pueblo para oponerse a
una obra que nada les afecta y pretender engañar a la ciudadanía argumentando que es el inicio de un
proyecto eólico en la zona, cuando se sabe que ya no hay planes de parques eólicos en el lugar.
‘‘Son irrelevantes en esta etapa’’, aseguran sus fiscales
Desestima PGR imprecisiones en el proceso seguido a Duarte
‘‘Sus números no cuadran’’, dice el juez Gerardo Moreno García
CÉSAR ARELLANO Y GUSTAVO CASTILLO
Para la Procuraduría General de la República (PGR), las imprecisiones cometidas por sus fiscales en la
audiencia en la que el ex gobernador Javier Duarte de Veracruz es acusado de lavado de dinero y delincuencia
organizada son ‘‘irrelevantes en esta etapa del proceso’’. Señalaron lo anterior funcionarios de la institución que
encabeza Raúl Cervantes Andrade.
En ese contexto, el Ministerio Público Federal reveló que aún sigue investigando al ex mandatario
veracruzano –quien fue extraditado de Guatemala a México el mismo lunes en que se desahogó la audiencia
inicial– e indicó que sigue perfeccionando muchos detalles de las acusaciones presentadas.
En la diligencia, el juez del caso, Gerardo Moreno García, dijo a los representantes del Ministerio Público
Federal que sus números no cuadraban, ya que no fueron capaces de detallar cuánto costaron varios de los
inmuebles que, se señala, fueron adquiridos con recursos ilícitos por parte del político veracruzano.
En la audiencia del lunes, realizada en el Reclusorio Norte, la defensa del ex gobernador de Veracruz logró
que se detuviera el desahogo de la misma cuando apenas comenzaba. Habían pasado solamente siete minutos.
Lo anterior, al señalar que el Ministerio Público Federal no le había dado acceso al contenido de la carpeta de
investigación y que las constancias ministeriales las habían entregado horas antes.
Por esa razón, los abogados de Javier ‘‘N’’ lograron que se decretara el receso de una hora, tiempo en el que
el abogado Marco Antonio del Toro y dos de sus colaboradores revisarían tres cajas de documentos.
Tras el receso, el juez Moreno García ordenó que los fiscales de la PGR le hicieran saber los hechos que se
imputaban al ex priísta. Los agentes del Ministerio Público dijeron que el imputado, durante su gestión como
gobernador dirigió una organización criminal que operó en Veracruz, la Ciudad de México y Campeche, y que
facilitó dinero que desvió por medio de operaciones bancarias para constituir empresas fachadas.
En ese momento, el imputado solicitó que los representantes de la PGR le leyeran ‘‘cargo por cargo’’ y que
de manera detallada le dijeran de manera precisa el periodo en el que supuestamente cometió los delitos y si las
operaciones las realizó siendo gobernador o antes de asumir el cargo.
A partir de ese momento, los fiscales comenzaron a incurrir en imprecisiones y contradicciones, a grado tal
que tardaron una hora en contestar las primeras preguntas que formularon el ex mandatario y su defensa. Los
representantes de la procuraduría mostraron su desconocimiento del expediente.
Los fiscales señalaron que en el caso de la adquisición de algunas de las 21 parcelas en el Ejido Lerma, en
Campeche, éstas tuvieron un costo de 300 mil pesos; sin embargo, el juez les señaló que en otras audiencias los
enviados de la PGR habían mencionado montos diferentes.
El abogado Del Toro dijo: ‘‘Señor juez, los fiscales no vienen suficientemente preparados’’. Además, el
juez apuntó: ‘‘Cuando giré la orden de aprehensión me dijo su homólogo que el precio de una (de las parcelas)
era de 250 mil y otra de 100 mil pesos. No puedo fingir demencia y decir que no conozco el caso’’.
Luego, los fiscales fallaron a la hora de precisar las fechas en que Javier ‘‘N’’ adquirió diversos inmuebles,
y al tratar de justificar que fueron comprados durante su gestión como gobernador, indicaron que estas
transacciones ocurrieron en 2010 y 2011, fecha en que él no había asumido.
Ante los cuestionamientos respecto de la forma en que se habrían desviado 439 millones de pesos de
programas de salud y educación a empresas fachadas, los integrantes de la procuraduría aceptaron que sólo
contaban con documentación para acreditar la presunta participación del ex gobernador en el desvío de 38.5
millones de pesos, lo que derivó en que el juez señalara a la defensa de Javier N que los números no cuadraban,
y que un caso de esta envergadura tiene sus complejidades: ‘‘Si les cuesta trabajo, no es atribuible al juzgado o
a la defensa’’.
Para la PGR estos datos ‘‘son irrelevantes en esta etapa’’ y confió en que eso se precisará conforme avancen
las audiencias, dijeron funcionarios de la dependencia consultados.
Organizaciones piden investigar a Javier Duarte por
crímenes contra periodistas en Veracruz
Más de 20 organizaciones pidieron a la Fiscalía de Veracruz y a PGR se investigue la probable
responsabilidad de Duarte, por el asesinato de 18 periodistas.
Periodistas asesinados durante el gobierno de Duarte en VeracruzFoto: Archivo Cuartoscuro
AFP
FONDEA el periodismo independiente
La Red de Periodistas Veracruzana demandó a la Fiscalía General del Estado, y a la Procuraduría General de
la República (PGR), investigar al exgobernador, Javier Duarte, por los asesinatos de 18 colegas y la
desaparición de tres más durante su gestión.
Javier Duarte fue extraditado el lunes 17 de julio de Guatemala, tras ser arrestado el 15 de abril pasado, después de
fugarse de México en octubre, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos.
Esos crímenes “no deben quedar impunes”, reclamó en un comunicado la Red Veracruzana de Periodistas, que
considera que Duarte “así como sus más cercanos colaboradores (…) tuvieron un alto grado de responsabilidad”
en dichos crímenes “tanto por acción como por omisión”.
“Ninguno de los crímenes contra periodistas veracruzanos ha sido esclarecido. Mientras Javier Duarte fue
gobernador, la Fiscalía del Estado criminalizó a las víctimas, y nunca hubo interés por detener o castigar a los
autores intelectuales o materiales”, dicen en su postura las 20 organizaciones de periodistas.
A su llegada, Duarte fue trasladado a un reclusorio del norte de la Ciudad de México donde el sábado se
definirá su situación jurídica.
Desde 2000, más de 100 periodistas han sido asesinados en México, 11 de ellos ultimados en 2016, una cifra
récord. La organización Reporteros Sin Fronteras sitúa a Veracruz como una de las ciudades más peligrosas del
mundo para el ejercicio periodístico.
El 17 de mayo pasado el presidente mexicano Enrique Peña Nieto se comprometió a fortalecer los mecanismos
para garantizar la seguridad de los periodistas y a combatir la impunidad (estimada en más de 90%, según
organizaciones internacionales), como respuesta al asesinato de Javier Valdez, un reputado reportero cuya
muerte ha sido condenada dentro y fuera del país.
Astillero
El circo Javidú
Errores e impericias sembradas
Negligencia de PGR y Hacienda
Coahuila, fantasmas, SNA
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
EL LUNES, EN GUATEMALA. Policías guatemaltecos custodiaron al ex gobernador de veracruz Javier Duarte de Ochoa antes de que
abordara el avión que lo trasladó a México, el pasado lunes 17, una vez que la justicia del país centroamericano aprobó que fuera
extraditadoFoto Afp
Fue muy afectuosa la bienvenidaoficial a Javier N. Llevaba unas horas de haber llegado a tierra mexicana y ya
tenía las primeras muestras de gratitud de sus amigos con poder: la procuraduría federal de justicia, a cargo de
otro conjurado del peñismo, Raúl Cervantes Andrade, envió a la primera audiencia judicial a un trío de
abogados que ni siquiera sabían bien a bien de qué estaban acusando al engallado Javidú (para justificado
beneplácito de él y de su quinteto de carísimos defensores), a tal grado que el juez a cargo del caso amonestó a
los presuntos representantes de la sociedad por su incapacidad e imprecisión.
La Secretaría de Hacienda, a cargo del precandidato presidencial priísta (pero independiente) José Antonio
Meade Kuribreña, colaboró de manera entusiasta (aunque, para ser más precisos, de manera abstinente) a que el
mencionado Javier N se sintiera realmente en casa, bien atendido y bien servido. A tan trascendente y delicada
audiencia judicial, el precandidato Meade se permitió no enviar a ningún representante de la temible (en otros
procesos) Unidad de Inteligencia Financiera, de tal manera que no se pudo dejar constancia técnica, ante el juez,
de los detalles específicos de las acusaciones contra el amigo Javidú. El fiero e implacable titular de esa unidad
(donde se concentran los secretos y claves de los movimientos financieros importantes), es un viejo conocido
del mundillo del sospechosismo: Alberto Bazbaz Sacal, el abogado mexiquense que fue procurador de justicia
siempre recordado por su rol estelar en el caso de la niña Paulette, encontrada muerta, de forma absolutamente
inverosímil, en un resquicio de su colchón.
La temporada de rebajas benefició inmediatamente al precitado N (del que no se debe decir que se llama
Javier Duarte de Ochoa), pues sólo pudo dejarse asentado, en esa primera diligencia judicial, un presunto desvío
de recursos públicos por menos de nueve por ciento de lo que originalmente se había establecido. Es decir, sólo
se pudieron acreditar acusaciones por 38.5 millones de pesos, de los 438 millones inicialmente considerados.
Tampoco hubo precisión respecto de otros movimientos financieros e inmobiliarios (en su cuenta
tuitera, @arturoangel20publicó detalles de lo sucedido, y enhttps://goo.gl/ursF4r, reportes de los cuales esta
columna ha tomado referencias).
Respecto del caso Duarte, aquí se ha hablado con insistencia y anticipación acerca del previsible uso de
mecanismos de siembra de errores e impericia, por parte de acusadores gubernamentales, para propiciar la
posterior liberación e incluso declaración de inocencia de presuntos delincuentes. Es un método recurrente en
asuntos de alto nivel del crimen organizado: pifias de procedimiento, equivocaciones sustanciales, enredos de
cifras, datos y nombres; constancias, peritajes y diligencias con fechas, nombres o cargos de autoridades citados
de forma errónea, y las muy famosas violaciones al debido proceso.
Lo sucedido este lunes constituye, por desgracia, una primera confirmación de que el gobierno federal no
tiene ninguna intención firme de que haya justicia en cuanto al ex gobernador de Veracruz. Sólo una voluntad
de máximo mando pudo dar instrucciones para que la PGR y Hacienda se abstuvieran de presentar un frente
ministerial y hacendario que fuera suficientemente experto, vigoroso y preparado para enfrentar al ex
mandatario y su equipo de defensores, encabezado por quien a su vez ha sido abogado de la también muy
enriquecida Elba Esther Gordillo.
Cierto es que en el curso del proceso judicial podría enderezarse o subsanarse una porción de los errores
originales, pero sembrar estos desde el principio, de manera escandalosa y abierta, ayuda a los abogados
defensores de Javier N y fortalece las fundadas especulaciones respecto de la protección de los amigos con
poder para uno de los suyos. En el circo Javidú lo mismo se suspenden órdenes de aprehensión, como sucedió
ayer en dos casos, que apareceránnuevas acusaciones que ya no se tomarán en cuenta (pues sólo se le juzgará a
JDdeO por los delitos específicos consignados en su pedido de extradición). Por lo pronto, se extiende la
percepción de que el expediente contra Javier N está siendo acomodado para que el amigo dure el menor tiempo
posible en prisión (unos cuantos años), tenga las mayores comodidades (pronto se declarará enfermo y le
asignarán una habitación especial en el siguiente reclusorio), disfrute de una fortuna levemente afectada (algo
tendrá que ceder) y su familia siga intocada, en especial la esposa, que sigue en viaje transcontinental.
¡Bienvenido, amigo Javidú!
A propósito, el caricaturista Alarcón sugirió, en Twitter, que ahora se mencione como Javier HDSPM a tal
ex gobernador, dado que por restricciones de orden judicial se ha ordenado no usar el apellido Duarte de Ochoa
mientras no haya una sentencia condenatoria. Este tecleador no entiende el significado de tan mayúsculas
iniciales propuestas, así que se limita a reproducir la iniciativa.
Sigue la telenovela coahuilense: en el Instituto Nacional Electoral se considera que el priísta Riquelme
rebasó los topes de gastos de campaña en 7.86 por ciento y el panista Anaya en 4.56 punto%. De confirmarse
tales cifras, se anularían las elecciones, pero con una consecuencia dañina para el moreirismo, pues Riquelme
no podría volver a competir, mientras Anaya lo podría hacer, al no rebasar el 5 por ciento de irregularidades.
Faltaría, desde luego, la palabra final que daría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y, mientras un fantasma recorre México, el fantasma de los socavones, las carreteras mal construidas, las
muertes que pudieron impedirse y los negocios impunes de autoridades y constructores, ¡hasta mañana, con el
tal Sistema Nacional Anticorrupción ya con temprana constancia impráctica, revuelo en estructuras sistémicas
de burocracia y élites, mientras sube la intensidad de la corrupción gubernamental conforme se acerca el fin de
la fiesta pinolera, el Año de Hidalgo que esta vez ha sido de sexenio completo!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx
Entra hoy en funciones sin fiscal ni magistrados del Tribunal Administrativo
Incompleto y en un mar de dudas arranca el sistema anticorrupción
EMIR OLIVARES ALONSO
Con pendientes que podrían ser determinantes para su consolidación, este miércoles entrará en operaciones el
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ha sido un largo y tortuoso proceso al que le faltan varios pasos para
concretarse. El sistema iniciará sus trabajos sin dos piezas fundamentales.
Han sido varios años de discusiones, propuestas y contrapropuestas, y en el Senado aún no hay acuerdo para
nombrar al fiscal anticorrupción, uno de los principales sostenes del sistema, ni a los 18 magistrados del
Tribunal de Justicia Administrativa, que serán los encargados de sancionar a quienes incurran en actos de
corrupción.
Además, sólo 19 de las 32 entidades federativas del país han armonizado sus leyes locales con los
líneamientos federales anticorrupción, por lo que el proceso seguirá su sinuoso camino con el SNA ya en
operaciones.
La iniciativa de contar con un mecanismo contra la corrupción fue una oferta desde el inicio del sexenio de
Enrique Peña Nieto, pero se vio rebasada por otras reformas prioritarias para la administración federal y fue
abandonada ante la resistencia de diversos sectores.
Tras casi dos años de gestión, la idea se convirtió en la opción presidencial para sortear las crecientes
inconformidades sociales que surgieron a raíz de la divulgación, en noviembre de 2014, de presuntos actos de
conflicto de intereses por la llamada Casa Blanca.
Actores de la sociedad civil vieron entonces la oportunidad para empujar el proyecto, mientras que en el
Congreso fueron largas las discusiones para definir las reformas constitucionales que darían cauce a este
esquema.
Así, hace justo un año, el 18 de julio de 2016, Peña Nieto promulgó en Palacio Nacional las leyes
secundarias del SNA –que hoy entran en vigencia–, acto en el que aprovechó para asegurar que había cometido
‘‘un error’’ en el caso de la Casa Blanca, por el que pidió perdón a la ciudadanía.
En esta larga ruta de construcción ya se ha nombrado a quienes estarán al frente de dos áreas también
fundamentales para el sistema: los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, formado por
Jacqueline Peschard (presidenta), Mariclaire Acosta, José Octavio López, Luis Manuel Pérez de Acha y
Alfonso Hernández. Sin embargo, estos destacados personajes han hecho pública la falta de recursos para esta
instancia.
Además, el 30 de mayo pasado los seis integrantes del Comité Coordinador del SNA eligieron a Ricardo
Salgado Perillat como secretario técnico del organismo, posición clave para la operación del mismo. Tal
designación fue cuestionada por algunos sectores, pues se dio sin argumentación pública en una deliberación
privada que no duró ni 15 minutos.
La creación de este sistema implicó la modificación de siete leyes y en él participan además dependencias
ya existentes, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de
Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales.
Tal es el panorama con el que este miércoles inicia sus operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción. Al
respecto, María Marván, especialista en temas de transparencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, confió en que el nuevo esquema de verdad funcione.
La académica subrayó que el SNA debe comenzar a dar resultados en lo federal y lo local a fin de que la
confianza ciudadana se vaya consolidando; para ello, dijo, serán necesarias sanciones tanto a servidores
públicos como a integrantes de la iniciativa privada que vulneren las normas e incurran en actos de corrupción.
Hayddé Pérez, directora ejecutiva de Fundar, expresó: ‘‘Esperamos que comiencen a implementarse de
manera decidida todos los componentes del sistema que ya han sido aprobados. Contamos con leyes que entran
en vigor y con instituciones que han visto reformado su mandato, por tanto, tenemos herramientas suficientes y
fortalecidas para empezar a dar una lucha decidida en todos los aspectos del combate a la corrupción’’.
Ubicó tres retos: trascender la lógica del reparto de cuotas o de relaciones políticas para el nombramiento de
los titulares de las instancias pendientes; desmantelar la red de corrupción enraizada en el sistema político del
país, y dar resultados. ‘‘Éstos, no únicamente deben ser los que tienen gran impacto en los medios, donde se
enfoca la atención en peces gordos, sino dar respuesta a los intereses y necesidades de la ciudadanía’’.
Legisladoras del sol azteca y de Morena expresan críticas
Puede operar perfectamente: senador del PRI; hay que fortalecer al
SNA: panistas
VÍCTOR BALLINAS
El vicecoordinador de los senadores del PRI, Miguel Romo, destacó que el Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA), que hoy inicia funciones –aunque incompleto– ‘‘puede operar perfectamente’’, ya que, dijo, no se trata
de una sola institución. Ahí están la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y
la Auditoría Superior de la Federación.
A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el también priísta Enrique Burgos,
sostuvo que ‘‘el Senado está en falta porque no ha elegido al fiscal anticorrupción ni a los 18 magistrados en la
materia propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto.
Reconoció que ese es un tema prioritario que debe resolver la cámara. ‘‘Es una obligación constitucional
que tenemos que cumplir y ello se puede resolver en un periodo extraordinario. Es responsabilidad de los 128
senadores y de todos los partidos políticos’’.
El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, resaltó por su parte que su bancada ha
manifestado respaldo al naciente SNA, pero insistió en la necesidad de fortalecerlo, de llevar a cabo una
reforma constitucional para garantizar su autonomía e independencia y dotarlo de recursos suficientes.
Subrayó: ‘‘El PRI sigue simulando con falsas convocatorias para un extraordinario, sin poner sobre la mesa
las propuestas puntuales y no muestra interés en votar la iniciativa del Ejecutivo respecto de que el titular de la
Procuraduría General de la República no tenga pase automático para encabezar la fiscalía general’’.
La coordinadora de los senadores del PRD, Dolores Padierna, dijo a su vez que hay incumplimiento del
Senado y por ello el SNA ‘‘nace trunco, pero estamos a tiempo de reponer el procedimiento, regresar los
nombramientos de los magistrados que propuso el presidente Enrique Peña, y en todo caso que el Ejecutivo
fundamente por qué propuso a esas personas como magistrados, entre los cuales hay algunos que no cubren el
perfil’’.
De su lado, la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García, afirmó que el sistema ‘‘sin
fiscal no funcionará. No sirve. De hecho, al momento en que los partidos empiezan a ver su cuota
inmediatamente lo debilitan’’.
Preguntó: ‘‘¿De qué sirve que se hagan leyes, de qué sirve que avancemos y que gastemos tanto dinero en el
combate a la corrupción si al final de cuentas llega aquí y los partidos, como todo, reparten sus cuotas?’’
Las “resistencias” que atropellaron el Sistema Nacional Anticorrupción
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 18 JULIO, 2017REPORTAJE ESPECIAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles 19 entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) con su novedoso catálogo de sanciones, aunque su funcionamiento está en entredicho, pues no
se nombraron magistrados ni fiscal especializado como se tenía previsto.
Hoy, martes 18, el Senado de la República debió nombrar al fiscal y ratificar a los magistrados especializados,
conforme al plazo constitucional establecido desde que se promulgó la reforma y el nuevo marco legal
anticorrupción.
Luego de echar las campanas al vuelo por la creación del SNA, la representación de la sociedad civil terminó
combatiendo las decisiones, inmovilidad y “resistencias” de la clase política y gubernamental por las que el
proceso anticorrupción se vio atropellado.
El pasado 23 de mayo, organizaciones de la sociedad civil abandonaron el comité técnico tripartita de la Alianza
para el Gobierno Abierto, tras denunciar que había espionaje sobre algunos de sus integrantes. Días después
presentaron el informe “Gobierno espía”, que provocó otro escandaloso bochorno internacional al Estado
mexicano.
Las organizaciones que dejaron la Alianza, en su mayoría, participaron tenazmente en la creación del SNA
desde el inicio del proceso legislativo que creó el nuevo marco legal al respecto.
Sin embargo, cuando pidieron al SNA, a través de la comisionada ciudadana Jacqueline Peschard Mariscal, que
solicitara información sobre el caso, el comité coordinador rechazó la propuesta.
De dicho comité coordinador del SNA forma parte la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Areli
Gómez, también exprocuradora general de la República en cuya gestión se habría adquirido el
polémico software espía.
De manera que, en la primera prueba para el SNA, se registró un conflicto de intereses que nadie buscó dirimir.
El naufragio del nuevo órgano constitucional, creado bajo presión de sociedad civil y partidos políticos tras los
escándalos de corrupción que marcaron al gobierno de Enrique Peña Nieto en 2014 y 2015, se conflictuó aún
más ante la inmovilidad de las fracciones parlamentarias en el Senado, que sin acuerdo ni voluntad para trabajar
un periodo extra dejaron sin fiscal ni tribunal integrado al SNA.
Los plazos se cumplieron hoy también para que los estados de la República generaran sus marcos legislativos
de conformidad con las normas federales. Una alianza de organizaciones ciudadanas y empresariales monitoreó
los procesos legislativos en una decena entidades y el resultado fue poco satisfactorio.
Ayer, la asociación civil Fundar dio a conocer los resultados de dicho monitoreo. A través de un comunicado,
suscrito por todas las organizaciones participantes, se denunció que las condiciones en que se realizaron los
procesos legislativos no tuvieron suficientes espacios de participación ciudadana ni rendición de cuentas.
“Esto tiene que parar”, advirtieron las organizaciones ciudadanas que el pasado día 14 apuntaron a las
resistencias, manifiestas en las actuaciones legislativas (del Senado y los Congresos locales), así como en lo que
consideraron un ataque a la privacidad y la libertad de expresión, es decir, el episodio de espionaje.
Además, tampoco se hizo alusión explícita a lo ocurrido con la cobertura que El Universal dio a la integración
de la representación ciudadana en el SNA –y que provocó la renuncia de seis colaboradores de la sección de
Opinión, así como de organizaciones ciudadanas que participaban en ésta—, calificada por aquélla como un
ataque sin fundamento.
Fue así como ese día surgió la coalición ciudadana #VamosporMás, que se propone presionar lo necesario para
resolver “las resistencias” que ha encontrado la conformación del SNA.
Aún peor. Ayer la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado difundió un informe en el que se muestra
que el SNA, como ha ocurrido con otras instancias del Poder Judicial y los organismos constitucionalmente
autónomos como el electoral o el de transparencia, se había convertido en un “botín partidista”.
El estudio del PT demostraba que, de los 18 perfiles propuestos para convertirse en magistrados anticorrupción,
al menos una decena tenían antecedentes de relación partidista: seis con el PAN y cuatro con el PRI.
Por lo pronto, en tanto se decide en el Senado, será la Procuraduría General de la República quien conozca
denuncias; a la par, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrirá una sala auxiliar al efecto.
México SA
Pobreza pensionaria
Afore = malestar social
México, en el sótano
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
Los chilenos han tomado las calles y están en creciente efervescencia social por las miserables cantidades que, a
la hora del retiro laboral, les garantizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es decir, el jugoso
negocio que, con dinero ajeno, el dictador Augusto Pinochet le armó al capital privado. Y tal convulsión avanza
sostenidamente, porque en el mejor de los casos recibirían el equivalente a poco menos de 38 por ciento de su
salario promedio, y descontando.
Pero si en aquella nación sudamericana las llamadas AFP han sido un rotundo fracaso para efectos sociales
(en cambio, el negocio para los amigos del régimen es suculento), para los mexicanos ha resultado mucho peor,
pues, también en el mejor de los casos, los candidatos a una pensión (cuatro de cada 10) obtendrían una
cantidad aún menor que los chilenos, pues ésta representaría 26 por ciento de su ingreso promedio, o lo que es
lo mismo, el equivalente a un salario mínimo.
El compromiso original fue crear unsistema justo y moderno, pero de acuerdo con la OCDE, México está en
el sótano de los beneficios pensionarios (va directo al colapso, advierte dicha organización) y, si bien el negocio
privado de las Afore (prácticamente una copia de las AFP chilenas) ha sido rotundamente exitoso, para los
supuestosfavorecidos –los dueños de los dineros acumulados– resulta una condena a muerte por hambre.
Al cierre del primer semestre de 2017 (cifras oficiales) en México están registradas alrededor de 58 millones
de cuentas, que amparan cerca de 2.9 billones de pesos; es decir, alrededor de 51 mil 400 pesos por cabeza, en
promedio. Para efectos prácticos, tal cantidad alcanzaría para no más de un año y nueve meses
de pensión(considerando que la edad de retiro es 65 años), a razón de un salario mínimo mensual a precios
actuales. Después de eso –si el pensionado sobrevive–, se acabó el beneficio garantizado por la Afore.
He allí una muestra de lo justo ymoderno que ha resultado el sistema pensionario privatizado. Sobre el
particular, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados divulgó su
análisis temático (bajo la firma de Gerardo Fernández Espejel), del que se toman los siguientes pasajes.
México ocupa los sitios más rezagados entre los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos en el sistema de pensiones. Junto con Corea del Sur ninguna nación como la nuestra
registra el hecho de que la subsistencia de los adultos mayores depende, preferentemente, de la ocupación. La
incidencia mayor en esta variable en la OCDE –que explica por qué se le sigue llamando el club de los ricos– es
en las transferencias. México tiene la mayor incidencia en pobreza por ingreso en promedio por grupos de edad
avanzada.
Nuestro país ha intentado elevar las aportaciones de manera voluntaria con campañas publicitarias y por
medio de apoyos fiscales; no obstante, aún no se percibe un cambio en la expectativa en las condiciones
sociales que tendrán a futuro las personas en edad avanzada. Pudiera ser que las políticas públicas no han tenido
el impacto suficiente; tal vez el bajo porcentaje de población dentro del sistema de seguridad social para el
retiro lo siguen ubicando con los números más pobres dentro de la OCDE.
De acuerdo con la información de la citada organización, se aprecia el débil comportamiento del sistema de
pensiones mexicano; sus tasas de reposición y de remplazo en todos sus rubros son prácticamente las más bajas,
mientras lariqueza de las pensiones también se encuentra en la última posición.
La campaña oficial (10 pesitos al día, que promueve la Consar) es una alerta en relación con la baja o nula
capacidad de la mayoría de los trabajadores para construir un patrimonio financiero por medio de sus cuentas de
ahorro para el retiro que les permita una vejez digna, al mismo tiempo que la carga presupuestal para el
gobierno federal continúa en aumento para hacer frente a las pensiones del viejo régimen, así como para
garantizar una pensión mínima entre la población dentro del SAR y aquellas en el régimen anterior.
Hasta allí el análisis del CESOP. Y la OCDE destaca que la mayoría de los países cuenta con un tratamiento
fiscal preferencial de ahorros para la jubilación para alentar a las personas a ahorrar para la jubilación. Calcular
el monto que una persona ahorraría en impuestos pagados al aportar a un plan privado de pensión en vez de
invertir la misma cantidad en un vehículo de ahorro alternativo sugiere que el tratamiento fiscal de ahorro para
la jubilación ciertamente ofrece una ventaja fiscal.
En la mitad de los países de dicha organización las promesas de pensiones futuras de los funcionarios
públicos, medidas en términos de las tasas de remplazo son 20 puntos porcentuales más altas para una carrera
profesional completa que las del sector privado. Entre estos países se encuentran Alemania, Bélgica, Corea y
Francia, los cuales mantienen sistemas de pensiones separados por sector. En otra cuarta parte de los países de
la OCDE, que han homologado sus sistemas de pensiones desde la década de 1990, se opera con costos
heredados. Un marco integrado de pensiones que cubra a todos los trabajadores por igual puede rendir
beneficios en varias dimensiones. El punto es atajar la pobreza en las pensiones.
Por el lado del capital, es difícil argumentar hoy que los funcionarios o trabajadores del sector público
requieren una mayor sustitución de ingresos en la jubilación que sus homólogos del sector privado. Por el lado
de la eficiencia, hay importantes economías de escala al gestionar sistemas unificados de pensiones, por
ejemplo, en recaudación de aportaciones, mantenimiento de registros y pago de prestaciones. Restringir la
movilidad laboral en los distintos sectores resulta ineficiente, instaura rigideces en la gestión de la carrera
profesional individual y limita la capacidad de los trabajadores de adaptarse a cambios sectoriales y a nuevas
oportunidades de empleo.
Las rebanadas del pastel
Tradición (de impunidad) obliga: con apenas unas horas de enchiquerado en el Reclusorio Norte, Javidú N ya
libró dos órdenes de captura mediante amparos exprés. Al mismo tiempo, la PGR suaviza las acusaciones en
contra del ex gobernador veracruzano para facilitar el trabajo de la defensa y complicárselo al juez del caso.
Entonces, hagan sus apuestas… Y Roberto Borge por allí mismo va.
Twitter: @cafevega
cfvmexico_sa@hotmail.com
Ruiz Esparza no será despedido
Por Martín Moreno
Ruiz Esparza no se va. Se queda al lado de su amigo Peña Nieto. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
+ Amigo, colaborador, socio…
+ Peña Nieto y el desdén
Quienes lo conocen, ubican a Gerardo Ruiz Esparza como el personaje que más sabe
sobre los secretos financieros de Enrique Peña Nieto. Cercano al Presidente, discreto,
representante puro de la casta priista mexiquense, el Secretario de Comunicaciones y
Transportes hoy es un personaje repudiado por su insensibilidad ante la tragedia que
costó la vida a dos personas en el socavón de Morelos.
Quienes lo conocen, instalan a Ruiz Esparza, prácticamente, como un socio de Peña
Nieto desde los años en el Edomex, cuando Peña era gobernador y Gerardo titular de la
SCyT estatal. Socios en el gobierno.
Quienes lo conocen y, sobre todo, conocen la estrecha y sólida relación entre Peña Nieto
y Ruiz Esparza, afirman que el Presidente no despedirá a su colaborador, amigo y socio,
de la SCyT federal. Allí permanecerá, inamovible, los 13 meses que le restan al sexenio
peñista.
Ruiz Esparza no se va.
Se queda al lado de su amigo Peña Nieto.
De su socio del poder.
*****
Del “mal rato” a los “gajes del oficio” que para Ruiz Esparza significó la trágica muerte
de Juan Mena López y su hijo, Juan Mena Romero, en el socavón del Paso Exprés en
Cuernavaca, a la protección presidencial ordenada desde Los Pinos al socio del
Presidente, se configura, en la recta final del sexenio, otra historia más de impunidad. Sí,
una más.
Impunidad fincada en una relación añeja y pasada por filtros del lealtad y complicidad
entre Ruiz Esparza y Peña Nieto. Los socios del poder.
Basta un botón incluido en el libro El derrumbe (Random House/Aguilar Martín Moreno
Cap. Los empresarios consentidos Páginas 262 y 263):
“En 2015, la empresa española OHL y el gobierno de Enrique Peña Nieto se vieron
envueltos en escándalos de evidente corrupción, al divulgarse grabaciones de
conversaciones entre altos directivos de la compañía y funcionarios gubernamentales,
como Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, y colaborador
de extrema confianza de Peña Nieto.
“Diálogo del 1º de abril de 2015 entre Ruiz Esparza (pieza clave en el engranaje del
esquema política-negocios de Peña Nieto desde el Edomex, primero, y hoy en el ámbito
federal, además de ser uno de los más íntimos y cercanos colaboradores del Presidente), y
Pablo Wallentin, representante de OHL en México. (Relevantes e imposibles de ignorar
la cercanía, confianza y chabacanería entre ambos personajes).
(A continuación, se incluyen en el libro dichos diálogos entre Ruiz Esparza y Wallentin,
donde se evidencia el innegable conflicto de interés ante el evidente favoritismo del
gobierno peñista en favor de OHL).
Y en la página 269 de El derrumbe, se plantea:
“Hagamos un ejercicio de comparación del poder político:
“Si el Secretario del Transporte de los Estados Unidos, Anthony Foxx, fuera descubierto
mediante una grabación asesorando al representante legal de una empresa con inversiones
en Estados Unidos, en demérito de otra empresa, revelando lugares, nombres e
intenciones en claro favoritismo para con la empresa asesorada (como lo hace Ruiz
Esparza con Wallentin) y el asunto – envuelto en un claro conflicto de interés y tráfico de
influencias- llegara a los medios estadounidenses, ¿qué ocurriría? No hay que ser mago
para saberlo: Foxx sería despedido de inmediato del gobierno de Barack Obama”.
Hasta aquí lo escrito en el libro.
Pero en México las cosas, desgraciadamente, son diferentes.
Ruiz Esparza podrá tener responsabilidad pública como cabeza de sector en la tragedia
del socavón en Morelos, y nada le pasará.
Ruiz Esparza podrá mostrar insensibilidad ofensiva hacia la familia Mena, intentando
comprar su dolor con dinero – ofreció un millón de pesos como cura al luto -, calificando
de “mal rato” lo que para estos mexicanos significó una tragedia que marcará su vida
para mal y por siempre, y exhibiéndose como un Secretario de Estado ajeno al
humanismo, y nada le pasará.
Ruiz Esparza podrá enfrentar más escándalos durante el gobierno de Peña, y nada le
pasará.
Es la ventaja de ser socio del poder con el Presidente.
*****
¿Qué nos puede decir del socavón de Morelos?-, le preguntaron a Peña Nieto el sábado pasado. El
Presidente estaba en shorts, con sus tenis coquetos y fresco como si un socavón no se hubiera tragado y
matado a dos mexicanos. Listo para su mini maratón.
Hoy no es tema…-, respondió Peña Nieto, ignorando cualquier apunte sobre la tragedia que enlutó a la
familia Mena.
Otra declaración más que desafortunada del presidente de México. No se puede ni se
debe decir que una tragedia ha dejado “de ser tema”, cuando el dolor todavía hierve en
una familia mexicana.
Aún más:
Ese mini maratón tuvo la abierta y calculada intención de enviar un mensaje: aquí no ha
pasado nada y el Presidente continúa con sus actividades normales. Es un corredor nato.
Demacrado, con el pellejo colgando en el cuello, pero corredor. La vida sigue y allá los
Mena si no quieren recibir su millón de pesos.
Peña Nieto y Ruiz Esparza, unidos por el poder, por la sociedad como funcionarios, por
la insensibilidad, por la indiferencia y la ruindad.
Tal para cual.
TW: @_martinmoreno
FB / Martín Moreno
La guerra perdida de los bots de Peña Nieto
POR JENARO VILLAMIL , 18 JULIO, 2017ANÁLISIS
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si no puedes cambiar la realidad, al menos transforma la percepción.
Este es un viejo axioma de los publicistas y comunicadores políticos. La “realidad” finalmente se
construye a partir de mensajes, selección de hechos y agenda informativa.
Los telepresidentes, como Enrique Peña Nieto, creyeron que bastaba con el rating, el entretenimiento y enormes
sumas de dinero para tener la ecuación perfecta: percepción favorable en un mundo de “jodidos que sólo
quieren evasión”; agenda informativa dominada por los comunicadores de la pantalla; y “mensajes positivos” de
persistente negación de los problemas.
Mal le fue a nuestro telepresidente cuando descubrió que ni el rating ni la percepción le fueron favorables. La
era del “destape” de las audiencias mexicanas se coló a través de las nuevas plataformas digitales, de las redes
sociales y de la intensa interacción social que eligió al sujeto y objeto de su furia: Peña Nieto.
Tan sólo entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2016, un monitoreo difundido por la
agencia www.insurgentepress.com reveló que los usuarios de las redes sociales de Twitter y Facebook emitían
diariamente 16, 820 mensajes negativos contra el presidente mexicano. En vísperas de su cuarto informe de
gobierno, se habían compartido un total de 82 millones de críticas, memes, sátiras y mensajes en contra del
primer mandatario.
El 31 de agosto de ese año, el nivel de desaprobación por la visita del entonces candidato republicano Donald
Trump a Los Pinos alcanzó 11 millones 940 mil mensajes negativos en Facebook, mientras en Twitter fueron 2
millones 068 mil 842. La suma de ambas dio un total de 14 millones 542 mil 500 críticas a la decisión de Peña
Nieto de someterse a Trump, contra menos de 2 millones de mensajes de apoyo a la gestión del mandatario
mexicano, según la nota de Daniel Pensamiento y Abel Espinosa.
Otro de los momentos “estelares” de la rebelión de las audiencias digitales contra el gobierno de Enrique Peña
Nieto fue el 21 de agosto de 2015, cuando la Secretaría de la Función Pública “exoneró” al primer mandatario
del escándalo de la Casa Blanca, destapado en noviembre de 2014 por el reportaje de Aristegui Noticias. Los
monitoreos registraron un total de 28 millones de mensajes negativos tan sólo en Facebook, la plataforma más
utilizada por los mexicanos.
Frente a esta evidente derrota de la percepción pública, los “estrategas” digitales del gobierno federal decidieron
aplicar la única fórmula que conocen: invertir millones de pesos en el “acarreo digital” a través de cuentas
falsas, hostigar a los críticos en redes sociales identificados como si fueran un “eje del mal” que impiden la
buena percepción del mandatario y atacar cibernéticamente cuando sea necesario.
La estrategia es un fraude, es cara, es ineficaz y ya ha sido exhibida por una universidad como la de Oxford, que
colocó al gobierno de Peña Nieto en el mismo nivel de autocracias como Rusia, Turquía, Venezuela, Filipinas y
Argentina que pagan “soldados cibernéticos” o bots para influir en la opinión pública de las redes, difundir
información errónea y, sobre todo, hostigar a los críticos, en especial a reporteros y medios.
Los investigadores de Oxford encontraron que 29 países utilizan las redes sociales para moldear la opinión
nacional o las audiencias extranjeras. En México y en Rusia los periodistas son hostigados por grupos
gubernamentales, mientras en Arabia Saudí inundan mensajes negativos sobre el régimen en Twitter con
contenidos y hashtags sin relación para dificultar el acceso al mensaje.
El estudio no hace una valoración de la eficacia del uso de estos bots o “soldados cibernéticos”. Tampoco
calcula el gasto de esta estrategia que, al menos en el caso mexicano, se ha convertido en un negocio de
chantajistas, call centers y agencias de publicidad que engañan a los incautos o desesperados como los
gobernantes mexicanos.
La derrota es evidente y se confirma día con día para Peña Nieto. No entienden la dinámica de las redes sociales
y menos lo esencial del mensaje: la credibilidad en el telepresidente se ha derrumbado para no volver a
levantarse. Las oportunidades perdidas del gobierno peñista se acumulan día con día.
El más reciente episodio del Paso Exprés de Cuernavaca es el ejemplo nítido de esta derrota. Los asesores en
“manejo de crisis” decidieron que el vocero debía ser el titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz
Esparza, un eminente plutócrata sin capacidad de empatía y menos de comunicación. A cambio de no removerlo
de la SCT, Peña Nieto le dio la voz a Ruiz Esparza. El resultado ha sido desastroso: el socavón que le costó la
vida a dos personas escaló hasta transformarse en una metáfora del sexenio difundida en todas las redes
sociales.
Incapaz de asumir que para transformar la percepción, al menos tiene que modificar algo de la realidad, Peña
Nieto y sus asesores se atrincheraron en su burbuja, en su ejército de bots, en sus acarreados digitales que ya no
funcionan ni siquiera para desviar la atención. Del telepresidente derrotado pasamos al presidentebot sin
capacidad de respuesta.
www.homozapping.com.mx
Campesinos de Puebla impiden que Peña grabe spot de su Quinto
Informe
POR GABRIELA HERNÁNDEZ , 18 JULIO, 2017NACIONAL
ZAPOTITLÁN SALINAS, Pue. (apro).- Más de 200 campesinos impidieron el paso del presidente
Enrique Peña Nieto, quien grabaría un promocional para su Quinto Informe de Gobierno en la zona de
reserva de la biosfera Cuicatlán-Tehuacán.
Al conocer que el jefe del Ejecutivo federal llegaría a la región, los habitantes bloquearon la carretera
Tehuacán-Huajuapan para impedir el paso de la comitiva, en protesta por la información que se ha divulgado de
que la región fue propuesta para ser declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
Los habitantes de la región pedían hablar con Peña Nieto para manifestarle su oposición a que la zona sea
declarada patrimonio de la humanidad, ya que eso, aseguran, agravará los problemas que ya enfrentan desde
que la misma área se decretó como reserva de la biosfera.
Los manifestantes dijeron que al intervenir la Unesco para proteger la zona ya no se les permitirá la explotación
de los recursos, como el ónix.
“La declaratoria de reserva (de la biosfera) nos dio en la torre a todos”, reclamó una mujer.
“Estamos movilizándonos y estamos en esta gran inquietud porque nuestras tierras son el único futuro que
tenemos para el bienestar de nuestras familias y no tenemos otro fruto para salir adelante, así que desde ahorita
les decimos que no estamos de acuerdo con ese plan que traen”, advirtió.
Otra mujer igual reclamó que el presidente no se diera tiempo para hablar con los manifestantes. “Por qué
cuando andan en campaña, pidiendo el voto, nos saludan y se bajan y todo, y ahorita que queremos hablar con
él, nos dicen que una mesa de diálogo. ¿Cuándo nos han dado una solución?, siempre nos dan atole con el
dedo”.
Los pobladores impidieron el paso de las camionetas en las que viajaba el presidente y, aunque después de un
diálogo accedieron retirar el bloqueo, la grabación del spot ya no se llevó a cabo.
La semana pasada se dio a conocer que México propuso ante la Comisión del Patrimonio Mundial de la Unesco
la candidatura del Valle de Tehuacán, pero que aún tendrá tres años para aportar elementos que respalden la
declaratoria de ese sitio.
El Valle de Tehuacán-Cuicatlán abarca 20 municipios de Puebla y 31 de Oaxaca, y es considerada una reserva
de cactus gigantes y especies amenazadas, como el águila real, además de albergar vestigios que refieren el
origen de la agricultura y la transición de las sociedades de cazadores-recolectores a las sociedades neolíticas
sedentarias, entre ellas, pinturas rupestres, cementerios, montículos, construcciones y ciudadelas.
Cabe señalar que el 27 de junio Peña Nieto igual acudió al Barrio del Artista en Puebla capital para grabar otro
promocional, y que el operativo que montó el Estado Mayor Presidencial (EMP) para ello generó protestas entre
la ciudadanía.
Con videos que reprodujeron en las redes sociales, algunos ciudadanos narraron que fueron sacados de los
restaurantes y se les impidió el paso por la zona, mientras que actores fingieron ser transeúntes con los que el
presidente se tomaba selfies.
El Sabueso: Dice Peña Nieto que aumentó
el salario mínimo y te alcanza para más.
¿Es cierto?
El gobierno federal sostiene que el poder de compra de los mexicanos se ha recuperado hasta 15%, lo
que implica que las familias del país tienen más recursos para comprar más. Pero los datos dicen otra
cosa.
Cuartoscuro
Autor:Enrique Peña Nieto
Lugar y fecha:Inauguración expo de la ANTAD. 17 de marzo de 2017
Yuriria Ávila Guzmán
julio 19 2017 06:55
Sabueso Mandado por:
Yuriria Ávila Guzmán
Falso
FONDEA el periodismo independiente
El salario mínimo de los mexicanos creció desde los 73 pesos diarios en diciembre pasado a 80 pesos para este
2017. El mensaje del gobierno federal es que ese aumento salarial, más el acumulado en este sexenio, es
histórico y que, gracias a ello, las familias mexicanas ahora pueden comprar más.
El poder adquisitivo de los mexicanos se ha reducido 11% en el sexenio de Peña
No sólo es una frase del presidente Enrique Peña Nieto; el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, también lo ha
hecho su lema para presumir la buena gestión del gobierno actual.
El Sabueso revisó los datos sobre salario mínimo, su evolución y el vínculo con la capacidad de comprar más.
¿Qué encontró? Es mentira que mejoró el poder de compra de los mexicanos, y es falso que el salario
acumula una recuperación histórica.
El Sabueso concluye que las declaraciones del presidente son un Falso.
Estas son las frases y los datos:
1. En estos cuatro años que lleva esta Administración, de acuerdo al propio Banco de México, el salario mínimo
ha tenido una recuperación de poder de compra de 13.5%
Fecha: 17 de marzo de 2017
Autor: Enrique Peña Nieto
Falso: Según los datos del INEGI −fuente original del Banco de México− el salario real entre 2013 y 2016
aumentó sólo 2.65%.
El salario mínimo real es el monto que resulta tras restar el valor de la inflación. Entonces, aunque en 2016 el
salario fue de 76 pesos, restando lo que aumentaron los precios por la inflación, sólo quedan 59.62 pesos para
comprar.
El salario real en 2013 era de 58.08 pesos.
2. “Con esta decisión (de aumentar el salario mínimo), en cuatro años se ha tenido el mayor avance que en los
40 años previos y es la primera vez, en cuatro décadas, que hay una recuperación de 15% del poder
adquisitivo real del salario”
Fecha: 1 de enero de 2017
Autor: Enrique Peña Nieto
Falso: Como explica el punto anterior, entre 2013 y 2016 el aumento del salario real está lejos del porcentaje
que cita el presidente. Pero hay más.
¿Mayor avance que en los 40 años previos?
Falso: En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) existió un aumento del salario real del 8.13%. Aún si se
consideran únicamente los primeros cuatro años de dicho sexenio (1995-1998), el salario real aumentó 5.44%
(porcentaje mayor al aumento real acumulado con Peña Nieto).
3. Según el Secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, entre diciembre de 2012 y marzo de 2017, el salario
mínimo ha recuperado en 12.2% su poder adquisitivo en términos reales.
Falso, (otra vez): Los datos del INEGI muestran que la recuperación del salario real, lo que tienen los
mexicanos para comprar más, no alcanza los porcentajes citados.
En conclusión…
No sólo es mentira que aumentó el poder adquisitivo de los mexicanos en estos cuatro años de gobierno de
Enrique Peña Nieto, además, el gobierno federal ha utilizado porcentajes distintos para presumir ese
incremento: el 1 de enero de 2017 el presidente habló de 15% de aumento; dos meses después dijo 13.5% y el
secretario de Trabajo anunció un crecimiento de 12.2%.
En el juego de cifras, todas son falsas: según los datos del INEGI, entre 2013 y 2016 el aumento del salario
mínimo real fue de apenas 2.65%; cinco veces menos de lo que presume Peña Nieto.
Para poder adquirir todos los bienes de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, el salario mínimo tendría
que ser de 118.78 pesos y no de 80 pesos como el actual.
***
¿Cómo hicimos el cálculo?
Primero necesitas saber que:
El salario mínimo o salario mínimo nominal es la cantidad mínima en pesos mexicanos que debe recibir un
trabajador de su empleador.
El Salario mínimo real representa el poder adquisitivo o de compra que tiene el trabajador con el salario
mínimo nominal. Es decir, su capacidad de compra sin considerar la inflación: el aumento en el nivel de precios
de todos los bienes y servicios en una economía.
Por ejemplo, el salario mínimo en el 2015 fue $70 pesos. Sin embargo, los precios de la economía por la
inflación aumentaron 2.13%. Tomando en cuenta este aumento de precios, la capacidad de compra de un
trabajador con salario mínimo se redujo a $59.
El salario mínimo real se calcula a partir de la división del salario mínimo nominal entre el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC).
El INPC es calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien desde junio del 2011
tiene la facultad exclusiva de elaborar el índice. Entre 1968 y el 2011, el índice fue calculado por el Banco de
México. El índice se calcula a partir de los precios de la canasta básica.
Fausto Hernández Trillo, profesor- investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
explicó que para aislar el efecto de la inflación en el salario mínimo es más adecuado utilizar el INPC, pues
además de ser el cálculo oficial, está construido a partir de los precios de los bienes de la canasta básica, el
aumento en el precio de dichos bienes afecta a los trabajadores que ganan el salario mínimo.
Descarga los datos aquí.
Urge ‘Ahora’ detener “ríos de dinero ilegal”
del PRI y pide renuncia de Consejo del INE
Exige que "se celebren nuevas elecciones en el Estado de México y Coahuila, organizadas por
autoridades independientes y autónomas, que garanticen la equidad de la competencia política y el
voto libre".
Foto: Twitter
Redacción AN
Julio 18, 2017 2:43 pm
El coordinador de Ahora, Emilio Álvarez Icaza,denunció que instituciones democráticas del país, como el Instituto
Nacional Electoral, han sido “secuestradas” por parte del PRI y sus intereses rumbo a 2018.
En entrevista para Aristegui en vivo, refirió que “lo que vimos en el INE (durante el debate sobre la fiscalización de
campañas en el Estado de México) fue vergonzoso y escandaloso”, ya que por parte de la campaña del PRI “gastaron
miles de millones de pesos de manera ilegal y el INE no lo ve”.
La legitimidad de una elección, sostuvo, “no es un asunto de poner mamparas”, sino de “detener los ríos de dinero
ilegal“:
Posteriormente, en conferencia de prensa, a nombre de ‘Ahora’, Álvarez Icaza exigió “la renuncia de quienes
integran el Consejo General para dar lugar a una nueva conformación de autoridades en el INE, con personas que
generen y recuperen la confianza, garantizando la celebración de elecciones libres y equitativas, cuyo proceder sea
apegado a los principios constitucionales de la función electoral, especialmente el de independencia e
imparcialidad. Personas capaces de ejercer con autonomía todas facultades que la legislación ofrece. Particular
atención requiere el cese inmediatoEduardo Gurza Curiel, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien
ha dado sobradas muestras de incompetencia y complicidad“.
(Ve: Titular de Unidad de Fiscalización del INE trabajó con Del Mazo en Banobras)
Se reproduce el comunicado completo:
La iniciativa Ahora surge, entre otras cosas, para hacer frente a un conjunto de prácticas y acciones características
de los procesos de restauración autoritaria experimentados en México en los últimos años.
Una vez más, durante 2017, hemos advertido cómo desde la Presidencia de la República, desde los gobiernos de los
Estados en donde se celebraron elecciones, se llevaron a caboprácticas contrarias a la Constitución y a la Ley para
favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados. En los casos de Coahuila, Nayarit y el
Estado de México, advertimos cómo la administración local y federal actuaron como maquinarias electorales al
servicio de los intereses partidistas.
Ahora documentó en el caso del Estado de México, el modus operandi de la corrupción política en lo que llamamos
El Ciclo. Por ello, denunciamos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el uso de recursos de procedencia ilícita,
lo hicimos tomado en cuenta que, como nunca, la autoridad electoral cuentan con las facultades necesarias para
entrar a fondo y fiscalizar los recursos empleados para la competencia política. Lo hicimos en defensa –no de
candidato o candidata alguna– sino de la equidad en la contienda política, como el principio fundamental de
nuestra democracia y defendiendo el derecho de millones de mexicanos y mexicanas a un voto libre de cualquier
forma de condicionamiento.
La forma y las razones a partir de las cuales el INE determinó la improcedencia de nuestra denuncia, nos han
permitido atestiguar cómo la mayoría de las y los consejeros del INE, han validado la omisión de la Unidad Técnica
de Fiscalización, quien, entre otras cosas, tardó 30 días en la admisión de la queja; no citó a declarar a
funcionarios públicos clave en la denuncia que presentamos; no citó a declarar a las empresas que aparecen en la
denuncia, como es el caso de OHL; no investigó el destino de recursos públicos, por transferencias ilegales, desde
el Gobierno Federal al gobierno del Estado de México; permitió que la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Procuraduría General de la República (PGR) le negara los reportes de disposiciones en efectivo; no exigió al
Gobierno encabezado por Eruviel Ávila información que permitiera vincular el padrón de beneficiarios de
programas sociales, con las tarjetas de débito Banorte que fueron reveladas en nuestra denuncia. Es decir, no llevó
a cabo una investigación exhaustiva y renunció a ejercer las facultades y atribuciones que la Constitución y la ley le
confieren.
En la denuncia ofrecimos una tarjeta de débito de Banorte que se empleaba para el pago de operadores del PRI, la
autoridad pudo demostrar que se trataba de recurso públicos del programa “Mujeres que logran en Grande”, solo
uno de los 60 programas sociales que hay en esa entidad. Se acreditó que cerca de 9 mil representantes de casilla
formaban parte del padrón de beneficiarios, de ellos, el 67% fungieron como representantes de casilla de Alfredo
del Mazo.
La mayoría de los integrantes del Consejo General del INE se negaron, ya no digamos a sancionar, sino a realizar
al menos una investigación por considerar este hecho como irrelevante. Solo ese programa tiene más de 140 mil
beneficiarias, ¿a cuántos de ellas se les condicionó? ¿los recursos llegaron realmente a sus destinatarios? ¿fueron
desviados? El INE decidió cerrar la investigación. El INE decidió no saber.
La queja presentada por Ahora revela, particularmente, que lo más grave del proceso de restauración autoritaria
no solo son las prácticas fraudulentas de Peña y el PRI, sino las omisiones y la complicidad que permite la
impunidad dentro de las Instituciones Electorales, como los son los OPLES, el INE y el propio Tribunal Electoral.
Lo más grave es la impunidad, que frente a una creciente institucionalidad autoritaria se normaliza, oculta y
“legaliza”, como ocurre en las elecciones de Coahuila y el Estado del México.
Por ello en las últimas semanas, otra vez y gracias al esfuerzo de voluntarias y voluntarios y al equipo de Ahora,
presentamos una nueva investigación sobre el secuestro del INE. Un trabajo que documenta y exhibe el fracaso
institucional de los objetivos para los que fue creado el INE en la reforma constitucional de 2014.
Si en 1988 las elecciones mostraron las miles, quizá millones de boletas que no se contaron y los miles de
ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto por no estar en el padrón electoral, las elecciones de los
últimos años muestran cómo se desvían miles de millones de pesos de dinero público, sin consecuencias de carácter
electoral en nuestro país; cómo la corrupción en el ejercicio del poder y la representación pública, procede del
financiamiento ilegal de las campañas electorales, devastando al Estado y la democracia por la que hemos luchado
por décadas.
El elemento común entre las elecciones del 88 y las de este año, es una autoridad que, por subordinación,
complicidad e incapacidad, no ofrece, y mucho menos garantiza, las condiciones democráticas por las que hemos
pugnado, reconociendo y haciendo frente a los actuales desafíos democráticos.
En el 2018 se cumplirán 30 años del fraude electoral de 1988 y estamos frente a una de las crisis más importantes
de la institucionalidad de la que tengamos memoria. El próximo año se celebrarán al menos 30 elecciones locales,
la presidencial, la de senadores y diputados. Como nunca, estaremos frente al mayor número de servidores púbicos
y representantes que hayamos elegido en un mismo día, al mismo tiempo.
Estamos frente autoridades electorales que han sido incapaces de frenar o levantar la voz, ante el cúmulo de
irregularidades que se advierten; frente autoridades incapaces de reconocer que la fiscalización de la que son
responsables ha fracasado de modo sistemático; que las autoridades electorales que ellos y ellas eligieron para los
estados están al servicio de gobernadores; autoridades indispuestas a enfrentar al Presidente y su gabinete vuelto
maquinaria electoral; de autoridades que abdican de las facultades que sí tienen. De una autoridad que, en lugar de
encabezar la indignación frente a la restauración, encabeza su normalización y la justifica.
Por ello, en defensa de la democracia, el Estado Democrático de Derecho y la institucionalidad democrática la
iniciativa Ahora plantea las siguientes exigencias:
1- La renuncia de quienes integran el Consejo General para dar lugar a una nueva conformación de autoridades
en el INE, con personas que generen y recuperen la confianza, garantizando la celebración de elecciones libres y
equitativas, cuyo proceder sea apegado a los principios constitucionales de la función electoral, especialmente el de
independencia e imparcialidad. Personas capaces de ejercer con autonomía todas facultades que la legislación
ofrece. Particular atención requiere el cese inmediato Eduardo Gurza Curiel, titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización, quien ha dado sobradas muestras de incompetencia y complicidad.
2- Se celebren nuevas elecciones en el Estado de México y Coahuila, organizadas por autoridades independientes
y autónomas, que garanticen la equidad de la competencia política y el voto libre.
3- Se determine la atracción de las 30 elecciones del próximo año, en tanto no se tengan garantías de
funcionamiento independiente y autónomo de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES).
Invitamos a la sociedad y a sus organizaciones a unirse en la exigencia por el derecho que tenemos a tener una
autoridad independiente e imparcial que defienda las elecciones de injerencias ilegales y arbitrarias.
Convocamos a las fuerzas políticas, actores políticos y autoridades comprometidas con la democracia, a retomar el
camino y el proceso de cambio político para integrar una nueva autoridad electoral y contribuir con la construcción
de condiciones democráticas de cara a las elecciones del 2018.
Muchas Gracias.
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Sintesis informativa 19 de junio 2017

  • 1. é Aún no reinician autopistas Por Andrés Carrera Pineda / Foto: Archivo Legisladores piden a la SCT reactivar las obras carreteras OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
  • 2. Después que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció que durante los primeros días del mes de julio, reiniciarían las obras de las autopistas hacia el Istmo de Tehuantepec y la Costa oaxaqueña, los trabajos siguen suspendidos. De acuerdo con diputados de la 63 Legislatura, el reinicio de las obras sólo ha quedado en promesas incumplidas por parte de los gobiernos estatal y federal, pues como lo habían anunciado, probablemente las obras carreteras no concluirán en 2018. En ambas autopistas, tras más de una década de sus inicios apenas representan un avance del 50 por ciento, en tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aún se encuentra en trámites para lanzar las nuevas convocatorias para la licitación de dichos proyectos, esto luego de que la empresa constructora ICA abandonara los trabajos en el tramo Barranca Larga-Ventanilla. Lo mismo ocurrió en la autopista hacia el Istmo de Tehuantepec, en el tramo Albarradas- Santiago Lachiguiri, los trabajos se encuentran pendientes tras la salida de la empresa ICA. En ese sentido, la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), a través de la diputada Leslie Vibsania Mendoza Zavaleta, reiteró su exhorto al titular de la SCT para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para reactivar y concluir la construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla. La preocupación de los legisladores llega después de que el gobernador Alejandro Murat, aseguró en fechas recientes que la reapertura de dichas obras se llevaría a cabo durante los primeros días de julio, sin embargo, no se han retomado dichos trabajos. A decir de las autoridades del Centro SCT Oaxaca, una vez que se retomen estos proyectos, la ejecución de las obras se llevará a cabo por un lapso de 12 meses, pero a la fecha no han sido retomadas. Hospital de la Niñez Oaxaqueña cumple 12 días en paro y sin fecha para solución EMILIO MORALES PACHECO El Hospital requiere una reingeniería a fondo y las carencias de este nosocomio se agravan por la falta de medicamentos más especializados. César A. Este miércoles se cumplen 12 días del paro de labores en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña (HNO), único que ofrece atención pediátrica de primer nivel en el estado, y la solución al problema aún luce lejana pues el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Celestino Alonso Álvarez, dijo que no hay fecha para la reactivación de las áreas en paro.
  • 3. Ante la problemática laboral y de abasto de medicamentos, Alonso Álvarez dijo que este Organismo Público Descentralizado (OPD) requiere una reingeniería a fondo y aseguró que los SSO han solventado parte de las carencias de este nosocomio pero aún faltan medicamentos más especializados. Respecto al paro, dijo que “parte es cierto y parte no es cierto” pues una de las quejas principales de los trabajadores sindicalizados es la falta de apoyo de la administración estatal, a lo que el secretario de Salud respondió que el Estado no sólo aporta 27 de millones de pesos anuales como parte del presupuesto, sino que paga la nómina de más de 453 trabajadores y aporta insumos, aunque precisó que persisten las carencias de inventario en cuanto a medicamentos estratégicos [especializados] que requieren planeación para surtir con oportunidad. DÉFICIT DE 5 MIL MILLONES Después de ocho meses de la actual administración, los SSO detectaron un déficit de 5 mil 200 millones de pesos, que en número relativos representa el 132 por ciento del presupuesto anual de los Servicios de Salud de Oaxaca que para 2017 ascienden a 3 mil 922 millones de pesos, de acuerdo al decreto de presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal de este año. Para resarcir el daño y afectaciones en la operación de los SSO, tomará entre dos a tres años, aseguró el secretario de Salud,Celestino Alonso, quien adjudicó la crisis financiera de la dependencia este presunto desfalco. Refuta S-35 a SSO: “no hay medicamentos” Por Sayra Cruz Apenas en un 20% de abastecimiento en algunas regiones OAXACA DE JUÁREZ, OAX. El dirigente de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), Mario Félix Pacheco, refutó al titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Celestino Alonso Álvarez, al reportar en apenas un 20 por ciento de abastecimiento de medicinas en todo el estado. El dirigente aseguró que en comunidades como San Felipe Usila, Jalapa de Díaz, Ojitlán, en la región de la Cuenca, así como en San Francisco Telixtlahuaca y en Etla, en Valles Centrales, la demanda de los trabajadores es la dotación de los fármacos para sus pacientes. “Nos dicen que no hay medicamento, que carecen de insumos y piden la intervención de la dirigencia”, indicó.
  • 4. En algunos centros de trabajo, donde les va bien, cuentan con un 50 por ciento en abastecimiento, y en donde andan mal, en 20 por ciento. Mientras tanto, en la jurisdicción sanitaria de Tlacolula, sigue la autoridad sin cumplir con los compromisos, pese al paro de 80 de los centros de atención médica para demandar respuestas. También la empresa que dota las medicinas no lo hace y reporta surtimiento y abastecimiento, cuando las cajas están vacías, añadió. “Los funcionarios tienen que ir a sentarse en las jurisdicciones, a los centros de trabajo para que obtengan la información real, porque los números que sacan en el escritorio, no coinciden con la realidad”, mencionó. La dirigencia de la Sección 35 pidió una mesa con el gobernador Alejandro Murat y el titular de los SSO, Celestino Alonso Álvarez, donde les darán a conocer la realidad en la falta de medicamentos, insumos y demás equipo necesario para la atención de los pacientes. Esperó respuesta del mandatario estatal, ya que en varios espacios médicos, existe el amague por suspender actividades. Puntea Oaxaca en inestabilidad social EMILIO MORALES La Sección 22 es una de las principales organizaciones que abona a la mala imagen de la entidad. Virgilio Sánchez Oaxaca es uno de los siete estados del país que presenta una crisis de seguridad y estabilidad social; de acuerdo con el índice GLAC, que es una consultora internacional que da servicios de seguridad pública, seguridad nacional e inteligencia. Hasta enero de este año, el estado se encontraba en el lugar 7 de la tabla, con un índice de -0.510; por lo que fue unicado en el nivel de “inseguridad e inestabilidad social”. Según este estudio realizado permanentemente en todos los estados del país, en los sectores político-social y económico-financiero, éste último fue el más crítico para Oaxaca.
  • 5. En materia de seguridad-justicia, el estado obtuvo su mejor calificación con valores positivos de 0.077. Sin embargo, este reporte no da detalles sobre los criterios que motivaron los valores impuestos en cada uno de los sectores. El ex Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna es el director de GLAC, Security Consulting Techology Risk, que mide el grado de seguridad con bienestar; y que cuenta con oficinas en Estados Unidos y México. “La escala del índice GLAC tiene un rango de -4 a 7, en el que -4 es el valor que representa las circunstancias de mayor debilidad y vulnerabilidad de una entidad; y el valor de 7 representa las mejores condiciones”, explica esta empresa en su página de internet. Al igual que Oaxaca, el resto de las entidades que tenían problemas de seguridad y estabilidad social, son: Guerrero -que es el más crítico-, Zacatecas, Chiapas, Tabasco, Puebla y el Estado de México. Los mejores calificados fueron: Campeche, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco y Nuevo León. NOTICIAS reveló que en el estado de Oaxaca se cometieron tres homicidios dolosos en promedio cada día, según cifras oficiales del periodo de enero a mayo de 2017 del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública (SENSSP). En total, en los primeros cinco meses del año se cometieron 671 homicidios; 381 fueron dolosos; causados con arma de fuego 287, con arma blanca 45, otros 38 y en 11 casos se desconoce el tipo de arma utilizada. Del total, 290 fueron homicidios culposos: tres con arma de fuego, 267 con otro tipo de instrumento y en 20 casos se desconoce el arma usada. En Oaxaca el robo con violencia contra transportistas incrementó 43 % tan sólo en estos primeros 5 meses del 2017, comparado con los mismos meses del año anterior. En el ámbito político-social, de acuerdo a una revisión hemerográfica, al día se han registrado dos manifestaciones en promedio en diferentes puntos del estado. "Así está todo el país", justifica SSP inseguridad en Oaxaca César A. La incidencia de secuestros en Oaxaca incrementó 30 por ciento en el último año, mientras que el homicidio doloso sufrió un aumento de 14 puntos porcentuales en el mismo periodo de acuerdo con el estudio sobre delitos de alto impacto realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia y Legalidad.
  • 6. Sin embargo, este fenómeno de violencia es, para el secretario de Seguridad Pública del estado, Raymundo Tunón Jáuregui, una tendencia a nivel nacional y que vincula a la entrada en vigor en todo el país del sistema acusatorio adversarial para la procuración de justicia. “Es una tendencia nacional, el propio comisionado Renato Sales y los observatorios han detectado el incremento en los delitos de alto impacto, es un hecho”. El funcionario explicó que en el país se cometen “de cuatro a siete homicidios con uso de arma de fuego al día, luego de la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial”. Las fallas en la contención de violencia, principalmente en los delitos de alto impacto, colocan a Oaxaca en le décimo lugar nacional en secuestros, y quinto entre las 32 entidades federativas por incidencia de asesinatos, esta última estadística, superior a la de estados como Veracruz. “Las cifras sólo ofrecen un mapeo de la realidad y tendencia, pues hay días muy tranquilos en que no hay ningún homicidio, pero otros en que se dispara”, explicó Tuñón Jáuregui, quien evadió puntualizar sobre la estrategia concreta para aplicar en Oaxaca, pero dijo que el objetivo general es contener el incremento y reducirlo a niveles controlables por el Estado. “El incremento de uso de armas de fuego se dio con la entrada del nuevo sistema (acusarorio) hace un año, sin que con ello se busque condenarlo o satanizarlo pero es una realidad.” Oaxaca y su nuevo basurero: el río Atoyac ROMÁN CARLOS VELASCO Se estima que en el municipio de Oaxaca de Juárez se generan en promedio 700 a mil toneladas diarias de basura Nadia Altamirano Díaz Las pláticas que se mantienen con representantes de quienes viven en la zona aledaña al basurero de la Villa de Zaachila, es el argumento que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez utiliza para justificar la acumulación de 500 toneladas de basura en el margen del río Atoyac, en la zona aledaña a la Central de Abasto. Sin embargo, a decir del representante de la agencia municipal Vicente Guerrero, en la Villa de Zaachila, Rey Francisco Valencia, desde el miércoles pasado que acudió el gobernador Alejandro Murat para acordar reabrir el acceso al basurero, no se ha concretado la reunión que solicitaron con el presidente del municipio de Oaxaca de Juárez, José Hernández Fraguas, con quien necesitan establecer garantías de que ninguna organización sirva de intermediaria.
  • 7. Si bien el coordinador de Servicios Municipales del Ayuntamiento, José Álvarez, aseguró que los desechos se retirarían en unas horas, para la integrante de Solidaridad Internacional Kanda (Sikanda) A. C., Bárbara Lazcano Torres, el problema de la basura va más allá de su disposición final. “Genera preocupación en torno a la salud de las personas, que ahora se suma a una problemática de contaminación ya existente en el Río Atoyac y que tendría que atenderse con una política ambiental integral que responda a la complejidad del tema de la basura”, afirma en entrevista la vocera de Sikanda. Para ella, el problema de la basura inicia desde que se genera; no termina en la disposición final y se hace más visible cuando por algún conflicto el servicio la recolección se interrumpe. Que se deposite en la banqueta y desaparezca “como por arte de magia” es una costumbre que resta visibilidad al manejo de los desechos. Cifras sucias Se estima que en el municipio de Oaxaca de Juárez, el de mayor concentración de personas, se generan en promedio 700 a mil toneladas diarias de basura, pero la cantidad se duplica en épocas de fiestas como La Guelaguetza. La mayoría de esos desechos terminan en el basurero de la Villa de Zaachila, donde desde 2009 Sikanda decidió trabajar con la comunidad de pepenadores que enfrentan la discriminación de trabajar con lo que el resto desecha y que afecta a 15 mil personas que viven alrededor del basurero, tanto por el impacto ambiental como social. En su opinión, que de manera temporal o definitiva la basura que genera el municipio de Oaxaca de Juárez se deposite en el Río Atoyac demuestra la carencia de visión integral en la política ambiental y la falta de un compromiso de ambas partes, autoridades y ciudadanía. Actúa Profepa contra Municipio de Oaxaca por usar el río Atoyac como tiradero ROMÁN CARLOS VELASCO La colocación de basura sobre uno de los márgenes del Atoyac, buscó genera el menor daño posible al medio ambiente, señaló el Ayuntamiento citadino. Citlalli Luciana El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), levantó un acta circunstanciada contra el ayuntamiento que encabeza por la utilización del margen del río Atoyac como tiradero a cielo abierto; sin embargo, consideró que no habrían de ser sujeto a sanción alguna ya que la acción -dijo- estuvo justificada.
  • 8. “La Profepa levantó un acta circunstanciada pero dada la emergencia eran las medidas que teníamos que tomar para prevenir cualquier foco de infección en la ciudad. Estando claros, la Profepa esta haciendo su procedimiento a ver qué resulta”, dijo. Tras indicar que el servicio de recolección se normalizó en un 80 por ciento, el munícipe explicó que la colocación de basura sobre uno de los márgenes del Atoyac, buscó genera el menor daño posible al medio ambiente. Aunque desde la semana pasada comenzó el retiro de los desechos urbanos sobre esta área establecida atrás del mercado de abasto, miles de toneladas de basura continúan en el lugar ya que fue tomado por los municipios conurbados como zona de descarga ya que se les ha impedido el acceso hacia el tiradero municipal ubicado en la Villa de Zaachila. La situación -dijo- está siendo revisada de manera conjunta para establecer mecanismos que permitan llevar la basura hacia el destino final. “Algunos municipios que no han podido ingresar la están depositando en el río. Hasta anoche sólo permitían el acceso a los vehiculos del municipios de Oaxaca de Juárez”, expresó. Tras el cierre el tiradero municipal por parte de habitantes de la agencia Vicente Guerrero de la Villa de Zaachila, el ayuntamiento capitalino habilitó un espacio entre el puente Bicentenario y el peatonal California, como “módulo de transferencia” para depositar la basura. Fracasa intentona de boicotear festejos de la Guelaguetza 2017 Octavio Vélez En su intento por boicotear la Guelaguetza, organizada por el gobierno estatal, profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon ayer por la mañana la Carretera al Cerro del Fortín, en inmediaciones del Monumento a la Madre. Los manifestantes, algunos encapuchados y armados de palos y tubos, se apoderaron de más de una decena de autobuses del servicio urbano de pasaje para cerrar la circulación en ambos carriles. Aunque posteriormente, una parte se trasladó en los vehículos hasta el retén establecido por agentes de línea y antimotines de la Policía Estatal (PE), metros antes del puente peatonal de la colonia Santa María.
  • 9. Ahí, además de gritar su tradicional consigna “¡Sección 22, la única no hay dos!” y de lanzaron cohetones al aire, quemaron publicidad de la “Guelaguetza oficial”, impresa en plotters, llantas y dos baños portátiles, que estaban destinados a los policías. Un grupo de maestros de la Sección 22 colocó cinco camiones del transporte urbano con los que amagaba romper el filtro de seguridad, a 200 metros del auditorio Guelaguetza. FOTO: Emilio Morales En ese lugar, impidieron el paso a algunos turistas y pobladores que pretendían llegar al auditorio Guelaguetza, para acudir al Primer Lunes del Cerro. Lástima que se estén acabando a Oaxaca A una familia llegada aparentemente de la Ciudad de México, la hicieron regresar a gritos. “¡No hay paso, no hay paso!”, la increparon “Si, está bien, no pasamos, no hay problema, lástima que se estén acabando ustedes a Oaxaca”, respondió una señora. Mientras que tres mujeres, que intentaban pasar a fuerza, fueron insultadas por los profesores. “Burras, ¿qué no entienden?”, les gritaron. Pasado el mediodía, algunos manifestantes nuevamente corearon consignas y lanzaron cohetones al aire, pero sin registrarse algún incidente. Por la tarde, antes de la conclusión de la décima segunda Guelaguetza Magisterial y Popular, los manifestantes se reagruparon con sus compañeros que se encontraban en inmediaciones del Monumento a la Madre y de ahí, marcharon hasta el retén de la PE. Una muestra de capacidad organizativa Después, en un mitin, el secretario de Organización de la Sección 22 del SNTE, Genaro Martínez Morales dijo que la gremial dio “una muestra de capacidad organizativa y de disciplina política” porque se movilizó y a la vez celebró la Guelaguetza Magisterial y Popular. “Quedó evidenciado que fue una fiesta auténticamente del pueblo y para el pueblo y sobre todo, que en Oaxaca las cosas no marchan bien, a pesar de la percepción nacional e internacional”, asentó. Además, destacó que la Sección 22 del SNTE se manifestó porque el gobierno estatal todavía no atiende una serie de demandas presentadas, vinculadas a su rechazo a la reforma educativa. “La mal llamada reforma educativa, laceran nuestros derechos laborales y económicos”, señaló. Ante esto, llamó a las bases a mantenerse movilizada con organización y disciplina para seguir en la lucha por la defensa de la educación pública, el sindicalismo y el normalismo.
  • 10. “Solamente con la participación de todos, se podrá estar dando la batalla en estas coyunturas que se avecinan”, apuntó. Si irán a las reuniones pactadas Ante la resistencia de la administración estatal a instalar una nueva “mesa de diálogo de alto nivel”, la Comisión Política de la Sección 22 del SNTE acudirá esta semana a las reuniones convenidas previamente con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el IEEPO. “Claro, estamos siempre abiertos al diálogo”, afirmó el secretario general, Eloy López Hernández. Explicó que la gremial participará mañana en un encuentro con el mandatario y funcionario de autoridades estatales para tratar sobre la recuperación de la bilateralidad entre la propia Sección 22 del SNTE y el IEEPO. Mencionó que también se había acordado una reunión con el “charro mayor”, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, para la toma de nota de la dirigencia, pero aún no se había confirmado. El dirigente dijo que el magisterio oaxaqueño quiere respuestas claras a sus reclamos y no más estrategias de dilación o de lo contrario, se seguirán movilizando. “Como el gobierno no está atendiendo nuestras demandas, hacemos lo propio”, señaló. Ubican 6 mil “aviadores” en el IEEPO Por Carlos Alberto Hernández Hay un plazo de seis semanas para ubicarlos y darlos de baja, afirma Germán Cervantes Ayala OAXACA DE JUÁREZ, OAX. De las más de 44 mil plazas irregulares de maestros que la Secretaría de Educación Pública (SEP) detectó y que se les paga un salario, 6 mil se ubican en Oaxaca. El titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Germán Cervantes Ayala, confirmó que dichos maestros cobran sin trabajar al no encontrarse físicamente en los planteles educativos. Los trabajadores de la educación no se encontraron en la conciliación de la nómina que hizo la federación a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el área de Planeación de la SEP, detalló. Dijo que hay un plazo de seis semanas para demostrar en dónde se encuentran el excedente de maestros o bien presuntos “aviadores”. “Se van a buscar en dónde están porque puede haber varios motivos de que no se encuentren en las escuelas donde fueron detectadas las plazas”, manifestó el funcionario luego de exponer las cifras locales.
  • 11. “Por cambios y no dieron de alta dicho movimiento, o porque hay maestros que se han encontrado en supervisiones escolares y no sabemos si ya están en alguna escuela o continúan; o pueden estar en áreas administrativas”, citó entre las posibles causas de no estar físicamente. Cervantes Ayala indicó que al término de las seis semanas las plazas que no se puedan demostrar, la federación a través de la SEP la va a recoger y en su momento se van a asignar a escuelas donde sí hacen falta. El funcionario dijo desconocer a cuánto asciende el recurso económico que se paga a estos 6 mil maestros aviadores, ya que en a nivel nacional por las 44 mil plazas detectadas se estaban pagando 5 mil millones de pesos. Reiteró que tampoco se ha identificado que dentro de las plazas irregulares se encuentren casos de algunos funcionarios, expresidentes municipales y exdiputados locales, pero que se va aclarar una vez que se concluya la revisión de la nómina y se haga la actualización de plantillas de las escuelas. Actualmente la nómina magisterial de Oaxaca es de poco más de 81 mil trabajadores de la educación, de los cuales 80 mil se encuentran frente a un grupo escolar y poco más de mil cuenta con plazas administrativas. La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó los resultados de la auditoría realizada al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE). En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la SEP reveló irregularidades en el manejo de 44,076 plazas de maestros. Pescadores de San Dionisio del Mar emplazan para iniciar obra Por Rusvel Rasgad Los trabajos de dragado en la Playa Copalito beneficiará a más 500 pescadores, indicaron JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX. Pescadores cooperativistas y libres de San Dionisio del Mar dieron 72 horas de plazo al gobierno estatal para iniciar la obra de dragado y desazolve de la Playa Copalito que beneficiará al sector productivo de dicha localidad y que hasta el momento las autoridades no han dado las garantías para el arranque de los trabajos.
  • 12. Gustavo Martínez Gallegos, presidente de la cooperativa Playa Copalito, acompañado por pescadores de la cooperativa Playa Roble y de otras cooperativas, dijo en conferencia de prensa que el gobierno del estado debe garantizar la seguridad para que la obra inicie, debido a que ya lleva un retraso. Los trabajos debieron iniciar la semana pasada, pero el martes, cuando personal de la empresa Espektra arribó con su maquinaria, un grupo de personas agrupadas en la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, apoyados por habitantes de otros municipios, quemaron un tráiler y una grúa, además de equipos de pesca. “La obra ya está por empezar, la draga ya está instalada, pero vino un problema por un grupo de personas que se metió en la playa y quemó dos carros de la empresa que hará la obra. Lo que queremos es respuesta del gobierno del estado para que nos dé una solución, lo que pedimos es que la obra ya inicie”, indicó Gustavo Martínez. Los pescadores explicaron que la obra comprende el desazolve de unos 200 metros de playa, una dársena y un depósito de agua donde las embarcaciones tengan una mejor navegación, así como una zona para resguardar sus embarcaciones en la temporada de lluvias. Dijeron que la obra beneficiará unos 500 pescadores de las cooperativas y los que realizan la actividad de forma libre, del municipio de San Dionisio del Mar y de la agencia de Huamuchil. Gustavo Martínez dijo que hasta el momento las autoridades no han dado respuesta a la petición de los pescadores para que la obra inicie, por lo que lanzaron una advertencia si en 3 días no arrancan los trabajos, iniciarán sus movilizaciones. “Por nuestra parte si el gobierno no nos da una respuesta, tomaremos otras acciones, no descartamos bloqueos carreteros si no inicia la obra, ya las cooperativas estamos de acuerdo para el inicio de los trabajos, le damos al gobierno 72 horas, de lo contrario, iniciaremos las acciones”, expresó. El proyecto fue liberado desde hace 20 años con recursos de Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pero nunca se ejecutó. Fue hasta ahora con el paso de las tormentas, Beatriz y Calvin que San Dionisio del Mar fue beneficiado nuevamente con recursos federales del Fonden para el desazolve. Los pescadores lamentaron la postura de quienes se hacen llamar la Asamblea del Pueblo para oponerse a una obra que nada les afecta y pretender engañar a la ciudadanía argumentando que es el inicio de un proyecto eólico en la zona, cuando se sabe que ya no hay planes de parques eólicos en el lugar. ‘‘Son irrelevantes en esta etapa’’, aseguran sus fiscales Desestima PGR imprecisiones en el proceso seguido a Duarte ‘‘Sus números no cuadran’’, dice el juez Gerardo Moreno García CÉSAR ARELLANO Y GUSTAVO CASTILLO Para la Procuraduría General de la República (PGR), las imprecisiones cometidas por sus fiscales en la audiencia en la que el ex gobernador Javier Duarte de Veracruz es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada son ‘‘irrelevantes en esta etapa del proceso’’. Señalaron lo anterior funcionarios de la institución que encabeza Raúl Cervantes Andrade. En ese contexto, el Ministerio Público Federal reveló que aún sigue investigando al ex mandatario veracruzano –quien fue extraditado de Guatemala a México el mismo lunes en que se desahogó la audiencia inicial– e indicó que sigue perfeccionando muchos detalles de las acusaciones presentadas. En la diligencia, el juez del caso, Gerardo Moreno García, dijo a los representantes del Ministerio Público Federal que sus números no cuadraban, ya que no fueron capaces de detallar cuánto costaron varios de los inmuebles que, se señala, fueron adquiridos con recursos ilícitos por parte del político veracruzano. En la audiencia del lunes, realizada en el Reclusorio Norte, la defensa del ex gobernador de Veracruz logró que se detuviera el desahogo de la misma cuando apenas comenzaba. Habían pasado solamente siete minutos. Lo anterior, al señalar que el Ministerio Público Federal no le había dado acceso al contenido de la carpeta de investigación y que las constancias ministeriales las habían entregado horas antes.
  • 13. Por esa razón, los abogados de Javier ‘‘N’’ lograron que se decretara el receso de una hora, tiempo en el que el abogado Marco Antonio del Toro y dos de sus colaboradores revisarían tres cajas de documentos. Tras el receso, el juez Moreno García ordenó que los fiscales de la PGR le hicieran saber los hechos que se imputaban al ex priísta. Los agentes del Ministerio Público dijeron que el imputado, durante su gestión como gobernador dirigió una organización criminal que operó en Veracruz, la Ciudad de México y Campeche, y que facilitó dinero que desvió por medio de operaciones bancarias para constituir empresas fachadas. En ese momento, el imputado solicitó que los representantes de la PGR le leyeran ‘‘cargo por cargo’’ y que de manera detallada le dijeran de manera precisa el periodo en el que supuestamente cometió los delitos y si las operaciones las realizó siendo gobernador o antes de asumir el cargo. A partir de ese momento, los fiscales comenzaron a incurrir en imprecisiones y contradicciones, a grado tal que tardaron una hora en contestar las primeras preguntas que formularon el ex mandatario y su defensa. Los representantes de la procuraduría mostraron su desconocimiento del expediente. Los fiscales señalaron que en el caso de la adquisición de algunas de las 21 parcelas en el Ejido Lerma, en Campeche, éstas tuvieron un costo de 300 mil pesos; sin embargo, el juez les señaló que en otras audiencias los enviados de la PGR habían mencionado montos diferentes. El abogado Del Toro dijo: ‘‘Señor juez, los fiscales no vienen suficientemente preparados’’. Además, el juez apuntó: ‘‘Cuando giré la orden de aprehensión me dijo su homólogo que el precio de una (de las parcelas) era de 250 mil y otra de 100 mil pesos. No puedo fingir demencia y decir que no conozco el caso’’. Luego, los fiscales fallaron a la hora de precisar las fechas en que Javier ‘‘N’’ adquirió diversos inmuebles, y al tratar de justificar que fueron comprados durante su gestión como gobernador, indicaron que estas transacciones ocurrieron en 2010 y 2011, fecha en que él no había asumido. Ante los cuestionamientos respecto de la forma en que se habrían desviado 439 millones de pesos de programas de salud y educación a empresas fachadas, los integrantes de la procuraduría aceptaron que sólo contaban con documentación para acreditar la presunta participación del ex gobernador en el desvío de 38.5 millones de pesos, lo que derivó en que el juez señalara a la defensa de Javier N que los números no cuadraban, y que un caso de esta envergadura tiene sus complejidades: ‘‘Si les cuesta trabajo, no es atribuible al juzgado o a la defensa’’. Para la PGR estos datos ‘‘son irrelevantes en esta etapa’’ y confió en que eso se precisará conforme avancen las audiencias, dijeron funcionarios de la dependencia consultados. Organizaciones piden investigar a Javier Duarte por crímenes contra periodistas en Veracruz Más de 20 organizaciones pidieron a la Fiscalía de Veracruz y a PGR se investigue la probable responsabilidad de Duarte, por el asesinato de 18 periodistas. Periodistas asesinados durante el gobierno de Duarte en VeracruzFoto: Archivo Cuartoscuro
  • 14. AFP FONDEA el periodismo independiente La Red de Periodistas Veracruzana demandó a la Fiscalía General del Estado, y a la Procuraduría General de la República (PGR), investigar al exgobernador, Javier Duarte, por los asesinatos de 18 colegas y la desaparición de tres más durante su gestión. Javier Duarte fue extraditado el lunes 17 de julio de Guatemala, tras ser arrestado el 15 de abril pasado, después de fugarse de México en octubre, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Esos crímenes “no deben quedar impunes”, reclamó en un comunicado la Red Veracruzana de Periodistas, que considera que Duarte “así como sus más cercanos colaboradores (…) tuvieron un alto grado de responsabilidad” en dichos crímenes “tanto por acción como por omisión”. “Ninguno de los crímenes contra periodistas veracruzanos ha sido esclarecido. Mientras Javier Duarte fue gobernador, la Fiscalía del Estado criminalizó a las víctimas, y nunca hubo interés por detener o castigar a los autores intelectuales o materiales”, dicen en su postura las 20 organizaciones de periodistas. A su llegada, Duarte fue trasladado a un reclusorio del norte de la Ciudad de México donde el sábado se definirá su situación jurídica. Desde 2000, más de 100 periodistas han sido asesinados en México, 11 de ellos ultimados en 2016, una cifra récord. La organización Reporteros Sin Fronteras sitúa a Veracruz como una de las ciudades más peligrosas del mundo para el ejercicio periodístico. El 17 de mayo pasado el presidente mexicano Enrique Peña Nieto se comprometió a fortalecer los mecanismos para garantizar la seguridad de los periodistas y a combatir la impunidad (estimada en más de 90%, según organizaciones internacionales), como respuesta al asesinato de Javier Valdez, un reputado reportero cuya muerte ha sido condenada dentro y fuera del país. Astillero El circo Javidú Errores e impericias sembradas Negligencia de PGR y Hacienda Coahuila, fantasmas, SNA JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ EL LUNES, EN GUATEMALA. Policías guatemaltecos custodiaron al ex gobernador de veracruz Javier Duarte de Ochoa antes de que abordara el avión que lo trasladó a México, el pasado lunes 17, una vez que la justicia del país centroamericano aprobó que fuera extraditadoFoto Afp
  • 15. Fue muy afectuosa la bienvenidaoficial a Javier N. Llevaba unas horas de haber llegado a tierra mexicana y ya tenía las primeras muestras de gratitud de sus amigos con poder: la procuraduría federal de justicia, a cargo de otro conjurado del peñismo, Raúl Cervantes Andrade, envió a la primera audiencia judicial a un trío de abogados que ni siquiera sabían bien a bien de qué estaban acusando al engallado Javidú (para justificado beneplácito de él y de su quinteto de carísimos defensores), a tal grado que el juez a cargo del caso amonestó a los presuntos representantes de la sociedad por su incapacidad e imprecisión. La Secretaría de Hacienda, a cargo del precandidato presidencial priísta (pero independiente) José Antonio Meade Kuribreña, colaboró de manera entusiasta (aunque, para ser más precisos, de manera abstinente) a que el mencionado Javier N se sintiera realmente en casa, bien atendido y bien servido. A tan trascendente y delicada audiencia judicial, el precandidato Meade se permitió no enviar a ningún representante de la temible (en otros procesos) Unidad de Inteligencia Financiera, de tal manera que no se pudo dejar constancia técnica, ante el juez, de los detalles específicos de las acusaciones contra el amigo Javidú. El fiero e implacable titular de esa unidad (donde se concentran los secretos y claves de los movimientos financieros importantes), es un viejo conocido del mundillo del sospechosismo: Alberto Bazbaz Sacal, el abogado mexiquense que fue procurador de justicia siempre recordado por su rol estelar en el caso de la niña Paulette, encontrada muerta, de forma absolutamente inverosímil, en un resquicio de su colchón. La temporada de rebajas benefició inmediatamente al precitado N (del que no se debe decir que se llama Javier Duarte de Ochoa), pues sólo pudo dejarse asentado, en esa primera diligencia judicial, un presunto desvío de recursos públicos por menos de nueve por ciento de lo que originalmente se había establecido. Es decir, sólo se pudieron acreditar acusaciones por 38.5 millones de pesos, de los 438 millones inicialmente considerados. Tampoco hubo precisión respecto de otros movimientos financieros e inmobiliarios (en su cuenta tuitera, @arturoangel20publicó detalles de lo sucedido, y enhttps://goo.gl/ursF4r, reportes de los cuales esta columna ha tomado referencias). Respecto del caso Duarte, aquí se ha hablado con insistencia y anticipación acerca del previsible uso de mecanismos de siembra de errores e impericia, por parte de acusadores gubernamentales, para propiciar la posterior liberación e incluso declaración de inocencia de presuntos delincuentes. Es un método recurrente en asuntos de alto nivel del crimen organizado: pifias de procedimiento, equivocaciones sustanciales, enredos de cifras, datos y nombres; constancias, peritajes y diligencias con fechas, nombres o cargos de autoridades citados de forma errónea, y las muy famosas violaciones al debido proceso. Lo sucedido este lunes constituye, por desgracia, una primera confirmación de que el gobierno federal no tiene ninguna intención firme de que haya justicia en cuanto al ex gobernador de Veracruz. Sólo una voluntad de máximo mando pudo dar instrucciones para que la PGR y Hacienda se abstuvieran de presentar un frente ministerial y hacendario que fuera suficientemente experto, vigoroso y preparado para enfrentar al ex mandatario y su equipo de defensores, encabezado por quien a su vez ha sido abogado de la también muy enriquecida Elba Esther Gordillo. Cierto es que en el curso del proceso judicial podría enderezarse o subsanarse una porción de los errores originales, pero sembrar estos desde el principio, de manera escandalosa y abierta, ayuda a los abogados defensores de Javier N y fortalece las fundadas especulaciones respecto de la protección de los amigos con poder para uno de los suyos. En el circo Javidú lo mismo se suspenden órdenes de aprehensión, como sucedió ayer en dos casos, que apareceránnuevas acusaciones que ya no se tomarán en cuenta (pues sólo se le juzgará a JDdeO por los delitos específicos consignados en su pedido de extradición). Por lo pronto, se extiende la percepción de que el expediente contra Javier N está siendo acomodado para que el amigo dure el menor tiempo posible en prisión (unos cuantos años), tenga las mayores comodidades (pronto se declarará enfermo y le asignarán una habitación especial en el siguiente reclusorio), disfrute de una fortuna levemente afectada (algo tendrá que ceder) y su familia siga intocada, en especial la esposa, que sigue en viaje transcontinental. ¡Bienvenido, amigo Javidú! A propósito, el caricaturista Alarcón sugirió, en Twitter, que ahora se mencione como Javier HDSPM a tal ex gobernador, dado que por restricciones de orden judicial se ha ordenado no usar el apellido Duarte de Ochoa mientras no haya una sentencia condenatoria. Este tecleador no entiende el significado de tan mayúsculas iniciales propuestas, así que se limita a reproducir la iniciativa. Sigue la telenovela coahuilense: en el Instituto Nacional Electoral se considera que el priísta Riquelme rebasó los topes de gastos de campaña en 7.86 por ciento y el panista Anaya en 4.56 punto%. De confirmarse tales cifras, se anularían las elecciones, pero con una consecuencia dañina para el moreirismo, pues Riquelme no podría volver a competir, mientras Anaya lo podría hacer, al no rebasar el 5 por ciento de irregularidades. Faltaría, desde luego, la palabra final que daría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
  • 16. Y, mientras un fantasma recorre México, el fantasma de los socavones, las carreteras mal construidas, las muertes que pudieron impedirse y los negocios impunes de autoridades y constructores, ¡hasta mañana, con el tal Sistema Nacional Anticorrupción ya con temprana constancia impráctica, revuelo en estructuras sistémicas de burocracia y élites, mientras sube la intensidad de la corrupción gubernamental conforme se acerca el fin de la fiesta pinolera, el Año de Hidalgo que esta vez ha sido de sexenio completo! Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx Entra hoy en funciones sin fiscal ni magistrados del Tribunal Administrativo Incompleto y en un mar de dudas arranca el sistema anticorrupción EMIR OLIVARES ALONSO Con pendientes que podrían ser determinantes para su consolidación, este miércoles entrará en operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ha sido un largo y tortuoso proceso al que le faltan varios pasos para concretarse. El sistema iniciará sus trabajos sin dos piezas fundamentales. Han sido varios años de discusiones, propuestas y contrapropuestas, y en el Senado aún no hay acuerdo para nombrar al fiscal anticorrupción, uno de los principales sostenes del sistema, ni a los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que serán los encargados de sancionar a quienes incurran en actos de corrupción. Además, sólo 19 de las 32 entidades federativas del país han armonizado sus leyes locales con los líneamientos federales anticorrupción, por lo que el proceso seguirá su sinuoso camino con el SNA ya en operaciones. La iniciativa de contar con un mecanismo contra la corrupción fue una oferta desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero se vio rebasada por otras reformas prioritarias para la administración federal y fue abandonada ante la resistencia de diversos sectores. Tras casi dos años de gestión, la idea se convirtió en la opción presidencial para sortear las crecientes inconformidades sociales que surgieron a raíz de la divulgación, en noviembre de 2014, de presuntos actos de conflicto de intereses por la llamada Casa Blanca. Actores de la sociedad civil vieron entonces la oportunidad para empujar el proyecto, mientras que en el Congreso fueron largas las discusiones para definir las reformas constitucionales que darían cauce a este esquema. Así, hace justo un año, el 18 de julio de 2016, Peña Nieto promulgó en Palacio Nacional las leyes secundarias del SNA –que hoy entran en vigencia–, acto en el que aprovechó para asegurar que había cometido ‘‘un error’’ en el caso de la Casa Blanca, por el que pidió perdón a la ciudadanía. En esta larga ruta de construcción ya se ha nombrado a quienes estarán al frente de dos áreas también fundamentales para el sistema: los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, formado por Jacqueline Peschard (presidenta), Mariclaire Acosta, José Octavio López, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández. Sin embargo, estos destacados personajes han hecho pública la falta de recursos para esta instancia. Además, el 30 de mayo pasado los seis integrantes del Comité Coordinador del SNA eligieron a Ricardo Salgado Perillat como secretario técnico del organismo, posición clave para la operación del mismo. Tal designación fue cuestionada por algunos sectores, pues se dio sin argumentación pública en una deliberación privada que no duró ni 15 minutos. La creación de este sistema implicó la modificación de siete leyes y en él participan además dependencias ya existentes, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
  • 17. Tal es el panorama con el que este miércoles inicia sus operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción. Al respecto, María Marván, especialista en temas de transparencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, confió en que el nuevo esquema de verdad funcione. La académica subrayó que el SNA debe comenzar a dar resultados en lo federal y lo local a fin de que la confianza ciudadana se vaya consolidando; para ello, dijo, serán necesarias sanciones tanto a servidores públicos como a integrantes de la iniciativa privada que vulneren las normas e incurran en actos de corrupción. Hayddé Pérez, directora ejecutiva de Fundar, expresó: ‘‘Esperamos que comiencen a implementarse de manera decidida todos los componentes del sistema que ya han sido aprobados. Contamos con leyes que entran en vigor y con instituciones que han visto reformado su mandato, por tanto, tenemos herramientas suficientes y fortalecidas para empezar a dar una lucha decidida en todos los aspectos del combate a la corrupción’’. Ubicó tres retos: trascender la lógica del reparto de cuotas o de relaciones políticas para el nombramiento de los titulares de las instancias pendientes; desmantelar la red de corrupción enraizada en el sistema político del país, y dar resultados. ‘‘Éstos, no únicamente deben ser los que tienen gran impacto en los medios, donde se enfoca la atención en peces gordos, sino dar respuesta a los intereses y necesidades de la ciudadanía’’. Legisladoras del sol azteca y de Morena expresan críticas Puede operar perfectamente: senador del PRI; hay que fortalecer al SNA: panistas VÍCTOR BALLINAS El vicecoordinador de los senadores del PRI, Miguel Romo, destacó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que hoy inicia funciones –aunque incompleto– ‘‘puede operar perfectamente’’, ya que, dijo, no se trata de una sola institución. Ahí están la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el también priísta Enrique Burgos, sostuvo que ‘‘el Senado está en falta porque no ha elegido al fiscal anticorrupción ni a los 18 magistrados en la materia propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto. Reconoció que ese es un tema prioritario que debe resolver la cámara. ‘‘Es una obligación constitucional que tenemos que cumplir y ello se puede resolver en un periodo extraordinario. Es responsabilidad de los 128 senadores y de todos los partidos políticos’’. El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, resaltó por su parte que su bancada ha manifestado respaldo al naciente SNA, pero insistió en la necesidad de fortalecerlo, de llevar a cabo una reforma constitucional para garantizar su autonomía e independencia y dotarlo de recursos suficientes. Subrayó: ‘‘El PRI sigue simulando con falsas convocatorias para un extraordinario, sin poner sobre la mesa las propuestas puntuales y no muestra interés en votar la iniciativa del Ejecutivo respecto de que el titular de la Procuraduría General de la República no tenga pase automático para encabezar la fiscalía general’’. La coordinadora de los senadores del PRD, Dolores Padierna, dijo a su vez que hay incumplimiento del Senado y por ello el SNA ‘‘nace trunco, pero estamos a tiempo de reponer el procedimiento, regresar los nombramientos de los magistrados que propuso el presidente Enrique Peña, y en todo caso que el Ejecutivo fundamente por qué propuso a esas personas como magistrados, entre los cuales hay algunos que no cubren el perfil’’. De su lado, la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García, afirmó que el sistema ‘‘sin fiscal no funcionará. No sirve. De hecho, al momento en que los partidos empiezan a ver su cuota inmediatamente lo debilitan’’. Preguntó: ‘‘¿De qué sirve que se hagan leyes, de qué sirve que avancemos y que gastemos tanto dinero en el combate a la corrupción si al final de cuentas llega aquí y los partidos, como todo, reparten sus cuotas?’’
  • 18. Las “resistencias” que atropellaron el Sistema Nacional Anticorrupción POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 18 JULIO, 2017REPORTAJE ESPECIAL CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles 19 entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con su novedoso catálogo de sanciones, aunque su funcionamiento está en entredicho, pues no se nombraron magistrados ni fiscal especializado como se tenía previsto. Hoy, martes 18, el Senado de la República debió nombrar al fiscal y ratificar a los magistrados especializados, conforme al plazo constitucional establecido desde que se promulgó la reforma y el nuevo marco legal anticorrupción. Luego de echar las campanas al vuelo por la creación del SNA, la representación de la sociedad civil terminó combatiendo las decisiones, inmovilidad y “resistencias” de la clase política y gubernamental por las que el proceso anticorrupción se vio atropellado. El pasado 23 de mayo, organizaciones de la sociedad civil abandonaron el comité técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto, tras denunciar que había espionaje sobre algunos de sus integrantes. Días después presentaron el informe “Gobierno espía”, que provocó otro escandaloso bochorno internacional al Estado mexicano. Las organizaciones que dejaron la Alianza, en su mayoría, participaron tenazmente en la creación del SNA desde el inicio del proceso legislativo que creó el nuevo marco legal al respecto. Sin embargo, cuando pidieron al SNA, a través de la comisionada ciudadana Jacqueline Peschard Mariscal, que solicitara información sobre el caso, el comité coordinador rechazó la propuesta. De dicho comité coordinador del SNA forma parte la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Areli Gómez, también exprocuradora general de la República en cuya gestión se habría adquirido el polémico software espía. De manera que, en la primera prueba para el SNA, se registró un conflicto de intereses que nadie buscó dirimir. El naufragio del nuevo órgano constitucional, creado bajo presión de sociedad civil y partidos políticos tras los escándalos de corrupción que marcaron al gobierno de Enrique Peña Nieto en 2014 y 2015, se conflictuó aún más ante la inmovilidad de las fracciones parlamentarias en el Senado, que sin acuerdo ni voluntad para trabajar un periodo extra dejaron sin fiscal ni tribunal integrado al SNA. Los plazos se cumplieron hoy también para que los estados de la República generaran sus marcos legislativos de conformidad con las normas federales. Una alianza de organizaciones ciudadanas y empresariales monitoreó los procesos legislativos en una decena entidades y el resultado fue poco satisfactorio. Ayer, la asociación civil Fundar dio a conocer los resultados de dicho monitoreo. A través de un comunicado, suscrito por todas las organizaciones participantes, se denunció que las condiciones en que se realizaron los procesos legislativos no tuvieron suficientes espacios de participación ciudadana ni rendición de cuentas. “Esto tiene que parar”, advirtieron las organizaciones ciudadanas que el pasado día 14 apuntaron a las resistencias, manifiestas en las actuaciones legislativas (del Senado y los Congresos locales), así como en lo que consideraron un ataque a la privacidad y la libertad de expresión, es decir, el episodio de espionaje. Además, tampoco se hizo alusión explícita a lo ocurrido con la cobertura que El Universal dio a la integración de la representación ciudadana en el SNA –y que provocó la renuncia de seis colaboradores de la sección de Opinión, así como de organizaciones ciudadanas que participaban en ésta—, calificada por aquélla como un ataque sin fundamento.
  • 19. Fue así como ese día surgió la coalición ciudadana #VamosporMás, que se propone presionar lo necesario para resolver “las resistencias” que ha encontrado la conformación del SNA. Aún peor. Ayer la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado difundió un informe en el que se muestra que el SNA, como ha ocurrido con otras instancias del Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos como el electoral o el de transparencia, se había convertido en un “botín partidista”. El estudio del PT demostraba que, de los 18 perfiles propuestos para convertirse en magistrados anticorrupción, al menos una decena tenían antecedentes de relación partidista: seis con el PAN y cuatro con el PRI. Por lo pronto, en tanto se decide en el Senado, será la Procuraduría General de la República quien conozca denuncias; a la par, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrirá una sala auxiliar al efecto. México SA Pobreza pensionaria Afore = malestar social México, en el sótano CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA Los chilenos han tomado las calles y están en creciente efervescencia social por las miserables cantidades que, a la hora del retiro laboral, les garantizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es decir, el jugoso negocio que, con dinero ajeno, el dictador Augusto Pinochet le armó al capital privado. Y tal convulsión avanza sostenidamente, porque en el mejor de los casos recibirían el equivalente a poco menos de 38 por ciento de su salario promedio, y descontando. Pero si en aquella nación sudamericana las llamadas AFP han sido un rotundo fracaso para efectos sociales (en cambio, el negocio para los amigos del régimen es suculento), para los mexicanos ha resultado mucho peor, pues, también en el mejor de los casos, los candidatos a una pensión (cuatro de cada 10) obtendrían una cantidad aún menor que los chilenos, pues ésta representaría 26 por ciento de su ingreso promedio, o lo que es lo mismo, el equivalente a un salario mínimo. El compromiso original fue crear unsistema justo y moderno, pero de acuerdo con la OCDE, México está en el sótano de los beneficios pensionarios (va directo al colapso, advierte dicha organización) y, si bien el negocio privado de las Afore (prácticamente una copia de las AFP chilenas) ha sido rotundamente exitoso, para los supuestosfavorecidos –los dueños de los dineros acumulados– resulta una condena a muerte por hambre. Al cierre del primer semestre de 2017 (cifras oficiales) en México están registradas alrededor de 58 millones de cuentas, que amparan cerca de 2.9 billones de pesos; es decir, alrededor de 51 mil 400 pesos por cabeza, en promedio. Para efectos prácticos, tal cantidad alcanzaría para no más de un año y nueve meses de pensión(considerando que la edad de retiro es 65 años), a razón de un salario mínimo mensual a precios actuales. Después de eso –si el pensionado sobrevive–, se acabó el beneficio garantizado por la Afore. He allí una muestra de lo justo ymoderno que ha resultado el sistema pensionario privatizado. Sobre el particular, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados divulgó su análisis temático (bajo la firma de Gerardo Fernández Espejel), del que se toman los siguientes pasajes. México ocupa los sitios más rezagados entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el sistema de pensiones. Junto con Corea del Sur ninguna nación como la nuestra registra el hecho de que la subsistencia de los adultos mayores depende, preferentemente, de la ocupación. La incidencia mayor en esta variable en la OCDE –que explica por qué se le sigue llamando el club de los ricos– es en las transferencias. México tiene la mayor incidencia en pobreza por ingreso en promedio por grupos de edad avanzada.
  • 20. Nuestro país ha intentado elevar las aportaciones de manera voluntaria con campañas publicitarias y por medio de apoyos fiscales; no obstante, aún no se percibe un cambio en la expectativa en las condiciones sociales que tendrán a futuro las personas en edad avanzada. Pudiera ser que las políticas públicas no han tenido el impacto suficiente; tal vez el bajo porcentaje de población dentro del sistema de seguridad social para el retiro lo siguen ubicando con los números más pobres dentro de la OCDE. De acuerdo con la información de la citada organización, se aprecia el débil comportamiento del sistema de pensiones mexicano; sus tasas de reposición y de remplazo en todos sus rubros son prácticamente las más bajas, mientras lariqueza de las pensiones también se encuentra en la última posición. La campaña oficial (10 pesitos al día, que promueve la Consar) es una alerta en relación con la baja o nula capacidad de la mayoría de los trabajadores para construir un patrimonio financiero por medio de sus cuentas de ahorro para el retiro que les permita una vejez digna, al mismo tiempo que la carga presupuestal para el gobierno federal continúa en aumento para hacer frente a las pensiones del viejo régimen, así como para garantizar una pensión mínima entre la población dentro del SAR y aquellas en el régimen anterior. Hasta allí el análisis del CESOP. Y la OCDE destaca que la mayoría de los países cuenta con un tratamiento fiscal preferencial de ahorros para la jubilación para alentar a las personas a ahorrar para la jubilación. Calcular el monto que una persona ahorraría en impuestos pagados al aportar a un plan privado de pensión en vez de invertir la misma cantidad en un vehículo de ahorro alternativo sugiere que el tratamiento fiscal de ahorro para la jubilación ciertamente ofrece una ventaja fiscal. En la mitad de los países de dicha organización las promesas de pensiones futuras de los funcionarios públicos, medidas en términos de las tasas de remplazo son 20 puntos porcentuales más altas para una carrera profesional completa que las del sector privado. Entre estos países se encuentran Alemania, Bélgica, Corea y Francia, los cuales mantienen sistemas de pensiones separados por sector. En otra cuarta parte de los países de la OCDE, que han homologado sus sistemas de pensiones desde la década de 1990, se opera con costos heredados. Un marco integrado de pensiones que cubra a todos los trabajadores por igual puede rendir beneficios en varias dimensiones. El punto es atajar la pobreza en las pensiones. Por el lado del capital, es difícil argumentar hoy que los funcionarios o trabajadores del sector público requieren una mayor sustitución de ingresos en la jubilación que sus homólogos del sector privado. Por el lado de la eficiencia, hay importantes economías de escala al gestionar sistemas unificados de pensiones, por ejemplo, en recaudación de aportaciones, mantenimiento de registros y pago de prestaciones. Restringir la movilidad laboral en los distintos sectores resulta ineficiente, instaura rigideces en la gestión de la carrera profesional individual y limita la capacidad de los trabajadores de adaptarse a cambios sectoriales y a nuevas oportunidades de empleo. Las rebanadas del pastel Tradición (de impunidad) obliga: con apenas unas horas de enchiquerado en el Reclusorio Norte, Javidú N ya libró dos órdenes de captura mediante amparos exprés. Al mismo tiempo, la PGR suaviza las acusaciones en contra del ex gobernador veracruzano para facilitar el trabajo de la defensa y complicárselo al juez del caso. Entonces, hagan sus apuestas… Y Roberto Borge por allí mismo va. Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
  • 21. Ruiz Esparza no será despedido Por Martín Moreno Ruiz Esparza no se va. Se queda al lado de su amigo Peña Nieto. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro. + Amigo, colaborador, socio… + Peña Nieto y el desdén Quienes lo conocen, ubican a Gerardo Ruiz Esparza como el personaje que más sabe sobre los secretos financieros de Enrique Peña Nieto. Cercano al Presidente, discreto, representante puro de la casta priista mexiquense, el Secretario de Comunicaciones y Transportes hoy es un personaje repudiado por su insensibilidad ante la tragedia que costó la vida a dos personas en el socavón de Morelos. Quienes lo conocen, instalan a Ruiz Esparza, prácticamente, como un socio de Peña Nieto desde los años en el Edomex, cuando Peña era gobernador y Gerardo titular de la SCyT estatal. Socios en el gobierno. Quienes lo conocen y, sobre todo, conocen la estrecha y sólida relación entre Peña Nieto y Ruiz Esparza, afirman que el Presidente no despedirá a su colaborador, amigo y socio, de la SCyT federal. Allí permanecerá, inamovible, los 13 meses que le restan al sexenio peñista. Ruiz Esparza no se va. Se queda al lado de su amigo Peña Nieto. De su socio del poder. ***** Del “mal rato” a los “gajes del oficio” que para Ruiz Esparza significó la trágica muerte de Juan Mena López y su hijo, Juan Mena Romero, en el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca, a la protección presidencial ordenada desde Los Pinos al socio del
  • 22. Presidente, se configura, en la recta final del sexenio, otra historia más de impunidad. Sí, una más. Impunidad fincada en una relación añeja y pasada por filtros del lealtad y complicidad entre Ruiz Esparza y Peña Nieto. Los socios del poder. Basta un botón incluido en el libro El derrumbe (Random House/Aguilar Martín Moreno Cap. Los empresarios consentidos Páginas 262 y 263): “En 2015, la empresa española OHL y el gobierno de Enrique Peña Nieto se vieron envueltos en escándalos de evidente corrupción, al divulgarse grabaciones de conversaciones entre altos directivos de la compañía y funcionarios gubernamentales, como Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, y colaborador de extrema confianza de Peña Nieto. “Diálogo del 1º de abril de 2015 entre Ruiz Esparza (pieza clave en el engranaje del esquema política-negocios de Peña Nieto desde el Edomex, primero, y hoy en el ámbito federal, además de ser uno de los más íntimos y cercanos colaboradores del Presidente), y Pablo Wallentin, representante de OHL en México. (Relevantes e imposibles de ignorar la cercanía, confianza y chabacanería entre ambos personajes). (A continuación, se incluyen en el libro dichos diálogos entre Ruiz Esparza y Wallentin, donde se evidencia el innegable conflicto de interés ante el evidente favoritismo del gobierno peñista en favor de OHL). Y en la página 269 de El derrumbe, se plantea: “Hagamos un ejercicio de comparación del poder político: “Si el Secretario del Transporte de los Estados Unidos, Anthony Foxx, fuera descubierto mediante una grabación asesorando al representante legal de una empresa con inversiones en Estados Unidos, en demérito de otra empresa, revelando lugares, nombres e intenciones en claro favoritismo para con la empresa asesorada (como lo hace Ruiz Esparza con Wallentin) y el asunto – envuelto en un claro conflicto de interés y tráfico de influencias- llegara a los medios estadounidenses, ¿qué ocurriría? No hay que ser mago para saberlo: Foxx sería despedido de inmediato del gobierno de Barack Obama”. Hasta aquí lo escrito en el libro. Pero en México las cosas, desgraciadamente, son diferentes. Ruiz Esparza podrá tener responsabilidad pública como cabeza de sector en la tragedia del socavón en Morelos, y nada le pasará. Ruiz Esparza podrá mostrar insensibilidad ofensiva hacia la familia Mena, intentando comprar su dolor con dinero – ofreció un millón de pesos como cura al luto -, calificando de “mal rato” lo que para estos mexicanos significó una tragedia que marcará su vida para mal y por siempre, y exhibiéndose como un Secretario de Estado ajeno al humanismo, y nada le pasará.
  • 23. Ruiz Esparza podrá enfrentar más escándalos durante el gobierno de Peña, y nada le pasará. Es la ventaja de ser socio del poder con el Presidente. ***** ¿Qué nos puede decir del socavón de Morelos?-, le preguntaron a Peña Nieto el sábado pasado. El Presidente estaba en shorts, con sus tenis coquetos y fresco como si un socavón no se hubiera tragado y matado a dos mexicanos. Listo para su mini maratón. Hoy no es tema…-, respondió Peña Nieto, ignorando cualquier apunte sobre la tragedia que enlutó a la familia Mena. Otra declaración más que desafortunada del presidente de México. No se puede ni se debe decir que una tragedia ha dejado “de ser tema”, cuando el dolor todavía hierve en una familia mexicana. Aún más: Ese mini maratón tuvo la abierta y calculada intención de enviar un mensaje: aquí no ha pasado nada y el Presidente continúa con sus actividades normales. Es un corredor nato. Demacrado, con el pellejo colgando en el cuello, pero corredor. La vida sigue y allá los Mena si no quieren recibir su millón de pesos. Peña Nieto y Ruiz Esparza, unidos por el poder, por la sociedad como funcionarios, por la insensibilidad, por la indiferencia y la ruindad. Tal para cual. TW: @_martinmoreno FB / Martín Moreno La guerra perdida de los bots de Peña Nieto POR JENARO VILLAMIL , 18 JULIO, 2017ANÁLISIS CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si no puedes cambiar la realidad, al menos transforma la percepción. Este es un viejo axioma de los publicistas y comunicadores políticos. La “realidad” finalmente se construye a partir de mensajes, selección de hechos y agenda informativa. Los telepresidentes, como Enrique Peña Nieto, creyeron que bastaba con el rating, el entretenimiento y enormes sumas de dinero para tener la ecuación perfecta: percepción favorable en un mundo de “jodidos que sólo quieren evasión”; agenda informativa dominada por los comunicadores de la pantalla; y “mensajes positivos” de persistente negación de los problemas. Mal le fue a nuestro telepresidente cuando descubrió que ni el rating ni la percepción le fueron favorables. La era del “destape” de las audiencias mexicanas se coló a través de las nuevas plataformas digitales, de las redes sociales y de la intensa interacción social que eligió al sujeto y objeto de su furia: Peña Nieto.
  • 24. Tan sólo entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2016, un monitoreo difundido por la agencia www.insurgentepress.com reveló que los usuarios de las redes sociales de Twitter y Facebook emitían diariamente 16, 820 mensajes negativos contra el presidente mexicano. En vísperas de su cuarto informe de gobierno, se habían compartido un total de 82 millones de críticas, memes, sátiras y mensajes en contra del primer mandatario. El 31 de agosto de ese año, el nivel de desaprobación por la visita del entonces candidato republicano Donald Trump a Los Pinos alcanzó 11 millones 940 mil mensajes negativos en Facebook, mientras en Twitter fueron 2 millones 068 mil 842. La suma de ambas dio un total de 14 millones 542 mil 500 críticas a la decisión de Peña Nieto de someterse a Trump, contra menos de 2 millones de mensajes de apoyo a la gestión del mandatario mexicano, según la nota de Daniel Pensamiento y Abel Espinosa. Otro de los momentos “estelares” de la rebelión de las audiencias digitales contra el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el 21 de agosto de 2015, cuando la Secretaría de la Función Pública “exoneró” al primer mandatario del escándalo de la Casa Blanca, destapado en noviembre de 2014 por el reportaje de Aristegui Noticias. Los monitoreos registraron un total de 28 millones de mensajes negativos tan sólo en Facebook, la plataforma más utilizada por los mexicanos. Frente a esta evidente derrota de la percepción pública, los “estrategas” digitales del gobierno federal decidieron aplicar la única fórmula que conocen: invertir millones de pesos en el “acarreo digital” a través de cuentas falsas, hostigar a los críticos en redes sociales identificados como si fueran un “eje del mal” que impiden la buena percepción del mandatario y atacar cibernéticamente cuando sea necesario. La estrategia es un fraude, es cara, es ineficaz y ya ha sido exhibida por una universidad como la de Oxford, que colocó al gobierno de Peña Nieto en el mismo nivel de autocracias como Rusia, Turquía, Venezuela, Filipinas y Argentina que pagan “soldados cibernéticos” o bots para influir en la opinión pública de las redes, difundir información errónea y, sobre todo, hostigar a los críticos, en especial a reporteros y medios. Los investigadores de Oxford encontraron que 29 países utilizan las redes sociales para moldear la opinión nacional o las audiencias extranjeras. En México y en Rusia los periodistas son hostigados por grupos gubernamentales, mientras en Arabia Saudí inundan mensajes negativos sobre el régimen en Twitter con contenidos y hashtags sin relación para dificultar el acceso al mensaje. El estudio no hace una valoración de la eficacia del uso de estos bots o “soldados cibernéticos”. Tampoco calcula el gasto de esta estrategia que, al menos en el caso mexicano, se ha convertido en un negocio de chantajistas, call centers y agencias de publicidad que engañan a los incautos o desesperados como los gobernantes mexicanos. La derrota es evidente y se confirma día con día para Peña Nieto. No entienden la dinámica de las redes sociales y menos lo esencial del mensaje: la credibilidad en el telepresidente se ha derrumbado para no volver a levantarse. Las oportunidades perdidas del gobierno peñista se acumulan día con día. El más reciente episodio del Paso Exprés de Cuernavaca es el ejemplo nítido de esta derrota. Los asesores en “manejo de crisis” decidieron que el vocero debía ser el titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, un eminente plutócrata sin capacidad de empatía y menos de comunicación. A cambio de no removerlo de la SCT, Peña Nieto le dio la voz a Ruiz Esparza. El resultado ha sido desastroso: el socavón que le costó la vida a dos personas escaló hasta transformarse en una metáfora del sexenio difundida en todas las redes sociales. Incapaz de asumir que para transformar la percepción, al menos tiene que modificar algo de la realidad, Peña Nieto y sus asesores se atrincheraron en su burbuja, en su ejército de bots, en sus acarreados digitales que ya no funcionan ni siquiera para desviar la atención. Del telepresidente derrotado pasamos al presidentebot sin capacidad de respuesta. www.homozapping.com.mx
  • 25. Campesinos de Puebla impiden que Peña grabe spot de su Quinto Informe POR GABRIELA HERNÁNDEZ , 18 JULIO, 2017NACIONAL ZAPOTITLÁN SALINAS, Pue. (apro).- Más de 200 campesinos impidieron el paso del presidente Enrique Peña Nieto, quien grabaría un promocional para su Quinto Informe de Gobierno en la zona de reserva de la biosfera Cuicatlán-Tehuacán. Al conocer que el jefe del Ejecutivo federal llegaría a la región, los habitantes bloquearon la carretera Tehuacán-Huajuapan para impedir el paso de la comitiva, en protesta por la información que se ha divulgado de que la región fue propuesta para ser declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Los habitantes de la región pedían hablar con Peña Nieto para manifestarle su oposición a que la zona sea declarada patrimonio de la humanidad, ya que eso, aseguran, agravará los problemas que ya enfrentan desde que la misma área se decretó como reserva de la biosfera. Los manifestantes dijeron que al intervenir la Unesco para proteger la zona ya no se les permitirá la explotación de los recursos, como el ónix. “La declaratoria de reserva (de la biosfera) nos dio en la torre a todos”, reclamó una mujer. “Estamos movilizándonos y estamos en esta gran inquietud porque nuestras tierras son el único futuro que tenemos para el bienestar de nuestras familias y no tenemos otro fruto para salir adelante, así que desde ahorita les decimos que no estamos de acuerdo con ese plan que traen”, advirtió. Otra mujer igual reclamó que el presidente no se diera tiempo para hablar con los manifestantes. “Por qué cuando andan en campaña, pidiendo el voto, nos saludan y se bajan y todo, y ahorita que queremos hablar con él, nos dicen que una mesa de diálogo. ¿Cuándo nos han dado una solución?, siempre nos dan atole con el dedo”. Los pobladores impidieron el paso de las camionetas en las que viajaba el presidente y, aunque después de un diálogo accedieron retirar el bloqueo, la grabación del spot ya no se llevó a cabo. La semana pasada se dio a conocer que México propuso ante la Comisión del Patrimonio Mundial de la Unesco la candidatura del Valle de Tehuacán, pero que aún tendrá tres años para aportar elementos que respalden la declaratoria de ese sitio. El Valle de Tehuacán-Cuicatlán abarca 20 municipios de Puebla y 31 de Oaxaca, y es considerada una reserva de cactus gigantes y especies amenazadas, como el águila real, además de albergar vestigios que refieren el origen de la agricultura y la transición de las sociedades de cazadores-recolectores a las sociedades neolíticas sedentarias, entre ellas, pinturas rupestres, cementerios, montículos, construcciones y ciudadelas. Cabe señalar que el 27 de junio Peña Nieto igual acudió al Barrio del Artista en Puebla capital para grabar otro promocional, y que el operativo que montó el Estado Mayor Presidencial (EMP) para ello generó protestas entre la ciudadanía. Con videos que reprodujeron en las redes sociales, algunos ciudadanos narraron que fueron sacados de los restaurantes y se les impidió el paso por la zona, mientras que actores fingieron ser transeúntes con los que el presidente se tomaba selfies.
  • 26. El Sabueso: Dice Peña Nieto que aumentó el salario mínimo y te alcanza para más. ¿Es cierto? El gobierno federal sostiene que el poder de compra de los mexicanos se ha recuperado hasta 15%, lo que implica que las familias del país tienen más recursos para comprar más. Pero los datos dicen otra cosa. Cuartoscuro Autor:Enrique Peña Nieto Lugar y fecha:Inauguración expo de la ANTAD. 17 de marzo de 2017 Yuriria Ávila Guzmán julio 19 2017 06:55 Sabueso Mandado por: Yuriria Ávila Guzmán Falso FONDEA el periodismo independiente El salario mínimo de los mexicanos creció desde los 73 pesos diarios en diciembre pasado a 80 pesos para este 2017. El mensaje del gobierno federal es que ese aumento salarial, más el acumulado en este sexenio, es histórico y que, gracias a ello, las familias mexicanas ahora pueden comprar más. El poder adquisitivo de los mexicanos se ha reducido 11% en el sexenio de Peña No sólo es una frase del presidente Enrique Peña Nieto; el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, también lo ha hecho su lema para presumir la buena gestión del gobierno actual. El Sabueso revisó los datos sobre salario mínimo, su evolución y el vínculo con la capacidad de comprar más. ¿Qué encontró? Es mentira que mejoró el poder de compra de los mexicanos, y es falso que el salario acumula una recuperación histórica. El Sabueso concluye que las declaraciones del presidente son un Falso.
  • 27. Estas son las frases y los datos: 1. En estos cuatro años que lleva esta Administración, de acuerdo al propio Banco de México, el salario mínimo ha tenido una recuperación de poder de compra de 13.5% Fecha: 17 de marzo de 2017 Autor: Enrique Peña Nieto Falso: Según los datos del INEGI −fuente original del Banco de México− el salario real entre 2013 y 2016 aumentó sólo 2.65%. El salario mínimo real es el monto que resulta tras restar el valor de la inflación. Entonces, aunque en 2016 el salario fue de 76 pesos, restando lo que aumentaron los precios por la inflación, sólo quedan 59.62 pesos para comprar. El salario real en 2013 era de 58.08 pesos. 2. “Con esta decisión (de aumentar el salario mínimo), en cuatro años se ha tenido el mayor avance que en los 40 años previos y es la primera vez, en cuatro décadas, que hay una recuperación de 15% del poder adquisitivo real del salario” Fecha: 1 de enero de 2017 Autor: Enrique Peña Nieto Falso: Como explica el punto anterior, entre 2013 y 2016 el aumento del salario real está lejos del porcentaje que cita el presidente. Pero hay más. ¿Mayor avance que en los 40 años previos? Falso: En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) existió un aumento del salario real del 8.13%. Aún si se consideran únicamente los primeros cuatro años de dicho sexenio (1995-1998), el salario real aumentó 5.44% (porcentaje mayor al aumento real acumulado con Peña Nieto). 3. Según el Secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, entre diciembre de 2012 y marzo de 2017, el salario mínimo ha recuperado en 12.2% su poder adquisitivo en términos reales. Falso, (otra vez): Los datos del INEGI muestran que la recuperación del salario real, lo que tienen los mexicanos para comprar más, no alcanza los porcentajes citados. En conclusión… No sólo es mentira que aumentó el poder adquisitivo de los mexicanos en estos cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto, además, el gobierno federal ha utilizado porcentajes distintos para presumir ese incremento: el 1 de enero de 2017 el presidente habló de 15% de aumento; dos meses después dijo 13.5% y el secretario de Trabajo anunció un crecimiento de 12.2%. En el juego de cifras, todas son falsas: según los datos del INEGI, entre 2013 y 2016 el aumento del salario mínimo real fue de apenas 2.65%; cinco veces menos de lo que presume Peña Nieto. Para poder adquirir todos los bienes de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, el salario mínimo tendría que ser de 118.78 pesos y no de 80 pesos como el actual. *** ¿Cómo hicimos el cálculo? Primero necesitas saber que: El salario mínimo o salario mínimo nominal es la cantidad mínima en pesos mexicanos que debe recibir un trabajador de su empleador.
  • 28. El Salario mínimo real representa el poder adquisitivo o de compra que tiene el trabajador con el salario mínimo nominal. Es decir, su capacidad de compra sin considerar la inflación: el aumento en el nivel de precios de todos los bienes y servicios en una economía. Por ejemplo, el salario mínimo en el 2015 fue $70 pesos. Sin embargo, los precios de la economía por la inflación aumentaron 2.13%. Tomando en cuenta este aumento de precios, la capacidad de compra de un trabajador con salario mínimo se redujo a $59. El salario mínimo real se calcula a partir de la división del salario mínimo nominal entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El INPC es calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien desde junio del 2011 tiene la facultad exclusiva de elaborar el índice. Entre 1968 y el 2011, el índice fue calculado por el Banco de México. El índice se calcula a partir de los precios de la canasta básica. Fausto Hernández Trillo, profesor- investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que para aislar el efecto de la inflación en el salario mínimo es más adecuado utilizar el INPC, pues además de ser el cálculo oficial, está construido a partir de los precios de los bienes de la canasta básica, el aumento en el precio de dichos bienes afecta a los trabajadores que ganan el salario mínimo. Descarga los datos aquí. Urge ‘Ahora’ detener “ríos de dinero ilegal” del PRI y pide renuncia de Consejo del INE Exige que "se celebren nuevas elecciones en el Estado de México y Coahuila, organizadas por autoridades independientes y autónomas, que garanticen la equidad de la competencia política y el voto libre". Foto: Twitter Redacción AN Julio 18, 2017 2:43 pm El coordinador de Ahora, Emilio Álvarez Icaza,denunció que instituciones democráticas del país, como el Instituto Nacional Electoral, han sido “secuestradas” por parte del PRI y sus intereses rumbo a 2018. En entrevista para Aristegui en vivo, refirió que “lo que vimos en el INE (durante el debate sobre la fiscalización de campañas en el Estado de México) fue vergonzoso y escandaloso”, ya que por parte de la campaña del PRI “gastaron miles de millones de pesos de manera ilegal y el INE no lo ve”. La legitimidad de una elección, sostuvo, “no es un asunto de poner mamparas”, sino de “detener los ríos de dinero ilegal“: Posteriormente, en conferencia de prensa, a nombre de ‘Ahora’, Álvarez Icaza exigió “la renuncia de quienes integran el Consejo General para dar lugar a una nueva conformación de autoridades en el INE, con personas que
  • 29. generen y recuperen la confianza, garantizando la celebración de elecciones libres y equitativas, cuyo proceder sea apegado a los principios constitucionales de la función electoral, especialmente el de independencia e imparcialidad. Personas capaces de ejercer con autonomía todas facultades que la legislación ofrece. Particular atención requiere el cese inmediatoEduardo Gurza Curiel, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien ha dado sobradas muestras de incompetencia y complicidad“. (Ve: Titular de Unidad de Fiscalización del INE trabajó con Del Mazo en Banobras) Se reproduce el comunicado completo: La iniciativa Ahora surge, entre otras cosas, para hacer frente a un conjunto de prácticas y acciones características de los procesos de restauración autoritaria experimentados en México en los últimos años. Una vez más, durante 2017, hemos advertido cómo desde la Presidencia de la República, desde los gobiernos de los Estados en donde se celebraron elecciones, se llevaron a caboprácticas contrarias a la Constitución y a la Ley para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados. En los casos de Coahuila, Nayarit y el Estado de México, advertimos cómo la administración local y federal actuaron como maquinarias electorales al servicio de los intereses partidistas. Ahora documentó en el caso del Estado de México, el modus operandi de la corrupción política en lo que llamamos El Ciclo. Por ello, denunciamos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el uso de recursos de procedencia ilícita, lo hicimos tomado en cuenta que, como nunca, la autoridad electoral cuentan con las facultades necesarias para entrar a fondo y fiscalizar los recursos empleados para la competencia política. Lo hicimos en defensa –no de candidato o candidata alguna– sino de la equidad en la contienda política, como el principio fundamental de nuestra democracia y defendiendo el derecho de millones de mexicanos y mexicanas a un voto libre de cualquier forma de condicionamiento. La forma y las razones a partir de las cuales el INE determinó la improcedencia de nuestra denuncia, nos han permitido atestiguar cómo la mayoría de las y los consejeros del INE, han validado la omisión de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien, entre otras cosas, tardó 30 días en la admisión de la queja; no citó a declarar a funcionarios públicos clave en la denuncia que presentamos; no citó a declarar a las empresas que aparecen en la denuncia, como es el caso de OHL; no investigó el destino de recursos públicos, por transferencias ilegales, desde el Gobierno Federal al gobierno del Estado de México; permitió que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República (PGR) le negara los reportes de disposiciones en efectivo; no exigió al Gobierno encabezado por Eruviel Ávila información que permitiera vincular el padrón de beneficiarios de programas sociales, con las tarjetas de débito Banorte que fueron reveladas en nuestra denuncia. Es decir, no llevó a cabo una investigación exhaustiva y renunció a ejercer las facultades y atribuciones que la Constitución y la ley le confieren. En la denuncia ofrecimos una tarjeta de débito de Banorte que se empleaba para el pago de operadores del PRI, la autoridad pudo demostrar que se trataba de recurso públicos del programa “Mujeres que logran en Grande”, solo uno de los 60 programas sociales que hay en esa entidad. Se acreditó que cerca de 9 mil representantes de casilla formaban parte del padrón de beneficiarios, de ellos, el 67% fungieron como representantes de casilla de Alfredo del Mazo. La mayoría de los integrantes del Consejo General del INE se negaron, ya no digamos a sancionar, sino a realizar al menos una investigación por considerar este hecho como irrelevante. Solo ese programa tiene más de 140 mil beneficiarias, ¿a cuántos de ellas se les condicionó? ¿los recursos llegaron realmente a sus destinatarios? ¿fueron desviados? El INE decidió cerrar la investigación. El INE decidió no saber. La queja presentada por Ahora revela, particularmente, que lo más grave del proceso de restauración autoritaria no solo son las prácticas fraudulentas de Peña y el PRI, sino las omisiones y la complicidad que permite la impunidad dentro de las Instituciones Electorales, como los son los OPLES, el INE y el propio Tribunal Electoral. Lo más grave es la impunidad, que frente a una creciente institucionalidad autoritaria se normaliza, oculta y “legaliza”, como ocurre en las elecciones de Coahuila y el Estado del México. Por ello en las últimas semanas, otra vez y gracias al esfuerzo de voluntarias y voluntarios y al equipo de Ahora, presentamos una nueva investigación sobre el secuestro del INE. Un trabajo que documenta y exhibe el fracaso institucional de los objetivos para los que fue creado el INE en la reforma constitucional de 2014. Si en 1988 las elecciones mostraron las miles, quizá millones de boletas que no se contaron y los miles de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto por no estar en el padrón electoral, las elecciones de los últimos años muestran cómo se desvían miles de millones de pesos de dinero público, sin consecuencias de carácter electoral en nuestro país; cómo la corrupción en el ejercicio del poder y la representación pública, procede del financiamiento ilegal de las campañas electorales, devastando al Estado y la democracia por la que hemos luchado por décadas.
  • 30. El elemento común entre las elecciones del 88 y las de este año, es una autoridad que, por subordinación, complicidad e incapacidad, no ofrece, y mucho menos garantiza, las condiciones democráticas por las que hemos pugnado, reconociendo y haciendo frente a los actuales desafíos democráticos. En el 2018 se cumplirán 30 años del fraude electoral de 1988 y estamos frente a una de las crisis más importantes de la institucionalidad de la que tengamos memoria. El próximo año se celebrarán al menos 30 elecciones locales, la presidencial, la de senadores y diputados. Como nunca, estaremos frente al mayor número de servidores púbicos y representantes que hayamos elegido en un mismo día, al mismo tiempo. Estamos frente autoridades electorales que han sido incapaces de frenar o levantar la voz, ante el cúmulo de irregularidades que se advierten; frente autoridades incapaces de reconocer que la fiscalización de la que son responsables ha fracasado de modo sistemático; que las autoridades electorales que ellos y ellas eligieron para los estados están al servicio de gobernadores; autoridades indispuestas a enfrentar al Presidente y su gabinete vuelto maquinaria electoral; de autoridades que abdican de las facultades que sí tienen. De una autoridad que, en lugar de encabezar la indignación frente a la restauración, encabeza su normalización y la justifica. Por ello, en defensa de la democracia, el Estado Democrático de Derecho y la institucionalidad democrática la iniciativa Ahora plantea las siguientes exigencias: 1- La renuncia de quienes integran el Consejo General para dar lugar a una nueva conformación de autoridades en el INE, con personas que generen y recuperen la confianza, garantizando la celebración de elecciones libres y equitativas, cuyo proceder sea apegado a los principios constitucionales de la función electoral, especialmente el de independencia e imparcialidad. Personas capaces de ejercer con autonomía todas facultades que la legislación ofrece. Particular atención requiere el cese inmediato Eduardo Gurza Curiel, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien ha dado sobradas muestras de incompetencia y complicidad. 2- Se celebren nuevas elecciones en el Estado de México y Coahuila, organizadas por autoridades independientes y autónomas, que garanticen la equidad de la competencia política y el voto libre. 3- Se determine la atracción de las 30 elecciones del próximo año, en tanto no se tengan garantías de funcionamiento independiente y autónomo de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES). Invitamos a la sociedad y a sus organizaciones a unirse en la exigencia por el derecho que tenemos a tener una autoridad independiente e imparcial que defienda las elecciones de injerencias ilegales y arbitrarias. Convocamos a las fuerzas políticas, actores políticos y autoridades comprometidas con la democracia, a retomar el camino y el proceso de cambio político para integrar una nueva autoridad electoral y contribuir con la construcción de condiciones democráticas de cara a las elecciones del 2018. Muchas Gracias.