El documento describe el potencial de las energías renovables en Argentina y la necesidad de un marco jurídico que promueva la inversión. Explica que la Ley 26.190 fracasó en alcanzar su objetivo de 8% de energía renovable debido a subsidios a la energía que erosionaron los precios. La nueva Ley 27.191 representa una oportunidad si se reglamenta adecuadamente para brindar certidumbre jurídica e incentivos a los inversores.

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30/9 - 3/10
XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
DERECHO AMBIENTAL
“ Una visión empresarial sobre el
derecho ambiental”
INTRODUCCIÓN
UN MODELO DE
NEGOCIOS URE
..UN MARCO
JURIDICO MINIMO
NECESARIO...
LEY 26.190
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PROPUESTA
HELP DESK
WWW.HELPDESK.BUZZ
Buenos Aires

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Introducción
Help Desk Consultores es una sociedad especializada en el asesoramiento para la transformación de
la empresa, aportando soluciones e iniciativas sustentables y rentables a cada modelo de negocios.
Uno de los terrenos más fértiles para la introducción de cambios en la empresa y la industria en la
actualidad, sobre todo en la parte de procesos de planta, es la modernización del componente
energético. Pero el marco jurídico adecuado y el respeto a las responsabilidades y derechos
contractuales resultan esenciales a dichos negocios.
El modelo de negocio del Uso racional de la Energía
El uso racional de la energía puede aportar enormes ahorros y mejora de la competitividad de la
empresa y de la sociedad. Sin embargo a la hora de cambiar, muchas empresas tienden a restringir lo
que implique incertidumbre: y eso es lo que predomina actualmente en nuestro país, en casi todos los
sectores de la economía.
La Incertidumbre se extiende naturalmente al desarrollo de las energías renovables, donde las
condiciones de inversión y garantías jurídicas son poco conocidas por el inversor común.
¿Será cierto que podré vender a la red mi energía limpia? ¿Para qué? ¿Será cierto que recibiré
exenciones o reducciones impositivas?
Estos interrogantes son cruciales a la hora de abordar un plan de transformación de la empresa y nos
hacen rehenes de las lagunas jurídicas en la materia.
Existe en la República Argentina un enorme potencial para la transformación (o transición, como
gustan denominarlo algunos), de muchas empresas hacia la denominada “nueva economía” o “bio
economía” o “economía ambiental”.
Esta perspectiva deriva de la difícil coyuntura económica 2005-2015, caracterizada por una creciente
restricción a las importaciones y controles cambiarios, que han definitivamente aletargado las
inversiones en renovación tecnológica y equipos, tanto en los agentes económicos públicos como
privados.
Para el empresario argentino de la última década, los conceptos de riesgo e inversión han pasado a
ser casi sinónimos, dado que las garantías jurídicas han sido fuertemente afectadas por el default de
2001 y otras medidas económicas como la implementación de las DJAI y el denominado “cepo”
cambiario.

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La adecuada y progresiva reglamentación de la recientemente aprobada Ley 27.191 deberá cubrir una
serie de puntos, todavia oscuros que favorezcan la inversión y expansión del sector de las energías
renovables.
¿Qué abarca los biocombustibles? ¿El biogás? ¿El biogás obtenido a partir de productos comestibles?
¿El biodiesel obtenido a partir de cortes de aceites de origen fósil?
Lógicamente, cualquier empresario sabe que cuando efectúa una inversión, los rendimientos futuros
no son totalmente seguros y que pueden ser mayores o menores, e incluso pueden no producirse y
perder el capital invertido. Esto corresponde a la incertidumbre que todo inversor conoce como
“riesgo”.
Sustentabilidad
Un modelo de negocios sustentable para incentivar a una reconversión a un uso racional de la energía
debe necesariamente sumarle una decisión política (subsidio, exención fiscal, facilitación de
importación y transferencia de tecnología, créditos a tasas blandas y a largo plazo) a una
estructuraciòn basada en el simple funcionamiento del mercado.
Los costos de su financiamiento deben poder compensar no solo a los ahorros energéticos sino que
debe generar ahorros tributarios. Ya se trate de emprendimientos autónomos o licitaciones de
envergadura, estos tres elementos constituyen el centro de cualquier modelo de negocios que se
proponga uno encarar.
Para ello el ajuste en la legislación vigente es esencial.
El Marco Jurídico “mínimo necesario”
La razón para elegir una inversión (cualquiera sea) con riesgo ante una alternativa de ahorro sin riesgo
es la posibilidad de obtener de ella una rentabilidad mayor.
 A iguales condiciones de riesgo, hay que optar por la inversión con mayor rentabilidad.
 A iguales condiciones de rentabilidad, hay que optar por la inversión con menos riesgo.
Una decisión de inversión contempla la posibilidad del riesgo, pero nunca la certeza de una pérdida.
Así cada inversor tiene que decidir el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir en busca de
rentabilidades mayores.
Pero todo este cálculo económico debe estar protegido contra la incertidumbre jurídica. Y la
incertidumbre se reduce con la existencia yaplicabilidad denormas. Jueces y abogados son los pilares
de este cimiento. La vigencia de los contratos es la clave.

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Lo queha sucedido en los últimos años de la coyuntura argentina es que el concepto de “inversión con
riesgo” (capital venture) se ha transformado prácticamente en certeza de pérdida (capital loss).
Estos conceptos económicos, cuyo comportamiento responden normalmente a una función co-
variable (en donde X riesgo de inversión = X + Y de rentabilidad potencial) se ha transformado en una
constante (en donde X riesgo de inversión = X pérdida).
Sin esta cobertura legal a la que nos referimos, esta certidumbre jurídica, ningún cálculo
económico tiene sentido.
El riesgo añadido por estos vacíos legales tornan “inútiles” todo cálculo económico posible.
Lo que sedenomina en cualquier proyecto “riesgo desconocido”, incrementa las previsiones en fondos
de reserva de cobertura de riesgo a tasas que tornan antieconómica la inversión (20%).
Esto es lo que ha venido sucediendo en el ámbito de las inversiones en general, en nuestro país y en el
de las inversiones en energías renovables, en particular. Si invertir en vacas en la República
Argentina se ha transformado en riesgoso, que le queda a las energías renovables. A no ser quese
concreten algunos de los pasos que detallaremos más adelante.
La legislación en torno a la promoción de inversiones en el ámbito de las energías renovables, no ha
sido suficientemente reglamentada, en el caso de la ley que precedió a la Ley 27.191 (la Ley 26.190) y
no ha existido tampoco un acompañamiento financiero lo suficientemente transparente ni accesible
para el potencial inversor y la arbitrariedad en materia de subsidios y tarifas ha terminado por
oscurecer el panorama.
En ese sentido, la ley 26.190 representó una gran oportunidad perdida para el empresariado inversor
e innovador en el sector de la energía renovable.
Contexto favorable: la Nueva Ley (27.191)
Nos encontramos actualmente en un punto de inflexión que constituye una verdadera oportunidad
para despegar en la bio economía. Así como algunos urbanistas atribuyen al gran Incendio que arrasó
Chicago en 1871, su despegue como gran urbe de moderna, la actual crisis energética mundial debe
servir a la construcción de una nueva matriz, más limpia, más económica (a mediano y largo plazo) y
más barata (incluso casi gratis) .
La disminución de reservas de petróleo y de gas y la ausencia de incorporación denuevas explotaciones
constituyen un problema preocupante para el país, que se convertirá en importador neto de crudo y
gas en pocos años. Las reservas muestran un marcado retroceso, particularmente en el gas natural
llegando en la actualidad a una previsión de 7 años de reservas y mientras que el horizonte de reservas
para el petróleo se mantienen en 10 años.

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Los yacimientos en explotación ya están maduros, es decir, sus reservas se encuentran en declinación
por el aumento constante de extracción de hidrocarburos y la falta de incorporación de nuevos
yacimientos.
Esto responde a la escasez de proyectos nuevos. Las empresas privadas sólo invierten en aquellos
donde tienen la absoluta certeza de que hay petróleo o gas y no están dispuestas a realizar fuertes
inversiones en exploración.
Durante los últimos años la participación de los combustibles fósiles también se ha ido incrementando
en el área de generación eléctrica alcanzando el 66% del total, siendo el Gas Natural su principal
componente.
El sector eléctrico es clave para la incorporación de las nuevas fuentes de energías renovables, sin
embargo, la participación de éstas apenas cubre en la actualidad el 1,4% del total de la demanda
eléctrica nacional.
Las proyecciones oficiales de demanda eléctrica hacia el año 2030 indican que la potencia disponible
deberá incrementarse en unos 1.500 MW anuales.
En cuanto a la incorporación de fuentes renovables a la matriz de generación los estudios de escenario
gubernamentales proponen alcanzar un porcentaje similar a la previsiones ya establecidas en la Ley
26.190, un 8% al 2016, sin aumentar sustancialmente la participación hacia el 2030,llegando sólo a un
9% de la generación.
Tal objetivo resulta inalcanzable y de todos modos insuficiente. A juzgar por la Cámara Argentina de
Energías renovables, dentro de una política climática nacional acorde a los objetivos globales en la
materia, no es acorde con los abundantes recursos renovables disponibles ni tampoco conveniente
frente a la necesidad económica de sustituir combustibles escasos.
Se estima que el 70% de nuestro territorio es apto para generar energía eléctrica en base a este recurso
y ese potencial, en términos teóricos, permitiría cubrir más de 50 veces el consumo eléctrico actual.
La voluntad de cambiar
Como intentaremos explicar en esta presentación, la sola intención de cambiar no es suficiente para
lograr el cambio
En un contexto de creciente déficit de abastecimiento y aumento de precios de petróleo, nuestro país
intenta colmar la brecha de energética a través del desarrollo de sus generosas fuentes renovables.
El país había comenzado a incursionar en la promoción de energías renovables dese el año 1998 con la
aprobación de una ley para la promoción de la energía eólica y solar a través de un sistema de feed-in

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tariffs (o tarifas reguladas), en el que se preveía el pago de una remuneración adicional por kWh de
energía eólica y solar generada y provista al mercado mayorista o a la prestación de servicios públicos.
Tal sistema, fracasó por el congelamiento de los precios al consumo de energía eléctrica luego de la
grave crisis económica que atravesó el país en el año 2001, lo que derivó en subsidios al consumo de
energía eléctrica del orden de los US$ 5 mil millones en el año 2012. Hoy alcanza los 73.000 millones
de pesos.
La alta tasa de subsidios, crecientes, aplicados al consumo de energía erosionó la base de precios de
mercado estimada a tarifa regulada por las generadoras. El subsidio previsto para las energías
renovables se tornó insignificante deteniendo la política de promoción.
La Ley 26.190, su reglamentación e impacto:
La ley vigente 26.190 fue reglamentada en el año 2009 y varias de las medidas vinculadas a los
mecanismos de promoción no se han puesto en marcha, como ser el pago y actualización de las
Remuneraciones Adicionales, el Fondo Fiduciario y el Programa Federal para el Desarrollo de las
Energías Renovables.
A partir del año 2006, con la sanción de la Ley de Energías Renovables (ley 26.190), Argentina se
propuso alcanzar en una década un 8% del consumo local de electricidad abastecido por energías
renovables. NO LO LOGRO.
El origen de esta meta puede encontrarse en el compromiso (no vinculante) presentado por Argentina
ante la Conferencia Internacional sobre Energías Renovables realizada en Bonn en 2004.
En dicha conferencia varios países de América Latina asumieron el desafío de lograr una mayor
participación defuentes renovables en sus matrices energéticas. Brasil, por ejemplo, sepropuso sumar
3.300 MW adicionales provenientes de fuentes renovables para 2010, mientras que México estableció
el objetivo de alcanzar 4.000 MW para 2014. NINGUNO LO LOGRO.
A partir de esa nueva meta nacional para la incorporación de energía renovable como fuente de
energía Argentina aprobó tres instrumentos principales para ampliar la oferta de renovables., hasta la
recientemente aprobada Ley 27.191.
- porcentaje obligatorio de biocombustibles (bioetanol y biodiesel) a incluirse en las ventas de naftas y
diesel a nivel nacional
- recambio obligatorio de las bombillas de luz incandescentes por bombillas de bajo consumo (no
aplicado).

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- programa GENREN (Generación Energías Renovables)
El FRACASO GENREN
En línea con la Ley 26.190, la Secretaría de Energía lanzó en mayo de 2009 el programa Genren con el
objetivo de incorporar 1.000 MW al mercado eléctrico mayorista mediante la adquisición de
electricidad proveniente de generadores de energía a partir de fuentes renovables, sin contar las
grandes represas hidroeléctricas, previamente seleccionados por licitación pública.
El proyecto Generación Renovable (Genren), se puso en marcha para aportar un incentivo de inversión
en energías renovables, por vía de precio garantizado (siempre y cuando su destino fuera la provisión
al sistema eléctrico nacional), fijando un precio subsidiado para la compra de una cantidad máxima de
energía proveniente de fuentes renovables.
Es importante notar que en la actualidad la Argentina tiene un importante déficit entre exportaciones
e importaciones de combustibles y energía, lo cual ha significado para el fisco la necesidad de obtener
divisas durante los últimos años de US$ 13 mil millones anuales para la compra de combustible en el
exterior.
El objetivo del proyecto fue ampliar la oferta de energía renovable dentro el sistema interconectado
eléctrico argentino con el fin principal de reducir las importaciones de combustibles fósiles y la
consecuente presión sobre el fisco para la obtención de divisas.
El impacto estimado del programa era una reducción de emisiones de hasta tres millones de toneladas
de CO2 anuales, la creación de más de 8.000 puestos de trabajo e inversiones por US$ 2.500 millones.
Se licitaron en MW, el equivalente al 25% del estimado total necesario para abastecer el nivel de
demanda creciente.
En la primera licitación realizada en diciembre de 2009 se adjudicaron un total de 895 MW en módulos
de hasta 50 MW. La política de promoción a través del Genren aseguraba a los proveedores
seleccionados por licitación pública la compra de energía a precio fijo en dólares en el mercado
eléctrico mayorista por encima de los precios de mercado.
La tarifa se subsidiaba con fondos del Tesoro Nacional.
Para dimensionar el impacto económico real de esta iniciativa de replanteo de matriz energética para
una sustitución de importaciones, hay que señalar que el logro de la meta del 8% de renovables en el
2016 requeriría desplegar una potencia de 3.380 MW eólicos y movilizar inversiones del sector privado
por alrededor de US$ 6.700 millones. UNA QUIMERA.

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Dicha cifra equivale a la compra de gas natural licuado (GNL) por parte del gobierno nacional durante
unos cuatro años y medio. Desde el punto de vista del sector privado, el hecho deque sehayan recibido
ofertas que excedieron el llamado permite inferir que los precios ofrecidos eran buenos para la
industria.
La participación del sector privado ofertó un 40% más de la potencia licitada, lo que demuestra queel
rango deprecios adjudicados y las condiciones para la participación fueron atractivos para el desarrollo
e inversión en tecnología renovable en Argentina.
Sin embargo se concretaron obras que representan menos del 10% del total adjudicado.
La razón para el fracaso del Genren no se encuentra en el diseño del programa sino en la dificultad de
acceso al financiamiento (externo e interno) y falta de garantías, ya que las dudas de los potenciales
garantes sobre la capacidad de pago y cumplimiento de los contratos por parte de las empresas de
distribución de electricidad, dado su alto endeudamiento y dependencia de fondos públicos para la
provisión de energía eléctrica –y su consecuente dependencia de la voluntad política – generaron un
escenario en el cual los inversionistas privados no pudieron obtener las garantías necesarias para
realizar las inversiones en energía renovable, aun con contratos a 15 años y precios razonables.
La empresa Cammesa –quien firma los contratos es una compañía privada controlada por el Estado –
tiene un pasivo importante y por lo tanto no satisfacía las garantías requeridas por los inversionistas
internacionales relativas al cumplimiento de los contratos firmados en el ámbito del proyecto Genren.
Por lo tanto, solamente pudieron construirse las plantas que accedieron a créditos en el mercado
nacional o que contaban con los fondos para realizar las inversiones sin financiamiento externo.
La Nueva Ley de Promoción de Energías Renovables (27.191)
La nueva ley propone, como gran principio de base para promover a las renovables, una reconversión
obligatoria para los “grandes contribuyentes” (más de 300 KW mensuales). Estos quedarán
comprometidos a comprar energía por un plazo de 20 años a alrededor de 113 MW/h en una cantidad
no menor al 8% de su consumo.
De incumplir esta meta, estarían obligados a pagar un costo de alrededor deusd 200Mw/h por la cuota
no cumplida. Este respondería al principio “el quecontamina paga”, quecomo sabemos todos aquí, no
da ningún resultado a nivel ambiental, ya queel pago de multas, finalmente se transfiere al consumidor
final y el ambiente no recibe ningún beneficio.
Además de esta inconsistencia con el objetivo mismo de la norma, debemos destacar que el Estado,
de hecho “gran consumidor” no asume compromiso alguno respecto a ninguna cantidad. O sea “no
da ningún ejemplo”, cosa que también sabemos, no es buena promoción. Como lo señaláramos al

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inicio de nuestra exposición, es justamente el Estado y la decisión política la que dará impulso a las
energías renovables y no el juego de las fuerzas del mercado de manera espontánea. Si el Estado
Nacional no da el ejemplo y sigue subsidiando a la energía sucia, cara e ineficiente, nunca habrá
despegue de las renovables. A eso nos referíamos anteriormente al mencionar la certeza del
inversor en la ecuación “riesgo=pèrdida”.
El proyecto también sigue discriminando a favor de la energía eólica, en abierto detrimento del biogás
y la energía solar, la geotermia, ya que unprecio de113usd por MW/H no es rentable para una inversión
en fotovoltaica ni biogás .
Tampoco queda en claro que sucede si una empresa simplemente se reconvierte auto generando su
ahorro (por ejemplo reemplazando parte de su consumo con fotovoltaico). Este caso debería a nuestro
entender quedar como una clara alternativa para la empresa, ya que lo que no se consuma de la red
pública se ahorra de la matriz geotérmica.
Con respecto al FODER (Fondo de Financiamiento delos Proyectos), que anteriormente era una simple
recomendación, se prevé constituirlo a partir de un piso de unos 300 millones de dólares (en rigor de
verdad un % fijo de los ahorros energéticos en térmicas, del ejercicio precedente) a manos del
Ministerio de Infraestructura (que designará al ente administrador).
A nuestro entender debería recaer en un ente descentralizado creado por Licitación Pública (del tipo
de la Agencia de Medio Ambiente de los EEUU -EPA-) con personal entrenado y larga experiencia en
este tipo de banco de desarrollo. Sobre todo, teniendo en cuenta que la sustentabilidad del programa
sólo se encontrará si se basa en mecanismos de aporte reales en formas de fideicomisos (tomen
nuevamente nota los abogados aquí presentes especialistas en este tipo de contrato) y no
valiéndose de aportes del tesoro público, que terminará seguramente en algún tipo de clientelismo
político o presa de lobbies determinados.
Tampoco es acertado, a nuestro entender el esquema de estabilidad fiscal propuesto al inversor,
cuando estipula “si hubiera aumentos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos, se podrán
trasladar al precio pactado en los contratos de abastecimiento “. Si el mensaje que se le pretende dar
al inversor es “no se preocupen por los aumentos de impuestos ya que los podrán trasladar al cliente”,
el efecto será exactamente inverso: ya se admite por anticipado que si la actividad resulta rentable el
Estado pretenderá compartir las ganancias a través del aumento de impuestos”.
Con respecto a los regímenes transitorios de importación de equipos previstos, estamos de acuerdo,
con lo propuesto en la norma morigerando el falso preconcepto de “proteger” la industria nacional.
Esta medida de protección puede implementarse de manera positiva (mayores tarifas o descuentos
para los generadores de origen nacional y menores para los importados) pero no obstaculizar o gravar
a priori la importación de equipos, cuya mayor eficiencia energética sea probada y certificada. Aquí

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también los abogados presentes encontrarán seguramente un prolífico campo de despliegue en
materia de reclamos y recursos frente a la Secretaria de Comercio y la Aduana, en materia de reclamos
de liberación o excepción de aranceles.
Bonos de Carbono
Otro de los atractivos para la inversión privada en energías renovables, debería constituirlo la
participación en el esquema de certificación de bonos de carbono. La nueva ley no hace una sola
mención a este mecanismo. Quien certifique su uso racional de la energía debería tener una
recompensa por sobre quien no certifica y solo reduce, ya que sepuede reducir el consumo sin mejorar
la emisión de gases.
Argentina es hoy por hoy un “gran generador de gases de efecto invernadero” (está en el club principal
con un 1% del total de emisiones). Las emisiones de gases de efecto invernadero están, debido a la
actividad energética per cápita de la Argentina, dentro de un rango de emisiones de un país con
desarrollo intermedio, 4,4 tn en 2009, muy por encima del promedio de nuestra región (2,7 tn en
2009). Las emisiones energéticas per cápita de Argentina superan, por ejemplo, las de México (4,0
tn), Brasil (1,9 tn) o Chile (3,9 tn). Pero globalmente somos contaminantes al nivel de Pakistán,
España o Francia.
Nuestro país ha presentado, fuera de termino, dentro de las denominadas “Nationally Appropriate
Mitigation Actions” (NAMA’s), un compromiso de mitigación voluntario de 30% (sin explicar còmo)
para la presente década quese espera que adopten no sólo los países industrializados sino también los
países de desarrollo intermedio como Argentina. En nuestra región ya Brasil, Chile, Costa Rica y
México presentaron sus metas de mitigación para el 2020, en término y con un plan de
acompañamiento.
Tampoco los denominados INCR (Intended National Contribution Reductions). De modo que es una
buena oportunidad para enlazar las negociaciones y compromisos a nivel gubernamental con la
búsqueda de inversores internacionales que puedan recibir bonos de carbono.
En el marco de las negociaciones del nuevo acuerdo climático global que deberá firmarse en Paris, a
fines del 2015 para su entrada en vigor en el 2020 es predecible que, países como Argentina ya no
quedarán afuera, es decir, sin obligaciones, como ocurrió con el Protocolo de Kyoto (1997). Seria
además un acto de razonabilidad de parte de nuestros gobernantes, que han abiertamente culpado al
cambio climático de las recientes inundaciones.
Es entonces esperable que también los bonos de carbono se incorporen efectivamente al esquema de
inversiones en materia de recursos renovables y de la nueva legislación (otro punto de atención a los
abogados aquí presentes).

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Consideraciones Finales:
Un buen ejemplo del potencial de ahorro existente es cuantificar el impacto económico que ya
representan las energías renovables. En el 2012 se generaron 1.702 GWh por fuentes renovables, lo
que implicó un ahorro de 406.800 m3 de gasoil importado que se hubieran utilizado para producir esa
electricidad. El monto ahorrado en combustible importado fue de unos 317 millones de dólares.
Para dimensionar el impacto económico de esta sustitución de importaciones, podemos señalar que
la meta del 8% de renovables en el 2016 significaría evitar quemar 6,6 millones de m3 de gas natural
por día.
Cumpliendo este objetivo, por ejemplo, se evitaría la importación y el pago en divisas de LNG (gas
natural licuado) por US$ 1.500 millones o de gas oil por unos US$ 2.200 millones cada año.
También es necesario evitar quelas energías renovables sufran una competencia “desleal” a raíz de los
subsidios que se otorgan a las fuentes convencionales y crear mecanismos de financiación para la
infraestructura necesaria.
Durante el 2012 los subsidios en esta área se acercaron a los $ 55.000 millones, un 28% más que en
2011.Datos publicados recientemente indican que en los primeros 6 meses de año 2013, los subsidios
a la energía suman el récord de $35.880 millones, un 22,5% más que en el mismo período de 2012.
Desde el año 2008 comenzó a tener una participación significativa la componente “aceite” que hace
referencia al insumo para la producción de biocombustibles, esencialmente biodiesel. Dicho insumo
hoy se ubica en un 3% de la oferta total.
La exportación de bio diésel fue el gran motor de esta nueva industria. Durante el año 2012 esta
actividad ingresó en un período crítico debido a las restricciones que la Unión Europea (UE) le colocó
al biodiesel argentino con una investigación en marcha por dumping y subsidios. La UE que consumía
el 90% de las exportaciones de biodiesel, prácticamente despareció como comprador. En 2012 las
exportaciones fueron 1.557.812 toneladas, cayendo bruscamente a finales de ese año hasta la
actualidad. En el primer trimestre de este año las exportaciones representaron sólo el 54% en relación
al mismo período de 2012.
Un ambicioso plan de desarrollo de las energías renovables para intentar cumplir con la meta del 8%
para diciembre de 2016 y con la expectativa de cubrir con energías renovables el 20% de la demanda
en el 2020 es económicamente viable y conveniente desde el punto de vista de la balanza comercial
del país. Pero irrealista.
Un desarrollo eólico de 8.000 MW de potencia hasta el año 2020 permitirá ahorrar unos US$ 14.000
millones en ese período.

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Se debe generar un esquema que opere como garantía de pago en los contratos. Esto puede hacerse
a través de un fondo conformado por aportes gubernamentales y privados que será utilizado para
garantizar los pagos de los contratos (de CAMMESA). El objetivo debe ser disminuir el costo del
financiamiento otorgando seguridad jurídica y de cumplimiento de pagos. También será beneficioso
generar condiciones apropiadas para la realización de contratos de energía eléctrica renovable de
largo plazo entre privados, una oportunidad para disminuir costos de financiamiento y abrir nuevas
oportunidades de inversión.
La compleja coyuntura energética actual resulta, paradójicamente, en una oportunidad inédita para
las renovables en nuestro país. Tenemos un inmenso potencial en recursos renovables, tecnologías
disponibles para acceder a ellos a precios competitivos y, también, la necesidad urgente de disminuir
nuestra dependencia de combustibles importados.
Si se toman las decisiones correctas, que se traduzcan en reglamentaciones y políticas claras y
efectivas por parte del Estado Nacional y los sectores políticos para asegurar la continuidad de las
mismas, podemos encaminarnos a cumplir con el objetivo del 8% de renovables, con suerte a fines del
año 2017.
La lógica es bastante simple, pero debe ser coherente:
• Promover el uso del gas natural y biogás para producir electricidad y sustituir el combustóleo y el
diésel.
• Reducir progresivamente la emisión de contaminantes a la atmósfera y hacer frente al cambio
climático.
• Comenzar a sustituir los camiones de diésel por camiones más limpios que utilicen gas natural.
• Producir más energía eléctrica a menor costo en beneficio de hogares, pequeños negocios y grandes
industrias, no necesariamente vendiéndola a la red.
• Retribuir al máximo las desventajas geográficas para transformar sus materias primas y vender
productos de mayor valor agregado.
• Retribuir la creación de empleos en el sector energético limpio, fertilizantes, transporte ecológico,
etc.
• Facilitar las tecnologías y conocimientos más avanzados de la industria, para maximizar la renta del
uso racional de la energía y reducir riesgos ambientales, en beneficio de los trabajadores, las empresas
y las familias.
• Facilitar esquemas de asociación con el resto del mundo y así sumarnos a la revolución energética
mundial del gas natural.
Nuestra propuesta a las autoridades para la reglamentaciòn:
• Crear un nuevo Fondo (Privado en aportes, aunque bajo estatuto público) para la Estabilización y el
Desarrollo de Energías Renovables, que garantice el manejo transparente y asignación eficiente del
crédito.

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• El Fondo permitirá generar además ahorros para destinarlos al desarrollo de educación, ciencia y
tecnología, energías renovables entre otros.
• Abrir la industria al escrutinio de los ciudadanos. Los contratos serán públicos y verificables por
cualquier ciudadano, pago por pago en todo momento.
• Establecer fuertes controles y vigilancia, obligando a realizar auditorías externas de cada contrato y
a hacer públicos los resultados y limitar la participación de las empresas a dos licitaciones
consecutivas.