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Corrupción en casa
Organización Editorial Mexicana
25 de febrero de 2013
El Presidente Miguel de la Madrid ordenó la creación de una dependencia responsable de
prevenir, combatir y castigar las prácticas deshonestas de los funcionarios de la
Administración Pública Federal.
La campaña de "Renovación Moral" es el antecedente de creación de a la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación, misma que ha sido un freno para algunos servidores
públicos deshonestos.
Pero la incoherencia radica que es en la propia dependencia - ahora con el nombre de
Secretaría de la Función Pública, y en vías de extinción- se investiga la existencia de
desvíos de recursos públicos y pago de generosas comisiones a diversos funcionarios de los
dos sexenios anteriores, por el solo hecho de asignar contratos en forma directa, sin
licitación de por medio.
Durante el segundo sexenio panista, hubo tres titulares de la Función Pública, que, al
parecer, llegaron a la oficina central del ostentoso edificio de Insurgentes Sur sólo para
cubrir el expediente. Primero fue Germán Martínez Cáceres, lo relevó Salvador Vega
Casillas y concluyó el periodo Rafael Morgan Ríos. Éste último, al hacer entrega de la
dependencia, informó que dejó dos mil casos pendientes de corrupción a nivel federal.
En la actual administración, por estar en proceso de desaparición, el encargado de despacho
es Julián Alfonso Olivas Ugalde, ex director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Hacienda.
Uno de los expedientes investigados es el del proyecto de la llamada "cédula de identidad"
para los menores de edad, cuyo presupuesto fue estimado en tres mil millones de pesos. Las
pesquisas, que permanecen en el más absoluto secreto, involucran a diversos funcionarios
públicos federales del calderonato, que autorizaron comisiones que oscilan entre el 10 y el
20 por ciento.
Uno de los contratos está firmado por el entonces Oficial Mayor de la Secretaría de
Gobernación, Manuel Rodríguez, y por la representante de una empresa extranjera dedicada
a la información tecnológica.
El citado documento, como todos en los que se pretende ocultar la información, tiene la
leyenda: "los datos, información, nombres, cifras y demás, está reservada por doce años".
El ambicioso plan, anunciado con bombo y platillo por el entonces secretario de

2. Gobernación, Francisco Blake Mora (QEPD) a inicios del 2011, a la fecha tiene un retraso
del 80 por ciento con respecto del proyecto original, y se orienta sólo a seis estados de la
República.
No extraña el retraso, pues el propio Blake reconoció entonces que el IFE argumentó que
habría "duplicidad en ese documento de identificación oficial".
Desde mediados de 2012, varios funcionarios denunciaron que la Secretaría de la Función
Pública se había convertido en una dependencia insustancial, que se mete en todo y que no
entiende de nada.
Se dijo que paralizaba la actividad del gobierno y se reiteró la idea de su desaparición, pero
se soslayó que dentro de su seno también había acciones irregulares. Desde antes del inicio
de la presente administración, el equipo de transición inició la tarea de la revisión de los
llamados "libros blancos"; en el proceso, descubrieron la identidad de diversas empresas a
las que se pagaron, entre todas, tres mil millones de pesos, para la elaboración de la
discutida cédula de identidad ciudadana.
Entre las firmas involucradas están: Axtel/Unisys de México, que recibió 665 millones de
pesos para la prestación del servicio de identificación nacional; Iusacell, por la conexión
inalámbrica en los módulos de registro, 11 millones de pesos; Crypto, que proporcionó
equipo para encriptar los datos personales de los solicitantes de la credencial, 99 millones
de pesos; Talleres Gráficos de México, mil millones de pesos para la impresión de las
cédulas de identidad, así como otros 855 millones de pesos por diversos convenios de
colaboración con 15 empresas especializadas.
Por lo pronto, la estructura de la Secretaría de la Función Pública sigue "operando" en tanto
se crea la Comisión Nacional Anticorrupción, a pesar de la incertidumbre que viven sus
casi 2 mil 500 trabajadores.
Los presuntos responsables de esta "irregularidad", ¿podrán ser sancionados por alguna
autoridad? ¿La Comisión Nacional Anticorrupción tendrá facultades para sancionar a los
funcionarios federales que cometan alguna acción de corrupción?
Colaborador: Alejandro Rodríguez
Fuente: internet