Desde el 14 de enero de 2012, Guatemala ha experimentado un modelo autoritario de organización política y económica que fortalece la remilitarización y las inversiones extractivas. Este modelo arrasa con los acuerdos de paz, regresando a prácticas históricas de represión y criminalización de la lucha social, mientras la economía se redirige hacia el neoliberalismo militarista, con un papel protagónico del ejército. A pesar de la acelerada implementación de este modelo, sufre un desgaste interno debido a la falta de viabilidad y la erosión de su legitimidad pública.