Gestión de pasivos ambientales en áreas protegidas

ANEXO I
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en Bolivia
Documento de Proyecto
Título del Proyecto:
Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas
Protegidas y su influencia en el recurso hídrico
Efecto(s) MANUD: Derechos ambientales: Protección de la naturaleza
Efecto(s) Esperado(s) del Programa
de País:
(Aquellos vinculados al Proyecto y extraídos del
CPAP)
Conservación y uso sostenible del medio ambiente
Producto(s) Esperados:
(Aquellos que resultarán del Proyecto y extraídos del
CPAP)
Asociado de ejecución: PNUD
Socios del Proyecto:
Ministerio de Medio Ambiente y Agua –
Viceministerio de Biodiversidad, Cambios Climáticos
y de Gestión y Desarrollo Forestal
Servicio Nacional de Áreas Protegidas
Ministerio de Hidrocarburos y Energía
Ministerio de Minería, a través del Servicio Nacional
de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN)
Breve Descripción
El proyecto está orientado a apoyar un esfuerzo conjunto del Vice Ministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal (VMA), del Servicio Nacional de
Áreas Protegidas (SERNAP), del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas
(SERGEOTECMIN), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, y del Ministerio de
Hidrocarburos y Energía y que abordará la gestión de pasivos ambientales, mineros e hidrocarburíferos,
en áreas protegidas de manera integral, incluyendo sus recursos hídricos.
Para ello; se plantean tres resultados estratégicos; 1) Actualizar y/o generar Información sobre
emprendimientos extractivos en actividad y sitios abandonados, mineros e hidrocarburíferos, su
impacto socio-económico y el riesgo de contaminación, para la gestión de pasivos ambientales
en 10 APNs priorizadas; 2) Diseñar políticas, normas y estrategias de intervención destinadas a
gestionar los pasivos ambientales por actividades mineras e hidrocarburíferas en 10 APN’s y
minimizar los efectos futuros de este tipo de actividades extractivas; y 3) Generar
conocimientos para la gestión de pasivos ambientales, a nivel institucional, social y académico
que permitan incrementar las capacidades para gestionar los pasivos ambientales por
actividades mineras e hidrocarburíferas.

(*) Fecha Indicativa
Acordado por PNUD:
2
Presupuesto Años: 2014-2016
Total recursos requeridos: USD 2.751.032
Total recursos asignados: USD 2.751.032
Regulares _________
Otros:
Donante USD 2.751.032
Gobierno _________
Contribuciones en especie:
Período del Programa: 24 meses
Área Resultado Clave (Plan Estratégico):______________
Atlas Award ID: ______________
Fecha inicio: 01/07/2014 (*)
Fecha de finalización: 30/06/2016
Fecha reunión LPAC: 16/06/2014
Arreglos de Gestión: DIM

I. ANALISIS DE CONTEXTO
Bolivia se caracteriza por ser un país tradicionalmente minero; la explotación minera en toda la región, se
inició incluso antes de la época colonial, principalmente durante la expansión Inca, y llegó a incrementarse
significativamente durante la época de la colonia mediante las “encomiendas” (Silva et al, 2002).
A partir de estos períodos y durante toda la época Republicana y actual, la actividad minera en el país
puede considerarse como una actividad permanente, con evidentes altas y bajas marcadas históricamente
por diferentes razones como: la relevancia de otros auges extractivos (quina, goma, madera, etc.), el
desarrollo de auges productivos (desarrollo de haciendas agropecuarias, producción de ganado camélido,
producción de coca, narcotráfico, etc.), el auge de otros centros mineros con niveles coyunturales de mucha
mayor producción, la variación en la cotización y los precios internacionales de los minerales, los cambios
en las políticas de incentivo o desincentivo a la producción minera (bonanza y caída de COMIBOL, impulso
y desarrollo de cooperativas, desarrollo de empresas mineras), el acceso y posibilidad de inversión en
tecnología y en mejores prácticas extractivas, etc.
En este sentido, por diversos elementos surgió la necesidad de regular la actividad minera, requiriendo de
una norma especial que fije los puntos o extremos sobre la debida explotación de recursos minerales; por lo
tanto, el Estado al ser propietario originario de los yacimientos, crea el procedimiento legal para regularla;
sentando las bases para la adjudicación, conservación, reversión y caducidad, estableciendo la
institucionalidad correspondiente, encargada de otorgar concesiones mineras en representación del Estado.
Por su parte, la explotación de hidrocarburos se inicia en 1867, en el gobierno de Melgarejo, quien concede,
a empresas alemanas, permiso para extraer y purificar petróleo por el término de 10 años en la provincia
Salinas, hoy denominada Arce, del Departamento de Tarija. A partir de esa fecha se inicia la adjudicación
del bloques hidrocarburiferos a empresas extranjeras. En el siglo XX, se manifestó un movimiento pendular
entre el desarrollo de la actividad privada de los hidrocarburos y la estatización del control de la producción.
En el siglo XXI, concretamente a partir de la llamada nacionalización de hidrocarburos (2005), se determinó
que los excedentes generados por la explotación de hidrocarburos sean distribuidos entre todos los
Departamentos y Municipios del país, sean ellos productores o no de hidrocarburos, así como entre otras
entidades públicas y el Tesoro General de la Nación, llegando a ser hoy en día una de las principales
fuentes económicas del País.
Centrando el análisis en los últimos diez años, se percibe que entre 2003 y 2013 se manifiesta un
significativo crecimiento del valor de las exportaciones bolivianas de hidrocarburos y de minerales. Es
indudablemente que ese crecimiento está inducido fuertemente por el aumento de los precios en el
mercado internacional y su demanda.
En este contexto, a partir del año 2008 las solicitudes de contratos de arrendamiento por parte de las
organizaciones mineras se incrementaron aproximadamente en 300%, impulsando a COMIBOL, a otorgar
Concesiones Mineras o Contratos de Arrendamiento.
Durante los años 1991 y 1992, los compromisos asumidos por el país en las reuniones preparatorias para
la cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro, impulsan al gobierno a incluir en la agenda
política las preocupaciones de orden ambiental, iniciándose de esta manera un debate serio sobre el
paradigma referido al desarrollo y la conservación. Con base en la CPE y en el contexto de las políticas
ambientales a nivel mundial, el Congreso Nacional de Bolivia promulgó la Ley del Medio Ambiente en abril
de 1992. Este instrumento jurídico, formulado a través de un amplio proceso de participación pública y con
gran consenso político, impulsa la incorporación de las preocupaciones ambientales en todos los ámbitos
del desarrollo productivo nacional, iniciando un primer ciclo de integración formal de la variable ambiental
en las políticas públicas en Bolivia.
La Ley del Medio Ambiente (Ley N° 1333), tiene por objeto la protección y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Para los
fines de la Ley, se entiende por desarrollo sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las
necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las
generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter
3

permanente (ARTICULO 2º). El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la
Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público.
En el marco de esta ley se creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que define a las áreas
protegidas como patrimonio del Estado y de interés público y social. Si bien antes de esta fecha ya existía
un número de áreas protegidas en el país – el primer Parque Nacional se creó en 1939 –, su organización y
manejo no respondían a un enfoque sistémico, ni se articulaba con políticas y normas ambientales de
manera integral. Desde el momento de su instauración, el Sistema experimentó un crecimiento espacial de
más del 1000% en su superficie, y su gestión fue diversificando y consolidándose con la participación de
nuevos actores, con la apertura de las políticas y estrategias de gestión hacia nuevas formas y ámbitos de
manejo, esenciales para la sostenibilidad de las áreas protegidas, como por ejemplo el aprovechamiento
sostenible de los recursos de la biodiversidad, la gestión de tierras y la participación social en el manejo.
Como resultado de este intenso proceso, el SNAP hoy en día constituye un Sistema altamente complejo y
diversificado1
.
El SNAP, comprende las áreas protegidas existentes en el territorio nacional, como un conjunto de áreas de
diferentes categorías y niveles de gestión (nacional, departamental, municipal e indígena originaria
campesinas) que ocupan actualmente alrededor del 22 % del territorio nacional y que albergan, además de
una invalorable riqueza natural, un alto número de poblaciones humanas, en su mayoría indígena originaria
campesinas, que tienen valores culturales únicos y que, junto a los valores naturales, deben ser
conservados, como bien común y de interés público y social.
Las Áreas Protegidas (APs) como territorios especiales, geográficamente definidos, jurídicamente
declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la consecución de objetivos de
conservación de la diversidad biológica, se constituyen en muestras representativas esenciales del
patrimonio natural y cultural del país. Constitucionalmente deben cumplir funciones ambientales, culturales,
sociales y económicas orientadas a brindar a la sociedad en su conjunto y, en especial, a las comunidades
locales que las habitan, una serie de beneficios directos e indirectos, tangibles e intangibles,
constituyéndose en un elemento relevante que contribuye al desarrollo sustentable del país.
Por lo expuesto se concluye que las actividades mineras e hidrocarburíferas se desarrollaban sin tomar en
cuenta la gestión ambiental ni un modelo de sustentabilidad lo que derivó en la sobre posición de uso del
suelo. Específicamente, la adquisición de derechos mineros e hidrocarburíferos, no discriminó su
sobreposición con las Áreas Protegidas Nacionales, TCOs y TIOCs. Aspecto que desarrolla conflictos en la
Áreas protegidas, debido a la incompatibilidad de las actividades extractivas con la Zonificación de las
ÁPNs. Sin embargo es importante mencionar que estas actividades se constituyen en fuentes centrales
para la generación de ingresos del Estado boliviano.
En este contexto histórico al ser estas actividades extractivas, extensivas e intensivas en función a la
demanda y precios internacionales, se han generado una serie de pasivos ambientales en el territorio
nacional, que no han sido gestionados y se constituyen en un problema latente que afecta al ecosistema y a
la población. Asimismo, la práctica institucional ha sido fragmentada y de forma sectorial y aislada,
diluyéndose la responsabilidad y limitando el abordaje integral para la resolución de este problema.
La puesta en vigencia de la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, marca el inicio de la gestión
ambiental en Bolivia y, en el caso de los pasivos ambientales si bien, la Ley no se refiere expresamente a
este tema, el Reglamento General de Gestión Ambiental, por primera vez, define los pasivos ambientales,
situación expresada en el Art. 46.
“Artículo 46. Para efecto del presente Reglamento se entiende por pasivo ambiental:
a) el conjunto de impactos negativos perjudiciales para la salud y/o el medio ambiente ocasionados
por determinadas obras y actividades existentes en un determinado período de tiempo;
b) los problemas ambientales en general no solucionados por determinadas obras o actividades”.
Bajo esta definición se entiende que los efectos resultantes de un impacto ambiental negativo son un pasivo
ambiental, sin lugar a dudas toda actividad, obra o proyecto, puede generar impactos ambientales
negativos, sin embargo, en esta definición se plantea que los pasivos deben reunir como característica
principal, su situación de abandono o donde el responsable de su generación no ha podido ser identificado.
Cabe aclarar que la normativa general y sectorial, no ha planteado cual será el tratamiento de los pasivos
ambientales.
1
http://www.sernap.gob.bo/
4

Por otra parte la norma no señala como operará la responsabilidad sobre éstos, si bien, es cierto que el
reglamento prevé que el tratamiento técnico de dichos pasivos se regirá por procedimientos específicos y
prioridades a ser determinados por la Autoridad Ambiental Competente Nacional en coordinación con los
sectores correspondientes, a la fecha no se ha dado cumplimiento a este mandato, por lo que los impactos
ambientales generados por los pasivos ambientales persisten.
Sin embargo, es importante manifestar que la Constitución Política del Estado promulgada tras ser
aprobada en referéndum y puesta en vigencia a partir del 7 de febrero de 2009, constitucionaliza por
primera vez menciona el tema ambiental, estableciendo como marco el desarrollo sustentable situación
expresada en los fines y funciones del Estado, al mismo tiempo se establece como un derecho
personalísimo, en el artículo 33 que “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable,
protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades
de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera
normal y permanente”. Asimismo se refiere a la responsabilidad en el caso de los pasivos ambientales,
estableciendo la necesidad de su prevención, mitigación, remediación y reparación del daño ambiental
expresado en el Artículo 347.
“Artículo 347. I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio
ambiente, y de los pasivos ambientales que afecten al país. Se declara la responsabilidad por los
daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales.
II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de
la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al
medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias
para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales”.
La Constitución pretende el establecimiento de la responsabilidad por los daños ambientales históricos,
estos daños definitivamente emergen de los pasivos ambientales y expresa el reconocimiento de que las
actividades pasadas vienen ocasionando impactos ambientales, toda vez que los efectos de esta
contaminación que también es histórica (pasivos ambientales) afecta a generaciones presentes en virtud
desde luego de hechos pasados.
En Los marcos legales específicos como son el Código de Minería y el Reglamento Ambiental para
Actividades Mineras, la Ley de Hidrocarburos 3058 y el Reglamento Ambiental para el sector hidrocarburos,
y el Reglamento General de Áreas Protegidas, la gestión de pasivos ambientales aparecen de manera
enunciativa, sin mayor detalle sobre el proceso de implementación. Por su parte, la Ley de Medio Ambiente
que es la norma reguladora del sector, cuenta con 6 reglamentos aprobados por DS 24176, de los cuales
solo el Reglamento General de Gestión Ambiental contempla la definición de Pasivos Ambientales y se
determina las obligaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
Por su parte la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien Nº 300 promulgada el
15/10/12, en el artículo 16, encomienda al Estado Plurinacional de Bolivia promover el manejo integral y
sustentable de los componentes, zonas y sistemas de vida para garantizar el sostenimiento de las
capacidades de regeneración de la Madre Tierra, mediante una serie de aspectos principales, pudiéndose
citar el numeral 8 el cual señala: “Disponer recursos económicos para programas de restauración o
rehabilitación de los componentes o zonas de vida dañados, sin perjuicio de las responsabilidades
en que incurran los causantes del daño y de la exigencia del Estado Plurinacional de Bolivia, del
desembolso de los costos emergentes de las medidas de restauración”. Bajo este mandato se abre la
posibilidad de desarrollar un programa específico para la gestión de los pasivos ambientales.
Es también necesario señalar que el pasivo ambiental tiene un enfoque económico, social y legal. De
acuerdo a ello y tomando como base la economía, se entiende que un pasivo ambiental, se constituye en
una obligación, es decir, una deuda derivada de la restauración, mitigación o compensación por un daño
ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado cuando afecta de manera perceptible y
cuantificable elementos ambientales naturales (físicos y bióticos) y humanos, es decir, la salud, la calidad
de vida e incluso bienes públicos (infraestructura) como parques y sitios arqueológicos, etc. (Velarde &
Ochoa, 2009). El contexto económico demanda la gestión de los pasivos ambientales para que éstos no
continúen siendo una carga ni para la Sociedad, ni para el Estado.
El término pasivo ambiental tiene también una dimensión jurídica, si bien la misma puede ayudar en la
determinación de los responsables de hacerse cargo de los pasivos ambientales, este es un punto
controvertido en la mayoría de los países, así lo asegura Yupari (s/a), quien además agrega que en el caso
5

de que estos puedan ser identificables la discusión jurídica en torno a la posibilidad legal de exigir que sus
generadores asuman sus responsabilidades es un punto que levanta mucha discusión con argumentos a
favor y en contra y demostrando que el tema trasciende mucho más allá de las dificultades técnicas
solamente. La dimensión legal, es también importante al momento de definir la gestión de los pasivos
ambientales, siendo necesario construir una definición clara y precisa que considere todos aquellos
elementos de la actividad minera capaces de generar impactos por su situación de abandono, asimismo la
incorporación de las posibilidades de riesgo es un factor importante, toda vez que en tanto no se gestione el
pasivo ambiental, la potencialidad de los impactos que pueden generar persisten.
El concepto de pasivo ambiental tiene importancia social, en tanto que su existencia, cuantificación y
necesidad de remediación tiene cada vez mayor importancia, en diferentes contextos de lucha de la
sociedad civil y colectivos sociales. Desde una dimensión social, una primera relación que aparece evidente
en el tema de pasivos ambientales y sitios contaminados es con la pobreza: estos tienden a coincidir
espacialmente. Incluso hay una relación de mutua causalidad entre presencia de lugares contaminados y
pobreza (Morales, 2008). Si dentro de un sistema productivo cualesquiera que este sea no se considera el
Pasivo Social, únicamente se hará más difícil la realización de actividades futuras, la desconfianza, la
incertidumbre y el daño que siente la población, se constituyen en elementos que pueden generar
situaciones de conflicto.
Por su parte las áreas protegidas representan un factor importante que contribuye significativamente al
desarrollo local, regional y nacional, principalmente mediante la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y culturales, tangibles e intangibles, que contienen, así como, mediante
las funciones económicas, sociales, ambientales y culturales que cumplen para sus habitantes y para el
país en su conjunto.
Sin embargo, la actividad minera aurífera en las APNs ha tenido un significativo y evidente incremento en el
último decenio, principalmente promovido por el incremento del precio internacional de los minerales que,
en los últimos años, alcanzó récords históricos.
Según el Reporte de la gestión 2012 se determinó que existen 17 APs que se sobreponen con áreas
mineras; sin embargo, se desconoce la situación legal de las mismas y si las concesiones o solicitudes
mineras se encuentran en operación.
Tabla1. Concesiones mineras en Áreas Protegidas Nacionales
Nro. Área Protegida Concesión Minera por
Cuadrículas
Concesión Minera por
Pertenencia
Con Reporte de
Operación Minera
1 PN-ANMI Otuquis 17 2 Si
2 PN-ANMI Amboro* 15 0 Si
3 ANMI San Matías* 61 9 Si
4 RBTCO Pilón Lajas* 1 0 Si
5 ANMIN Apolobamba* 169 14 Si
6 PN-ANMI Cotapata* 34 3 Si
7 PN-ANMI Madidi* 47 1 Si
8 RNVSA Manuripi* 7 0 Si
9 RNFA Eduardo Avaroa 8 19 Si
10 PN Torotoro 1 Si
11
PN‐ÁNMI Serranía del Iñao*
1 0 No
12 PN Tunari 23 2 No
13 PN-ÁNMI Serranía del
Aguaragüe*
3 0 No
14 PN Carrasco* 1 0 No
15 PN-ÁNMI Kaa Iya del Gran
Chaco
3 0 No
16 RBC Sama 1 0 No
17 TIPNIS 1 0 No
(*) APN’s priorizadas para este proyecto.
6

La tabla señala que de las 17 AP’s, 10 se encuentran con operaciones mineras. El área más conflictiva es
el ANMIN Apolobamba, ya que registra mayor actividad minera formal e informal; ante esta situación, el
personal del SERNAP realizó procesos de sensibilización con los mineros y autoridades locales, sin
embargo, estas siguen desarrollando sus actividades sin cumplir la normativa ambiental vigente.
Apolobamba y Madidi son de gran interés para los mineros debido a los yacimientos de oro, pero el método
de explotación “open pit” es el más agresivo para el ecosistema, aunque siendo yacimiento aluvial es el
comúnmente utilizado. La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, es la única AP que realizó
un estudio sobre Pasivos Ambientales, registrando 9 pasivos con diferentes grados de impacto ambiental.
Es importante señalar que cerca del 90% de las organizaciones mineras registradas, son cooperativas, en
las que generalmente se asocian familias y/o comunarios. La experiencia indica que este tipo de
organizaciones es poco formal en cuanto a la gestión minera y al cumplimiento de requisitos y normas.
Por otro lado, también la demanda de los hidrocarburos se ha incrementado de manera considerable, por lo
cual el Estado Plurinacional de Bolivia debe contar con bloques y áreas para su exploración y posterior
desarrollo de campo. En consecuencia, las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos se han
incrementado también. Sin embargo varias de estas áreas se sobreponen con APs tanto de interés nacional
como departamental, siendo de mayor preocupación aquellas que corresponde a zonificación de
protección estricta, que son de elevada sensibilidad y vulnerabilidad.
Se identifican siete (7) áreas protegidas con sobreposición con bloques para exploración y explotación
hidrocarburífera (PN-ANMI Madidi, RBTCO Pilón Lajas, TIPNIS, PN Carrasco, PN-ANMI Amboró, PN-ANMI
Serranía del Aguaragüe y RNFF Tariquía), y nueve (9) áreas protegidas que se sobreponen con áreas
reservadas para hidrocarburos (RNVSA Manuripi, PN-ANMI Madidi, TIPNIS, PN Tunari, PN Carrasco, PN-
ANMI Serranía del Iñao, RNFF Tariquía, PN-ANMI Serranía del Aguaragüe y PN-ANMI Kaa Iya). De las
AP’s donde se identifican los bloques para exploración y explotación, se reporta actividad hidrocarburífera
en Carrasco, Aguaragüe y Tariquía. Ver tabla 2.
Por otra parte, la existencia de pasivos ambientales se traduce en una de las principales preocupaciones
debido a las emanaciones de petróleo y condensado; esto a causa de malas prácticas en el proceso de
cierre y abandono de pozos y sobre todo a la falta de normativa ambiental, ya que ésta es promulgada el
año 1992 y las actividades hidrocarburíferas datan desde las décadas de los años 20’, 30’ y en adelante.
Este es el caso en el PN-ANMI Serranía del Aguaragüe, en el cual existen pasivos ambientales en campo
Sanandita, campo Caigua y Quebrada Los Monos, debiendo reconocer que YPFB Corporación ha iniciado
el proceso de remediación de pasivos ambientales en campo Sanandita específicamente en los pozos
SAN-31 y SAN-X3.
Tabla 2. Áreas Hidrocarburíferas de Exploración, Explotación y Reservadas
Nro
.
PROTEGIDAS DE
INTERÉS
NACIONAL
AREAS PETROLERAS
EXPLORACIÓN
AREAS
PETROLERAS
EXPLOTACIÓN
ÁREAS RESERVADAS
SEGÚN DS 676
ÁREAS
RESERVADAS
SEGÚN DS 1203
1 Aguaragüe* •Campo
•Sábalo
•Caigua
•Los Monos
•Aguarague Centro
•Camatindi
•Capiguazuti
•San Martín
•Aguarague Sur A
•Aguarague Sur B
•Sanandita,
• La Ceiba,
• Aguarague Centro
2 Amboró* •Amboró-Espejos N •Rodeo
3 Carrasco* •Kanata
•Kanata Norte
•Chimoré
•Carrasco
•Bulo Bulo
•Secure Zona
•Isarsama
•San Miguel
•Puerto Grether
•Ivirza
4 Madidi* •Tuichi Sur
•Tuichi Norte
•Lliquimuni
•Madidi
•Chepite
•San Felipe
•Río Hondo
5 Pilón Lajas* •Tuichi Sur •Rio Hondo
6 TIPNIS* •Sécure Z19
•Chispani
•Santa Catalina Z 20
•Rio Hondo
7 Tariquía •Churumas •Huacareta
•San Telmo
•Astillero
8 Apolobamba •Chepite
9 Tunari •Chispani
10 Kaa-Iya* •Monteverde
7

•Tita
•Colibrí
•Fortín Paredes Z 20
•Izozog
11 Iñao* •Azero
12 Manuripi •Madre de Dios •Manuripi
(*) APN’s priorizadas para este proyecto sector Hidrocarburos.
A futuro, se pretende realizar trabajos exploratorios de hidrocarburos en sitios donde existen elevadas
probabilidades de hallazgo, en base a la información geológica con que cuentan las empresas operadoras y
el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y que, simultáneamente se encuentran sobrepuestos a Áreas
Protegidas ubicadas en la faja del sub andino sur, centro y norte del país.
Respecto al análisis institucional se advierte la participación de varios sectores que actúan en función a sus
competencias y atribuciones tratando estos temas de manera aislada. En los casos de los sectores de
minería, hidrocarburos, medio ambiente y áreas protegidas, todos de alta prioridad para el país, se puede
evidenciar que existen debilidades que impiden una gestión integral de la conservación y el desarrollo para
el vivir bien, que de no articularse incidirá en la afectación presente y futura de los pasivos ambientales.
II. ESTRATEGIA
El proyecto está orientado a apoyar un esfuerzo conjunto del Vice Ministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal (VMA), del Servicio Nacional de
Áreas Protegidas (SERNAP), del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN),
dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, y del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y que
abordará la gestión de pasivos ambientales, mineros e hidrocarburíferos, en áreas protegidas de manera
integral, incluyendo sus recursos hídricos.
A este fin se actualizará el inventario y la caracterización de pasivos ambientales, mineros e
hidrocarburiferos, activos o abandonados, existentes en 10 Áreas Protegidas Nacionales (APNs) ver Tablas
1 y 2, por contener un número importante de estos pasivos. Por otro lado, se realizarán estudios socio-
ambientales sobre el impacto que producen estos pasivos, principalmente en la salud humana, en las
actividades de producción agropecuaria y en la biodiversidad. Con los resultados obtenidos del inventario,
caracterización y estudios socioambientales se evaluará el nivel de riesgo ambiental en dichas APNs
priorizadas, cruzando información georeferenciada en mapas temáticos, que permitirán establecer una
jerarquía de prioridades de actuación para la elaboración de planes de gestión de pasivos ambientales.
Este trabajo se realizará tanto a nivel de gabinete como de campo, que partirá de una definición conjunta de
la metodología de trabajo, así como de una capacitación de todo el equipo del proyecto.
Para el trabajo de inventariación de pasivos ambientales mineros, SERGEOTECMIN cuenta con el
programa denominado “Inventariación de Minas Abandonadas y Elaboración del Atlas de Pasivos
Ambientales Mineros”, con el que puede determinar el grado de contaminación dejados por estas
actividades. Por su parte, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a través de la Dirección General de
Gestión Socio Ambiental cuenta información preliminar sobre remediación de pasivos ambientales
hidrocarburiferos en distintos lugares del país, con mayor énfasis en el PN ANMI Serranía del Aguaragüe,
La realización de los estudios especiales y/o evaluaciones tomarán en cuenta los convenios que ya tiene el
VMA con el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD y el DOPA PACSBIO para los temas
de evaluación de impacto en la salud y medio ambiente, así como la evaluación socio-ambiental. Para el
estudio sobre impactos en el sector productivo, se buscará un convenio similar con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Para acompañar este trabajo, desde el punto de vista legal, se propone también hacer un diagnóstico de la
normativa vigente, ya descritos en el capítulo anterior y otros, que permitirán identificar vacíos y
contradicciones, a partir de los cuales se elaborará una propuesta de reglamento integral para la gestión de
pasivos ambientales, que además responderá a una serie de cuestionamientos, tales como la
determinación del responsable para su remediación2
, la fuente para su financiamiento, etc. La propuesta de
reglamento también recogerá insumos de los hallazgos realizados en el trabajo de campo. Esta propuesta
será socializada con los actores para su presentación a las autoridades competentes. Es posible que este
2
Las actividades de remediación pueden ser altamente costosas y es necesario determinar que se pagará con inversión pública y/o
con inversión privada
8

trabajo muestre la necesidad de elaborar otras normativas que sean identificadas por el equipo del
proyecto, durante su desarrollo.
Una vez que se cuenten con los niveles de riesgo de contaminación ambiental y la normativa
correspondiente, se realizará el diseño metodológico para elaborar planes de acción de gestión de pasivos
ambientales que serán aplicados en dos sitios piloto, uno con énfasis minero y otro con énfasis
hidrocarburífero. Asimismo, se identificarán medidas de corto, mediano y largo plazo. Este ejercicio
contribuirá a fortalecer los mecanismos de monitoreo que hacen el SERNAP, el VMA y los propios sectores,
facilitando el análisis a través de una interfase que permita que todos los actores institucionales
involucrados puedan compartir la información, así como las acciones de gestión de pasivos ambientales,
para controlar los los pasivos ambientales actuales y evitarlos a futuro.
Dado que el tema de gestión de pasivos ambientales, es de bajo desarrollo, existe la necesidad de
fortalecer un proceso de fortalecimiento o generación de conocimiento. El enfoque de este proceso, abarca
cuatro niveles: El conocimiento en vista del conocimiento que existe en las instituciones, se ha definido la
necesidad Dada la importancia de aumentar las capacidades técnicas a nivel institucional, se ha
programado un proceso de capacitación que tiene varios componentes y distintos momentos de aplicación:
• Aumento de capacidades de los equipos técnicos de las instituciones que participan del proyecto,
en temas relativos a la gestión de pasivos ambientales, tales como: identificación, caracterización,
evaluación, monitoreo, remediación y uso de nuevas tecnologías. Esta capacitación será otorgada
por el equipo del proyecto
• Intercambio de experiencias exitosas con países de la región, por ejemplo Brasil, Chile o Perú; así
como con países desarrollados que puedan compartir avances significativos en gestión de pasivos
ambientales, como los logrados por Noruega, entre otros.
• Intercambio de experiencias horizontales (exitosas o no), que combinen prácticas tradicionales y
actuales, que sean identificadas en las APNs priorizadas.
• Desarrollo de un Diplomado sobre Gestión de Pasivos Ambientales, dirigido a un público más
amplio de funcionarios gubernamentales, tanto del nivel nacional como autonómico, en alianza con
una institución académica. En este tema en particular, el proyecto buscará colaborar con la
iniciativa de formación académica que se está desarrollando en el marco del PACSBio (ELAP).
• Actividades de sensibilización, que serán realizadas con la población afectada y organizaciones
mineras por estos pasivos ambientales en la APNs priorizadas. Estas actividades será realizadas
por el equipo de proyecto, utilizando material adecuado.
El proyecto establecerá las coordinaciones necesarias con otras iniciativas en marcha, que signifiquen
complementariedad y sinergia. Entre estas iniciativas están el Programa de Apoyo a la Conservación
Sostenible de la Biodiversidad (PACSBIO, Convenio de Financiación CF No ALA/DCI/2011/022-834) y las
acciones que se vienen desarrollando en el marco del Programa de Gestión Sostenible de los Recursos
Naturales de la Cuenca del Lago Poopó (CF DCI-ALA/2009/021-614). Asimismo, se ha considerado el
apoyo de la Embajada de Dinamarca a la Dirección de Medio Ambiente (DIMA) de la COMIBOL, mediante
el cual se ha realizado la mitigación de 28 pasivos ambientales ejecutando un presupuesto de US$ 7,5
millones (2004 – 2011), estudios de caracterización de los pasivos ambientales en 23 centros mineros.
Beneficiarios del proyecto
• Pobladores rurales principalmente de los distritos mineros e hidrocarburíferos de las áreas
protegidas andino- altiplánica de Bolivia, así como del sector tropical y subtropical del sub andino
(faja pre andina húmeda) y algunas áreas del norte amazónico y del precámbrico del oriente de
Bolivia, cuyos hábitats, salud, procesos productivos hayan sido afectados. Ver
Anexo 1
• Organizaciones mineras, organizaciones de la pequeña minería con actividades en APN’s
seleccionadas, reciben información sobre los impactos de la actividad minera en ellos y sus
familias, en los recursos hídricos, como condiciones de sostenibilidad del territorio
• Pueblos indígenas, originarios y campesinos cuyas tierras (TIOC’s) estén sobrepuestos con AP’s
nacionales.
• Las APNs se sobreponen con Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Naciones que directa
o indirectamente pueden ser beneficiados con el proyecto, mismas que deben, participar de los
procesos de comunicación de manera que con su participación e información, puedan enriquecer la
información sobre los sitios afectados.
9

Nº Área Protegida
Nacionales
TIOC (saneados o en
proceso)
TIOC colindantes y del
entorno relacionadas
territorialmente con las
APNs
Naciones
1 San Matías
Comunidad Ayoreo Guaye -
Rincon Del Tigre
Tobité Ayoreo
Pantanal (cirpas) Chiquitano
2 Apolobamba
Lecos de Apolo Qulla
Lecos de Larecaja Kallawaya
Marka Cololo Copacabana
Antaquilla
Marka Camata Leco
3 Madidi
San Jose de Uchupiamonas Tacana II Tacana
Tacana I Leco
Lecos de Apolo
Lecos de Larecaja
4 TIPNIS
Tipnis Tim I
Yuracaré
Yuki
5 Pilón Lajas
Pilón Lajas
Mosetenes
6 Iñao
Itikaraparirenda Iapaguasu
Alto parapeti
7 Aguarague
APG – Yacuiba Itika guasu Guarani
Weenhayek Macharety Weenhayek
8 Manuripi
Multietnico II
Tacana II
• De manera indirecta se beneficiara a toda la fauna silvestre y como la flora que de alguna manera
sufren las consecuencias de la contaminación que generan las actividades mineras como
hidrocarburiferas.
• Los suelos que son aptos para la agricultura también sufren las consecuencias de la contaminación
principalmente de la actividad minera, ya que debido a ello estos suelos reducen su capacidad de
producir alimentos sanos libres de toda contaminación, con este proyecto se pretende mejorar la
calidad de los suelos que son aptos para la agricultura.
• Pobladores de áreas no mineras, pero víctima del impacto sobre la calidad del agua y los recursos
hídricos, podrán beneficiarse a menudo que la evolución sobre el nivel, la calidad y la cantidad de
contaminantes serán identificadas y remediadas.
• Instituciones públicas (SERGEOTECMIN, Min, Hidrocarburos, YPFB y SERNAP) potenciaran su
capacidad de respuestas a eventos históricos en constante evolución como los pasivos ambientales
• Los administradores de algunas áreas protegidas de Bolivia, quienes podrán potenciar el sistema
de monitoreo y mitigación de impacto de actividades productivas no sostenibles.
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la gestión de pasivos ambientales en APNs y sus recursos hídricos ocasionados por
actividades mineras y/o hidrocarburíferas,
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE 1
Actualizar y/o generar nueva Información sobre emprendimientos extractivos en actividad y sitios
abandonados, mineros e hidrocarburíferos, su impacto socio-económico y el riesgo de contaminación, para
la gestión de pasivos ambientales en 10 APNs priorizadas.
OE 2
Diseñar políticas, normas y estrategias integrales de intervención destinadas a gestionar los pasivos
ambientales por actividades mineras e hidrocarburíferas en 10 APN’s y minimizar los efectos futuros de
este tipo de actividades extractivas.
OE 3
Generar conocimientos para la gestión de pasivos ambientales, a nivel institucional, social y académico que
permitan incrementar las capacidades para gestionar los pasivos ambientales por actividades mineras e
hidrocarburíferas.
10

Análisis de riesgos
Nivel Principales riesgos
identificados con respecto a
la intervención
Probabilidad y temas de
incidencia
Impacto Medidas previstas (de
mitigación u otros tipos)
Institucional
Rotación de personal
La carencia de apoyo
económico para la
implementación de una
estrategia regional de acuerdo
a lo establecido en el plan de
desarrollo
Cambios políticos a nivel de
país que incidan en las
políticas nacionales en
material de USAR
Probable
Migración de personal con
capacidades específicas para
el proyecto.
Pérdida de personal
capacitado con el proyecto
Compromiso de las entidades
para garantizar la continuidad
del personal involucrado en la
ejecución del proyecto.
Operativo
Administración burocrática de
las instituciones
Probable
Conformación y operatividad
del sistema
Demora en arranque y
procesos de capacitación.
Retraso operativo.
Falta de continuidad en
las capacitaciones.
Político
Cambio de autoridades
gubernamentales por
elecciones presidenciales.
Probable
Cambio en la prioridad y
orientación de la política
pública.
Retrasos en las
actividades por la
reorientación de políticas y
cambio de autoridades.
Presentación y socialización a
las nuevas autoridades.
Cumplimiento de acuerdos
internacionales.
Social
Conflictos sociales por
desacuerdo a las actividades
del proyecto.
Probable
Interrupción en la Gestión del
proyecto y de las APN’s
Demoras o imposibilidad
de obtener los resultados
del proyecto.
Socialización a los beneficiarios
del proyecto sobre los objetivos
del mismo, al inicio.
MedioAmbiental
Imposibilidad de ingresar al
área de intervención por
efectos climatológicos
Muy Probable
Inundaciones, Deslizamientos
y Derrumbes en las APN’s
priorizadas por el proyecto.
Demora en los trabajos de
campo en relación a la
inventariación de los
pasivos ambientales.
Planificación de operaciones de
campo en función a la
temporalidad climática.
Sostenibilidad
La implementación del proyecto, permitirá reforzar el trabajo que hacen las instituciones involucradas en el
proyecto, aumentando las capacidades para que cuando éste concluya, las actividades de gestión de
pasivos ambientales y actividades antrópicas continúen.
A nivel de las Áreas Protegidas, se fortalecerán las capacidades de los guardaparques y de los equipos
técnicos de monitoreo en cada AP y la unidad Central, que se verá reflejado en una mayor frecuencia en la
generación y emisión de reportes, facilitando así el proceso de toma de decisiones para la mitigación de
impactos ambientales.
El SERNAP, tomará las medidas para programar las actividades de monitoreo de los pasivos ambientales y
AOP’s en los POA’s de cada AP involucrada y desarrollará una estrategia de movilización de recursos
económicos para ampliar las áreas de monitoreo.
El sector hidrocarburos a nivel de Pasivos Ambientales, pretende dar continuidad al presente proyecto,
mejorando permanentemente los sistemas de monitoreo, las capacitaciones, las estrategias y las técnicas o
metodologías empleadas para la remediación de los pasivos ambientales, de manera particular en áreas
protegidas, debido a su elevada sensibilidad, en coordinación con el SERNAP.
11

III. MATRIZ DE RESULTADOS E INSUMOS
Resultado del Marco de Cooperación para el Desarrollo entre las Naciones Unidas y el Estado Plurinacional de Bolivia: Área 4. Derechos
Ambientales
Resultados Clave (Plan Estratégico 2013-2017): Manejo de bosques, zonas de conservaciones y áreas protegidas ampliado y mejorado,
aprendiendo de prácticas tradicionales y ancestrales
Estrategia de Asociación: El proyecto trabajará bajo el liderazgo del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y
Desarrollo Forestal (VMA), Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Minería y Metalurgia, a través del SERGEOTECMIN, Ministerio de
Hidrocarburos. De manera colaborativa, también se trabajará con los Ministerios de Salud y de Desarrollo Rural y Tierras
Project title and ID (ATLAS Award ID): Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su influencia en el recurso hídrico.
PRODUCTOS METAS ANUALES ACTIVIDADES INDICATIVAS PARTES
RESP.
INSUMOS
Producto 1
Información actualizada para la gestión
de pasivos ambientales en 10 APN’s
priorizadas.
Línea de Base:
• Un reporte de actividades
mineras en Áreas Protegidas
(2012) - SERNAP
• Un reporte de actividades
hidrocarburiferas en Áreas
Protegidas (2012) - SERNAP
• Una inventariación de actividades
mineras en el ANMIN
Apolobamba (2008) - SERNAP
• Existe una línea de base parcial
de pasivos ambientales mineros
al 2013, que no indica su
pertenencia o no a Áreas
Protegidas. - SERGEOTECMIN
• Existe una línea de base
preliminar sobre pasivos
Metas (año 1)
- 30% de
pasivos ambientales
mineros e
hidrocarburiferos
inventariados y
caracterizados en 10
APN’s (9 mineros y 6
hidrocarburiferos, dos
de ellas compartidas
por ambos sectores).
Metas (año 2)
- 70% de
pasivos ambientales
mineros e
hidrocarburiferos
inventariados y
caracterizados en 13
APN’s (9 mineros y
6 hidrocarburiferos,
dos de ellas
compartidas por
Actividad 1.1
Elaborar la inventariación y caracterización de
pasivos ambientales de emprendimientos
extractivos en actividad y abandonados de los
sectores de minería e hidrocarburos en al menos 8
Áreas Protegidas Nacionales (APN).
Acciones
• Elaboración de TDR’s para el equipo
técnico del proyecto.
• Definición de la metodología de trabajo
conjunto entre
SERNAP/SERGEOTECMIN/MHE
• Verificación/ajuste de la priorización
preliminar de APN’s identificadas.
• Análisis de información secundaria (trabajo
de gabinete)
• Planificación de las misiones de campo
• Trabajo in situ para la inventariación y
caracterización de pasivos ambientales
mineros e hidrocarburiferos existentes en
APN’s, incluida la colección de muestras
VMA,
SERNAP,
MMM-
SERGEO
TECMIN,
MH
• Consultores
• Pasajes y viáticos
• Talleres de
socialización.
• Equipos

ambientales del sector
hidrocarburos al 2013 que indica
su pertenencia al PN- ANMI
Serranía del Aguaragüe. - MHE
• Aproximadamente 3000 distritos
mineros identificados, sin
conocimiento específico de la
cantidad de pasivos ambientales -
SERGEOTECMIN.
• Un informe sobre Determinación
de la incidencia de la
contaminación por pasivos
ambientales e identificación de
medidas de mitigación y o
remediación en la microcuenca
de la RNFA Eduardo Avaroa, -
SERNAP.
Indicadores:
ambos sectores).
- Al menos 8
mapas de riesgo de
contaminación por
pasivos ambientales
mineros e
hidrocarburiferos
elaborados para 8
APN’s. con enfoque
de cuencas.
- Un reporte
sobre el estado de
conservación de las
8 APN’s
Metas (año 3)
- Una
metodología
conjunta para
la gestión de
pasivos
ambientales
en APN’s
(suelo, roca, agua y sedimento, según
corresponda) para análisis de laboratorio.
• Trabajo de análisis en gabinete de la
información recopilada en campo para
generar informes y mapas.
Actividad 1.2
Realizar una evaluación sobre el impacto socio-
ambiental producido por los pasivos ambientales
mineros e hidrocarburiferos.
Acciones
• Elaboración de 2 TDR’s para estudios
especializados en sistemas de producción
agropecuarios locales y salud pública
(Convenio IRD).
• Realizar un estudio piloto sobre los efectos
que causan la contaminación por
actividades mineras en la salud humana.
• Realizar una evaluación piloto sobre el
impacto que producen los pasivos
ambientales sobre la biodiversidad, en
APN’s y zonas de influencia.
• Realizar un estudio sobre la optimización
de la remediación de los pasivos
ambientales existentes en el sector
hidrocarburos, incluyendo los sistemas de
producción agropecuarios y salud humana.
• Generación de una base de datos dinámica
de pasivos ambientales mineros e
hidrocarburiferos (en coordinación con el
programa DOPA de PACSBio)
Actividad 1.3.
Se han evaluado e identificado los riesgos de
contaminación ambiental por pasivos ambientales
mineros e hidrocarburiferos para la toma de
decisiones sobre medidas de corto, mediano y
largo plazo en APN’s.
13

Acciones
• Diseño de un interfase dinámica que
permita hacer análisis multisectorial para
monitorear el estado de conservación y
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales en APN’s.
• Diseño de una metodología que permita
formular medidas de corto, mediano y largo
plazo, para controlar la contaminación en
APN’s.
Producto 2
Políticas, normas y estrategias de
intervención destinadas a gestionar los
pasivos ambientales en APN’s y
minimizar los efectos futuros de
actividades extractivas elaboradas.
Línea Base:
• CPE
• Código de Minería
• Reglamento Ambiental para
Actividades Mineras
• Ley de Hidrocarburos 3058,
• Reglamento Ambiental para el
sector hidrocarburos
• Ley de Medio Ambiente 1333
• DS 24176 Reglamentación 1333
(Reglamento General de Gestión
Ambiental)
• Reglamento General de Áreas
Protegidas
• 3 Programas de Monitoreo
Integrales (que incluye
actividades mineras) de Áreas
Protegidas implementados.
Metas (año 1)
- Avance del
30% del
diagnóstico
normativo.
- Diseño
metodológico
preliminar del
plan de acción
- Ajuste
preliminar de
la metodología
del programa
de monitoreo.
Metas (año 2)
- Conclusión del
diagnóstico
normativo.
- Propuesta de
norma para la
gestión de
pasivos
ambientales
- Dos planes de
acción
(borrador final)
- Programa de
Actividad 2.1
Diagnóstico del marco normativo vigente en
relación a pasivos ambientales y APN’s.
Acciones
• Revisión del marco normativo.
• Revisión de los insumos generados en el
producto 1
• Análisis de la situación legal de los pasivos
ambientales identificados
• Identificación de vacíos legales sobre
• Tareas de advocacy para ser reflejadas en
nuevas normas y leyes que se están
generando
Actividad 2.2
Reglamento para la gestión de pasivos ambientales
en APN’s.
Acciones
• Revisión de los resultados de la
inventariacion y caracterización de pasivos
ambientales (Producto 1)
• Socialización de los resultados del
producto 1
• Elaboración de la propuesta de reglamento
de gestión de pasivos ambientales en
VMA,
SERNAP,
MMM-
SERGEO
TECMIN,
MH
• Consultores
• Talleres de
socialización.
• Equipos
14

Indicadores:
monitoreo
validado y
aplicado.
Metas (año 3)
- Norma
socializada y
presentada a
las
autoridades
competentes
para su
consideración.
- Planes piloto a
diseño final
- Al menos un
reporte del
estado de
conservación
realizado con
la nueva
metodología
de monitoreo
integral
APN’s.
• Socialización de la propuesta elaborada.
• Presentación de la propuesta de
reglamento a las autoridades competentes.
• Identificación de otras normas
(actualización de las normas actuales: Ley
1333, reglamentos y nueva ley de minería,
hidrocarburos)
Actividad 2.3
Diseñar planes de acción de gestión de pasivos
ambientales a nivel piloto
Acciones
• Diseño de metodologías para la
formulación del plan de acción.
• Definición de las medidas de corto,
mediano y largo plazo.
• Definición del costo de cada
medida.
• Definición de la estrategia de
implementación.
• Identificación de 2 áreas prioritarias para
las cuales se diseñara el plan de acción
(uno en el sector minero y otro en el sector
hidrocarburifero).
Actividad 2.4
Diseño de un programa de monitoreo de pasivos
ambientales en 8 APN’s en el marco de la
metodología del Plan de Monitoreo Integral de
APN’s.
Acciones
• Ajuste metodológico del plan de monitoreo
integral de APN’s, en coordinación con el
DOPA (PACSBio).
• Validación y aplicación de la metodología
15

de monitoreo integral según norma
específica.
• Elaboración y difusión de reportes
integrados de monitoreo.
16

Producto 3
Generación de conocimientos para la
gestión de pasivos ambientales
(identificación, caracterización,
evaluación, monitoreo, remediación y
nuevas tecnologías).
Línea Base:
• Personal técnico con
conocimientos generales sobre
Indicadores:
Metas (año 1)
-Diseño del programa
de capacitación
concluido
- 20% de
implementación del
programa
- Diseño concluido de
un diplomado de
gestión de pasivos
ambientales.
- Diseño e impresión
del material de
capacitación y
sensibilización.
- Sensibilización en al
menos 20% de los
actores involucrados.
Metas (año 2)
- Programa de
capacitación
desarrollado en un
80%
- Implementación del
diplomado de gestión
de pasivos
ambientales.
- Realizar al menos un
intercambio de
experiencias exitosas.
- Sensibilización en al
menos 80% de los
actores involucrados.
Metas (año 3)
-Programa de
capacitación
implementado en su
Actividad 3.1
Formulación del programa de capacitación.
Acciones
• Diagnóstico de capacidades institucionales.
• Informe de resultado de la evaluación.
• Propuesta de Contenidos.
• Diseño de metodologías de capacitación.
• Diseño de material de difusión y
sensibilización.
• Implementación del programa de
capacitación.
Actividad 3.2
Intercambio de experiencias con otros países sobre
procesos de evaluación, diagnóstico y remediación
de pasivos ambientales.
Acciones
• Identificación de experiencias exitosas
• Programación y ejecución de los
intercambios.
Actividad 3.3
Diseño e implementación de un diplomado en
gestión de pasivos ambientales y otros temas
relacionados
Acciones
• Identificación de instituciones académicas
• Diseño curricular
• Preparación e implementación de al menos
un diplomado en colaboración con el
PACSBio (ELAP).
Actividad 3.4
Sensibilización e intercambio de experiencias con
VMA,
SERNAP,
MMM-
SERGEOTEC
MIN,
MH
• Consultores
• Equipos
17

totalidad.
-Diplomado de gestión
de pasivos
ambientales concluido.
los actores locales involucrados.
Acciones
• Eventos de sensibilización en comunidades
realizadas por los consultores
• Diseño e impresión de material de
sensibilización.
Actividad 3.5
Formulación de una estrategia de comunicación y
visibilidad
Acciones
• Elaboración de folletos, memorias, etc.
18

V. ARREGLOS DE GESTION
Roles y responsabilidades de las partes involucradas:
1. El proyecto contará con la participación de varios actores: Ministerio de Agua y Medio Ambiente a través
del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático, y Gestión y Desarrollo Forestal y el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Ministerio de Minería y Metalurgia, a través del Servicio
Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN), Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a través
del Viceministerio de Desarrollo Energético (Dirección General de Gestión Socio Ambiental), Unión Europea
(PACSBIO) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A continuación se describe el rol
que tendrá cada uno de ellos:
2. VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO, GESTIÓN Y DESARROLLO
FORESTAL (VMA): El VMA tendrá el rol de Socio Principal del Proyecto y tendrá bajo su responsabilidad la
coordinación general, seguimiento y evaluación del proyecto. A este efecto, se prevé contar con una
Unidad de Coordinación que dependerá del VMA. El VMA coordinará con la UE y el PNUD, las tareas antes
descritas. Asimismo, será el principal responsable de la implementación del Producto 3.
3. SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SERNAP): EL SERNAP, a través de la Dirección de
Monitoreo Ambiental, tendrá el rol de Socio Principal del Proyecto. En su calidad de administrador de las
áreas protegidas nacionales priorizadas, su función principal en el proyecto, será definir las áreas
protegidas que tienen pasivos ambientales mineros o hidrocarburíferos y analizar el estado de conservación
de las áreas de influencia haciendo parte del equipo de trabajo conjuntamente con SERGEOTECMIN y el
MHE.
4. MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA - SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y TÉCNICO DE MINAS
(SERGEOTECMIN): EL MMM-SERGEOTECMN tendrá el rol de Socio Principal del Proyecto. Su función
principal en el proyecto, será actualizar el inventario de pasivos ambientales mineros existentes en distintas
áreas protegidas nacionales priorizadas.
5. MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA (MHE): EL MHE atendrá el rol de Socio Principal del
Proyecto. Su función principal será actualizar el inventario de pasivos ambientales hidrocarburíferos
existentes en distintas áreas protegidas nacionales priorizadas.
6. UNION EUROPEA (UE): Se constituye en el donante del proyecto. Acompañará al VMA en las tareas de
monitoreo y seguimiento. A través del PACSBIO, prestara asesoramiento técnico en el marco del Comité
Técnico.
7. PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD): Se constituye en el Agente
Administrativo del proyecto, es responsable de supervisar el logro de los resultados, la gestión
administrativa y financiera de los recursos del proyecto. Como parte de su asistencia técnica, el PNUD
apoyará al VMA en los procesos de coordinación y desarrollo institucional

Estructura del Proyecto
El proyecto contará con dos Comités: Directivo y de Asesoramiento Técnico y con una Unidad de
Coordinación del Proyecto.
a) Comité de Directivo
Es la instancia de nivel de decisión estratégica. Sus funciones son las de aprobar el
plan de trabajo e informes anuales, en base a una propuesta de la Unidad de
Coordinación. Dará orientación estratégica y aprobará cualquier cambio en este
ámbito. Evaluará los logros del proyecto.
b) Comité de Asesoramiento Técnico
Es la instancia de asesoría técnica. Sus funciones son las de asesorar, proponer y sugerir medidas
operativas con el sustento técnico requerido, a través de la Unidad de Coordinación del Proyecto.
El comité, contará con la participación de COMIBOL, PACSBIO y otras instituciones convocadas
según necesidades específicas. En el marco de este comité se identificarán las necesidades en
formación y otras propuestas de parte de la Unidad de Coordinación del Proyecto.
c) Unidad de Coordinación del Proyecto.
La Unidad de Coordinación del Proyecto estará bajo la supervisión directa del VMA e implementará
las acciones definidas en el documento de proyecto, su marco lógico, presupuesto y plan anual
aprobado por el Comité Directivo, conjuntamente con MMAyA SERNAP, MMM -SERGEOTECMIN y
MHE.
La Unidad de Coordinación del Proyecto, rinde cuentas al VMA, y luego en forma conjunta, rinden
cuentas al Comité Directivo sobre los avances físico y financiero del proyecto.
La Unidad de Coordinación del Proyecto, estará conformado por un coordinador general y un
asistente administrativo. Estos profesionales serán seleccionados en base a un concurso público y
en el caso del Coordinador, el candidato seleccionado será sometido a la aprobación del Comité
Directivo. En razón a las limitaciones de espacio físico en el VMA, la Unidad de Coordinación
funcionará en instalaciones financiada con recursos del proyecto, para albergar a todo el personal
de la unidad ejecutora (consultores).
ORGANIGRAMA
21

• El proyecto es financiado con recursos de la Unión Europea, por un monto de EU 2.000.000, que al
tipo de cambio del SNU para el mes de abril de 2014 (0.727 EU x USD 1.00) equivale a USD
2.751.032, provenientes del Assendum al Convenio de Financiación No. DCI-ALA/2012/024-095,
firmado entre el Gobierno de Bolivia y la UE.
• Sera responsabilidad de cada una de las EE la inscripción presupuestaria en el Presupuesto General
del Estado Plurinacional de Bolivia y presentación de reportes de ejecución física-financiera a la
instancia gubernamental correspondiente. El VMA informará al Viceministerio de Inversión Pública
sobre la implementación del proyecto.
• Bajo la supervisión del VMA, la Unidad de Coordinación del Proyecto será responsable de la
ejecución técnica, financiera y operativa del mismo y rinde cuentas al Comité Directivo.
• La modalidad de implementación del proyecto, será de ejecución directa por el PNUD (DIM), y se
aplicaran las normas y procedimientos del PNUD.
• Por concepto de servicios generales de gerencia (GMS) prevista en el presupuesto del proyecto, el
PNUD recibirá un monto equivalente al 7% del monto total financiado, de acuerdo a la ejecución
del proyecto.
• El PNUD asignará un Oficial de Programas y un Asociado de Proyectos como responsables de la
gestión, seguimiento y monitoreo del proyecto.
• La UE se compromete a depositar los recursos que financian el presente proyecto, para cuyo
objetivo al inicio de la implementación del presente proyecto se firmará un Acuerdo entre la UE y
el PNUD
• La vigencia del proyecto será a partir de la firma del presente documento y tendrá una duración de
24 meses para la implementación.
• Durante los últimos 3 meses de vigencia del proyecto se realizaran las actividades de cierre.
• La información proporcionada a la prensa, a los beneficiarios del Programa y todo material
publicitario, comunicaciones oficiales, informes y publicaciones deberán incluir el reconocimiento
del rol del Gobierno, donante, y el PNUD.
• Se acuerda que se aceptarán hasta un 15% de modificación entre rubros, enviando una nota sobre
estos cambios al financiador.
• El costo de auditoría es referencial y se calcula en función del número de transacciones del
proyecto y la necesidad de hacer viajes al territorio.
VI. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACION
Teniendo en cuenta las políticas y procedimientos programáticos del PNUD, el proyecto será monitoreado
a través de las siguientes herramientas:
Durante el ciclo anual
 Trimestralmente, se debe realizar una valoración de calidad que incluya el progreso hacia el logro
de los resultados clave, con base en criterios y metodologías de calidad, que deben ser ingresados
en la tabla de Gestión de Calidad (adjunta).
 Deberá diligenciarse la bitácora de temas (Log Issues) en Atlas y ser actualizada regularmente por
el/la Coordinador(a) de del Proyecto, para facilitar el seguimiento y solución de problemas
potenciales o solicitudes de cambio de los temas.
 Teniendo en cuenta el análisis de riesgo elaborado al inicio del proyecto (ver anexo 3), deberá
diligenciarse la bitácora de riesgos (Risk Log) en Atlas y ser actualizada regularmente en el sistema,
22

teniendo en cuenta cambios en factores externos que puedan afectar la implementación del
proyecto.
 Teniendo en cuenta la información registrada en Atlas, el/la Coordinador(a) del Proyecto deberá
elaborar un Reporte de Progreso del Proyecto, el cual deberá enviarse al Comité Directivo del
Proyecto previa revisión del Asegurador del Proyecto, usando el modelo de reporte estándar
disponible en el Executive Snapshot.
 Deberá diligenciarse y actualizarse regularmente la bitácora de Lecciones Aprendidas (Lesson-
learned Log) para asegurar el aprendizaje y constante adaptación dentro de la organización, lo cual
facilitará la preparación del Reporte de Lecciones Aprendidas al final del proyecto.
 Deberá diligenciarse el Cronograma de Monitoreo en Atlas y ser actualizado regularmente para
realizar un seguimiento a las acciones/eventos claves en la gestión del proyecto.
Anualmente
 Informe de Revisión Anual. Este reporte deberá ser preparado por el/la Coordinador(a) de la
Unidad de Implementación de Proyecto y compartido con el Comité Directivo . Como
requerimiento mínimo, este reporte deberá incluir el modelo estándar para QPR de Atlas, que
cubre todo el año con la información actualizada para cada elemento descrito anteriormente,
teniendo en cuenta los resultados alcanzados contra las metas anuales predefinidas a nivel de
Productos (output level)
 Revisión Anual del Proyecto. Con base en el reporte anterior, deberá realizarse una revisión anual
del proyecto durante el último trimestre del año o inmediatamente después, para evaluar el
desempeño del proyecto y preparar el Plan Anual de Trabajo (AWP) del siguiente año. En el último
año, esta revisión será una evaluación final. Esta revisión la dirige el Comité Directivo del Proyecto
y puede involucrar otras partes interesadas, de ser necesario. Deberá enfocarse en el progreso
logrado para la consecución de los productos (outputs), y que éstos continúen alineados con los
efectos (outcomes) correspondientes.
En caso que una evaluación del proyecto sea requerida, favor indicar la justificación y el tiempo propuesto
para la evaluación. La evaluación del proyecto sólo es necesaria cuando sea mandatario en los protocolos
de la contraparte, como el caso GEF. Sin embargo, una evaluación de proyecto puede ser necesaria debido
a la complejidad o aspectos innovadores del mismo.
VII. CONTEXTO LEGAL
El presente documento del proyecto será el instrumento al que se hace referencia en el artículo No.1 del
acuerdo básico modelo de asistencia entre el Gobierno de Bolivia y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), firmado por las partes el 31 de octubre de 1974 y en la carta reversal VREI-DGOEI-
085/99/3378 de fecha 23 de abril de 1999 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Para los fines de
acuerdo básico de asistencia, por organismo del Gobierno se entenderá el Organismo de Ejecución del País
huésped que se describe en dicho acuerdo.
Con el objeto de promover la flexibilidad en la ejecución y gestión de este proyecto, los siguientes tipos de
revisiones al presente documento podrán realizarse con la firma del (la) Representante Residente del
PNUD únicamente, siempre que dicho representante cuente con seguridades de que los demás signatarios
del documento no tengan objeciones a los cambios propuestos:
• Revisiones de cualquier anexo del proyecto o adiciones a ellos.
• Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los resultados o
actividades del proyecto pero que se deban a una redistribución de los insumos ya acordados o a
aumento de los gastos, debidos a la inflación; y
23

• Revisiones anuales obligatorias mediante las que se reprogramará la entrega de insumos acordados
o se aumentan los gastos debido a la inflación o se tiene en cuenta el margen de flexibilidad del
organismo en materia de gastos.
VIII. CLAUSULA FINANCIERA
En caso de que el Administrador convenga en aceptar el pago de una contribución en una moneda distinta
del dólar de EEUU, la contribución se aumentará en los libros teniendo en cuenta toda perdida o ganancia
debida a los procesos cambiarios, a menos que, en el caso de una perdida, la parte contribuyente esté
dispuesta a reembolsarla.
24

IX. ANEXOS
ANEXO A. AREAS DE INTERVENCION PRIORIZADAS (CAMBIAR POR EL ACTUALIZADO)
MACROAREA 1
Faja Andina Oriental (altiplano y cordillera oriental). Pasivos ambientales generados desde épocas
históricas principalmente por actividades mineras).
SUBAREA 1.1.
En esta subárea existe una actividad minera muy intensa, históricamente y económicamente
importante, de carácter industrial, pero también de pequeños productores, cuya generación de pasivos
ambientales crea problemas de contaminación principalmente en acuífero a lo largo de lo que
constituye la cuenca del Rio Pilcomayo, “exportando” los impactos y efectos negativos hasta países
vecinos (Argentina y Paraguay).
SUBAREA 1.2.
Subárea con un fuerte impacto ocasionado por pequeñas empresa o cooperativas mineras, muchas de
las cuales de reciente constitución, con escaso control del estado y pocos datos sobre el impacto para
la salud y el medio ambiente.
ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO APOLOBAMBA
En esta sub área se encuentra el ANMIN Apolobamba, área Protegida creada inicialmente bajo la
denominación de Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla mediante D.S. Nº 10070 del 7 de enero de 1972,
con el objetivo principal de proteger la vicuña, misma que se encontraba en riesgo de extinción,
además de conservar la flora y fauna nativa especialmente las sometidas a uso, amenazadas, en
peligro de extinción, endémicas o de distribución restringida, así como los ecosistemas en sus rangos
naturales de producción.
De acuerdo a SERGEOTECMIN, el año 2008 se registraron 172 concesiones y/o áreas mineras, y el
año 2009 estas se reducen a 143 concesiones y/o áreas mineras, sin embargo para el año 2011 se
registran 183 concesiones y/o áreas mineras.
En los últimos años las operaciones mineras se han incrementado, siendo que para el año 1997 se
registraron en la inventariación de actividades mineras 27 Cooperativas u operaciones mineras,
cantidad que aumentó entre los años 2008‐2009 a 48 operaciones mineras y que en la actuialidad
sobrepasan las 50 operaciones mineras.
En septiembre del 2010 la Comisión Binacional de Minería (COMIBOL – SERGEOTEGMIN –
GUARDAPARQUES DEL ANMIN APOLOBAMBA), identificó 168 chutes mineros distribuidos en los
sectores de Suchez, Antaquilla y Cotapampa.
Población en el área y su zona de amortiguación externa
El patrón de asentamiento en el ANMIN Apolobamba es disperso a lo largo de los principales valles
interiores. Además, una importante población de ganaderos de camélidos se concentra en la meseta
alta de Ulla Ulla, en la vertiente occidental.
De acuerdo a proyecciones para el año 2000 del Censo de 1992, al interior del Área viven unos 18.500
habitantes (más de 3.500 familias). Están repartidos en 76 comunidades, siendo los centros poblados
más importantes Amarete (unos 4.000 habitantes), Charazani (unos 1.800 habitantes), Pelechuco
(1.200 habitantes) y Curva (800 habitantes). Entre las otras comunidades del Área se puede mencionar:
Macara, Queara, Súchez, Hichocollo, Puyo Puyo, Antaquilla, Ulla Ulla, Ucha Ucha, Apacheta,
Kotapampa, Llachuani, Chajaya, Soratira, Sorapata, Sunchulli, Calaya, Caninzaya, Upinuaya, Taypi
Cañuhu, Carijana, Niño Qorín, Quiabaya, Siatha, Yuyo y Sotopata.
MACROAREA 2
Faja Subandina (pie de monte andino húmedo amazónico y platense). Pasivos ambientales generados,
o de próximo posible impacto, principalmente por actividades hidrocarburiferas)
SUBAREA 2.1.
Este sector es de carácter preventivo y de mitigación de posibles impactos. Las actividades son aun
incipientes, aunque aparentemente ya programadas por el estado. No existe (al momento de la
formulación de esta propuesta) un marco normativo definido que permita la explotación
hidrocarburiferas en este subsector.
25

PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO SERRANÍA DEL IÑAO, Área
Protegida creada mediante ley de la República 2727 en 2004.
Con relación a la actividad hidrocarburífera, en el área protegida no se cuenta con registro de actividad,
asimismo en la Dirección de Monitoreo Ambiental no se tiene registro de la presentación de ningún
Instrumento de Regulación de Alcance Particular (IRAP).
Por otra parte, de acuerdo a los D.S. 676 existe una sobreposición con un (1) área reservada
denominada Azero.
El área tiene una población de 6.758 habitantes, 3.532 hombres y 3.226 mujeres, distribuida en 32
pequeñas comunidades, que en total comprenden 1.215 familias. 972 familias de este total tienen
tierras y espacios productivos enteramente dentro del área. La mayor población se concentra en el
sector que corresponde al municipio de Villa Vaca Guzmán (3.742 habitantes), seguido de Monteagudo.
La menor población corresponde al sector del municipio de Villa Serrano (488 habitantes).
Los habitantes del área provienen de diversos orígenes étnicos y culturales, siendo predominante la
población de origen Quechua, principalmente en el caso de las poblaciones de los municipios de Padilla
y Villa serrano. Es importante destacar también la presencia el grupo étnico Guaraní, que ocupa
algunas zonas de las provincias Luis Calvo y Hernando Siles.
SUBAREA 2.2.
incipientes, aunque aparentemente ya programadas por el estado. No existe (al momento de la
TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE
Con Decreto Ley (DL) Nº 7401 del 22/11/1965 se crea el Parque Nacional del Isiboro Sécure,
posteriormente, con D.S. Nº 22610 del 24/09/1990 se reconoce al Parque Nacional como Territorio
Indígena los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán. Con RR CDF RN 012/90 se declara el “Parque
Nacional Isiboro Sécure”, en toda su extensión, como área Indígena indispensable para la
sobrevivencia y desarrollo de las comunidades, Mojeñas, Trinitarias, Yuracarés y otros que habitan en
el Parque. Con una superficie de 1.303.658,517 Ha.
El área protegida tiene el objeto de conservar las cuencas hidrográficas, nacientes de los ríos, riqueza
de flora y fauna, sus recursos naturales, paisaje y culturales. (SERNAP, 2008).
Respecto a la actividad Hidrocarburífera, se tienen registro en la Dirección de Monitoreo Ambiental de
diez (10) IRAP’s que iniciaron el trámite técnico‐administrativo para la obtención de la Licencia
Ambiental, de las cuales seis (6) cuentan con Licencia Ambiental.
Durante la gestión 2001 se iniciaron trabajos de perforación exploratoria para el pozo Eva Eva Sur X1
(al norte del TIPNIS) sin resultados positivos.
Asimismo, existe parte del bloque Río Hondo que se sobrepone con el TIPNIS, esta para exploración,
sin embargo no existe actividad en el mismo.
La población humana en el AP está distribuida a lo largo de los ríos más importantes (Isiboro y Sécure)
y en la región pedemontana Sur (parte de la zona de colonización del Chapare). La región central o
interior de la llanura aluvial es poco poblada, principalmente por la difícil accesibilidad y las fuertes
inundaciones estacionales. La región montañosa Sur (Serranía de Mosetenes) también tiene una
escasa ocupación humana debido a la topografía abrupta y a la alta pluviosidad.
El TIPNIS se caracteriza por una importante población de los grupos étnicos Moxeño, Yuracaré y
Chimán. Al interior del Área existen más de 50 comunidades indígenas y pequeños asentamientos
familiares dispersos (familias extensas), que comprenden alrededor de 4.563 habitantes según el censo
indígena del TIPNIS de 1994. La etnia Moxeña constituye la población más numerosa (el 72%), seguida
de los Yuracarés y de familias Chimanes en el extremo Suroeste del Área.
Por otro lado, 47 sindicatos de colonizadores están repartidos dentro de la línea roja sobre una
extensión de 92.000 hectáreas, mientras que las comunidades indígenas están distribuidas en el resto
de la superficie del TIPNIS. Se estiman más de 4.000 familias de colonos de las tierras altas en la
región Sureste del Área (aproximadamente 7.000 habitantes).
26

En la zona de amortiguación externa al Sur del TIPNIS (centro y Sur de la Provincia Chapare) existe
una densa población de más de 15.000 campesinos colonos organizados en varias centrales que
agrupan a su vez a numerosas colonias y comunidades.
SUBAREA 2.3.
incipientes aunque aparentemente ya programada por el estado. No existe (al momento de la
PARQUE NACIONAL‐ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADIDI
El Parque Nacional‐Área Natural de Manejo Integrado (PN‐ANMI) Madidi fue creado el 21 de
septiembre de 1995 con Decreto Supremo (D.S.) Nº 24123
Actividad Hidrocarburífera
Respecto a la actividad Hidrocarburífera, se tienen registro en la Dirección de Monitoreo Ambiental de
cuatro (4) IRAP’s que iniciaron el trámite técnico‐administrativo para la obtención de la Licencia
Ambiental, de las cuales dos (2) cuentan con Licencia Ambiental
Por otra parte, de acuerdo al D.S. 676 existe una sobreposición con cuatro (4) área reservada
(Lliquimuni, San Felipe, Madidi y Chepite Y Chispani) con el ANMIN Apolobamba. Asimismo, existen
bloques otorgados para exploración como ser Tuichi Sur y Tuichi Norte
Actividad Minera
De acuerdo a información de SERGEOTECMIN, en el área protegida se registra el año 2008 46
concesiones y/o cuadrículas mineras, incrementándose a 48 concesiones y/o cuadrículas mineras el añ
2011 (Gráfico Nº16), no queriendo decir esto que todas éstas se encuentran en operación.
Según la información proporcionada por la Dirección del PN‐ANMI Madidi, se ha patrullado a 10
operaciones mineras de explotación de oro (barranquilleros, empresas y cooperativas mineras) (Tabla
Nº23), siendo que en la mayoría de los casos se trata de minería artesanal, la mayoría de las
actividades mineras se encuentran en la zona de los ríos Pelechuco y Motosolo, en la parte alta de la
cuenca del Tuichi.
El patrón de asentamiento en el PN ANMI Madidi es muy complejo, debido a su gran superficie y a la
alta diversidad de regiones que abarca.
En las tierras altas (más de 3.000 msnm) se encuentran tres comunidades en una zona de muy difícil
acceso por la topografía (Queara, Puina y Mojos). La población de esta región se calcula en unas 180
familias (unos 900 habitantes) que son de origen Quechua.
En la zona intermedia montañosa (de 3.000 a 600 msnm) existen alrededor de 25 comunidades
pequeñas, concentradas básicamente al Norte de Apolo y al Noroeste de Asariamas, hacia la frontera
con Perú (Virgen del Rosario, Santa Rosa, Pata, Cruz Pata, Fátima, Mohia, Santa Cruz del Valle
Ameno, San Antonio, Machua, Tigri Rumi, San Marcos, Unapa, Suyo Suyo, Asariamas, Buena Vista,
Nogal, Raviana, Santa Teresa, Altuncama, 3 de Mayo, Mamacona, San Luis, San Andrés, Santa
Bárbara y Sarayo). La mayoría de estas comunidades son pequeñas estancias ocupadas por unas
pocas familias o por familias extensas. Se estima que la población de esta zona es de casi 370 familias
(unos 2.000 habitantes).
Las tierras bajas se caracterizan por una población muy escasa, ubicada en unas pocas comunidades
pequeñas y en algunos asentamientos dispersos. En la zona de las Serranías del Chepite (río
Quendeque), las únicas comunidades se encuentran hacia el río Beni (El Carmen, San Miguel,
27

Quendeque y Bala). Hacia el Norte, la única comunidad importante es San José de Chupiamonas sobre
el río Tuichi. Hacia la llanura amazónica del Heath se encuentra el antiguo campamento Alto Madidi,
actualmente convertido en base de control. Más al Norte, sólo existen barracas abandonadas o de
ocupación estacional y asentamientos familiares dispersos. Para esta zona, se calcula unas 120
familias (600 habitantes), la mayor parte correspondiendo a San José de Chupiamonas. La población
de las tierras bajas es esencialmente de origen indígena, perteneciendo a los grupos Tacana, Esse Eja
y Mosetén.
En total, el Área alberga unas 670 familias (3.500 habitantes), repartidas en alrededor de 33
comunidades.
Los centros urbanos más importantes en la zona de amortiguación externa del Área son Apolo al
Sudeste (1.628 habitantes), San Buenaventura (1.670 habitantes) y Rurrenabaque (4.959 habitantes) al
Este, e Ixiamas al Norte (1.256 habitantes). Existe también una importante población de colonizadores
a lo largo de la carretera San Buenaventura – Ixiamas.
RESERVA DE LA BIÓSFERA Y TERRITORIO COMUNITARIO DE ORIGEN PILÓN LAJAS
La RBTCO Pilón Lajas fue creada mediante D.S. Nº 23110 el 09/04/1992, con una superficie
aproximada de 400.000 Ha. Dicho Decreto prohíbe la otorgación de nuevas áreas de Colonización,
Agraria, Forestal, Minera y Petrolera garantizándose sin embargo los asentamientos de colonos,
campesinos y propiedades agrarias, así como también las concesiones forestales, mineras y petroleras
establecidas legalmente con anterioridad al presente Decreto Supremo, las mismas que estarán sujetas
a reglamentación especial.
La RBTCO Pilón Lajas fue creada para preservar la biodiversidad, ecosistemas y patrimonio cultural de
las comunidades originarias indígenas Tsimane y Mosetenes; asimismo para resguardar las cuencas de
los ríos Quiquibey, Colorado entre los más
importantes.
Se tienen registro en la Dirección de Monitoreo Ambiental de cinco (5) IRAP’s que iniciaron el trámite
técnico‐administrativo para la obtención de la Licencia Ambiental, de las cuales tres (3) cuentan con
Licencia Ambiental.
Por otra parte, los bloques Tuichi Sur y Rio Hondo que se sobrepone con la RBTCO Pilón Lajas, sin
embargo no existe actividad en estas.
Actividad Minera
De acuerdo a información de SERGEOTECMIN, en la gestión 2008 se registraba una (1) concesión y/o
área minera, sin embargo para el año 2011 no se cuenta con registro alguno.
Sin embargo, y de acuerdo a información de la RBTCO, la actividad minera dentro del área protegida se
reduce a la presencia de algunas personas que realizan la actividad de barranquilla para la
concentración de oro a orillas del rio Beni.
Estas actividades cuentan con una autorización de parte del Consejo Regional Tsimane Moseten
(CRTM) y en algunos casos también con autorización de la Reserva. Se reconoce a la actividad de
barranquilla como parte de los usos y costumbres de las comunidades, sin embargo dentro del Plan de
Manejo Plan de Vida, se indica que en 1999 no se registraron actividades mineras y que la Reserva se
ve afectada por la extracción de oro que se lleva a cabo en Guanay, ya que contaminan el agua con
desechos de mercurio, los cuales son arrastrados hasta el río Beni (Almaraz M., 2012).
Sin embargo, dentro de la Reserva se ha identificado la actividad que se realiza en las riberas del rio
Beni y en lugares como Carmen Florida, Charque, La Embocada, Escabeche y Barranco Amarillo. El
problema no radica en los impactos ocasionados por los métodos extractivos ya que la barranquilla no
genera impactos ambientales considerables, sino en el uso de mercurio para la obtención pura del
mineral (Almaraz M., 2012).
La población del Área se concentra en determinadas zonas. En la región viven varios pueblos
indígenas, mayoritariamente Chimán, Mosetén y Tacana, asentados en 25 comunidades y
asentamientos dispersos compuestos por familias extensas. La mayoría de estas comunidades está
ubicada en la zona pedamontana cerca de la carretera (16 asentamientos), algunas en el valle central
del río Quiquibey (6 asentamientos) y unas pocas sobre el río Beni (3 asentamientos). Por otro lado, un
creciente número de colonos (150 familias) que han migrado en su mayoría del Altiplano, vive en la
parte alta del río Quiquibey. También existe una densa población de colonos organizados en ocho
centrales de colonización a lo largo de la carretera Yucumo – Rurrenabaque.
28

La población total que vive dentro del Área y en la zona de amortiguación externa, sin incluir a los
centros urbanos, es de alrededor de 6.216 habitantes (1.357 pobladores indígenas y 4.859
colonizadores). Casi un 25% de estas personas vive dentro de los límites de la Reserva.
En la zona de amortiguación externa, las áreas de mayor densidad poblacional corresponden a los
centros urbanos de Rurrenabaque (4.959 habitantes) y Yucumo (1.404 habitantes), así como a la zona
de colonización en el sector Este y Sur del Área.
SUBAREA 2.4.
Se trata de un segmento con un fuerte impacto generado por explotación hidrocarburifera reciente
(últimos 20-25 años) en inmediaciones de importantes APs nacionales (Amboró y Carrasco). También
en este sector está prevista la extensión de la explotación al interno de áreas protegidas. El carácter
preventivo será fundamental para garantizar la mitigación de impacto en unas de las áreas a mayor
biodiversidad de la Tierra, además de importantes proveedoras de recursos hídricos.
Área de histórica explotación hidrocarburiferas (desde los años ’20 del siglo pasado). Este segmento
del territorio ha sufrido un importante acumulo de pasivos ambientales que requieren se inventariado,
monitoreados, además de la formulación de propuestas y actividades directas de bio remediaciones
PARQUE NACIONAL CARRASCO
Con D.S. Nº 22940 el 11/10/1991 se declara Parque Nacional, posteriormente con Resolución
Ministerial (RM) Nº 157‐86 del 22/05/1986 se declara santuario de vida silvestre a las Cavernas del
Repechón; con RM Nº 381/88 del 09/12/1988 se denomina al Parque Nacional con el nombre de
Carrasco‐Ichilo, cuyo objetivo es precautelar las regiones con alta sensibilidad ecológica, además de la
conservación de la biodiversidad de los ecosistemas del altoandinos y de los yungas. Con una
superficie de 691.771 Ha.
Las actividades hidrocarburíferas en el PN Carrasco se vienen desarrollando hace varios años,
teniendo registro en la Dirección de Monitoreo Ambiental de siete (7) IRAP’s que iniciaron el trámite
técnico‐administrativo para la obtención de la Licencia Ambiental.
Por otra parte, se debe indicar que existen Bloques de exploración y explotación al interior del área
protegida, uno de exploración (Chimoré) y cuatro de explotación (Carrasco, Kanata, Kanata Norte y
Bulo Bulo).
Asimismo, existen cinco áreas reservadas que se sobreponen con el PN Carrasco, siendo estas: Ivirza,
Sécure Zona 20, Isarsama, San Miguel y Puerto Grether.
Actividad Minera
En la gestión 2008 SERGEOTECMIN registró una concesión y/o área minera, para el año 2011 el dato
se incrementa a dos (una por cuadrícula y una por pertenencia), sin embargo la Dirección del Área
Protegida informa que no existe operación minera alguna al interior del PN Carrasco, asimismo en la
Dirección de Monitoreo Ambiental no se cuenta con registro alguno del inicio del proceso técnico
administrativo de la Licencia Ambiental.
El patrón de asentamiento es esencialmente periférico, con menor población al interior del Área, debido
principalmente a la difícil accesibilidad y a las condiciones de extrema pluviosidad. Hacia el límite Sur,
una densa población de campesinos del Valle Alto de Cochabamba vive en núcleos comunitarios,
algunos de los cuales datan de principios del siglo XX. En cambio, hacia el Norte (tierras bajas) la
población es de colonos migrantes de las tierras altas del país. Se estiman alrededor de 100 familias
campesinas al interior del Área (de 700 a 800 personas), distribuidas en comunidades pequeñas como
Arepucho, Chaquisacha, Icuma, San Pedro, Yana Mayo, San José, Potrero, Río Blanco, Chuquioma,
Vandolia, El Palmar y otras menores.
29

En la zona de amortiguación externa ubicada al Norte del Área existen alrededor de 19.000 habitantes
que viven en más de 20 comunidades o colonias. Los principales centros urbanos en esta zona de
tierras bajas son: Villa Tunari (1.597 habitantes), Shinahota (3.150 habitantes), Chimoré (2.036
habitantes), Ivirgarzama (3.251 habitantes) y Entre Ríos (1.952 habitantes).
En la región Sur inmediatamente contigua al PN Carrasco, las localidades más importantes de esta
zona alta de valles son: Tiraque (1.602 habitantes), Totora (1.347 habitantes) y Pojo (505 habitantes).
PARQUE NACIONAL‐ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO AMBORO
Se crea la RESERVA NATURAL “TCNL. GERMAN BUSCH” en la región de Amboró mediante D.S. Nº
11254 del 20/12/1973, posteriormente con D.S. Nº 20423 del 16/08/1984 se crea el Parque Nacional
Amboró, con una extensión de 180.000 hectáreas, posteriormente con D.S. Nº 22939 del 11/10/1991 se
Amplía la superficie del “Parque Nacional Amboró”, a 637.600.
Se tienen registro en la Dirección de Monitoreo Ambiental de diez (10) IRAP’s que iniciaron el trámite
técnico administrativo para la obtención de la Licencia Ambiental, no habiendo encontrado registro si la
AOP de la Tabla Nº 9 cuenta con Licencia Ambiental.
Por otra parte, de acuerdo al D.S. 676 existe una sobreposición de un (1) área reservada (Rodeo) con
el PN-ANMI Amboro.
Asimismo, gran parte del bloque Amboro Espejo Norte que se sobrepone con el PN-ANMI Amboro, sin
embargo no existe actividad en el mismo.
Actividad Minera
En el PN‐ANMI Amboró, para el año 2008 se registran treinta y tres concesiones y/o áreas mineras,
cantidad que se incrementa el año 2009, sin embargo para el año 2011 al cantidad de concesiones y/o
áreas mineras se reduce a quince (SERGEOTECMIN 2008; 2010).
Por otra parte, y de acuerdo a los registros de la Dirección de Monitoreo Ambiental SERNAP, se tienen
cuatro Empresas y/o Cooperativas Mineras que iniciaron el proceso técnico‐administrativo para la
obtención de la Licencia Ambiental.
El patrón de asentamiento en el Área se caracteriza por ser periférico. Las comunidades y
asentamientos se concentran en los bordes Norte y Sur del ANMI, con una población muy escasa hacia
el centro.
En el ANMI que rodea el PN, existen 97 comunidades (sindicatos y/o cooperativas) sumando 3.759
familias, lo cual corresponde a más de 18.419 habitantes repartidos en los nueve municipios
involucrados. El municipio de Comarapa al Sur y los municipios de Buena Vista y Yapacaní al Norte son
los de mayor población. Los colonizadores son Cambas, Aymaras y Quechuas. La proporción de cada
grupo varía según el municipio. Los Quechuas predominan en Yapacaní (el 75%) y Buena Vista (el
70%), mientras que los Cambas son mayoritarios en Pampa Grande (el 100%), Samaipata (el 89%) y
Comarapa (el 70%). Hacia el límite Este, existen algunas comunidades del grupo indígena Guarayo. Al
interior de los límites del PN solamente se encuentran dos familias.
Las poblaciones intermedias más importantes que circundan el Área son: al Sur, Comarapa (3.221
habitantes), Pampa Grande (558 habitantes), Mairana (3.060 habitantes), Samaipata (2.735 habitantes)
y Porongo (1.134 habitantes); al Este, El Torno (6.332 habitantes) y Porongo; y al Norte, Yapacaní
(4.029 habitantes), San Carlos (3.223 habitantes) y Buena Vista (2.873 habitantes).
30

SUBAREA 2.5.
PARQUE NACIONAL‐ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO- SERRANIA DEL AGUARAGUE
Se trata de un segmento territorial con un fuerte impacto generado por explotación hidrocarburifera
desde el siglo pasado (últimos 80 años) en inmediaciones de la AP nacionale (Parque Nacional
Aguarague). También en este sector está prevista la extensión de la explotación al interno del Área
Protegida. Existen importantes Campos en etapa de exploración y explotación tal es el caso de Timboy
y Caigua; y los Campos muy próximos (San Alberto, Itaú, Margarita y otros); Campos abandonados
como Sanandita, Los Monos y Caigua (con pasivos ambientales) y actividades proyectadas por el
Estado para los próximos años.
La zona de mayor afectación por efecto de la existencia de pasivos ambientales son: Al Sur, Sanadita
La Vieja, incluyendo la Escuela de Cóndores del Cahco (aprox. 500 habitantes);, colindantes a la
quebrada El Tucán con presencia de residuos de hidrocarburos. Al Norte, Sachapera (aprox. 500
habitantes) colindante a la quebrada Cororoy, que fue atenuada ambientalmente por trabajos de
remediación ambiental por parte de YPFB Corporación, por tener la responsabilidad a su cargo
MACROAREA 3
Precámbrico (oriente tropical de Bolivia). Área de reciente presencia e impacto de pasivos ambientales,
productos de actividades principalmente auríferas, muy escasamente monitoreada por el estado.
SUBAREA 2.
Área de muy reciente instalación de actividades mineras, a excepción de la extracción de piedras duras
cuyo pasivos no presenta aparentemente reales impactos negativos. La generación de pasivos deberá
ser evaluada para cuantificar la importancia. No se tienen datos reales y fehacientes.
ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO SAN MATÍAS
El ANMI San Matías fue creado con D.S. N º 24734 el 31/07/1997, con una superficie total de 2.918.500
Has, siendo una las áreas protegidas de mayor superficie.
Actividad Minera
De acuerdo a información de SERGEOTECMIN, el año 2008 se registró 84 concesiones y/o áreas
mineras, sin embargo el año 2011 esta cantidad se redujo a 70.
De las cuales, 16 AOP’s iniciaron el proceso técnico administrativo para la obtención de la Licencia
Ambiental, de las cuales solo 9 obtuvieron la Licencia Ambiental, según el registro de la Dirección de
Monitoreo Ambiental.
Al interior del Área viven unas 6.000 personas, de las cuales la mitad es menor de 15 años. Están
repartidas en 17 comunidades y la mayoría es de origen Chiquitano y Ayoreo. Este último grupo
indígena posee una TCO en el Rincón del Tigre y otra está en proceso para los Chiquitanos. Las
comunidades son de medianas a pequeñas, dispersas al igual que las estancias, y mayormente
ubicadas sobre la ruta de Las Petas (Norte del Área) hacia Santiago de Chiquitos (al Sur). Entre las
comunidades se puede mencionar: Candelaria, San Fernando, Pozones, Bahía Negra, Santo Corazón,
Rincón del Tigre y Puerto Gonzalo (La Gaiba).
Los Chiquitanos viven en cinco provincias del Departamento de Santa Cruz. Su economía subsistencia
se basa en la agricultura con tumba, roza y quema, la caza y pesca y la recolección. Tienen un alto
grado de aculturación por sus múltiples contactos con la sociedad mestiza desde la época de la
Colonia. En la actualidad están en proceso de revalorización cultural gracias a sus organizaciones. Los
Ayoréode constituyen el único pueblo indígena
boliviano que pertenece a la familia lingüística zamuco. Viven dispersos en el Departamento de Santa
Cruz. Su economía de subsistencia se basa en la agricultura, la caza y pesca, y la recolección de
productos del monte. La artesanía, de vistosos diseños, la realizan mujeres tejedoras a partir de fibras
vegetales.
Los centros urbanos de mayor importancia en la zona de amortiguación externa son: San Matías (3.849
habitantes), Puerto Suárez (9.863 habitantes), San José de Chiquitos (8.483 habitantes), Puerto
Quijarro (6.324 habitantes), San Rafael (1.363 habitantes), Roboré (10.360 habitantes), El Carmen
Rivero-Tórrez, Santiago de Chiquitos, San Juan de Chiquitos, Las Petas, Ascensión (8.350 habitantes)
y El Tuná.
SUBAREA 5.
También este sector es relativamente de reciente instalación de actividades mineras. Sin embargo
existen mayores datos sobre presencia de actividades informales (san ramón) y estructuradas (cerro
31

san simón). No hay informaciones sobre la acumulación de pasivos, lo que hace que este sector tenga
inquietantes potenciales negativos de impacto sobre la salud humana, los recursos hídricos y el
biodiversidad.
MACROAREA 4
Norte Amazonico. Actividades de Cooperativas y operadores individuales de explotaicon de
sedimentos auríferos en cuencas hidrográficas.
SUBAREA 1.
Las actividades mineras se localizan a o largo de algunos ríos amazónicos (madre de dios, Manuripi,
etc.), sin ningún control y monitoreo de parte del estado. La cantidad y el impacto de la remoción de
sedimentos de las orillas de los ríos no está evaluada, así como el uso de mercurio y otros tóxicos. Hay
posible efectos para países vecinos, aunque también Bolivia puede ser receptora de los tóxicos de
Perú.
RESERVA NACIONAL DE VIDA SILVESTRE AMAZÓNICA MANURIPI
En fecha con D.S. Nº 11252 se crea la Reserva Nacional Amazónica Manuripi Heath, posteriormente en
fecha 22/09/2000 con D.S. Nº 25906 se cambia la denominación del área protegida, siendo desde
entonces Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica (RNVSA) Manuripi, con una superficie de
773.455,2 Ha
Actividad Minera
De acuerdo a información de SERGEOTECMIN, existen siete áreas mineras que se encuentran a en la
RNVSA Manuripi, las cuales desarrollan sus operación en el río Madre de Dios, mismo es el límite
natural del área protegida.
De estas siete áreas y/o concesiones mineras, solo cinco cuentan con Licencia Ambiental y dos
iniciaron el trámite técnico administrativo, una a través de Ficha Ambiental y al segunda con Manifiesto
Ambiental
Con relación a la actividad hidrocarburífera, en el área protegida no se cuenta con registro de actividad,
asimismo en la Dirección de Monitoreo Ambiental no se tiene registro de la presentación de ningún
Instrumento de Regulación de Alcance Particular (IRAP). Por otra parte, de acuerdo a los D.S. 676 y
1203 existe una sobreposición con dos (2) área reservada (Manuripi y Madre de Dios).
La población del Área se concentra en comunidades y barracas. La gran mayoría de las comunidades
está ubicada en la carretera Filadelfia – Chivé y dos se encuentran en los
márgenes del río Madre de Dios. En el municipio de Filadelfia están las comunidades de Curichón, San
Antonio del Chivé, Luz de América, Florida y Chivé. En el municipio de Puerto Rico se hallan las
comunidades de Irak, Puerto Madre de Dios, Las Arenas y Providencia. Las barracas por su parte están
ubicadas en los márgenes de los dos principales ríos de la Reserva, el Manuripi y el Madre de Dios. En
el municipio de Filadelfia se encuentran las barracas de Montecarlo, Santa María, Capernaum, San
Antonio, San José, Nagasaki, Frida, San Silvestre, Selva Alegre, Libertad, Santa Fe, Tupiza, Malecón,
Bella Vista, San Pedro, Gran Progreso, Santa Rosa y Humaytha. En el municipio de Puerto Rico están
las barracas de Manchester, Bolívar, Alianza, Puerto Cárdenas, Kiosco, Hiroshima, Puerto América,
Camacho e Independencia.
En la Reserva se cuenta con una población de 1.664 habitantes, de los cuales el 47% vive en
comunidades (787 personas) y el 53% en las barracas (877 personas). Sin embargo, estas cifras varían
durante la zafra de la castaña por las migraciones estacionales de población. La densidad poblacional
dentro de la Reserva es de 0.22 habitantes/km2, es decir por encima de la del municipio de Filadelfia
(0.18 habitantes/km2) y muy por debajo de la del municipio de Puerto Rico (0.60 habitantes/km2).
32

ANEXO B
Mapa de Zonas de intervención priorizadas
33

Gestión de pasivos ambientales en áreas protegidas

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