Este documento propone 100 propuestas para garantizar el derecho a la educación en España. Se divide en tres secciones principales: 1) Desarrollar un paradigma educativo inclusivo para todos los estudiantes; 2) Fortalecer la estructura del sistema educativo público a través de mayor financiación y recursos; 3) Innovar en el funcionamiento del sistema público para democratizarlo y mejorar la calidad de la enseñanza. El objetivo general es universalizar el éxito educativo a través de una educación pública, gratuita y de calidad para toda

1. BORRADOR
Educación Pública 1
BORRADOR DOCUMENTO
100 PROPUESTAS
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

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Educación Pública 2
 CONSIDERACIONES
 DERECHO A LA EDUCACIÓN
o Contra la mercantilización
o Derogación de normas
DIRECTRICES
A. DESARROLLAR EL PARADIGMA INCLUSIVO
B. FORTALECER LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA PÚBLICO:
 Financiación
 Escolarización
C. INNOVAR EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
PÚBLICO:
 Democratización
 Profesorado
Los niños, todos los niños, lo primero.

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 CONSIDERACIONES
Este documento nace con la pretensión de colaborar con un imprescindible
proceso de debate democrático en el que participe la ciudadanía con objeto de
mejorar nuestro sistema educativo para garantizar de forma profunda el derecho a
la educación.
El derecho a la educación no se garantiza únicamente con el acceso a un puesto
escolar – hecho afortunadamente universalizado en nuestro entorno-, por el
contrario, requiere de la universalización del éxito educativo al finalizar las etapas
obligatorias. Este objetivo desgraciadamente no se logra y tiene como
consecuencia unas insoportables tasas de desigualdad, fracaso y abandono.
Asimismo, si tenemos en cuenta que existe un sesgo cultural y económico en la
distribución social del fracaso escolar, resulta evidente que la segregación es otra
emergencia que hay que afrontar imperativamente.
Por todo ello pensamos que la educación pública es el mejor instrumento para
garantizar el derecho a la educación entendido en su significado fuerte de éxito
escolar para todos y con todos.
Así pues, para defender y profundizar en el derecho a la educación proponemos
trabajar en su doble vertiente: garantizar el acceso escolar de forma equitativa y
universalizar el éxito educativo en las etapas obligatorias.
Para ello planteamos tres directrices.
a. Desarrollo del paradigma inclusivo.
b. Fortalecimiento de la estructura de la educación pública.
c. Apuesta por la innovación en el funcionamiento de la educación pública.

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DERECHO A LA EDUCACIÓN
Quienes entendemos que la educación es ante todo uno de los derechos
humanos fundamentales, pensamos que la administración debe sostener un sistema
educativo público que garantice el éxito educativo a toda la población, funcionando
como un mecanismo compensador de las desigualdades.
CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN
No compartimos la teoría de aquellos que piensan que la educación es un
servicio, una mercancía, y conciben el sistema educativo como mercado que somete
el acceso y la calidad del servicio a las posibilidades económicas de los educandos,
funcionando pues como un filtro que jerarquiza a la población.
Por ello proponemos:
1. Extender en todos los planos de la vida la conciencia de que la educación es un
derecho incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, denunciando
desde las instituciones cualquier tipo de práctica que desvirtúe la igualdad de
oportunidades en el ejercicio de este derecho.
2. Aprobar todas las normas y resoluciones necesarias para proteger el derecho a la
educación contra concepciones mercantilistas, entendiendo que la educación pública
es un mecanismo de justicia social y el principal medio para garantizar el ejercicio de
este derecho al conjunto de la población en plano de igualdad.
3. Fomentar desde las instituciones un concepto de educación democrática, inclusiva y
solidaria enfocada al desarrollo integral y armónico de las personas.
4. Articular un proceso participativo en el que se escuche a la ciudadanía, a los colectivos
sociales y a todos los miembros de la comunidad educativa para elaborar el libro
blanco de la educación del s.XXI
5. Establecer un cronograma de actuaciones para la elaboración de las nuevas leyes
educativas en el plazo máximo de dos años.
6. Potenciar la creación y funcionamiento de colectivos de defensa de la infancia como
“El defensor del menor” en cada municipio.

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DEROGACIÓN DE NORMAS
7. Moratoria de aplicación y posterior derogación de la LOMCE.
8. Derogar el desarrollo normativo autonómico de la LOMCE.
9. Derogar el mal llamado “Decreto de libertad de elección de centro” de la Comunidad
de Madrid.

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DIRECTRICES
A.DESARROLLO DEL PARADIGMA INCLUSIVO
La democracia sin educación democrática no es posible. Una educación democrática
que no sea inclusiva es un contrasentido.
Entendemos por educación inclusiva aquella que utiliza las diferencias entre las
personas como hecho consustancial a cualquier grupo humano y como factor de
enriquecimiento. Por tanto, la educación moderna debe tender hacia la creación de espacios
donde diferentes personas aprendiendo juntas, y precisamente por ello, puedan desarrollarse
en todas sus facetas al máximo de sus posibilidades, sean estas cuales sean.
Por ello proponemos:
Plan de choque para la detección y tratamiento situaciones de riesgo social desde la escuela.
10. Planes de choque contra la desigualdad educativa: potenciar la detección temprana de
dificultades de aprendizaje, necesidades específicas o necesidades de compensación.
11. Incremento de las plantillas de equipos de apoyo en los centros: orientación,
pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y compensatoria.
12. Aumento del número de profesionales de los equipos de atención temprana y EOEPS.
13. Puesta en marcha en la Consejería y en los municipios de departamentos de
innovación educativa que se encarguen de crear desarrollos curriculares novedosos o
prácticas de alta calidad en relación a la orientación educativa, la atención a la
diversidad, la convivencia en los centros, el aprovechamiento de los recursos de la
comunidad y la participación de las familias.
14. Crear herramientas digitales de difusión pública de las iniciativas de los
departamentos de desarrollo curricular, atención a la diversidad e innovación.
15. Creación, ampliación y potenciación de centros municipales de apoyo psicopedagógico
que complementen a los EOEP y ofrezcan tratamiento especializado a la población
escolar que, a pesar de no entrar en los programas de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, presenta dificultades de aprendizaje.
16. Adaptación de la legislación por la que se rige la orientación educativa y la atención a
la diversidad a los nuevos avances científicos.

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17. Difundir buenas prácticas en materia de inclusión a través de campañas informativas,
congresos o de jornadas especializadas tanto a nivel municipal como a otros niveles.
18. Analizar y eliminar los mecanismos de exclusión que existen en los centros públicos.
19. Desprivatizar los equipos de auxiliares y técnicos que trabajan en los centros públicos
de educación especial.
20. Desarrollar actividades educativas en los barrios que puedan ser compartidas por
alumnado de centros ordinarios, de centros de integración preferente y/o centros de
educación especial para favorecer la tendencia hacia la inclusión de todos los niños.
21. Realización de un estudio oficial sobre las consecuencias del bilingüismo en la equidad
del sistema educativo público y sobre sus repercusiones en el conjunto del alumnado
matriculado en centros bilingües.
22. Diseñar y aplicar alternativas al actual modelo de bilingüismo más equitativas para
todo el alumnado.
23. Diseñar o potenciar las estrategias municipales de aumento del éxito escolar:
programas de acompañamiento, compensación y refuerzo; destinando recursos
suficientes y buscando la implicación de los centros educativos y las AMPAS.
24. En los centros que tengan aulas de integración combinada realizar programas -con
dotación de personal - de desarrollo de la cultura inclusiva para toda la comunidad
educativa. Carecería de sentido tener aulas TGD o aulas de enlace en centros donde no
se fomente la inclusión.
25. Fomentar la apertura de los centros escolares en periodos no lectivos y promover una
oferta pública de actividades extraescolares de calidad que busquen compensar las
desigualdades.
26. Suprimir la aplicación de pruebas externas de carácter competitivo, segregador y
mercantilista.
27. Terminar con los usos competitivos y mercantilistas de los resultados de cualquier
prueba externa.
28. Prohibir por ley la publicación de ranking con los distintos centros educativos.
29. Incremento de los recursos propios de los Servicios Sociales en el área de familia, así
como la mejora de la coordinación de estos equipos con los centros educativos.

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30. Intensificar la colaboración de las áreas de salud –atención primaria y salud mental-
con los centros educativos.
31. Escolarización en Educación Especial solo en casos excepcionales donde las
necesidades del alumno requieran de una atención específica e individualizada
(plurideficiencias, retrasos mentales severos…).
32. Favorecer el desarrollo de un currículo propio en los centros de Educación Especial
basados en las necesidades del alumnado.
33. Desarrollar metodologías innovadores para alumnos escolarizados en Educación
Especial.
34. Incrementar el desarrollo profesional del profesorado y de los centros hacia la
inclusión educativa.
35. Favorecer la integración combinada mediante el aumento del número de aulas TGD y
de Educación Especial dentro de centros ordinarios (colegios e institutos)
adecuadamente dotados de recursos personales y materiales con el principal objetivo
de desarrollar la inclusión educativa.
36. Aumento del número de profesionales del EOEP.
37. Incluir los recursos personales de PT, AL y compensatoria dentro del propio centro
educativo reduciendo las itinerancias.
38. Reducción de ratios de “acnees” por cada docente de Pedagogía Terapéutica,
Audición y Lenguaje y compensatoria.
39. Designar el uso de las Adaptaciones Curriculares Individuales para ACNEAE (acnee y
compensatoria) como elemento de evaluación.
40. Aumento del número de plazas en talleres ocupacionales, centros de día o residencias,
en el caso de alumnos gravemente afectados, una vez concluya la escolarización de los
en Educación Especial.
41. Favorecer la inclusión laboral de los alumnos con discapacidad a través de convenios
con empresas y ayuntamientos.
42. Destinar un orientador a tiempo completo en cada centro público de educación infantil
y primaria.
43. Establecer que un alumno con necesidades educativas específicas compute el doble en
términos de ratio.

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44. Puesta en marcha de proyectos de innovación educativa coordinados entre
universidades, CEIP, IES, MRP-S y otras instituciones públicas sobre Comunidades de
Aprendizaje, Aprendizaje Basado en Proyectos, Grupos Interactivos, Aprendizaje
Cooperativo, Banco de Ideas, etc.
B.FORTALECER LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA
PÚBLICO.
El fortalecimiento de la estructura del sistema pasa por una mayor inversión
económica, pero también por un uso más adecuado de los recursos que se destinan.
Entendiendo que el sistema de titularidad y gestión pública es el único que garantiza el
derecho a la educación, es imprescindible dejar de estimular con dinero público el
crecimiento de la educación privada y privada-concertada. Además es necesario
profundizar en los mecanismos que garanticen la gratuidad real de la educación en
aspectos como los materiales didácticos, el transporte o el comedor.
Por ello proponemos:
FINANCIACIÓN
45. Alcanzar progresivamente el 7% PIB en la inversión educativa.
46. Frenar la privatización del sistema educativo en todos los frentes y en todas las etapas.
47. Cese de la política de nuevos conciertos.
48. Compromiso firme de no ceder ni un metro cuadrado más de suelo público a empresas
privadas. El suelo público que sea para la escuela pública.
49. Calendario de extinción de conciertos educativos elaborando un plan que contemple la
integración en la red pública de todos los docentes de la concertada que cumplan una
serie de requisitos, que pudieran ser años de antigüedad y/o una prueba específica, y
buscando soluciones pactadas para el uso de los espacios e instalaciones.
50. Facilitar vías sostenibles de absorción de los centros concertados que así lo deseen
para que pasen a tener titularidad y gestión pública y; en caso contrario, que pasen a
ser totalmente privados.

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51. Eliminar la medida de cheque guardería a la privada ya que constituye un mecanismo
de competencia desleal que está dañando gravemente la sostenibilidad de muchas
escuelas de titularidad pública.
52. Auditoría de los conciertos educativos existentes para equiparar su funcionamiento a
las condiciones de los centros públicos y evitar cualquier mecanismo de selección del
alumnado.
53. Poner en marcha una red de centros de gestión pública en cada distrito que garantice
plazas suficientes para toda la población escolar desde los 0 a los 18 años, así como
una amplia red de centros de educación de adultos.
54. Exigir un número suficiente de plazas de Formación Profesional en cada distrito.
55. Eliminar las tasas en Formación Profesional.
56. Priorizar la disminución de un concierto educativo antes que la supresión unidades en
un centro público del mismo barrio.
57. Unificar en la misma Dirección General de la Consejería de Educación la red pública y la
red privada-concertada, evitando la actual duplicidad que puede llevar a gestionar con
diferente criterio cada red.
58. Revertir los cierres injustificados de centros educativos públicos que se han producido
en los últimos años en la Comunidad de Madrid, como en el paradigmático caso del
colegio VERBENA de Leganés.
59. Revitalizar la red de escuelas infantiles municipales de gestión pública.
60. Convertir los centros de educación infantil públicos de gestión indirecta en gestión
directa por la administración en un plazo razonable.
61. Mientras esté en funcionamiento el modelo de gestión indirecta, priorizar en los
concursos de adjudicación los aspectos educativos de los proyectos presentados por
encima de los aspectos económicos.
62. Incrementar las exigencias de calidad en todas las etapas en la normativa para abrir
centros educativos privados, adecuándolas a las necesidades reales de los niños.
63. Eliminación de los beneficios fiscales a la privada como las desgravaciones por
matricula, por uniforme o por actividades extraescolares en colegios privados.
64. Eliminación de ayudas económicas a la privada.

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65. Gratuidad de la educación pública desde los 0 años hasta la universidad. Hasta que
esto se consiga, establecimiento de precios sociales progresivos y asumibles en infantil
0-3.
66. Implantación de mecanismos encaminados a la gratuidad de los materiales didácticos:
fondos para las bibliotecas escolares, sistemas de préstamo institucional, aumento de
becas.
67. Aumento de becas comedor y transporte.
68. Creación de sistemas municipales de préstamo y reutilización de materiales
didácticos, fomento de grupos de consumo.
69. Campañas de sensibilización para un uso razonable de los materiales escolares desde
los propios centros educativos.
ESCOLARIZACIÓN
Garantizar el derecho a la educación requiere de una red pública de centros
educativos de calidad en todo el territorio.
Por ello proponemos:
70. Puesta en marcha de una nueva normativa que garantice procesos de escolarización
más transparentes y participativos.
71. Restitución de todas las funciones que con la actual normativa les han restringido a las
antiguas comisiones de escolarización para que garanticen una distribución del
alumnado equitativa en todos los sentidos.
72. Publicación anual de un informe con todos los datos del proceso de escolarización en
cada zona: vacantes, número de solicitudes por centro y número de alumnos con
necesidades educativas específicas en cada centro.
73. Eliminar la zona única de escolarización.
74. Recuperar la sectorización del territorio para buscar un uso racional de los recursos,
una escolarización equilibrada y heterogénea en cada centro, y detener la creación de
guetos.
75. Priorización de la escolarización en centros de gestión pública.
76. Reducir la ratio adecuándola a las recomendaciones internacionales para cada etapa.

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77. Prohibir mediante normativa los excesos de ratio.
78. Adscripción de los CEIP sin programa bilingüe a un IES de la zona para garantizar la
igualdad en los procesos de escolarización.
C.INNOVACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA
Para universalizar el éxito educativo es necesario aumentar permanentemente
la calidad de los procesos que se dan en el aula. Esto se logra primordialmente con
unas plantillas docentes estables, suficientes en número y que tengan una sólida
formación profesional que les posibilite aplicar innovaciones científicas en su día a día.
Pero, por otra parte, también entendemos que para mejorar el sistema educativo
público en una sociedad democrática es necesaria la implicación de toda la sociedad.
Por ello proponemos:
DEMOCRATIZACIÓN
79. Potenciar el Consejo Escolar Municipal abriéndolo la participación todos los sectores
ciudadanos y encomendándole la elaboración de un Proyecto Educativo Municipal
consensuado por la ciudadanía. Este proyecto tendrá siempre como horizonte el
cuidado de la infancia.
80. Realizar presupuestos participativos municipales en materia de educación.
81. Creación de medios de comunicación institucionales especializados en materia
educativa que aporten mayor transparencia y faciliten el intercambio de experiencias
de éxito.
82. Recuperar en la normativa la participación de pleno derecho de los padres y madres en
los Consejos Escolares de Centro, incluyendo su derecho a votar.
83. Recuperar la idea de los centros de profesores con la creación de un “centro municipal
de formación de comunidades educativas” que tenga como objetivo la formación de
familias y docentes, el fomento de buenas prácticas, la organización de jornadas
anuales de innovación, escuelas de padres, el desarrollo de cursos de formación
continua para los profesionales y, en general, el fomento de la participación de toda la
comunidad en los asuntos educativos de la zona.

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84. Potenciación de las AMPAS como elemento clave en el funcionamiento de los centros
a través de programas específicos de estímulo y formación.
85. Potenciación del asociacionismo del alumnado.
86. Potenciar el funcionamiento de las Asambleas de Directores/as de centros como
mecanismo de coordinación de la red pública.
87. Asesoramiento institucional para la elaboración de planes de participación familiar en
los centros.
88. Elaboración de planes de apertura y colaboración de los centros con su entorno:
bibliotecas públicas, universidades, asociaciones.
89. Promover iniciativas de trabajo en red entre los distintos centros educativos:
colaboraciones, proyectos de innovación o itinerarios educativos continuados (infantil-
primaria-secundaria) en la red pública.
PROFESORADO
90. Recuperación de los 7.500 puestos de trabajo docente perdidos debido a los recortes
en los últimos años y ampliación en 15.000 puestos más.
91. Ampliar las plantillas en los centros públicos para facilitar el desarrollo de tareas de
coordinación pedagógica, atención a las familias, atención a la diversidad o
coordinación de actividades complementarias.
92. Reducir al mínimo imprescindible el porcentaje de personal interino, aumentando la
oferta de plazas públicas en las oposiciones.
93. Restituir la sustitución inmediata de bajas docentes en los centros y eliminar la
normativa que permite no sustituir las bajas por enfermedad hasta pasados quince
días.
94. Fortalecimiento de los mecanismos de selección del profesorado, aumentando la
validez y la fiabilidad de estos procesos y garantizando su adecuación al modelo de
educación inclusiva que proponemos.
95. Equiparación de la formación necesaria para impartir todas las etapas educativas.
96. Replanteamiento de la formación continua del profesorado, dándole un carácter más
colegiado y acercándola a las comunidades donde se desarrolla su trabajo.

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97. Enfocar la formación continua al desarrollo institucional de los centros y la
elaboración de planes estratégicos de mejora.
98. Revisión de la formación inicial del profesorado incrementando su calidad, su duración
y estableciendo una relación más estrecha entre las universidades y los centros
educativos.
99. Presentar mociones contra el nuevo modelo universitario 3+2 porque supone un
retroceso en la formación de los docentes y un incremento del coste económico para
el conjunto de los estudiantes.
100. Incrementar al máximo posible la presencia de docentes universitarios con
experiencia docente en las etapas educativas obligatorias en las facultades de
formación de profesorado.