Un análisis sobre las últimas Medidas Fiscales aprobadas por el Gobierno en relación al sector eléctrico

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La No-Reforma del Sector Eléctrico español.
El pasado viernes 14 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el esperado
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética (sic). Tras
haber leído este título una y otra vez aún no alcanzo a comprender aún qué tienen que
ver “Medidas Fiscales” con “Sostenibilidad Energética” y en qué contribuyen los
impuestos a una energía más sostenible. ¿Será que a más impuestos este es más
sostenible? ¿sostenible…para quién?
Comencemos por tratar de clarificar algunos otros conceptos. El más importante y a la
vez incomprensible para la mayoría de nosotros es el de “déficit del sector eléctrico”.
Básicamente un “Déficit de X” es una situación en la que los ingresos de una institución
u organismo X son inferiores a sus gastos (p.ej. déficit de las Administraciones Públicas
o déficit de la balanza por cuenta corriente). Hasta la fecha sólo se conocían tres
posibles soluciones a un problema de esta índole: (1) aumentar ingresos; (2) reducir
gastos; o (3) una combinación de las anteriores. El Gobierno de España, sin embargo, en
un alarde de creatividad ha inventado una nueva solución. Cambiar el nombre del
Déficit de X (léase el sector eléctrico), y así hacerlo desparecer (o al menos, aparecer en
otro lado). La pregunta, como en el juego de los trileros es ¿dónde va a aparecer esa
bolita de déficit de más de 24.000 millones de euros a cierre de 2011? Vayamos por
partes.
¿Solucionan los nuevos impuestos el déficit del sector eléctrico? En la medida en la
que restan gastos al sistema para financiarlos vía los nuevos impuestos en lugar de
detraerlos de los ingresos del sector, sí. En efecto, el Déficit de X va a reducirse a raíz
de que algunos de los gastos que antes eran soportados por el sistema ya no lo serán más
y su importe (ya que por supuesto, esta bajada no se transmite al consumidor de
electricidad) está a partir de ahora disponible para hacer frente a otras partidas de gasto.
Adicionalmente se crea también vía algunos de esos nuevos impuestos un pool de
recursos adicionales para sufragar esos gastos. Hasta aquí más o menos vamos bien.
¿Es una medida eficaz para hacer frente al déficit existente? El Gobierno estima que
la recaudación a obtener de estos impuestos será de unos € 2.700 millones (anuales). A
partir de esta cifra y, suponiendo que,
(i) todo ello fuese a pagar el déficit histórico,
(ii) se mantuviese el coste de financiar esa deuda en niveles del 3% anual,
en lugar del 6% que tiene que pagar el Estado a 10 años; y
(iii) en ejercicios futuros no hubiese nuevos desfases,
se tardaría alrededor de 10 años en hacer frente a la posible deuda acumulada en
concepto de déficit del sector eléctrico a finales de este año. Largo (e incierto) me lo
fiais, pues. Empezamos a no ir tan bien.
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¿Significará esta lenta disminución del déficit que el sector es más eficiente y que
se ha conseguido hacer lo mismo con menos recursos? No. Como decíamos antes, el
consumidor eléctrico pagará lo mismo (como mínimo y posiblemente, como veremos,
acabe pagando más). Los nuevos recursos para atajar el déficit los deben poner las
compañías eléctricas que han de satisfacer los tributos, tanto eléctricas tradicionales
como renovables. Es decir, las compañías eléctricas convencionales (que son las que
tienen derecho al cobro del déficit) se quitan de sus ingresos unos importes en concepto
de los nuevos tributos y los destinan a cubrir los costes que no alcanza a pagarles el
sistema. Todo menos intuitivo ¿verdad? No se a Uds. pero a mi esto empieza a
chirriarme y hace un rato que he perdido de vista la “bolita” del problema. Por otro lado,
las renovables que mayoritariamente reciben del sector eléctrico unas tarifas reguladas
también deben aportar a esos impuestos y muy a su pesar contribuir al agujero del
déficit de tarifa en la misma proporción que las eléctricas convencionales (un 6% de su
producción), pero sin tener derecho a cobro alguno adicional. Esto, aunque discutible, es
más sencillo y directo como solución al problema del déficit. Aparentemente se elude el
problema de la discriminación impositiva con un tipo único a todas las fuentes de
generación, y se evita nominalmente el problema de la retroactividad (aunque no deje de
ser un cambio evidente de las condiciones de juego para todos).
Pero entonces ¿quién va a pagar el coste de esta creativa solución (tanto o más
como creativa fue la idea de generar y financiar un déficit)? ¿Van a asumir las
empresas eléctricas el coste de estos nuevos tributos directamente contra su cuenta de
resultados? ¿Se han acabado ya las subidas del precio de la electricidad para el
consumidor? Me temo que la respuesta es no en ambos casos. ¿Hay costes para otras
partidas de los presupuestos y para los contribuyentes en general? Sí. En definitiva,
todos los que estamos de este lado del PIB (el de las familias y las empresas privadas)
pagamos; por otro lado, cómo siempre ¡qué esperaban Uds.! ... ¿acaso hay alguien más
a quien exprimir? Veamos.
En primer lugar, hay que partir de la constatación de que diferir el pago de lo que
debemos en el tiempo nos supone a los españoles un coste financiero de muchos cientos
de millones de euros anuales. Nos estamos haciendo trampas al solitario. ¿No sería más
fácil haber afrontado el pago cuando se consumió esa energía –teóricamente barata,
pero que ahora pagamos cara- que transferir esa enorme deuda a la próxima generación?
En cuanto al reparto de esas cargas, lo cierto es que todavía no está todo el pescado
vendido. A corto plazo, cabe esperar un aluvión de medidas de presión por parte de las
patronales tanto de las eléctricas tradicionales como de las renovables hasta que este
Proyecto de Ley sea aprobado por el Parlamento. Y ya veremos qué queda al final.
En segundo lugar, a buen seguro habrá también recursos contra la nueva Ley, tanto ante
los Tribunales españoles como ante Organismos internacionales como los que ya se han
planteado a raíz de las modificaciones a la retribución de los huertos fotovoltaicos desde
2010. Aunque no suele mencionarse, todo ello supondrá costes para todos los españoles
en términos de utilización de recursos (p.ej. de un sistema judicial que se encuentra ya
de por sí embotellado –por no hablar de “instrumentalizado” y “politizado” o de los
costosos bufetes de abogados que asesoran a la Abogacía del Estado en los pleitos
internacionales) y, más importante aún, en términos de seguridad jurídica y de la prima
de riesgo que habrá que pagar para atraer inversiones extranjeras a largo plazo al país.
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Adicionalmente, la reforma contribuye a reducir aún más la escasa transparencia de un
sector en el que convive ya una compleja mezcla de actividades reguladas y
liberalizadas en las que es difícil vislumbrar el reparto de beneficios y riesgos. Aunque
ese coste de los nuevos tributos energéticos será inicialmente soportado por las
empresas, estas a buen seguro buscarán vías para compensarlo en el laberinto de la
regulación del sector, bien a través de mayores ingresos, bien a través de menores
costes. La primera vía supondrá que los consumidores acaben siendo los “paganos” de
estos nuevos impuestos, que serán trasladados de forma directa o indirecta a los precios
energéticos, mientras que la segunda redundaría en una mejora de la eficiencia, quizás a
coste de reducción de empleo, endurecimiento de condiciones a proveedores (con el
consiguiente efecto contractivo a lo largo de la cadena de valor) o menor calidad en el
nivel de servicio. Evidentemente, no todas las empresas tienen igual capacidad de
aumentar sus ingresos o reducir sus costes. Las renovables, cuyos ingresos vienen
mayoritariamente establecidos por una tarifa fija (indiciada al IPC) y cuyo coste
principal es la retribución del capital ya invertido en las instalaciones tienen menor
margen de maniobra que las eléctricas tradicionales que cuentan con un mix de ingresos
y costes mucho más diversificado y flexible.
Finalmente, en aquella parte que las empresas no sean capaces de trasladar este nuevo
coste, bien por la vía de mayores ingresos, bien por la de menores costes, se producirá
una caída del beneficio, y lógicamente de la recaudación por impuesto de sociedades.
Este efecto se extenderá a proveedores que vean renegociados sus productos y servicios,
por lo que Hacienda bien podría perder por esta vía un 20%-25% de lo recaudado con
los nuevos impuestos energéticos. Algunas de estas empresas podrían entrar en
concurso al no poder hacer frente a sus compromisos, con el coste económico y social
añadido que ello supone.
¿Suponen por tanto estas medidas la solución definitiva a los problemas del sector?
A la vista de todo lo anterior, parece evidente que no. Se trata del enésimo parche
legislativo en un sector que lo que necesita es un marco claro en el que afrontar las
cuantiosas inversiones necesarias para tener un sistema energético limpio, seguro y
eficiente, en el que se eviten errores como la burbuja fotovoltaica o la de los ciclos
combinados y los onerosos contratos take-or-pay de gas natural ligados a un precio del
petróleo que no deja de subir.
Una vez más se está poniendo el carro (problema a corto plazo del déficit) delante de los
bueyes (la reforma estructural del sector que lleve a un abaratamiento a medio y largo
plazo de nuestra electricidad). En vez de fijar y aumentar costes con nuevos impuestos
se debería revisar el grueso de los costes del sector (energía “de mercado” y costes
regulados aparte de régimen especial) con reformas estructurales para abaratar el coste
final de la electricidad. La solución al déficit sería consecuencia de ello, y no al revés.
Y la mejor forma para lograrlo sería introducir más mercado (y no menos que es lo que
al final resulta de estas medidas); pero un mercado de verdad, con competencia real en
generación y comercialización (p.ej. mediante subastas de capacidad) y en el que
beneficios y pérdidas no acaben soportados por empresas (los primeros) y consumidores
(las segundas). Y que se revisen los costes de las actividades reguladas de electricidad y
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gas (contratos internacionales incluidos), para los que no debe caber un cheque en
blanco que siempre acaba pagando el consumidor.
Y que los Gobiernos de uno y otro signo, que también han tenido su cuota importante de
responsabilidad en los errores del pasado, reduzcan su presencia directa e indirecta en
un sector que debiendo liderar y ser catalizador del crecimiento económico cada vez
refleja más la hipertrofia y la ineficiencia de la Administración, para permitir en su
lugar el juego real de las leyes del mercado. Seguro que les iría mejor. Y con ellos a
todos los españoles.
Septiembre 2012
José Espinosa
Managing Partner
Green Capital Advisors
jespinosa@greencapitaladvisors.es
Twitter:JESpinosa_GCA
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