La informacion mas completa de Mexico, Oaxaca y la Costa chica. Descuida CAO vías a la Costa y Sierra Norte de Oaxaca. Encarecen medicinas en Oaxaca en plena crisis de salud.

1. Descuida CAO vías a la Costa y Sierra Norte de Oaxaca
Legisladores piden atención de la dependencia estatal
Por Carlos Alberto Hernández
Dos puntos carreteros a la Costa oaxaqueña y a la región de la Sierra Norte, presentan severos desperfectos
a lo largo de kilómetros, de cara al inicio de la temporada vacacional de Semana Santa.
La víspera, legisladores locales avalaron un punto de acuerdo para exhortar a Caminos y Aeropistas de
Oaxaca (CAO), a que revise la infraestructura carretera y terracerías en nuestro estado, pues la mayoría se
encuentran en mal estado.

2. En entrevista, David Mayrén Carrasco, titular de la dependencia estatal, anotó que han reconstruido
kilómetros en el tramo Puerto Escondido – San Pedro Mixtepec, al repavimentar la vía.
Destacó que a través de una licitación se adjudicó una obra para la rehabilitación de tramos que van de
Santa María Juquila – El Vidrio – San Marcos Acatepec y entronque con la carretera federal 200 Río
Grande.
“Estamos trabajando también en la Sierra Norte, principalmente hacia Zoogocho y Cajonos, son
inversiones grandes y se atiende de acuerdo con las posibilidades anuales, aunado a que se coordina con la
SCT”, dijo.
De igual forma, detalló que se da mantenimiento al tramo Copalita – Pluma Hidalgo – Santa María
Huatulco, al ser un tramo corto y muy importante para llegar al destino de playa por vía terrestre.
“Tenemos que aceptar el deterioro del tramo del Cerro de El Vidrio a San Gabriel Mixtepec, para lo cual se
ha solicitado el recurso a la Secretaría de Finanzas en el presente año”, afirmó.
Encarecen medicinas en Oaxaca en plena crisis de
salud
MARIO JIMENEZ LEYVA
No solo medicamentos experimentaron incrementos, también honorarios de médicos.
Virgilio Sánchez
Durante los último dos meses, los precios de las medicinas en Oaxaca incrementaron por encima del promedio
nacional.
De acuerdo con el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al mes de febrero, los costos de los
medicamentos en la Ciudad de Oaxaca tuvieron un aumento que superó al doble la inflación promedio nacional
en este rubro.
Este estudio detalló que en la capital oaxaqueña, al 31 de febrero de 2018, las medicinas tuvieron un incremento
del 3.17 por ciento respecto al 31 de diciembre de 2017. En tanto, a nivel nacional, el promedio fue de 1.60 en
el mismo periodo.
El ritmo anual de la inflación en Oaxaca fue de 1.57 por ciento, y a nivel nacional de 0.80; durante los primeros
dos meses de este año.
Esta situación coincide con la crisis que enfrentó el sector salud de Oaxaca durante los primeros dos meses de
2018. En esos días, los hospitales y centros de salud de todo el estado suspendieron operaciones -salvo las áreas
de urgencias y hospitalización-, debido a un conflicto entre los trabajadores sindicalizados y la Secretaría de
Salud de Oaxaca, por un asunto de pagos y revisión de plantillas laborales.

3. 3.17% aumento de medicinas en 2018
1.60%, media nacional
1.57% inflación en Oaxaca
En consecuencia, cientos de oaxaqueños afectados, que perdieron citas médicas y la dotación de medicinas por
parte del sector público, tuvieron que atenderse con médicos particulares y, sobre todo, comprar directamente
sus medicamentos en farmacias privadas.
NOTICIAS reveló que, de acuerdo con el estudio La salud de los pueblos indígenas de México, realizado por
académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 642 mil oaxaqueños no tiene acceso a
los servicios de salud, lo que representa e 15.9 por ciento de la población estatal.
Y médicos se midieron
En los primeros dos meses de este año, los médicos se midieron en el incremento de sus honorarios, de acuerdo
con el IPC.
En la Ciudad de Oaxaca, los cobros de los servicios médicos aumentaron en 0.58 por ciento; lo que estuvo por
debajo del promedio nacional, que fue por 1.70 por ciento.
A las personas que están enfermas y que necesitan un aparato de apoyo, los compensó que los costos de estos
últimos no aumentaron entre enero y febrero de 2018.
Pero subieron cuidados
El Índice de Precios al Consumidor destacó, en el rubro de salud, que durante el primer bimestre del año, en la
Ciudad de Oaxaca, los servicios de cuidado personal registraron incrementos por encima de la media nacional.
Detalló que éste fue de 2.96 por ciento, en tanto, que el promedio en el país fue de 1.64 por ciento.
Sin embargo, los artículos de higiene y cuidad personal tuvieron una reducción en sus precios en Oaxaca,
respecto al registro de diciembre de 2017.
El valor cayó en 0.73 por ciento, de acuerdo con el reporte del INEGI.
Gobierno de Oaxaca entrega 12 mdp a
normalistas
La administración de Alejandro Murat otorgó el dinero como pago de nómina a los asesores, bono y
becas estudianteles de los normalistas.
Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. (Tomada de@alejandromurat)
ÓSCAR RODRÍGUEZ24/03/2018 07:27 PM

4. Oaxaca
La Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO) recibió 12 millones de pesos del gobierno
de Oaxaca de Alejando Murat para el pago de adeudo de nómina de asesores, bono y beca estudiantil de
los ciclos 2014 - 2015 y 2015 – 2016.
El director de Servicios Jurídico del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Ricardo
Dorantes Morteo, dio a conocer la entrega del dinero, pero reprobó los actos de presión y violencia que
afectan la convivencia libre y pacífica de los habitantes de la ciudad.
Hizo un llamado a la comunidad de la ENSFO para que no continúen violentando las garantías de los
ciudadanos, ya que se han cumplido los acuerdos pactados el 17 de diciembre del 2017 entre el Consejo
Estudiantil, las autoridades de la ENSFO y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Dorantes Morteo señaló que la atención a sus demandas está fuera de la competencia del gobierno
estatal, pero que, como muestra de voluntad política del gobernador Alejandro Murat, se promovió la
gestión del pago por única vez de los ciclos 2014 - 2015 y 2015 – 2016.
Recalcó que a partir de 2015 con la Reforma Educativa y el pago centralizado a través del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el IEEPO no puede cubrir los salarios
de asesores, bonos y becas del Consejo Estudiantil.
Resaltó que con apego a la normatividad, el IEEPO ha brindado atención a las demandas de docentes -
estudiantes de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca.
Dijo que los normalistas también demandan la regularización de documentos, control escolar,
calificaciones, estadísticas educativas, expedientes y titulación de egresados desde hace más de 10
años y que se encuentran rezagados, detenidos por el “desorden” administrativo de la ENSFO.
Adeuda IEEPO 27 mil mdp a proveedores
ARCHIVO
Virgilio Sánchez
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) enfrenta un déficit acumulado por más de 27 mil
millones de pesos.
De acuerdo con el reporte financiero elaborado por esta dependencia, al cierre de 2017 las deudas con
proveedores, contratistas y el fisco superaban su presupuesto anual.
“Corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 y 2017 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y
contratación de servicios por pagar a corto plazo”, expuso la Dirección Financiera del IEEPO.
Los pasivos del Instituto ascienden a 27 mil 33 millones 681 mil 116 pesos; lo que rebasa en 8 por ciento su
presupuesto anual durante 2017, que fue de más de 25 mil millones de pesos.

5. Este balance elaborado por la entonces directora financiera del IEEPO, Verónica Pérez Hernández expone que
el monto más alto de deuda fue provocado por ampliaciones presupuestales, que le fueron ministradas en los
últimos siete años. Éstas superan los 13 mil 947 millones de pesos.
Otros de los pasivos importantes corresponde a retenciones y contribuciones (que se han descontado a los
trabajadores de la educación vía nómina), que están pendiente de pagar a corto plazo; y los cuales rebasan los 5
mil 704 millones de pesos.
Le siguen los impuestos que el IEEPO ha retenido a sus trabajadores, pero que no entregó al SAT, y que al 31
de diciembre del año pasado ascendían a más de 3 mil 107 millones de pesos.
También se adeudan las contribuciones de los empleados del Instituto a su seguridad social, cuyo monto supera
2 mil 580 millones de pesos; además, por prestaciones sociales y económicas se suman más de 808 millones de
pesos a esta deuda.
Sus deudas
Ampliaciones presupuestales 13 mil 947 mdp.
Retenciones y contribuciones 5 mil 704 mdp.
Impuestos no entregados al SAT 3 mil 107 mdp.
Contribuciones a seguridad social 2 mil 580 mdp
Prestaciones 808 mdp.
A proveedores 433 mdp
A contratistas de obra 29 mil 144 pesos.
Ministraciones extraordinarias 365 mdp.
Préstamos 60 mdp.
Otras cuentas 26.9 mdp.
A proveedores que vendieron bienes o prestaron un servicio al IEEPO se les adeudan más de 433 millones de
pesos; y a contratistas de obra, otros 29 mil 144 pesos.
A esta lista se suman más de 365 millones de pesos por ministraciones extraordinarias de fondos que debía
pagar a corto plazo; además, más de 60 millones por prestamos que recibió en los últimos siete años; y 26
millones 960 por “otras cuentas por pagar a corto plazo”.
Gastó 363 mdp de más en 2017
El balance financiero del IEEPO reveló que el año pasado lo cerró con un déficit de 363 millones 426 mil 460
pesos.
Explicó que sus gastos en 2017 fueron de más de 25 mil 419 millones de pesos; sin embargo, sus ingresos por
concepto de participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas fueron por 25 mil 56
millones de pesos.
NOTICIAS reveló que según el último reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el gasto
en nómina del IEEPO creció al grado que superó a estados como Edomex y Veracruz.

6. Se realizará consulta previa, libre e informada en
pueblos indígenas para instalación de eólicos
Jaime GUERRERO
Oaxaca.-El Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, es respetuoso de la determinación de los pueblos y
comunidades indígenas, en instalación de proyectos en sus zonas de influencia, afirmó el Secretario del Medio
Ambiente Desarrollo Sustentable y Energías Renovables, José Luis Calvo Ziga, al considerar que la Consulta
Previa e Informada para la población de Unión Hidalgo, se encuentra en proceso de planeación, por lo tanto, no
se ha realizado la consulta indígena, que por ley la encargada es la Secretaría de Energía (SENER).
EL artículo 119 de la Ley de la Industria Eléctrica y el 120 de la Ley de Hidrocarburos establecen, que con la
finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se
desarrollen proyectos del sector energético, la SENER deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta
previa, libre e informada necesarios […].
“La Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable es respetuosa de la ley y se cumplirá de
manera correcta y transparente, todos los procesos que marca la ley, para poder desarrollar cualquier proceso de
consulta indígena”, aseguró, Calvo Ziga.
Por consiguiente, todos los actos de protesta por el inicio de la consulta indígena en Unión Hidalgo, son debido
a una mala información e intereses particulares.
Calvo Ziga, mencionó que durante un año se han realizado reuniones de trabajo en donde han participado los
tres niveles de gobierno y se trabajó una consulta técnica para preparar la consulta indígena.
Por lo pronto, Calvo Ziga, invitó a cualquier grupo interesado que se acerque a la SEMAEDESO y con gusto se
les dará y aclarará sus dudas sobre el proceso de consulta, como se ha hecho a la fecha.
Reorganizaremos la fiscalía en Tuxtepec: Fiscal General
Son tres temas principales los que se atenderán; Revisión de casos, Transformar el modelo de la
fiscalía y retroalimentar al personal y usuarios
Por Édgar Perea
Durante su visita de trabajo por esta ciudad de Tuxtepec, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos
Méndez, dio a conocer que iniciarán un proceso de restructuración de la fiscalía con la finalidad de dar mejores
resultados a la ciudadanía la cual exige la aplicación de la justicia de manera pronta y expedita.

7. El funcionario estatal comentó que la ciudadanía quiere que los homicidas estén en las cárceles, que los
secuestradores estén siendo procesados, que los violadores estén frente a la justicia, y quieren que haya vías
rápidas de solución a sus conflictos, quieren que haya mediadores, facilitadores que concilien y que resuelvan
los casos en concreto que llegan a la fiscalía.
Explicó que la labor en la reorganización tiende a ser eficiente en la labor de investigación diferenciando
funciones, tendremos personas que se dediquen exclusivamente a determinar los casos rápidamente, tendremos
facilitadores que en esos casos se pueda conciliar y mediar para llegar rápidamente a un acuerdo preparatorio y
tendremos también ministerios públicos especializados en el trámite y resolución de los casos más graves.
Existen algunos casos en donde no se puede dar información específica, pero todos están siendo atendidos, en el
caso del homicidio de la joven militante del Partido del Trabajo en la ciudad de Loma Bonita Oaxaca, el fiscal
Rubén Vasconcelos refirió que se debe tener la seguridad de que se está investigando e indagando a fondo las
líneas de investigación que existe en torno a este asesinato.
Sin conocer el monto económico que se estará aplicando para esta restructuración, el fiscal general comentó que
todo el recurso de la fiscalía se estará racionando para ser aplicado en las prioridades de la fiscalía, por eso se le
llama reorganización por prioridades y el recurso será asignado principalmente a los 3 rubros que se estarán
atendiendo; revisión de casos, transformar el modelo de la fiscalía y retroalimentar al personal y usuarios.
Aumenta presupuesto para Seguridad de Oaxaca, y
también homicidios
El número de homicidios durante 2017 fue histórico en Oaxaca, pues no se presentaban tantos
casos desde hacía ocho años.
Miguel Angel
En 2018, por primera vez en cinco años años, se asignó un aumento sustancioso al presupuesto de procuración
de justicia y prevención de delito, al pasar de un presupuesto en conjunto entre la Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca (SSPO) y la Fiscalía General del Estado de mil 857 millones 722 mil 546.66 pesos en el
2017 a 2 mil 212 millones 553 mil 832.90 pesos, un incremento del 16.03 por ciento, de acuerdo al Presupuesto
de Egresos del Estado de este año.
Sin embargo, al hacer una comparativa de enero y febrero de 2018 con el mismo periodo de 2017, las carpetas
de investigación abiertas que las autoridades reportaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) suman 6 mil 747, contra los 4 mil 295 delitos reportados en el mismo periodo del
2017, un incremento del 36.3 por ciento en incidencia de delitos del fuero común.

8. Desde el ejercicio fiscal 2012 al 2013 no se daba un incremento tan importante de recursos para seguridad
pública, pues el incremento en ese año fue de 15.6%.
Durante los ejercicios fiscales de 2013 a 2017 los cambios en los recursos no fueron significativos, variando
positiva y negativamente por apenas unos cuantos millones de pesos.
Mientras que tomando como ejemplo los homicidios dolosos, estos sufrieron un aumento del 2012 al 2017 del
48.6%, al pasar de 472 a 919 asesinatos durante el año pasado, de acuerdo a datos estadísticos del SESNSP.
El recuento
En 2012, la suma del presupuesto ejercido entre la SSPO y la entonces Procuraduría General de Justicia del
Estado fue de mil 558 millones 545 mil 906.83 pesos, en aquel año el SESNSP reportó 472 homicidios dolosos
en la entidad.
El aumento en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 fue significativo, quedó en mil 848 millones 635 mil
943.78 pesos, y se registraron 536 casos de homicidio.
En 2014, SSPO y PGJE recibieron en conjunto mil 854 millones 025 mil 607.29 pesos; el año terminó con 709
asesinatos dolosos, un incremento de 24.7%.
Para 2015 el presupuesto para la seguridad volvió a disminuir, fue de mil 816 millones 311 mil 068.00 pesos,
mientras que el delito de homicidio siguió creciendo hasta llegar a 752 casos.
En 2016 el presupuesto para la prevención y la procuración de justicia creció apenas 3.1%, ejercieron mil 875
millones 363 mil 927.58 pesos y los asesinatos dolosos ascendieron a 870 casos.
En 2017 el presupuesto para la justicia en Oaxaca fue de mil 857 millones 722 mil 546.66 pesos, menor al del
año anterior, los homicidios dolosos siguieron creciendo: hubo 919 homicidios.
Para el 2018 el incremento en el presupuesto de seguridad, sin embargo, los homicidios, en los primeros dos
meses del año en comparación con el mismo periodo del anterior, se incrementó en 25 por ciento, con 150
casos.
Tambalea, reconstrucción de escuelas en la Costa de
Oaxaca
ARCHIVO
Los sismos dejaron una estela de dolor por la pérdida del patrimonio en la Costa
Alondra Olivera

9. La reconstrucción y rehabilitación de escuelas en la región Costa, zona donde impactó el terremoto del pasado
16 de febrero, podría demorar, igual como ocurre en el Istmo de Tehuantepec, pues se desconocen de dónde se
asignarán los recursos a invertir.
De acuerdo a distintas versiones, los recursos para aplicar podrían ser de Escuelas al Cien, un programa de la
Reforma Educativa que la Sección 22 rechaza de manera rotunda.
Pero, en la región aun no se conoce un censo real, ya que datos de las autoridades oficiales reportan que son casi
925 las escuelas con daños, mientras el sindicato contabiliza mas de mil.
La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que el sismo de magnitud 7.2 afectó a 925 planteles de 59
municipios de la Costa, Mixteca y Sierra Sur, cuyos dictámenes avanzan en un 50 por ciento.
Dañadas
925 reporta Cepco
327 reporta IEEPO
1, 200 contabiliza Sección 22 del SNTE
De ese total, 794 corresponden a educación básica, 88 a los niveles medio superior y superior, y 43 al Sistema
del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), sin embargo el Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca, en su último reporte, señala que son 327 escuelas las afectadas, de las cuales sólo 14 tienen daños
mayores y el resto en menor escala.
En tanto, la Sección 22 tiene un reporte de daños en mil 200 escuelas de esas región con daños severo y
parciales, a las cuales no se les ha dado atención.
Según mencionó wilbert Santiago Valdivieso, miembro de la dirigencia sindical, 900 escuelas se reportaron con
daños estructurales que requieren reparación inmediata y 300 más tienen daños desde ventanas, cableado,
bardas, definidos como daños superficiales.
A un mes del sismo, las autoridades educativas siguen sin informar cuánto es el recurso a invertir para la
rehabilitación de la infraestructura educativa, de dónde van a echar mano y tampoco cuántos niños se
encuentran en espacios alternos para evitar riesgos en sus escuelas, dado que en la zona no deja de temblar.
Contra Escuelas al 100
Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de la Sección 22 del SNTE dijo que la inversión para la reparación de estas
instituciones será de Escuelas al Cien, un programa que rechaza la Sección 22.
“El gobierno del Estado informó que se endeudó con mil 400 millones de pesos para apoyar a la población, está
la inversión, pero bajo el programa de Escuelas al Cien, nosotros ya dijimos que este programa no entra porque
es un plan privatizador”.
Sostuvo que la postura de la gremial es clara respecto de este programa pues la intensión es aprovechar las
necesidades de las comunidades para que permitan que se ejecute este programa.

10. Ahorcan al órgano fiscalizador de Oaxaca; aplaza
auditorías
Toma de protesta de integrantes del Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca
Luis Ignacio
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) tuvo que aplazar el inicio de las auditorías
programadas para este año, porque la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado no entrega los
recursos que se le autorizaron de acuerdo al calendario de ministraciones, confiaron diputados locales.
Durante el proceso de aprobación del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estatal, que dispone sanciones administrativas a los funcionarios de
Sefin que no entreguen los recursos a los órganos autónomo dentro de los cinco primeros días de cada mes,
señalaron que la OSFEO contrató 20 auditores para apoyar las revisiones, pero hasta la fecha ni siquiera les han
podido pagar por falta de recursos.
Raspón al proceso electoral
Los legisladores, que pidieron la reserva de sus nombres, subrayaron que incluso el Instituto Estatal Electoral y
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) lleva a cabo el proceso electoral para elegir diputados y
presidentes municipales locales sin recursos, porque también a ellos la Sefin no les ha ministrado el dinero de
manera oportuna. “Esto puede ser peligroso, porque retrasa el proceso electoral”.
Expresaron que todos los órganos autónomos, es decir el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), la
Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca (DDHPO), el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Oaxaca, tienen el mismo problema. “La Sefin les entrega los recursos cuando quiere y no de
acuerdo al calendario que le entrega los propios órganos, de tal manera que siempre están escasos de dinero
para llevar a cabo sus actividades y responsabilidades”.
Manifestaron que en igual situación se encuentran los poderes legislativo y judicial. “Por eso fue necesario
llevar a cabo una reforma legal para obligar a la Sefin a entregar los recursos con oportunidad, a fin de no
paralizar las actividades de los poderes y órganos autónomos”.
Confiaron en que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa no haga observaciones a la reforma legal, “porque
además el plazo está establecido en la legislación federal, ya que la falta de la entrega oportuna de las
ministraciones retrasa las actividades gubernamentales y de los órganos autónomos”.
Mal de muchos

11. Recordaron que los titulares de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el IEEPCO, la DDHPO y el TEEO ha
denunciado públicamente el retraso en la entrega de sus recursos, “que entendemos que no se hace de mala fe o
para tener el control de las instituciones gubernamentales, sino por una práctica administrativa nociva que afecta
a diversos órganos de gobierno”.
“La verdad es que también es deshonroso que los titulares de los poderes legislativo y judicial, así como de los
órganos autónomos, tengan que hacer antesala en Sefin o buscar a los funcionarios de la dependencia para que
les ministren los recursos que les autorizó el Congreso del estado; porque esa es la otra arista del problema, no
son recursos ampliados, no son nuevas asignaciones, son los recursos que el Poder Legislativo autorizó como
presupuesto ordinario a esos entes del gobierno”.
Empresa privada opera Centro de Recreación y
Deportivo del gobierno de Oaxaca y quiere abusar
de deportistas
Virgilio Sánchez
Usuarios del Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo (CRAD) “Venustiano Carranza”
denunciaron abusos por parte de la empresa privada “Fit and go”, que opera esta instalación del Gobierno del
Estado.
Revelaron que la administración de este inmueble les exige, por ejemplo, la
compra obligatoria de un traje de baño y una gorra en su tienda, para tener acceso
a la alberca.
Los usuarios de esta unidad deportiva deben adquirir el traje de baño y la gorra de natación en la zona
administrativa, los cuales tiene un valor de 550 pesos.
“Eso es una arbitrariedad porque nosotros ya pagamos una mensualidad, una membresía, y con ese simple
hecho ya debemos acceder a todas las instalaciones, sin restricciones”, expresó, José, quien pidió reservar su
nombre completo.
Oficio
Al menos 47 alumnos del CRAD redactaron un oficio dirigido al gerente del gimnasio, Manuel Toledo Palacios,
en el cual le manifestaron el abuso que están cometiendo.

12. “Con preocupación, los alumnos y usuarios de la alberca de este centro, hemos
observado cierto dolo y falta de seriedad en la notificación de cambios de las
medidas para el uso de la alberca, mismas que han ido acotando nuestra práctica
a lo largo de los últimos meses, no sólo por las limitaciones para el uso de la
misma en la modalidad de nado libre y ahora en el uso general de la alberca, sino
también en la disponibilidad de aditamentos básicos de entrenamiento”,
expusieron.
A partir del mes de febrero, la gerencia del CRAD colocó anuncios en el interior de la zona de albercas, en los
cuales advirtió a los usuarios que debían adquirir su “uniforme” obligatoriamente, antes del 1 de marzo.
Dada la inconformidad de los clientes, la empresa dio una prórroga que concluye el último día de marzo.
Los usuarios argumentaron que, desde el inicio de sus clases, compraron por sus propios medios el equipo
básico que les fue requerido al momento de la inscripción, por lo tanto, manifestaron que hacer una nueva
compra significa una afectación a su economía.
“La nueva disposición que con carácter de obligatorio pretende implementar la
gerencia a su cargo, bajo la amenaza de no permitirnos la entrada a la alberca,
además de coercitiva, resulta una imposición que tiene implicaciones económicas,
mismas que a nuestro juicio no han sido valoradas con propiedad”, expresaron.
A partir de esta semana, la empresa administradora, que opera bajo el auspicio de la compañía oaxaqueña
“MRCI”, también exige el pago extraordinario de una evaluación de natación, a pesar que los clientes ya han
competido en competencias locales representando al CRAD.
Éste sábado están citados los clientes del CRAD para que realicen la evaluación
de natación obligatoria.
El costo de este examen es de 180 pesos, que es equivalente a la mensualidad de quienes asisten a clases tres
veces a la semana.
El personal amago a los alumnos, que si no pagan en esta ocasión, en los próximos días deberán erogar un
precio más alto.
Se oculta gerente
Los usuarios del CRAD han buscado, desde hace cuatro semanas, al gerente del gimnasio, Manuel Toledo
Palacios, sin embargo, éste nunca los ha recibido.
Los empleados han puesto varios pretextos, tales como: que el gerente está de viaje, en reuniones privadas, o
simplemente los han hecho esperar por varias horas con la promesa de que en cualquier momento llegará, y esto
nunca sucede.
Derrumbe bloquea carretera a la Costa de Oaxaca
Las autoridades tuvieron que emplear maquinaria para restablecer la comunicación terrestre de la
carretera federal 200 Pinotepa-Salina Cruz

13. Por Mario Méndez
Por más de una hora se mantuvo bloqueada la carretera federal 200 Pinotepa-Salina Cruz a la altura del Río de
la Arena, en este municipio de la Costa de Oaxaca, debido a un derrumbe.
Al presentarse un derrumbe del cerro del río de La Arena, la Dirección de Protección Civil, la Dirección de
Parque Vehicular y la Policía Municipal de Pinotepa Nacional realizaron acciones para restablecer la
comunicación terrestre de la carretera federal 200 Pinotepa-Salina Cruz.
Las tres direcciones del Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, llegaron al lugar de manera inmediata y
corroboraron que, afortunadamente, no se habían presentado hechos que lamentar.
Asimismo, Tránsito Estatal y la Policía Federal se sumaron al esfuerzo y permitieron, de manera ordenada, el
tránsito vehicular hacia las dos direcciones, es decir, hacia Puerto Escondido y Acapulco.
Con estas acciones se da cumplimiento a la suma de esfuerzos del Gobierno Municipal, Estatal y Federal, en
otorgar las garantías a los ciudadanos que visitan la Costa de Oaxaca.
Cabe descartar que se dio inicio al operativo Semana Santa Segura 2018, que tiene la finalidad de garantizar
que, quienes arriban a sus lugares de origen o visitan algún destino turístico, lo hagan con la certeza de que los
tres niveles de gobierno, trabajan de manera coordinada.
Denuncian a Ulises Ruiz ante Corte Penal
Internacional
Defensores de derechos humanos acusaron al ex gobernador de Oaxaca de cometer supuestos
crímenes de lesa humanidad en el 2006 y 2007.
Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca. (Oscar Rodríguez)
OSCAR RODRÍGUEZ24/03/2018 03:52 PM
Ciudad de México
Defensores de derechos humanos de Oaxaca denunciaron ante la Corte Penal Internacional al ex
gobernador del estado, Ulises Ruiz, por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el 2006 y
2007.
El ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, dijo estar preocupado por la grave crisis de derechos
humanos que hubo hace 12 años.
"Este es el país de los cateos sin orden judicial, este es el país que diariamente desayuna muertos y
desaparecidos", dijo.
Agregó que el saldo de esa época fue de 30 personas muertas, 311 personas detenidas arbitrariamente,
248 personas torturadas, y por lo menos dos desapariciones forzadas.
"No se conoce ningún presunto perpetrador ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor,
que haya sido presentado ante la justicia", afirmó.

14. Aseguró que desde los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa hasta el ex gobernador
Ulises Ruiz y varios de sus secretarios, se encuentran señalados dentro de las declaraciones que la
Comisión de la Verdad documentó.
"No existe persona legal que haya sido imputada, una acción que se pensó era interponer una denuncia
ante la fiscalía, pero el actual fiscal está implicado en las investigaciones", dijo.
Adelantó que su organismo solicitará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de un
órgano independiente de carácter multilateral, que garantice que los delitos cometidos por integrantes de
los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad sean efectivamente investigados,
sancionados y en su caso desmantelados.
Protestan contra candidatos al Congreso
Un grupo de perredistas, encabezados por su dirigente estatal, se manifestó en la sede del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) para evitar que se registren como candidatos a
diputados y senadores los ex priistas Manuel García Corpus, Beatriz Rodríguez, Samuel Gurrión y Héctor
Pablo Ramírez, vinculados a Ulises Ruiz.
La labor periodística de mujeres en Oaxaca,
mancillada
Un minuto de silencio en memoria de Miroslava Breach.
Nadia Altamirano
Geográfica y socialmente Chihuahua y Oaxaca son dos estados con características distintas, pero si algo los une
es la impunidad que prevalece en las agresiones contra sus periodistas.
Así lo ve Patricia Mayorga, a quien el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su siglas en inglés)
galardonó el año pasado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa.
En su visita a Oaxaca para participar en el Foro Avances y retos en la labor de mujeres periodistas, rechazó que
los agresores de los periodistas no tengan rostro, pues la mayoría está incrustada en las esferas del poder
político.
Aunque la narcopolítica que impera en Chihuahua hace que el crimen organizado parezca un monstruo sin
rostro, no es el único responsable de las agresiones a periodistas, como el asesinato de Miroslava Breach, el 23
de marzo de 2017.
Por la impunidad que prevalece en ese y el 99.8 por ciento de asesinatos de periodistas, para Patricia Mayorga a
otro monstruo le dan forma las autoridades, omisas y a la vez responsables también de desplazamientos
forzados como el que vive desde el año pasado.

15. Sin que aún termine el exilio obligado por el riesgo de ser asesinada como su compañera Miroslava, con quien
compartió la cobertura periodística, Patricia Mayorga compartió lo que representó dejar la tierra, la familia y su
trabajo que ahora lleva a donde vaya, porque además de que conoce su valía "puedo reportear desde donde sea".
Esa misma culpa que ahora el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha atribuido a Miroslava al
reponsabilizarla de su muerte, Patricia Mayorga la sintió al reicibir el Premio Internacional a la Libertad de
Prensa:
"Tenía unos días que Javier Valdés había sido asesinado, sentí que (el premio) era a costa de mi amiga, me
sentía con culpa de recibir ese premio, la gente a mi lado hizo creerme que yo valgo como periodista, que a
pesar de las empresas y el gobierno que emprende campañas de desprestigio, estamos vivos y haciendo cosas",
reflexionó.
Ética en el ejercicio
Fue la periodista Lilia Torrentera quien, antes de hablar sobre la importancia del periodismo de paz y la ética en
el ejercicio periodístico, pidió a quienes se reunieran en la biblioteca del Jardín Etnobotánico de esta ciudad, un
minuto de silencio para honrar la memoria de Miroslava Breach, corresponsal del periódico La Jornada.
Paulina Ríos del portal Página3, se refirió cómo la publicidad oficial, las demandas por "daño moral", la
discriminación y las agresiones merman el ejercicio de la libertad de expresión.
De la responsabilidad que en cada palabra, juicio y noticia que redactan los periodista se refirió Ixtli Martínez,
corresponsal de Aristegui Noticias:
"Si nos referimos al manejo ético del periodismo podemos identificar a esa persona porque es objetiva, actúa de
forma congruente y denuncia con argumentos claros a los funcionarios corruptos.
Con la mesa del día de ayer concluyeron tres días de actividades de un foro organizado por la Defensoría de los
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en el que participaron al menos 15 periodistas y comunicadoras.
Fiscalía estatal y federal deben dejar diferencias
Agrupaciones de periodistas exigen a autoridades esclarecer
asesinatos
RUBÉN VILLALPANDO
Corresponsal
Ciudad Juárez, Chih.
El Foro de Periodistas de Chihuahua, el Colegio de Periodistas José Vasconcelos, el Instituto Internacional
de Periodismo y Comunicación Política y el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores se solidarizaron con
el sentir de los comunicadores del país al cumplirse un año del artero asesinato de la corresponsal de La
Jornada, Miroslava Breach Velducea.
Las agrupaciones de periodistas también exigieron que las autoridades de Chihuahua y federales dejen atrás
las diferencias y actúen conjuntamente para esclarecer éste y los demás asesinatos de compañeros ocurridos en
el país.
De la misma manera, pidieron que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad
de Expresión, de la Procuraduría General de la República, salga del escritorio y deje de ser simple espectador de
los atentados y crímenes contra comunicadores y que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua haga efectivo
el compromiso de crear una dependencia similar para atender estos casos.
Aseguraron que la mejor manera de honrar la memoria de Miroslava es crear y otorgar garantías necesarias
para que todos los periodistas en el estado puedan ejercer su profesión de manera libre y sin temor alguno.
“Que se instale un protocolo efectivo de protección, conjuntamente con la Fiscalía General, Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, otras instituciones oficiales y la debida inclusión de organizaciones de
periodistas e independientes, para todo aquel compañero o compañera y sus familias, que se sienta amenazado
en el ejercicio de su profesión.

16. A los periodistas de Chihuahua y de México: no nos callarán ni las balas ni el poder. Seguiremos adelante,
expresaron.
Además, un grupo de más de 30 periodistas de Ciudad Juárez afirmaron que “hace un año un golpe bajo nos
sacudió el corazón y encolerizó nuestras mentes, mataron a Miroslava Breach Velducea.
“No fue un tirador solitario o una tercia de matones motivados por sus avezados cerebros, ya que la orden de
matarla vino de un lugar oprobioso donde se mezclan los intereses del narco con la política. La mente criminal
que dictó la sentencia mortal quiso matar mucho más que sólo la frágil humanidad de Miroslava y su alma
íntegra, y por eso fue una afrenta para la sociedad chihuahuense en su conjunto.
Ninguna persona nacida o criada en esta tierra merecería jamás morir de esa manera y por eso no queremos
hablar con la voz baja y exigimos justicia para Miroslava, se trata de no sólo detener a quienes accionaron el
arma homicida, demandamos que quienes ordenaron su muerte sean llevados ante la justicia, manifestaron.
Periodistas asesinados, criminalizados después
Jorge Luis Sierra
Otro reportero ha sido asesinado en Veracruz. Debilitados por despidos, salarios raquíticos, alcaldes que los
intentan corromper, ¡scales que no investigan, gobernadores que lo único que les preocupa es su prestigio, los
periodistas de Veracruz están enfrentando una situación que debe consternar al país entero y a la comunidad
internacional. En lugar de apoyo gubernamental, los periodistas reciben un trato degradante o criminalizante:
“Su novio era narcotra¡cante”, “era taxista”, “vendía tacos”, “lo vieron platicando con un jefe criminal”, “era
halcón”, “consumía drogas”, “se juntaba con psicópatas”.
Estas son sólo algunas de las declaraciones abruptas de las autoridades estatales en México inmediatamente
después del asesinato de un periodista. El discurso subyacente es que los periodistas se distraen de su
profesión y que eso los pone en riesgo. Según la línea de pensamiento gubernamental, los ataques a
periodistas, luego entonces, no están relacionados con la libertad de expresión.
Leobardo Vázquez Etzin, asesinado la noche del 22 de marzo en el municipio de Gutiérrez Zamora, en el norte
de Veracruz, era un periodista poco conocido más allá de la entidad en la que vivía y trabajaba. Vázquez había
sido corresponsal de varios medios locales en Veracruz y recientemente había abierto una página de Facebook
llamada Enlace Informativo Regional, como muchos otros periodistas emprendedores en el país que, después
de perder su empleo regular, abren páginas independientes en internet para mantenerse activos como
periodistas mientras van consiguiendo ingresos por otras fuentes.
En su página aún puede verse el tipo de información que Vázquez publicaba: una combinación de notas
promocionales de la imagen de gobiernos municipales de Veracruz con información policiaca o social de su
comunidad. Es difícil discernir si alguna de esas notas generó el enojo de autoridades, policías locales o grupos
criminales.
Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz a¡rmó que Vázquez Etzin fue asesinado mientras “vendía tacos”, como si
eso fuera un hallazgo suficiente para abrir una hipótesis propia de investigación. Horas después, el gobernador
de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares aventuró unas declaraciones cándidas, exigió a los medios que no
exageren hablando de libertad de expresión y asoció el homicidio de Vázquez Etzin con la presunta relación de
periodistas con organizaciones criminales.
El gobernador Yunes mencionó que otros periodistas asesinados durante el gobierno actual “trabajaban para
el narcotráfico”. Hablar de que los periodistas se dedican a otros oficios o relacionarlos con el narcotráfico solo
deja la sensación de que las autoridades veracruzanas están curándose en salud y pretenden desestimar la
conclusión de que la libertad de expresión de los veracruzanos está bajo amago y que 22 periodistas han
perdido la vida en el ejercicio de su profesión en el gobierno estatal anterior y en el actual.
El gobierno federal, por su parte, ha guardado silencio. El homicidio de un reportero local, poco conocido a
nivel nacional o internacional, no mueve al gobierno federal ni siquiera para enviar una nota de condolencia ni
mucho menos para investigar el clima de vulneración y la precariedad de la libertad de expresión en esa
entidad.

17. Sin libertad de expresión, una democracia simulada
Con la muerte de Leobardo Vázquez, el actual gobierno deja claro que le importa un bledo que en México la
prensa viva bajo la disyuntiva de la plata o el plomo. Se trata de gobiernos cómplices y parte constitutiva de
estructuras criminales.
Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la
libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre
actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se
dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @A19media
marzo 23 2018 14:59
FONDEA el periodismo independiente
El 21 de marzo mataron al periodista Leobardo Vázquez en el municipio Gutiérrez Zamora, Veracruz. Un día
antes, Artículo 19 dio cuenta de la violencia que azuela a la prensa en este país: 1986 agresiones contra
periodistas durante el peñanietismo. De esta manera, el actual sexenio se erige como el más violento contra la
prensa.
Con el asesinato de Leobardo el mensaje es claro. Les importa un bledo que se denuncie públicamente que en
México la prensa vive bajo la disyuntiva de la plata o el plomo. Agentes del estado y crimen organizado
seguirán matando periodistas porque pueden, porque no hay consecuencias. De hecho las probabilidades de
salirse con la suya son altas puesto que el 99.6% de los crímenes contra periodistas (prácticamente todos)
quedan impunes. Si alguien es del 0.4% que recibe condena por alguna agresión contra la libertad de expresión
muy seguramente le habrán faltado influencias políticas, amigos en la PGR o de plano es un chivo expiatorio.
Triste pero cierto. Las violencias contra la prensa son funcionales a los actores de poder económico (legales o
ilegales) y político. Lo hemos dicho hasta el cansancio, no son gobiernos rebasados por una entidad
poderosísima llamada crimen organizado. Más bien son gobiernos cómplices y parte constitutiva de estructuras
criminales. Y es bajo esta lógica del “sicariato” que ahora rige las relaciones sociedad-gobierno que se puede
amenazar, perseguir, hostigar, allanar, hackear, desaparecer o matar periodistas.
Vaya disparate del señor Vargas Llosa quien el lunes 19 defendió la democracia a la mexicana, aquella donde-
considera él- la propia libertad de expresión marca el fatal destino de 115 de periodistas asesinados por realizar
su labor. Nada más absurdo y falaz. Por eso es un traje a la medida de nuestro sistema político actual hablar de
democracia simulada. Tenemos reformas constitucionales aprobadas por un Constituyente (Congreso de la
Unión más la 17 legislaturas locales); leyes que reglamentan esas reformas a la Constitución; instituciones
complejas, caras, algunas veces autónomas, creadas para cauce a esas leyes.
Pero a la luz de los resultados, por lo menos en el ámbito de la libertad de expresión, todas las reformas han sido
una mera puesta en escena. Tenemos un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales (INAI) complaciente con el Poder Ejecutivo Federal. Ese INAI nace de una ambiciosa
reforma a la Constitución, una Ley General modelo para el mundo, un proceso de designación rebuscado. Y así
sin más, la cereza en el pastel, la que mata cualquier viso de legitimidad del organismo, es la comisionada
Ximena Puente en la para senadores plurinominales del PRI.
Otro ejemplo. En 2012 se reformó la Constitución para que la PGR pudiera atraer casos de delitos cometidos
contra periodistas que le correspondería inicialmente investigar a una procuraduría local. En 2013 se reformaron
diversas leyes secundarias que reglamentaban la “facultad de atracción”. Realidad casi 5 años después:
impunidad casi absoluta, una FEADLE reacia a atraer caso, y más bien enfocada a desvirtuar líneas de
investigación relacionadas con el trabajo informativo de las víctimas.
En 2012 también fue aprobada una Ley para proteger personas defensoras de derechos humanos y periodistas,
que crea un Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas compuesto en
su Junta de Gobierno por representantes de órganos del Estado y sociedad civil.

18. En 2013 nace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de una controvertida pero necesaria Ley General
de Víctimas, que en 2017 sufrió otra cirugía mayor ante la inoperancia de la institución encargada de
implementarla. Sin embargo seguimos sin ver políticas de prevención de la violencia ni modelos de atención a
víctimas periodistas eficaces. Como correlato atestiguamos la total descoordinación de todos los órganos de
Estado responsables, y funcionarios responsabilizándose unos a otros por la completa negligencia que tiene a la
prensa mexicana en zozobra.
En otros ámbitos de la libertad de expresión podemos encontrar esta teatralización del gatopardismo puro:
cambiar todo para que todo siga igual. No se ha logrado la tan ansiada desconcentración mediática que da al
traste con un debate plural, crítico e independiente. Primordialmente para ello se creó un Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) “autónomo”. Contrario a este pasmoso proceso de “desconcentración” en la
propiedad de tv, radio y telecomunicaciones que ha causado profundas decepciones, encontramos que la
histórica persecución contra radios comunitarias es diligente e implacable.
Por otro lado la Suprema Corte puso a trabajar al Congreso de la Unión, el cual desde 2014 tenía la obligación
de regular la publicidad oficial. A regañadientes, el Congreso se dispone a aprobar antes del 30 de abril
cualquier remedo de ley que cumpla con la sentencia de la Corte y lo saque del problema, pero no que
establezca las reglas mínimas ni mecanismos sólidos y eficaces para la distribución de la publicidad oficial.
Así podemos enumerar a instituciones como el IFT, Mecanismo de Protección, CEAV, se han convertido en
mascarada de un Estado que en lo público “lamenta” muertes de periodistas, “se compromete” con el combate a
la impunidad, “defiende y garantiza” derechos a la información y libertad de expresión, “protege” víctimas
periodistas; pero que en los hechos prodiga la opacidad, la violencia, la censura, la falta de pluralidad mediática,
la desigualdad en el acceso a internet y una serie de condicionantes para el pleno, robusto y desinhibido
ejercicio de la libertad de expresión.
Nada hay de democrático en este panorama. Lo que sí hay es una simulación costosa, absurda y cínica. México
es el país de los procesos democráticos truncos, y es el asedio a la libertad de expresión la mejor muestra de
ello. Por ello salvar la libertad de expresión implica salvar la democracia en sí misma.
@article19mex
Dinero
Slim apuesta al aeropuerto… con dinero de las pensiones
Bajan reservas probadas de petróleo
Por fin…arrancan las campañas
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
¿E
s lícito o ético queCarlos Slim arriesgue el dinero que le han confiado los trabajadores afiliados a la Afore
Inbursa para financiar las obras del nuevo aeropuerto de Ciudad de México? Quizá cumpla la normatividad, sin
embargo, pudiera haber un conflicto de intereses. 1. No está arriesgando dinero propio, tomado de su capital
personal, sino ajeno, de un fondo de pensiones que tiene confiado.
2. La Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades en torno a mil millones de pesos en la
construcción del controvertido puerto aéreo y 3. el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, y la fracción del PAN en el Senado, por voz de su coordinador, Fernando Herrera, están pidiendo que
se revisen los contratos otorgados hasta hoy. López Obrador incluso solicitó a Peña Nieto que se suspendan
nuevas contrataciones.

19. Apostando con las pensiones
Con una prisa inusual, que sólo se explica por el temor a que de algún modo se interrumpa el proyecto, el Grupo
Aeroportuario de Ciudad de México, responsable del NAICM, el viernes anterior se hizo de 30 mil millones de
pesos en el mercado accionario mexicano mediante la colocación de un instrumento financiero conocido como
Fideicomiso de Inversión en Infraestructura o Energía (Fibra E), un mecanismo por medio del cual los
inversionistas participan de las ganancias futuras de un proyecto relacionado con la infraestructura. Si sale bien
los trabajadores de la Afore Inbursa ganarán algún dinero, si algo resulta mal tendrán que sufrir las
famosas minusvalías en sus ahorros. Grupo Financiero Inbursa, controlado por Carlos Slim, habría comprado
certificados de la Fibra E por valor por 13 mil millones de pesos, alrededor de 702 millones de dólares, informó
Reuters, usando diversos vehículos financieros para hacer la compra, entre ellos su Afore Inbursa. Slim ha
obtenido contratos, asociado con otras empresas, por alrededor de 100 mil millones de pesos. Va a ganar por
partida doble: los dividendos de las compañías a las que fueron asignados dichos contratos y por el préstamo
que hizo con dinero de los trabajadores. Otros conocidos personajes también han ganado contratos, como puede
verse en la gráfica. Ahora está más claro por qué defienden con tanta vehemencia y por qué no quieren que sean
tocados ni con el pétalo de una probable revisión.
Bajan reservas
Las reservas probadas de hidrocarburos de México bajaron nuevamente el año pasado, debido a que nuevos
descubrimientos no lograron reponer el ritmo de producción actual. Las reservas totales cayeron más de 7 por
ciento en su contabilización a inicios de 2018 en comparación con el año previo, a 8 mil 483 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente (bpce), según datos divulgados el fin de semana por la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Arrancan
Formalmente el próximo viernes 30 de marzo –Viernes Santo– arrancará la campaña política, aunque, en los
hechos, tiene meses, o años, que dio comienzo. Tal vez nunca antes en la historia los candidatos y los partidos
se adelantaron y comenzaron a hacer campaña. Ya están listos los anuncios de los tres candidatos oficiales: José
Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. En el INE siguen diciendo que todavía no se
definen cuál o cuales independientes aparecerán en la boleta electoral, aunque en radio pasillo se comenta que la
única será Margarita Zavala.
Ombudsman social
Asunto: La hora del planeta
Leí que el sábado 24 de marzo se celebró La hora del planeta, apagando la luz en protesta por el cambio
climático. Por mis rumbos aplicamos el día del planeta una vez a la quincena, gracias a la CFE que se preocupa
de dejar sin luz a la colonia.
Quique de Yogo/vía Facebook

20. R: Así la empresa de clase mundial que nos heredó Felipe Calderón.
Twiteratti
–Aparecen figuras de Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Panamá y México.
–¿El Álbum Panini?
-–La nómina de Odebrecht.
César A. Betancur @Yopucheros
Tal vez hay que cambiar el ángulo de los cuestionamientos sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de Ciudad de México, probablemente la interrogante mayor no es la necesidad, ni la ubicación, tal
vez debe de ser: ¿Cuánto costaría este proyecto si fuera transparente y sin corrupción?
Rafael Zaga V. @razagave
Piden la cabeza del titular de Seduvi por la obra de Be Grand, en Copilco, que afecta a la UNAM.
@gabbrielaluna
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Foro: elforomexico.com/encuestas/
galvanochoa@gmail.com
México SA
NAICM: ¿no a la supervisión?
Irregularidades por doquier
Ruiz Esparza: ¿pérdida de fe?
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
E
n boca de Gerardo Ruiz Esparza es vituperio, porque según él suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) no sería un problema para el proyecto, sino un descrédito para
el país; generaría desconfianza en México, habría una pérdida económica tremenda (y) prácticamente perdería
la fe en nosotros la comunidad financiera internacional, quizá la empresarial.
¡Zas!, y lo dice uno de los más desacreditados (y miren que los hay) integrantes del gabinete peñanietista,
que aparece involucrado en prácticamente todas las obras públicas en las que se detectan irregularidades,
deficiencias o abiertas corruptelas. Recuérdese que lo del Paso Exprés de Cuernavaca no fue la excepción, sino
la regla, y ese sí es descrédito real.
Tal declaración se da a raíz de que el candidato con apodo de pez anunció públicamente su intención de
interponer amparos contra el otorgamiento de contratos para mantener la construcción del NAICM que
comprometan el presupuesto del próximo sexenio, porque, dijo, no aceptaré contratos leoninos, manchados de
corrupción, bajo ninguna amenaza... no soy títere de nadie.
Dicho anuncio puso a temblar a todos los involucrados en la megaobra, mientras dos candidatos al hueso
mayor (Meade y Anaya) parecen gusanos en sartén. El priísta que no es priísta dice que la ley no se discute y el
estado de derecho implica el cumplimiento de los contratos. El señor de Atlanta asegura que se trata de
un absoluto disparate, porque ya se realizó inversión. Pues sí, la construcción de infraestructurarequiere de

21. estabilidad y certeza jurídica (gobernador del Banco de México dixit), pero no a cualquier precio, y en el caso
del NAICM las irregularidades están en el orden del día, y no sólo del gobierno federal.
En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa las cuentas de la nueva terminal aérea
y, como era de esperarse, están patas para arriba. Si se atienden los resultados del ente fiscalizador, el NAICM
tendría que ser rebautizado como la terminal aérea NO: no cuadran las cifras, no se hizo tal o cual obra, no se
respetó el presupuesto, no se cumplen los plazos pactados, etcétera, etcétera, y todo ello puede ser calificado
como se quiere, menos de sinónimo de estado de derecho, estabilidad y certeza jurídica.
La ASF analizó lo sucedido en el NAICM a lo largo de 2016 (aunque el dictamen se emitió el 12 de enero
de 2018), y el resultado no es precisamente un aval a lo dicho por Ruiz Esparza, Meade y/o Anaya. Por el
contrario, es una advertencia documentada sobre las prácticas público privadas a la hora de ejercer presupuestos
como el destinado a la nueva terminal aérea.
El ente fiscalizador se enfocó a revisar los dineros utilizados en la construcción de la barda perimetral; de
subestaciones y la acometida eléctrica; del edificio terminal; la torre de control; la losa de cimentación central
de transporte terrestre intermodal; proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías; sistema de precarga e
instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la
navegación de las oistas dos y tres, y área de túneles, y algunos rubros más, y como se menciona líneas arriba,
el resultado de las auditorías es un NO permanente (léase irregularidades por doquier).
Y en el colmo, presumían (versión oficial) que la megaobra atraería inversiones multimillonarias, una
verdadera catarata de recursos frescos que se inyectarían en la economía nacional para crecer más, y resulta que
se financia… con dinero de los ahorradores en las Afore (ocho de cada 10 pesos), es decir, con los mismos que
se rescató a ICA, empresa que –al borde de la quiebra– participa en la construcción del NAICM.
En fin, del cúmulo de irregularidades en la nueva terminal, documentadas por la ASF, se toman las
siguientes, que son enumerativas, pero no limitativas. Van, pues.
Falta de evidencia del seguimiento de los recursos transferidos a la Sedatu (te hablan Rosario Robles) y la
Comisión Nacional de Agua por 88 y 122 millones de pesos, respectivamente, para la adquisición de parcelas,
pago de avalúos, gastos y honorarios notariales.
No se cuenta con los soportes de las aportaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional efectuadas en las
cuatro etapas, con cargo al convenio número tres. Se detectaron errores aritméticos en la determinación de 16
por ciento de IVA de algunos materiales. Se autorizó el depósito por la totalidad de los incrementos pactados en
el convenio modificatorio número tres, sin verificar que sólo se debió asignar 50 por ciento y que a reserva de
acreditar 40 por ciento de dicha asignación se aportaría el complemento de los recursos autorizados por etapa.
No se cumplió con el plazo señalado en el fallo para la firma del contrato, ya que se sigó hasta el 7 de
octubre de 2016, 24 días naturales después de la fecha establecida. No se verificó que se acreditara en la
propuesta de la contratista el cumplimiento de 50 por ciento de contenido nacional en materiales, mano de obra
y equipo. No se cumplió con el plazo para la entrega del seguro de responsabilidad civil por 3 por ciento del
monto de la propuesta. No se puso a disposición de la contratista el anticipo pactado para el inicio de los
trabajos, no obstante que la contratista garantizó las labores mediante las fianzas correspondientes. No se ha
definido la ingeniería de detalle para la construcción de la cimentación de la galería de cables de potencia y
dichos trabajos llevan un atraso de 49 por ciento respecto del programa vigente.
En un contrato de servicios se autorizaron pagos de 39 millones de pesos por concepto de acompañamiento
durante el proceso de obra, sin considerar que la obra aún no comenzaba; se consideró en los costos indirectos
el rubro comunicación social, el cual no corresponde a un gasto general necesario para la ejecución de los
trabajos, ni fue solicitado en la convocatoria ni en el formato entregado por la entidad fiscalizada: no se verificó
que en los contratos referentes a la construcción de losa de cimentación y de la construcción del edificio
terminal, se considerara que el avance del primero condicionó el inicio de los trabajos del segundo.
Y como las citadas, muchísimas más.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿en serio no hay que revisar nada, porque es un absoluto disparate, la ley no se discute y el estado de
derecho implica el cumplimiento de los contratos?
Twitter: @cafevega
cfvmexico_sa@hotmail.com

22. Sedena encareció 89% barda de Nuevo
Aeropuerto y utilizó empresas fantasma
El Ejército ha contado con la colaboración del INAI para no entregar los contratos y facturas que
sirvieron para materializar el proyecto.
Sebastián Barragán
marzo 25, 2018 9:10 am
29.5K
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construyó la barda perimetral del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM) mediante un contrato que le permitió encarecer la obra 89 por ciento y el uso de
al menos dos empresas fantasma.
En la página de transparencia del aeropuerto se anota que el proyecto de barda perimetral tenía un costo original
de mil 547 millones de pesos, pero tras cuatro convenios modificatorios el muro se encareció hasta llegar a 2 mil
930 millones de pesos, lo que significa un encarecimiento de 89 por ciento.
La bitácora de obra obtenida por Aristegui Noticias detalla que los trabajos iniciaron sin tener un proyecto
ejecutivo, que se cambiaron tramos de la barda mientras se desarrollaban los trabajos y conforme las necesidades de
última hora de empresas proyectistas o de otras dependencias públicas como Conagua.
Según el cuarto convenio de colaboración, la obra debió terminar en mayo de 2017, lo que significa un atraso de 531
días naturales, pues debieron finalizar en diciembre de 2015.
En su más reciente reporte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que Sedena no comprobó el
gasto de 389 millones 670 mil pesos, aunque únicamente revisó el ejercicio de mil 611 millones 585 mil 800 pesos.
Las dependencias responsables no han transparentado los contratos y facturas utilizados para materializar el
proyecto, amparándose en resoluciones del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública),
incluyendo el voto de Ximena Puente, quien esta semana renunció a su puesto para representar al partido en el poder
en la Cámara de Diputados.
EMPRESAS HERMANAS FANTASMA
Mediante una solicitud de transparencia, el Ejército mexicano entregó una relación de 111 contratistas, que en
conjunto vendieron insumos para la barda por mil 355 millones 938 mil 780 pesos.
Dentro del listado de empresas destacan dos nombres: Constructora Camino Real del Valle y Constructora los 4
Príncipes.

23. Las compañías nacieron con tres minutos de diferencia: el 11 de marzo de 2014, el notario público 128 de Puebla,
Jaime Juárez Hernández, acudió a la Secretaría de Economía a reservar los nombres. Un trámite lo hizo a las 14:21
horas y el otro a las 14:24 horas, según documentos oficiales.
El 2 de octubre de 2014, el mismo notario registró las compañías en el estado de Puebla y como socios puso a una
pareja de jóvenes con residencia en Oaxaca: “Carlos Alexis” y “Dinoraht Miccel”, de 20 y 21 años de edad.
El joven negó a este medio tener cualquier tipo de empresa y le sorprendió que sus datos personales figuren en una
compañía de Puebla, pues sostuvo que nunca ha visitado esa entidad.
Se negó a dar una entrevista formal por temor a represalias a su familia. Por este motivo los apellidos no se incluyen
en el reportaje.
La joven aparece en el padrón de beneficiario del Programa de Empleo Temporal, diseñado para beneficiar a
“hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos y de la población afectada por emergencias”, según
la Secretaría de Desarrollo Social.
Durante 2015, al ser reconocida dentro de esta población vulnerable, participó en actividades como cambiar techos
de viviendas y rehabilitar escuelas en zonas rurales, por lo que recibió un pago de mil 320 pesos, según el padrón
oficial.
Aunque los jóvenes no estaban enterados, “sus” compañías (Constructora Camino Real del Valle y Constructora los
4 Príncipes) vendieron 10 millones de pesos en materiales a una de las principales obras de este sexenio, según un
documento entregado vía transparencia a este medio.
Sin embargo, es imposible saber qué vendieron y a qué precio.
SIN CONTRATOS, SIN OFICINAS, SIN RASTRO
Entre 2016 y 2018, Aristegui Noticias solicitó vía transparencia los contratos y facturas relacionados con esta
obra. El Ejército y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México afirmaron que no están en sus archivos.
Este medio se inconformó con las respuestas y tramitó recursos de revisión ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Ambas dependencias reportaron
que buscaron los papeles y no los encontraron.
En resoluciones continuas, cinco comisionados del INAI consideraron que el Ejército y GACM cumplieron sus
obligaciones transparencia al informar que los contratos y facturas no existían, incluyendo a Ximena Puente de la
Mora, quien dejó el cargo hace unos días para representar al PRI en el Congreso de la Unión mediante una
diputación plurinominal.
Con los votos de Javier Acuña, Oscar Guerra Ford, Monterrey Chepov, Joel Salas y la propia Ximena Puente, el
organismo autónomo colocó un sello oficial a la opacidad de la obra. Solo las comisionadas María Patricia Kurczyn
y Areli Cano votaron a favor de exigir una búsqueda exhaustiva.
Constructora Camino Real del Valle y Constructora los 4 Príncipes no tienen otros contratos con dependencias
federales o estatales.
Sin embargo, las dos compañías aparecen en un directorio de proveedores del estado de Baja California Sur, con
oficinas en Rosarito y número de teléfono.
Aristegui Noticias llamó a los teléfonos durante un año (entre 2017 y 2018), sin obtener respuesta.
También se incluye una dirección (Playa Coromuel esquina Buena Vista, colonia Rosarito, San José del Cabo), lugar
donde se ubica una plaza comercial y donde no figuran ningún rastro de Camino Real del Valle y los 4 Príncipes.
Un vecino de la zona confirmó a este medio que en la plaza hay un despacho de arquitectura, pero no corresponde a
ninguno de las compañías involucradas en esta investigación.
Presupuesto Barda
Infogram
SEDENA Y LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA

24. El Ejército mexicano y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) firmaron un convenio de
colaboración el 18 de febrero de 2015 para realizar la obra mediante el esquema de “administración directa”, que los
obligaba a realizar la obra sin ayuda de empresas contratistas.
sean cuale
En la lista de contratistas obtenida por este medio destaca la participación de empresas proyectistas,
Mediante una solicitud de información el Ejército informó que únicamente destinó tres trabajadores al proyecto:
Según la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sedena fue el proveedor que más cobró del
fideicomiso 80726 en 2016, creado especialmente para pagar obras del NAICM, rebasando a las empresas
contratistas que diseñaron el proyecto y las constructoras encargadas de las pistas.
Los más altos responsables del proyecto son dos integrantes de la administración de Enrique Peña Nieto: Gerardo
Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Salvador Cienfuegos, titular de la Defensa
Nacional.
No es la primera vez que el Ejército mexicano entra a desarrollar obra pública: Sedena fuecomisionada a arreglar los
desperfectos que dejó la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú (amigo del Presidente y dueño de La Casa
Blanca) en la construcción del Hangar Presidencial.
La relación entre Sedena y el nuevo aeropuerto seguirá, pues la dependencia ya ganó otro contrato por mil 346
millones 287 mil pesos, esta vez por la “Limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica para la construcción del
sistema de precarga de la pista 6 y calles de rodaje del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.
Los grandes contratos para los consentidos de Peña Nieto
POR MATHIEU TOURLIERE , 24 MARZO, 2018REPORTAJE ESPECIAL
No obstante la falta de transparencia del gobierno federal, es posible determinar que fueron unas cuantas
empresas mexicanas y extranjeras, solas o agrupadas en consorcios, las favorecidas durante el sexenio de
Enrique Peña Nieto con el otorgamiento de los multimillonarios contratos de obra pública. De acuerdo con un
análisis minucioso de Compranet y otras plataformas, así como de un informe del Instituto Mexicano para la
Competitividad, los consentidos del todavía presidente están encabezados por Grupo Higa, pero no faltan ahí
apellidos como Hank Rhon, Azcárraga, Slim, Ruiz Sacristán, Servitje… y empresas como OHL, Odebrecht y
Mota-Engil. Son los beneficiarios de las pomposas reformas estructurales que defiende a muerte el gobierno
actual.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A veces solas y otras en consorcio, un puñado de empresas se repartió el
pastel multimillonario de los contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: recibieron
más de un billón 184 mil millones de pesos durante los primeros cinco años de la administración actual, la
mitad del monto total otorgado a actores del sector privado.
Los dueños y presidentes de los consejos de administración de estos grupos, llámense Carlos Hank Rhon,
Olegario Vázquez Raña, Juan Armando Hinojosa Cantú, Hipólito Gerard Rivero, Carlos Ruiz Sacristán, Juan
Miguel Villar Mir, Emilio Azcárraga Jean, Carlos Slim Helú o Nicolás Mariscal Servitje, entre otros, tienen
vínculos de larga data con el PRI, y en especial con el gobierno de Peña Nieto.
Las empresas se repartieron las obras del sector energético, de la infraestructura, la venta de medicinas, las
telecomunicaciones, seguros y transportes, de acuerdo con un análisis exhaustivo que realizó Proceso a los más
de 972 mil contratos registrados en la plataforma Compranet entre enero de 2013 y marzo de 2018, así como a
la plataforma que registra los megaproyectos.

25. Y aun así, la información oficial impide determinar los montos exactos que se embolsó cada empresa, pues
algunas dependencias no transparentan sus trabajos. Pese a ser el mayor contratista del gobierno federal, Pemex
subió a Compranet contratos por un monto de apenas 46 mil millones de pesos durante todo el sexenio.
El gobierno de Peña Nieto también abrió en grande la puerta de los mercados públicos mexicanos a las
empresas de capital trasnacional, como las españolas OHL, Elecnor, Avanzia, Sacyr, Aldesa, Construcciones y
Auxiliares de Ferrocarriles (CAF), Isolux, Sener o Infralux, así como la portuguesa Mota-Engil, la brasileña
Odebrecht y la francesa Alstom, por citar las más destacadas. En conjunto ganaron contratos por más de 147 mil
322 millones de pesos en los últimos cinco años.
En general, estas empresas extranjeras obtuvieron los contratos públicos en consorcio o asociación con
empresas mexicanas.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2160, ya en circulación
El Estado dejó de regular la actividad; desprotegidas, comunidades indígenas y rurales: estudio
Activos en México, 120 conflictos ambientales ligados a la minería
Documenta hasta 2014, 888 proyectos prorrogables a 50 años, operados por 268 empresas en
57.4% del territorio
Por cada mil pesos que obtienen consorcios, localidades sólo 15 centavos
Obreros de la mina Peñasquito Gold Corp., situada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, se dirigen a sus casas al caer la tarde, tras cumplir
la jornada laboralFoto Alfredo Valadez
ANGÉLICA ENCISO L.
Hay alrededor de 120 conflictos ambientales vigentes vinculados con la minería en el país debido a los costos
sociales y ecológicos que esta explotación ocasiona. El Estado prácticamente ha renunciado a la regulación, así
como a la protección del ambiente y de las comunidades indígenas y rurales en las zonas donde se realiza la
actividad extractiva. Sin dejar desarrollo local, por cada mil pesos obtenidos por las corporaciones mineras, las
localidades afectadas recibieron sólo 15 centavos por conducto de gobiernos estatales y municipales.
Datos hasta 2014 refieren que se han desarrollado 888 proyectos de exploración y explotación mineros,
prorrogables por medio siglo, con capital extranjero y operados por 268 empresas de distintos países, pero sobre
todo de Canadá, refiere el apartado Política pública sobre minería, medio ambiente y su soberanía nacional,
coordinado por Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Agenda Ambiental
2018, diagnóstico y propuestas, realizada por expertos de universidades.

26. Esos proyectos están previstos en 112.82 millones de hectáreas, que equivalen a 57.4 por ciento del
territorio nacional. Agrega que en 2014 la Secretaría de Economía informó que había 3 mil 832 empresas
trasnacionales dedicadas a esta actividad, pero la minería no aporta nada al desarrollo local y de acuerdo con
datos de Fundar, en 76 por ciento de los municipios con producción de oro y en 87 por ciento de aquellos en los
que hay producción de plata el nivel de pobreza de la población es mayor al promedio nacional.
Aportaciones fiscales raquíticas
Las aportaciones fiscales de la minería son raquíticas, un ejemplo es que en 2016 fueron de apenas 2 mil 509
millones de pesos, lo que equivale a 0.32 por ciento del total de los ingresos fiscales, mientras el valor de la
producción minera metálica que se generó sólo en 2014 llegó a 14 mil 765 millones de dólares, los cuales
fueron transferidos a Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. A cambio de esos raquíticos ingresos, la minería
a cielo abierto cambia de manera definitiva la estructura del suelo y de las cuencas hidrológicas, se afectan los
cuerpos de agua, los suelos, la flora y la fauna, se pierde la cobertura forestal, a lo cual se suma el
desplazamiento y destrucción de cientos de comunidades.
Destruyen ecosistemas
La nula sustentabilidad de la megaminería en México se percibe en la destrucción masiva y acelerada de la
tierra, en la contaminación del aire, en el gran uso de agua y en la huella hídrica. Sólo en Sonora, el Grupo
México, y en el Zacatecas, Gold Corporación, consumen más agua que toda la población de cada entidad.
Menciona el estudio que el despojo hídrico por la megaminería se manifiesta en que 97 súper proyectos
mineros han privado del acceso de los recursos hídricos a 10 por ciento de la población nacional, según cifras de
la Comisión Nacional del Agua y Carto Crítica.
Frente a este panorama, el reporte propone que los candidatos a la Presidencia suscriban un compromiso
para decretar la moratoria a nuevas concesiones mineras y establecer fecha de caducidad de las que ya fueron
otorgadas, tanto para exploración como explotación en todo el país.
También se debe promover una nueva ley minera que faculte a los estados más afectados por la
megaminería a establecer un impuesto ambiental que prevea y enfrente la huella ecológica desde el inicio de las
actividades hasta el final de los proyectos.
Astillero
¿Cómo llega AMLO a la campaña?
Activismo y persistencia
Reciclaje y alianzas
Hartazgo y menospeorismo
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
LOCALIZAN CUERPO DE ESTUDIANTE DE LA UDEG. La tarde del domingo fue hallado en la barranca de Huentitán el cuerpo de Julio César
Ulises Arellano Camacho, estudiante de la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y desaparecido desde el 19 de
marzo. De acuerdo con información al momento preliminar, fue encontrado ahorcado y pendiendo de un árbol. Tenemos elementos de que el
joven habría atentado en contra de su propia vida, están plenamente detectados sus últimos trayectos, así como otros elementos de prueba
que el personal de la Fiscalía General del Estado presentará para dar transparencia y certeza al caso, dijo en conferencia de prensa el
gobernador de Jalisco, Aristóteles SandovalFoto La Jornada

27. A
unos días de que se inicien las campañas electorales en forma, resulta oportuno repasar algunos de los rasgos de
lo vivido hasta ahora en los peculiares planos de las precampañas y las intercampañas y, a partir de esos
distintivos, aventurar algunas especulaciones acerca de lo que puede suceder en estos tres meses venideros, que
serán de dura y ruda batalla no sólo entre partidos sino, sobre todo, entre la(s) opción(es) de cambio y el
decadente pero suficientemente peligroso aparato de poder caracterizado como PRI-gobierno.
Hasta ahora, y con una sostenida tendencia creciente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido,
Morena, han constituido más que una sorpresa (fue creado en 2011 y obtuvo registro legal en julio de 2014),
pues en muy poco tiempo han ocupado el centro del debate y la actividad política nacionales y, a estas alturas,
constituyen un vigoroso y extendido reto al esquema de alternancias que hasta ahora han practicado el PRI, el
PAN y, en menor medida, el PRD.
La fuerza y la expansión de Morena se deben a la personalidad y empuje de su máximo líder, el citado
López Obrador, un personaje aferrado a ciertas ideas de fondo pero, por otra parte, un gran especialista en
insertar frases y ocurrencias de gran impacto mediático y popular. Sus rutinas discursivas y su lentitud
prosódica son compensadas con un activismo sin par, pues se ha mantenido en virtual campaña política desde
2005, recorriendo el país, encabezando mítines (sobre todo en plazas públicas) y dando conferencias de prensa.
Pero, por encima de sus errores y aciertos como político en general, cuenta con una importante base social que
le es absolutamente fiel (en algunos ramales de ese movimiento, a niveles rayanos en el fanatismo), por cuanto
esa base tiene en alto aprecio la persistencia y tozudez del tabasqueño y, sobre todo, su honestidad personal,
hasta ahora a prueba de todo.
Sin embargo, la cuantiosa base social de apoyo, el carisma personal del candidato presidencial y los datos de
demoscopia que lo muestran siempre en la delantera, no propiciaron que en Morena irrumpiera un proyecto
firme de constitución de una nueva clase política. En lo general, hay una apuesta por la vieja clase política y, en
especial, por personajes reciclados, más que regenerados. Un buen número de corresponsables de la crisis actual
han pasado tranquilamente de sus partidos de la víspera (especialmente del PRD, pero prácticamente de todos
los partidos) sin mayor requisito que tener dinero para hacer sus campañas, aportar cierto número de votos a la
candidatura presidencial (haigan de conseguirse como haigan de conseguirse) y sumarse al abanico de
obediencia política a las directrices del mando nacional, cuyos operadores más novedosos y eficaces provienen
de la reserva filial, proyectada para el posterior control abierto del partido.
Esa opción preferencial por el reciclaje ha generado las primeras muestras de inconformidad en el joven
partido pero, sobre todo, ha ido erosionando el tejido de confianza de sectores cuyo sentido del voto aún es
indeciso. Incluso en ciertos ámbitos de izquierda más o menos encaminados a votar por AMLO, han producido
distanciamientos y reticencias las alianzas con sectores derechistas, como el Partido Encuentro Social, y algunos
pronunciamientos de corte moral, incluso religiosos, hechos por el morenista en jefe.
Pero, en términos muy generales, junto a la vocación irrevocable de un segmento ciudadano por el político
conocido como el Peje, habita la amplia certeza de que el sistema actual ha llegado a una crisis que no debería
permitir la continuidad de su actual propuesta, la del PRI-gobierno, con el tecnopriísta José Antonio Meade,
como candidato, ni el triunfo de alguna de lasalternancias fabricadas (el panista Ricardo Anaya o la calderonista
Margarita Zavala).
Hay un hartazgo ciudadano evidente, que a su vez lleva a la desesperada opción de votar por el candidato
que ofrezca alguna posibilidad de cambio, por acotada que ésta sea. El menospeorismo es una de las
singularidades del proceso electoral en curso: habrá priístas, panistas, perredistas y morenistas que no se
sentirán debidamente motivados para votar a favor de algunas de las propuestas de sus partidos y tendrán que
escoger, de un menú insatisfactorio, lo menos peor. También habrá un buen número de ciudadanos que cruzarán
la boleta electoral movidos por una esperanza en declive.
En estos segmentos habrá de definirse el volumen de votos que alcance el lopezobradorismo y si obtiene o
no un caudal arrollador que inhiba el fraude electoral no sólo programado, sino ya en curso. Dicho de otra
manera, del aprovechamiento de esas franjas de indecisos dependerá la posibilidad del priísmo, o de
las alternativasfabricadas, para montar una simulación electoral fraudulenta que intente cerrar el paso a López
Obrador.
En ese contexto, los tres meses venideros de campaña electoral significarán la más dura prueba política para
el candidato de origen tabasqueño. Nunca, ni en 2006, había estado frente a una necesidad social de cambio tan
ansiosa y definida. Las encuestas de opinión y el ánimo social le son particularmente favorables. Pero, al mismo
tiempo, la aparente inevitabilidad de su triunfo endurece, a niveles predelictivos, a los poderosos grupos
económicos y políticos que consideran en riesgo sus intereses.

28. López Obrador deberá cuidar, en este sendero de tres meses, sus frases y respuestas, pues habrá cazadores
nacionales y extranjeros dispuestos a capturar errores o malos planteamientos para convertirlos en material de
desacreditación y difamación. La leva de candidatos sin compromiso real con los postulados de Morena también
puede abrir la puerta a golpeteos externos y a traiciones internas. Y, sobre todo, deberá afinar y garantizar una
estructura electoral a prueba del fraude tan cantado. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx
EPN paga 128 millones por centro de datos a
empresa cuyos dueños son un misterio, y
congela datos
Por Linaloe R. Flores
#DatosCerrados | En 2014, cuando la aprobación a su desempeño se fue en
picada, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto ordenó la
construcción de un centro de datos. Sin licitación de por medio, le pagó un
contrato de poco más de 128 millones a Productos de Consumo Omega S.A de
C.V., una empresa cuya directiva no es pública como tampoco lo son los
nombres de sus dueños. Un año después, la Presidencia de la República
reservó la información técnica del proyecto hasta 2026. Cuando pueda
conocerse si ese albergue cibernético de información resultó efectivo o lo que
guardó, Peña Nieto tendrá 60 años de edad y habrán pasado ocho años de su
partida de Los Pinos. Ayotzinapa, la tragedia que ese mismo 2014 descarriló
su Gobierno, tendrá 12 años de haber ocurrido.
ADEMÁS
Los Pinos rechaza pago de bots, aunque estudio de Oxford dice que sí cuentan, y cuentan
mucho
Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- En 2014, la Presidencia de la República
mandó formar un centro de datos de 128 millones 198 mil pesos con 28 centavos
mediante un contrato otorgado por adjudicación directa a la empresa Productos de
Consumo Omega S.A de C.V.

29. El dinero para dicho proyecto cibernético equivale al monto destinado por el Gobierno
Federal y el de Puebla a los Bancos de Alimentos de ese estado, un programa que fue
parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre que ese mismo año se puso en marcha en
ciertos municipios del país para amainar la pobreza extrema.
Pero los ciudadanos no pueden conocer si el dinero gastado por la Presidencia de la
República se empleó bien. El anexo técnico del contrato AD-SN-020-14 que concierne al
centro de datos fue puesto bajo reserva el 5 de diciembre de 2014 y hasta la misma fecha
de 2026, bajo la custodia de la Dirección General de Recursos Materiales de la
Presidencia de la República.
En 2026, Enrique Peña Nieto tendrá ocho años de haber dejado la residencia oficial de
Los Pinos. Su edad será de 60 años. La tragedia de Ayotzinapa que descarriló su
Gobierno tendrá 12 años de haber ocurrido. La revelación de que poseía una mansión en
las Lomas de Chapultepec, un affair conocido como “casa blanca, cumplirá 12 años. Y
habrá pasado un año de que su sucesor haya dejado la Presidencia.
Según la Escuela de Internet, un centro de datos es un complejo formado por hardware
informático que debe ser accesible desde cualquier rincón del planeta. Puede ser una
habitación dentro de un edificio o un complejo. En él se guarda información. Del
ordenado por el Presidente Enrique Peña Nieto por ahora no puede conocerse la utilidad,
lo que archiva o si ha resultado efectivo. Tampoco las motivaciones que tuvo para
pedirlo.
El anexo técnico del contrato fue guardado con tres consideraciones. Una fue el daño al
interés público de preservar la seguridad nacional y la salud, vida y seguridad de las
personas, mediante la realización de diversas conductas que interfieran con la normal
operación del centro de datos, según asentó la Dirección General de Tecnologías de la
Información en el oficio DGT/DAO/102//15 enviado al Comité de Información de la
Presidencia.
Esa instancia también estimó que dicho daño puede producirse en cualquier momento
mientras esté en operaciones el centro de datos, por lo que la restricción de divulgación
de la información debe comprender el máximo permitido por la ley.

30. Para la reserva también pesó la probabilidad de daño dado que se emplearían
herramientas tecnológicas.
***
De los contratos que ha otorgado el Presidente Enrique Peña Nieto, el 55 por ciento fue
mediante adjudicación directa, 29.6 por ciento con invitación a tres personas y 15 por
ciento con licitación pública. Estos porcentajes se obtuvieron mediante una revisión de
los contratos de la Presidencia de la República de 2012 a la fecha contenidos en el Portal
de Obligaciones y Transparencia y comparados con la página Compranet, los dos
mecanismos que permiten el conocimiento de las compras del Gobierno.
Es decir, en la manera de contratar del Primer Mandatario predomina la adjudicación
directa que es la forma legal que le permite al Gobierno pagar por servicios o comprar sin
que medie concurso entre empresas.
El artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
indica que las entidades del Gobierno pueden contratar adquisiciones y arrendamientos y
servicios sin sujetarse a la licitación pública en varios casos. Uno de ellos es cuando se
pone en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública. El Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) expuso el 14 de marzo pasado, al presentar su “Índice de
Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” que la
utilización de este modo de contratación (en el que no se compite) debiera ser
excepcional y no predominante.
ADEMÁS
EPN oculta 12 millones 406 mil 136 expedientes en menos de 5 años; más que cualquier
Presidente
En la Presidencia, la adjudicación directa brilla. Los servicios relacionados con Internet
contratados a partir de 2013 son un ejemplo. 17 fueron otorgados de esa manera y en
dólares. Por ejemplo, en 2013, la Coordinación General de Administración de la
Presidencia de la República contrató un servicio de suscripción, actualización y soporte
de licencias de uso de programas de cómputo a través de un esquema de licenciamiento a
Microsoft licesing por un millón 137 mil 128 dólares con 45 centavos.

31. Respecto a su centro de datos, la adjudicación directa argumentada en la seguridad
nacional permite oscuridad en torno al proyecto, pero también de la empresa. Productos
de Consumo Omega no publica su directiva como tampoco quién la adueña. Localizada
en un número telefónico de acuerdo con una página web que se encuentra en caché (es
decir, en la memoria de Internet) se negó a proporcionar esa información. Hay dos
domicilios de esta entidad, una en el Estado de México y otra en la Ciudad de México.
Así, se desconoce a quién le confió el Presidente Enrique Peña Nieto el centro de datos
que mandó construir en 2014, el año en que su popularidad cayó en picada y se convirtió
en el Mandatario con menos aprobación de la Historia de México desde 1994.
Por Linaloe R. Flores
Comunidad Nahua gana una primera batalla contra
minera canadiense
Por Fundar
“La minera intentó diversas estrategias para que el Juicio concluyera sin que se dictara sentencia”. Foto: Comite Solidaridad
Sierra Norte de Puebla, Facebook

32. Por Itzel Silva Monroy*
En abril de 2015, la Comunidad Nahua de Tecoltemi -acompañada por Fundar y por el
Consejo Tiyat Tlali- interpuso un Juicio de Amparo en contra de dos concesiones
mineras que la Secretaría de Economía otorgó a la hoy empresa Minera Gorrión, filial de
la canadiense Almaden Minerals, en la Sierra Norte de Puebla. Esta concesión se otorgó
sin el consentimiento y sin haber realizado consulta alguna a la comunidad.
Durante más de dos años, la minera intentó diversas estrategias para que el Juicio
concluyera sin que se dictara sentencia, y de esta forma evadir una condena al Estado
Mexicano por las violaciones cometidas -y que le beneficiaban, y además, evitar que se
analizara la Ley Minera, que contiene diversos artículos contrarios a derechos
reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales. Simultáneamente, la
minera quería quitarse de encima el problema que le representaba el juicio, pues no lo
había reportado a sus inversionistas.
Almaden Minerals quería lo mismo que hicieron en su momento las empresas Hochschild
y Zalamera dentro del caso de la comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso, en
Guerrero: desistirse de las concesiones que le fueron entregadas para dejar sin materia el
juicio; no hay materia, no hay sentencia ni un análisis a profundidad de las implicaciones
de la Ley Minera.
En el caso de San Miguel del Progreso, las mineras se salieron con la suya: con el
desistimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión en 2016 de
cerrar el juicio sin analizar las violaciones cometidas por las concesiones y por la Ley. En
el caso de la Comunidad Nahua de Tecoltemi, Almaden Minerals no logró este objetivo.
En febrero pasado, un Tribunal Colegiado le dio la razón a la comunidad tras un recurso
legal: la Secretaría de Economía no podía autorizar a la empresa canadiense la reducción
y posterior desistimiento de las concesiones sobre el territorio de Tecoltemi, porque ello
iría en contra de la orden de suspensión que el Juzgado dio a la comunidad desde que se
presentó el amparo. Y es que la suspensión de las concesiones mineras impugnadas
impedía que se realizaran actos jurídicos con ellas -incluidas la reducción y el
desistimiento- mientras no se dictara sentencia.
La decisión del Tribunal Colegiado es sin duda un logro para la comunidad que toca
celebrar, pues da marcha atrás a la estrategia implementada por la empresa para terminar
de manera anticipada el juicio de amparo. Para cumplir con la decisión, la Secretaría de
Economía debe ahora revocar la autorización que había dado a la canadiense para reducir
y desistirse de las concesiones.
Así, el juicio de Tecoltemi debe seguir adelante; llegado el momento, el juzgado de
amparo deberá revisar no sólo lo relativo a las concesiones, sino también a diversos
artículos de la Ley Minera que contravienen los derechos de los pueblos indígenas y de
los núcleos agrarios, y que han permitido que el Estado Mexicano ponga a disposición de
las empresas las tierras y territorios de las comunidades. Una batalla legal intermedia se
ha ganado, aún vendrá la final.
*Abogada en Fundar y representante legal de la comunidad Nahua de Tecoltemi en el Juicio de Amparo a que se hace
referencia en este texto.

33. Hidalgo hace públicos los convenios de la Estafa
Maestra; Quintana Roo los reserva por 5 años
Las dos televisoras estatales recibieron pagos por más de 1700 millones de pesos por parte de Sedesol y Sedatu
que fueron triangulados a empresas irregulares o terminaron en el extranjero de acuerdo con la ASF
Especial
Ernesto Aroche Aguilar (@earoche)
marzo 26 2018 08:13
FONDEA el periodismo independiente
Un mes después de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) revelara el uso de televisoras estatales de
Hidalgo y Quintana Roo para el desvió y la triangulación de recursos bajo un esquema similar al utilizado en la
Estafa Maestra, los gobiernos involucrados respondieron de manera diferente a la solicitud de que hicieran
pública la información.
Mientras que la administración del priista Omar Fayad hizo públicos los convenios que el organismo Radio y
Televisión de Hidalgo (RTH) firmó con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) mientras estuvo al frente
Rosario Robles; el gobierno del aliancista Carlos Joaquín prefirió reservar por 5 años los convenios que el
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) firmó con la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu)
En ambos casos se trata de documentos con los que la ASF ha señalado a dependencias que ha encabezado en
diferentes momentos Rosario Robles y a las que les fueron asignados, sin licitación de por medio, millonarios
contratos superiores a los 1700 millones de pesos.
Las dos televisoras lejos de atender los servicios solicitados por las dependencias federales subcontrataron a
empresas que se presume fantasmas pues no fueron localizadas en sus domicilios fiscales.
La ASF incluso señaló que en el caso del SQCS “no existe certeza de que los trabajos pagados por
la Sedatu hayan sido realizados por el SQCS o alguno de los proveedores que contrató; no obstante, se vieron
beneficiados con recursos públicos federales”.
De acuerdo con la información que la ASF hizo pública al presentar su informe sobre la Cuenta Pública durante
el 2015 el SQCS firmó convenios con Sedatu que amparaban servicios pagos por 356 millones de pesos,
mientras que en 2016 el monto del convenio fue de 450 millones de pesos.
Al respecto el organismo estatal no pudo comprobar que los servicios subcontratados a 25 proveedores se
realizaron a pesar de que pagó 420 millones de pesos, pues argumentaron que el ex director jurídico del sistema
durante el gobierno de Roberto Borge sólo dejó los contratos en los archivos, pero nada que pruebe que los
servicios sí se realizaron.
En su negativa a hacer pública la documentación, a pesar del interés público en el asunto, el Comité de
Transparencia del SQCS aseguró que hay en proceso dos autorías, una a cargo de la Secretaría de la Contraloría
de Quintana Roo y la segunda a cargo de la Auditoria Superior de ese estado, y que existe además una
investigación en proceso por la existencia de denuncias penales que está llevando la Fiscalía General de
Quintana Roo.
El documento entregado a Animal Político dice que la información que se reserva por el plazo máximo
estipulado en la ley de ese estado es: “convenio general, convenios específicos, anexos de ejecución y órdenes
de trabajo relacionados con el caso Sedatu”.
Hidalgo sí los entrega
La situación que se vive en el organismo de Radio y Televisión de Hidalgo es muy similar a la de Quintana
Roo, pues no sólo está en proceso la auditoria que inició la ASF sino que también hay procesos penales en

34. contra del ex director del organismo, Sergio Islas Olvera, quién incluso ya recibió sentencia por la malversación
de 77 millones de pesos en su periodo al frente del organismo estatal.
Pero no eso no impidió que el gobierno entregara los 2 convenios generales y siete específicos que Noé
Mohedano Badillo firmó entre 2014 y 2015 como apoderado legal de RTH. En los documentos aparece la
firmas de Ramón Sosamontes Herreramoro, entonces Jefe de la Oficina y Comunicación, como representante de
Sedesol.
En los documentos se especifica que RTH comprometió en 2014 y 2015 a desarrollar la estrategia y programa
anual de la dependencia, a cambio la Sedesol entregó 955 millones de pesos.
Aunque la ASF comprobó no sólo que los servicios no se prestaron, sino que incluso el personal del organismo
hidalguense recibió la instrucciones de a qué empresa contratar y recibieron los entregables para comprobar los
servicios en las oficinas de la Sedesol sin que los contratos se hubieran firmado aún.
Parte del dinero que recibió RTH, más de 66 millones de pesos, terminó en los Banco Monex y CI Banco que
más tarde lo transfirieron a cuentas ubicadas en China, Corea y Estados Unidos.
La ASF también comprobó que tanto RTH como SQCS contrataron a las mismas empresas, como Publicidad
Natnit a las que entregaron más de 550 millones de pesos, “lo que deja ver una relación entre las empresas
proveedoras, a fin de relacionarse con las supuestas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos estatales
para la simulada prestación de servicios y presunta aplicación indebida de recursos públicos”.
¿La Marina asesinó a una familia desde un helicóptero? El comunicado no menciona una sola
palabra; ni siquiera reseña que dos niñas murieron en el ataque. Fotos de El Mañana, tomadas de
redes sociales.
Dos niñas de 4 y 6 años también murieron en el
enfrentamiento; ni una letra en el boletín oficial
Por Redacción / Sin Embargo
De acuerdo con distintas versiones, una familia que se dirigía a su casa fue
atacada a balazos desde el helicóptero de la Marina, que les disparó mientras
circulaban por la Carretera a Piedras Negras. En el interior del auto
quedaron los cuerpos de una mujer de 28 años y sus dos hijas de 6 y 4 años.
El padre de las menores resultó gravemente herido. La Secretaría de Marina
informó sobre el enfrentamiento con sicarios sin mencionar el ataque a la
familia. Únicamente dijo que en las emboscadas del domingo murió un
marino y 13 más resultaron heridos.

35. ADEMÁS
Emboscadas a elementos de la Semar en Tamaulipas, dejan un marino muerto, 12 más
heridos y 4 sicarios abatidos
Ciudad deMéxico, 26 de marzo (SinEmbargo).–Una mujer y sus dos hijas, de 3 y 5 años,
murieron durante el enfrentamiento a balazos entre sicarios y elementos de la Secretaría
de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero el comunicado oficial los omitió. Ni una
letra.
Las víctimas son Nellely “N”, de 28 años, y sus hijas de 6 y 4 años. Efraín “N”, de 25
años, esposo de la mujer y padre de las menores resultó lesionado. De acuerdo con el
diario El Mañana de Nuevo Laredo, la familia fue atacada a balazos desde el helicóptero
de la Marina, que habría disparado mientras circulaban por la Carretera a Piedras Negras,
Coahuila y se dirigían a su hogar en la colonia El Nuevo Progreso. Algunas versiones
señalan que desde el helicóptero se habrían lanzado incluso granadas de fragmentación.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:20 horas de la mañana del domingo en
Tamaulipas, uno de los estados más violentos de México y escenario de habituales
choques entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, y entre cárteles que se
disputan la plaza. La Secretaría de Marina informó sobre el enfrentamiento con sicarios
sin mencionar el ataque a la familia. Únicamente dijo que en las emboscadas murió un
marino y 13 más resultaron heridos.
La Marina evitó indicar en dónde habían ocurrido las emboscadas. Foto: Twitter MrElDiablo8