Predominio del derecho mercantil sobre los derechos humanos.

1. Cuando los derechos se reducen a indicadores
Andrés Cabanas
No hay tregua en la ocupación de territorios y explotación de recursos por parte
de las empresas y sus aliados, nacionales e internacionales, gubernamentales y
privados.
No hay marcha atrás en el modelo acumulativo extractivista. A un proyecto sigue
otro, en cualquier espacio y ámbito imaginable. A las viejas y conocidas
amenazas se suman nuevas, igualmente dañinas en términos de destrucción
ambiental, disociación comunitaria, ejercicio de violencia y por tanto, en
términos de retroceso en la convivencia democrática y social.
Expansión ilimitada
Un modelo económico depredador y de búsqueda ilimitada de beneficios afecta a
la totalidad del país y sus habitantes. Ningún sector está excluido: proyectos
auspiciados por el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración
Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, en energías renovables,
electricidad, alimentación, infraestructura, comunicaciones, medicinas, servicios…
cualquiera que podamos imaginar.
La lógica de megaproyectos, con alto impacto ambiental y social, se multiplica:
El gasoducto binacional México Guatemala (pendiente de ratificación
presidencial) se extiende a lo largo de 500 kilómetros y al menos 6
departamentos del país, si se traza una línea recta desde Oaxaca en México
(punto de partida) hasta Escuintla (punto de llegada en Guatemala) que
atraviesa Chiapas, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y
Suchitepéquez.
La hidroeléctrica Xalalá (Ixcán, Uspantán y Cobán, con capacidad instalada de
aproximadamente 181 MW), desplazarará a miles de personas. Si en 1978 la
construcción de Chixoy, 300 MW, se hizo a costa de masacre y desplazamiento
forzado, hoy se habla sin rubor y sin memoria histórica de proyectos similares o
de mayor envergadura, cuyas consecuencias negativas crecerán.
Memorial de Guatemala
Análisis crítico de la realidad
www.eltercerexpolioylareconquista.blogspot.com
memoriagua@yahoo.com
Autor: Andrés Cabanas Díaz
Tercera etapa
Documento número 10
4 de enero de 2014

2. Página 2Memorial de Guatemala, tercera etapa, número 10
La demanda de gas de esquisto en Estados Unidos puede impulsar su producción
en Guatemala: la empresa City Petén, que explota dos pozos de gas natural en
el departamento, confirma la existencia de gas de esquisto en el oriente del país.
No importa que para extraer este gas sea necesario inyectar toneladas de agua y
químicos venenosos a través de túneles de 2.5 km de profundidad y un kilómetro
de ancho (técnica denominada fracking, fractura hidráulica, altamente
contaminante). El gasoducto binacional viabilizaría la exportación de este
producto.
El proyecto de Canal Seco en el oriente del país abarca 372 kilómetros lineales y
46 municipios, sin que esté claro el estatus del territorio y las personas una vez
todas las tierras sean vendidas y concesionadas (a día de hoy, el proyecto
permanece estancado, oficialmente por falta de fondos, extraoficialmente por
competencia entre capitales: capital emergente y capital ligado a los militares
frente a los intereses de capitales oligárquicos).
La concesión de territorios, síntoma de la expansión transnacional, empieza a ser
preocupante. Un ejemplo: las quince licencias de exploración y explotación
minera otorgadas en el departamento de Jalapa (datos del Ministerio de Energía
y Minas a 31 de octubre de 2013) abarcan 365.40 kilómetros cuadrados, el 17%
de la extensión total del departamento (dos mil 670 km2). Una sola empresa, de
origen canadiense, posee concesiones sobre 145.73 km2, más del 7% del
departamento, lo que la convierta en nueva hacendada y neo-oligarquía en el
área, determinante en la configuración del poder económico y político.
No solamente los megaproyectos, también pequeños proyectos aparentemente
amistosos con el medio ambiente implican desórdenes y destrucción: de la
organización comunitaria, de la autonomía, de la paz social, de la historia (caso
Cambalan en Santa Cruz Barillas).
La explotación abarca lo tangible, y lo intangible o inadvertido como el aire, el
sol, el subsuelo…En este marco, la privatización del agua se revela como
amenaza inmediata. El manejo del “recurso agua” (oficialmente, Gestión
integrada de los recursos hídricos) toma impulso tras la visita de la Reina de
España, la reactivación del Fondo del Agua (Cooperación española y Banco
Interamericano de Desarrollo) y el interés demostrado por transnacionales
españolas y europeas, además de pequeñas empresas como Hidralia Energía (en
este caso, el interés queda evidenciado por las frecuentes comunicaciones de
Hidralia Energía en las redes sociales sobre el tema).
Profundización de alianzas: cogobierno empresas-actores
locales
2013 reporta una cifra record de inversión extranjera directa en Guatemala:
1,316 millones de dólares, un 12.8% más que el año anterior (aunque inferior al

3. Página 3Memorial de Guatemala, tercera etapa, número 10
incremento proyectado por el gobierno: 30%). Este crecimiento se ve favorecido
por las facilidades otorgadas por el gobierno, que llevan al país o a sus
gobernantes a presumir de ser la quinta economía más abierta de Latinoamérica.
La apuesta por la inversión foránea se concreta en la vigencia de once tratados
de libre comercio y acuerdos preferenciales; tres negociados y próximos a entrar
en vigencia; tres más en negociación. Los acuerdos involucran a más de 40
países o economías y se pueden fortalecer con la entrada de Guatemala en la
Alianza del Pacífico, iniciada en 2011 por Colombia, México, Perú y Chile, y
concebida como articulación de gobiernos neoliberales y alternativa al Alba, bajo
el paraguas protector de Estados Unidos.
Acuerdos
económicos
Vigentes
Negociados
y
próximos
a
entrar
en
vigencia
Acuerdos
en
negociación
1.
AAP
con
Venezuela
2.
TLC
con
México
3.
TLC
con
República
Dominicana
4.
AAP
con
Cuba
5.
DR-­‐CAFTA
(Estados
Unidos,
Centroamérica,
República
Dominicana).
1.
AAP
con
Ecuador
2.
TLC
con
Perú
3.
Convergencia
de
Tratados
con
México.
1.
TLC
con
Canadá
2.
AAP
con
Trinidad
y
Tobago
3.
TLC
con
los
países
EFTA
(Suiza,
Liechtenstein,
Noruega
e
Islandia).
6.
TLC
con
Taiwán
7.
TLC
con
Panamá
8.
TLC
con
Colombia
9.
TLC
con
Chile
10.
AAP
con
Belice
11.
Acuerdo
con
Unión
Europea,
AdA
(28
países
miembros).
TLC:
Tratado
de
Libre
Comercio.
AAP:
Acuerdo
de
Asociación
Preferente.
Países
Efta:
Asociación
Europea
de
Libre
Cambio
(AELC)
o
Acuerdo
Europeo
de
Libre
Comercio,
también
conocida
por
sus
siglas
en
inglés
EFTA
-­‐
European
Free
Trade
Association.
Formada
por
Liechtenstein,
Suiza,
Noruega
e
Islandia,
países
aun
no
integrados
en
la
Unión
Europea.
Fuente:
Ministerio
de
Economía
y
Comercio
Además de la apertura de la economía a través de tratados comerciales, el
modelo de acumulación necesita un marco político y legal favorable, en un
contexto de alianzas cada vez más estrechas entre poderes económicos y
políticos. Es decir, el modelo de acumulación genera su propia institucionalidad y
legalidad, su propia idea de democracia, fuera del control social y la decisión
colectiva.

4. Página 4Memorial de Guatemala, tercera etapa, número 10
Así, las empresas orientan o sugieren normas que fortalecen su accionar y
ganancias. En una situación legal y políticamente anómala, el poder político
representativo se repliega a favor de poderes económicos, que determinan la
agendas legislativa y ejecutiva. Desarrollo tres ejemplos recientes de esto:
La servidumbre de la expansión eléctrica
Para garantizar el plan de expansión del sistema eléctrico (popularmente, torres
de transmisión) sometido a un retraso físico de aproximadamente 40% y
temporal de dos años, la transnacional energética colombiana Trecsa sugiere en
el mes de marzo de 2013 el Acuerdo gubernativo 145-2013 (que declara de
Urgencia Nacional y Necesidad Pública la construcción de las obras contenidas en
el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica); e impulsa
la Ley de Servidumbres de Transmisión eléctrica.
Ambos instrumentos legales desconocen la autonomía municipal, eliminan la
obligatoriedad de solicitar licencia de construcción a las Municipalidades (negada
por muchas de ellas), desconocen el Sistema de Consejos de Desarrollo como
interlocutor, y judicializan la resistencia y la protesta, al otorgar a un juez de paz
o tribunal de primera instancia la potestad de impulsar de forma obligatoria la
expansión eléctrica, por todos los medios a su alcance (incluido el uso de la
Policía Nacional Civil o fuerzas combinadas: militarización del conflicto).
La comparación entre estas normas legales y las vigentes anteriormente es
clara: el Acuerdo Gubernativo 137-2011, previo, menciona de forma explícita los
consejos comunitarios y municipales de desarrollo, y norma que prestarán la
colaboración necesaria para el cumplimiento del Plan, siempre que ello no vaya
en “menoscabo de los principios de autonomía municipal e institucional”. Esta
referencia a la autonomía desaparece en las normas posteriores.
Acuerdo
gubernativo
2011
Acuerdo
gubernativo
2013
Artículo
2.
Tutela
y
apoyo.
Las
entidades
del
Estado,
autónomas
y
descentralizadas,
así
como
centralizadas,
las
municipalidades,
los
Concejos
Municipales
de
Desarrollo
y
los
Concejos
Comunitarios
de
Desarrollo,
en
sus
respectivas
jurisdicciones,
brindarán
la
colaboración
pertinente
cuando
les
sea
solicitada,
parea
el
adecuado
desarrollo
de
dicho
Plan,
sin
menoscabo
de
los
principios
de
autonomía
municipal
e
institucional.
Artículo
2.
Tutela
y
apoyo.
Las
entidades
del
Estado,
autónomas
y
descentralizadas,
así
como
centralizadas,
los
Concejos
Municipales
de
Desarrollo,
los
Concejos
Comunitarios
de
Desarrollo
en
sus
respectivas
jurisdicciones,
en
las
que
las
obras
se
ejecutarán,
deberán
prestar
el
apoyo
necesario
para
el
adecuado
desarrollo
de
dicho
Plan.
Iniciativa
de
ley
de
servidumbre
Afecta
Artículo
6.
Licencias
y
autorizaciones.
Para
el
desarrollo,
ejecución
y
concreción
de
las
obras
de
infraestructura
de
transmisión
eléctrica,
indistintamente
del
nivel
de
tensión
o
voltaje,
por
su
carácter
de
utilidad
pública
e
interés
nacional,
Elimina
licencias
de
construcción
(la
posibilidad
de
oposición
municipal).
Contradice
Código

5. Página 5Memorial de Guatemala, tercera etapa, número 10
no
están
comprendidas
dentro
de
los
presupuestos
que
para
el
efecto
señala
el
Código
Municipal,
por
lo
que
no
estarán
afectas
a
licencia
de
construcción,
ni
pago
alguno…
Municipal
y
Autonomía
Municipal.
Artículo
39.
Providencia
de
urgencia
durante
la
etapa
de
operación
y
mantenimiento
de
la
obra.
Cuando
exista
resistencia,
obstáculo
o
ausencia
del
propietario
o
proveedor
del
inmueble
(…)
podrá
solicitar
el
auxilio
de
un
Juez
de
Paz
o
un
Juez
de
Primera
Instancia
(…)
para
que
ordene
el
ingreso
al
inmueble
con
el
fin
de
garantizar
la
continuidad
en
el
servicio
(…)
se
podrá
solicitar
la
intervención
de
la
Policía
Nacional
o
fuerzas
combinadas.
Judicialización
de
la
resistencia.
Respuesta
policial
y
militar.
Elaboración
del
autor
En este marco de legislación flagrante a favor de las empresas, es bueno
recordar que la generación y transmisión de energía eléctrica no son proyectos
de interés nacional, sino destinados a la exportación y el negocio, porque
Guatemala produce hoy más energía de la que consume: según información del
Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y en Defensa de los Ríos,
se "Producen actualmente en Guatemala 2100 MW de energía, para un consumo
interno de 1500 MW, lo que significa que las empresas venden el excedente de la
producción a través del sistema centroamericano de distribución de energía". Por
tanto, no se está electrificando para la generalización de la prestación de
energía, sino para la venta de excedentes.
La privatización del subsuelo
La propuesta de Títulos de Usufructo del Subsuelo (TUS), defendida entre otros
por la Universidad Francisco Marroquín, el Centro de Investigaciones Económicas
Nacionales (CIEN) y el grupo de comunicación Libertópolis consiste en que “El
dueño de la superficie sea también el poseedor del usufructo del subsuelo, a
través de un título, de forma similar a cómo funcionan los títulos de usufructo de
frecuencias. El Estado seguiría siendo el dueño del subsuelo porque así lo
establece la constitución, pero (quien) posee una parcela, finca o terrenos serían
los que gozarían del usufructo de lo que hay debajo de sus propiedades”.
Según sus promotores la propuesta elimina “el conflicto por el subsuelo” y
favorece a comunidades y campesinos que pueden negociar directamente sobre
el subsuelo:
“¿Quiere que los beneficios de la explotación de los recursos naturales lleguen
realmente a las personas? Pues es mejor que ellas tengan la propiedad de los
recursos y que los negocien directamente con quien los vaya a explotar —si
ellos no lo pueden hacer directamente— a que quien lo aproveche sea un
funcionario corrupto que se quede con una buena parte de la negociación.
¿Tan difícil es entenderlo?” afirma Ramón Parellada, de CIEN.

6. Página 6Memorial de Guatemala, tercera etapa, número 10
En la práctica, una empresa X, dueña de X territorio (comprado, por cierto, a
partir de engaños o falta de información clara sobre el uso que se quiere dar al
mismo), es automáticamente usufructaria del subsuelo, para cuya explotación no
deberá, siguiendo esta línea de argumentación, pedir permiso. Se intenta eludir
la oposición de las comunidades y el consentimiento previo y derecho de
consulta: sin sentido en espacios que los nuevos títulos reconocen como
privados.
La propuesta se enmarca en la mercantilización de la naturaleza, sobre la base
de derechos mercantiles superiores a los derechos colectivos, a la identidad y la
historia.
Ley de Promoción de Inversiones y Empleo
La primera propuesta de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo (está siendo
renegociada) establece los siguientes incentivos para empresas:
Exención del Impuesto de Solidaridad durante 20 años.
Crédito fiscal del Impuesto sobre la Renta por inversión en activos fijos,
generación de empleo o capacitación que realice la empresa, durante 20
años.
Exención por la compra, permuta o transferencia de dominio o el
arrendamiento de inmuebles y el crédito fiscal del 50% sobre el Impuesto
Único sobre Inmuebles, por inversiones en infraestructura, durante diez
años.
Exención de derechos arancelarios a la importación, y exención del
Impuesto al Valor Agregado en importaciones de maquinaria, materias
primas, insumos y materiales que utilicen las empresas en procesos
productivos, de forma indefinida.
En la práctica, el Estado de Guatemala subvenciona a empresas para que se
instalen en el país, ampliando el régimen de exenciones vigente en la Ley de
Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y
la Ley de Zonas Francas (Decreto 25-89), que beneficia a más de mil empresas,
y resta al Estado de Guatemala 16,000 millones de quetzales anuales (cálculos
de Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos
Humanos).
Las circunscripciones económicas o la burla a los derechos laborales
La declaración de circunscripciones económicas en los municipios de San Agustín
Acasaguastlán y Guastatoya en el departamento de El Progreso; Estanzuela en
Zacapa y Masagua en Escuintla, permite la fijación de salarios por debajo del
salario mínimo, burlando el Código de Trabajo y las negociaciones sindicatos-
empresarios-Estado. Para facilitar la inversión, las circunscripciones económicas
construyen legalidad específica, a costa de reducir derechos.
Estos nuevos marcos legales complementan las facilidades ya otorgadas por un
gobierno y una institucionalidad constituidos al servicio y a la medida de las
empresas:

7. falta de controles medioambientales: institucionalidad estatal débil/carente de
voluntad política, construida/cooptada para la expansión empresarial
(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y otros);
garantía de poder repatriar prácticamente la totalidad de los beneficios.
El documento Guatemala Investment Summit, realizado en el marco de la
macro rueda de negocios de mayo de 2013 afirma: “Existe en el país absoluta
libertad para repatriar los dividendos; las tasas impositivas son altamente
competitivas en el entorno global”, lo que desmiente el mito de los beneficios
económicos dejados por las empresas;
apoyo policial y militar para la expansión empresarial: persecución de las
movilizaciones sociales y el derecho de resistencia y oposición de las
poblaciones; judicialización de la protesta; campañas gubernamentales que
deslegitiman el ejercicio de derechos de participación, organización,
movilización y resistencia.
Un nuevo expolio: entrega del territorio y la soberanía
La entrega sin condiciones de recursos y bienes a las empresas no ha tocado
fondo. Conviene alertar, además de las amenazas relatadas anteriormente, de
una nueva vuelta de tuerca en la privatización y mercantilización: la propuesta
de ciudades-modelo, muy avanzada en Honduras, que transfiere en su
concepción ideal porciones de territorio a gobiernos garante (un gobierno
extranjero, que puede ser un país o un consejo de personas y empresas),
generando legislación, fiscalidad e institucionalidad propias en ese territorio.
Las ciudades modelo se conforman como territorios autónomos para la gestión
empresarial, en un marco de recolonización, más allá del actual despojo de
recursos y bienes de las comunidades. Esta propuesta está siendo desarrollada
en Guatemala por la Universidad Francisco Marroquín (free cities). En el contexto
de reconfiguración de actores e inestabilidad política, las reformas
constitucionales pueden convertir en norma lo que hoy es práctica y deseo de las
empresas.
Así, el ideal de gestión político empresarial convierte los intereses de las
empresas en intereses y agendas de Estado; el modelo de acumulación
capitalista en modelo de desarrollo; el proyecto político de minorías en agenda
legislativa y del ejecutivo. El Estado (el estado fuerte, orientador del bien común,
diseñado y olvidado en el mismo momento por algunos de los firmantes de los
Acuerdos de Paz) se diluye y reduce a operador de la propuesta empresarial:
carece de capacidad económica y política para orientar un modo de organización
diferente y colectivo.
Actores privados (empresas/corporaciones transnacionales y locales) fuera del
control social, con lógica de individualidad, configuran una democracia a su
medida: autoritaria, vigilada, redimensionada –al igual que los derechos- bajo un

8. Página 8Memorial de Guatemala, tercera etapa, número 10
enfoque mercantilista. Si es necesario, ignoran, anulan o modifican el marco
legal preexistente.
La práctica nos enseña que la ecuación empresas-beneficios-libertades-
bienestar, no está correctamente formulada. Por el contrario, en un sistema de
accionar impune de corporaciones empresariales, lo público y lo político
concebidos como espacios e instrumentos para el desarrollo de comunidad
quedan sacrificados en la primacía de beneficios privados.
Empresas o democracia. ¿Por dónde se va a romper la pita?
Referencias
Iniciativa de Ley de Servidumbres legales de transmisión
eléctrica, http://es.scribd.com/doc/207777115/Leyservidumbreslegalesdetransmisionelectrica
Iniciativa de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, http://es.scribd.com/doc/211393760/04-Ley-
de-Promocion-de-Inversion-y-Empleo-01-0