1. tes internacionales de arbitraje si conside-
ran dañados sus derechos. Y ese es el caso.
La mayoría de los litigios (diecinueve)
ha sido interpuesta ante el Centro Inter-
nacional de Arreglo de Diferencias rela-
tivas a Inversiones (CIADI), organismo
del Banco Mundial. Se han planteado cua-
tro más en sitios como la Cámara de Co-
mercio de Estocolmo y la Comisión de la
ONU para el derecho mercantil interna-
cional (Uncitral). Lo que nos jugamos no
es baladí. “El recorte a las fotovoltaicas
es de 1.000 millones de euros anuales.
Como los fondos de inversión han puesto
entre el 20% y el 30% del capital, les es-
taría afectando en 200-300 millones al
año. Si se resolviera a su favor el año que
viene, como el cambio legislativo es de
2010, habría que devolverles 1.400 millo-
a fondo a fondo
H
abía que ser tonto para no
invertir en energía solar
entre 2004 y 2010. O no co-
nocer las potenciales ven-
tajas. Si empleabas 200.000 euros en una
instalación, los modelos económicos ase-
guraban que podías endeudarte sin pro-
blemas en un 80-90% de la inversión.
Recuperabas el dinero en diez años y
ganabas en los quince siguientes. Con
esas condiciones, ¿quién no iba a estar
contento? El ayuntamiento vendía las
licencias; empresas o particulares comer-
cializaban terrenos; el inversor recibía
las primas del Estado; los ecologistas
exultaban por el advenimiento de una
energía verde y no contaminante… Pero
la producción aumentó más de lo previs-
to. Los precios de las instalaciones por
unidad de energía producida bajaron en
2006-2007 y llegó una avalancha de pe-
ticiones tal que se hizo inasumible pagar
las primas. El PSOE cambió la legislación
en 2010 para frenar el número de recep-
tores y el PP sustituyó en 2014 las sub-
venciones por lo que ellos consideraron
una retribución razonable. La pregunta
es: y ahora, ¿qué hacen los inversores,
que pidieron sus créditos de acuerdo con
la legislación inicial?
La Ley como freno. Los españoles se han
topado de momento con el Tribunal Supre-
mo. Está por ver qué pasa con los extranje-
ros. España firmó en su día la Carta de la
Energía. Su posible vulneración da a los
foráneos la posibilidad de recurrir a las cor-
nes de euros como mínimo. Si incluyéra-
mos a los españoles, podríamos irnos a
5.000-6.000 millones”, señala Jorge Mo-
rales, ingeniero industrial y portavoz de
la Plataforma por un Nuevo Modelo Ener-
gético. Un agujero más que sumar al mal-
trecho bolsillo de la deuda española. Y, de
nuevo, por culpa de un error político.
Además, está surgiendo una industria
financiera en torno a estos procesos ar-
bitrales. Fondos de inversión como Ca-
lunius, Burford o Therium ofrecen a los
demandantes financiarles los costes en-
teros del litigio a cambio de una partici-
De aquí a final de año podrían resolverse las primeras
demandas de inversores extranjeros sobre el cambio de
legislación de renovables en España. Nos jugamos miles de
millones de euros. El que iba a ser un sector estrella puede
convertirse en una pesadilla.
Jordi Benítez
24 25
El fallido imperio
del sol
pación en una posible condena. Los de-
mandantes pueden querellarse sin riesgo
en lugar de comprometer los 5-6 millones
de euros que suele costar litigar en tri-
bunales internacionales.
Algunos expertos no creen que los
recursos de los extranjeros prosperen.
“La regulación del sector eléctrico no se
hizo para crear máquinas de hacer dine-
ro, para amparar arbitrajes financieros.
La retribución que se da ahora permite
recuperar el dinero y rentabilizar la in-
versión en condiciones de mercado, pero
no lucrar chollos a costa del consumi-
dor”, señala Carlos Montojo, que parti-
cipa como perito económico-financiero
en procesos europeos relacionados con
las fotovoltaicas. La legislación recoge
una retribución del 7,398% anual obteni-
da por la diferencia entre ingresos de la
instalación por la venta de energía a pre-
cios de mercado y los costes iniciales y
de desarrollo de actividad, haciendo que
la inversión sea rentable.
¿Empeora nuestra imagen? Parece claro
que hemos perdido credibilidad jurídica
para inversores extranjeros en esta ma-
teria. “Recuerdo a un conocido bufete de
abogados español diciéndole a inversores
alemanes que los cambios retroactivos a
la remuneración en renovables eran im-
posibles en España. Fue hace unos diez
años, y mira dónde estamos”, explica
Eduard Sala, director del de la consul-
tora IHS, una de las más destacadas a
nivel internacional. Pero, al mismo tiem-
po, la inversión en renovables surge de
nuevo en España en otras áreas. Acaban
de surgir dos concursos en biomasa y
viento de 1,5 GW. Se estima que en los
próximos años van a entrar cinco billones
de euros por esta propuesta. ¿Será que el
régimen es ahora más estable?
La novedad no evita que el secretario de
Estado de Energía admita la posibilidad de
un impacto económico “pequeño” derivado
de los arbitrajes internacionales. Incluso los
inversores españoles tienen esperanzas.
“De aquí a final de año podrían resolverse
los recursos por daño patrimonial plantea-
dos contra las modificaciones de 2010 y de
2014”, indica Juan Castro-Gil, abogado y
secretario de la Asociación Nacional de Pro-
ductores e Inversores de Energías Renova-
bles (ANPIER).
Las primas se han recortado un prome-
dio del 30%. En algunos casos, un 50%. Una
ruina para los propietarios de las 62.000
instalaciones que ya se habían puesto en
marcha de acuerdo a un determinado re-
torno del capital invertido. Aunque bajó, la
tecnología de las renovables es cara. La
entrada de empresas chinas en el negocio
hizo que una instalación costara en 2009
menos de la mitad que en 2007. Pero una
planta de 100 kilovatios podía requerir al
principio abonar alrededor de un millón de
euros. Lo normal es que sus cuatro o cinco
propietarios pusieran el 20% (200.000 eu-
ros). El banco se ocupaba del resto. El cam-
bio en los planes previstos ha hecho que
muchos inversores hayan tenido que refi-
nanciar sus créditos u olvidarse de su pro-
yecto. Las reformas retroactivas han su-
puesto un recorte de 930 millones en el
sector. En algunos casos se ha producido
un descenso del 50% en los ingresos pre-
vistos para soportar la inversión. Los que
trabajan en este sector se quejan de que los
recortes solo se han dado en su área.
Fondos internacionales confían
en ganar dinero“contra”España
2. mos la cifra prevista. Lo dice la Comisión
Europea”, admite José María González
Moya, director general de la Asociación
de Productores de Energías Renovables
(APPA). Desde luego, según sus datos, el
ritmo de producción no lo asegura. Tras
unos años registrando cifras de 2.000-
2.500 megavatios anuales instalados, en
2014 se llegó solo a 45. El número podría
ser menor este año. “El propio Gobierno
dijo a mitad del año pasado que era ne-
cesario llegar a 1.400 megavatios anuales
para alcanzar el objetivo de 2020”, añade
González.
Como suele pasar en nuestro país, nos
lastra la falta de visión a largo plazo. La
ausencia de pensamiento político en los
últimos veinticinco años se traduce en la
carencia de un plan energético claro de
cara al futuro. ¿Qué energía queremos?
¿Llegará el próximo Gobierno con un
plan más claro debajo del brazo?
exceso de capacidad”. Los costes fijos
regulados, los impuestos y las subvencio-
nes suponen el 62% de la tarifa eléctrica,
y son los principales culpables de que
hayamos pasado de tener la energía más
barata a la más cara de Europa. “Que los
que se benefician de las subvenciones no
le echen la culpa a todo el mundo menos
a ellos mientras cobran el cheque todos
los meses”, indica Lacalle. Si todo esto
no se soluciona bien, estima que acabarán
pagando, “como siempre, los pobres”.
En el fondo del problema está la inde-
finición del modelo energético que quie-
re España. Y aquí cada uno juega sus
bazas. Las eléctricas tradicionales tratan
de limitar una caída en sus ventas de
energía afectada porque la procedente de
renovables ha de ser comercializada sí o
sí en la medida en que se produce, y eso
le resta cuota, y porque la crisis ha reper-
cutido en la demanda. Frente a ello, los
defensores de las renovables argumentan
que su energía es más limpia, sin hacer
a fondo
Teníamos la energía
más barata de
Europa; ahora
tenemos la más cara
Castro cree que el asunto tiene so-
lución: “La tiene el PSOE, pero no se atre-
ve. Consistiría en que cada inversor fuera
retribuido en función de la norma que le
afectó. Muchos inversores no llegarán a
ver ese desenlace. La situación se los ha
llevado por delante”.
La pregunta es si los españoles hemos
de pagar esa factura. Daniel Lacalle sos-
tiene en su artículo Autoconsumo y bur-
bujas energéticas que la generación de
energía solar ha ido creciendo en España
cuando no hacía ninguna falta. En nuestro
país había un excedente de generación del
12%, y se instalaron 23.000 megavatios de
nueva capacidad de generación. Cuando
superaba el 18%, llegaron otros 20.000
megavatios. El exceso de capacidad de
generación es hoy del 40%. En ningún
país de nuestro entorno supera el 20%.
¿Impuesto al sol? “El único impuesto al
sol que existe en España es el que ya pa-
ga usted por una energía solar casi diez
veces más cara que la media del resto de
tecnologías, por las primas más genero-
sas y peor planteadas de la OCDE”, dice.
Ante la polémica del autoconsumo, La-
calle señala que es partidario de él, pero
con cabeza: “Se tiene que racionalizar el
mercado eléctrico, reducir costes fijos,
impuestos y subvenciones y dejar que las
empresas compitan; no subvencionar el
Las eléctricas de siempre tratan de defen-
der su terreno y obtienen victorias, como
ha ocurrido con el reciente decreto de
autoconsumo. Los 100 kilovatios de tama-
ño mínimo de la central exigidos para po-
der vender energía al sistema reduce a
empresas la posibilidad de implantarlas.
A priori, pocos particulares pueden pro-
ducir esa potencia y disponer de la exten-
sión (medio hectárea) y el dinero (más de
200.000 euros) para poner en marcha
una instalación así.
Las compañías eléctricas y el Gobierno no
parecen dispuestas a que se genere con
el autoconsumo otra burbuja como la de
las renovables que les perjudicaría direc-
tamente a ellas. El déficit de tarifa (des-
equilibrio entre los costes de suministro
de la energía y los ingresos por consumir-
la) está por las nubes, y lo estamos pa-
gando con un recibo de la luz que es un
72% más caro que hace diez años. Quizá
la solución esté en titulizar como deuda
ese déficit de tarifa. Lo que está claro es
que el Gobierno de Zapatero y Miguel Se-
bastián deberían haber estudiado mejor
los costes que iba a traernos la energía
renovable. Hubiera ahorrado quebraderos
de cabeza especialmente al próximo Go-
bierno, que es el que asumirá el grueso
del problema.
David no puede con Goliat
Así ha crecido el número de
instalaciones fotovoltaicas mundiales
Fuente: EPIA
La potencia instalada se
disparó en 2008
Fuente: EPIA
Fuente: CNMC y REE
Evolución del mix eléctricohincapié en que también es más cara. “Es
cierto que las renovables son, en general,
más caras; pero, en algunos casos, la eó-
lica terrestre ya es la fuente de genera-
ción más competitiva para nuevas insta-
laciones. Además, las renovables (prin-
cipalmente eólica y solar) suponen un
recurso que España tiene y que no debe
importar. Su coste es previsible a largo
plazo, algo que juega claramente a favor
de estas energías. El debate no debería
jugar solo en torno al coste, sino también
en torno al valor de cada energía”, expli-
ca Eduard Sala.
Cada una tiene sus pros y sus contras,
aunque está claro que no se está cum-
pliendo el plan previsto. “El objetivo pa-
ra 2020 es que la energía renovable su-
ponga el 20% sobre la energía final bru-
ta que se consume en el país. Actualmen-
te estamos en el 17%, según el Gobierno.
Si no se hace nada, no creo que alcance-
Los 1.400 MW
anuales previstos
se han quedado
en 45 este año
26
3. 28
L
a certidumbre de las devastadoras consecuencias
del cambio climático motivaron actuaciones nor-
mativas urgentes por parte de la Unión Europea
que, a través de los Objetivos 2020, impuso un
objetivo claro a sus Estados miembros: alcanzar
una cuota de renovables del 20% sobre el consu-
mo total de energía en el año 2020.
Cada Estado tuvo libertad para cumplir con dicho mandato, y se
implantaron marcos normativos muy similares en todos los países,
que ofrecían certidumbres y seguridad jurídica para todos aquellos
que decidieran contribuir con sus ahorros al desarrollo del nuevo
modelo energético europeo. Conforme las instalaciones fueron
cumpliendo sus objetivos, sustituyendo megavatios contaminan-
tes y madurando estás tecnologías, los sistemas de primas fueron
reduciéndose hasta su desaparición, puesto que ya no son precisos
estos mecanismos, que otrora fueron imprescindibles.
A día de hoy, transcurridos tan solo uno pocos años, las empresas
y familias europeas que asumieron esta encomienda han cumpli-
do con su parte del acuerdo y las sociedades europeas pueden
disponer ya de energía limpia a precios reducidos, que serán exi-
guos en los próximos años. La legitimidad medioambiental, social
y económica de los sistemas de primas a las renovables no se ha
cuestionado en ningún lugar de Europa, porque resulta evidente.
Sin embargo, en España, país que fuera referente en estas tecno-
logías, hemos asistido a la estigmatización y linchamiento públi-
co de las renovables y la fotovoltaica, a las que se responsabiliza
de todas las deficiencias de un escandaloso sistema eléctrico
cuyas vergüenzas ya no es posible ocultar por más tiempo. Las
renovables no sólo han servido de chivo expiatorio de las irre-
gularidades normativas, sino que además, con los recortes re-
troactivos impuestos, se expulsa del sistema a este nuevo mode-
lo de productor, pequeña empresa y ciudadano, y se disuade a
otros potenciales competidores.
Ahora que las familias fotovoltaicas habían derribado las barre-
ras tecnológicas para entrar a producir energía se imponen drás-
ticos recortes retroactivos a 62.000 familias españolas cuyo “pe-
cado” fue acatar lo propuesto en un Boletín Oficial del Estado y
destinar todos sus ahorros a desarrollar y producir energía lim-
pia a cambio de un retorno, fijado por un Real Decreto, que les
permitiera pagar al banco los préstamos, avalados por sus hoga-
res, y lograr una rentabilidad razonable real una vez lograda la
madurez del proyecto.
Sin embargo, a los pocos meses de poner en marcha las instalacio-
nes, una vez hipotecadas siguiendo las recomendaciones propues-
tas por el Estado, el Gobierno ha derogado a estas familias las
normas que dieron origen a estas inversiones, con recortes de
hasta el 50%, lo que torna inviables estos proyectos, que han de
refinanciarse a toda costa para evitar las quiebras familiares; aun-
que ello volatilice cualquier atisbo de rentabilidad y violente un
principio sagrado: la Seguridad Jurídica.
El Estado, como máximo exponente del poder público y primer
regulador de las relaciones en sociedad, no sólo debe establecer
las disposiciones legales a seguir, sino que tiene la obligación de
crear un ámbito general de seguridad jurídica como garantía
dada al individuo, de que su persona, sus bienes y sus derechos
no serán violentados en ningún caso, sin justa compensación por
ello. Las leyes han de ser claras, estables, y justas; protegiendo
los derechos fundamentales de los ciudadanos y el respeto a su
propiedad. En España, la seguridad jurídica como principio con-
figurador del Estado de Derecho, se concreta en el marco cons-
titucional en el artículo 9 de la Ley de leyes Constitución de 1978,
en el apartado tercero: “La Constitución garantiza el principio
de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas,
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favo-
rables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurí-
dica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos”.
España, con 24 pleitos, es el segundo país del Mundo con más
demandas ante la Corte Internacional de Arbitraje por infraccio-
nes de la Carta de la Energía, todo por el brutal recorte a las reno-
vables, solo Venezuela logra, de momento, superarnos en este
despreciable escalafón. Nuestro país se ha caracterizado en los
últimos años por su inestabilidad legislativa en lo concerniente a
las energías renovables, ha llevado a la ruina a 62.000 familias que
acataron y BOE y ha quebrado la Seguridad Jurídica. Es evidente
que “algo” se ha hecho muy mal y que la única solución para res-
tablecer la confianza y la justicia es rectificar.
OPINIÓN
Laruina
de62.000familias
Miguel Ángel Martínez-Aroca
Presidente de Anpier
