Carta emitida por la APIIDTT a James Anaya Ex Reltaro de la ONU, puntualizando las irregularidades vistas en el procesos de Consulta en Juchitán, para el proyecto de Eólica del Sur.

1. Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a 03 de Febrero de 2015.
James Anaya
Ex Relator Especial para los derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones
Unidas.
PRESENTE
Estimado James Anaya
Hemos tenido conocimiento participará en calidad de observador del proceso de
consulta que el Gobierno mexicano está realizando al municipio Zapoteco de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con motivo de la posible aprobación de un
proyecto Eólico promovido por la empresa “Eólica del Sur”; el mismo que antes
impulsó “Mareña Renovables”.
Aprovechando su importante visita, queremos compartirle la visión que tenemos
como pueblos indígenas que participamos en el proceso de consulta. En primer
lugar, debe UD conocer, que desde hace casi una década, levantamos la voz
contra la injusticia, el abuso y la ocupación ilegal de nuestras tierras comunales en
el Istmo de Tehuantepec, que ha tomado forma de neo colonización, ante la
ocupación de nuestro territorio por modernos molinos de viento, hemos exigido el
respeto a nuestro derecho de propiedad comunal y ancestral. También hemos
señalado que la tierra y sus bienes naturales, no se venden, se aman y se
defienden.
Asimismo queremos manifestar que nosotros no estamos en contra de la
producción de la energía eólica, sino de la forma desconsiderada y desafortunada
en que ésta está siendo impuesta por corporaciones transnacionales en nuestro
territorio, con el beneplácito del gobierno Mexicano. En este sentido las
comunidades del Istmo de Tehuantepec estamos en la mejor disposición de
contribuir a aminorar el calentamiento global en la atmósfera. Para ello se podría
hacer uso de la energía eólica, pero, sustentada en nuestra forma y mundo de
vida: mitos, ritos, cultura, tradiciones, usos y costumbres e intereses.
En este sentido los parques eólicos requeridos para generar esta energía
debieran estar bajo el control, uso, disfrute y propiedad de las comunidades de los
pueblos originarios en las formas que ellos consideren apropiadas, y no en las
manos de corporaciones trasnacionales que en nada vienen a contribuir al
bienestar, calidad de vida y desarrollo armónico para nuestros pueblos.

2. Con relación a las actividades previas que nulifican la actual consulta que se está
pretendiendo realizar para aprobar la construcción del parque de “Eólica del Sur”,
cuando ya existen 21 parques instalados en la región, consideramos pertinente
poner en antecedentes que 1986 la Comisión Federal de Electricidad instala
estaciones anemométricas en el Istmo de Tehuantepec y en 1994 la primera
Central Eólica de 1.5 MW de capacidad.
A partir de ello se genera interés en la región y se realizan diferentes evaluaciones
del potencial eólico del Istmo de Tehuantepec, tanto por CFE como por los
National Renewable Energy Laboratories (NREL), financiado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la USAID, del cual resulta un
Atlas eólico y un mapa donde se ilustra el potencial eólico de la región ( mapa 1).
Posteriormente entre los años 2000-2004 se realizaron varios coloquios
internacionales en Bahías de Huatulco, donde concurrieron principalmente
empresas relacionadas con la energía, presidentes municipales y políticos
locales, sin la presencia de representantes de comunidades agrarias e indígenas
de la región, el producto de esos coloquios es un mapa que emitió la Asociación
Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), donde se observa como las empresas
eólicas multinacionales se reparten nuestro territorio sin que fuéramos ni
consultados, ni informados ( mapa 2).
Por lo anterior, consideramos que la Consulta Previa para el consentimiento, libre
e informado debiera llevarse a cabo en las comunidades de todo el territorio del
Istmo de Tehuantepec y no proyecto por proyecto como se está realizando en la
actualidad, siendo ésta la primera gran violación de una consulta regional que
debiera haberse realizado.
Es a partir del respeto pleno a nuestra propiedad ancestral y nuestro derecho a la
libre determinación y a la autonomía que HEMOS EXIGIDO EL DERECHO A LA
CONSULTA Y AL CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO, en los
términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, la consulta que el Gobierno mexicano, está promoviendo, desde
octubre de 2014, no se está realizando de forma apropiada y no cumple con los
estándares internacionales sobre consulta y consentimiento previo, libre e
informado. Con el fin de respaldar nuestro dicho, le presentamos algunas de las
violaciones más graves que se han dado durante el actual proceso de consulta.
1.- Violación de la consulta previa

3. Como bien UD conoce, según el Artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los
derechos de los pueblos indígenas, las consultas deben realizarse antes de
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos.
Asimismo, los órganos especializados de la OIT han considerado que la consulta
previa “…implica que las comunidades afectadas participen lo antes posible en el
proceso, incluso en la realización de estudios de impacto ambiental1
No obstante, en franca violación de este principio, el Gobierno mexicano, a través
de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otorgó la Autorización
de Impacto Ambiental al a Parque Energía Eólica del Sur, S.A.P.I, con fecha 30
de junio de 2014. 2 Este acto administrativo, relacionado con el megaproyecto que
nos afecta, no contó la participación y la consulta de nuestra comunidad, y ahora
se pretende que ratifiquemos la construcción del proyecto en otra consulta,
habiéndose saltado la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental
consulta y participación de la comunidad Qué sentido tiene que reflexionemos
acerca de los impactos que causará el proyecto sobre nuestro medio ambiente,
nuestro aire, nuestro mar y nuestra vida, si ya la autorización está dada.
Tampoco se nos tomó en cuenta para la realización de este tipo de estudios,
siendo que así los establece el Convenio 169 en su Artículo 7. Esto se hace
patente, además, ya que la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó la
empresa, no se realizó una valoración de la importancia de las rutas y sitios
sagrados, los topónimos en lengua indígena, la fauna y flora en lengua didxazaa.
Por lo que se trata de un documento inadecuado culturalmente.
Por otra parte, la consulta previa también fue violada ya que los posesionarios de
las terrenos donde se pretende instalar el parque eólico, propuesto por Energía
Eólica del Sur, S.A.P.I., han firmado contratos con la empresa desde hace un año,
antes del actual proceso de Consulta, previa, libre e informada, como ellos
mismos lo han externado, en sus intervenciones durante la Consulta que se está
realizando en Juchitán, que constan en vídeos que podemos compartirles si es de
su interés.
El Estado mexicano está regularizando tierras de origen social por la vía de
notarios públicos. La situación de la tenencia de la tierra en la Comuna de Juchitán
es Social, y desde el año 1978, la comuna no tiene un representante agrario y por
lo tanto no se han realizado asambleas de comuneros para autorizar la instalación
de los parques eólicos.
1
Informe del Comité Tripartito de la OIT (caso Shuar), Doc. GB.282/14/2 párrafo 38.
2
“9 OAXACA JUCHITAN DE ZARAGOZA 20OA2013E0071 ENERGIA EOLICA DEL SUR SAPI DE CVEOLICA DEL SUR MIA.-REGIONAL
16-DIC-13 20-JUN-14 22 MESES 30 AÑOS.” FUENTE: Gaceta ecológica 26 de Junio 2014, SEMARNAT DGIRA

4. Por los hechos antes expuestos, es indiscutible que el carácter previo de la
consulta ya fue violado y el proyecto tiene luz verde por parte del Gobierno
mexicano, sin habernos consultado para llegar a un acuerdo o tener el
consentimiento de la comunidad.
. 2.- Violación de la consulta libre y falta de buena fe
Como es de su conocimiento, las Directrices del Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (GNUDU) señalan que la consulta será calificada de libre
cuando no exista coerción, intimidación ni manipulación que incida en la decisión
que tome el pueblo indígena
Sin embargo, el carácter libre de la consulta se pone en entredicho cuando los
participantes dentro del proceso están siendo coaccionados, inducidos o
amenazados, como se ha podido observar, donde recurrentemente están
participando los trabajadores del ayuntamiento municipal, asimismo la
participación crítica de las personas son hostigadas por los posesionarios o
seguidores de los partidos políticos con gritos, descalificaciones y amenazas de
muerte, motivo por el cual tuvimos que mandar una carta al Mecanismo de
defensores y periodistas para solicitar seguridad para algunos miembros de la
comunidad que hemos sido amenazados de muerte.3
De igual forma, en contra del principio de buena fe y a lo previsto en el Artículo 17
del Convenio 169 dónde se señala que:
“Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse
de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por
parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión, o el uso de las
tierras pertenecientes a ellas”.
El Gobierno mexicano, lejos de impedir, ha facilitado y favorecido el
mantenimiento del carácter secreto de los contratos individuales que ya han sido
acordados con los arrendatarios de tierra, y no ha permitido el análisis de dichos
contratos mismos durante la Consulta, promoviendo así una opacidad con
respecto a los acuerdos individuales y colectivos, violentando la necesaria
transparencia y condiciones de confianza que requiere este tipo de diálogo con los
pueblos.
3
Consta la carta enviada al Mecanismo, adscrito a la Secretaría de Gobernación el 7 de noviembre de 2014.

5. La redistribución de la riqueza, es un valor y una práctica constante en los usos y
costumbres de la comunidad indígena zapoteca, que es violentado por esta
secrecía. Este tipo de actos de espaldas a la comunidad, solo conduce a la
división comunitaria, al crecimiento de la desconfianza, la codicia y la formación de
grupos que incluso llegan a negar su carácter de población indígena para señalar
que por no “serlo” no requieren que sea consultada la comunidad y menos
juzgados por la ésta, ya que es su decisión individual rentar la tierra.
En medio de este ambiente de divisionismo, se fomentan por parte de grupos de
interés, que abucheadores profieran expresiones de rechazo, que no permiten los
sujetos de la consulta expresar sus ideas, ni a los demás asistentes el escuchar.
Este tipo de manifestaciones contrarias a la buena fe y al diálogo respetuoso han
sido toleradas por el Gobierno, que no las ha prohibido ni sancionado.
3. Violación de la consulta informada
Los expertos de la OIT han señalado que el derecho a la consulta no se reduce a
la mera entrega de información por parte de la autoridad responsable de la
consulta4, sino que la información que entregue el Estado debe permitir a los
pueblos indígenas tener conocimientos de los posibles riesgos del plan de
desarrollo o inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad.
En ese sentido, la consulta previa requiere que el Estado brinde información
suficiente y culturalmente adecuada.
Sin embargo, cabe mencionar que la difusión de la convocatoria a las sesiones de
la Consulta insuficiente en la medida en que no se han utilizado los medios, tales
como radio, perifoneo, cárteles, y estrados. Ni se ha siquiera planteado la
posibilidad de la transmisión vía radio de la misma. En consecuencia la asistencia
a dichas sesiones no es representativa de la comunidad del Municipio de Juchitán
de Zaragoza en relación al número total de población indígena.
4. Violación del sujeto de la consulta indígena
El convenio 169 establece claramente en su Artículo 6 que los sujetos de la
consulta son “los pueblos interesados (…) a través de sus instituciones
representativas”.
Sin embargo, el Protocolo de consulta que presentó la Secretaría de Energía,
incluyó a representantes de Gobierno estatal y municipal como parte de los
sujetos consultados. Especialmente, es preocupante que las autoridades
4
Observación General sobre la obligación de la consulta de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la OIT, 2011.

6. municipales sean reconocidas por el Protocolo como parte del órgano responsable
de la consulta y por otro lado aparezca también como sujeto consultado.
Los gobiernos son quien tiene la obligación de consultar y garantizar las
condiciones del proceso, pero en ningún caso deben ser los sujetos consultados.
Esto además de ser contrario a los estándares sobre derecho a la consulta, les
coloca en un claro conflicto de interés como juez y parte del proceso.
Apenas iniciada la etapa de Acuerdos Previos hicimos llegar ésta y otras
observaciones a la Secretaría de Energía 5 ,la representante de la SENER
manifestó que esté punto estaba subsanado, sin embargo por las condiciones y
formato de las reuniones no se observa que esto se haya modificado, a pesar de
estar en clara contradicción con el espíritu del Convenio 169 de la OIT.
5.- Necesidad de que se respete nuestro derecho al consentimiento
Estimado James Anaya, como bien UD sostuvo, en su calidad de Relator en
diversos informes sobre la situación de los pueblos indígenas y en particular en la
comunicación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicho órgano
del Estado retomó en su Protocolo de actuación para aplicar justicia en caso de
comunidades indígenas y citamos textualmente:
El Relator Especial ha precisado que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana
y las disposiciones de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas
evidencian que el consentimiento sería exigible en todo caso que una medida
propuesta tuviese efectos significativos sobre los derechos de los pueblos
indígenas que son esenciales para su supervivencia como tales. Ello pudiera
comprender, además de los proyectos de inversión o desarrollo que afectaran el
modo de vida o subsistencia de los pueblos indígenas, los casos que impliquen el
reasentamiento o traslados poblacionales y el almacenamiento o desecho de
materiales peligrosos en territorios indígenas”6.
Asimismo, en su momento el primer Relator especial sobre derechos de los
pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, incluyó en su definición de “Gran
proyecto de desarrollo”, a las centrales o instalaciones “energéticas”, y son
proyectos que entre otros objetivos contemplan “la generación de energía
5
Carta enviada a la SENER por la Coordinación General de LA ASAMBLEA DE PUEBLOS INDIGENAS DEL
ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y TERRITORIO, 11 de noviembre 2014.
6
SCJN, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas
y comunidades Indígenas, p. 24. La fuente que registra el Protocolo es la Comunicación del Entonces Relator
James Anaya, del 16 de enero de 2013 a la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría a la Presidencia
de la SCJN,
http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/nueva_version_ProtocoloIndige
nasDig.pdf

7. eléctrica” 7 y que puede ocasionar la pérdida de la tierra y los territorios
tradicionales, (…) el reasentamiento, el agotamiento de los recursos necesarios
para la supervivencia física y cultural, la destrucción y contaminación del medio
ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, y en algunos casos,
el hostigamiento y la violencia”8.
En nuestro caso particular, el proyecto de la Empresa de la Energía Eólica Sur,
tiene entre sus objetivo la “generación de energía eléctrica”, y ha generado ya
graves impactos en la región sobre todo en lo referente, a la “desorganización
social y comunitaria”, el “hostigamiento y la violencia”, así como la posible “pérdida
de la tierra y los territorios tradicionales”.
Con base en éstos estándares autorizados y la jurisprudencia de la Corte IDH, que
es obligatoria para el Estado mexicano, le solicitamos a los órganos responsables
de la consulta que se adicionara en el Protocolo el deber del Gobierno mexicano
de obtener el consentimiento libre previo e informado9, no sólo como objetivo de la
consulta, sino también como obligación. Pero desafortunadamente no ha sido
incorporado en esa calidad.
Respetable James Anaya, siendo UD una voz autorizada en la materia y un
defensor consecuente con los derechos de los pueblos indígenas, le pedimos que
tome en consideración nuestras puntos de vista sobre las irregularidades de este
proceso y los retome en su calidad de observador de éste proceso en las
recomendaciones que le haga al Gobierno mexicano. Su actuación, esperamos
pueda coadyuvar a que se corrija la marcha de un proceso ya viciado de origen y,
especialmente, que nuestros derechos humanos como pueblos sean garantizados.
Reciba un cordial saludo de nuestras Comunidades zapotecas e ikojts del Istmo
de Tehuantepec.
ATENTAMENTE
Coordinación General de la ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO
EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO.
BETTINA CRUZ VELÁZQUEZ JOSÉ CRUZ OSORIO RODRIGO FLORES PEÑALOZA
7
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4359.pdf?view=1 párrafo 6
8
Ibídem, p. 2
9
Carta citada, dirigida a SENER del 11 de noviembre de 2014

8. ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ ELOÍSA MARTÍNEZ GUERRA PEDRO MARTÍNEZ M.
FILIBERTO VICENTE AQUINO ANTONIO GUERRA LÓPEZ VICTORIANO JIMÉNEZ
ODELIO LÓPEZ VICENTE PEDRO OROZCO LÓPEZ NOÉ LÓPEZ OROZCO
ESTELA LÓPEZ OROZCO GUADALUPE RAMÍREZ CASTELLANOS
JUAN REGALADO MARTÍNEZ ELVIN LÓPEZ CELAYA JUAN MURIEL
SOCIEDAD CIVIL: ALFREDO SAYNES
ANEXOS:
MAPA 1.
Capacidad de 33,200 MW en 6,637 Km2 de los 95,364 Km2 de
superficie del estado

9. MAPA 2.EL REPARTO DEL TERRITORIO