DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA

1. Desplazamiento en Colombia, impune
Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos: 6,5 millones. Sin
embargo, este flagelo está sumido en la impunidad. Las investigaciones y sentencias
contra perpetradores y cómplices son escasas frente a las dimensiones de la tragedia.
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Seis
millones y medio de colombianos han sido desplazados en el marco del conflicto armado. / Archivo - El
Espectador
Seis millones y medio de personas desplazadas en Colombia, casi el doble de habitantes de
Uruguay, dan cuenta de las dimensiones trágicas de este flagelo en el país. Como si fuera
poco, los casos en los que la justicia ha operado son mínimos. La impunidad ha estado
vinculada estrechamenente con el desplazamiento forzado, esa es una de las conclusiones
del informe “Una nación desplazada”, que lanza hoy el Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH).
Prueba de lo anterior es que hasta el 2014, en la Fiscalía General de la Nación solo había
14.612 investigaciones activas por desplazamiento y un número bajo de denuncias, un
recuento pobre frente a las dimensiones del flagelo. Además, las condenas emitidas en
instancias judiciales contra los actores armados se han enfocado principalmente sobre
delitos como el homicidio y la desaparición forzada.
El desplazamiento forzado es considerable en el país desde mediados del siglo pasado,
fomentado por la violencia bipartidista y el surgimiento posterior de las guerrillas, pero fue
exacerbado a partir de la década de los 90, con la entrada definitiva de los grupos
paramilitares al mapa del conflicto armado. Sin embargo, durante el siglo XX, la tragedia
de millones de colombianos, el desarraigo, el abandono de sus tierras, sus bienes y sus seres
queridos, fue matizada con tintes de levedad: como un efecto colateral del conflicto, a eso

2. se reducía el éxodo masivo de colombianos. Solo a comienzos del nuevo siglo, sobre todo
con la promulgación de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, comienza
“un largo proceso de lucha institucional por visibilizar la magnitud del fenómeno y
dimensionar su impacto a nivel nacional”, señala el informe.
Y solo hasta el 2009, tras la formulación e implementación de la política de Verdad,
Justicia y Reparación, el Estado colombiano define una línea de acción clara para que se
empiecen a investigar con seriedad, rigor e imparcialidad, las causas y motivaciones del
desplazamiento forzado, y sobre todo, sus responsables y el papel de quienes se han
beneficiado, directa e indirectamente, del abandono obligado de 8 millones de hectáreas de
tierra a lo largo de toda la geografía nacional.
El esclarecimiento sobre la verdad del desplazamiento es una deuda pendiente del
Estado con las víctimas; solo en el señalamiento de los perpetradores del desplazamiento
forzado ya hay dificultades. Las cifras varían dependiendo de su origen. Según el Registro
Único de Víctimas (RUV), las Farc han sido responsables del 41% de los casos de
desplazamiento, mientras que las estructuras paramilitares han sido las perpetradoras del
21%. Pero a partir del registro de Pastoral Social de la Iglesia Católica, la tendencia se
dobla en el segundo caso: con el 45% de los casos, los paramilitares son el mayor
desplazador, y a las Farc se les adjudica el 41%. Estos datos se construyen con base en los
relatos de las víctimas, pues a partir de procesos judiciales, tan escasos, es imposible.
Sin embargo, el informe del CNMH resalta con inquietud la poca responsabilidad que se le
asigna a la Fuerza Pública ¬11% según Pastoral Social pero sólo 0,8% en el RUV¬, que en
cambio sí ha sido demostrada en varias ocasiones por la Corte Constitucional e incluso en
el ámbito internacional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otro reto vigente para la justicia colombiana en cuanto al desplazamiento forzado es
desenmarañar las empresas criminales que ejecutaron la legitimación del despojo de tierras,
a través de estrategias jurídicas ilegales como la falsificación de escrituras, firmas, poderes,
y otras formas de estafa en las que participaron servidores y entidades públicas. Muchas
veces, señala el informe, las tierras de los desplazados terminaron tituladas a nombre de
testaferros de los actores armados, pero también de comerciantes, ganaderos, empresarios y
terratenientes.
A la transformación violenta de territorios, “a partir de la expulsión de sus habitantes ha
contribuido eficazmente la no realización de reformas que impidieran el acaparamiento
improductivo, desordenado y especulativo de la tierra, por parte de élites regionales y
nacionales, tradicionales y emergentes”, señala el informe.
Por eso, para el CNMH es necesario que el Estado adopte medidas para garantizar los
derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y la no repetición de la violación a sus
derechos, pero también, igual de imperativo es que se esclarezcan y judicialicen a los
perpetradores del desplazamiento y a sus cómplices, tanto de la clase política como a los
servidores públicos, las fuerzas armadas y el sector privado, que sacaron provecho de la
tragedia de millones de colombianos que tuvieron que abandonarlo todo en medio del
conflicto armado para resguardar sus vidas.