1. Acción urgente ante la situación de represión y militarización en
Guatemala
Ante los hechos de las últimas semanas en Guatemala que han llevado:
- a la declaración del estado de sitio en Santa Cruz Barillas por la oposición de las
comunidades al proyecto hidroeléctrico Canbalam, de la empresa Hidro SantaCruz, propiedad
de la española Hidralia Energía S.A.
- a la ocupación por efectivos militares de San José el Golfo (departamento de
Guatemala) para proteger los intereses de la empresa Exmingua (Exploraciones Mineras de
Guatemala, S.A.), de la canadiense Radius Exploration Ltd., por la oposición de las
comunidades al proyecto minero Derivado VII.
- a la represión y el acoso continuado a San Juan Cotzal (departamento de El Quiché)
contra las comunidades itxiles que rechazan la explotación de la Hidroeléctrica Palo Viejo por la
empresa Enel Green Power, propiedad de la italiana ENEL (en el Estado español, ENDESA)
y que marcan una nueva escalada en el regreso a las políticas de tierra
arrasada de los años 80 en defensa de los intereses de las empresas
transnacionales y del neoliberalismo más salvaje, desde l'Associació d'Amistat
amb el Poble de Guatemala hemos iniciado el envío de cartasdirigidas a:
- General Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala
- Lda. Roxana Baldetti, Vicepresidenta República de Guatemala
- Viceministerio de Gobernación Apoyo al Sector Justicia, República de Guatemala
- Frank Larrue Relator especial de la libertad de opinión y expresión - República de
Guatemala

2. - Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos
Humanos. COPREDEH
- Lic. Sergio Morales - Procuraduría de los Derechos Humanos - República de Guatemala
- Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en Guatemala
Os pedimos que os añadáis al envío de cartas y que hagáis difusión de las
mismas. En los modelos de carta adjuntos encontraréis incluidas las
correspondientes direcciones de e-mail. Huelga decir que podéis utilizar estos
modelos "tal cual" o hacer todos los cambios que consideréis pertinentes.
También adjuntamos un modelo de carta para enviar a la empresa Hidralia
Energía S.A., con sede en La Coruña. La carta se puede enviar
ainfo@hidraliaenergia.com y también desde el enlace de la empresa para
contactos en su página
web: http://www.hidraliaenergia.com/index.php?option=com_contact&view=cont
act&id=2&Itemid=813&lang=es
Siguen los modelos de cartas

3. A la atención de:
Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en Guatemala
informacion@ohchr.org.gt
(Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) quiere expresar su más decidida repulsa ante los
gravísimos actos de remilitarización de Guatemala en defensa de los intereses de las grandes
transnacionales hidroeléctricas y mineras y de las oligarquías nacionales, y contra los derechos
de la población guatemalteca –incluido el derecho a la vida– que está llevando a cabo el
Gobierno de Guatemala y que en las últimas semanas se han concretado de la forma más
brutal y manifiesta en los siguientes hechos de violencia privada y de violencia
institucionalizada:
– Declaración, el día 1 de mayo, del estado de sitio en Santa Cruz Barillas (departamento de
Huehuetenango) ante la oposición de las comunidades al proyecto Cambalam, de la empresa
Hidro Santa Cruz, propiedad de la española Hidralia Energía S.A.
– Ocupación por parte de efectivos militares, la noche del 7 de mayo, de San José el Golfo
(departamento de Guatemala), al mando del coronel retirado José Vicente Arias Méndez, para
proteger los intereses de la empresa Exmingua (Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.), de
la canadiense Radius Exploration Ltd., ante la no aceptación por parte de diversas
comunidades del proyecto Derivado VII.
– Represión y acoso continuado a las comunidades itxiles que rechazan la explotación de la
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal (departamento de El Quiché), por la empresa Enel
Green Power, propiedad de la italiana ENEL (en el Estado Español, ENDESA).
Dicha violencia se ha concretado en:
Santa Cruz Barillas: absoluta desatención a la Consulta Comunitaria realizada en 2007 en la
que se expresó un rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico; presiones para que los
pobladores vendan sus propiedades; persecución legal contra líderes comunitarios; presencia
de gente armada de la empresa en las comunidades; prohibición de paso a comunidades
vecinas y trabajadores del campo, especialmente el acceso a las cataratas; actitud de
confrontación, insultos provocaciones, disparos e intimidaciones por parte del personal de
seguridad de la empresa; detención de personas que han interpuesto denuncias en la
Procuraduría de Derechos Humanos por las amenazas recibidas de la empresa; atentado
contra Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, con resultado de
muerte del primero y heridas graves de los otros dos; declaración del estado de sitio que ha
inducido a parte de la población a refugiarse en las montañas.
San José el Golfo: ocupación de San José por efectivos militares para dar protección a las
minas; custodia por parte de la Policía Nacional Civil de los camiones de la empresa con cierre
de carreteras al paso de la población; presiones a los líderes y acoso en sus domicilios por
personal armado de la empresa; privatización y cierre con portones de caminos esenciales

4. para el desplazamiento de las comunidades; negativa a organizar una consulta ciudadana;
contaminación del agua, enfermedades de la piel e imposibilidad de sembrar. También se ve
afectada por la misma situación la municipalidad cercana de San Pedro Ayampuc.
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal: absoluta desatención a las más de 50 consultas
populares realizadas en el Occidente de Guatemala y que han rechazado rotundamente la
construcción de la hidroeléctrica; atropello en 2009 de los estudiantes Francisco Vázquez y
Leonardo Ixcoy Hernández por tráileres de la empresa sin que se haya detenido a los
responsables; en 2011, ataque a la comunidad El Regadío por miembros de la seguridad
privada de Pedro Brol, terrateniente beneficiario de los proyectos de ENEL; presencia de
personal antimotines de la Policía Nacional Civil para proteger el paso de los tráileres de la
empresa; contaminación del agua, destrucción de bosques y ríos, y de las economías locales;
amenazas contra el ciudadano español Ricardo Busquets, cuya labor consiste en filmar las
actividades del CUC, incluidas aquellas en las que se han reportado actos de represión por
parte del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas; entradas en las
comunidades con gran despliegue de policías y militares para defender los intereses de la
empresa e impedir la resistencia pacífica de los habitantes; presiones y acoso contra las
comunidades, con criminalización del movimiento popular a cuyos líderes se ha acusado de
tener vínculos con el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico.
Las políticas del Estado guatemalteco, que una vez más se inscriben en las prácticas del
neoliberalismo más salvaje, están creando en Guatemala un estado de represión y terror
generalizado que nos remite a las políticas de tierra arrasada que devastaron el país en los
años 80. Ahora Guatemala cuenta con un Gobierno pretendidamente democrático y, sin
embargo, no se duda en recurrir a los mismos métodos.
Desde (Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) le instamos a exigir al Gobierno de Guatemala:
– La inmediata supresión del estado de sitio en Santa Cruz Barillas, con reintegración de las
garantías constitucionales a todos sus habitantes, la retirada de todos los efectivos militares
de San José el Golfo, y el fin del acoso a las comunidades de San Juan Cotzal.
– La inmediata liberación de todos los detenidos en Santa Cruz Barillas y la detención de los
responsables materiales e intelectuales del asesinato del señor Andrés Francisco Miguel y de
las graves lesiones a los señores Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.
– El fin de la criminalización de las personas y organizaciones que luchan por la defensa de sus
derechos y su territorio, en lugar de responder con la violencia y criminalización de las
poblaciones que se oponen a prácticas lesivas, como tantas veces ha hecho el Estado
guatemalteco, entre otras en Livingston (Izabal) en 2008, en San Juan Sacatepéquez
(Suchitepéquez) en 2009, en el Departamento de San Marcos en 2010, en el Polochic (Alta
Verapaz), y en Los Cimientos en 2011 y Cunén (El Quiché) a principios del año en curso, etc.
etc.
– El respeto a los resultados de las consultas comunitarias avaladas por el Convenio 169 de la
OIT y la misma Constitución de la República llevadas a cabo en todos los departamentos de
Guatemala, incluidos los mencionados más arriba, y el reconocimiento de los resultados
obtenidos.

5. – La suspensión de la actividad de Hidro Santa Cruz, así como de las demás empresas
hidroeléctricas del país, mineras, cementeras, petroleras y otros proyectos extractivos, hasta
que las comunidades cuyos territorios sean afectados no hayan sido escuchadas y tenidas en
cuenta.
– Un verdadero diálogo sobre el futuro del país para resolver de forma integral los reclamos de
los pueblos indígenas y demás comunidades ante los intereses de las empresas nacionales y
extrajeras que buscan lucrar con los recursos naturales.
___________________, ___ de ________ de 2012
Nom/Nombre
Càrrec/Cargo
Segell de l’entitat/Sello de la entidad

6. A LA ATENCIÓN DE:
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos
Humanos. COPREDEH
República de Guatelama
copredeh@copredeh.gob.gt
(Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) quiere expresar su más decidida repulsa ante los
gravísimos actos de remilitarización de Guatemala en defensa de los intereses de las grandes
transnacionales hidroeléctricas y mineras y de las oligarquías nacionales, y contra los derechos
de la población guatemalteca –incluido el derecho a la vida– que está llevando a cabo el
Gobierno de Guatemala y que en las últimas semanas se han concretado de la forma más
brutal y manifiesta en los siguientes hechos de violencia privada y de violencia
institucionalizada:
– Declaración, el día 1 de mayo, del estado de sitio en Santa Cruz Barillas (departamento de
Huehuetenango) ante la oposición de las comunidades al proyecto Cambalam, de la empresa
Hidro Santa Cruz, propiedad de la española Hidralia Energía S.A.
– Ocupación por parte de efectivos militares, la noche del 7 de mayo, de San José el Golfo
(departamento de Guatemala), al mando del coronel retirado José Vicente Arias Méndez, para
proteger los intereses de la empresa Exmingua (Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.), de
la canadiense Radius Exploration Ltd., ante la no aceptación por parte de diversas
comunidades del proyecto Derivado VII.
– Represión y acoso continuado a las comunidades itxiles que rechazan la explotación de la
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal (departamento de El Quiché), por la empresa Enel
Green Power, propiedad de la italiana ENEL (en el Estado Español, ENDESA).
Dicha violencia se ha concretado en:
Santa Cruz Barillas: absoluta desatención a la Consulta Comunitaria realizada en 2007 en la
que se expresó un rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico; presiones para que los
pobladores vendan sus propiedades; persecución legal contra líderes comunitarios; presencia
de gente armada de la empresa en las comunidades; prohibición de paso a comunidades
vecinas y trabajadores del campo, especialmente el acceso a las cataratas; actitud de
confrontación, insultos provocaciones, disparos e intimidaciones por parte del personal de
seguridad de la empresa; detención de personas que han interpuesto denuncias en la
Procuraduría de Derechos Humanos por las amenazas recibidas de la empresa; atentado
contra Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, con resultado de
muerte del primero y heridas graves de los otros dos; declaración del estado de sitio que ha
inducido a parte de la población a refugiarse en las montañas.
San José el Golfo: ocupación de San José por efectivos militares para dar protección a las
minas; custodia por parte de la Policía Nacional Civil de los camiones de la empresa con cierre

7. de carreteras al paso de la población; presiones a los líderes y acoso en sus domicilios por
personal armado de la empresa; privatización y cierre con portones de caminos esenciales
para el desplazamiento de las comunidades; negativa a organizar una consulta ciudadana;
contaminación del agua, enfermedades de la piel e imposibilidad de sembrar. También se ve
afectada por la misma situación la municipalidad cercana de San Pedro Ayampuc.
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal: absoluta desatención a las más de 50 consultas
populares realizadas en el Occidente de Guatemala y que han rechazado rotundamente la
construcción de la hidroeléctrica; atropello en 2009 de los estudiantes Francisco Vázquez y
Leonardo Ixcoy Hernández por tráileres de la empresa sin que se haya detenido a los
responsables; en 2011, ataque a la comunidad El Regadío por miembros de la seguridad
privada de Pedro Brol, terrateniente beneficiario de los proyectos de ENEL; presencia de
personal antimotines de la Policía Nacional Civil para proteger el paso de los tráileres de la
empresa; contaminación del agua, destrucción de bosques y ríos, y de las economías locales;
amenazas contra el ciudadano español Ricardo Busquets, cuya labor consiste en filmar las
actividades del CUC, incluidas aquellas en las que se han reportado actos de represión por
parte del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas; entradas en las
comunidades con gran despliegue de policías y militares para defender los intereses de la
empresa e impedir la resistencia pacífica de los habitantes; presiones y acoso contra las
comunidades, con criminalización del movimiento popular a cuyos líderes se ha acusado de
tener vínculos con el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico.
Las políticas del Estado guatemalteco, que una vez más se inscriben en las prácticas del
neoliberalismo más salvaje, están creando en Guatemala un estado de represión y terror
generalizado que nos remite a las políticas de tierra arrasada que devastaron el país en los
años 80. Ahora Guatemala cuenta con un Gobierno pretendidamente democrático y, sin
embargo, no se duda en recurrir a los mismos métodos.
Desde (Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) les instamos a exigir al Gobierno de
Guatemala:
– La inmediata supresión del estado de sitio en Santa Cruz Barillas, con reintegración de las
garantías constitucionales a todos sus habitantes, la retirada de todos los efectivos militares
de San José el Golfo, y el fin del acoso a las comunidades de San Juan Cotzal.
– La inmediata liberación de todos los detenidos en Santa Cruz Barillas y la detención de los
responsables materiales e intelectuales del asesinato del señor Andrés Francisco Miguel y de
las graves lesiones a los señores Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.
– El fin de la criminalización de las personas y organizaciones que luchan por la defensa de sus
derechos y su territorio, en lugar de responder con la violencia y criminalización de las
poblaciones que se oponen a prácticas lesivas, como tantas veces ha hecho el Estado
guatemalteco, entre otras en Livingston (Izabal) en 2008, en San Juan Sacatepéquez
(Suchitepéquez) en 2009, en el Departamento de San Marcos en 2010, en el Polochic (Alta
Verapaz), y en Los Cimientos en 2011 y Cunén (El Quiché) a principios del año en curso, etc.
etc.

8. – El respeto a los resultados de las consultas comunitarias avaladas por el Convenio 169 de la
OIT y la misma Constitución de la República llevadas a cabo en todos los departamentos de
Guatemala, incluidos los mencionados más arriba, y el reconocimiento de los resultados
obtenidos.
– La suspensión de la actividad de Hidro Santa Cruz, así como de las demás empresas
hidroeléctricas del país, mineras, cementeras, petroleras y otros proyectos extractivos, hasta
que las comunidades cuyos territorios sean afectados no hayan sido escuchadas y tenidas en
cuenta.
– Un verdadero diálogo sobre el futuro del país para resolver de forma integral los reclamos de
los pueblos indígenas y demás comunidades ante los intereses de las empresas nacionales y
extrajeras que buscan lucrar con los recursos naturales.
___________________, ___ de ________ de 2012
Nom/Nombre
Càrrec/Cargo
Segell de l’entitat/Sello de la entidad

9. A la atención de
Frank Larrue
Relator especial de la libertad de opinión y expresión - República de Guatemala
freedex@ohchr.org
(Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) quiere expresar su más decidida repulsa ante los
gravísimos actos de remilitarización de Guatemala en defensa de los intereses de las grandes
transnacionales hidroeléctricas y mineras y de las oligarquías nacionales, y contra los derechos
de la población guatemalteca –incluido el derecho a la vida– que está llevando a cabo el
Gobierno de Guatemala y que en las últimas semanas se han concretado de la forma más
brutal y manifiesta en los siguientes hechos de violencia privada y de violencia
institucionalizada:
– Declaración, el día 1 de mayo, del estado de sitio en Santa Cruz Barillas (departamento de
Huehuetenango) ante la oposición de las comunidades al proyecto Cambalam, de la empresa
Hidro Santa Cruz, propiedad de la española Hidralia Energía S.A.
– Ocupación por parte de efectivos militares, la noche del 7 de mayo, de San José el Golfo
(departamento de Guatemala), al mando del coronel retirado José Vicente Arias Méndez, para
proteger los intereses de la empresa Exmingua (Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.), de
la canadiense Radius Exploration Ltd., ante la no aceptación por parte de diversas
comunidades del proyecto Derivado VII.
– Represión y acoso continuado a las comunidades itxiles que rechazan la explotación de la
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal (departamento de El Quiché), por la empresa Enel
Green Power, propiedad de la italiana ENEL (en el Estado Español, ENDESA).
Dicha violencia se ha concretado en:
Santa Cruz Barillas: absoluta desatención a la Consulta Comunitaria realizada en 2007 en la
que se expresó un rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico; presiones para que los
pobladores vendan sus propiedades; persecución legal contra líderes comunitarios; presencia
de gente armada de la empresa en las comunidades; prohibición de paso a comunidades
vecinas y trabajadores del campo, especialmente el acceso a las cataratas; actitud de
confrontación, insultos provocaciones, disparos e intimidaciones por parte del personal de
seguridad de la empresa; detención de personas que han interpuesto denuncias en la
Procuraduría de Derechos Humanos por las amenazas recibidas de la empresa; atentado
contra Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, con resultado de
muerte del primero y heridas graves de los otros dos; declaración del estado de sitio que ha
inducido a parte de la población a refugiarse en las montañas.
San José el Golfo: ocupación de San José por efectivos militares para dar protección a las
minas; custodia por parte de la Policía Nacional Civil de los camiones de la empresa con cierre

10. de carreteras al paso de la población; presiones a los líderes y acoso en sus domicilios por
personal armado de la empresa; privatización y cierre con portones de caminos esenciales
para el desplazamiento de las comunidades; negativa a organizar una consulta ciudadana;
contaminación del agua, enfermedades de la piel e imposibilidad de sembrar. También se ve
afectada por la misma situación la municipalidad cercana de San Pedro Ayampuc.
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal: absoluta desatención a las más de 50 consultas
populares realizadas en el Occidente de Guatemala y que han rechazado rotundamente la
construcción de la hidroeléctrica; atropello en 2009 de los estudiantes Francisco Vázquez y
Leonardo Ixcoy Hernández por tráileres de la empresa sin que se haya detenido a los
responsables; en 2011, ataque a la comunidad El Regadío por miembros de la seguridad
privada de Pedro Brol, terrateniente beneficiario de los proyectos de ENEL; presencia de
personal antimotines de la Policía Nacional Civil para proteger el paso de los tráileres de la
empresa; contaminación del agua, destrucción de bosques y ríos, y de las economías locales;
amenazas contra el ciudadano español Ricardo Busquets, cuya labor consiste en filmar las
actividades del CUC, incluidas aquellas en las que se han reportado actos de represión por
parte del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas; entradas en las
comunidades con gran despliegue de policías y militares para defender los intereses de la
empresa e impedir la resistencia pacífica de los habitantes; presiones y acoso contra las
comunidades, con criminalización del movimiento popular a cuyos líderes se ha acusado de
tener vínculos con el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico.
Las políticas del Estado guatemalteco, que una vez más se inscriben en las prácticas del
neoliberalismo más salvaje, están creando en Guatemala un estado de represión y terror
generalizado que nos remite a las políticas de tierra arrasada que devastaron el país en los
años 80. Ahora Guatemala cuenta con un Gobierno pretendidamente democrático y, sin
embargo, no se duda en recurrir a los mismos métodos.
Desde (Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) le instamos a exigir al Gobierno de Guatemala:
– La inmediata supresión del estado de sitio en Santa Cruz Barillas, con reintegración de las
garantías constitucionales a todos sus habitantes, la retirada de todos los efectivos militares
de San José el Golfo, y el fin del acoso a las comunidades de San Juan Cotzal.
– La inmediata liberación de todos los detenidos en Santa Cruz Barillas y la detención de los
responsables materiales e intelectuales del asesinato del señor Andrés Francisco Miguel y de
las graves lesiones a los señores Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.
– El fin de la criminalización de las personas y organizaciones que luchan por la defensa de sus
derechos y su territorio, en lugar de responder con la violencia y criminalización de las
poblaciones que se oponen a prácticas lesivas, como tantas veces ha hecho el Estado
guatemalteco, entre otras en Livingston (Izabal) en 2008, en San Juan Sacatepéquez
(Suchitepéquez) en 2009, en el Departamento de San Marcos en 2010, en el Polochic (Alta
Verapaz), y en Los Cimientos en 2011 y Cunén (El Quiché) a principios del año en curso, etc.
etc.
– El respeto a los resultados de las consultas comunitarias avaladas por el Convenio 169 de la
OIT y la misma Constitución de la República llevadas a cabo en todos los departamentos de

11. Guatemala, incluidos los mencionados más arriba, y el reconocimiento de los resultados
obtenidos.
– La suspensión de la actividad de Hidro Santa Cruz, así como de las demás empresas
hidroeléctricas del país, mineras, cementeras, petroleras y otros proyectos extractivos, hasta
que las comunidades cuyos territorios sean afectados no hayan sido escuchadas y tenidas en
cuenta.
– Un verdadero diálogo sobre el futuro del país para resolver de forma integral los reclamos de
los pueblos indígenas y demás comunidades ante los intereses de las empresas nacionales y
extrajeras que buscan lucrar con los recursos naturales.
___________________, ___ de ________ de 2012
Nom/Nombre
Càrrec/Cargo
Segell de l’entitat/Sello de la entidad

12. A LA ATENCIÓN DE
Viceministerio de Gobernación Apoyo al Sector Justicia
República de Guatemala
arkelbenitez32@yahoo.com
(Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) quiere expresar su más decidida repulsa ante los
gravísimos actos de remilitarización de Guatemala en defensa de los intereses de las grandes
transnacionales hidroeléctricas y mineras y de las oligarquías nacionales, y contra los derechos
de la población guatemalteca –incluido el derecho a la vida– que está llevando a cabo su
Gobierno y que en las últimas semanas se han concretado de la forma más brutal y manifiesta
en los siguientes hechos de violencia privada y de violencia institucionalizada:
– Declaración, el día 1 de mayo, del estado de sitio en Santa Cruz Barillas (departamento de
Huehuetenango) ante la oposición de las comunidades al proyecto Cambalam, de la empresa
Hidro Santa Cruz, propiedad de la española Hidralia Energía S.A.
– Ocupación por parte de efectivos militares, la noche del 7 de mayo, de San José el Golfo
(departamento de Guatemala), al mando del coronel retirado José Vicente Arias Méndez, para
proteger los intereses de la empresa Exmingua (Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.), de
la canadiense Radius Exploration Ltd., ante la no aceptación por parte de diversas
comunidades del proyecto Derivado VII.
– Represión y acoso continuado a las comunidades itxiles que rechazan la explotación de la
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal (departamento de El Quiché), por la empresa Enel
Green Power, propiedad de la italiana ENEL (en el Estado Español, ENDESA).
Dicha violencia se ha concretado en:
Santa Cruz Barillas: absoluta desatención a la Consulta Comunitaria realizada en 2007 en la
que se expresó un rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico; presiones para que los
pobladores vendan sus propiedades; persecución legal contra líderes comunitarios; presencia
de gente armada de la empresa en las comunidades; prohibición de paso a comunidades
vecinas y trabajadores del campo, especialmente el acceso a las cataratas; actitud de
confrontación, insultos provocaciones, disparos e intimidaciones por parte del personal de
seguridad de la empresa; detención de personas que han interpuesto denuncias en la
Procuraduría de Derechos Humanos por las amenazas recibidas de la empresa; atentado
contra Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, con resultado de
muerte del primero y heridas graves de los otros dos; declaración del estado de sitio que ha
inducido a parte de la población a refugiarse en las montañas.
San José el Golfo: ocupación de San José por efectivos militares para dar protección a las
minas; custodia por parte de la Policía Nacional Civil de los camiones de la empresa con cierre
de carreteras al paso de la población; presiones a los líderes y acoso en sus domicilios por

13. personal armado de la empresa; privatización y cierre con portones de caminos esenciales
para el desplazamiento de las comunidades; negativa a organizar una consulta ciudadana;
contaminación del agua, enfermedades de la piel e imposibilidad de sembrar. También se ve
afectada por la misma situación la municipalidad cercana de San Pedro Ayampuc.
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal: absoluta desatención a las más de 50 consultas
populares realizadas en el Occidente de Guatemala y que han rechazado rotundamente la
construcción de la hidroeléctrica; atropello en 2009 de los estudiantes Francisco Vázquez y
Leonardo Ixcoy Hernández por tráileres de la empresa sin que se haya detenido a los
responsables; en 2011, ataque a la comunidad El Regadío por miembros de la seguridad
privada de Pedro Brol, terrateniente beneficiario de los proyectos de ENEL; presencia de
personal antimotines de la Policía Nacional Civil para proteger el paso de los tráileres de la
empresa; contaminación del agua, destrucción de bosques y ríos, y de las economías locales;
amenazas contra el ciudadano español Ricardo Busquets, cuya labor consiste en filmar las
actividades del CUC, incluidas aquellas en las que se han reportado actos de represión por
parte del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas; entradas en las
comunidades con gran despliegue de policías y militares para defender los intereses de la
empresa e impedir la resistencia pacífica de los habitantes; presiones y acoso contra las
comunidades, con criminalización del movimiento popular a cuyos líderes se ha acusado de
tener vínculos con el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico.
Las políticas del Estado guatemalteco, que una vez más se inscriben en las prácticas del
neoliberalismo más salvaje, están creando en Guatemala un estado de represión y terror
generalizado que nos remite a esos años 80 que su Presidente tan bien conoce, pues fue uno
de los protagonistas de las políticas de tierra arrasada y de las estrategias contrainsurgentes y
genocidas que devastaron su país. Ahora están ustedes al frente de un Gobierno
pretendidamente democrático y, sin embargo, no dudan en recurrir a los mismos métodos.
Desde (Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) le exigimos:
– La inmediata supresión del estado de sitio en Santa Cruz Barillas, con reintegración de las
garantías constitucionales a todos sus habitantes, la retirada de todos los efectivos militares
de San José el Golfo, y el fin del acoso a las comunidades de San Juan Cotzal.
– La inmediata liberación de todos los detenidos en Santa Cruz Barillas y la detención de los
responsables materiales e intelectuales del asesinato del señor Andrés Francisco Miguel y de
las graves lesiones a los señores Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.
– El fin de la criminalización de las personas y organizaciones que luchan por la defensa de sus
derechos y su territorio, en lugar de responder con la violencia y criminalización de las
poblaciones que se oponen a prácticas lesivas, como tantas veces ha hecho el Estado
guatemalteco, entre otras en Livingston (Izabal) en 2008, en San Juan Sacatepéquez
(Suchitepéquez) en 2009, en el Departamento de San Marcos en 2010, en el Polochic (Alta
Verapaz), y en Los Cimientos en 2011 y Cunén (El Quiché) a principios del año en curso, etc.
etc.
– El respeto a los resultados de las consultas comunitarias avaladas por el Convenio 169 de la
OIT y la misma Constitución de la República llevadas a cabo en todos los departamentos de

14. Guatemala, incluidos los mencionados más arriba, y el reconocimiento de los resultados
obtenidos.
– La suspensión de la actividad de Hidro Santa Cruz, así como de las demás empresas
hidroeléctricas del país, mineras, cementeras, petroleras y otros proyectos extractivos, hasta
que las comunidades cuyos territorios sean afectados no hayan sido escuchadas y tenidas en
cuenta.
– Un verdadero diálogo sobre el futuro del país para resolver de forma integral los reclamos de
los pueblos indígenas y demás comunidades ante los intereses de las empresas nacionales y
extrajeras que buscan lucrar con los recursos naturales.
___________________, ___ de ________ de 2012
Nom/Nombre
Càrrec/Cargo
Segell de l’entitat/Sello de la entidad

15. A LA ATENCIÓN DE:
General Otto Pérez Molina
Presidente de la República de Guatemala
infopublic@scspr.gob.gt
(Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) quiere expresar su más decidida repulsa ante los
gravísimos actos de remilitarización de Guatemala en defensa de los intereses de las grandes
transnacionales hidroeléctricas y mineras y de las oligarquías nacionales, y contra los derechos
de la población guatemalteca –incluido el derecho a la vida– que está llevando a cabo su
Gobierno y que en las últimas semanas se han concretado de la forma más brutal y manifiesta
en los siguientes hechos de violencia privada y de violencia institucionalizada:
– Declaración, el día 1 de mayo, del estado de sitio en Santa Cruz Barillas (departamento de
Huehuetenango) ante la oposición de las comunidades al proyecto Cambalam, de la empresa
Hidro Santa Cruz, propiedad de la española Hidralia Energía S.A.
– Ocupación por parte de efectivos militares, la noche del 7 de mayo, de San José el Golfo
(departamento de Guatemala), al mando del coronel retirado José Vicente Arias Méndez, para
proteger los intereses de la empresa Exmingua (Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.), de
la canadiense Radius Exploration Ltd., ante la no aceptación por parte de diversas
comunidades del proyecto Derivado VII.
– Represión y acoso continuado a las comunidades itxiles que rechazan la explotación de la
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal (departamento de El Quiché), por la empresa Enel
Green Power, propiedad de la italiana ENEL (en el Estado Español, ENDESA).
Dicha violencia se ha concretado en:
Santa Cruz Barillas: absoluta desatención a la Consulta Comunitaria realizada en 2007 en la
que se expresó un rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico; presiones para que los
pobladores vendan sus propiedades; persecución legal contra líderes comunitarios; presencia
de gente armada de la empresa en las comunidades; prohibición de paso a comunidades
vecinas y trabajadores del campo, especialmente el acceso a las cataratas; actitud de
confrontación, insultos provocaciones, disparos e intimidaciones por parte del personal de
seguridad de la empresa; detención de personas que han interpuesto denuncias en la
Procuraduría de Derechos Humanos por las amenazas recibidas de la empresa; atentado
contra Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, con resultado de
muerte del primero y heridas graves de los otros dos; declaración del estado de sitio que ha
inducido a parte de la población a refugiarse en las montañas.
San José el Golfo: ocupación de San José por efectivos militares para dar protección a las
minas; custodia por parte de la Policía Nacional Civil de los camiones de la empresa con cierre

16. de carreteras al paso de la población; presiones a los líderes y acoso en sus domicilios por
personal armado de la empresa; privatización y cierre con portones de caminos esenciales
para el desplazamiento de las comunidades; negativa a organizar una consulta ciudadana;
contaminación del agua, enfermedades de la piel e imposibilidad de sembrar. También se ve
afectada por la misma situación la municipalidad cercana de San Pedro Ayampuc.
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal: absoluta desatención a las más de 50 consultas
populares realizadas en el Occidente de Guatemala y que han rechazado rotundamente la
construcción de la hidroeléctrica; atropello en 2009 de los estudiantes Francisco Vázquez y
Leonardo Ixcoy Hernández por tráileres de la empresa sin que se haya detenido a los
responsables; en 2011, ataque a la comunidad El Regadío por miembros de la seguridad
privada de Pedro Brol, terrateniente beneficiario de los proyectos de ENEL; presencia de
personal antimotines de la Policía Nacional Civil para proteger el paso de los tráileres de la
empresa; contaminación del agua, destrucción de bosques y ríos, y de las economías locales;
amenazas contra el ciudadano español Ricardo Busquets, cuya labor consiste en filmar las
actividades del CUC, incluidas aquellas en las que se han reportado actos de represión por
parte del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas; entradas en las
comunidades con gran despliegue de policías y militares para defender los intereses de la
empresa e impedir la resistencia pacífica de los habitantes; presiones y acoso contra las
comunidades, con criminalización del movimiento popular a cuyos líderes se ha acusado de
tener vínculos con el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico.
Las políticas del Estado guatemalteco, que una vez más se inscriben en las prácticas del
neoliberalismo más salvaje, están creando en Guatemala un estado de represión y terror
generalizado que nos remite a esos años 80 que usted, general, tan bien conoce, pues fue uno
de los protagonistas de las políticas de tierra arrasada y de las estrategias contrainsurgentes y
genocidas que devastaron su país. Ahora está al frente de un Gobierno pretendidamente
democrático y, sin embargo, no duda en recurrir a los mismos métodos.
Desde (Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) le exigimos:
– La inmediata supresión del estado de sitio en Santa Cruz Barillas, con reintegración de las
garantías constitucionales a todos sus habitantes, la retirada de todos los efectivos militares
de San José el Golfo, y el fin del acoso a las comunidades de San Juan Cotzal.
– La inmediata liberación de todos los detenidos en Santa Cruz Barillas y la detención de los
responsables materiales e intelectuales del asesinato del señor Andrés Francisco Miguel y de
las graves lesiones a los señores Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.
– El fin de la criminalización de las personas y organizaciones que luchan por la defensa de sus
derechos y su territorio, en lugar de responder con la violencia y criminalización de las
poblaciones que se oponen a prácticas lesivas, como tantas veces ha hecho el Estado
guatemalteco, entre otras en Livingston (Izabal) en 2008, en San Juan Sacatepéquez
(Suchitepéquez) en 2009, en el Departamento de San Marcos en 2010, en el Polochic (Alta
Verapaz), y en Los Cimientos en 2011 y Cunén (El Quiché) a principios del año en curso, etc.
etc.

17. – El respeto a los resultados de las consultas comunitarias avaladas por el Convenio 169 de la
OIT y la misma Constitución de la República llevadas a cabo en todos los departamentos de
Guatemala, incluidos los mencionados más arriba, y el reconocimiento de los resultados
obtenidos.
– La suspensión de la actividad de Hidro Santa Cruz, así como de las demás empresas
hidroeléctricas del país, mineras, cementeras, petroleras y otros proyectos extractivos, hasta
que las comunidades cuyos territorios sean afectados no hayan sido escuchadas y tenidas en
cuenta.
– Un verdadero diálogo sobre el futuro del país para resolver de forma integral los reclamos de
los pueblos indígenas y demás comunidades ante los intereses de las empresas nacionales y
extrajeras que buscan lucrar con los recursos naturales.
___________________, ___ de ________ de 2012
Nom/Nombre
Càrrec/Cargo
Segell de l’entitat/Sello de la entidad

18. A LA ATENCIÓN DE
Lic. Sergio Morales
Procuraduría de los Derechos Humanos - República de Guatemala
pdh@pdh.org.gt
(Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) quiere expresar su más decidida repulsa ante los
gravísimos actos de remilitarización de Guatemala en defensa de los intereses de las grandes
transnacionales hidroeléctricas y mineras y de las oligarquías nacionales, y contra los derechos
de la población guatemalteca –incluido el derecho a la vida– que está llevando a cabo el
Gobierno de Guatemala y que en las últimas semanas se han concretado de la forma más
brutal y manifiesta en los siguientes hechos de violencia privada y de violencia
institucionalizada:
– Declaración, el día 1 de mayo, del estado de sitio en Santa Cruz Barillas (departamento de
Huehuetenango) ante la oposición de las comunidades al proyecto Cambalam, de la empresa
Hidro Santa Cruz, propiedad de la española Hidralia Energía S.A.
– Ocupación por parte de efectivos militares, la noche del 7 de mayo, de San José el Golfo
(departamento de Guatemala), al mando del coronel retirado José Vicente Arias Méndez, para
proteger los intereses de la empresa Exmingua (Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.), de
la canadiense Radius Exploration Ltd., ante la no aceptación por parte de diversas
comunidades del proyecto Derivado VII.
– Represión y acoso continuado a las comunidades itxiles que rechazan la explotación de la
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal (departamento de El Quiché), por la empresa Enel
Green Power, propiedad de la italiana ENEL (en el Estado Español, ENDESA).
Dicha violencia se ha concretado en:
Santa Cruz Barillas: absoluta desatención a la Consulta Comunitaria realizada en 2007 en la
que se expresó un rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico; presiones para que los
pobladores vendan sus propiedades; persecución legal contra líderes comunitarios; presencia
de gente armada de la empresa en las comunidades; prohibición de paso a comunidades
vecinas y trabajadores del campo, especialmente el acceso a las cataratas; actitud de
confrontación, insultos provocaciones, disparos e intimidaciones por parte del personal de
seguridad de la empresa; detención de personas que han interpuesto denuncias en la
Procuraduría de Derechos Humanos por las amenazas recibidas de la empresa; atentado
contra Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, con resultado de
muerte del primero y heridas graves de los otros dos; declaración del estado de sitio que ha
inducido a parte de la población a refugiarse en las montañas.

19. San José el Golfo: ocupación de San José por efectivos militares para dar protección a las
minas; custodia por parte de la Policía Nacional Civil de los camiones de la empresa con cierre
de carreteras al paso de la población; presiones a los líderes y acoso en sus domicilios por
personal armado de la empresa; privatización y cierre con portones de caminos esenciales
para el desplazamiento de las comunidades; negativa a organizar una consulta ciudadana;
contaminación del agua, enfermedades de la piel e imposibilidad de sembrar. También se ve
afectada por la misma situación la municipalidad cercana de San Pedro Ayampuc.
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal: absoluta desatención a las más de 50 consultas
populares realizadas en el Occidente de Guatemala y que han rechazado rotundamente la
construcción de la hidroeléctrica; atropello en 2009 de los estudiantes Francisco Vázquez y
Leonardo Ixcoy Hernández por tráileres de la empresa sin que se haya detenido a los
responsables; en 2011, ataque a la comunidad El Regadío por miembros de la seguridad
privada de Pedro Brol, terrateniente beneficiario de los proyectos de ENEL; presencia de
personal antimotines de la Policía Nacional Civil para proteger el paso de los tráileres de la
empresa; contaminación del agua, destrucción de bosques y ríos, y de las economías locales;
amenazas contra el ciudadano español Ricardo Busquets, cuya labor consiste en filmar las
actividades del CUC, incluidas aquellas en las que se han reportado actos de represión por
parte del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas; entradas en las
comunidades con gran despliegue de policías y militares para defender los intereses de la
empresa e impedir la resistencia pacífica de los habitantes; presiones y acoso contra las
comunidades, con criminalización del movimiento popular a cuyos líderes se ha acusado de
tener vínculos con el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico.
Las políticas del Estado guatemalteco, que una vez más se inscriben en las prácticas del
neoliberalismo más salvaje, están creando en Guatemala un estado de represión y terror
generalizado que nos remite a las políticas de tierra arrasada que devastaron el país en los
años 80. Ahora Guatemala cuenta con un Gobierno pretendidamente democrático y, sin
embargo, no se duda en recurrir a los mismos métodos.
Desde (Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) le instamos a exigir al Gobierno de Guatemala:
– La inmediata supresión del estado de sitio en Santa Cruz Barillas, con reintegración de las
garantías constitucionales a todos sus habitantes, la retirada de todos los efectivos militares
de San José el Golfo, y el fin del acoso a las comunidades de San Juan Cotzal.
– La inmediata liberación de todos los detenidos en Santa Cruz Barillas y la detención de los
responsables materiales e intelectuales del asesinato del señor Andrés Francisco Miguel y de
las graves lesiones a los señores Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.
– El fin de la criminalización de las personas y organizaciones que luchan por la defensa de sus
derechos y su territorio, en lugar de responder con la violencia y criminalización de las
poblaciones que se oponen a prácticas lesivas, como tantas veces ha hecho el Estado
guatemalteco, entre otras en Livingston (Izabal) en 2008, en San Juan Sacatepéquez
(Suchitepéquez) en 2009, en el Departamento de San Marcos en 2010, en el Polochic (Alta
Verapaz), y en Los Cimientos en 2011 y Cunén (El Quiché) a principios del año en curso, etc.
etc.

20. – El respeto a los resultados de las consultas comunitarias avaladas por el Convenio 169 de la
OIT y la misma Constitución de la República llevadas a cabo en todos los departamentos de
Guatemala, incluidos los mencionados más arriba, y el reconocimiento de los resultados
obtenidos.
– La suspensión de la actividad de Hidro Santa Cruz, así como de las demás empresas
hidroeléctricas del país, mineras, cementeras, petroleras y otros proyectos extractivos, hasta
que las comunidades cuyos territorios sean afectados no hayan sido escuchadas y tenidas en
cuenta.
– Un verdadero diálogo sobre el futuro del país para resolver de forma integral los reclamos de
los pueblos indígenas y demás comunidades ante los intereses de las empresas nacionales y
extrajeras que buscan lucrar con los recursos naturales.
___________________, ___ de ________ de 2012
Nom/Nombre
Càrrec/Cargo
Segell de l’entitat/Sello de la entidad

21. A LA ATENCIÓN DE
Lda. Roxana Baldetti
Vicepresidenta República de Guatemala
webmastervice@vicepresidencia.gob.gt
(Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) quiere expresar su más decidida repulsa ante los
gravísimos actos de remilitarización de Guatemala en defensa de los intereses de las grandes
transnacionales hidroeléctricas y mineras y de las oligarquías nacionales, y contra los derechos
de la población guatemalteca –incluido el derecho a la vida– que está llevando a cabo su
Gobierno y que en las últimas semanas se han concretado de la forma más brutal y manifiesta
en los siguientes hechos de violencia privada y de violencia institucionalizada:
– Declaración, el día 1 de mayo, del estado de sitio en Santa Cruz Barillas (departamento de
Huehuetenango) ante la oposición de las comunidades al proyecto Cambalam, de la empresa
Hidro Santa Cruz, propiedad de la española Hidralia Energía S.A.
– Ocupación por parte de efectivos militares, la noche del 7 de mayo, de San José el Golfo
(departamento de Guatemala), al mando del coronel retirado José Vicente Arias Méndez, para
proteger los intereses de la empresa Exmingua (Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.), de
la canadiense Radius Exploration Ltd., ante la no aceptación por parte de diversas
comunidades del proyecto Derivado VII.
– Represión y acoso continuado a las comunidades itxiles que rechazan la explotación de la
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal (departamento de El Quiché), por la empresa Enel
Green Power, propiedad de la italiana ENEL (en el Estado Español, ENDESA).
Dicha violencia se ha concretado en:
Santa Cruz Barillas: absoluta desatención a la Consulta Comunitaria realizada en 2007 en la
que se expresó un rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico; presiones para que los
pobladores vendan sus propiedades; persecución legal contra líderes comunitarios; presencia
de gente armada de la empresa en las comunidades; prohibición de paso a comunidades
vecinas y trabajadores del campo, especialmente el acceso a las cataratas; actitud de
confrontación, insultos provocaciones, disparos e intimidaciones por parte del personal de
seguridad de la empresa; detención de personas que han interpuesto denuncias en la
Procuraduría de Derechos Humanos por las amenazas recibidas de la empresa; atentado
contra Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, con resultado de
muerte del primero y heridas graves de los otros dos; declaración del estado de sitio que ha
inducido a parte de la población a refugiarse en las montañas.

22. San José el Golfo: ocupación de San José por efectivos militares para dar protección a las
minas; custodia por parte de la Policía Nacional Civil de los camiones de la empresa con cierre
de carreteras al paso de la población; presiones a los líderes y acoso en sus domicilios por
personal armado de la empresa; privatización y cierre con portones de caminos esenciales
para el desplazamiento de las comunidades; negativa a organizar una consulta ciudadana;
contaminación del agua, enfermedades de la piel e imposibilidad de sembrar. También se ve
afectada por la misma situación la municipalidad cercana de San Pedro Ayampuc.
Hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal: absoluta desatención a las más de 50 consultas
populares realizadas en el Occidente de Guatemala y que han rechazado rotundamente la
construcción de la hidroeléctrica; atropello en 2009 de los estudiantes Francisco Vázquez y
Leonardo Ixcoy Hernández por tráileres de la empresa sin que se haya detenido a los
responsables; en 2011, ataque a la comunidad El Regadío por miembros de la seguridad
privada de Pedro Brol, terrateniente beneficiario de los proyectos de ENEL; presencia de
personal antimotines de la Policía Nacional Civil para proteger el paso de los tráileres de la
empresa; contaminación del agua, destrucción de bosques y ríos, y de las economías locales;
amenazas contra el ciudadano español Ricardo Busquets, cuya labor consiste en filmar las
actividades del CUC, incluidas aquellas en las que se han reportado actos de represión por
parte del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas; entradas en las
comunidades con gran despliegue de policías y militares para defender los intereses de la
empresa e impedir la resistencia pacífica de los habitantes; presiones y acoso contra las
comunidades, con criminalización del movimiento popular a cuyos líderes se ha acusado de
tener vínculos con el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico.
Las políticas del Estado guatemalteco, que una vez más se inscriben en las prácticas del
neoliberalismo más salvaje, están creando en Guatemala un estado de represión y terror
generalizado que nos remite a esos años 80 que su Presidente tan bien conoce, pues fue uno
de los protagonistas de las políticas de tierra arrasada y de las estrategias contrainsurgentes y
genocidas que devastaron su país. Ahora están ustedes al frente de un Gobierno
pretendidamente democrático y, sin embargo, no dudan en recurrir a los mismos métodos.
Desde (Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) le exigimos:
– La inmediata supresión del estado de sitio en Santa Cruz Barillas, con reintegración de las
garantías constitucionales a todos sus habitantes, la retirada de todos los efectivos militares
de San José el Golfo, y el fin del acoso a las comunidades de San Juan Cotzal.
– La inmediata liberación de todos los detenidos en Santa Cruz Barillas y la detención de los
responsables materiales e intelectuales del asesinato del señor Andrés Francisco Miguel y de
las graves lesiones a los señores Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.
– El fin de la criminalización de las personas y organizaciones que luchan por la defensa de sus
derechos y su territorio, en lugar de responder con la violencia y criminalización de las
poblaciones que se oponen a prácticas lesivas, como tantas veces ha hecho el Estado
guatemalteco, entre otras en Livingston (Izabal) en 2008, en San Juan Sacatepéquez
(Suchitepéquez) en 2009, en el Departamento de San Marcos en 2010, en el Polochic (Alta

23. Verapaz), y en Los Cimientos en 2011 y Cunén (El Quiché) a principios del año en curso, etc.
etc.
– El respeto a los resultados de las consultas comunitarias avaladas por el Convenio 169 de la
OIT y la misma Constitución de la República llevadas a cabo en todos los departamentos de
Guatemala, incluidos los mencionados más arriba, y el reconocimiento de los resultados
obtenidos.
– La suspensión de la actividad de Hidro Santa Cruz, así como de las demás empresas
hidroeléctricas del país, mineras, cementeras, petroleras y otros proyectos extractivos, hasta
que las comunidades cuyos territorios sean afectados no hayan sido escuchadas y tenidas en
cuenta.
– Un verdadero diálogo sobre el futuro del país para resolver de forma integral los reclamos de
los pueblos indígenas y demás comunidades ante los intereses de las empresas nacionales y
extrajeras que buscan lucrar con los recursos naturales.
___________________, ___ de ________ de 2012
Nom/Nombre
Càrrec/Cargo
Segell de l’entitat/Sello de la entidad

24. A la atención de:
David Castro Valdivia (Director General-CEO de Hidralia Energía S.A.)
Alberto Alegre Jordá (Director Internacional y gerente de Hidralia Energía S.A. en Guatemala)
(Nom de l’entitat/Nombre de la entidad) quiere expresar su más decidida repulsa ante la
situación creada en Barillas, departamento de Huehuetenango (Guatemala) por las políticas de
su empresa Hidro Santa Cruz, que en última instancia han conducido a que el pasado 1 mayo
se decretara el estado de sitio en la zona.
En 2009 establecieron ustedes en Barillas la empresa Econer-Hidralia, que se reconvirtió en
Hidro Santa Cruz, para poner en marcha el proyecto hidrológico Canbalam. Las comunidades
afectadas por el mencionado proyecto no habían sido consultadas como establece la ley, por
lo que tomando la iniciativa organizaron sesiones de información y consulta. El resultado de
estas consultas, avaladas por el Convenio 169 de la OIT, las actas municipales y la misma
Constitución de la República, fue el rechazo a la construcción de la hidroeléctrica por el
negativo impacto ambiental, económico y social que tendría en las poblaciones afectadas,
decisión que se recogió en actas comunitarias presentadas al Concejo Municipal. El 4 de julio
de 2011 se abordó la situación en una reunión con presencia del Alcalde y el Concejal Tercero
de la Municipalidad de Barillas y autoridades comunitarias en la que se determinó nuevamente
la negación a la construcción de la hidroeléctrica y se levantó el acta 09-2011 de la
Municipalidad de la Villa de Barillas.
Sin embargo Hidro Santa Cruz, de la que son ustedes propietarios, inició sus actividades sin
ningún respeto por la voluntad expresada formalmente por las comunidades y la
Municipalidad de Barillas que, además, no ha autorizado las licencias de funcionamiento para
la actividad de la empresa.
La información recibida de las comunidades afectadas afirma que Hidro Santa Cruz intimida a
los habitantes con exhibiciones de fuerza (armamento y explosivos), ha presentado denuncias
contra líderes y personas que no querían vender sus tierras, ha contratado seguridad privada,
se ha negado a toda negociación con las autoridades municipales y ha empezado a introducir
maquinaria pesada a pesar de que las comunidades han expresado por escrito su rechazo a la
hidroeléctrica exigiendo el respeto de sus decisiones y de la legislación vigente en el manifiesto
del 30 de marzo 2012 dirigido al Alcalde y al Concejo Municipal de Barillas. Asimismo, muchos
pobladores han interpretado como un acto de intimidación más por parte de la empresa el
reciente ataque con armas de fuego contra don Andrés Francisco Miguel, don Pablo Antonio
Pablo y don Esteban Bernabé. Los dos últimos resultaron gravemente heridos. Don Andrés
Francisco, que era uno de los líderes comunitarios que no vendió su tierra pese a las presiones
recibidas por Hidro Santa Cruz y que en 2010 había presentado una denuncia en la
Procuraduría de los Derechos Humanos por persecución e intimidación por parte de la
empresa, resultó muerto. La escalada de tensión y oposición que todos estos hechos han
desencadenado ha llevado a la declaración del estado de sitio, a la detención de varias
personas y a la ocupación militar de la zona.
En su sitio web http://www.hidraliaenergia.com/ afirman ustedes que la misión de Hidralia
Energía es Contribuir al cambio de la matriz energética de los países donde actuamos,
mediante el impulso de proyectos hidroeléctricos de pequeña escala y de bajo impacto
ambiental, así como mejorar las condiciones de vida de las personas que viven allí donde
desarrollamos proyectos. Sin embargo, el apartado de “Responsabilidad Social Corporativa”
del mismo sitio web está totalmente en blanco. Puesto que la RSC incluye el cumplimiento de

25. la legislación nacional vigente y especialmente de las normas internacionales en vigor (OIT,
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Normas de Naciones Unidas sobre
Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera
de los Derechos Humanos, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales,etc.) y
que es de carácter carácter global, es decir, afecta a todas las áreas de negocio de la empresa y
sus participadas, así como a todas las áreas geográficas en donde desarrollen su actividad, nos
dirigimos a ustedes para recabar su opinión sobre estos graves hechos y preguntarles qué
piensan hacer ante la situación generada en Barillas.
Atentamente,
___________________, ___ de ________ de 2012
Nom/Nombre
Càrrec/Cargo
Segell de l’entitat/Sello de la entidad