El futuro de Saúl y Rogelio es estar libres

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El futuro de Saúl
y Rogelio
es estar libres

El Caso de Saúl y Rogelio: Presos políticos en defensa del Territorio Gustavo Illescas, 13 de octubre de 2014 Antecedentes de la persecución política Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velásquez, junto a otros 7 comunitarios de Barillas fueron detenidos ilegalmente[1] el 02 de mayo de 2012, acusados del zafarrancho que se produjo la tarde anterior, luego del asesinato del campesino Andrés Francisco Miguel a manos de trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz. El Estado de Sitio en Barillas fue el primer decreto Gubernativo del PP (1-2012). Desde entonces se habló de la existencia de presos políticos en Barillas, por la persecución política

y tensión a la que están expuestos desde el 2008, así como por la violación al debido proceso desde el momento de su captura en 2012. La palabra de la empresa estaba en entredicho, su responsable del Área Social, el capitán (r) Juan Garrido tenía vínculos con los sindicados del asesinato de Andrés Francisco Miguel. El proceder del gobierno evidenció los intereses del PP en la región y en 10 días se vio obligado a levantar el Estado de Sitio. En ese contexto de desgaste, personas de Barillas a nombre de la empresa Hidro Santa Cruz comenzaron a presionar a los presos y a sus esposas. Según cuenta el propio Rogelio Velásquez en una entrevista realizada previo a su segunda detención… “Gracias a Dios logré dominar la presión, por la familia, que necesitaba vivir. La empresa atacaba nuestra familia con amenazas, les decían que ellos ignoraban lo que había sucedido, que estaban a favor de nosotros después de que nos encarcelaron. Pero se dieron cuenta que en el caso de mi esposa no aceptaba ser amenazada e intimidada. Utilizando las amenazas y las mentiras consiguieron que dos compañeros firmaran con ellos, pero les mintieron y engañaron”. (Voces del Rio: 2014, pp. 106) Familia, abogados y organizaciones sociales acompañaron la denuncia a nivel nacional e internacional, cuestionando las presiones y falsas acusaciones de Hidro Santa Cruz, así como la carencia de pruebas por parte del MP. Finalmente se logró comprobar la arbitrariedad del Estado y la subordinación empresarial que padece. Saúl y Rogelio regresaron a casa el 13 de enero de 2013, en medio de una celebración organizada por varias comunidades en el parque central de Barillas. Las nuevas acusaciones contra Saúl y Rogelio Siete meses más tarde, Saúl y Rogelio viajaron a la ciudad capital para asistir a la Audiencia de clausura del Caso Barillas. La diligencia fue suspendida ya que agentes de la División Especial de Investigación Criminal (DEIC) detuvieron en las afueras de la Torre de Tribunales a Saúl y Rogelio, esta vez, sindicados de un linchamiento ocurrido en 2010. Desde el 27 de agosto de 2013 se encuentran nuevamente en asilamiento carcelario. En una entrevista realizada el 23 de septiembre de 2014, Carmelia Mérida Sosa (esposa de Rogelio) cuestiona la persecución de la que es objeto nuevamente su marido: “Cuando él estuvo preso en 2012 hubieron unas personas que estaban con la empresa Hidro Santa Cruz y ellos andaban detrás de nosotras y detrás de ellos y decían que si el no aceptaba a la empresa o firmaba un convenio con la empresa, que este delito se lo iban a montar”.

El delito al que hace mención Carmelia es el del linchamiento, más adelante se pregunta por qué tuvieron que pasar tres años para acusarlo y por qué precisamente lo detienen el día que se clausuraba su caso. Según cuenta Rubén Herrera, ex-preso político por la defensa del territorio en Barillas, tanto Rogelio como Saúl… “Cuando salieron de la cárcel el año pasado (2013), regresaron a la organización comunitaria, a sus trabajos de albañilería y agricultura, no se dejaron intimidar por la empresa y eso les enojo más (a la empresa) porque gastaron un montón de pisto y nada”.
El Linchamiento de 2010
El 18 de agosto de 2010 a eso de las 18:30 pm, el auxiliar fiscal del Ministerio Público y vecinos de la zona 6 del casco urbano de Barillas detuvieron a Mateo Diego Simón, acusado de haberse entrado a robar a la casa de doña Juanina Bernabé Hernández el domingo 15 de agosto de 2010 (Reporte del Inspector de la Policía Nacional Civil, Fredy Rodolfo Tomás Carrillo). El 19 de agosto de 2010 a eso de las 9:30 am elementos de la PNC llevaban a Mateo Diego Simón al Juzgado de Paz. Al llegar a la entrada alrededor de 500 personas les impidieron el paso y exigieron les fuera entregado Mateo Diego Simón para exhibirlo en el parque y que todo el pueblo supiera quién es el ladrón. El Juez de Paz, ante las amenazas, accedió a entregar a Diego Simón, quien era acusado de robo agravado y esperaba ser enviado al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Eulalia (Acta Judicial firmada por el Juez de Paz Lic. Antoni Yobany Pivaral de León y el Secretario Carlos Enrique Gómez Romero).
Acto seguido…
“Los pobladores le dieron una golpiza y éste confesó que los objetos que robaba se los llevaba a la mujer, quien los vendía. Seguidamente, la muchedumbre saca de su casa a (Guadalupe Francisco) Felipe, y junto a Diego fue vapuleada y colgada en la baranda del puente sobre el rio Cambalan, en el lugar conocido como Poza Verde”. Nuestro Diario Pág. 3. 20/08/2010.
Tanto Mateo Diego Simón como Guadalupe Francisco Felipe eran señalados de pertenecer a una red criminal que se dedicaba al robo de ropa típica, animales y aparatos eléctricos. Por estas acusaciones Mateo Diego Simón había sido expulsado de su comunidad años atrás.
Por su parte, Candelaria Noemí Francisco Francisco, hija de doña Guadalupe Francisco, narró como esa mañana un turba de aproximadamente 500 personas ingresó por la fuerza a su casa acusando de ladrona y secuestradora a su madre y luego de amenazar con quemar la vivienda, doña Guadalupe decidió salir, momento en el que fue vapuleada y amarrada de las manos y conducida junto a Diego Mateo Simón (quien también iba amarrado) hacia el parque central de Barrillas. Fueron estrangulados en Poza Verde a eso de las 15:30 pm.

Candelaria Noemí Francisco Francisco se querelló en el caso de la muerte de su madre desde mediados de 2013. A partir de entonces ella testificó que de las 500 personas que se llevaron a su madre, identificó únicamente a dos personas: Saúl y Rogelio. Otros testigos de la parte acusadora son cuatro niños que se encontraban en esa casa y que presentaron declaración de anticipo de prueba en diciembre de 2013, teniendo en ese momento dos niños las edades de 6 años, otro de 10 y el ultimo de 11 años. Varios de los niños reconocieron a Saúl y Rogelio como los que se llevaron a Guadalupe Francisco, pero también reconocieron que antes de la audiencia les entregaron fotos de los sindicados y que recibieron recomendaciones de sus familiares. La defensa de Saúl y Rogelio argumentó que los niños tendrían 3 años, 7 y 8 respectivamente cuando sucedieron los hechos y por tal razón su memoria estaba sujeta a ser manipulada por los mayores. Asimismo dejaron sentado que existía una Actividad Procesal Defectuosa ya que para diciembre de 2013 el MP debió fijar su acto conclusivo. Últimamente han llegado a las afueras del Juzgado de Huehuetenango más de una decena de mujeres que dicen apoyar a Guadalupe. Al ser consultadas, con excepción de la familia de la parte acusadora, el resto de mujeres no conocieron a Guadalupe y muchas de ellas son oriundas de Chiantla. Miembros de la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) afirman que esto forma parte de una estrategia empresarial para acusar a Saúl y Rogelio de Femicidio. Opiniones psicológicas sobre los Linchamientos ¿Por qué los niños y la señora Candelaria solo recuerdan a dos personas entre 500, aun cuando estas personas no eran conocidas por la familia de la occisa? ¿Es posible individualizar personas en hecho tumultuoso? Respuesta compleja. Los linchamientos –como herencia de guerra- son actos de suma violencia que por ningún motivo deben quedar en la impunidad. Sin embargo, como señala el Dr. Psiquiatra Rodolfo Kepfer en una situación de linchamiento, respecto a la individualización de los instigadores “Podríamos pensar que puede haber injerencias en crear ánimos de persecución, climas de expectativa y alarma, como lo que se comentaba de las iglesias y la Policía advirtiendo sobre robo de niños en Sumpango. (…) Definitivamente, es un fenómeno grupal y operan, en general, inconscientemente. La característica es que no hay conciencia individual, el grupo está sin cabeza. (…) Lo que se necesita es un disparador. Bien sea porque el futuro linchado es un delincuente o porque así lo considera el grupo tras haberse propagado un rumor”. El mismo Kepfer fue propuesto como perito para el caso del preso político Ramiro Choc, detenido el 14 de febrero de 2008 acusado de dirigir una turba para despojar de sus armas a varios policías y de usurpar tierras de una supuesta dueña. En esa ocasión, Kepfer ratificó

que en un hecho tumultuoso es complicado individualizar penalmente a un instigador, situación por la cual Ramiro fue absuelto de ese delito, mas no así del de robo agravado y fue condenado a pasar 6 años en la cárcel. Lamentablemente como señaló recientemente el psicólogo Marcelo Colussi, lo que si queda claro es que estos hechos afectan mayoritariamente a las clases populares y forman parte de la militarización cultural de la población mayoritariamente indígena… “Quienes continúan poniendo los muertos siguen siendo los mismos que sufrieron lo peor de la represión en años pasados, y quienes históricamente han estado alejados de los beneficios de un desarrollo equitativo que hace de Guatemala un país de enormes contrastes”. En Barillas no se reporta ningún linchamiento entre 2004-2009. No obstante de 2010 a 2013 se reportaron 11 linchamientos. Todos ocurridos por acusaciones intra-comunitarias y por robos que no son millonarios o que atentan a las familias pudientes de Barillas. Siguiendo a Colussi… “Nunca se lincha a un funcionario que roba parte del presupuesto, por ejemplo, o un personaje ligado al gran crimen organizado, todos los cuales no vienen de esos sectores marginados y empobrecidos. Y jamás –¡esto es impensable!– se lincharía a un empresario o a un patrón de finca, por más explotadores que sean”. En un linchamiento florecen las frustraciones de cada sujeto que ha sufrido la violencia común y estructural del estado guatemalteco y que no ha logrado obtener justicia. La persona linchada personifica todos los males y el tumulto se convierte en un tribunal de fuero especial. La mayoría de lugares con mayor índice de linchamientos son los lugares donde mayores masacres perpetró el Ejército de Guatemala. Por donde se le vea, un linchamiento es un acto que le reclama al Estado su ausencia o su parcialidad para determinados actores con poder. __________________________________ [1] Las 9 capturas en menos de 24 horas evidenciaron que había listas negras con los nombres de liderazgos comunitarios que se resisten a la explotación minera e hidroeléctrica sobre la cuenca del rio q’an balam. Fueron detenidos por civiles armados que no llevaban orden de juez para realizar allanamientos, ni órdenes de captura para consignar a los comunitarios. En otros casos, fueron familias pro-hidroeléctrica quienes efectuaron las detenciones y fueron llevados a la policía y ejército que se encontraba acantonada en Barillas. Los argumentos de Gobernación se resumían a que el presidente en Consejo de Ministros había impuesto un Estado de Sitio desde el 1 de mayo que les facultaba a realizar este tipo de capturas, sin embargo el decreto fue ratificado por el Congreso de la Republica hasta el 08 de mayo de 2012.

“Se está criminalizando a defensores de derechos humanos por tener una posición contraria a una empresa transnacional”
Carlos Bezares, 15 de enero de 2014
Carlos Bezares, abogado defensor, evalúa los vicios del proceso contra Rogelio y Saúl, líderes de Santa Cruz Barillas.
Este es el resumen de todos los defectos que contiene la acusación:
La acusación no precisa qué habían hecho los acusados exactamente (el contexto era una acción donde participaron cientos de personas).
La acusación se presentó fuera de tiempo. Sin embargo, el juez dijo que no se vio limitado el derecho de defensa.

En el expediente consta que los hermanos movieron a la persona de la escena del crimen, cuando aún está viva, eso impide saber cómo murió y quién la mató.
Los hermanos la entierran, y esto es ilegal también y comisión de delito, que el juez no quiso ver.
En el expediente es imposible establecer cuando murió la señora, por todo lo acontecido.
Se presentan fotografías de los acusados que corresponden a otro hecho investigado (el del primero de mayo).
Se realiza una prueba anticipada con menores familiares. Sospechamos que se les pusieron fotos delante para orientar su opinión.
En el expediente constan entrevistas de autoridades donde dicen que los acusados no estaban en el lugar de los hechos (Juez de Paz de Barrillas). Pero se da validez al testimonio de una persona enfrentada con los acusados (familia Reyes) por su oposición a Hidro Santa Cruz.
Todas estas contradicciones había que resolverlas dentro de la investigación, sin llevarlas a juicio, por lo que pedíamos sobreseimiento o clausura. Pero el juez tergiversó toda la información.
Mi evaluación es que el Juez, junto con el Ministerio Público, está jugando un papel de persecución de defensores de derechos humanos, en un caso que empezó mal y después de tres meses de investigación termina peor.
Empezó mal porque se habían dictado órdenes de aprehensión en base a medios de investigación que no eran suficientes para la captura. Y posteriormente termina con una acusación de lo más débil. Pero el Juez abre a juicio igualmente, por asesinato y femicidio (dos muertos, un hombre y una mujer).
Durante los meses que duró la primera investigación, recusamos a la primera fiscalía. La Fiscalía General había reconocido que era un proceso tergiversado, por lo que cambiamos Fiscalía. Sin embargo, el resultado ha sido una apertura a juicio que consideramos ilegal.
Es un caso que ha ido tergiversándose de poco a mucho: fotografías, prueba anticipada y otros.
El movimiento social tiene que solidarizarse en apoyo a estas personas, tanto en Huehuetenango como en la capital. Se está criminalizando a defensores de derechos humanos por tener una posición contraria a una empresa transnacional.

Carmelia y la dignidad.
Por la libertad de los presos políticos de Barillas
Andrés Cabanas, 15 de enero de 2014
Carmelia Mérida ha desandado muchas veces este camino: desde Santa Cruz Barillas al presidio; del juzgado hacia Barillas. De la esperanza incierta a la espera tenaz. De la alegría aplazada a la lucha necesaria. Carmelia es la esposa de Rogelio Velásquez, preso político por la resistencia a la transnacional Hidro Santa Cruz. Carmelia resiente que su esposo no está con sus hijos, en su casa, en su comunidad. Ella, recuerda Alba Cecilia Mérida, también es presa política.

Rogelio es detenido de forma ilegal e injusta el 2 de mayo de 2012, en el marco del Estado de Sitio. Pasa ocho meses en prisión (hasta el 9 de enero de 2013) y lo recapturan, junto con Saúl Méndez, el martes 27 de agosto de 2013, cuando asiste a Torre de Tribunales a la clausura del primer proceso. El Ministerio Público lo acusa de hechos ocurridos en 2010 (linchamiento tumultuario, con saldo de un hombre y una mujer asesinados) en momentos en que testigos y su esposa lo ubican en otra comunidad.
Rogelio defiende su inocencia. Rogelio no se resigna: sabe que detrás de las acusaciones se encuentra el conflicto con Hidro Santa Cruz. Rogelio pregunta a Carlos Bezares y obtiene la respuesta: “Se está criminalizando a defensores de derechos humanos por tener una posición contraria a una empresa transnacional”.
Carlos Bezares, abogado, defiende a Rogelio y otros presos desde 2012, y ha establecido la ilegalidad de procesos viciados y amañados, reconocidos así por Naciones Unidas:
"Durante el estado de sitio se realizaron nueve detenciones arbitrarias y/o ilegales sin orden judicial, perpetradas por parte de particulares que manifestaron ser víctimas de los acontecimientos del día anterior. Los detenidos fueron acusados de haber participado en los disturbios. No pudieron presentar sus primeras declaraciones ante un juez competente hasta dos semanas después de su detención".
Carmela denuncia. Carmelia resiste. Carmelia cuida ocho niños. Carmelia explica que antes de la llegada de Hidro Santa Cruz no sucedían estos conflictos.
“En nuestro caso no sabíamos lo que era una manifestación, pero por causa de la empresa es cuando empezó el pueblo a unirse y a manifestar. Desde el principio hemos hecho responsable a la empresa de que toda esta problemática esté entre nosotros".
Carlos Bezares dice a Carmelia: el proceso abierto contra Saúl y Rogelio parte de "una investigación tergiversada y se apoya en la actuación parcial del Juez y el Ministerio Público, que están jugando un papel de persecución de defensores de derechos humanos”.
En Santa Cruz Barillas la verdad jurídica, la verdad política y la lógica de los hechos se distancian sin matices. La intención es debilitar la resistencia frente a transnacionales impositivas. La amenaza permanente de encarcelamiento compromete la oposición hoy y después.
La verdad de Carmelia es que “En mayo del año pasado mi esposo y otros fueron capturados ilegalmente, les hicieron fotos y esas fotos las están aprovechando ahora. Se aprovechan de esa primera captura, se dieron cuenta que estuvieron presos y hacen una nueva acusación. Es ilógico que ahora estén acusándolos de algo que sucedió en 2010, y en el caso de mi esposo hay testigos de que él no estaba en la comunidad donde pasó el asesinato ese día”.
La justicia oficial elude la igualdad y la imparcialidad. La justicia de Carmelia se resume en lucha, tenacidad, confianza, lealtad, dignidad. Carmelia lleva dos años resistiendo presiones y amenazas, como la del exmilitar Juan Garrido, responsable de Hidro Santa Cruz en

Barillas, en 2012: Si aceptan a la empresa, sus esposos salen en libertad de inmediato, dijo Garrido a Carmelia.
Carmelia ha desandado muchas veces este camino: desde Barillas al juzgado y al presidio; de regreso a Barillas. Carmelia no está sola. Muchos la piensan y acompañan en la distancia.
Zenaida Méndez López camina con Carmelia. Zenaida es la esposa de Saúl, detenido ilegalmente el 2 de mayo de 2012 y el 27 de agosto de 2013. El 18 de diciembre Zenaida esperaba regresar a Barillas con Saúl. Por el contrario, un Juez ordena juicio contra él y Rogelio por asesinato y femicidio.
Zenaida cuida cuatro niños, de 16, 11, 8 y 6 años.
Zenaida ha desandado muchas veces este camino.

¿Averiguación de la Verdad? Alba Cecilia Mérida, 25 de febrero de 2014 El 10 de febrero, en la Sala de Audiencias de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Huehuetenango, se llevó audiencia para el ofrecimiento de medios de prueba en el caso que se sigue en contra de Rogelio Antonio Velásquez y Saúl Aurelio Méndez, encarcelados por segunda vez, desde agosto de 2013, hasta la fecha, de forma injusta. Ellos son hombres íntegros que en su momento, como muchos otros, defendieron los bienes naturales de Santa Cruz Barillas, ante la acometida de Hidro Santa Cruz. Los argumentos de la abogada que actúa en representación de la querellante adhesiva, por los hechos que se les imputan a Rogelio y Saúl, tienen ecos de otras voces que agazapadas a la sombra de lo que ella llama “la conflictividad que se vive en el municipio” estiran sus tentáculos en torno a la problemática impuesta por los empresarios españoles, en su necedad de construir el proyecto Hidroeléctrico Cambalan I y II. Aunque en apariencia Rogelio y Saúl están sentados en el banquillo de los acusados por otros delitos, todos

sabemos que en el fondo se encuentra la criminalización de la lucha del pueblo barillense y el poder de muerte de Hidro Santa Cruz. Durante las casi dos horas de audiencia un concepto fue usado indistintamente por el Fiscal del Ministerio Público, el Juez, la abogada de la parte acusadora; los abogados defensores. Todos se refirieron a la “Averiguación de la Verdad” aludiendo a la búsqueda de argumentos y pruebas para esclarecer el camino hasta llegar a la verdad. Mientras tanto miraba a Rogelio y Saúl, ambos tensos, con sus manos empuñadas y además esposadas, pensando, seguramente, ellos en su propia verdad. Yo me quedó con la de Saúl y Rogelio, que es la nuestra, la de miles de hombres y mujeres, no solo en Guatemala, sino alrededor de Nuestra América que sabemos y conocemos la historia de despojo, discriminación, racismo, exclusión y dolor que ha marcado a las comunidades, de municipios como Barillas. Ahora profundizada, en todos los territorios, por la presencia de los proyectos extractivos, protegidos impunemente por el gobierno de turno. Muchos son los detalles de la audiencia, pero me detendré en uno. La pretensión de la parte acusadora de incluir a testigos identificados como X1, X2, X3, solicitando al Juez mantener confidencialmente su identidad, usando medios audiovisuales para dar su testimonio y garantizando que no se viera su rostro. Casi me imaginé los Tribunales de Fuero Especial. El Juez actuó ecuánimemente, si es que este término se puede usar para el caso. No admitió a estos testigos porque dijo “se alteraría el debido proceso”. Eso nos dio un pequeño respiro a todos. Se fijó para el 4 de marzo de este año el inicio del debate oral. Este será otro momento y ahí estaremos presentes apoyando a estos hombres que hoy se encuentran privados de su libertad, enfermos y preguntando si las cosas se van a resolver pronto. Pero también estaremos por sus familias y sus esposas quienes valiente y dignamente están en sus comunidades, sosteniendo a sus hijas e hijos y continúan luchando para que nada les falte y dándole soporte afectivo a sus esposos. Estaremos ahí porque de alguna manera todos somos presos y presas políticas de este país. Estaremos ahí porque es una manera de defender la Vida, los bienes naturales, los territorios y esta gran Casa que todos habitamos y que no es propiedad de nadie, menos de las empresas transnacionales. Seguiremos diciendo aquí estamos presentes, vigilando que los caminos para la averiguación de la verdad no sean retorcidos por nadie y sobre todo estaremos presentes porque “Nuestra Dignidad no tiene Precio”. Saúl y Rogelio de Santa Cruz Barillas, dos inocentes que permanecen injustamente presos por defender su territorio pacíficamente. (Foto: Cecilia Mérida)

Presos políticos Andrea Isabel Ixchiu, 25 de agosto de 2014 La cárcel se convierte en casa para aquellos que se atreven a ser ciudadanos y reclaman sus derechos. La libertad del mercado, en este país, implica prisión para quien reclame otro tipo de desarrollo.

Saúl Méndez y Rogelio Velásquez llevan un año en prisión, porque se opusieron a la implementación del proyecto hidroeléctrico Hidro Santa Cruz, en su pueblo, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Están presos porque prefirieron defender su territorio y bienes naturales ante la agresión de la empresa Ecoener-Hidralia Energy. Pero a pesar de todo, ahí están aleteando, más vivos que nunca. Ese par de hombres aislados, sometidos todos los días al tratamiento de la destrucción, esperan salir. Sin el corazón apagado son capaces de decir: “Seguimos con el compromiso con el municipio de Barillas, con la gente; estamos en la cárcel por defender lo que es de las comunidades y por eso sabemos que la gente responderá por nosotros”. Están preocupados por sus hijos, sus esposas, la siembra, la comida. La cárcel les ha enseñado, muy duramente, a encontrar la esperanza en la barriga de la desgracia. Sienten el cansancio provocado por el encierro. Sin embargo, Rogelio está aprendiendo a leer y escribir y Saúl realiza actividades manuales. Al final de cuentas, los habitantes de este país somos rehenes de la libertad; aquí no hay más derecho que el de respirar y obedecer. Está claro que para este gobierno tener paz, es tener un cementerio en orden. Ante ello Saúl y Rogelio contestan con la dignidad de un preso político, la que no tiene prisión que la encierre, aduana que la pare, ni bala que la mate.

Libertad para Saúl y Rogelio (visión comunitaria del rescate de la justicia)
Andrés Cabanas, 15 de octubre
Las presiones y amenazas hacia jueces, la falta de idoneidad y capacidad de operadores de justicia, las negociaciones secretas entre abogados, gobernantes y partidos políticos (la justicia concebida como botín político, presente en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia), son apenas la punta del iceberg del problema mayor: el sistema de justicia como operador de intereses particulares/empresariales, favorecedor de la persecución a dirigentes y organizaciones sociales, legitimador de la reducción de derechos colectivos a favor de los derechos de las empresas.

Abundan procesos en los que jueces, fiscales, abogados y/o magistrados actúan a favor de las empresas, en contra de dirigentes, comunidades y organizaciones en resistencia a la implantación de proyectos. Claudia Samayoa, de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, UDEFEGUA, explica que desde el año 2012 se contabilizan “cientos de procesos de denuncia judicial y detenciones ilegales: unos 200 defensores de derechos humanos desde 2012”. Poco importa la endeblez de las acusaciones y que los dirigentes sean liberados meses después por falta de mérito: el daño ya está hecho, tanto a las personas particulares como a la cohesión, organización y resistencia comunitarias.
Este es un aspecto medular: un sistema de justicia que agrede, en vez de garantizar libertades y derechos. Solamente en el caso de Santa Cruz Barillas, en conflicto con una transnacional española, contabilizamos estos procesos anómalos, y las consecuencias adversas de los mismos:
Personas
En prisión sin sentencia
Marcos Mateo Miguel.
Desde 2 de mayo hasta 20 de septiembre de 2012.
Diego Juan Sebastián, Ventura Juan, Amado Pedro Miguel, Pedro Núñez, Joel Gaspar Mateo, Andrés León Andrés.
Desde 2 de mayo de 2012 hasta 9 de enero de 2013.
Esteban Bernabé, Pascual de Pascual.
Desde 2 de mayo de 2012 hasta 15 de noviembre de 2012.
Mynor López.
Desde 28 de septiembre de 2013 a la actualidad.
Rubén Herrera.
Desde 15 de marzo de 2012 hasta 5 de junio de 2013.
Rogelio Velásquez y Saúl Méndez (primera captura).
Desde 2 de mayo de 2012 a 9 de enero de 2013.
Rogelio Velásquez y Saúl Méndez (segunda captura).
Desde 27 de agosto de 2013 a la actualidad.
Elaboración del autor
La segunda captura de Saúl y Rogelio
La persecución a Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, ejemplifica el operar poco riguroso y parcial de los operadores de justicia. La primera captura de ambos se produce el 2 de mayo de 2012 y se prolonga hasta el 9 de enero de 2013. Son liberados después de una intensa campaña de solidaridad, acciones jurídicas y denuncias a nivel internacional, que reconocen el carácter ilegítimo e ilegal de las detenciones (Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas; Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas).

A partir del 27 de agosto de 2013 son acusados en un segundo proceso (linchamiento tumultuario en 2010 en una comunidad de Barillas). En diciembre de 2013 se abre juicio, a pesar de las irregularidades de la acusación, documentadas por el abogado defensor Carlos Bezares:
La acusación no precisa qué habían hechos los acusados exactamente (el contexto era una acción donde participaron cientos de personas).
En el expediente constan entrevistas de autoridades donde dicen que los acusados no estaban en el lugar de los hechos (Juez de Paz de Barillas). Pero se da validez al testimonio de una persona enfrentada con los acusados (familia Reyes) por su oposición a Hidro Santa Cruz.
La acusación se presenta fuera de tiempo. Sin embargo, el Juez dice que no se ve limitado el derecho de defensa.
Se presentan fotografías de los acusados que corresponden a otro hecho investigado (el del primero de mayo de 2012).
Se realiza una prueba anticipada con menores familiares. Sospechamos que les pusieron fotos delante para orientar su opinión.
Se dictan órdenes de aprehensión (agosto 2013) con base en medios de investigación que no son suficientes para la captura. Y se termina con una acusación de lo más débil. Pero el Juez abre juicio.
La Fiscalía General (durante la gestión de Claudia Paz y Paz, a partir de la revisión del expediente realizada por Mynor Melgar en septiembre de 2013) aceptó que el expediente estaba tergiversado. Recusamos a la Fiscalía, pero esta nueva fiscalía realiza una prueba anticipada con menores familiares de las víctimas.
Es evidente la implicación directa de la empresa, que meses antes de la captura, prepara condiciones. Uno de los capturados, Saúl Méndez, denuncia a periodistas desde 2012 que intermediarios de la empresa lo amenazaron con abrirle un nuevo proceso si no renunciaba a la resistencia comunitaria. La amenaza se materializa un año después.
El fondo del proceso es la persecución a defensores de derechos humanos por tener una posición contraria a una empresa transnacional.
A consecuencia de esta utilización condicionada del sistema de justicia, Saúl y Rogelio acumulan, cada uno, 675 días en prisión.
El desbalance de la Justicia

Las comunidades perciben el sistema de justicia como factor de persecución, notablemente desbalanceado y distorsionada su imagen original. Llega acompañado de militarización, intimidación y restricción del ejercicio de los derechos civiles y políticos, fracturas sociales, desgaste personal y familiar.
La persecución política y judicial busca debilitar la organización y cohesión social. Afecta a las familias, que ven dificultada su sobrevivencia, y se convierte en instrumento de chantaje de las empresas y todo tipo de intereses particulares.
Es tiempo, sí, del Rescate del Sistema de Justicia, que incluya pero vaya más allá del procedimiento de elección de autoridades. Urge reinterpretar y ampliar el régimen de derechos; garantizar los espacios de decisión de las comunidades; blindar los derechos de participación, organización, movilización y resistencia; denunciar la primacía de la lex mercatoria (Juan Hernández Zubizarreta) sobre los derechos humanos (pactados) y los derechos de la naturaleza (en construcción).
El poder económico, el poder político, el poder de operadores de justicia sobre la vida de las personas trastoca la democracia, la organización, la dignidad y nuestro sentido de vida.
Saúl y Rogelio, los presos y perseguidos políticos, todas y todos merecemos y necesitamos otro sistema de justicia. Necesitamos y merecemos una nueva organización económica y política, de raíz democrática, social y comunitaria, que garantice todos los derechos.

Los prisioneros políticos de Hidro Santa Cruz Iduvina Hernández, 19 de noviembre de 2014· En Guatemala, si no fuera porque en la realidad atropella a familias y comunidades enteras, el absurdo en la justicia podría ser ficción. En la misma semana dos hechos que lo evidencian. Un diputado del partido en el gobierno, pese a la evidencia –o sea mucho más que indicios–, queda exento de persecución por tráfico de influencias, precisamente, en el proceso para designar magistraturas. En cambio, dos líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, cuya inocencia está probada, fueron condenados a más de 30 años de prisión. Ese y no otro, es el esquema que quieren conformar quienes buscan la perversión de los procedimientos. Esa práctica de impunidad para los criminales y sinvergüenzas y de persecución implacable contra quienes desafían al sistema, es lo que les acomoda como ejercicio. Derechos, libertades y garantías son términos y conceptos que les resultan ajenos y hasta molestos. Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velásquez son dos dirigentes comunitarios que han dado la cara para expresar la oposición de su pueblo al proyecto de Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A, de capital español. Dicha empresa, con el pretexto de construir un proyecto energético, ha impulsado prácticas de destrucción del tejido social y de persecución contra las expresiones de rechazo a la explotación irracional de recursos. Un fenómeno cada vez

más común en el manto del territorio nacional, merced a las complacientes concesiones gubernamentales que irrespetan la voluntad comunitaria. Saúl y Rogelio, han sido unas de las voces, como la del inquebrantable Rubén Herrera, que han ejercido su legítimo y constitucional derecho a la defensa de la vida y del territorio. Por eso han sido criminalizados. No olvidemos que Rubén, también perseguido por la misma empresa y con el apoyo inicial de jueces venales, estuvo privado de libertad por varios meses. Hoy, Saúl y Rogelio, quienes también han guardado prisión en dos ocasiones, reciben el mazo de la arbitrariedad sobre sus vidas dignas y ejemplares. El juez de Sana Eulalia inicia la persecución en contra de ambos. La primera detención se produce de manera ilegal y arbitraria, en el marco de los sucesos que dieron lugar a la imposición del Estado de Excepción en el 2012. Fueron trasladados por miembros del ejército, sin presentarlos ante el juez competente en el tiempo procesal requerido y fuera del área de vigencia del estado de excepción. Posteriormente, cuando se presentaron a torre de tribunales para la continuación de las diligencias en el marco del viciado proceso en cuestión, fueron capturados en el marco de un inmenso operativo policial. Esta vez, sindicados de la muerte de dos personas linchadas en 2010. En esa oportunidad, dichas personas estaban en poder de las autoridades, quienes las capturaron por ser presuntos responsables de robo. Una turba de más de 500 gentes – según el reporte policial que justificó la entrega de los detenidos–, les agredió hasta darles muerte. La sentencia condenatoria no individualiza las responsabilidades. Es decir, no cumple con los requerimientos legales, por cuanto no se probó, bajo ninguna circunstancia, que Saúl y Rogelio estuvieron en el lugar de los hechos y, menos aún, que participaron de los mismos. Pese a esta circunstancia, la sentencia condenatoria se emitió en Huehuetenango, para complacencia de Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A. Como bien señala en su comunicado la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), “El Sistema de Justicia muestra su participación en la persecución política a defensores y defensoras de derechos humanos”. Las señales son inequívocas. El esfuerzo y la campaña millonaria por controlar al organismo judicial tiene como fin procurar impunidad para los corruptos, ladrones y violadores de derechos humanos y utilizar el derecho penal para acallar las voces de resistencia y de lucha por una vida digna. Saúl y Rogelio, sus familias y comunidades han sido agraviados por el sistema. Ellas y ellos, necesitan de nuestro acompañamiento y solidaridad en desagravio, pero también en protección de nuestras vidas y las de nuestra progenie.

Cuando el dinero habla la justicia calla: Visita a Saúl y Rogelio
Gustavo Illescas, 25 de noviembre de 2014
En la estación PNC de Huehuetenango queda la cárcel preventiva de hombres. El domingo es día de visita y como siempre la cola de mujeres supera por mucho a la de hombres. Al pasar la segunda reja, cientos de presos estiran el cuello esperando ubicar alguna cara familiar. Un interno grita “!!Saúl y Rogelio!! Tienen visita…” Entre el atasco se abren paso y se juntan en el patio a convivir dos horas y media con familiares, amistades y delegados de organizaciones. Saúl y Rogelio no duermen en el mismo sector pero se ven durante las visitas y cuando el oficial de turno se acomete para que los internos reciban media hora de sol. En noviembre cumplieron 15 meses de aislamiento carcelario. La presión económica de la prisión Sentados en círculo, Rogelio exprimiendo los puños en los ojos, cuenta: “Cuando el dinero habla la justicia calla (…) es una injusticia la que hicieron ellos, aquí es la libertad la que está en juego, pero lastimosamente la empresa llegó a

intimidar, dividirnos, a comprar voluntades. Gracias a Dios no dimos nuestro brazo a torcer y por eso nos jodieron, nos aislaron, nos sacaron de nuestro territorio.” El viernes pasado fue la lectura de sentencia integra en la que Saúl y Rogelio fueron condenados a 33 años y cuatro meses de prisión, acusados de complicidad por el asesinato de Mateo Diego Simón y Guadalupe Francisco, ocurrido durante un linchamiento en el que participaron cerca de 500 personas que les retuvieron por pertenecer a una banda que se dedicaba al robo de viviendas. La querellante en el caso, Candelaria Noemy Francisco (hija de Guadalupe), pidió en la audiencia de reparación digna la suma de Q 93 mil, pero no logró justificar tal monto. A criterio de la parte juzgadora, Saúl y Rogelio deberán cancelar Q 15 mil cada uno. Eso se suma a la preocupación económica que tienen las familias de los presos políticos, ya que arrastran deudas desde el caso anterior, cuando el 02 de mayo de 2012 fueron detenidos ilegalmente y permanecieron 8 meses en el preventivo de la zona 18. Tan solo el pasaje ida y vuelta de Barillas a la ciudad de Guatemala ronda los Q 260.00 por persona. A ello hay que sumarle los 15 meses de prisión preventiva que llevan en Huehuetenango desde agosto 2013. Evidentemente, Saúl y Rogelio no han podido trabajar durante todo este tiempo, por lo que el sustento familiar recae sobre sus esposas. A partir de una red de mujeres solidarias con las esposas de los presos, Carmelia y Zenaida han logrado subsanar algunos gastos. Los gastos del equipo de abogados de la defensa han sido cubierto por una organización con sede en Huehuetenango. Hace algunos meses se conformó en Barillas una Comisión de Presos Políticos que desde entonces asistieron a las audiencias en Huehuetenango, alquilando a veces dos busitos que cobran entre Q 1000.00 y Q 2000.00. La Comisión impulsada por Carmelia y Zenaida recaudan fondos entre las comunidades cercanas para costear los traslados de las personas. En la visita de este domingo se logró recaudar el pasaje para dos compañeros de la Comisión de la comunidad de Santa Rosa, de donde fueron arrancados Saúl y Rogelio. Caminaron como 45 minutos para llegar al bus de Barillas que salió a las 10:30 pm del sabádo y llegaron al centro de Huehuetenango a las 5:30 am. Uno de ellos, el más grande, les comparte: “Nosotros deseamos apoyarles en nuestras comunidades, pero a través de lo legal y lo económico no podemos. Por la distancia no siempre podemos venir pero estamos con ustedes, están presentes todos los domingos en las iglesias de nuestras comunidades, oramos por ustedes y pedimos fuerza”. Saúl, que se encuentra desde hace meses con una infección en el estómago, responde:

“Desde el fondo de mi corazón agradezco a quienes están al tanto, yo fui directivo de mi comunidad y sé que es difícil y que la gente tiene miedo por todo lo que hemos pasado desde que llegó la empresa”. Provocaciones como señuelo Rogelio cuenta que: “Santa Rosa es una de las primeras comunidades que inició la resistencia en 2006 y a Dios gracias ahora es todo Barillas y otros pueblos indígenas del norte de Huehuetenango los que están en defensa de los recursos naturales”. El 23 de junio de 2007 se realizó la Consulta Comunitaria en Barillas donde 46,490 q’anjob’ales y mestizos dijeron no a la minería y los megaproyectos en su territorio. En 2008 el PP ganó la alcaldía de Barillas y las empresas encontraron cobijo a sus intereses. Por tal motivo, Rubén Herrera argumentaba en 2012 que las comunidades “Toman nuevamente la decisión de levantar y presentar ante las autoridades mu nicipales actas comunitarias en defensa de sus recursos. Pero la empresa española Hidralia insiste en su proyecto y se convierte en Hidro Santa Cruz en 2009; contrata personal local ladino, traductores; continúan las amenazas, la compra de tierra y líderes provocando, división comunitaria”.[1] La compra de liderazgos y la infiltración de grupos que aprovechan las protestas o movilizaciones para realizar acciones punibles, desencadenó desde el 2009 una serie de órdenes de captura, entre ellas la de Rubén Herrera, quien debido a la persecución política se tuvo que ir de Barillas. En la campaña electoral 2011 fueron utilizados carros de la empresa Hidro Santa Cruz para los mítines del candidato del PP. Pese a que ganó la UNE en Barillas, con la entrada del gobierno central de Pérez Molina, se agudizaron las provocaciones, al punto que fue decretado un Estado de Sitio en el municipio cuando apenas llevaba 4 meses de gestión. El último incidente de provocación ocurrió el viernes pasado, el 21 de noviembre. Mientras en Huehuetenango el Tribunal daba lectura de sentencia integra contra Saúl y Rogelio, en Barillas un guardia de seguridad de la hidroeléctrica San Luis estaba tomándole fotos al camión de un integrante del movimiento de resistencia. Cuando la gente se dio cuenta se acercaron y el guardia sacó una pistola. En pocos minutos el número de personas aumentó y le cuestionaban su actitud. Compañeros del guardia se acercaron y empezaron a lanzar golpes, pero también fueron detenidos por la población y llevados ante el juez de paz de Santa Eulalia. La gente vincula a dicho grupo desestabilizador con Mateo Esteban, líder de un grupo de Cocodes que están a favor de Hidro Santa Cruz y San Luis. Mateo Esteban fue candidato a la alcaldía de Barillas en 2011 por el partido Viva y ahora forma parte de las células del PP.

El aliento y los aprendizajes Rogelio Velásquez Previo a concluir la visita, Rogelio se retira un instante. Cuando regresa cuenta que tiene un libro de enseñanza de “Victoria” y está aprendiendo a leer y escribir. Muestra un cuaderno de planas hecho con dedicado esfuerzo, pero argumenta que le lloran los ojos cuando sale de su oscura celda y le duele la vista cuando lee. El doctor le dijo que es probable que su exposición a los vapores del proceso productivo de la Panela le dañó los ojos cuando era joven. En la década de los ochenta y noventa fue el auge de la producción artesanal de panela, sobre todo por la caña de azúcar que abundaba en el lado caliente de Barillas, el que colinda con el Ixcán. Sebastián, un joven de la comunidad de Santa Rosa, alienta a los presos: “Rogelio, estás aprendiendo a escribir y tu letra poco a poco se ve más clara, lo mismo es el caso de ustedes (Saúl y Rogelio), al principio no se entiende pero poco a poco se aclara con el apoyo de todas y todos, un tanto de las familias, un tanto de dinero, un tanto las organizaciones, pero sobre todo un tanto de paciencia y perseverancia por parte de ustedes que están presos”. A las 11:00 am suena la alarma y de inmediato los presos se despiden de sus seres queridos e ingresan a sus sectores para ser revisados por el responsable. A partir del lunes 24 de noviembre de 2014 empezaron a correr los 10 días hábiles para que la defensa de Saúl y Rogelio presenten una Apelación Especial ante la Corte de Apelaciones. Según los abogados existen suficientes vicios de forma y fondo como para demostrar que se vulneró el debido proceso, la inconsistencia de la plataforma probatoria y por el tipo de sentencia dictada. “Nosotros sabemos que esto es político, pero no estamos muertos, esto sigue porque mientras haya vida habrá esperanza; solo que acá (en la cárcel) no podemos hacer nada, por eso agradecemos al movimiento que nos apoya desde afuera”. Rogelio Velásquez. La represión judicial que el estado ejerce mediante la prisión política es un fenómeno creciente en Guatemala desde el 2007, particularmente contra las resistencias indígenas en defensa del territorio. La persecución política, el desarraigo, el hacinamiento carcelario, la desesperación, las deudas familiares, el estigma mediático y local, son algunas de sus aristas. Un elemento central de la prisión política es el castigo que se ejerce contra la población, ya que infunde miedo y pretende desmovilizar la indignación colectiva: “no te metas con nosotros porque podes parar como aquellos”.

Carmelia Mérida: la solidaridad es el camino Carmelia Mérida, en el libro “Las voces del río”, Udefegua/Prensa Comunitaria
Con el apoyo de todas las organizaciones y de toda la gente, nosotros empezamos a saber y a ver la realidad que ellos están presos, porque nunca en nuestra vida, en nuestra comunidad, nunca a nadie se ha encarcelado por nada, porque nunca han hecho delitos. No nos conocíamos hasta que el licenciado nos llamó al Ministerio Público de Santa Eulalia.

Allí nos reunimos la primera vez, nos empezamos a conocer, estaban por un lado y otras por otro, no sabíamos qué era lo que nos iban a decir, hasta que el licenciado empezó a llamar por sus nombres a ellos, entonces así nos fuimos conociendo. Gracias a Dios todas nos pusimos de acuerdo, nos unimos porque once eran las que estaban hasta allá. Nos fuimos apoyando unas con otras, nos dimos nuestro teléfono y así nos empezamos a comunicar.
Las organizaciones que siempre nos apoyan y aquí también se une la gente para juntar víveres o casas, hasta la alimentación de nuestros hijos.
Señores que no nos conocían nos llaman y nos dicen que nos van a dejar tal cosa o nos piden una lista con el nombre de todas las señoras afectadas. Si me llamaban a mí, yo entregaba la lista de las once, si llamaban a una de aquí del centro o de Recreo también le daban la lista de las once, para que así llegara ayuda a todas, así nos apoyamos.
Con el apoyo de la gente, de los compañeros y de las organizaciones que nos apoyan, nos podemos trasladar.
En la comunidad pedimos varias veces, obligando a las autoridades de la comunidad, para que pidieran.
En la comunidad los primeritos días que se los llevaron a ellos, juntaron víveres y dinero. Fue un apoyo que nos dieron, como unos dos o tres veces nos estuvieron ayudando. Como participamos en la Iglesia Católica, ahí se unieron y siempre recibimos comida. Hicieron una organización en donde cada mes nos juntaban una ayuda, no era mucho, pero sí nos daban una ayuda. Nos la iban a dejar allá a la misma comunidad, del pueblo llegaron varias veces a dejar y las organizaciones que siempre nos trajeron de los otros pueblos, así la pasamos y nosotros con nuestra lucha también.
Cuando mirábamos que ya teníamos poco, entonces nos poníamos a pensar, nos preocupábamos, a saber que íbamos a hacer, luego le decía a mis niños: “A lo mejor, que ya no va a haber quién nos va a ayudar y nosotros todavía con tanta dependencia, que no sabemos cuándo van a salir ellos”.
Gracias a Dios no dejamos a nuestros hijos sin comida, ni la gente no los dejó sin comer, siempre los estuvieron ayudando. Yo muchas veces no comía, los primeros días lo que me interesaba eran mis niños.

El futuro de Saúl y Rogelio es estar libres Alba Cecilia Mérida, diciembre 2014 en adelante
Cada vez son más/somos más las mujeres agredidas por el Estado de Guatemala que criminaliza y asesina a quienes defienden los Territorios de la invasión de las empresas extractivas. Durante estos años de lucha en defensa del territorio hemos aprendido, hemos sufrido, pero también conocemos que nos ilumina, aún en los momentos más dolorosos.

Y eso es el amor y la solidaridad de quienes nos acompañan.
En muchos lugares de Guatemala, Santa Cruz Barillas uno de ellos, hay mujeres que luchan diariamente, junto a sus hijas e hijos y las personas que conocemos, contra el dolor que provoca el que un ser querido esté en la cárcel. La lucha de Carmelia, Zenayda y otras compañeras es nuestra lucha porque se trata de demandar la liberación de los PRESOS POLITICOS, que para nosotras son nuestros compañeros de Vida, el padre de nuestros hijos. Por ello demandamos la liberación de Rogelio Velásquez y Saúl Méndez, que están presos injustamente.

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