Sintesis informativa 20 de junio 2017

Golpe a la economía de familias en Oaxaca; proponen
transportistas subir a $10 el costo del pasaje
Citlalli Luciana
Empresarios transportistas del estado de Oaxaca , han anunciado un incremento de tres pesos al
costo del pasaje en sus diferentes rutas en todo el Estado. El incremento entraría en vigor el
próximo lunes y representa un incremento del 30 al 40%.
Empresarios que agrupan a varias líneas, argumentaron que la no actualización de las tarifas los
hacen no ser competitivos y que el incremento es en aras de ofrecer un transporte sustentable,
moderno, eficiente y dinámico.
En conferencia de prensa el anuncio lo hicieron los empresarios de Tusug, Silvia Martínez
Ortega; de Sertexa, Manuel López Martínez; de Chóferes del Sur y Tucdosa, Alejandra Gutiérrez
Candiani; y Antonio Acevedo Salinas de Empresarios en movimiento para el mejoramiento del
transporte de Oaxaca.

El incremento Impactaría a 400 mil usuarios en el caso del capital en donde circulan más de 800
unidades.
Los trasnportistas pidieron al gobernador del Estado, Alejandro Murat su apoyo al argumentar
que no han sido escuchados por el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra),
Francisco García López, quien los ha ignorado.
"Nosotros hemos apoyado y participado responsablemente en los programas que el gobierno ha
puesto en marcha, con responsabilidad en beneficio de los usuarios", argumentaron los titulares
de las lìneas de transporte.
También dijeron que los aumentos en los combustibles han repercutido en sus ganancias, al igual
que el alza en los insumos, además de carecer de algún subsidio gubernamental.
Dijeron que muchas de las empresas operan con carteras vencidas tras el pago de la compra de
nuevas unidades y una economìa muy golpeada.
La última vez que las tárifas se incremetaron fue en octubre de 2015.
Los operadores del servicio urgieron a las autoridades la aprobación de la nueva tarifa.
Trafican exfuncionarios con predio en
Tilcajete, Oaxaca
Plazuela de San Martín Tilcajete.
Luis Ignacio

El presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de San Martín Tilcajete, Antonio Fuentes
Vásquez, acusó al ex consejero jurídico del gobierno estatal, Víctor Hugo Alejo Torres; el ex
secretario de administración, Alberto Vargas Varela; al ex director de Patrimonio de la misma
dependencia, Gabriel Morales Ronzón; y un señor de nombre Octaviado, de escriturar a su
nombre 43 hectáreas de terreno, en las que supuestamente se iban a construir un nuevo relleno
sanitario.
Afirmó que por esta razón ya presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría y
Patrimonio Gubernamental, “pues no es posible que éstas cuatro personas hayan dividido el
predio en cuatro parte, para quedarse cada uno de ellos con 10.75 hectáreas”.
-¿Ya están escriturados estos terrenos?
-Ya y las escrituras están a nombre de estas cuatro personas, como si ellos las hubieran adquirido
con recursos propios; lo que claramente no es así y todo resulta un fraude.
Fuentes Vásquez comentó que las 43 hectáreas supuestamente se iban a utilizar para instalar un
basurero y relleno sanitario, “cuando nosotros ya acordamos que no vamos a aceptar que nos
pongan el basurero ahí; si el gobierno del estado quiere apoyar al presidente municipal de la
capital, José Antonio Hernández Fraguas, pues que ponga el basurero en San Felipe del Agua,
¿por qué quieren ensuciar nuestra casa? San Martín Tilcajete es un pueblo turístico y
pretendemos que sea un Pueblo Mágico, entonces la basura va a echar a perder nuestros
proyectos”.
Manifestó que las 43 hectáreas supuestamente se compraron por un total de 50 millones de pesos
del gobierno estatal, pero al municipio, “al ejido no le llegó un solo centavo”.
Informó que ya presentaron las demandas respectivas en la contraloría del estado, “a fin de que la
fiscalía investigue y sanciones a los ex funcionarios que pretenden quedarse con un terreno que
nos les pertenece”.
Pidió al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, que se investiguen estos hechos y se
castigue a los responsables.
“Además los hago responsables de mi integridad física, porque a finales del sexenio pasado recibí
muchas amenazas, inclusive de muerte; yo estuve demandando porque fuimos a detener una
camioneta cuando pretendían cercar el predio, me acusaron de robarme el vehículo, de secuestro,
pero finalmente me liberaron”.
-Lo que denuncia es que éstos ex funcionarios públicos pretenden quedarse con las 43 hectáreas
de tierra…
-Sí, pues si.
-¿Ya están hechas las escrituras?
-Sí, pero lo grave es que salieron a nombre de ellos.
-¿Eran tierras ejidales?
-Sí, las separaron del núcleo ejidal de manera dolosa, pero son nuestras tierras. Las tierras están
en lo alto de una loma. Por eso demandamos al gobierno del estado que se investiguen estos
hechos y se aclare la situación.

Responsabilidad, piden empresarios del
Istmo a Pemex
Organismos empresariales ofrecieron ayer una conferencia de prensa.
Lizeth Rodríguez
SALINA CRUZ, Oaxaca.- Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco-Servytur), de los municipios de Salina Cruz, Ixtepec, Matías Romero, Tehuantepec y
Juchitán, fijaron ayer su postura en torno a los acontecimientos de los últimos días en esta ciudad,
que han puesto a prueba la capacidad de respuesta por parte de autoridades de los tres órdenes de
gobierno y la organización ciudadana.
Los líderes empresariales dieron a conocer ocho puntos que consideran ampliamente necesarios y
fundamentales para consolidar el desarrollo no sólo de Salina Cruz sino de la región entera. En
primer lugar, consideran indispensable retomar el proyecto de Reconfiguración de la refinería
Antonio Dovalí Jaime, que desde principios del 2015 prometió aquí en Salina Cruz el presidente
Enrique Peña Nieto, en lo que fue su primera gira de trabajo al estado oaxaqueño. Los trabajos al
interior de la factoría, precisaron, generarán empleos en la región.
Demandas urgentes
Otro aspecto que plantearon como urgente es el hecho de destrabar la problemática en cuanto a la
contratación de personal para la realización de trabajos de limpieza, así como: solicitar que
Pemex promueva una campaña de prevención y capacitación a la ciudadanía para evitar el pánico
en nuestra ciudad, resarcir el impacto ambiental que generó la contingencia del pasado miércoles,
certeza para los inversionistas, reactivación económica en la región del Istmo, atención adecuada
y oportuna de las vías de comunicación para el abastecimiento de productos, información del
proceso y desarrollo de los avances sobre Zonas Económicas.
Roberto López Guízar, presidente de la Canaco Salina Cruz señaló que el organismo empresarial
realizará un proyecto de invitación para crear un bloque común en beneficio de la reactivación de
la zona, ya que requieren ser escuchados. Consideró indispensable la únión de las cámaras
empresariales en un Frente común.
Caos y miedo
De su lado, el delegado de la Canacintra, Abimael Olivera Pérez, se quejó porque durante la
contigencia presentada la semana pasada, la sociedad de Salina Cruz no tuvo acceso a
información fidedigna y que privó la especulación en torno al suceso dentro de la refinería, lo que
provocó -dijo- caos y miedo. En tal sentido, reiteró que se le hará la petición a Pemex para que
contemple realizar una campaña de prevención y capacitación a la ciudadanía para que esta
situación no vuelva a suceder.
"Debemos exigir a Pemex que promueva un simulacro a nivel regional y que haya un protocolo
de seguridad, hace falta la comunicación, así como realizar y considerar vías alternas de

evacuación en caso de algún siniestro mayor, y así se pueda tener un rápido acceso para salir de
la ciudad, necesitamos dialogar y proponer este tipo de acciones”, subrayó.
Entregarán documento
Indicaron que el miércoles se hará entrega oficial de un documento al presidente Enrique Peña
Nieto y al gobernador Alejandro Murat para que ambos órdenes de gobierno tomen cartas en el
asunto, ya que debido a todo lo que se ha presentado en Salina Cruz en todos los ámbitos, ha
impedido que avance de una manera positiva.
Ecocidio en Tejalápam, Oaxaca; mueren
miles de peces
EMILIO MORALES
La muerte de los peces.
Juan Zavala
Miles de peces de una represa para la retención de agua en el municipio de San Felipe Tejalapam
han muerto desde el sábado 17 de junio y se desconocen las causas, informaron las autoridades
municipales.
Ningún representante de dependencias responsables del medio ambiente han acudido al lugar
para revisar las condiciones en las que se encuentra el agua.
El síndico municipal de San Felipe Tejalápam, Primitivo Juárez Cruz, informó que el sábado por
la noche recibieron el reporte de la muerte de los peces mojarra en la represa conocida como El
Burro y un día después realizaron la limpieza con el levantamiento de los animales; pero ayer
persistía la mortandad.
La represa El Burro. FOTO: Emilio Morales

Las autoridades municipales contactaron a un biólogo para que realizara estudios y determinar
cuáles fueron las causas.
La primera revisión física de los peces no muestra señales de envenenamiento. Aun queda, sin
embargo, conocer los resultados de los laboratorios en lo que especulan podría ser consecuencia
de algún metal como algún tipo sulfato o por la lluvia que ha caído en la región, quizá
contaminada.
El Burro es uno de los tres bordes de tierra que se construyeron en la comunidad para la
captación de agua, con el objetivo de retener el liquido y permitir su infiltración al subsuelo; las
otros dos se llaman El Negro y Tapanalán. Además edificaron alrededor de una decena de ollas
de captación de agua.
Las autoridades agrarias tomaron la decisión de sembrar mojarras y carpas en sus bordes de
retención y han permitido la pesca. Habitantes de San Felipe Tejalapam, San Lorenzo
Cacaotepec, Guadalupe e incluso de la agencia municipal de Viguera, perteneciente a la ciudad
de Oaxaca, acuden a este municipio para realizar esta actividad.
Sólo un hecho similar se presentó hace alrededor de nueve años en la represa de retención de
agua llamada Tapanalán, informó Rogelio Antonio Muñoz Muñoz, suplente del Síndico
Municipal de Tejalápam. En esa ocasión, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) les dijeron que se debió a un tipo de aceite que
fue arrojado al agua.
Las autoridades municipales, acompañados de comuneros y policías, iniciaron nuevamente la
limpieza de la represa y acordonaron el área para evitar que el acercamiento de la gente y la
pesca; también dijeron de medidas para evitar que el agua pueda llegar a los arroyos y
contaminarlos.
Planean antorchistas extenderse en la Costa
Por Mario Méndez
Pretenden lograr 10 millones de agremiados en siete años
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX.
El Movimiento Antorchista Nacional realizó ayer una conferencia para sus integrantes de la seccional Pinotepa
con el fin de dar a conocer las estrategias de crecimiento en la Región de la Costa.

Ante más de mil 500 participantes que se congregaron en el auditorio Héroes del Socialismo Científico en la
colonia Reforma, al poniente de esta ciudad, Eleusis Córdova Morán, líder de este movimiento en el estado de
Puebla, instó a todos a seguir trabajando comprometidamente con para alcanzar los 10 millones de miembros
en el 2024 en todo el país.
Dijo que se logrará que Antorcha Campesina, se coloque en espacios políticos relevantes en cada uno de los
estados, para aplicar los principios del Movimiento que ha dado sendos resultados para resolver los asuntos
sociales de los pueblos.
Desde las siete de la mañana, los antorchistas procedentes desde Juquila, Río Grande, San Pedro Amuzgos, San
Juan Cacahuatepec, Llano Grande, Santiago Tapextla y de esta ciudad, llenaron el amplio auditorio para
asimilar la disertación del 1X1x1, estrategia de crecimiento que aplican en cada uno de los seccionales en que
tienen estructurado al país.
Por su parte, Marcos Vásquez Nicolás, líder de la seccional Pinotepa, mencionó que los antorchistas continúan
en crecimiento constante en toda la región, de tal forma, que dentro de poco tiempo se van a posicionar,
además de Movimiento en espacios políticos importantes, para demostrar que Antorcha Campesina es la opción
para salir de la marginación.
Mencionó que durante los próximos meses, además de actividades de capacitación, también se seguirá
gestionando con las autoridades municipales, como es el caso de Pinotepa Nacional, donde esperan que las
respuestas sean para el beneficio colectivo.
Las actividades culminaron alrededor de las 13 horas, por lo que, con gran entusiasmo, los comités y líderes de
Antorcha Campesina en la región, retornaron a sus lugares de origen.
Designan a nuevo Vicefiscal y Director de Averiguaciones Previas del Estado de Oaxaca
Por: Carlos Tirado
Oaxaca de Juárez, México.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer
los nombres de los recién designados titulares en la Vicefiscalia. de Atención a
Víctimas, y Dirección de Averiguaciones Previas.
El Fiscal General del Estado, Doctor Rubén Vasconcelos Méndez, designó a Fernando
Francisco Coronado Franco como Vicefiscal General de Atención a Víctimas y a la
Sociedad, y a Alejandro Alfonso Ramírez Hernández como Director de
Averiguaciones Previas y Procesos.
Al tomarles protesta, el Fiscal General del Estado llamó a los servidores públicos
recién designados, a actuar con determinación y congruencia con los principios
constitucionales que rigen la actuación del Ministerio Público en la entidad, y a
demostrar en todo momento el profesionalismo y el compromiso con la procuración de
justicia que la sociedad oaxaqueña demanda de la Fiscalía General del Estado.
El nuevo Vice Fiscal General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, es Licenciado
en Derecho por la UABJO, con estudios de Maestría y Doctorado en Derecho por la
UNAM. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran el de Subprocurador

Jurídico y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal; Coordinador de Asesores del Subprocurador de Derechos Humanos de la
PGR; Consultor General Jurídico y Director General de la Primera Visitaduría de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Asimismo, en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión se desempeñó como Secretario Técnico de la
Comisión de Justicia y, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como Asesor
Jurídico de la Subsecretaria para Derechos Humanos, entre otros.
Por su parte, el recién designado Director de Averiguaciones Previas y Procesos es
Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Ha sido Director del
Instituto de Formación y Capacitación Profesional de la Fiscalía General del Estado;
Coordinador General de Control de Fiscalías adscrito a la Vicefiscalía General de
Control Regional; y Fiscal Coordinador de Ministerios Públicos adscrito a la
Subprocuraduría Especializada en Justicia para Adolescentes.
Piden a turisteros inscribirse en el Registro Nacional de Turismo
Por Humberto A. Torres
La inscripción es gratuita, pero de no cumplir con esto podría desencadenar multas
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
Prestadores de servicios turísticos de Oaxaca de Juárez que se inscriban en el Registro Nacional de Turismo
(RNT), formarán parte de un catálogo nacional que permitirá brindar mayor certeza a clientes y proveedores de
la industria.
A 10 días que concluya el plazo para ingresar, la Dirección General de Turismo Municipal reiteró la invitación
a los prestadores de servicios turísticos de Oaxaca de Juárez a inscribirse de manera gratuita.
Mediante este registro se pretende conformar un catálogo de toda la oferta turística de México, facilitar la
comunicación de los distintos niveles de gobierno con los prestadores y ofrecer nuevas oportunidades de
negocio.
A través del registro distintos usuarios pueden localizar a la empresa y encontrar sus datos. Cabe mencionar
que algunas empresas internacionales lo requieren para hacer tratos con ellos.
El plazo vence el próximo 30 de junio y puede hacerse en línea a través de la página de la Sectur federal

(http://www.gob.mx/sectur/articulos/registro-nacional-de-turismo-25058) o de manera presencial en la
Ventanilla de Atención a Prestadores de Servidores Turísticos de la Sectur.
De acuerdo con la convocatoria, los prestadores obligados a registrarse son los pertenecientes a giros de
hospedaje, alimentos y bebidas, agencias de viaje, transportadoras turísticas, tour operadores, balnearios y
parques acuáticos, arrendadoras de autos y operadoras de turismo y naturaleza, entre otras.
De no cumplir con los plazo antes señalados, los prestadores de servicios se pueden hacer acreedores a una
multa que podrá ir de 500 hasta 1 mil 500 días de salario mínimos o en su defecto, el cierre de las unidades.
Protestan contra la SCT en la Costa de Oaxaca
El incumplimiento de la dependencia para reparar fallas en la infraestructura
hidráulica ocasionó el enojo en habitantes de Tonameca.
Patricia Pacheco
Mar, 06/20/2017 - 07:42
SANTA MARÍA TONAMECA, Oaxaca.- Con la toma pacífica de oficinas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) en Puerto Escondido y el bloqueo parcial de la carretera
federal 200 a la altura de la comunidad Macahuite durante un par de horas, habitantes de
comunidades de Santa María Tonameca protestaron por inconsistencias en la infraestructura
hidráulica de los trabajos de ampliación de la vía troncal, que les han ocasionado inundaciones y
daños en inmuebles.
Molestos por la omisión y tardanza de la SCT para recomponer el diámetro de las alcantarillas
ubicadas en Macahuite, Lagartero y El Coco, hecho que sumado a las intensas lluvias producidas
por los fenómenos Beatriz y Calvin provocaron inundaciones en escuelas, casas particulares y en
un campo de futbol, decenas de habitantes encabezados por el edil Jesús Leyva Martínez, se
manifestaron en oficinas de la residencia SCT en Puerto Escondido y pidieron una explicación a
funcionarios de la dependencia.
Acompañan autoridades reclamo ciudadano
“Como autoridades tenemos que ser solidarios con los reclamos que hacen nuestros
conciudadanos, por eso, derivado de una reunión con ciudadanos de Macahuite, se llegó al
acuerdo de que era necesario ejercer presión sobre las autoridades por no haber cumplido la
reparación solicitada al encargado de la obra desde hace dos meses”, refirió Leyva Martínez.
El edil explicó que los habitantes de Macahuite ya habían alertado a la SCT sobre el hecho de que
el diámetro del desfogue del vado no era del tamaño adecuado para que el agua que vertía el
arroyo en esa zona fluyera sin contratiempos; de ello existe un escrito en el que la constructora se
comprometía a subsanar las fallas, sin que hasta ahora ello sucediera.

“Nos vimos obligados a realizar esta protesta pacífica y no nos vamos a mover, e incluso
podríamos emprender otro tipo de acciones si no vemos una respuesta favorable a nuestras
peticiones”, aclaró.
Daños en escuelas y viviendas
Habitantes se quejaron de las afectaciones que la falta de cuidado de la constructora para
construir las alcantarillas, había traído consigo; de manera particular mencionaron los daños a dos
escuelas de educación básica en la comunidad Macahuite que resultaron inundadas; el campo de
futbol de la localidad que prácticamente desapareció por el exceso de agua, y daños en otro
plantel escolar de la comunidad El Coco.
Luego de varias horas del plantón en las oficinas de la SCT y de que el edil y regidores fueran
exhortados por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (Segego) a participar hoy
martes en una mesa de negociación en la ciudad de Oaxaca con dependencias como Caminos y
Aeropistas de Oaxaca (CAO), SCT y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura
(Sedapa), un grupo de habitantes de Macahuite sorprendió con un bloqueo parcial en la vía
federal 200 alrededor de las 16:00 horas.
Con el paso de las tormentas Beatriz y Calvin, las fallas en la
obra carretera ocasionaron inundaciones en casas y escuelas,
señalaron los quejosos.
Podrían bloquear nuevamente
Después de dos horas de protesta, el edil conminó a los quejosos a liberar la carretera y a seguir
pendientes del desarrollo de la negociación y los compromisos adquiridos en lo inmediato por la
SCT, quien a través de la constructora iniciaría este martes por la mañana con la reparación de las
alcantarillas.
Sólo en caso de que no se cumpla con este resarcimiento en la obra, los habitantes podrían volver
a bloquear la vía troncal durante el transcurso de la mañana, sentenció el munícipe.
Piden informes sobre recursos del Fonden
Finalmente, Jesús Leyva adelantó que la visita de este día en la ciudad de Oaxaca con
representantes del gobierno estatal servirá también para saber el estado de los recursos del Fondo
de Desastres Naturales (Fonden) comprometidos para el municipio de Tonameca y otros apoyos
que no son visibles, a casi 20 días del paso de la tormenta Beatriz.
“Vamos a recordarles el grado de afectaciones que tuvimos por las tormentas y queremos saber
cuándo empiezan a fluir los recursos del Fonden. Pensamos que los recursos iban a llegar
directamente a los municipios, pero nos enteramos que pasarán antes por el gobierno del estado y
queremos saber cuándo bajan, pues nos urge continuar con la reparación de la infraestructura
carretera en todo el territorio municipal”, afirmó.

Gerente de financiera es asesinado por ataque
armado en Pinotepa Nacional
El homicido fue aproximadamente a las 20:15 horas.
REDACCIÓN
El gerente de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero
(FND), Wiliberto Rodríguez González, fue asesinado aproximadamente a las 20:15 horas, cerca
de la esquina de la calle Novena Sur y la avenida Venustiano Carranza (Barrio del Puente, detrás
del hotel Carmona).
El hombre de aproximadamente 30 años recibió varios impactos de bala y falleció por el ataque;
los cuerpos de seguridad informaron que laboraba en este organismo descentralizado ubicado en
la ciudad de la región costeña
Rodríguez González era originario de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca y tenía su domicilio en la
calle 5a. Sur de la Colonia 5de Mayo Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Nochixtlán:“El coraje es lo que nos mantiene de pie”
Dos de los hijos de Sergio, Óscar y Javier, salieron ese domingo 19 de junio de 2016 a defender a los
maestros que habían sido desalojados del bloqueo carretero sobre la autopista internacional que va
hacia Oaxaca Sergio Luna Cruz continúa trabajando para terminar la tumba de su hijo Óscar Luna Aguilar,
fallecido en el enfrentamiento del 19 de junio de 2016 (VALENTE ROSAS. EL UNIVERSAL
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Sergio Luna Cruz tiene las manos manchadas de pintura blanca: lleva varios días trabajando a sol y a
lluvia para terminar la tumba de su hijo Óscar Luna Aguilar antes de que se cumpla el primer aniversario
de su muerte. Hombre de campo que se dedica a cultivar forraje y alfalfa además de criar ganado, platica
que sus padres lo enseñaron a trabajar así como él lo enseñó a sus tres hijos. Óscar, el más grande, era
comerciante: vendía jugos en el mercado y repartía desechables entre los locatarios. Dejó una niña de
tres años, Jasibeth Durley con quien “era muy cariñoso y ella siempre fue su prioridad hasta el último día
de su vida”. “Tenía 23 años”, cuenta, se le quiebra la voz, “a su escasa edad siempre se destacó por ser
una persona noble, sencilla y sobretodo muy responsable de sus actos. Eso es lo que, en pocas palabras,
resumo de lo que fue Óscar Luna”. Dos de los hijos de Sergio, Óscary Javier, salieron ese domingo 19 de
junio de 2016 a defender a los maestros que habían sido desalojados del bloqueo carretero sobre la
autopista internacional que va hacia Oaxaca. Primero los vio salir de su casa para auxiliar a los heridos,
luego fue a buscarlos a la carretera porque no regresaban; no los halló y para salir de ese infierno de
humo y calor, se arrastró por el suelo evitando las balas, y luego fue a recorrer todo el pueblo cuando un
conocido le dijo que a Óscar le habían disparado. Sus hijos no se separaron y Javier fue quien vio primero

cómo le dispararon a Óscary luego cómo cayó; intentaron arrebatárselo pero Javier se aferró al cuerpo
de su hermano, hasta que se lo regresó a su padre.
“En todo momento, mi hijo Javier estuvo con él, nunca lo dejó, lo ayudó a salir de ahí. Venía la policía
para quitárselo, Javier lo carga y lo saca en una lluvia de balas, afortunadamente a él no le toca ni un
balazo”, comenta. A partir de la muerte de Óscar, la vida cambió por completo para su familia: antes
salían juntos a comer los fines de semana e iban a misa los domingos; dejaron de hacerlo porque al salir,
echan de menos a su hijo, aficionado del billary quien soñaba con convertirse en criminólogo. “No hay
nada que se le compare, esto va más allá del dolor. Lo natural es que los hijos lo entierren a uno. Mi hijo
era responsable, siempre cumplió con sus obligaciones”, cuenta, apoyado sobre la tumba de Óscar que
tenía 23 años; el mismo Sergio la pintó, la diseñó, y le está dando los último acabados. “Totalmente
devastados como familia y más ella como madre. Lo que nos mantiene es hacer justicia. La rabia, el
coraje es lo que nos mantiene de pie”, cuenta y devuelve una mirada con los ojos más tristes.
Nochixtlán: un año sin justicia
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
H
ace un año, Aurelio Nuño sevolvió mudo e invisible durante 50 horas. En la más dramática crisis
de su gestión al frente del sector educativo, desapareció y calló. El funcionario adicto a las
pantallas televisivas, los micrófonos y las líneas ágatas, se esfumó.
El secretario de Educación, quien durante meses se hizo fotografiar rodeado de policías y
militares, como advertencia de lo que le esperaba a los miles de maestros que se oponían a la
reforma educativa, desapareció de los medios cuando la fuerza pública asesinó a ocho pobladores
de Nochixtlán que rechazaban esa reforma.
Tuvieron que pasar más de dos días y sus noches para que Aurelio Nuño diera la cara al país
y a los maestros. Pero en lugar de reconocer la gravedad de la situación que su empecinamiento y
torpeza política provocaron, se limitó a lamentar los hechos y a amenazar con que la reforma
educativa seguiría su curso.
La responsabilidad del titular de Educación en la masacre no se puede ocultar. El 19 de junio
de 2016, la fuerza pública desalojó violentamente un bloqueo carretero que maestros y habitantes
del municipio mixteco de Nochixtlán habían instalado para exigir la derogación de la reforma
educativa. Las protestas magisteriales en la entidad se habían radicalizado a raíz de la arbitraria e
injusta detención, seis días antes, de Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, y de
Francisco Villalobos, secretario de organización, y de una salvaje campaña de hostigamiento
contra los profesores de la CNTE por parte de Nuño.
Ha transcurrido un año y un día de ese trágico 19 de junio, en el que distintas policías
ultimaron a ocho habitantes de Nochixtlán, hirieron de bala a más de 100 y dañaron física y
emocionalmente a más de 400, entre ellos, muchos niños. Y, a pesar de cargar sobre sus hombros
con esa agresión, el responsable de la enseñanza pública del país sigue tan campante en su carrera
por la Presidencia.
Ha pasado un año y un día de la masacre, sin justicia, sin verdad, sin reparación de daños. Un
año y un día de acoso sistemático y sostenido a las víctimas mediante un grupo paramilitar. Los
pistoleros pintan letreros en las casas de las mujeres donde las acusan de ser putas. Visitan las
casas de las víctimas y las llaman por teléfono para amedrentarlas. Intentaron matar al presidente
de los afectados, el profesor Santiago Ambrosio (que fue herido de bala en una pierna). Balean y
destruyen las estatuas que la comunidad levantó en memoria de los ocho muertos. Nadie está a
salvo. Incluso han llegado a encañonar al ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert.

La exigencia de esclarecimiento de los hechos del 19 de junio, justicia y reparación del daño
son demandas del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio de Nochixtlán, de
la sección 22 y de la CNTE. Los afectados se han transformado en defensores de derechos
humanos. Han echado a funcionar una radio comunitaria (permanentemente hostilizada por los
paramilitares) y establecido alianzas con grupos de víctimas en todo el país. Esperan que su
experiencia pueda servir para reorientar otros casos.
Rubén Alcídes, presidente municipal de Nochixtlán agrede permanentemente a las víctimas.
Ninguna ha recibido atención sicológica. El alcalde (con apoyo de la PGR) busca confrontar a la
población con los damnificados, responsabilizándolos del crecimiento de la inseguridad pública y
de la falta de servicios sanitarios y educativos.
La PGR busca diluir las responsabilidades institucionales de la masacre y trasladarlas a
algunos policías en particular. Aunque anunció que había detenido a varios de los culpables, no
ha notificado a las víctimas. Uno de los detenidos ya salió libre por no haberse seguido el debido
proceso.
El Comité de Víctimas ha definido 12 puntos para atender el conflicto. Sobresalen dos: a) que
las víctimas puedan contar con asesores jurídicos y peritos que dominen el entorno antropológico
y comunitario que permita entender cómo una comunidad indígena responde a una agresión como
la que sufrió Nochixtlán; b) que la toma de las declaraciones de los daminificados pueda
efectuarse en un recinto institucional de organismos de derechos humanos.
A corto plazo trabajan para que puedan hacerse las diligencias periciales, en las que el
defensor de derechos humanos pueda ser llamado para fungir como introductor a los testimonios
de las víctimas. Asimismo, en la elaboración de una teoría del caso, en la que se establezcan
responsabilidades administrativas y penales por acción y por omisión impropia, en todos los
niveles de gobierno. Esto, en la medida en que los distintos mandos del gobierno no frenaron la
agresión y pudieron haber retirado a policías en cualquier momento. Buscan que los responsables
de perpetrar las heridas de bala a los 100 pobladores sean juzgados no sólo por lesión, sino
también por intento de homicidio.
El conflicto de Nochixtlán está en camino de internacionalizarse. Las víctimas decidieron ya
acudir a mecanismos internacionales de derechos humanos ante las continuas agresiones contra
denunciantes y sus defensores; el fracaso de las medidas emitidas a escala estatal para víctimas, y
el estancamiento de la investigación oficial de los hechos por falta de condiciones de seguridad
para que los damnificados puedan rendir testimonios. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) aceptó ya la solicitud de medidas cautelares para cientos de daminificados y
para los defensores que llevan el caso. En un descuido, el asunto puede llegar a la Corte Penal
Internacional.
La sospechosa invisibilización de lo ocurrido en Nochixtlán no puede seguir. El ejemplo de
las 50 horas de silencio del secretario de Educación ha sido repetido en otras esferas de gobierno.
Nochixtlán fue un crimen de lesa humanidad. Quienes lo perpetraron deben ser sancionados.
Twitter: @lhan55
Golpean a ombudsman de Oaxaca en acto por Nochixtlán
POR PEDRO MATÍAS , 19 JUNIO, 2017ESTADOS
OAXACA, Oax. (apro).- El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, fue agredido a golpes y amenazado de muerte
por David Venegas, El Alebrije, presunto líder de esquiroles.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:22 horas en la ciudad deportiva de Nochixtlán, donde
se realizaba el concierto “Por la paz y la justicia”, que se llevó a cabo en conmemoración del
primer aniversario del fallido desalojo del 19 de junio de 2016, represión que dejó ocho muertos
y 198 heridos.
El defensor reconoció que El Alebrije” le propinó una patada en los testículos, luego le lanzó un
puñetazo al rostro y lo amenazó advirtiéndole que “ahora sí te va a cargar la verga”.

El secretario general de la sección 22, Eloy López Hernández, sostuvo que el magisterio y el
Comité de Víctimas Por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) lograron controlar la situación
desatada por alborotadores.
En el zafarrancho provocado por El Alebrije también fue golpeado Diódoro “N”, una de las
víctimas del fallido desalojo de 2016.
Peimbert Calvo manifestó que al término de la misa que se realizó en memoria de los caídos en la
masacre de Nochixtlán se trasladó a la ciudad deportiva donde dirigió un mensaje.
Al término de éste, “El Alebrije” “se acercó a gritarme. Quizá pretendió boicotear el mensaje,
pero al bajar del escenario se atravesó acompañado de cinco hombres y comenzó a ofenderme:
“Te va a cargar la verga”, me gritó y acto seguido me dio un golpe en los testículos y otro en la
cara, pero me hice a un lado. Luego llegaron los de seguridad y contuvieron a los esquiroles del
evento en memoria de los caídos”.
Poco después el ombudsman pidió a los integrantes de la Defensoría despojarse de los chalecos
de ese organismo autónomo para evitar ser agredidos.
“¿De qué más es capaz, presidente siniestro?”: Aristegui
POR MATHIEU TOURLIERE , 19 JUNIO, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La periodista Carmen Aristegui increpó hoy al presidente
Enrique Peña Nieto acerca de que las tentativas de espionaje gubernamental contra
activistas y periodistas realizadas entre 2015 y 2016 alcanzaron a su propio hijo, entonces
menor de edad: “¿Para qué quería la información de un adolescente?”, preguntó al
mandatario, al añadir “¿de qué más es capaz, presidente siniestro?”.
Esta mañana, después de la revelación de 12 nuevos casos de activistas y periodistas que
recibieron mensajes de texto infectados con el programa espía Pegasus, organizaciones
defensoras de los derechos humanos interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de
la República (PGR), con el fin de que esta dependencia investigue “a profundidad” el uso que el
gobierno federal destina a estos programas malignos.
En una conferencia de prensa, urgieron que llegue a México un grupo de expertos para dar
seguimiento a la investigación, al estilo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI).

El GIEI coadyuvó en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de
Ayotzinapa y evitó que el gobierno federal cerrara el caso con su llamada “verdad histórica”.
Las víctimas reiteraron el llamado de la sociedad civil a que el gobierno federal haga públicos los
contratos que distintas dependencias celebraron con empresas desarrolladoras de programas
espías, con el fin de conocer a detalle el sistema de espionaje gubernamental que opera en
México.
John Scott Railton, integrante del Citizen Lab, una institución académica adscrita a la
Universidad de Toronto, Canadá, que rastrea y exhibe los programas espías desde hace años,
insistió en que por lo general los gobiernos que emplean estos malwares son “autocráticos” e
incluso “casi dictatoriales”.
Tomó el ejemplo de Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos o países del Medio Oriente, pero
recordó que México era en 2015 el cliente más importante de la empresa israelí NSO Group, la
cual creó el programa Pegasus.
“La ausencia de un sistema de control fuerte y de una adecuada rendición de cuentas abre la
puerta a los abusos”, añadió el canadiense.
Silencio
Pese que el New York Times desplegó en primera plana el reportaje sobre los nuevos casos de
espionaje y que la prensa mexicana retomó abundantemente la noticia, el silencio del gobierno
federal fue casi absoluto.
La única comunicación oficial consistió en una carta que Daniel Millán Valencia, director general
de Medios Internacionales de Peña Nieto, envió a los editores del periódico estadunidense.
En esta carta, la Presidencia de la República negó la existencia de “prueba alguna de que agencias
del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”.
Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se encontraba hoy en Cancún,
Quintana Roo, donde asistió a actos paralelos a la cumbre de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y no emitió pronunciamiento sobre el espionaje.
La responsabilidad de Gómez es doble: la SFP no investigó las evidencias de espionaje
gubernamental contra defensores del derecho a la salud que fueron exhibidas en febrero pasado, y
además la funcionaria estaba a cargo de la PGR cuando se emitieron los mensajes infecciosos a
las víctimas.
Esta dependencia es, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de
Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen), una de las instituciones que es cliente
comprobado de la empresa NSO, y en julio de 2015 Proceso evidenció que Tomás Zerón de
Lucio, entonces a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pretendió centralizar en
la PGR el sistema de ciberespionaje de las procuradurías locales.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos
Personales (INAI), un órgano autónomo que podría investigar de oficio lo ocurrido en las
tentativas de espionaje –es garante de los derechos a la privacidad–, tampoco emitió comunicado
al respecto.
Sin embargo, el informe que publicó hoy la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
demuestra que instancias del gobierno federal estuvieron detrás de las tentativas de espionaje.
El informe plantea que, entre 2015 y 2016, tres integrantes del Centro de Derechos Humanos
Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), los periodistas Carmen Aristegui –y su hijo Emilio–, Rafael
Cabrera, Sebastián Barragán, Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, así
como los activistas Alexandra Zapata y Juan Padiernas –integrantes del Instituto Mexicano por la
Competitividad (Imco)–, recibieron mensajes de texto que contenían un enlace hacia un servidor
de NSO Group.
Al dar clic en el enlace, el programa Pegasus se instala de manera indetectable en los dispositivos
móviles de las víctimas, y toma el control de los aparatos. El celular se convierte, prácticamente,
en un dispositivo espía.

Durante la conferencia de prensa, Luis Fernando García, director de la R3D, recordó que NSO
Group sólo vende sus productos a agencias gubernamentales, e insistió en que las fechas de
recepción de los mensajes coinciden con tiempos en los que los activistas y periodistas
“molestaban” al gobierno federal.
Las múltiples tentativas de infección del equipo de Aristegui se llevaron a cabo en fechas
cercanas a la publicación de ciertos reportajes, entre ellos la revelación de la Casa Blanca de la
pareja presidencial, así como trabajos periodísticos realizados en colaboración con Proceso, entre
ellos sobre las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán o los Panama Papers.
Los mensajes malignos que recibió Loret de Mola coincidieron con sus reportajes sobre la
ejecución extrajudicial en Tanhuato, Michoacán, mientras las de los integrantes del Imco llegaron
a la par de su cabildeo para reforzar la legislación anticorrupción y aprobar la ley “3de3”.
“No podemos tolerar el espionaje ilegal”, insistió Mario Patrón, director del Centro Pro, que
asume el seguimiento de los 43 de Ayotzinapa y logró que el GIEI llegara a México, y también
representa a una víctima de la masacre de Tlatlaya.
El mismo centro llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanas el caso de las
violaciones de 11 mujeres de San Salvador Atenco, las cuales fueron perpetradas durante la
represión de las manifestaciones contra el proyecto de nuevo aeropuerto desatada por el gobierno
de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México.
Ante la instancia interamericana, “el gobierno (federal) de Peña Nieto tendrá que determinar si el
mismo Peña Nieto actuó en violación a los derechos humanos”, recordó el activista.
En todos estos casos, aseveró Patrón, el principal interesado era el gobierno federal, y los
mensajes con vínculos infecciosos que los integrantes del Centro ProDH recibieron coincidieron
precisamente con avances o nuevos acontecimientos en estos casos.
Patrón añadió que el centro sufrió ataques de la “vieja” y de la “nueva” escuela: sus integrantes
recibieron amenazas de muerte por redes sociales, a la par de que personas desconocidas les han
seguido y tomado fotografías.
Los periodistas Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, por su parte, insistieron en el peligro que
representa el espionaje para la protección de las fuentes, la cual es esencial para la labor
periodística.
“No somos los únicos”, subrayó Camarena y, dirigiéndose a la audiencia –conformada por
periodistas, activistas e integrantes de instancias internacionales–, añadió: “Más de uno de
ustedes recordará haber recibido un SMS como estos (…) ojalá y más se sumen y se acerquen
con quienes realizaron el informe”.
Presidencia rechaza espiar a activistas y periodistas; “no hay
pruebas”, dice
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 19 JUNIO, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Presidencia de la República rechazó espiar a
activistas y periodistas con el argumento de que no hay pruebas de que agencias
gubernamentales estén involucradas, contra lo informado hoy por el New York Times y
diferentes organizaciones de la sociedad civil en México.
La comunicación difundida poco después de las seis de la tarde por el vocero presidencial
Eduardo Sánchez Hernández está firmada por Daniel Millán Valencia, director de Medios
Internacionales de la Presidencia.

“Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano
sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”, expone al inicio.
Por la mañana, el diario neoyorquino publicó un reportaje titulado “Usando textos como
señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y sus familias”, en el que expone
los casos de defensores de derechos humanos, lo mismo del Centro Prodh que del Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco), así como de periodistas como Carmen Aristegui y el
equipo de investigación que en 2014 realizó el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”.
En el caso de Aristegui, las pruebas presentadas hoy por diferentes organizaciones de la sociedad
civil, entre ellas la Red por los Derechos Digitales y Artículo 19, demuestran que el hackeo
incluyó al hijo de Aristegui el año pasado, cuando aún era menor de edad.
Aunque está documentado que el software malicioso sólo puede ser adquirido por agencias
gubernamentales y que el informe mencionado apunta al gobierno de Peña Nieto, la Presidencia
de la República rechazó ser el espía y afirmó:
“Para el gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales
de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y estado de derecho.
Por lo tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier
persona”.
Breve, de apenas tres párrafos, la Presidencia llamó a los afectados a presentar denuncias ante la
Procuraduría General de la República (PGR) para que esa dependencia inicie las investigaciones
correspondientes.

Proponen comisión especial para indagar espionaje a
periodistas y activistas
POR JENARO VILLAMIL , 19 JUNIO, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores del Movimiento Ciudadano (MV) proponen
la creación de una comisión especial para investigar las “violaciones graves a derechos
humanos” cometidos por el gobierno federal en contra de activistas y periodistas, a través
de un sistema de espionaje.
El punto de acuerdo que se presentará en la Comisión Permanente, firmado por los diputados
Jorge Alvarez Maynez, José Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, María Candelaria Ochoa
y Macedonio Tamez, es la primera reacción de legisladores ante el escándalo detonado por la
publicación de un informe elaborado por Artículo 19, R3D, y Social Tic, con asistencia de la
canadiense Citizen Lab, donde se da cuenta del espionaje puesto en marcha entre 2015 y 2016.
El punto de acuerdo recuerda la tesis de 2011 de la Suprema Corte de Justicia sobre la
“inviolabilidad de las comunicaciones privadas y sus diferencias con el derecho a la intimidad”,
al tiempo que destaca como delito grave la violación al artículo 177 del Código Penal Federal,
que prevé una pena de seis a 12 años para quienes intervengan comunicaciones privadas sin
mandato de una autoridad judicial competente.
También destaca que el espionaje al hijo de Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, violentó lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
que subraya que los menores de edad “no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia”.
El gobierno federal desatendió también otra tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia, que ordena el deber de todas las autoridades a vigilar y proteger los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
El punto de acuerdo propone la creación de una comisión especial integrada por especialistas,
instancia que indagará las dimensiones de este operativo de espionaje, así como rendir un informe
trimestral sobre su trabajo.
Igual exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría
General de la República y a la Secretaría de la Defensa para “transparentar todo lo relativo a la
compra del equipo” de malware a una empresa israelí.
Amnistía Internacional expresa preocupación por espionaje a
periodistas y activistas
POR LA REDACCIÓN , 19 JUNIO, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se revelara el espionaje del que fueron
víctimas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México, Amnistía
Internacional expresó su preocupación.
A través de un comunicado, la organización internacional señaló que “en un mundo donde los
poderosos imponen de forma creciente un discurso dañino que menoscaba los derechos humanos,
los derechos a la privacidad y a la libertad de asociación y de expresión son más importantes que
nunca”.

Asimismo, dijo que la combinación de vigilancia selectiva, las nuevas tecnologías para amenazar
y silenciar a las personas, el uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas, ha
creado un nivel de peligro sin precedentes para los activistas de derechos humanos, tal como lo
documentó la misma ONG en el informe “Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo
amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil”, en mayo de 2017.
En el pronunciamiento, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas, dijo que esta nueva
evidencia confirma que periodistas y defensores de derechos humanos mexicanos son blanco de
prácticas ilegales diseñadas para interferir y obstaculizar su trabajo.
Agregó que estos hallazgos son consistentes con las investigaciones previas de Amnistía
Internacional y muestran un claro patrón de uso ilegal de la tecnología en un intento de controlar
cualquier crítica contra quienes están en el poder.
“Las personas periodistas y defensoras de los derechos humanos ponen constantemente en riesgo
sus vidas para defender los derechos de todos y para informar al público. Esto no es un crimen y
el espionaje sobre estas actividades es ilegal y no puede justificarse. Estas acciones deben ser
investigadas pronta y adecuadamente”, señaló.
Añadió que las redes de “troles” generan campañas de desinformación cuyo objetivo es
desacreditar y estigmatizar a quienes defienden los derechos humanos.
Mencionó que estas tendencias se suman al ya peligroso arsenal de herramientas de supresión,
entre ellas los homicidios y las desapariciones forzadas, la represión del derecho a protestar de
forma pacífica y el uso indebido de leyes penales, civiles y administrativas para perseguir a los
defensores y defensoras de los derechos humanos, mencionó.
¿Qué es Pegasus?, el malware usado para
espiar en México
A través de mensajes de texto, las víctimas recibían enlaces para descargar el malware que
permitía el acceso a archivos del teléfono e incluso la activación del micrófono y la cámara
del teléfono.
Piratas informáticos realizaron un robo millonario en bancos de varios paises. (Shutterstock)
MARIANA R. FOMPEROSA19/06/2017 01:28 PM
Ciudad de México
Entre 2015 y 2016, varios periodistas y activistas mexicanos fueron objeto de ciberataques
a través de un software malicioso que fue contratado por el gobierno mexicano, reveló un

reporte hecho por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la
oficina para México y Centroamérica de Article 19 y SocialTIC y el cual se publicó en el
diario The New York Times.
Según el informe, en un año se registraron 76 nuevos intentos de infección a través del
malware llamado Pegasus, el cual envía mensajes de texto a sus objetivos con un enlace
que, al hacer clic sobre éste, permite el acceso a la información almacenada en el teléfono,
como correos electrónicos y contactos, y activa los micrófonos y cámaras sin que el
afectado se dé cuenta.
¿Pegasus es de origen mexicano?
No. El malware es desarrollado por la firma israelí NSO Group y, de acuerdo con el reporte
de R3D, se vende únicamente a gobiernos. Según reportes del diario The New York
Times, cada infección exitosa tendría un costo promedio de 77 mil dólares, cerca de un
millón 400 mil pesos.
Una de las primeras ocasiones en las que el malware fue identificado fue en agosto de
2016. En ese entonces, investigadores de Citizen Lab de la Universidad de Toronto
estudiaron el método de infección de Pegasus luego de que el defensor de derechos
humanos, Ahmed Mansoor reportó haber recibido mensajes con textos y enlaces extraños.
¿Cómo funciona?
La persona afectada recibe mensajes SMS con un texto y un enlace malicioso hacia alguna
nota periodística o reporte especializado, sin embargo esto es un engaño. Pegasus se basa
en la ingeniería social, es decir un “método para engañar o persuadir a alguien a través de
canales tecnológicos o bien en persona, y que se utiliza para obtener información
significativa o lograr que la víctima realice un determinado acto”, se lee en el reporte de
R3D.
Al hacer clic en el enlace que acompaña el texto del mensaje, se redirige a un sitio de NSO
Group al mismo tiempo que se instala el malware en el dispositivo. Éste facilitará el acceso a
los archivos guardados en el teléfono como contactos, mensajes y correos electrónicos,
además de que permitirá al atacante activar el micrófono o la cámara del dispositivo sin que
la víctima se dé cuenta.
De acuerdo con la investigación de Citizen Lab, Pegasus utiliza enlaces muy parecidos a
los de sitios de noticias, redes sociales o telecomunicaciones para engañar a la persona
que recibió el mensaje. Además de ser México el país en el que más dominios se
encontraron, los más utilizados fueron: unonoticias.net, y0utube.com.mx, fb-accounts.com y
whatsapp-app.com. Todos, enlaces que no corresponden al del sitio oficial de la red social
o medio de comunicación.
El director de R3D, Luis Fernando García, dijo en conferencia que los mensajes que
reciben las víctimas son personalizados, es decir incluyen información de interés de la
persona y muchas veces incluyen su nombre o nombre de algunos de sus familiares.
Los primeros casos en México
En 2015, el periodista mexicano Rafael Cabrera reportó a través de su cuenta de Twitter los
mensajes que le había llegado y los cuales tenían todas las características que distinguen
a Pegasus.
Casi un año después, dos activistas y un científico que habían impulsado el impuesto a
bebidas azucaradas en México reportaron haber sido víctimas de un ataque a través
de Pegasus.
Según R3D, “se han documentado diversos indicios de la adquisición de equipo de NSO
Group para parte de distintas instancias del gobierno de México, tales como la Secretaría
de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional”.
Y en el más reciente reporte hecho por la organización se señalan a periodistas como
Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola o Salvador Camarena como algunos de los
afectados.
¿Es legal?
De acuerdo con el reporte publicado hoy, en México “no existe regulación específica de
herramientas altamente intrusivas de vigilancia como el software malicioso Pegasus” y
señala que la intervención de comunicaciones privadas se puede dar sólo con la
autorización de un juez federal siempre y cuando el caso sea una amenaza a la seguridad
nacional, según el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Por si fuera poco, la Constitución marca la prohibición de la intervención de comunicaciones
“cuando se trate de cuestiones de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o
administrativo, así como en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”.
#GobiernoEspía. Mi testimonio
Seguro quieren que sepamos que nos están espiando. Quieren hacernossentir vulnerables. Que sepamos
que saben de nuestros hijos, de nuestra vida privada
Carlos Loret deMola
Hace dos años comencé a recibir en mi celular una serie de mensajes de texto inusuales: que debía
dinero en mi tarjeta de crédito, que había hecho un retiro de efectivo, que se reportaba la desaparición
de un estudiante de la UNAM. Siempre, con un vínculo para dar clic. No lo di porque pensé que me había
tocado uno de esos intentos de extorsión tan comunes. Los mensajes se fueron sofisticando: que tenía
problemas con mi visa americana, que unas personas llegaron en una camioneta sin placas preguntando
por mí. Y al final de cada mensaje, el vínculo para dar clic y enterarse de más. Finalmente se volvieron
mensajes a la medida: empezaban con un “Loret” o “Querido Loret”; un amigo que me reportaba la
muerte de su padre, “están sacando chismes tuyos, supuestamente te tomaron fotos en Univisión”, que
una revista publicaría imágenes personales. Los mensajes buscaban despertar la curiosidad. Pero no caí
en su trampa: nunca di clic. Si lo hubiera hecho, mi celular hubiera quedado infectado por un sofisticado
software llamado Pegasus y “alguien más” hubiera tenido acceso total a mis mensajes, llamadas,
correos, contactos, calendario, y hasta a activar el micrófono y la cámara para escucharme y verme todo
el tiempo. ¿Quién era ese “alguien más”? Todas las sospechas apuntan al gobierno federal mexicano,
según el informe publicado por The New York Times, que recoge lo investigado por el Citizen Lab de la
Universidad de Toronto en colaboración con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Social Tic
y Artículo 19, y que puede consultarse en https://r3d.mx/gobiernoespia. El gobierno lo niega pero los
expertos en forense digital tienen pocas dudas de que haya sido la administración Peña Nieto. El mío es
solo uno de los casos. La noticia más importante de The New York Times ayer, en sus ediciones impresa y
digital, fue la denuncia de que “defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción
de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno
mexicano”, concretamente por tres agencias federales que pagaron 80 millones de dólares al fabricante
israelí NSO Group con la promesa de que sólo se utilizaría contra criminales. El informe en el que se basa
la pieza detectó una correlación inequívoca: A Juan Pardinas, director de IMCO, a su esposa, y a la
investigadora Alexandra Zapata, les llegaron los mensajes mientras impulsaban la Ley 3de3. A Mario
Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Pro, y a dos de sus colaboradores (incluyendo una

ciudadana estadounidense), cuando denunciaban anomalías en la investigación de la desaparición de los
43. A Carmen Aristegui, periodista, y a su hijo, a consecuencia del reportaje sobre la Casa Blanca del
presidente. A un servidor, cuando revelé la ejecución extrajudicial de decenas de civiles a manos de la
Policía Federal en Tanhuato y otros expedientes. En un momento en el que los periodistas en México
pagan con sus vidas las denuncias que publican, podría parecer menor el espionaje. No lo es. Porque por
el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los
despidos, el secuestro, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad que favorece que nada de esto se
investigue, que nada de esto se castigue. Todo va en la misma dirección, con distintas magnitudes. Voy
más allá. Seguro quieren que sepamos que nos están espiando. Quieren hacernos sentir vulnerables.
Que sepamos que saben de nuestros hijos, de nuestra vida privada, de nuestro trabajo, de los temas que
investigamos, de las fuentes con las que hablamos. Hay que ser precavidos al extremo, ante este clima
de temor e inseguridad para todos los que buscamos difundir verdades incómodas. Especialmente en un
contexto así, mi solidaridad está con todos –periodistas, activistas, defensores de derechos humanos–
quienes han sido objeto del mismo atropello. Y mis pensamientos, con los colegas asesinados, sus
familiares y sus amigos, y con todas las víctimas de este entorno tan desgraciado.
historiasreportero@gmail.com
Un gobierno que espía
Salvador García Soto
Las denuncias de espionaje contra el gobierno mexicano no son algo nuevo; históricamente se ha
documentado cómo, desde la época del partido de Estado, las escuchas telefónicas, los seguimientos
personalizados y hasta la vigilancia y acoso permanente fueron prácticas comunes del régimen priísta
contra opositores y disidentes del sistema. Con sus distintas estructuras y denominaciones, la DFS,
Inteligencia Militar, policía federal o Cisen, las “policías políticas” y agencias de seguridad siempre
espiaron a organizaciones y personajes considerados “peligrosos”, “amenazas” o incluso “agentes
extranjeros”. La práctica se realizó siempre desde las instancias federales, aunque también hay
gobiernos estatales que, en su afán de control y vigilancia, impulsaron sus propios “centros de
espionaje”, algunos ubicados en el Estado de México. La técnica más recurrente han sido las escuchas
telefónicas, que aún hoy se realizan y son motivo de filtraciones constantes de conversaciones entre
dirigentes políticos, periodistas y activistas de la sociedad civil. Esa práctica nunca se fue, pero ahora se
ha sofisticado con nuevas tecnologías que realizan espionaje ya no basado en líneas domiciliarias, ni en
seguimiento de personas con fichas físicas —como las que aún se guardan en un enorme archivo del
Cisen con datos, vida y milagros de personajes públicos— sino en el uso de malware que convierten a los
teléfonos celulares —que hoy tienen 8 de cada 10 mexicanos— en auténticos espías de la vida privada,
personal y profesional de esos mismos personajes. Eso es lo que ayer denunció el New York Times en un
reportaje que afirma que el gobierno mexicano, a través de diversas agencias de seguridad (PGR, Cisen y
el Ejército) habría espiado a través de sus celulares a varios dirigentes de Organizaciones No
Gubernamentales, defensores de derechos humanos y periodistas a los que se les inoculó en sus
aparatos móviles el llamado software malicioso Pegasus, que convierte a los teléfonos móviles en robots
espías que lo mismo reportan conversaciones telefónicas que correos, mensajes de texto, chats, videos,

fotografías, ubicación y hasta funcionan como cámara y micrófono que transmite, en vivo y directo,
cualquier actividad del dueño del teléfono infectado. Los casos mencionados ayer por el NYT de
activistas como Juan Pardinas, del IMCO, Mario Patrón, del Centro Pro, o los periodistas Carmen
Aristegui (a quien incluso intentaron espiar a su hijo cuando era menor de edad) Carlos Loret de Mola,
Salvador Camarena, Rafael Cabrera y Daniel Lizárraga, autores estos últimos del reportaje de la Casa
Blanca de Las Lomas, constituyen una gravísima denuncia en contra de la administración del presidente
Enrique Peña Nieto que, en el discurso dice respetar la “libertad de expresión y de crítica”, así como el
trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas, pero en la práctica permite que, según el
rotativo estadounidense, sus agencias de seguridad espíen a “personajes incómodos”, utilizando la
tecnología. No es la primera acusación de este tipo al gobierno peñista, sin que haya algo más que un
deslinde y una recomendación desganada para que los personajes espiados “denuncien ante la PGR para
que se puedan realizar las investigaciones correspondientes”. Lo mismo que ayer dijo en una carta al
editor del NYT el Director de medios Internacionales de la Presidencia de la República, Daniel Millán, fue
lo que declararon desde el gobierno el pasado 24 de mayo cuando los dirigentes de 10 organizaciones
civiles acusaron a la administración de Peña Nieto de “espionaje contra activistas” y se levantaron de la
mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Fundar, Imco, Artículo 19, Observatorio Nacional
Ciudadano, México Evalúa, Social Tics, Cultura Ecológica y Control Ciudadano rompieron con el gobierno
peñista por la misma razón que ayer documentó el NYT: espionaje a Alejandro Calvillo de El Poder del
Consumidor, y Luis Manuel Encarnación, de ContraPESO. La denuncia la hicieron desde febrero al
gobierno mexicano, al que pidieron investigar esos señalamientos, y como no hubo respuesta alguna,
decidieron abandonar la iniciativa de Gobierno Abierto y denunciar a México para que fuera desconocido
por esa iniciativa global que promueve justamente la transparencia gubernamental. Esta es la segunda
denuncia pública y fundamentada que, en menos de un mes, acusa de espionaje al actual gobierno
federal. Si no hay una investigación a fondo y un deslinde de responsabilidades, se estaría validando y
reconociendo una práctica violatoria de derechos y garantías constitucionales, además de que se
confirmaría que con Peña no sólo retrocedimos en indicadores sociales, en seguridad y violencia, o que
volvió el “partido de Estado” en las elecciones; también sigue, más sofisticado e igual de intimidante, el
#GobiernoEspía. sgarciasoto@hotmail.com
#GobiernoEspía
Lástima para elgobierno que NSO Group no venda también paquetes de control de daños, porque hoy
termina metido en un brete que quizá termine por quitarle la resaca electorera
Luis Cárdenas Herzelia, un distrito al norte de Tel Aviv en Israel, alberga las oficinas de la sibilina NSO
Group, la empresa del que quizá sea el grupo de hackers más famoso, y uno de los más redituables, en el
planeta. Existe poca información sobre las operaciones de NSO Group, el perfil público de la compañía
apunta a su fundación en el año 2010 por Omri Lavie, un emprendedor de startups quien además estaría
relacionado con otras compañías de tecnología como Kaymera y Westbridge que sería “el brazo
comercial” de NSO Group en Estados Unidos. NSO Group saltó a la fama internacional cuando se
descubrió que su malware Pegasus logró infectar el iPhone, supuestamente a prueba de hacks, de
Ahmed Mansour, un periodista y activista egipcio, reconocido en todo el mundo por ser un férreo crítico
y defensor de derechos humanos en los regímenes de la hermandad musulmana. NSO con su Pegasus
había logrado lo imposible por otros hackers, contaba con una herramienta para vulnerar, de forma
remota, el IOS de Apple que se antojaba a prueba de todo. Pegasus envía un mensaje SMS al teléfono de
la víctima potencial de espionaje, el texto contiene información relevante para el usuario y un link. En
muchos casos, el mensaje contiene información personal para engañar a la víctima, pensemos por
ejemplo en algo como: “Aquí las fotos de tu hijo:” y luego aparece un enlace que cuando el usuario, casi
siempre, activa termina siendo enviado a una página propiedad de NSO Group que infecta el iPhone
pudiendo tener acceso a todo, desde los chats, correos electrónicos y agendas hasta la activación remota
de la cámara y micrófono del aparato. Por revelaciones de funcionarios gubernamentales y correos
electrónicos filtrados, se sabe que Pegasus fue adquirido para espiar objetivos clave para los gobiernos
de Panamá y México, sin embargo, por una investigación de Citizen Lab, una organización experta en
seguridad informática y privacidad, se sospecha que entre los clientes se pueda contar también a las
agencias de inteligencia de Turquía, Israel, Tailandia, Qatar, Kenia, Uzbekistán, Mozambique, Marruecos,
Yemen, Hungría, Arabia Saudita, Nigeria y Bahrein. Acorde con lo publicado ayer por el New York Times,

el gobierno mexicano habría gastado más de 80 millones de dólares para espiar objetivos clave, si
tomamos como cierta la información que apunta a un costo aproximado de un millón de pesos por
celular espiado, hablamos entonces de al menos 1,500 aparatos intervenidos o, más claro, al menos
1,500 personas espiadas en la administración de Enrique Peña Nieto, que, dadas las denuncias, incluirían
a periodistas, cabilderos, luchadores sociales, activistas y defensores de derechos humanos. Lástima para
el gobierno federal que NSO Group no venda también paquetes de control de daños reputacionales,
porque hoy, de nueva cuenta, termina metido en un brete que quizá termine por quitarle la resaca
electorera. Dicen que el calla otorga. DE COLOFÓN. Estallaron en el CEN del PRI cuando se enteraron de
la rebelión, la consigna es muy clara: quieren a Los Pinos fuera de la elección del candidato o rompen
para 2018.
Luis Cárdenas
Cuando cachan a un gobierno que espía
20/06/2017 12:34 AM
La primera vez que supimos que un software que solo se vende a gobiernos y había sido
comprado por el gobierno mexicano estaba siendo utilizado contra ciudadanos mexicanos,
fue en agosto del año pasado, cuando con base en un reporte de Citizen Lab, un
laboratorio de la Universidad de Toronto, The New York Times reveló el espionaje contra
Rafael Cabrera, uno de los periodistas del equipo que reveló la casa blanca.
En febrero de este año, con la colaboración de, entre otras, la ONG mexicana Red en
Defensa de los Derechos Digitales, un nuevo reporte de Citizen Lab reveló espionaje contra
investigadores del Instituto Nacional de Salud y miembros de la ONG el Poder del
Consumidor.
Desde febrero, la decena de organizaciones no gubernamentales que colaboraban con el
gobierno en la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral conformada por
75 países que trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación
ciudadana, incrementar la transparencia y combatir la corrupción pidieron al gobierno
federal explicaciones sobre estas revelaciones.
La respuesta del gobierno fue el silencio.
En mayo de este año, las organizaciones decidieron retirarse de ese esfuerzo. “En México
no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que
permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto”, acusaron.
De parte del gobierno, solo silencio.
Ayer, en The New York Times, un nuevo reporte de estas organizaciones amplía las
víctimas del espionaje a periodistas —Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola— y
funcionarios de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción y
la Impunidad, el Centro Pro y el Imco.
La respuesta del gobierno llegó hasta la tarde. Dice que no hay pruebas de que ellos lo
hicieron, cosa normal porque la empresa que hace el software para espiar dice que una de
sus ventajas es que es imposible rastrear a quien espía.
Dice el gobierno que quien haya sido víctima, denuncie ante la PGR, pero sabemos que la
PGR es una de las instituciones que ha comprado el software. ¿Y si ellos son los espías?
El Cisen, la Sedena y algunos gobiernos estatales también lo tienen.
Y por qué hay que ir a la PGR. Si ellos no fueron, ¿no le preocupa al gobierno mexicano
que alguien ande espiando? ¿No debería el mismo gobierno pedir una investigación? O,
simplemente, ya tiene la respuesta…Y no puede revelarla.
Twitter: @puigcarlos

Ya sé quién eres, te he estado espiando
20/06/2017 01:33 AM
Ciudad de México
Malditas fake news. Maldito New York Times que no se conforma con acabarle la existencia
al buen Donald Trump (que, por marrano, ya quiere organizarse su propio desembarco en
Bahía de Cochinos con Gloria Estefan al frente del pelotón), sino que también tienen que
pasar por México a darnos las malas nuevas. Que en realidad no son tan nuevas: todos
saben que un mundo nos vigila, y más en un país de malagradecidos que tienen en muy
bajo nivel el rating del gobierno. A ver, por qué el New York Times no se fija en las
maravillosas declaraciones de Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de
Gobernación, en el sentido de que, según él, en la época de Calderón hubo más periodistas
muertos en comparación con este sexenio. Bueno, muchos nos moríamos de risa con las
acciones de Jelipillo, pero esa era otra cosa. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué dicha! ¡Qué bonito es
lo bonito!
Como quiera que sea, lo que hemos escuchado sobre el espionaje me parece una
exageración. Y como dije, tampoco es nada nuevo. No importa si es con diablitos o con el
sistema Pegasus (bueno, la diferencia de precio sí tiene su chiste, es completar o no el
sueño orwelliano), es una excelsa tradición del Estado mexicano. Yo por eso, no obstante
ser un pseudoperiodista (me acuerdo cuando me hablaba el inspector Poiré que no Poirot
desde sus oficinas de Gobernación nada más para preguntarme cómo estaba, de parte
deJelipillo, mientras, supongo, se aventaban unos jaiboles de brandy Presidente), siempre
saludo con un buenos días-buenas noches a los amigos del Cisen que se toman su tiempo
en estar escuchando de manera infatigable conversaciones para hacer una selección de lo
que vale la pena filtrar. Un trabajo heroico e incomprendido, porque para encontrar algo que
valga la pena, digamos en el caso de Eva en pena que va arrastrando Cadena,
seguramente la labor de espionaje tuvo que pasar por horas y horas escuchando la voz de
la señora, que es una combinación de la de Topo Gigio con la de Javier Duarte. Pobrecillos.
Y además son muy amables. Como saben más de tu vida que tú mismo, de vez en cuando
a estos aprendices de James Bond les puedes pedir algún tipo de opinión sobre alguna
cosa, llorar en su hombro y hasta que chequen el refri, a ver si hay suficiente leche light o
queso panela. Incluso le pueden ayudar a tus hijos con alguna tarea y esas cosas. Gente
muy útil, de veras.
Lo que llama la atención es que se inviertan tantos recursos en el espionaje a periodistas,
activistas y luchadores sociales —que se agradece, porque ni a nuestras familias les
importamos tanto—, que bien se podrían enfocar es otros temas un poquito más
importantes: los malos de Malolandia, los góbers preciosos pero corruptos —no para
ayudarlos, sino para impedir que se roben hasta lo indecible— y los mapaches del Edomex.
De veras, no es tan malo saber que te espían; siempre es bueno tener la conciencia clara
de que alguien está pendiente de ti.
jairo.calixto@milenio.com
www.twitter.com/jairocalixto
¡Periodistas espiados y… periodismo de quinta!
20/06/2017 12:35 AM
Ciudad de México
Lo nuevo no es que en México el espionaje alcance a periodistas, políticos, empresarios,
líderes sociales y todo aquel que para algunos sean un riesgo y un negocio para otros.
Espían instituciones del Estado, espían grupos criminales, empresariales y hasta grupos
especializados en infidelidad. Bueno, espían “malandros” que roban identidad, documentos
confidenciales y cuentas bancarias. Incluso quienes buscan chantajear a los infieles.

El problema, sin embargo, no es saber que todos somos espiados. No, el problema es
probarlo, con nombre y apellido —santo y seña—, para que la autoridad castigue el crimen
llamado espionaje.
Y viene a cuento porque la mañana de ayer el escándalo fue mayor. Un supuesto reportaje
—firmado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth— se convirtió en debate. Y es que según el
“prestigiado” The New York Times, el Estado mexicano espía a periodistas y activistas.
¡Gran novedad!
Sin embargo, la revisión elemental del “reportaje” arroja una deficiencia periodística
alarmante; falta elemental de ética, rigor y la pieza termina en un grosero “champurrado”
entre opiniones, supuestos y presunciones.
Incluso, una penosa justificación exhibe a los reporteros. Reconocen que “sin embargo, no
hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable” del espionaje.
Y si “no hay pruebas definitivas”, ¿qué periodismo y qué periodistas reportan sobre México,
en The New York Times? Vergonzoso.
Van algunas perlas del “reportaje”.
1.- Dicen Ahmed y Perlroth que el gobierno de México gastó casi 80 millones de dólares en
un programa de espionaje de origen israelí. No hay un solo documento que confirme el
gasto, salvo el dicho de los periodistas. Nunca ofrecen un contrato, una prueba, del
supuestosoftware conocido como “Pegasus” y tampoco si lo operan Gobernación, el Cisen
o policías de San Quintín.
2.- Dicen que “según decenas de mensajes examinados” por The New York Times y
analistas forenses independientes, dicho software ha sido utilizado para vigilar a algunos de
los más severos críticos del gobierno mexicano.
Aquí la deficiencia periodística es de escándalo. ¿Cuántos y cuáles mensajes? ¿De quién
eran esos mensajes? ¿Qué tipo de mensajes…? Nada. Solo especulaciones y el dicho, a
manera de opinión, de los “periodistas”.
3.- A lo largo del “reportaje”, los reporteros nunca prueban el espionaje, pero tampoco que
dicho “espionaje” tenga origen en instituciones del Estado mexicano, a pesar de que son
contundentes los casos de criminales que espían, empresarios que espían, empresas
privadas de espionaje para todo tipo y todos los gustos.
4.- Está claro que instituciones mexicanas espían; que ese espionaje debe ser denunciado
y castigados los responsables. Pero también el maniqueísmo, la falta de rigor profesional y
el periodismo de quinta que muestran The New York Times y sus reporteros.
Por eso, aquí especulamos que asistimos a otra cara de la guerra sucia propia de los
tiempos electorales.
5.- Y el maniqueísmo del “reportaje” queda exhibido en el párrafo que sigue, verdadera joya
del cuestionable periodismo de Ahmed yPerlroth.
Dicen: “Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son indicativos de las luchas
internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un
gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en derechos humanos”.
¿Cuáles son las “luchas internas” que se libran en México? ¿Cuáles “cuestionamientos
legales y éticos” al gobierno? ¿Y cuáles “antecedentes” en temas de derechos humanos?
¿Será, acaso, un mensaje de Carlos Slim a Enrique Peña, a todo el gobierno federal?
6.- Pero la perla es el testimonio de Eduardo Guerrero, identificado por Ahmed y Perlroth,
como “ex miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México” (sic).
Citan al ex funcionario, pero nunca responden las preguntas básicas. ¿Quién es Eduardo
Guerrero? ¿Qué cargo tenía en el Cisen? ¿Fue director, analista, barrendero…? ¿Tenía
acceso al espionaje? ¿Se robó los programas? ¿Sacó información de Estado…? ¿Por qué
salió del Cisen? ¿Lo corrieron?
El “reportaje” tiene un evidente tufo militante. Algunas de sus “fuentes” mantienen vínculos
con un partido en desgracia.
Pero The New York Times no es el único caso de la prensa extranjera militante que se
ocupa de México. El periódico El País realizó una deplorable cobertura de las elecciones
del pasado 4 de junio y sus reporteros —ignorantes absolutos de la legislación electoral
mexicana—, levantaron opiniones de los mismos círculos periodísticos que nutren el
reportaje del The New York Times sobre el espionaje.
Es decir, mentira sobre mentira. ¡Ver para creer…!

Al tiempo.
La fiesta del espionaje
POR JORGE CARRASCO ARAIZAGA , 20 JUNIO, 2017ANÁLISIS
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México cualquiera con recursos espía. Lo hacen,
desde luego, el gobierno federal y los estatales. Instituciones civiles y militares.
Corporaciones policiales, empresas y no se diga los servicios estadunidenses, incluidos
los del Pentágono a los que Felipe Calderón dejó entrar en su gobierno.
Lo que publicó el diario The New York Times le puso nombre y apellido a lo que la
revista Proceso había publicado hace dos años en un reportaje especial sobre quiénes y cómo
espían en México.
En este caso fueron periodistas y activistas. En otro momento han sido políticos o empresarios.
Los afectados por las operaciones de espionaje contadas por el periódico estadunidense
responsabilizaron, desde luego, al presidente Enrique Peña Nieto por ser el jefe del gobierno y del
Estado.
Es seguro que por las capacidades de los equipos de intrusión sean muchos más los “objetivos” a
los que cada autoridad haya decidido darle seguimiento. Y ahí está, justamente, el problema: un
gobierno que no controla a los espías. Ni a los suyos.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es la entidad encargada expresamente
de la recolección de información, incluido el espionaje y contraespionaje, para la seguridad de
sus instituciones, su población, territorio. No para perseguir a críticos u opositores.
Pero esa práctica no es exclusiva del Cisen. Las empresas dedicadas a la comercialización de
estos equipos han hecho grandes negocios en México porque todo el que puede los compra, con
el argumento de combatir la inseguridad.
Una de ellas, la empresa italiana Hacking Team, tenía al Cisen como su principal cliente en el
mundo, con un contrato inicial de un millón 300 mil euros (26 millones 60 mil pesos al tipo de
cambio actual), hasta que la firma italiana fue hackeda en 2015.
Cuando se hizo pública la información de sus clientes en el mundo, México no solo quedó
evidenciado como uno de sus principales compradores, sino como un “cliente ofensivo”; es decir,
que adquirió equipos deliberadamente para interceptar las comunicaciones de sus “objetivos” en
cualquiera de las plataformas o modalidades tecnológicas que quisiera.
El gobierno federal no era su único cliente. También muchos gobiernos estatales. Entre ellos, el
de Puebla, entonces gobernado por Rafael Moreno Valle, que acogió a hombres clave del
exsecretario de la desparecida Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quienes también
utilizaron esos equipos en el gobierno de Calderón.
En el mejor de los casos, Peña Nieto estará enterado del espionaje de su gobierno. Pero a decir de
la respuesta de la respuesta de la Presidencia de la República, que mandó a su encargado de
prensa internacional, Daniel Millán Valencia, decir que “no hay pruebas”, el problema es más
grave aún.
Lo de menos es que sea una respuesta cínica. Lo delicado es que, en efecto, Los Pinos carezca de
esas pruebas y que sus secretarios encargados de manejar el presupuesto de seguridad y por lo

tanto la compra y manejo de los equipos y aparatos de intrusión se lo pasen por encima y tengan
su propia agenda.
En el propio gobierno es admitido el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, jefe directo del Cisen, de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Policía Federal,
todas con acceso a esas tecnologías. Osorio es, además, responsable de los llamados centros
regionales de fusión de inteligencia.
Lo mismo ocurre con la secretaria de la Defensa Nacional y la secretaria de Marina, que
históricamente han sido renuentes a compartir su información con los civiles. Por mencionar
algunas de las autoridades que tienen estos “juguetes”.
Con semejante desorganización, lo único que queda es esperar la siguiente feria de escándalos,
sobre todo en el año electoral que viene.
Los rusos, estadunidenses e israelíes, principales productores de estos equipos y software, están
de fiesta.
@jorgecarrascoa
Espían a los críticos
Estrictamente Personal
RAYMUNDO RIVA PALACIO
Un amplio reportaje en The New York Times este lunes da cuenta del espionaje político en México. “Los más
prominentes abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción han sido objetivo de un
spyware sofisticado que se vendió al gobierno de México con la condición de que sólo se utilizara para
investigar criminales y terroristas”, comienza el texto. “Los objetivos incluyen abogados involucrados con la
desaparición masiva de 43 estudiantes, un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación
anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y un estadounidense que representa víctimas
de abuso sexual por parte de la policía”.

El Times llegó a esta historia del México contemporáneo muy tarde, pero al ser el diario de mayor influencia en
el mundo y que suele asustar a los funcionarios mexicanos con bastante facilidad, su interés por el tema debe
ser agradecido por la posibilidad de que finalmente provoque una reacción en el presidente Enrique Peña Nieto,
que al soslayar lo que durante su gobierno se ha publicado sobre el espionaje político, no sólo avaló lo que sus
servicios de inteligencia hacían, sino que, en la negligencia de no obligarlos a que se mantuvieran dentro de los
márgenes de la ley, llevará la penitencia de que ahora la responsabilidad de las ilegalidades se le carguen a su
gestión.
En octubre de 2015 se dio a conocer en este espacio la existencia del programa mediante el cual el CISEN –el
reportaje del Times no identifica a las instituciones que utilizaron el spyware– realizaba espionaje político. En
la segunda de tres entregas sobre “¿Para qué sirve el CISEN?”, se mencionó directamente dos listas de
teléfonos que habían sido infectadas por el programa. “No se sabe cuántos teléfonos de actores políticos y
sociales, de agentes económicos o periodistas, tiene interceptado el CISEN, pero la sábana con los números,
que corresponde a un periodo específico este verano, muestra un enorme abanico de intervenciones”, se apuntó
en ese entonces.
“De acuerdo con el documento, hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una decena de personas espiadas
aparece con números adicionales. Hay una serie de nombres de personas que no son públicas o empresas de
seguridad, comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Pero también, sin saberse el
nombre pero sí en dónde se contrató la línea, un teléfono registrado por el Consejo de la Judicatura Federal. En
cuestión de nombres, hay varias líneas intervenidas que fueron contratadas por Alfonso Navarrete Prida,
secretario del Trabajo, y los teléfonos celulares de la afamada conductora de radio Carmen Aristegui, y de
quien esto escribe.
“La forma como buscaron entrar en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un
software malware, que es un código maligno que se infiltra en los dispositivos mediante el cual se pueden
emitir mensajes de texto. Un modelo clásico de estos mensajes puede decir, con un lenguaje que parecería el de
una persona con quien se tiene amistad, que “unas personas extrañas se presentaron en su casa”, por lo que le
envían un enlace para ver la fotografía. Lo que permite ese enlace, que nunca abre, es que el virus se meta al
teléfono y permita dos objetivos: la escucha y el análisis de la red de vínculos que se encuentra en el aparato, a
fin de poder determinar su abanico de amigos y conocidos que permita construir sus relaciones”.
El Times reiteró que el programa se llama “Pegaso”, del Grupo NSO, un fabricante israelí de armas cibernéticas
al cual, desde 2011, cuando menos tres dependencias federales mexicanas le han comprado software por 80
millones de dólares. La existencia de estos programas surgió en noviembre de 2011 durante una entrevista con
David Vincenzetti, socio fundador de Hacking Team, una empresa italiana fundada en 2003, con el periódico
inglés The Guardian, quien reveló que habían vendido sus dispositivos en 30 países en cinco continentes. Su
principal producto era un programa llamado Da Vinci, dentro de su Sistema de Control Remoto, bautizado
como Galileo.
En este espacio, bajo el título de “Espionaje a Mexicanos”, publicado a mediados de 2015, se señaló: “El
Ejército, la Marina, la Policía Federal, el CISEN y 11 gobiernos estatales, han espiado masivamente a
mexicanos, a través de un sistema que interviene a control remoto dispositivos móviles, copia mensajes de
texto, conversaciones de Google, Yahoo, MSN y Skype, y extrae todos los datos y el historial de las
computadoras, sus audios e imágenes de la webcam, que les permiten, además, grabarlos mientras trabajan.
Esta es la más grande revelación que se haya dado de cómo en México los gobiernos espían a sus gobernados,
y el mayor descubrimiento de cómo la vida privada en este país es inexistente”. A la fecha, varios de esos
contratos ya expiraron.
Cuando todo esto emergió a la opinión pública en 2015, nada pasó. Cuando se revelaron detalles del spyware
contra personas que tenían discrepancias con las políticas del gobierno, tampoco. Desde hace 15 años, el
espionaje político como herramienta de la política, es el mejor vehículo para alcanzar objetivos políticos. El
reportaje del Times, aunque tardío, es vital por la colonización de ese periódico sobre la vida pública mexicana.
Si ahora que ventila estas violaciones ayuda a que se ponga fin a las ilegalidades, habrá que celebrarlo. Lo más
importante es llegar al fin de estos abusos y que quienes los cometieron, paguen por sus delitos.
Twitter: @rivapa

Gobierno que espía, pero no investiga
La Feria
SALVADOR CAMARENA
Un software para espiar, que sólo se vende a gobiernos, fue utilizado en al menos 88 intentos de intervención
telefónica en contra de defensores de derechos humanos y periodistas.
Pasó en México, entre enero de 2015 y julio de 2016. Los ataques fueron dirigidos en contra de Mario Patrón,
Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Juan
Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Carmen Aristegui, su
hijo Emilio, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, de Aristegui Noticias; el periodista Carlos Loret de Mola, y
en contra de Daniel Lizárraga y el que esto escribe, reporteros de Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad.
Conviene puntualizar que esta revelación surgió a partir de dos materiales distintos, pero igualmente
importantes. El primero de ellos es el reportaje de The New York Times “Somos los nuevos enemigos del
Estado” (http://nyti.ms/2ssgNQ0), publicado en el espacio principal de la primera plana de ese medio.
Literalmente el mundo amaneció ayer con la primicia del Times sobre el espionaje gubernamental a periodistas
y activistas en México.
El artículo del Times recoge y amplía los hallazgos del reporte “Gobierno Espía, vigilancia sistemática a
periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dado a conocer también ayer y elaborado por las
organizaciones Citizen Lab, Artículo 19 México, R3D: Red de Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC.
(aquí el documento https://articulo19.org/gobiernoespia/)
Que los gobiernos en México realizan espionaje a ciudadanos es una obviedad. Es una no noticia. Lo relevante
de la amplia nota del Times, y del aún más detallado reporte “Gobierno Espía”, es que ahí se demuestra que los
88 intentos de hackeo constituyen un patrón sistemático, nada aleatorio, en donde cada ataque se inscribe en
coyunturas relevantes –en términos de periodismo o acontecer público– para cada una de las víctimas de los
mismos.
Mediante mensajes SMS, con el malware denominado Pegasus, desarrollado y vendido por la empresa israelí
NSO Group, se pretendió, y en algunos casos seguramente se logró, infectar a celulares de las personas
mencionadas. ¿A cuántos se infiltró? ¿Con qué consecuencias? No lo sabemos.

Lo que sí sabemos, y así lo comenté en la rueda de prensa en la que al mediodía se presentó formalmente el
reporte “Gobierno Espía”, es que los ataques reseñados en ese informe no son, seguramente, los únicos, sino
los menos.
Un colega me dijo ayer que él recuerda perfectamente haber recibido al menos dos de los SMS consignados en
el reporte. Le invité a que hiciera público eso, a que lo dijera. “Voy a buscar mi viejo celular, necesito
probarlo”, contestó. No, le contesté, tú dilo, y el que tiene que investigar y probar es el gobierno, que tiene los
mecanismos para obligar a los clientes de NSO Group en México (Sedena, PGR y Cisen) a decir a quiénes han
espiado y con qué base legal lo hicieron.
Con la respuesta dada ayer por la Presidencia de la República, donde asegura que no hay pruebas de que
“agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, y llama a las víctimas a denunciar
ante la PGR, esta administración confirma la aberración según la cual toca al ciudadano probar el delito,
cuando lo debido es que, luego de un reporte como el dado a conocer ayer, lo mínimo que puede hacer el
gobierno es iniciar una profunda investigación, una que incluya testimonios más allá de los que las
organizaciones lograron reunir contundentemente en “Gobierno Espía”.
De lo contrario, estaremos ante un gobierno que espía y que encima se niega a investigar.
Twitter: @SalCamarena
Reviran a Campa sobre ataques a periodistas
Legisladores del PAN, PRD y Morena repudian que el subsecretario Roberto Campa minimice las
agresiones
Legisladores del PAN, PRD y Morena repudiaron que se intente llevar a una competencia de cifras el
tema de las agresiones y asesinatos de periodistas, mientras sigue al alza la problemática y quedan
impunes los homicidios. La presidenta de la Comisión de Seguimiento a Agresiones a Periodistas de la
Cámara de Diputados, Brenda Velázquez (PAN), aseguró que la Secretaría de Gobernación manipula las
cifras sobre los ataques a los informadores y demandó ponerse a trabajar, puesto que el problema es la
muerte de personas, no los números. EL UNIVERSAL publicó ayer, según datos del subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, que en el sexenio de Felipe
Calderón fue más peligroso el ejercicio del periodismo, puesto que hubo más informadores asesinados
que en la actual administración. La legisladora del PAN indicó que a su juicio “se intenta minimizar el
problema, y no se trata de andar haciendo comparaciones, sino de resolverlo”. Dijo que en lo que va del
sexenio van 46 homicidios de periodistas y a Campa Cifrián se le olvida “que él fue secretario Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública” de Calderón. “Es lamentable que quiera echar culpas de sus
errores y omisiones a administraciones pasadas en las que además participó”, añadió el vocero de la
dirigencia del PAN, Fernando Rodríguez Doval. El diputado del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, también
rechazó las expresiones de Campa Cifrián, a quien demandó acciones claras para mejorar los
mecanismos de protección a periodistas, como se hace en la Ciudad de México, puesto que lo hecho
hasta ahora es insuficiente. Son desafortunadas y lamentables las declaraciones del subsecretario de
Derechos Humanos, Campa Cifrián: “¿Qué quiere decir? Que debemos estar satisfechos. ¿Que los
periodistas no enfrentan riesgos? Esto no es una competencia para saber en qué gobiernos hay más o
menos asesinatos de comunicadores”, señaló Zambrano. El diputado de Morena, Virgilio Caballero,
integrante de la Comisión de Seguimiento a Agresiones a Periodistas, expuso que dolorosamente hay
124 reporteros asesinados de 2000 a la fecha y la valoración de Campa Cifrián refleja la banalidad con
que el gobierno federal ve el problema. “Desestimar esos crímenes tiene que ver con el resentimiento de
los gobiernos para con las personas que han sido críticas, quieren que sus muertes se olviden y no sean
castigados los responsables”, reclamó el legislador. Buscan culpar a otros. Integrantes de la comisiones
de Derechos Humanos y Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas del Senado advirtieron que el
gobierno federal busca trasladar la responsabilidad de las agresiones a los comunicadores a anteriores
administraciones y censuraron los niveles de impunidad para actores sociales y políticos y de gobiernos

involucrados en las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. Marco Antonio
Blásquez (PT), presidente de la Comisión de Seguimiento, dijo que al afirmar que hoy los periodistas no
viven su peor momento, el subsecretario Campa Cifrián quiere restar responsabilidad y trasladarla a
anteriores gobiernos: “Es muy claro lo que está buscando, ni siquiera tendríamos que pasarlo por una
mesa de análisis. El tema es que aquí lo que tiene que modificarse es el régimen”. Consideró que
“independientemente de las estadísticas”, no tendría por qué haber un solo comunicador muerto por su
ejercicio, como tampoco decesos de abogados por desarrollar una función pública encaminada a la
impartición de justicia o de cualquier otro ciudadano debido a la inseguridad. Angélica de la Peña (PRD),
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, expuso que éste “es el peor año
para los periodistas. Mientras que no conozcamos sentencias, mientras que la fiscalía de la PGR no dé
cuenta para cumplir el objeto de su creación, no vamos a tener condiciones de calma”, aseguró. La
senadora Adriana Dávila Fernández (PAN), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado,
lamentó que haya un escenario de impunidad en las agresiones contra periodistas y ciudadanos en
general. El presidente de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que la
situación de riesgo para los periodistas en México no ha cambiado desde hace varios años. “Yo creo que
las condiciones son muy similares en las que se encuentra hoy México a las de hace algunos años. No me
parece que tenga mayor utilidad el hacer rankings, porque el reciente asesinato de Javier Valdez es un
hecho que dio vuelta al mundo”, aseveró.
Gobierno espía
Por Gabriel Sosa Plata
¿A cuántas personas más el gobierno ha espiado o espía? Foto: Especial.
“Es la punta del iceberg”, se dijo reiteradamente ayer luego de que se
divulgara el informe que documenta el espionaje gubernamental a periodistas
y activistas en México, durante el periodo que va de enero de 2015 a julio de
2016.
¿A cuántas personas más el gobierno ha espiado o espía? Quizás a muchas
más, no sólo a personajes incómodos del periodismo y las organizaciones
sociales, sino a académicos, empresarios, funcionarios públicos, artistas,
deportistas, legisladores y por supuesto a políticos. Cuenta con todas las
herramientas tecnológicas para hacerlo (malwarePegasus) y, lo más
lamentable, con total impunidad, sin contrapesos reales para evitar estos
abusos que vulneran derechos humanos.

El reporte elaborado por Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos
Digitales y Social TIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de
Toronto, es exhaustivo y revela de qué manera se espió o se intentó espiar a
12 personas, una de ellas menor de edad, Emilio Aristegui, hijo de la
periodista Carmen Aristegui. Detestable e inaceptable.
Del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro
Prodh) se habría espiado a Mario Patrón, Stephanie Brower y Santiago
Aguirre; de Aristegui Noticias, a Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y
Sebastián Barragán; del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
(IMCO) a Juan Pardinas y Alexandra Zapata, y de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI) a Salvador Camarena y Daniel Lizárraga.
Estos dos últimos periodistas, como se sabe, formaron parte del equipo que
encabezaba la misma Carmen Aristegui en Noticias MVS.
A la anterior lista, se suman los casos, también documentados en febrero de
este año, de espionaje a promotores del impuesto a bebidas azucaradas:
Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP);
Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y
Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO.
Con estas prácticas ilegales de espionaje no se hace un trabajo de inteligencia
para abatir la delincuencia o para preservar la seguridad nacional, sino que se
busca intimidar, acosar, impedir, obstaculizar el trabajo de los periodistas y
activistas sociales que se han caracterizado por revelar y prevenir casos de
corrupción del gobierno actual. El fin último, por lo visto, es que la sociedad
no sea informada de aquellos hechos que cuestionan la actuación de
determinados funcionarios públicos.
El espionaje se utiliza para fines políticos. El PRI de los años setenta, de la
“guerra sucia”, de la siniestra Dirección Federal de Seguridad (DFS) ha
regresado, pero con tecnología del siglo XXI y grandes cantidades de dinero
público. Es un enorme retroceso democrático, en la transparencia y rendición
de cuentas, sin que hasta ahora haya un poder que detenga estos abusos, que
se suman a las agresiones y asesinatos a periodistas y defensores de los
derechos humanos, con un incremento considerable de casos en los últimos
años.
Ayer, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales,
dijo a Carmen Aristegui que este reporte sobre espionaje, recuperado en
primera plana por el diario The New York Times, debería ser un tema
relevante en la agenda de los medios de comunicación en México ante lo que
está en juego.
Mientras terminaba de escribir este artículo aún no lo era, pese a la
contundencia de la información y de los datos duros que demuestran los
abusos en el uso malware Pegasus, adquirido por la Secretaría de la Defensa

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