Transiciones Democráticas en El Salvador, Argentina y Chile

“Hitos hacia la Democracia: Un Estudio Histórico-Legal de la Transición hacia la Democracia Después
de Guerra Civil y Dictadura en El Salvador, Argentina y, Chile – Escrito Por Ryan Knutson”
Hitos hacia la Democracia: Un Estudio
Histórico-Legal de la Transición hacia la
Democracia Después de Guerra Civil y
Dictadura en El Salvador, Argentina y, Chile
Escrito por Ryan Knutson
Con la ayuda y apoyo del Juez Juan Guzmán Tapia
“Luego de traumas sociales y políticos como los que vivió Chile en tiempos recientes, no hay
soluciones perfectas ni prontas. Superar las divisiones del pasado, esclarecer la verdad, hacer
justicia, introducir medidas tendientes a hacer más difícil la repetición de tales hechos, es un
proceso de años, trabajoso, inevitablemente imperfecto. Para los gobernantes, y para todos
aquellos que les interesa el bien común, el dilema es cómo, en medio de tales dificultades, hacer
carne, en la mayor medida posible, los principios a que se aspira. Si se está pendiente sólo de las
limitaciones políticas, se corre el riesgo de olvidar los principios y caer en un pragmatismo
complaciente. Pero si se descuidan tales limitaciones y se persigue solamente lo que es deseable,
a la luz de los principios, se corre el riesgo de perderlo todo.” - Paulina Ramos Vergara
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En este ensayo pretendemos fijar algunos hitos hacia la obtención de la paz y/o de la
democracia en El Salvador y Argentina, respectivamente, para comparar sus pasos hacia la
transición democrática con la transición de Chile después de la dictadura.
El marco dentro del cual se hará este paralelo es aquél proporcionado por Juan Guzmán
Tapia en su artículo sobre “Los hitos hacia la democracia”, en El Monde Diplomatique, donde
se refiere a las amnistías, las prescripciones a la ley, los plebiscitos, las comisiones de verdad,
los perdones, las reformas procesales, la justicia retributiva, y las reformas constitucionales como
hitos hacia la democracia. Pasaremos por todos estos hitos, analizando si en el particular
contexto político, social y, legal del país que investigamos, se los puede considerar como
verdaderos hitos hacia la democracia o más como pasos para atrás hacia la desigualdad e
impunidad de perpetradores de violaciones a los derechos humanos en la guerra y en la
dictadura.
El Salvador – Política y bosquejo histórico
Desde la segunda mitad del siglo diecinueve, la exportación del café había sido la mayor
fuente de crecimiento económico y riqueza que producía El Salvador. Antes, no había
desarrollado forma alguna de industria ni de producción de bienes materiales en el país. (Chris
van der Borgh, El Salvador en transición, Rozenberg Quarterly, Junio 2015). Por lo tanto, El
Salvador continuó siendo un país agrícola monocultivador hasta la segunda mitad del siglo
veinte y creciendo mucho en ese sentido. Sin embargo, esta riqueza proveniente de la agricultura
quedó en manos de los terratenientes mientras la mayoría de la población campesina trabajó en
las plantaciones de café bajo condiciones de pobreza o en suelos malos produciendo maíz para
alimentarse en condiciones de pobreza. (Id). Este sistema económico produjo mucha

desigualdad por tener tanta gente virtualmente como esclavos que trabajaban la tierra para
cultivar el café durante toda una estación por un sueldo que era insuficiente para sobrevivir.
Estos trabajadores eran conocidos como campesinos o gente del campo, y formaban parte de la
clase agrícola baja de El Salvador durante toda su historia. (Id).
Hay quienes hasta afirman que el ímpetu más importante para la creación del estado
salvadoreño fue el desarrollo de las plantaciones de café. Antes no se había consolidado riqueza
ni exportación de producto alguno. Después, durante la segunda mitad del siglo diecinueve se
consolidó la riqueza en manos de los terratenientes, exportación del café, y un estado destinado a
proteger la nueva economía y su resultante orden social. (Id). Tras la primera mitad del siglo
veinte, El Salvador creció económicamente en la misma proporción como creció en términos de
desigualdad en el campo. También los militares empezaron a tener un protagonismo importante
en la política del país luego de su primera intervención en suprimir la insurrección comunista y
campesina de 1932, impulsada por el sufrimiento y la pobreza de las comunidades indígenas
cuyas tierras fueron expropiadas para instalar plantaciones de café. (Id).
En los años setenta, El Salvador pasó por un profundo período de conflictos políticos y
sociales que marcaron su historia. Como resultado de la consolidación del poder de la pequeña
burguesía y los grandes terratenientes, las instituciones políticas y el gobierno empezaron un
programa de expropiación de tierra. (Supra, Van der Borgh, El Salvador). El algodón y el
azúcar se convirtieron en productos con un gran ingreso en el mercado común. El nuevo
mercado de Centroamérica, y el crecimiento en el mercado global durante esta época impulsó el
alza en el precio del algodón y el azúcar. Por eso, el gobierno instaló un programa de
expropiación de tierra a los campesinos todavía trabajando y cosechando en áreas de buen suelo.

(Id). Estas tierras fueron expropiadas y trasladadas a la élite terrateniente por una vía legal de
incautación aprobada por el congreso.
Las cifras citadas y analizadas en el estudio de Van der Borgh de la Organización de las
Naciones Unidas enfatizan el impacto de este programa de expropiación. ““Según un estudio del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), el porcentaje de campesinos sin
tierra aumentó del 11% al 40% en el período comprendido entre 1961 y 1975 (citado por
Martínez, 1990:15). El campo se empobreció. A esto se agregó el hecho de que la oligarquía
cafetera extendió sus intereses hacia la industria. Por esta razón no surgió una fuerte burguesía
urbana independiente que, siguiendo el análisis de Moore (1966), hubiese afectado los intereses
de la oligarquía agraria, dando así un impulso a la democratización”. (Supra, Van der Borgh, El
Salvador).
Todo este proceso de expropiación, consolidación, y discriminación tendría su impacto
más profundo en el estallido de la guerra civil. Después de un fallado intento de movilizar a la
gente del campo en contra del gobierno y de la élite salvadoreña cuando las fuerzas armadas y la
policía civil mataron a miles de organizadores sociales y a sus simpatizantes, el escenario para la
guerra civil estaba ya puesto. (Supra, Van der Borgh, El Salvador). Entre 1979 y 1990, una
coalición del gobierno, los militares, y de la oligarquía lucharon en contra de la organización de
Farabundo Martí Liberación Nacional y otros grupos revolucionarios. (Id). Esta guerra casi
destruyó el campo del país y costó más de 75,000 muertos, miles de heridos, y 2,000
desaparecidos. (Id).
Durante el último año de la guerra, entraron el gobierno y los militares y el FMLN en un
proceso de negociación auspiciado por la Organización de Naciones Unidas e impulsado por los

Estados Unidos. “Entre abril de 1990 y comienzos de 1992 se adelantaron negociaciones bajo la
dirección de Alvaro de Soto, la mano derecha del Secretario General de la ONU, Pérez de
Cuéllar (ONU, 1995). Estas negociaciones mantuvieron la tensión hasta el último día en que se
desarrollaron debido a que sobre todo los militares se mostraban cada vez opuestos a un acuerdo.
La presión de la comunidad internacional y de los Estados Unidos llevó a finales de 1991 a la
firma de una importante declaración, en la cual se estipuló a grandes líneas el acuerdo de paz. El
16 de enero de 1992 se firmó el acuerdo final en el castillo de Chapultepec, en Ciudad de
México. Con este acuerdo se cerraron finalmente los acuerdos parciales firmados anteriormente.
El 1 de febrero de 1992 se inició la implementación de los acuerdos”. (Supra, Van der Borgh, El
Salvador).
Hoy, El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Tiene la segunda
proporción de homicidios más alta del mundo. (Supra, Van Der Borgh, El Salvador). Después
de la guerra civil, fue fácil acceder a armas en las calles. Debido a una pobreza creciente, y
nuevas formas de crimen traídos a Centroamérica desde Estados Unidos por ciudadanos
salvadoreños deportados, se formaron bandas que ahora controlan muchas partes urbanas y
rurales del país. (Id). La situación en El Salvador sigue siendo uno de los peores en el mundo en
términos de seguridad pública.
Las amnistías

“Históricamente, las amnistías han sido utilizadas luego de terminada una guerra civil o
de concluido un gobierno en el cual se cometieron delitos que revisten caracteres políticos,
siendo su objetivo la obtención de la paz y la reconciliación entre las partes involucradas.” (Juan
Guzmán Tapia, Por qué es necesaria una nueva Constitución, Hitos hacia la democracia en
Chile, Le Monde Diplomatique, Enero – Febrero, 2014).
En el caso de El Salvador, la amnistía promulgada por el congreso de este país en 1992
también involucró el término de una guerra civil. Antes de la guerra, las fuerzas de seguridad y
los militares habían cometido graves delitos en contra de los derechos humanos, en el campo,
para suprimir los movimientos sociales y laborales que existían y que estaban reclamando en
contra de las políticas del gobierno como la reforma agraria y la liberalización de la economía en
este momento. (Supra, Van der Borgh, El Salvador). Durante la guerra civil, tanto el gobierno
como los militares y también los revolucionarios en el campo cometieron delitos “de carácter
político” como asesinatos con motivos de la guerra, asaltos, detenciones en forma de guerra,
destrucción de propiedades y bienes, y la toma de posesión de propiedades privadas y
propiedades del gobierno. (Id).
Sin embargo, se debe destacar que las fuerzas revolucionarias cometieron un tipo
diferente de “delitos políticos” asociados con la guerra como los secuestros de empresarios y la
destrucción de infraestructuras públicas para detener las comunicaciones y el avance del
gobierno. También, debe señalarse que durante la primera fase de la guerra hasta su término, el
gobierno y los militares cometieron un volumen muy superior de delitos contra los civiles y las
fuerzas revolucionarias que el cometido por éstos a aquéllos. Aunque los revolucionarios

cometieron delitos, estos delitos fueron diferentes y ocurrieron con mucha menos frecuencia que
al otro lado.
“En septiembre de 1981, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES),
informó que un total de 32,000 civiles fueron asesinados por fuerzas gubernamentales o por
escuadrones de la muerte vinculados al Ejército, desde que la primera junta asumió el poder en el
país.” (Teoría del estado Blog, Historia de El Salvador, Domingo, 17 de Marzo 2013,
http://teoriadelestadoutec.blogspot.com/2013/03/la-guerra-civil-1980-1992.html). (Esta cifra
llegaría a casi 60,000 muertos por las fuerzas armadas para el fin de la guerra).
“Por otro lado, debe tomarse en cuenta que la guerrilla iniciaría hostilidades tales como
secuestro y asesinato de empresarios y alcaldes, destrucción de infraestructura pública,
enfrentamientos armados y destrucción de objetivos militares, repartición de propaganda y
extorsión a empresarios. Dichas acciones se darían repetidamente durante toda la guerra civil,
dando paso a casos muy sonados tales como la masacre de la Zona Rosa y el secuestro y
posterior asesinato en los Planes de Renderos, del empresario Roberto Poma. Dada la gravedad
de la guerra civil, la guerrilla cometió diversos crímenes, que si bien no se equipararon en
volumen con los cometidos por las Fuerzas Armadas, no pueden dejarse sin tomar en cuenta.”
(Supra, Blog, Historia de El Salvador).
La amnistía aprobada por el congreso benefició a toda persona que estuvo involucrada en
la guerra civil de cualquier forma y que había cometido delitos con carácter político con motivos
de la guerra. (Asamblea Legislativa, República de El Salvador, Código Penal 220, Ley de
amnistía, paz, y reconciliación, 1992). Esta amnistía fue aprobada con la idea de llevar una
equidad entre los dos bandos, promover una paz solidaria, crear reconciliación entre los

combatientes, y reintegrar a los combatientes a la vida civil con mayor rapidez y éxito. (Id). Sin
embargo, la guerra no fue lo suficientemente igual en términos de potencia de armas, de número
de muertos, o más allá de eso de estrategia para permitir que fuera una paz igualitaria. Las
fuerzas armadas mataron a casi 60,000 de las 75,000 personas matadas durante la guerra, admitía
una estrategia de destruir la población campesina para no permitir que el FMLN reclutara de ella,
y tenía más acceso a fuerzas aéreas y bombas que el FMLN. (Id).
“En varios países donde se han promulgado amnistías, se ha considerado que han servido
para la reconciliación y, por ende, para el retorno a una área más propicia hacia sus democracias.
En ocasiones se han promulgado como una condición para lograr el cese de las hostilidades y
finalmente para el establecimiento de la paz. En esos países, se puede concluir que las amnistías
han constituido verdaderos hitos hacia la transición.” (Supra, Por qué es necesaria una nueva
Constitución).
Así como esta amnistía no fue parte de un proceso de auto-amnistía y perdón por
intereses del gobierno como la amnistía en Chile otorgada mediante el decreto ley 2.191 en 1978,
fue legítima en el sentido de que otorgó respeto y una base para la reconciliación entre los dos
bandos de la guerra salvadoreña. (Supra, Por qué es necesaria una nueva Constitución).
Miembros de los dos lados de la guerra podían aplicar para amnistía ante un tribunal de primera
instancia, una alcaldía, u otras autoridades estatales no obstante si estuvieran ya imputados,
condenados, o libres todavía. (Supra, República de El Salvador, Código Penal 220).
No obstante, no se puede considerar la amnistía promulgada de 1992 como un verdadero
hito hacia la democracia en El Salvador dado que esta amnistía fue parte de una guerra desigual
en la cual habían cometido mucho más delitos las fuerzas armadas que las fuerzas

revolucionarias. La amnistía benefició a los dos bandos de la guerra quienes habían matado y
luchado de la misma manera por casi once años. Sin embargo, esa amnistía no se aplicó con
respecto de los delitos contra los derechos humanos y contra la ley de guerra internacional.
(Supra, República de El Salvador, Código Penal 220). Aunque mencione delitos cometidos con
motivos de la guerra y tenga una sección de delitos no incluidos como el secuestro y la
persecución basada en raza, religión, creencia, o identificación política, la ley no incluye un
reconocimiento de la desigualdad de delitos cometidos o una guía para los jueces en cómo tratar
aplicaciones para la amnistía y cargos en contra de miembros de los bandos con raíz de sus
delitos. (Id). También, la ley menciona que los delitos cometidos con fines de lucro durante la
guerra, los secuestros y extorsión, y el uso de drogas no son cubiertos por la amnistía.
Supuestamente, esta amnistía constituyó un intento para que se pudiera condenar a más
miembros de FMLN así que el secuestro y otras actividades con fines de lucro las usaron para
ganar dinero y comprar armas. (Supra, Blog, Historia de El Salvador).
Entonces, por eso y habiendo transcurrido tanto tiempo desde terminada la guerra civil
hay una falta absoluta de reconocimiento de los delitos, una falta de castigo a esos cuando están
fuera del rango de esta ley y cuando se los pueden calificar como delitos en contra de los
derechos humanos, y la impunidad para delitos en contra de los derechos humanos y la ley de
guerra internacional. No ha habido juicios penales en contra de líderes de los bandos ni de sus
soldados. (Supra, Blog, Historia de El Salvador). Fundamentalmente, había una desigualdad en
la conducta de la guerra y en como la ley de amnistía afectó a esta conducta. Más allá, ni ha
habido juicios por impunidad política. (Juan José Dalton, David Morales: La ley de Amnistía ya
no puede ser una excusa en El Salvador, El país internacional, 11 de Abril de 2014).

Las prescripciones a la ley
“En lo atinente a la prescripción, podemos señalar que ésta, en materia penal, consiste en
la extinción de las acciones penales o de las penas impuestas por la comisión de crímenes o de
delitos luego de transcurrido un determinado lapso de tiempo… En todo caso, los tratados
internacionales han resuelto este tema al establecer que los crímenes contra la humanidad no son
prescriptibles.” (Supra, Por qué es necesaria una nueva constitución).
En El Salvador, después de la guerra civil, el nuevo código penal de 2000 estableció que
algunos crímenes son prescriptibles. El código establece que los delitos que tienen penas
privativas a la libertad son prescriptibles por el mismo período de la pena impuesta, pero en
ningún caso por un tiempo menor de tres años. (Asamblea Legislativa de El Salvador, Nuevo
Código Procesal Penal 2000, Artículo 99). También establece que en caso de una pena no
privativa a la libertad, el tiempo para que se la pueda prescribir son tres años y en caso de una
pena impuesta por una falta, un año. (Id). Se empieza a prescribir la pena cuando, “… no se ha
comenzado a cumplir la pena correspondiente, la prescripción de ella comenzará a correr desde
la fecha en que la sentencia quede firme. Si hubiese comenzado su cumplimiento, correrá a
partir del quebrantamiento de la condena.” (Id. Artículo 100).
Por otra parte, aunque la mayoría de delitos son prescriptibles, el parlamento de El
Salvador ha establecido en este código también que los delitos que afecten a los derechos
humanos y de las leyes de guerra no son prescriptibles. “No prescribe la pena en los casos
siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres
de guerra, desaparición forzada de personas, persecución política, ideológica, racial, por sexo o

religión, siempre que se tratare de hechos cuyo inicio de ejecución fuese con posterioridad a la
vigencia del presente Código.” (Id).
De evaluar este código de la prescripción, tomando en cuenta el contexto histórico y
político, efectivamente funciona como otra versión de la ley de amnistía, agregada a la ya
vigente ley de amnistía aprobada como parte de los acuerdos de paz de 1992. Afirma que todo
hecho punible que pasó antes de 2000 es prescriptible de la misma manera como señaló la ley
para delitos de menor gravedad y otros. Eso implica que todo delito de secuestro, genocidio, y
persecución entre otros quedará impune por la letra de la ley si fue perpetrado antes de 2000.
Dado a que pueden prescribirse crímenes cometidos antes de 2000, y que la guerra civil
transcurrió entre 1980 y 1992, y que el mayor período de prescripción es de tres años, todos los
crímenes que ocurrieron durante la guerra van a ser prescriptibles de esta manera (cerrados y
olvidados en su mayoría). Efectivamente, esta ley funciona como una tapa a otra ley de amnistía
y una manera de asegurar que nunca va a haber juicios penales en contra de los responsables de
crímenes de guerra. Por lo tanto, no se puede considerar este código penal y las prescripciones
incorporadas a éste como hitos hacia la democracia. Estas prescripciones hacen que todos los
delitos del pasado queden impunes para los dos bandos. Esto significa que la memoria queda
destruida y que no hay justicia para la población civil que más sufrió daño durante esa época.
También significa que no hay igualdad para las víctimas de todos lados en la guerra.
Durante el periodo inmediatamente después de terminar la guerra civil, la asamblea
legislativa y el gobierno de El Salvador aprobaron una serie de medidas para la paz y
reconciliación. (Supra, David Morales: La ley de Amnistía ya no puede ser una excusa en El
Salvador). Una de ellas fue la amnistía otorgada a militantes de los dos bandos. En la práctica,

esta amnistía ha hecho que algunos delitos contra la humanidad sean delitos cubiertos por esta
amnistía. (Id). Como resultado, algunos tribunales y cortes en El Salvador han dificultado poder
presentar querellas en contra de militares u otros por estos delitos. (Id). Con lo difícil que es
presentar querellas, este proceso funciona como una forma de prescripción con respecto de las
leyes penales de secuestro, homicidio, tortura, la violación de leyes o costumbres de guerra, y
desaparición forzada de personas. (Id). Este proceso hace que las leyes penales en contra de
delitos graves hasta delitos contra los derechos humanos no se apliquen y que no hay igualdad
ante la ley.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho esta conclusión sobre
la ley de amnistía de El Salvador. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Organización de los Estados Americanos, Informe Número 1/99, Caso 10.480, 27 de enero de
1999, La ley de Amnistía de 1993). Ha dicho en su reporte que la ley se aplica a graves crímenes
cometidos durante la guerra civil por los dos lados, aunque como está en la práctica, la ley no
está siendo usada para enjuiciar estos tipos de delitos. Por razones políticas y sociales, en la
práctica el sector judicial en El Salvador no ha aplicado la ley en su forma de redacción.
Además, ha adoptado la posición de no investigar a ciertos delitos con respecto de la guerra civil.
“La Comisión debe destacar que el Decreto 486 se aplicó a graves violaciones de
derechos humanos ocurridos en El Salvador entre el 1o. de enero de 1980 y el 1o. de enero de
1992, incluidos aquellos examinados y establecidos por la Comisión de la Verdad. En particular,
su efecto se extendió, entre otros, a delitos tales como las ejecuciones sumarias, la tortura y la
desaparición forzada de personas practicadas por agentes del Estado. Algunos de estos delitos se
consideran de tal gravedad que han justificado la adopción de Convenciones especiales sobre la

materia y la inclusión de medidas específicas para evitar su impunidad, incluyendo la
jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de los delitos … Con respecto a la
imprescriptibilidad, el artículo VII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas establece, que tanto las acciones penales como las penas impuestas judicialmente al
responsable de las mismas no estarán sujetas a prescripción.” (Supra, Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, Informe Número 1/99, Caso
10.480).
Los tribunales de El Salvador han aplicado la ley de amnistía a veces no de acuerdo con
sus intenciones legislativas. Esto hace la transición hacia la democracia mucho más difícil y una
reconciliación verdadera en el país casi imposible. (Supra, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, Informe Número 1/99, Caso
10.480).
Los plebiscitos
Dentro del contexto de las múltiples guerras civiles centroamericanas que ocurrían al
mismo tiempo, entre ellas la guerra civil en El Salvador, hubo un acuerdo entre estos países de
no intervenir en las guerras internas de cada país y de llamar a elecciones libres. Este acuerdo
fue firmado el 7 de agosto de 1987 en Esquipulas, Guatemala. “Los presidentes de El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica acordaron en el denominado Acuerdo de
Esquipulas II … que cada gobierno iniciaría un diálogo con la oposición de la armada, y llamaría
a la celebración de elecciones libres.” (Supra, Van der Borgh, El Salvador). Este fue el primer
paso que El Salvador dio en su camino hacia las elecciones libres después de la guerra y lo dio
durante la guerra. En 1992, el FMLN y el gobierno de El Salvador se acordaron la paz en el

Castillo de Chapultepec en México. Posteriormente, estos grupos se conformarían para hacer la
batalla en el escenario político y no cuando se ejercía la violencia. “El desarrollo más importante
en esta transición democrática lo constituyó el encuentro de los anteriores enemigos en la
ARENA política. En las elecciones de 1994 el FMLN obtuvo el 25% de los escaños en el
parlamento, así como 48 de las 262 alcaldías. ARENA (el partido conservador) fue el gran
ganador de las elecciones”. (Id).
El partido ARENA se identificó con la burguesía del país y continuó la política que
diferenciaba a los partidos entre el del gobierno y el de la oposición, o el de la estabilidad y
seguridad y el del cambio y revolución dañosa. (Supra, Van der Borgh, El Salvador).
Construyeron también una política que se enfocaba en sus logros en el proceso de paz, como
constructores de esta paz, con el FMLN. Al contrario, el FMLN no pudo hacer esta distinción
entre partidos y perdió las elecciones tanto por eso como por su falta de recursos, el dinero, y
registro de votantes en el campo. En esta elección libre, ganó ARENA e instaló su candidato,
Armando Calderón Sol, en la presidencia del país. (Id).
Estas elecciones fueron las primeras después de la guerra civil. En ellas hubo
participación de los revolucionarios y sus simpatizantes y se efectuaron sin la militarización del
país. “El proceso político después de 1992 se diferenció substancialmente del que se llevó a
cabo antes de y durante la Guerra Civil, debido a la desmilitarización del sistema político
salvadoreño, al respecto por los derechos humanos y a una serie de reformas constitucionales.
Las elecciones de 1994, en las que se eligieron al presidente de la república, al nuevo parlamento
y a los concejos municipales, fueron denominadas por esta razón ‘las elecciones del siglo’
(Spence y otros, 1994)”. (Supra, Van der Borgh, El Salvador).

Por lo tanto, podemos considerar esto como un hito más hacia la democracia de El
Salvador.
Las comisiones de verdad
“Las comisiones de verdad, justicia y reconciliación y, sus respectivos informes, han sido
muy valiosas en numerosos países que han experimentado un proceso transicional hacia la
democracia. Éstas han servido para que se reconozca la calidad de víctimas de miles de personas
que habían sido consideradas como enemigas del país, terroristas, o traidores. Mediante estas
comisiones se ha dignificado a esas víctimas, se han establecido reconocimientos y se han
efectuado reparaciones.” (Supra, Por qué es necesaria una nueva Constitución).
El Salvador es un caso distinto en cuanto a las comisiones de verdad. Como país, El
Salvador hubo un número descomunal de violaciones a los derechos humanos por parte de
miembros de los dos bandos de la guerra civil. Con el avance hacia la democracia salvadoreña,
las Naciones Unidas encargó de que se formara una comisión de verdad para la paz y la
reconciliación, que investigó todos los delitos y abusos cometidos durante la guerra por parte de
todos los involucrados sin tomar en cuenta filiación política. (De la locura a la esperanza: La
guerra de doce años en El Salvador, Comisión de la verdad para El Salvador, Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo, 1992-1993).
Dado que esta comisión no fue auspiciada por el gobierno de El Salvador, sino que por
las Naciones Unidas y su organización para el desarrollo en Latinoamérica, no gozaba del poder
soberano de país para implementar sus recomendaciones en cuanto a las violaciones a los
derechos humanos, la estructura del gobierno, la distribución del poder en este gobierno, y las

medidas para castigar los abusos cometidos durante la guerra y promover paz y reconciliación
real. (Supra, Naciones Unidas, Comisión de la verdad para El Salvador).
La comisión recomendó el control civil de las fuerzas armadas y de seguridad e
inteligencia, medidas para la restauración de equilibrio entre las tres ramas de poder en el
gobierno (legislativo, judicial, y ejecutivo), y leyes e implementación desde el gobierno para
llevar a juicio a los líderes de las fuerzas armadas de los dos lados, a sus oficiales de menor
rango, y a cualquier otra persona que estuviera involucrada en crímenes contra los derechos
humanos o en contra de las normas de la guerra no cubiertos por la amnistía o por tratados y
normas internacionales. (Supra, Naciones Unidas, Comisión de la verdad para El Salvador).
Se puede considerar esta comisión como un paso verdadero hacia la democracia en El
Salvador porque, aunque esta comisión fue concebida por las Naciones Unidas en San Salvador
y no tuvo ningún tipo de poder estatal, permitió que el estado salvadoreño y la sociedad
salvadoreña pudieran tomar en cuenta la pérdida de la guerra civil en términos de vida humana,
de derechos humanos y, de propiedad y riqueza que había engendrada esta guerra. La comisión
tuvo mucho éxito en establecer el número de personas asesinadas, su condición legal, los abusos
a los derechos humanos por los dos bandos y, en investigar y promover recomendaciones para el
banco y el gobierno para presentar investigaciones y cargos en contra de los perpetradores.
Por eso, esta comisión fue un paso más en el camino hacia la verdad y la justicia en El
Salvador.
Los perdones

“En todo caso, estos gestos constituyen un reconocimiento oficial de la existencia de los
peores crímenes y una forma de arrepentimiento histórico revelador. Pueden, en cierto sentido,
considerarse como formas de solidaridad con las víctimas y de crítica respecto de los verdaderos
agentes perpetradores o colaboradores (cuando vienen los perdones del estado).” (Supra, Por
qué es necesaria una nueva Constitución).
Sin embargo, la mejor manera de construir una paz y reconciliación fuerte es motivar a
los perpetradores y sus colaboradores a pedir perdón a las víctimas por sus delitos, reconociendo
su existencia y participación en éstos, y dando alivio y justicia a las víctimas. Cuando estalla una
guerra civil o cuando se produce un gobierno en el cual ocurren hechos de violencia y abusos a
los derechos humanos con motivos políticos, los agentes de guerra o de gobierno deben ser
quienes pidan perdón. Este debe ser el caso en El Salvador, con los dos lados de la guerra
pidiendo perdón por sus respectivos delitos para crear una paz y reconciliación mejor.
En el caso de El Salvador, no ha habido un perdón amplio tenga por objeto reconocer y
curar las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno, las fuerzas armadas, o el
FMLN. A diferencia de Chile cuando el entonces presidente de la República Patricio Aylwin
Azócar pidió perdón por los abusos con respecto de los derechos humanos cometidos durante la
dictadura, el presidente Mauricio Funes pidió perdón por la masacre en el Mozote pero no por
todos los delitos cometidos durante la guerra civil. (Supra, Por qué es necesaria una nueva
Constitución; Perdones de estado: Reparadoras pero insuficientes, El Toque, Derechos
humanos, 24 de febrero de 2014, http://eltoque.com/texto/perdones-de-estado-reparadores-pero-
insuficientes). Ha habido un único perdón oficial propiciado por el gobierno salvadoreño. Fue
dado durante un gobierno de FMLN y no de ARENA u otro partido conservador-demócrata que

se había afiliado con los militares y al gobierno durante la guerra civil. Sólo el gobierno de
entonces y no los perpetradores pidieron perdón por la masacre en el Mozote. Entonces, no se
puede considerar eso como paso muy importante hacia la paz y reconciliación en el país porque
no fue dado por un gobierno de los perpetradores del partido conservador ARENA, ni tampoco
fue parte de un perdón más amplio por todos los delitos y abusos cometidos, y no pidió perdón
ninguno de los perpetradores o sus colaboradores. Esperamos que haya más perdones durante
los años que viene.
La justicia retributiva
“En muchos países se ha considerado que más vale no recurrir a la justicia retributiva con
tal de que se asegure una transición pacífica y consensuada para obtener la paz o para salir de
una crisis. Otros razonan que es fundamental que sean juzgados los responsables de los crímenes
cometidos en el período crítico, a objeto de descubrir la verdad, de asegurar la paz social y de
evitar que crímenes como los acaecidos vuelvan a repetirse”. (Supra, Por qué es necesaria una
nueva Constitución).
En el caso de El Salvador, no ha habido una justicia retributiva fundamental por razones
políticas. El gobierno y la élite socioeconómica han optado por el camino del olvido y han
postulado para el futuro y no para el pasado. Han dicho muchos críticos que fue importante en el
caso de El Salvador asegurar una paz social y militar a través de no inculpar a nadie que había
cometido delitos por motivos políticos durante la guerra. (Supra, David Morales: La ley de
Amnistía ya no puede ser una excusa en El Salvador). Con esta razón se aprobó el congreso de
este país una ley de amnistía, que en la práctica, hace que todos los delitos ocurridos durante la
guerra sean anulados. No ha habido juicios penales en contra de los líderes de ambos bandos ni

con respecto de los otros perpetradores de delitos en contra de los derechos humanos o de la ley
de guerra. (Id).
En múltiples casos de asesinatos de civiles como el caso del Arzobispo Romero, de las
seis religiosas norteamericanas, de los mil indígenas en El Mozote, los mil civiles en Río
Sumpul, y en el caso del patrón de los escuadrones de la muerte, Roberto D’Aubuisson, jefe de la
sección de inteligencia del ejército ANSESAL y de sus soldados que mataron a miles de civiles,
ellos siendo simpatizantes o no con la guerrilla, las autoridades de El Salvador, no han llevado a
nadie a juicio. (Supra, David Morales: La ley de Amnistía ya no puede ser una excusa en El
Salvador). Entonces, en la mayoría de los casos, no hay justicia retributiva por razón de una
serie de intereses políticos instalados por el gobierno, y ahora por el FMLN, de no querer
provocar una reacción intensa por parte de los militares o de la burguesía salvadoreña.
Un caso puede ilustrar en particular el tipo de interés político junto con el poder que
juega un papel crítico en El Salvador. Es el caso de los seis jesuitas asesinados por los
escuadrones de muerte, “A pesar de que en los primeros días tras el asesinato, el gobierno
salvadoreño acusó de los homicidios a la guerrilla del FMLN, llegando a decir el entonces
presidente Cristiani que los guerrilleros habían reinvidicado los crímenes a través de Radio
“Venceremos”; el coronel Benavides, director de la Escuela Militar de San Salvador y el teniente
Yussy Mendoza, fueron condenados a treinta años, aunque ambos fueron liberados catorce meses
después, en 1993, tras promulgarse la Ley de Amnistía que perdonó todas las atrocidades
cometidas durante la guerra civil en El Salvador.” (Machado, Decio, Los fantasmas de la
represión claman Justicia en El Salvador, Rebelión, 9-12-2009).

En virtud de la ley de amnistía, y debido, también a presiones políticas, los autores de
estos delitos fueron liberados poco más de un año tras una condena de treinta años por este
asesinato de civiles. Este tipo de interés político-legal ha actuado muchas veces para ocultar la
verdad y no inculpar a los responsables de los horrores de la guerra civil en El Salvador.
Las reformas procesales
“En El Salvador, después de firmados y cumplidos en su mayor parte los Acuerdos de
Paz, se generaron una serie de propuestas de criminalización bajo el “lábaro” de ser parte de
política criminal, es decir, la aplicación sistemática del castigo estatal como forma idónea para
hacer frente a los procesos de violencia social que impera en el país.” (Hernández, Juan Carlos
Paz, Análisis sobre la reforma procesal penal en El Salvador, Universidad Gerardo Barrios,
http://investigaciones.ugb.edu.sv/resumenes-de-investigaciones-sm/derecho-sm/item/9-analisis-
sobre-la-reforma-procesal-penal-en-el-salvador/9-analisis-sobre-la-reforma-procesal-penal-en-el-
salvador.html).
Las reformas procesales penales pueden ser verdaderos hitos hacia la democracia en
algunas ocasiones cuando tienden a sistemas más garantistas, abiertos, y públicos. Cuando el
sistema protege más a los derechos humanos, promoviendo juicios orales y públicos,
presentación de cargos, derechos a defenderse y a presentar testigos, el derecho a preguntar los
testigos de la fiscalía, y el debido proceso, este sistema facilita el camino a la democracia. En
teoría, esto es lo que ha pasado en El Salvador. (Supra, Análisis sobre la reforma procesal penal
en El Salvador). Durante el periodo después de la guerra civil, el país empezó realizar una serie
de reformas para cambiar su sistema de un sistema inquisitivo, secreto y poco garantista, a un
sistema oral, público y garantista. (Id). El congreso aprobó una serie de medidas para crear

oficinas de fiscales con la responsabilidad de investigar y acusar delitos trabajando con la policía
y para crear tribunales en los que operaran jueces con la responsabilidad de juzgar y no
investigar y acusar como en el sistema inquisitivo traído a Centroamérica por los españoles. (Id).
Sin embargo, la literatura comprendida afirma que actualmente por la inseguridad y
violencia que aturde a El Salvador, este sistema está a la vez ocupado y poco apoyado por el
gobierno. Las autoridades en este país se han enfocado en castigar la delincuencia con más
policía y represión, lo que hace un balance de recursos entre la rama judicial y ejecutivo
imposible. (Supra, Análisis sobre la reforma procesal penal en El Salvador). También, la
intimidación de las pandillas es muy fuerte en este país para los oficiales y los tribunales. Esta
intimidación hace una verdadera administración de justica imposible por la falta de protección
policiaca y seguridad institucional.
Las constituciones
“Una parte importante del acuerdo trataba sobre el papel de los militares y los servicios
de seguridad. Los militares perderían muchas de sus funciones y quedarían sujetos al control de
las fuerzas civiles. El ejército sería reestructurado y saneado. Junto a esto, los conocidos
servicios de seguridad como la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional serían abolidos para
dar paso a una nueva policía civil, la Policía Nacional Civil (PNC). En los acuerdos se había
redactado también una serie de parágrafos sobre las reformas del sistema judicial y electora”
“Con la finalización de la guerra civil se rompió con una dinámica de polarización y
confrontación político-militar. Esta dinámica había surgido en la segunda mitad de los años

setenta y tenía sus raíces en un sistema político autoritario y en una economía organizada en
torno a una pequeña oligarquía. La finalización del conflicto armado fue un proceso en sí mismo:
los militares se retiraron a sus bases y los guerrilleros a los campamentos levantados
especialmente para ellos; la Comisión de la Verdad investigó las violaciones de los derechos
humanos, mientras que los aparatos militarizados de la policía debieron dar paso a un aparato de
policía civil. ONUSAL desempeñó un papel de mediadora en este proceso y estuvo presente
hasta 1995 en todas las anteriores zonas de guerra en el país.”
“El gobierno de Cristiani adelantó una política económica neoliberal y limitó la
influencia del estado en la economía. Puso término al monopolio estatal en la exportación del
café y el azúcar y privatizó de nuevo el sistema bancario. Las cooperativas que habían surgido
como resultado de la reforma agraria de 1980 fueron presionadas para dividirse en pequeñas
empresas particulares. Los bancos quedaron de nuevo en manos de familias que pertenecían a la
vieja oligarquía, lo que llevó a una fuerte concentración del capital bancario (Briones y Ramos
1995:22). Este nuevo sector bancario orientó sus intereses, junto con el sector comercial, hacia
las consecuencias económicas de la emigración salvadoreña hacia los Estados Unidos”

Argentina – Política y bosquejo histórico
La historia de Argentina en el siglo veinte fue marcada por un largo periodo de grave
competencia política y social y muchos cambios drásticos de una autoridad gubernamental civil
y constitucional a una autoridad militar y de facto por golpes de estado. Dado que las fuerzas
armadas habían jugado un rol crítico en la independencia y formación política del país, contaban
con mucho prestigio, respeto y, deferencia política. (La guerra de las Malvinas en el marco de la
dictadura, apuntes y monografías, Taringa, 2009, http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-
monografias/2101298/La-guerra-de-Malvinas-en-el-marco-de-la-dictadura.html). En periodos
de turbulencia política y social, grandes y poderosos sectores conservadores de la sociedad
apoyaban a su intervención en la política para brindar estabilidad y paz. Las fuerzas armadas

eran vistas por muchas como la última esperanza de acabar con los problemas sociales que
aturdían al país y proteger y afirmar el estatus quo. (Id). Tomando esos intereses de poder en
cuenta y la vinculación que tienen con las fuerzas armadas, es inevitable que las dos fuerzas
actúen para compensar y defender los intereses de la otra. Esa identificación de intereses
políticos para conservar el poder económico y social de la clase alta constituía la base para que
estos sectores pudieran romper las reglas constitucionales. (Id). Rompiendo las reglas durante
periodos de crisis social y movimientos de sindicatos, estudiantes y, intelectuales, las fuerzas
armadas actuaron para aplicar la ley de poder, reestableciendo el orden en las fábricas, las
escuelas, y las calles. (Id). Ellos eran los ejecutores del poder económico del país. Golpearon al
estado y retomaron control del futuro de la nación por sus propios intereses. No les importaron
el derecho constitucional y la función del estado democrático como base para un progreso civil
de elecciones y esfuerzo político pacífico. Usaron su poder para tomar el control de la nación
por la fuerza.
Alain Rouquié y Stephen Suffern, muestran a Argentina como una “ “República
Pretoriana”, es decir la idea de un país constantemente custodiado por la presencia militar. Estos
autores estudian todos los procesos militares de América Latina, y a su vez establecen
diferencias y similitudes, enfocando el tema político y económico. Dos ideas nos interesa volver
a remarcar, la diferencia que marcan los autores con respecto a las anteriores dictaduras en
Argentina, es decir la composición de una Junta que hacía sospechar de un periodo dictatorial
largo, y la unión del elemento militar con elementos ultraliberales.” (Supra, La guerra de las
Malvinas en el marco de la dictadura). Como se puede ver, Argentina siempre ha sido país
monitoreado por la fuerza militar como patrocinador de los intereses económicos de la burguesía.

Cuando la nación pasaba por un momento de movimiento social y cambios estructurales, las
fuerzas armadas se vieron responsables por el “bien”, como lo veían, en lo económico y social.
Durante la primera mitad del siglo veinte, Argentina experimentó no menos que cinco
golpes militares llevados a cabo por autoridades militares con el liderazgo de una junta militar, es
decir un conjunto de generales de las tres ramas de las fuerzas armadas del país (1930-1932,
1943-1946, 1955-1958, 1962-1963, 1966-1973). (Supra, La guerra de Malvinas). Como fue
mencionado, cada vez que se dio un golpe militar, contó con el apoyo de una fuerte mayoría de
la población. Si se trató de un golpe a una autoridad civil-liberal, contó con apoyo de la
burguesía, la elite industrial, y los grandes terratenientes del país, frustrados con la debilidad del
gobierno o con su falta de políticas aceptables para sus intereses. (Id). Esa dinámica política es
muy similar a la dinámica de muchos otros países latinoamericanos con situaciones con un fuerte
interés militar y una historia de su uso con golpe como Chile, Brasil, Bolivia y, Paraguay.
Muy similar a la historia y situación Chilena durante esta época, Argentina se situaba en
el marco de una crisis internacional postulada por las dos superpotencias del mundo, Estados
Unidos y la Unión Soviética. Esas dos grandes potencias se competían, influenciando,
convenciendo, comprando, y a veces amenazando y armando los revolucionarios o el gobierno
de múltiples países latinoamericanos dentro de una guerra llamada fría porque las enemigas
superpotencias vacilaban al momento de luchar en contra con sus propias fuerzas convencionales
y nucleares. (Supra, La guerra de Malvinas en el marco de la dictadura). Este contexto político
y militar forma la base de entendimiento histórico dentro de la cual se presenta Argentina.
Argentina se veía muy influenciada después de la segunda guerra mundial por la competencia
política, militar, e ideológica de la guerra fría. En Chile, Estados Unidos se involucró durante los

primeros años de los setenta para motivar, financiar, y apoyar un golpe de estado en contra del
presidente constitucional Salvador Allende a quien le denominaba comunista por sus políticas de
nacionalización industrial y agrícola y sus reformas laborales. Estados Unidos tácitamente
apoyó la dictadura de Pinochet que vendría después.
Pasó mucho de lo mismo en Argentina, donde Estados Unidos se veía comprometido con
los militares para asegurar que el creciente movimiento guerrillero izquierdista en las zonas
urbanas y rurales no llegara a derrocar al gobierno como la exitosa revolución cubana había
hecho, llegando a Habana el primero de enero 1959. (Supra, La guerra de Malvinas en el marco
de la dictadura). Estados Unidos quería que la región latinoamericana se mantuviera lo más
posible fuera de influencia soviética y con políticas económicas neoliberales. También Estados
Unidos firmó un tratado de ayuda militar de armas, equipamiento e, inteligencia con Argentina y
solidificó sus lazos gubernamentales y militares con este país. (Soledad Catoggio, María, La
última dictadura argentina (1976-83): La ingeniería del terrorismo de Estado, Online
Encyclopedia of Mass Violence, 2010, http://www.massviolence.org/la-ultima-dictadura-militar-
argentina-1976-1983-la). Al mismo tiempo, Argentina pidió ayuda militar francesa en forma de
entrenamiento y estrategia. Llegaron militares franceses que habían luchado en Marruecos en
contra de los revolucionarios de este país durante la guerra imperialista francesa de los años
cincuenta. (Id). De acuerdo con su experiencia, enseñaron a los argentinos tácticas
contrainsurgentes brutales de inteligencia, secuestro, tortura y, desaparición de personas al menor
sospecha de su afiliación política con los revolucionarios. Estas influencias extranjeras,
combinadas con la creciente radicalización de la política argentina, formarían las divisiones

ideológicas de batalla dentro del país hasta la disolución de la Unión Soviética y la terminada de
la guerra fría. (Id).
Esta dinámica continuaría tras los primeros años del siglo veinte hasta los años sesenta
durante la época de Perón. Tras su fracaso en implementar reformas económicas y en
nacionalizar algunas empresas de industria, Perón se vio forzado huir del país. Regresó en 1974
con la esperanza de encabezar un gobierno transicional lideraba entonces por Héctor Cámpora.
(Supra, La ingeniería del terrorismo de Estado). Esperaba un gobierno que pudiera implementar
reformas peronistas y estabilizar las fuerzas políticas del país, cada vez más violentas.
Sin embargo, “… la pacificación del país se tornaba como imposible, en los hechos la
vuelta de Perón pocas cosas logró cambiar, los enfrentamientos guerrilleros se tornaron cada vez
más frecuentes, el año 1974, marca también la notoriedad de las acciones de grupos paramilitares
de ultraderecha, específicamente nos referimos a la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista),
cuya base se encontraba en la policía federal.” (Supra, La guerra de Malvinas en el marco de la
dictadura).
Los distintos sectores de la sociedad, incluso la elite económica y los terratenientes, se
volvían más frustrados y violentos por el impulso a la radicalización que les había dado el
peronismo y el retorno y muerte de Juan Perón. (Rouquié, Alain, Autoritarismos y democracia,
Estudios de Política Argentina, pg. 285, 1994). Sus intereses fueron cada vez más alineados con
la violencia y el terrorismo como táctica política. (Id). Con la creciente debilidad de gobierno y
el vacío dejado por la muerte de Perón, estos sectores vieron como necesidad interponerse en la
política para el bien del país. Consideraron que si no hicieron esta interposición con sus propios
intereses, terminarían perdiendo el país y su poder. Formaron grupos izquierdistas y derechistas

con diferente estilo e ideología política pero cada vez más chocantes y radicales en su manera de
avanzarse, comunicarse y, luchar contra grupos opositores. (Id).
En el lado político de la izquierda, los jóvenes argentinos entre 16 y 30 años se
involucran en dos organizaciones guerrillas principales inspiradas por las ideas del marxismo-
comunismo y de la lucha revolucionaria armada. (Supra, Autoritarismos y democracia). Sin
embargo, estos movimientos fueron inspirados a diferentes niveles y con diferentes estrategias
para ganar el apoyo de la población y derrocar al gobierno conservador. La primera
organización se llamaba el “Ejército revolucionario del pueblo”, o el ERP. Esa organización
tenía su fundación en los conceptos fundamentales del manifiesto comunista y en el objetivo del
derrocamiento al estado y su gobierno burgués y la realización entonces del comunismo como
forma de distribución de recursos y de gobernar al país. (Id). La estrategia guevarista que ERP
postuló, había recibido sus antecedentes de la victoria de la revolución cubana (Id). La lucha
guerrillera cubana se había caracterizada como una lucha rural. Fidel Castro y su ejército habían
avanzado desde la selva, atacando a pequeñas unidades y bases del gobierno para hacerles daño
poco a poco, sin grandes enfrentamientos militares, y volviendo a la selva usando su mejor
conocimiento del territorio para evitar que se les capturen las fuerzas del gobierno. Tras una
guerra prolongada como la cubana que cansaría y debilitaría al gobierno y su ejército, los
revolucionarios esperaban despertar los sentimientos del pueblo al darse cuenta que el gobierno
no lo podía proteger y que de hecho el gobierno era el problema. (Id. pg. 286). En 1974, ERP
empezó una ofensiva en Argentina en la selva subtropical de Tucumán. Atacaron bases militares
y la sede del gobierno en los pueblos alrededores. Las bajas del gobierno fueron muchas
comparadas con las de ERP. Esta ofensiva fue suficientemente exitosa y fuerte para que el

gobierno decidiera enviar 10,000 tropas a la región a rastrillar los revolucionarios. Esta fue la
guerra de guerrillas, y las fuerzas del ERP usaron casi las mismas tácticas que la guerrilla
cubana.
La otra mayormente importante organización radical a que se llamaba izquierdista, era
los “Montoneros.” Este fue un movimiento urbano, al contrario que el ERP, y se enfocaron en
promover un ambiente de inseguridad dentro de las ciudades y una resultante desconfianza en el
gobierno por su ineficacia en asegurar la seguridad pública. (Supra, Autoritarismos y
democracia, pg. 285). A través de imponer este tipo de ambiente, esperaban ganar el apoyo de
las masas a demostrar que el gobierno era débil y que no podía cumplir con sus promesas de
estabilizar al país y a la situación política. Este movimiento fue una guerrilla urbana e hicieron
muchos atentados contra peronistas de derecha quienes consideraban enemigos por sus ideas
económicas, líderes de sindicatos oficiales y líderes del régimen militar anterior. (Id). Mataron a
cientos de sus opositores y a los que oponían a sus ideales desde una perspectiva conservador y
derechista. Se caracterizó este movimiento como un grupo de terrorismo urbano por su tesis de
difundir temor, confusión e, inseguridad en las sedes del poder de la ciudad.
Como dice Alain Rouquié, “Por otra parte, llama la atención la juventud de los cabecillas
y de los combatientes. Fuera de algunos funcionarios peronistas, generalmente surgidos del
nacionalismo y nostálgicos de la acción directa, los guerrilleros (que muchas veces son mujeres)
tienen entre 16 y 30 años. En consecuencia, se trata de un hecho generacional y de casi toda una
generación. Los jóvenes argentinos de la clase media, iniciados en la política en los años setenta,
empezaron descubriendo directa o indirectamente los caminos de la violencia. Se habló de la
aparición de una “subcultura terrorista”, respuesta de un sector generacional y de un medio social

a las condiciones objetivas de una política y social, aparentemente, sin salida.” (Supra,
Autoritarismos y democracia, pg. 285). El movimiento armado y la lucha guerrillera izquierdista
y derechista fue producto de energía y movilización de una joven generación argentina. Los
jóvenes eran la fuerza para la radicalización.
En el lado derechista, las cosas fueron un poco más complicadas. Desde los años sesenta,
el ejército y la policía habían participado en la represión social y política de lo que llamaban la
subversión. La policía secuestró líderes de sindicatos, partidos políticos e, intelectuales y
abogados entre otros que consideraban opositores. (Supra, Autoritarismos y democracia, pg.
287). Motivados por los grandes intereses económicos del país y una política social conservador,
el gobierno combatió a sus opositores políticos con la mano dura y desde la sombra. Nunca
admitió que secuestraba y desaparecía a gente opositor durante el periodo antes de la dictadura,
pero las cifras son la evidencia. (Id). También hubo movimiento político derechista radical que
se llamaba la “Alianza Anticomunista Argentina” creada y dirigida por militares, estudiantes y,
funcionarios derechistas. Este grupo funcionó con conocimiento y ayuda estatal y también con
la impunidad dado que la policía federal argentina nunca investigó sus crímenes. (Id). Secuestró
y mató a políticos, intelectuales, abogados y, todo opositor con una personalidad pública que se
había metido en la política izquierdista. (Id). Este movimiento, sin embargo, fue diferente
comparado con los movimientos izquierdistas, en el sentido de que contó con el apoyo del
gobierno y de las fuerzas policiacas del país. Las estimaciones ponen el número de sus víctimas
entre mil y cuatro mil durante esta época pre-dictadura y novecientos solamente en los años
1973-75 durante la peor turbulencia política. (Id). Además de este grupo, hubo otros grupos
derechistas alineados con intereses de la clase política conservador, como el “Comando

Libertadores de América”, que operaban ya para cuando empezó el periodo de la dictadura en
1976. Esta infraestructura política de redes de represión militar y civil formaría la base de la
represión del gobierno militar de Videla. (Supra, La última dictadura argentina (1976-83): La
ingeniería del terrorismo de Estado).
Como se puede ver, en Argentina toda una generación joven en los años setenta participó
en la radicalización política del país. Se enfadaban al pensar que su país no tenía a un gobierno o
líder que lo podía guiar y mejorar y que eso se reflejaba en el caos de la calle. Les importaba su
país. Querían a su país y lo querían cambiar para lo mejor en términos sociales, culturales, y de
bienestar de casa, trabajo, y seguridad pública y económica. Querían ser parte de una
transformación, no obstante la filiación política con que se identificaban, y con esa inquietud y
frustración de jóvenes de todo el mundo, trabajaron para lo que justamente pensaban era el
bienestar de su país. Aunque estos jóvenes tuvieron las mejores intenciones, sin embargo, no era
nada de oportunidad en este momento histórico de su país para avanzar el bien de su país sin
luchar con la mano y un arma dentro de un mundo de violencia y descontrol. Es por eso que, no
obstante las mejores intenciones y optimismo, las fuerzas políticas malas y la violencia
incorporarían a estos jóvenes a la lucha armada y no pacífica.
Para el 1976, el país había descendido hacia el caos político. El gobierno de Onganía no
podía asegurar la paz y estabilidad del país. Aumentaron los enfrentamientos guerrilleros y los
atentados en las ciudades en contra de edificios gubernamentales y cualquier símbolo del estado
mientras que la policía y el extremismo derechista mataron a gente opositor. (Supra, La última
dictadura argentina). Cientos de personas murieron dentro de un periodo de un año y medio por
enfrentamientos relacionados con la política. Sin embargo, dos eventos en particular produjeron

una fuerte reacción por las fuerzas armadas del país que acabaría con el gobierno civil y llevaría
a cabo la represión militar en gran escala.
El primer evento fue el intento de fuga de prisioneros de Montoneros desde la prisión
federal Rawson. “Agosto de 1972 fue un mes trágico para las organizaciones armadas. El
intento de fuga de prisioneros políticos de Montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP) y de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAR), reclusos en la prisión de Rawson, resultó en
buena parte fallido y desencadenó la llamada «masacre de Trelew». 16 de los 25 que habían
planeado la huída no consiguieron alcanzar el avión que los esperaba en el aeropuerto de Trelew,
fueron obligados a rendirse, llevados a la base Almirante Zar y fusilados clandestinamente
(Gillespie, 1987: 149). Estas ejecuciones ilegales fueron acompañadas de asesinatos (alrededor
de 100), detenciones y torturas (500 aproximadamente), perpetradas durante todo el período
1966-1973 según denuncias de Montoneros.” (Supra, La última dictadura argentina).
En respuesta a una parecida acción conjunta de las fuerzas revolucionarias de Argentina,
el gobierno y las fuerzas armadas respondieron en buena parte con violencia ilegal. Esta
violencia ilegal y clandestina constituiría la base teorética e infraestructural de represión en los
próximos años. El ejército mató a los prisioneros que habían planeado la fuga y envió tropas y
otros actores a secuestrar personas sospechadas de ser parte de la red de fuga o de los
movimientos armados. (Id). El gobierno entonces vio la necesidad de confrontar la violencia de
estos grupos con más violencia y represión ilegal, clasificando a todo opositor o simpatizante de
estos grupos como enemigo del estado y, afirmando y consolidando su propio poder extrajudicial
con violencia que clasificaban como necesidad de “guerra”.

El otro evento fue el secuestro y asesinato del jefe de la policía federal, Alberto Villar, a
finales de 1974.
“Hacia finales de 1974, el asesinato, por parte de Montoneros, del jefe de la Policía
Federal, Alberto Villar, tuvo como resultado político la declaración de Estado de Sitio, a la par
que se multiplicaron las detenciones de personas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
(PEN) llegando a alcanzar la cifra de 5.182 casos al momento del golpe de Estado de 1976 (cfr.
CONADEP, 1984: 408).” (Supra, La última dictadura argentina).
Como otra respuesta a la creciente violencia que socavaba al país, el gobierno y las
fuerzas armadas siguieron aumentando la represión y violencia en contra de todo movimiento
opositor y guerrillero. Con el descontrol y caos político, vieron un vacío en el poder para finales
de 1976 y consideraban que Eva Perón, todavía en el poder, no podía controlar eventos y que
cada vez más estaban perdiendo control del país. (Supra, La última dictadura argentina).
También habían decidido con anterioridad que la mejor manera de reorganizar las instituciones
del país y defender sus intereses fue cambiar el sistema de gobierno e imponer sus reglas y
fuerzas. El 24 de marzo de 1976, dieron las fuerzas armadas un golpe de estado en contra del
gobierno constitucional de María Estela Perón, la arrestaron, y la mantuvieron en detención por
varios años después. (Id).
Tras asumir la presidencia el general Jorge Videla con un junta militar, empezaron los
militares un proceso de lo que llamaban “Reorganización nacional.” Las fuerzas armadas, sus
intereses económicos y simpatizantes políticos, suponían que este proceso de reorganización
incluiría una limpieza tanta política como social y cultural.

“Ya antes del golpe circulaban discursos como la arenga con la cual inauguró el año 1976
el teniente coronel Juan Carlos Moreno: «Los enemigos de la Patria no son únicamente aquellos
que integran la guerrilla apátrida de Tucumán. También son enemigos quienes cambian o
deforman en los cuadernos el verbo amar; los ideólogos que envenenan en nuestras
Universidades el alma de nuestros jóvenes y arman la mano que mata sin razonar y sin razón (...)
los seudo sindicalistas que reparten demagogia para mantener posiciones personales, sin
importarles los intereses futuros de sus representantes ni de la Nación; el mal sacerdote que
enseña a Cristo con un fusil en la mano; los Judas que alimentan la guerrilla; el soldado que
traiciona a su unidad entregando el puesto del enemigo al centinela y el gobernante que no sabe
ser guía ni maestro» (citado en Vázquez, 1985:15). (Supra, La última dictadura argentina).
Además querían los militares reestructurar la economía a líneas neoliberales para
deshacerse de la intervención estatal en la economía con estándares laborales, pensiones y,
subsidios para la industria y sector agrícola. También querían deshacerse de programas de salud,
educación y, seguridad para todos los ciudadanos. (Supra, La última dictadura argentina).
Querían imponer un modelo económico y social de escasa intervención estatal en la vida diaria
del pueblo excepto en el caso de defensa nacional y la protección de las grandes empresas del
país, ofreciendo crédito a términos muy favorables a financieros y capitalistas extranjeras.
“El principal objetivo del Proceso era la destrucción de la “subversión”, pero de detrás de
estas intenciones de “pacificación”, se escondían otros objetivos igualmente importantes para los
militares y ciertos sectores económicos. El Proceso tiene la peculiaridad de tener dos caras, una
cara política ultraconservadora, autoritaria y que trata de eliminar toda resistencia política y la
otra cara, la económica, la ultraliberal. Se utiliza el Estado –subordinado a la Junta- como sujeto

político pero mediante ese gran peso se trata de eliminar toda la intervención estatal en asuntos
económicos. La designación de Martínez de Hoz es el ejemplo cabal de intenciones
liberalizantes de la economía. Estas dos caras de la misma moneda van a chocar, ya que muchos
intereses económicos militares estaban estrechamente vinculados al Estado.” (Supra, La última
dictadura argentina).
Como se puede ver, la dictadura argentina se había comprometida de reorganizar el país
para asegurar sus intereses y lo que llamaban el “bien” del país. Sin embargo, este “bien” no
resultaría bien para la mayoría de la gente de clase obrera, trabajador, ni tampoco para la clase
media. Los militares actuaron con una filosofía conservador, algo que después de dos años de
este proceso de reorganización, por las condiciones internas económicas y las condiciones
económicas globales, produciría una gran inflación y recesión. (Supra, Autoritarismos y
democracia, pg. 288). Los precios de comida, renta, utilidades, transporte y otros pagos
asociados con el paquete de bienes consumidores subieron más de 500% durante los primeros
tres años de dictadura. (Id). La persona de clase obrera se quedaba sin los alimentos necesarios
para sobrevivir y la calidad de vida sufría año tras año, resultando en poner a Argentina a nivel
de países africanos como Ghana en términos de salud pública como tasas de enfermedad,
mortalidad infantil y, expectativa de vida. El país y el bien conservador resultaron un desastre
económico para la mayoría.
Por otra parte, para el 1977, la situación económica del país había empeorado tanto que la
persona obrera común y corriente de la calle no pudo comprar comida para comer tres veces al
día. Por los cortes en el gasto presupuestario de subsidios industriales, agrícolas y, en programas
de pensión y salud, la clase baja y media no contaron con los recursos económicos para

contribuir al flujo de compra-venta y a la inversión interna. Por lo tanto, durante los primeros
años de la dictadura la situación interna empeoró gravemente aunque la situación externa y
mundial no se agravó al mismo nivel y por las mismas causas.
“Mientras la inversión bruta interna ha retrocedido un 16%, las inversiones
industriales han disminuido un 24% y no representan más que el 59% de aquellas de 1972. La
actividad global del sector industrial disminuyó un 3% en 1975 y un 5% en el curso de los tres
primeros meses de 1976. La inflación y la evolución del sector agrario son, en gran medida,
responsables de esta situación. El clima político ha gravitado sin duda en el mismo sentido.”
(Supra, Autoritarismos y democracia, pg. 288).
También, como menciona la cita anterior, los intereses de los militares a veces chocaron
con la política económica de la junta. (Supra, La última dictadura argentina). Así que los
militares habían intervenido en el gobierno y que tenían lazos fuertes con los grandes bancos y
fábricas del país, se pusieron frustrados de que su junta impusiera un neoliberalismo puro que
afectaría a sus intereses tras cortar subsidios y ayuda estatal. “Parece que el tratamiento de
choque monetarista y la ideología ultraliberal toparon con el comportamiento estatista de los
militares, pero también con sus intereses creados, que habían aumentado a consecuencia de la
reciente colonización del estado.” (Id).
En términos políticos, sociales, y económicos, Argentina sufrió mucho de obra y acción
durante la dictadura de 1976 a 1982. En términos relativos, fue muy poco tiempo para la historia
argentina entera. Pero sin duda, fue suficiente tiempo para suprimir, herir y, desilusionar a un
país con la represión y la destrucción de fuerza, energía y, talento de sectores de la sociedad
como los intelectuales, sindicalistas, y estudiantes. Su gobierno creó todo un aparato de

represión e infraestructura de terror, despegando fuerzas por todo el país, dividiendo el país en
zonas militares y dejando la represión en las manos de los militares encargados de cada zona,
ayudados por los servicios de inteligencia. (Supra, La última dictadura argentina). Durante los
años 1976-1982, las estimaciones dicen que en promedio murieron seis mil personas
desaparecidas a mano del gobierno, pero estas cifras alcanzan 30,000 según algunas estimaciones
de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros. (Supra, Autoritarismos y
democracia, pg. 292). Fueron 12,000 a 20,000 presos políticos durante esta época que después
fueron liberados o exiliados, según cifras de organizaciones de derechos humanos, y también
cinco a seis mil personas “raptadas”, o secuestradas por grupos anónimos de represión de toda
afiliación, conservador hasta liberal. (Id). Al mismo tiempo, quinientos a mil quinientos
miembros de la fuerza armada o la policía murieron a manos de las diferentes organizaciones
extremistas del país y tres cientos a mil civiles murieron por el terrorismo, según variadas cifras
de organizaciones gubernamentales, las fuerzas armadas, el congreso, y organizaciones de
derechos humanos. (Id. pg. 293). Sin embargo, las cifras más destacadas y consideradas como
objetivas son de la embajada norteamericana en Buenos Aires, que indica que el número de
desaparecidos alcanza a 30,000, el número de presos políticos a 20,000 y, el número de
“raptadas” a seis mil. (Id). También ponen la embajada norteamericana las cifras de bajas de la
fuerza armada y civiles muertos por el terrorismo al mismo rango que las cifras ya indicadas.
La dictadura terminó, después de una reorganización de la economía, alta inflación con
los productos básicos y, el desalojamiento de todo un sector artístico e intelectual de la sociedad,
intentando salvarse por sí misma. En 1982, el gobierno militar de Leopoldo Galtieri invadió a
las islas Malvinas del atlántico sur, que siempre habían sido punto de fervor nacional ante el

imperialismo británico. (Supra, La guerra de Malvinas en el marco de la dictadura). Esta
invasión vino al mismo tiempo que manifestaban miles de los partidos políticos y universidades,
exigiendo un retorno al sistema multipartidario y la democracia. Según mucho análisis político,
la invasión fue una manera de manipular la opinión pública, creando un enemigo lejano con tal
de que la gente apoyara a los militares en su deber de defender a la nación contra los
imperialistas inglesas. (Id). Gran Bretaña había adueñado de las islas hacía ciento cincuenta
años y no estaba dispuesto a devolverlas a los argentinos. Inglaterra se había expandido por el
atlántico sur para controlar vías de acceso naval y comercial a Latinoamérica y para adueñarse de
los depósitos minerales del área. (Id). Fue otro intento de obtener los beneficios de comercio y
acceso en el nuevo mundo.
Interesantemente, Galtieri y su gobierno habían calculado que Gran Bretaña no lucharía
militarmente para retomar las islas y que Estados Unidos apoyaría a Argentina con inteligencia y
equipamiento si era necesario. (Román Lejtman, La guerra de Malvinas, Documental Página 12,
Parte 1, https://www.youtube.com/watch?v=0As_uvU6NIE ). Eso no resultó, y un mes después
de la invasión Argentina, Gran Bretaña lanzó una exitosa ofensiva para retomar posesión de las
islas con la ayuda logística de Chile, Estados Unidos y, Paraguay. (Id). Las fuerzas de
Argentina, no equipadas con comida, ropa, o armamento suficiente en número o en tecnología, y
carecientes de experiencia a los veinte años mayormente, sufrieron una gran derrota a manos de
Gran Bretaña. (Id). Las bajas fueron 649 de las fuerzas armadas argentinas, 255 de las fuerzas
armadas británicas y, 3 civiles isleños. (La guerra de las Malvinas, Historia de las islas Malvinas
– Resumen, 2013, http://historiaybiografias.com/guerra_malvinas/). Los militares argentinos se
vieron forzados a rendir ante las fuerzas de Gran Bretaña, perdiendo muchos buques, aviones y,

armas destruidos por los británicos. (Román Lejtman, La guerra de Malvinas, Documental
Página 12, Parte 2, https://www.youtube.com/watch?v=b_X_RCKZdQ8).
Como resultado de eso, el gobierno militar, que había invertido tanto prestigio y retorica
en esta batalla, perdió todo apoyo popular y se vio obligado a retirarse y auspiciar elecciones
libres. (Supra, La guerra de Malvinas, Documental, Parte 2). Fueron llamadas elecciones libres
para el 1983 y en ellos ganó el partido “Unión Cívica Radical”, un partido izquierdista con una
plataforma de verdad y reconciliación ante las violaciones a los derechos humanos del gobierno
militar anterior. (Id). Su líder, Raúl Alfonsín ascendió a la presidencia y empezó a promover
políticas como la comisión para los desaparecidos, o CONADEP, y los juicios a la junta militar,
para la verdad y la justicia de los responsables de crímenes contra los derechos humanos.
(Supra, Autoritarismos y democracia, pg. 289). De allí en adelante empieza la etapa de
transición a la democracia argentina.
Las amnistías
“Históricamente, las amnistías han sido utilizadas luego de terminada una guerra civil o
de concluido un gobierno en el cual se cometieron delitos que revisten caracteres políticos,
siendo su objetivo la obtención de la paz y la reconciliación entre las partes involucradas.” (Juan
Guzmán Tapia, Por qué es necesaria una nueva Constitución).
En el caso de Argentina, el gobierno militar aprobó una serie de medidas para el 1983
para la amnistía por crímenes cometidos durante la dictadura cuando todavía estaban en poder.
El primero fue una especie de auto-amnistía. Esta fue aprobada por el gobierno con motivo de

extinguir toda acción penal en contra de los militares u otros que habían cometido crímenes
penales con motivo de suprimir la subversión o con motivos de luchar en su contra.
“El derrumbe precipitado del régimen a partir de la derrota de la guerra de Malvinas
apuró la transición a la democracia, y activó mecanismos corporativos orientados a clausurar la
cuestión de las responsabilidades por los crímenes cometidos. A este intento respondió la
publicación del «Documento final de la junta militar sobre la subversión y la lucha contra el
terrorismo» y la sanción de la ley 22.924 de «Pacificación Nacional», conocida como de
«Autoamnistía». Ambas formulaciones consagraban la no revisión de lo actuado en la «lucha
contra la subversión» y la segunda (la auto-amnistía) declaraba, en su artículo 1º, «extinguidas
las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o
subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982”. (Supra, La última
dictadura argentina (1976-83): La ingeniería del terrorismo de Estado).
En su intento de cubrirse políticamente y de asegurar la impunidad por sus violaciones a
los derechos humanos cometidas durante su gobierno, el gobierno militar, en su último acto,
promovió una ley de auto-amnistía que efectivamente bloqueó cualquier intento de enjuiciar a
los responsables de crímenes como la desaparición forzada, tortura, homicidio, detención ilegal,
destrucción o toma de bienes y, abuso sexual y violación. En su naturaleza jurídica la acción de
la ley 22.294 hizo que no se pudiera inculpar a nadie por crímenes cometidos por los militares; se
extinguieron las acciones penales. El gobierno militar había hecho que la situación política no
llegara a inculparles o derrotarles en su último respiro para el poder.
“Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de
naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a

prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera
hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. -Los efectos de esta ley alcanzan a los
autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes
conexos y a los delitos militares conexos.” (Supra, La última dictadura argentina (1976-83): La
ingeniería del terrorismo de Estado).
Como se puede ver, esta acción hizo que todos los crímenes cometidos durante la
“reorganización nacional” argentina por los militares, la policía, los servicios de inteligencia y,
las bandas extremistas derechistas fueran olvidadas y desechadas por el propio gobierno militar.
Ni siquiera aplica la ley 22.294 a los crímenes cometidos por las organizaciones revolucionarias
izquierdistas o sus simpatizantes. Este acto, entonces, tuvo un carácter político con motivos de
proteger a la fuerza armada como institución y a los militares como posibles condenados por
violaciones a los derechos humanos. Afirma que el gobierno militar aún intentaba controlar la
democracia y frenar la justicia y que aún consideraba que todo lo que habían hecho los militares
fue para el bien del país y que los supuestos subversivos eran una amenaza grave a la población
que había que derrocar.
Para el 1987, durante la primera presidencia democrática después de la dictadura, el
Presidente Alfonsín aprobó una serie de medidas con fines de perdonar y librar a los militares de
toda responsabilidad de los crímenes en contra de los derechos humanos. La auto-amnistía había
sido derogada años antes y para los primeros años de la presidencia de Alfonsín comenzó una ola
de juicios a los ex comandantes militares, los oficiales de alto y menor rango implicados en las
violaciones a los derechos humanos y, la policía también implicada en estos hechos. (Supra, La
última dictadura argentina (1976-83): La ingeniería del terrorismo de Estado). Este hecho causó

un gran malestar en los cuarteles militares haciendo que ellos sintieran como su institución y su
existencia era amenazada por el ejecutivo, la rama judicial y, la sociedad que los rodeaba. Sus
compatriotas que supuestamente habían luchado en contra de los enemigos del estado fueron
llevados a juicio y su porción de gasto presupuestario fue cortada en 50%. (Id). Las fuerzas
armadas empezaron a reclamar en contra de las acciones del gobierno y sus ataques
institucionales. En el contexto de dos rebeliones militares que reclamaron un fin a los juicios de
los militares de alto y menor rango y la aprobación de una ley de amnistía, el gobierno de
Alfonsín sentía comprometido a hacer algo para mantener el balance político y preservar la
democracia ante la amenaza de otro golpe militar.
“Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida decretadas por el presidente Alfonsín en
1987 libraban de toda responsabilidad a los representantes castrenses que participaron en la
represión. Se pretendía el olvido, el perdón de esos hechos pasados.” (Balla, Jose, Leyes de
punto final y obediencia debida, Monografías.com,
http://www.monografias.com/trabajos/puntofinal/puntofinal.shtml).
La ley de Punto Final fue sancionada el 23 de Diciembre de 1987. Efectivamente fija un
plazo de treinta días para enjuiciar a los militares de todo rango a raíz de violaciones a los
derechos humanos. (Supra, Leyes de Punto Final y Obediencia Debida). Después de este
periodo de tiempo, la ley decretó, “Se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere
cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10
de diciembre de 1983.” (Id). Días después de la sanción de esta ley, las cortes federales dictó
sentencia a 500 militares por violaciones de los derechos humanos. (Id). Las autoridades
aprovecharon el periodo de tiempo antes de que se extinguiera la acción penal para intentar

justicia en algunos casos. Este causó gran descontento y un levantamiento militar en las zonas
rurales del país que acabó con el presidente visitando a la base militar al centro de esta rebelión y
prometiendo la sanción de una ley de amnistía de todos los crímenes cometidos otra vez.
“Ante esta presión el gobierno de Raúl Alfonsín promovió la ley de Obediencia Debida
que absolvía a los militares de rango intermedio y menor, así dio lugar al desprocesamiento de la
mayoría de oficiales y suboficiales involucrados en la represión porque se consideró que obraban
bajo subordinación a la autoridad superior (algunos de los beneficiados por esta ley fueron
Antonio Bussi y el destituido capitán Alfredo Astiz).” (Supra, Leyes de Punto Final y
Obediencia Debida).
La ley de Obediencia Debida hizo que toda acción penal ya en proceso en contra de
personal de rango intermedio y menor se extinguiera excepto en casos de, “violación, sustracción
y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles”, a
diferencia que la ley de Punto Final y de la ley de auto-amnistía del gobierno militar, que eran
más inclusivo de hechos penales a los cuales se les pudieron absolver. (Supra, Leyes de Punto
Final y Obediencia Debida). Esta ley formó la última parte de una estrategia de balance político
bajo la cual, los militares recibieron plena libertad y absolución de responsabilidad si operaban
bajo órdenes de sus altos oficiales cuando pasaron los hechos, efectivamente poniendo fin al
plazo de treinta días en la ley Punto Final durante los cuales todavía pudieron ser llevados a
juicio y condenados los militares. Esta ley, en combinación con Punto Final, hizo plena y
absoluta amnistía para los militares de todo rango.
En primer lugar, la ley de auto-amnistía no fue nada más que un intento de bloquear y
dificultar cualquier transición a la democracia en Argentina. Se trató de un intento de sustraer

algún grano más de poder y de cubrirse políticamente. Todos los hechos cometidos por los
militares durante la guerra sucia, si eran de naturaleza penal y si se podía argumentar que fueron
cometidos con fines de suprimir la subversión en todas sus formas, fueron extinguidos como
acciones penales y por lo tanto no se podía inculpar a los militares en las cortes federales a raíz
de esas violaciones. (Supra, Leyes de Punto Final y Obediencia Debida). Eso haría la
democracia y la justicia e igualdad a su base mucho más difícil de alcanzar. Así que los militares
no tenían que enfrentar a la justicia, la impunidad por sus acciones controlaba el día y por lo
tanto se encargaron del proceso de justicia que requería principalmente tribunales
independientes. Esa ley solo aplicó a los militares y no a los revolucionarios y pretendía olvidar
los hechos de la dictadura. Este no fue hito hacia la democracia.
En segundo lugar, la ley de Punto Final fue poco mejor. Extinguió toda acción penal en
contra de los militares y los revolucionarios cometidos “a la instauración de formas violentas de
acción política”. (Supra, Leyes de Punto Final y Obediencia Debida). Este lenguaje jurídico
aplica a los dos lados de la llamada guerra sucia, tanto a los militares y sus simpatizantes como a
los revolucionarios y otras organizaciones políticas. Por tratarse de la “instauración de formas
violentas de acción política”, esta ley aplicó a todos los movimientos de la época. (Id). Sin
embargo, no había lucha armada extendida por todas partes de Argentina entre las fuerzas del
gobierno y los revolucionarios como en El Salvador. Los movimientos políticos suprimidos
fueron pequeños, sus bajas fueron masivas y, la represión encabezada por la dictadura no
solamente se enfocó en la guerrilla actual, sino en toda “subversión”, es decir, toda oposición al
gobierno y a su carácter conservador. (Id). Los movimientos guerrilleros nunca contaron con
los recursos de arma y dinero suficiente para estallar una guerra civil en todas partes del país.

Las estimaciones más conservadores ponen las muertes por el gobierno y su aparato represivo a
6,000, y el número de prisioneros políticos y exiliados a 12,000. (Supra, Autoritarismos y
democracia, pg. 289). Al contrario, ponen las bajas de las fuerzas armadas alrededor de 500 y
las muertes por el terrorismo de todas partes a 1,500. (Id). Esa no fue una guerra civil pero más
una época de disfunción y caos político en el cual el gobierno había usado la represión masiva
para destruir toda oposición, mayormente pacífica. Por lo tanto, la ley de Punto Final no fue hito
hacia la democracia porque no promovió un ambiente de seguridad y justicia, sino un ambiente
de impunidad y desigualdad en el tratamiento por los tribunales de los crímenes cometidos
durante la dictadura.
En tercer lugar, la ley de Obediencia Debida cubrió los puntos no mencionados en la ley
de Punto Final. Se trata de un intento por el gobierno de Alfonsín de presidir sobre una etapa de
transición paso por paso, no todo a la vez, que necesitaría un balance entre la autoridad civil y las
todavía políticamente poderosas fuerzas armadas. (Supra, Leyes de Punto Final y Obediencia
Debida). Esta ley exculpó a los militares de menores rangos todavía en procedimiento por
crímenes en contra de los derechos humanos. (Id). Trajo la impunidad a más de 500 oficiales ya
en procesos de justicia y acabó con el plazo fijo de treinta días en la ley de Punto Final para
enjuiciar a los militares. Protegió a todos los militares en combinación con la ley de Punto Final
así que esta ley había hecho que todas las acciones penales en contra de los militares se
extinguirían dentro de treinta días y la ley de Obediencia Debida había terminado este plazo.
Este hecho fue otro paso en conceder la amnistía a los militares y a sus simpatizantes. Por sus
efectos concedió la amnistía absoluta por crímenes cometidos. Eso no es paso hacia la

democracia, sino hacia la impunidad de una serie de agresiones y violaciones de la conciencia
moral y social de un país.
Las prescripciones a la ley
“En lo atinente a la prescripción, podemos señalar que ésta, en materia penal, consiste en
la extinción de las acciones penales o de las penas impuestas por la comisión de crímenes o de
delitos luego de transcurrido un determinado lapso de tiempo… En todo caso, los tratados
internacionales han resuelto este tema al establecer que los crímenes contra la humanidad no son
prescriptibles.” (Supra, Por qué es necesaria una nueva constitución).
En el caso de Argentina, no podemos señalar algunas prescripciones de plazo fijo que
hayan tenido efecto sobre la democracia en este país y que tengan un periodo definido de
prescripción. Sin embargo, las amnistías muchas veces funcionan como prescripciones a la ley
en práctica. Cuando las amnistías, como las mencionadas para Argentina, tienen el efecto de
extinguir acciones penales o sus penas impuestas después de que los acusados son condenados,
funcionan como prescripciones a la ley aunque no tienen un periodo definido de prescripción, es
decir, un periodo entre el hecho a causa de la acción penal y otro punto, como tres años después
del hecho en el caso de El Salvador para algunos crímenes no privativos a la libertad. Por lo
tanto, se puede hablar de prescripciones implementadas en la práctica para Argentina.
Este es el caso para Argentina, donde el auto-amnistía y la ley de Punto Final
mencionaron que se extinguieron todas las acciones penales llevadas en contra de los militares.
El auto-amnistía hizo que se extinguieran automáticamente y por todo el periodo de la dictadura.
(Supra, Leyes de Punto Final y Obediencia Debida). “… de los delitos cometidos con

motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio
de 1982”. (Id). Al contrario, le ley de Punto Final hizo que se extinguieran las acciones penales
cometidas por todas partes del conflicto político hasta el 10 de Diciembre de 1983, empezando
treinta días después de la sanción de esta ley y efectivamente fijando una prescripción de todo lo
ocurrido antes de la fecha indicada. (Id). Esta ley no incluye lapso de tiempo, pero tiene el
mismo efecto jurídico que una prescripción. Finalmente, la ley de Obediencia Debida
sancionada durante el gobierno de Alfonsín funcionaría más como una amnistía al hacer que los
comandantes de unidad de las fuerzas armadas tuvieran que pedir la no revisión de los hechos
ocurridos a los tribunales por sus oficiales de menor rango si actuaban bajo órdenes durante estos
hechos. (Id). Entonces, este hecho funciona más como amnistía que como prescripción al no
hacer que las acciones se extinguieran automáticamente o después de un periodo de prescripción.
El comandante de unidad tuvo que pedir la amnistía a la rama judicial.
Como fue mencionado, estas leyes, si los consideran como amnistías, no fueron hitos
hacia la democracia porque habían sido sancionadas con motivos políticos para evitar un juicio
masivo a los militares y preservar la dignidad de la institución militar ante la justicia. En el
mismo sentido, funcionan como barreras para la democracia si las consideramos como
prescripciones a la ley. Hacen que los militares tengan impunidad por sus hechos y que la
sociedad y las víctimas de la dictadura carezcan de justicia e igualdad.
Los plebiscitos
Después de la última dictadura argentina que terminó para el año 1983, se facilitó el
camino hacia elecciones libres en las que podían participar todos los partidos políticos que
habían sido golpeadas y alienadas durante la dictadura. Esta trayectoria en el camino hacia la

democracia comenzó con fuerza para 1982 a partir de la derrota de Argentina en la guerra contra
Gran Bretaña por las islas Malvinas. (Supra, La última dictadura argentina). El gobierno militar
perdió todo apoyo popular, reconoció que había cometido grandes errores en la guerra y, cambió
su liderazgo para facilitar la transición democrática. (Id). Para el 1983, las elecciones libres
estaban fijas para este año con una apertura política a todos los partidos políticos. La libertad
política, de prensa, palabra y, asociación, fue gran parte de esta apertura a todo el espectro
político. (Id).
Se puede considerar la elección de 1983 como verdadero hito hacia la democracia porque
fue la primera elección verdaderamente libre y sin fraude después de la dictadura. Todos los
partidos políticos participaron con amplia libertad de prensa, palabra y, asociación. Además, los
anti-militares de la izquierda ganó la elección, enfocándose en llevar a cabo reformas para la
justicia y la defensa de los derechos humanos.
“Los radicales (Unión Cívica Radical) habían usado como plataforma en las elecciones
de 1983 su conciencia limpia frente a los abusos de los derechos humanos contra el pueblo
argentino. Su líder, Dr. Raúl Alfonsín era un conocido luchador contra las violaciones de los
derechos humanos.” (Natalia Fetherston-Dilke, Defensa, relaciones político-militares y
transición en Argentina y Chile, Pontifica Universidad de Chile, Instituto de Ciencia Política,
Programa de Magíster, 1996, pg. 20).
Ganó la “Unión Cívica Radical” con casi 50% del voto y un gran apoyo popular. (Supra,
La última dictadura argentina). Esta victoria significó un cambio de poder en el ejecutivo de los
militares y sus aliados conservadores a la izquierda y sus aliados obreros, estudiantes e,
intelectuales, perseguidos durante la dictadura. También fue una victoria para el país porque

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