El documento presenta los resultados de una investigación realizada para una maestría en derechos humanos que busca determinar la responsabilidad penal del expresidente colombiano Álvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad. La investigación analiza la evidencia que vincula a Uribe con grupos paramilitares y narcotraficantes y muestra cómo estas organizaciones cometieron crímenes contra la humanidad. Debido a la impunidad en Colombia, la única forma de juzgar a Uribe es a través de la justicia internacional.

1. Investigación: Elementos para implicar a Uribe Vélez ante la
justicia universal y la Corte Penal Internacional
(Por Francisco Simón Conejos)*
Recibido de Javier Arjona, corresponsal de Prensa Indígena. 22 de
enero.- Trabajo de investigación de la maestría en derechos
humanos, democracia y justicia internacional de la Universidad de
Valencia, España. Elementos para implicar a Uribe Vélez ante la
justicia universal y la Corte Penal Internacional.
Este trabajo de investigación tiene como objetivo aportar elementos
para desvelar las estructuras estatales y paraestatales responsables
de la comisión de crímenes contra la humanidad en Colombia, en el
contexto del conflicto político, social y armado que desangra a este
país desde hace décadas.
Narcotraficantes y paramilitares han provocado miles de asesinatos,
desapariciones, torturas, desplazamientos, exilios, despojos y
amenazas entre la población civil, pero detrás de la ejecución estos
delitos atroces se encuentran algunos de los principales dirigentes
políticos y económicos de la nación.
Por eso, no basta con identificar a los autores materiales para evitar
la repetición de los crímenes sino que es imprescindible establecer la
responsabilidad penal de quienes los planificaron y ordenaron su
realización y de los que tuvieron la posibilidad de impedirlos y no lo
hicieron.
La investigación se ha centrado en determinar la responsabilidad
penal en estos delitos de lesa humanidad del ex presidente de
Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pues constituye un caso paradigmático

2. del ejercicio del poder sobre los criminales y de impunidad frente a
las numerosas acusaciones que le involucran en sus actos.
En el trabajo se reproduce buena parte de la copiosa prueba
testimonial y documental que existe no sólo sobre los beneficios que
obtuvo Uribe a cambio de favorecer el crecimiento de los grupos de
narcotraficantes y paramilitares desde los cargos políticos que
desempeñó, sino también sobre su implicación directa en la
conformación de estas estructuras y en sus crímenes.
Sin embargo, los obstáculos políticos y jurídicos existentes en
Colombia para perseguir estas conductas, especialmente si los
acusados son o han sido altos cargos del Estado, han ocasionado que
Uribe nunca haya sido juzgado. La única posibilidad de que se
esclarezca su responsabilidad es la intervención de la justicia
internacional y universal.
Abordar la investigación desde este lado del océano ha supuesto
algunas dificultades. En el trabajo abundan las referencias
periodísticas en detrimento de las fuentes primarias debido a la
imposibilidad material de acceder en muchos casos a la
documentación judicial concreta.
Tampoco se ha podido conseguir toda la bibliografía especializada en
el tema que existe en Colombia. No obstante, el material original
aportado en el trabajo -denuncias, resoluciones judiciales, informes
del servicio de inteligencia- es una muestra representativa de la
extensa documentación que se podría analizar para completar la
investigación si ésta se pudiera realizar en el terreno.
En las dependencias judiciales colombianas reposan centenares de
expedientes que en sí mismos podrían constituir pruebas contra Uribe
o propiciar nuevas vías de investigación sobre su participación en
delitos de lesa humanidad. Tampoco ha resultado sencillo, desde mi
formación periodística, determinar los elementos que implican
penalmente a Álvaro Uribe.
Por eso, el trabajo no pretende sustentar jurídicamente las
acusaciones contra el ex presidente sino describir los hechos en los
que aparece implicado que podrían calificarse como crímenes contra
la humanidad, apuntar las formas de incriminación de Uribe y explicar
las razones por los que el proceso judicial tendría que desarrollarse
fuera de Colombia.
El resultado de la investigación se ha expuesto en cuatro capítulos y
en las conclusiones finales. En el primer capítulo se trata de
demostrar que en Colombia, bajo la apariencia de un régimen
democrático, se han sucedido Gobiernos que son responsables de
más violaciones a los derechos humanos que las dictaduras
latinoamericanas.

3. Históricamente, el Estado colombiano ha estado dominado por unas
élites, apoyadas por Estados Unidos, que recurren a la violencia para
defender sus intereses.
Estas minorías excluyentes han creado escuadrones de la muerte -los
paramilitares-, financiados por el narcotráfico, para acabar con
quienes se oponen a su control ya sea a través de la resistencia civil
o armada.
Álvaro Uribe forma parte de estas clases dominantes y durante su
gestión institucional aumentaron los ataques sistemáticos y
generalizados contra civiles por parte de funcionarios públicos y de
particulares que contaban con su connivencia.
El segundo capítulo repasa la evolución histórica del concepto de
crímenes contra la humanidad y analiza su configuración actual en el
derecho penal internacional.
De esta forma, se ha pretendido establecer las diferencias de esta
categoría jurídica con respecto a las violaciones de derechos
humanos, se han expuesto los principios inherentes a estos crímenes
internacionales y las distintas teorías para su imputación y se han
descrito los elementos de su tipificación actual.
Esta exposición permite concluir que actualmente existen
herramientas y fundamentos jurídicos para perseguir las atrocidades
que ofenden a la dignidad del ser humano, por lo que sólo se pueden
plantear intereses políticos para no actuar contra sus autores. Las
razones de la permisividad frente a estos crímenes en Colombia se
explican en el siguiente capítulo.
La impunidad como política de Estado se ilustra con tres casos
representativos de macrocriminalidad: el extermino del partido
político Unión Patriótica, los asesinatos masivos de sindicalistas y el
supuesto proceso de desmovilización de los paramilitares que ha
dejado sin castigo la mayoría de sus acciones.
También se exponen las deficiencias del ordenamiento jurídico interno
para garantizar la actuación contra estas conductas y las
características del fuero constitucional que protege a los altos cargos
en ejercicio o cesados frente a la justicia.
El cuarto capítulo analiza en profundidad los elementos existentes
para implicar a Álvaro Uribe en la comisión de crímenes contra la
humanidad. En primer lugar, se repasa su dilatada trayectoria política
hasta llegar a la Presidencia y la lista de amistades peligrosas que ha
ido fraguando en estos treinta años de ejercicio de cargos públicos.
Y en las páginas siguientes se describen profusamente sus vínculos
con los grupos de narcotraficantes y paramilitares. Se incluyen gran
cantidad de testimonios acusatorios de dirigentes de estas
estructuras criminales e incluso un documento del Pentágono que lo
calificaba de “narcoterrorista”. Además, se muestran dos casos:

4. >>- ejecuciones extrajudiciales de civiles y persecución de la
oposición por parte de los servicios de inteligencia- que lo implican en
crímenes de lesa humanidad mientras fue presidente (2002-2010).
En las conclusiones finales se demuestra que las conductas delictivas
de los grupos vinculados con Uribe constituyen crímenes contra la
humanidad.
Y se trata de establecer la responsabilidad penal individual del ex
presidente (incriminación por autoría mediata, coautoría, empresa
criminal conjunta, complicidad, instigación), además de la necesidad
de que actúe la justicia internacional y universal como única forma de
que estos actos no queden impunes.
Todo este trabajo no hubiera sido posible sin la actitud valiente de las
víctimas que han sobrevivido y de sus familiares, que se han atrevido
a denunciar los hechos asumiendo el riesgo que supone para sus
vidas.
Su tenacidad y su capacidad de resistencia frente a las presiones y la
estigmatización obligaron a confesar a algunos victimarios, que
acabaron implicando a quienes, desde atrás, les dirigían.
A todas las víctimas y a las defensoras y defensores de derechos
humanos que les apoyan está dedicada esta investigación, con la
esperanza de que contribuya a esclarecer la verdad de lo sucedido
para que nunca más se repita. También quiero destacar la implicación
de los profesores José Elías Esteve y Roberto Viciano.
Quienes no se limitaron a dirigir académicamente este trabajo sino
que lo impulsaron y orientaron para convertirlo en una herramienta
práctica que pueda ser aplicada a la realidad social con el objetivo de
que el máster de derechos humanos, democracia y justicia
internacional adquiera su verdadera dimensión.
Lea la investigación completa aquí:
http://colectivosurcacarica.files.wordpress.com/2013/11/cricc81mene
s-contra-la-humanidad-en-colombia-elementos-para-implicar-al-expresidente-acc81lvaro-uribe.pdf
*Periodista, defensor de derechos humanos e investigador social de
Valencia, España.
http://prensarural.org/spip/spip.php?article13177•