Se ganaron el Premio Nacional de Paz hace año y medio. Fueron reconocidos como víctimas tras años de olvido estatal. Y el presidente Juan Manuel Santos los elogió como “un modelo, como pocos, de resistencia pacífica ante la acción de los violentos”. Sin embargo, hoy los campesinos de Las Pavas están aún más lejos de recuperar las tierras que les fueron despojadas.

1. Las Pavas colgadas de Pretelt
Las 109 familias campesinas de Las Pavas, que en 2013 ganaron
el Premio Nacional de Paz, están hoy lejos de volver a sus tierras
en el sur de Bolívar.
Por: Andrés Bermúdez Liévano, Mié, 2015-06-03 23:38 La Silla Vacía
Se ganaron el Premio Nacional de Paz hace año y medio.
Fueron reconocidos como víctimas tras años de olvido estatal. Y el
presidente Juan Manuel Santos los elogió como “un modelo, como
pocos, de resistencia pacífica ante la acción de los violentos”. Sin
embargo, hoy los campesinos de Las Pavas están aún más lejos de
recuperar las tierras que les fueron despojadas.
Sin ninguna decisión jurídica o administrativa en firme, uno de los
casos más emblemáticos de la progresista política de tierras que
impulsaron Santos y su primer ministro de Agricultura Juan Camilo
Restrepo está haciendo aguas. Y ahora su suerte depende en gran
medida del cuestionado magistrado de la Corte Constitucional Jorge
Pretelt.
El limbo jurídico de Las Pavas

2. Aunque el presidente Juan Manuel Santos ha elogiado la resistencia
no violenta de los campesinos de Las Pavas, el caso suyo -
emblemático para la política de tierras y víctimas del Gobierno- está
estancado.
El Incoder, que entonces dirigía Miriam Villegas, tomó dos decisiones
que benefician a los campesinos de Las Pavas pero que terminaron
bloqueadas por el empresario José Ernesto Macías.

3. El padre jesuita Francisco de Roux, que ha apoyado el proceso de Las
Pavas desde el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio,
ha advertido sobre los hostigamientos que viven los campesinos.
A pesar que desde hace un año los campesinos de Las Pavas vivien
oficialmente en 'riesgo extraordinario', la Unidad de Protección que
dirige Diego Mora no les ha asignado un esquema de protección
colectiva.
Hace dos años parecía que las 109 familias de Asociación de
Campesinos de Buenos Aires (Asocab) finalmente recibirían los
papeles que las acreditaban como propietarios de la Hacienda Las

4. Pavas en El Peñón. Títulos que nunca han tenido porque cuando
llegaron a finales de los años noventa al ese rincón del Magdalena
Medio de Bolívar eran terrenos abandonados.
Poco antes de que recibieran el Premio Nacional de Paz en 2013, el
Incoder expidió dos resoluciones que le daban la razón a los
campesinos de Las Pavas y que parecían resolver el caso.
En una primera resolución, decretó que 11 de los predios de la
hacienda eran aún baldíos de la Nación que nunca habían sido
adjudicados a nadie y que, por lo tanto, no le podían pertenecer a su
supuesto propietario Jesús Emilio Escobar (un tío del narcotraficante
Pablo Escobar) ni él podía venderlos a terceros. En una segunda
decisión, declaró la extinción de dominio sobre otros tres predios que
-cuando llegaron en 1997- no estaban siendo explotados por Escobar.
Eso significaba que los 14 predios se debían convertir de nuevo en
baldíos y entrar en el fondo de tierras del Gobierno para ser luego
adjudicados solo a campesinos sin tierra. Y los de Las Pavas, como
ocupantes de unos terrenos cuya posesión ya habían solicitado en
2003, debían ser los primeros en línea para recibirlos.
Esas decisiones también implicaban que se debía cancelar el registro
de propiedad de Aportes San Isidro, la compañía del empresario
barranquillero José Ernesto Macías que hoy es dueña de los predios y
que los sembró con palma africana.
Macías le compró las tierras a Escobar en 2004, cuando los
campesinos estaban desplazados y en plena época de auge
paramilitar. Lo hizo en asociación con CI Tequendama, una empresa
de la familia samaria Dávila Abondano que luego le vendió su parte a
Aportes San Isidro.
Ambos están -como contó La Silla- en la lista de quienes recibieron
millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro y aportaron plata al
referendo que buscaba un tercer período de Álvaro Uribe.
A pesar de ese avance en el caso, como tantos otros en Colombia, el
de Las Pavas se volvió un pleito jurídico que por ahora no tiene final a
la vista.

5. Macías -que había recurrido sin éxito las resoluciones del Incoder-
solicitó un proceso especial de revisión, que es la última instancia
para un proceso agrario y que debe resolver el Consejo de Estado.
Debido a un artículo en la Ley 160 agraria que congela todas las
decisiones anteriores en una extinción de dominio mientras sale el
fallo definitivo, las resoluciones del Incoder a favor de Asocab
quedaron por completo frenadas.
Eso dejó servido el plato para el conflicto: es por eso que hoy están
conviviendo, lado a lado, dos grupos que reclaman el derecho sobre
la misma finca. Y no de manera pacífica.
Por un lado, están los campesinos que llegaron a finales de los años
noventa y a quienes la Corte Constitucional reconoció como víctimas
de desplazamiento en una sentencia de Mauricio González en 2011,
que de paso le ordenó al Gobierno reabrir sus procesos de titulación y
frenar los desalojos solicitados por Macías y los Dávila hasta que el
caso se resolviera. Y por el otro, el empresario que compró Las Pavas
-Macías- después de que los campesinos fueran obligados a huir, que
seguirá siendo el dueño mientras sale el fallo y que argumenta que
ellos son ocupantes ilegales.
El problema es que un proceso agrario en el Consejo de Estado se
demora en promedio diez años, por lo que éste -que está en el
despacho de la magistrada Olga Valle de la Hoz- pinta para largo.
Muy largo para los campesinos que han ido retornando a Las Pavas
por cuarta vez en una década, y que están siendo hostigados y
provocados todos los días por los empleados de Macías, como
denunciando los campesinos y el sacerdote jesuita Francisco de Roux.
Entra Pretelt

6. El magistrado Jorge Pretelt tiene los dos casos claves de Las Pavas en
su despacho, pero tendrá que responder a la petición de sus colegas
de que se declare impedido.
El magistrado Jorge Iván Palacio le pidió a Pretelt que se declare
impedido por tener un proceso agrario en contra que se podría ver
beneficiado dependiendo de cómo falla él el de Las Pavas.
A raíz de la difícil situación de los campesinos de Las Pavas, dos
acciones judiciales en su defensa llegaron a la Corte Constitucional. Y
las dos están en el despacho del polémico magistrado Jorge Pretelt, él

7. mismo también involucrado en un escándalo por presunta apropiación
irregular de tierras baldías en otro lugar.
Ambos casos llevaban casi dos años en el cajón, pero se comenzaron
a mover hace poco. Sobre todo después de que la Universidad
Javeriana le envió una nueva intervención a la Sala Plena de la Corte
Constitucional en abril, pidiéndole desengavetar el caso.
Finalmente los dos casos llegaron el miércoles pasado a la Sala Plena,
donde desataron todo un tierrero.
Después de que Pretelt le contara a sus colegas que su ponencia
proponía declarar constitucional el artículo que les suspendió las
resoluciones del Incoder, el magistrado Jorge Iván Palacio lo invitó a
declararse impedido y -después de que Pretelt se negara a hacerlo- le
presentó a sus otros colegas un documento que llevaba en el título
los números de referencia de las dos acciones judiciales en el caso de
Las Pavas.
En éste, Palacio explicaba que Pretelt tiene un proceso agrario en su
contra desde 2008 por Las Gaviotas, un islote en San Bernardo del
Viento que sigue siendo baldío de la Nación y donde él tiene una
casa.
Eso significa que, dependiendo de cómo falle la Corte la acción de
inconstitucionalidad, Pretelt podría verse beneficiado y mantener el
uso de su casa-isla mientras le sale a él una decisión final en el
Consejo de Estado.
En ese momento la Sala Plena decidió abrirle un incidente de
recusación a Pretelt, cuyo ponente fue su aliado Alberto Rojas. Eso
significa que Rojas tendrá que abrir un proceso por ese caso y recibir
pruebas, para que -una vez se defienda Pretelt y se resuelva las
recusación en su contra- se defina si él puede quedar de ponente en
los dos casos de Las Pavas o si éstos pasan a manos del siguiente
magistrado por orden alfabético. Es decir, Rojas.
Además de la súplica a la Corte Constitucional, en abril la Javeriana le
solicitó medidas cautelares al Consejo de Estado. Y ahora en mayo le
envió un derecho de petición al alcalde de El Peñón pidiendo que

8. restrinja temporalmente la expansión de la palma, ya que -si el caso
llega a durar una década- Las Pavas será un bosque tupido.
Esto porque “puede que los campesinos terminen ganando el caso,
pero que no haya tierra que sembrar”, dice Juan Felipe García, el
director de la clínica jurídica de tierras de la Universidad Javeriana,
que viene acompañándolos legalmente y que está viviendo allí desde
febrero.
La zozobra en Las Pavas
Los campesinos de Las Pavas están denunciando que en las últimas
semanas se han reanudado las agresiones de los empleados de
Aportes San Isidro, que -según ellos- han cultivado palma rodeando
sus chozas (arriba), han envenenado sus cultivos de plátano (abajo)
y les han cerrado con candado el portón de acceso a la fina (última).
Fotos cortesía de Asocab.

10. Mientras se resuelve su suerte tanto en la Corte Constitucional como
en el Consejo de Estado, la vida de los campesinos de Las Pavas
transcurre en medio del miedo.
En febrero de este año, una veintena de las familias de Asocab
comenzaron a retornar gradualmente al predio que están
reclamando. Es la cuarta vez que lo intentan en una década y la
primera en que cuentan con un pequeño apoyo del Gobierno, en este
caso de la Unidad de Víctimas que les ha financiado los cultivos y que
inició una ruta de reparación colectiva con ellos.
A partir de ese momento los hostigamientos y las intimidaciones de
los empleados de Aportes San Isidro se dispararon.
Según cuentan ellos, en los últimos meses entre 50 y 80 nuevos
trabajadores de José Ernesto Macías los vienen amedrentando. A
algunos de ellos los han reconocido como los antiguos empleados del
departamento de seguridad de la empresa, que terminó con su
licencia de operación suspendida por la Supervigilancia en 2013 y con

11. una multa de 50 millones de pesos por prestar ese servicio de
manera móvil cuando no estaban autorizados para hacerlo.
El modus operandi es el mismo de los anteriores retornos. A los que
caminan por la servidumbre pública que conduce del corregimiento de
Buenos Aires -donde vive la veintena de familias que retornó- a Las
Pavas los agreden físicamente, los insultan y les toman fotos.
A las mujeres, incluidas las que vienen a acompañar su caso, les dan
la bienvenida con todo tipo de referencias sexuales. El portón de
entrada a la finca -una servidumbre que tienen derecho a usar-
aparece constantemente cerrado con un candado, pese a que en
varias ocasiones la Policía y el Ejército lo han cortado.
El jueves pasado, según cuentan un líder de Las Pavas y tres
personas que han acompañado el proceso, los hombres apostados
allá le mandaron decir a Misael Payares -uno de los históricos líderes
de la comunidad- que lo esperaban en persona para cortar el candado
y que “se atuviera a las consecuencias”.
Ninguna de las denuncias de Asocab ante la Fiscalía ha surtido efecto.
Ellos dicen que, pese a haber identificado con nombre propio -Mario
Mármol- a su agresor principal, ningún empleado de Macías ha sido
judicializado.
Entre tanto, Aportes San Isidro ha continuado la expansión de sus
cultivos de palma, destruyendo los cultivos de yuca, maíz y ñame que
han sembrado los campesinos y rodeando por completo las pequeñas
chozas que han construido allí con plantas de palma. El sembradío de
plátano mafufo de una de las familias -que ya estaba listo para
empezar a dar frutos- apareció seco de repente hace unas semanas,
envenenado con una sustancia desconocida.
“La comida está escasa, por ellos y por el verano tan fuerte. Y ahora,
mientras avanza la siembra, estamos en problemas”, le dijo a La Silla
Mercelis Payares, una de las líderes de Las Pavas.
“Son dos tiempos absolutamente desconectados: el que se vive acá -
el de la urgencia en la alimentación, en la protección, en la falta de
oportunidades- y el del Estado que puede tardar años en tomar una

12. sola decisión. Todo eso lo aprovechan los empresarios para debilitar
el proceso”, dice Juan Felipe García.
Todas estas agresiones los campesinos ya las han vivido en el pasado
y las han capturado en los cantos vallenatos que hicieron famoso a
uno sus líderes, Edwin Torres el “Monchi Pavero”.
Precisamente su resistencia pacífica a esas provocaciones fue una de
las razones para que se ganaran el Premio Nacional de Paz, ya que -
en palabras del jurado del premio- “han afrontado su dura situación
con la no violencia activa y la no retaliación”.
A eso se suma que el Estado se ha quedado corto a la hora de
protegerlos, más allá de financiarles los proyectos productivos a
través de la Unidad de Víctimas. La alcaldía les ha dicho varias veces
que se siente impotente para actuar. La Policía les dice que -más allá
de controlar que el portón esté abierto- tiene que ser neutral, dado
que hay una empresa con títulos de propiedad y unas víctimas
reconocidas.
Para completar, el gobierno Santos no les ha cumplido aún con la
promesa de brindarles un esquema de seguridad.
En marzo del 2014, Asocab le entregó una propuesta de protección
colectiva a la Unidad de Protección. Tres meses después, el Cerrem -
que es el comité interinstitucional que examina la situación de peligro
de cada solicitante- determinó que tenían 'riesgo extraordinario' y
aprobó la mayoría de esas medidas.
Casi un año después, la Unidad que dirige Diego Mora no las ha
implementado por no tener un operador en ese rincón del Magdalena
Medio. Hace dos semanas varios líderes de Asocab se reunieron con
funcionarios del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, y
recibieron la promesa de que el esquema se creará pronto. Mientras
tanto, solo dos líderes tienen medidas individuales sencillas como
chalecos antibalas.
Es decir, todo lo contrario a lo que recomendaba el Premio Nacional
de Paz cuando hizo énfasis en “la necesidad de rodear de apoyo a
comunidades en peligro en su lucha por la tierra y la defensa de sus

13. derechos a través de vías absolutamente pacíficas y legales” y le
pidió al Gobierno “no dejar solos a estos campesinos, a protegerlos y
a exigir que cesen diversas formas de intimidación que cada día
reciben”.
Al final, del éxito de casos emblemáticos como Las Pavas -que son
complejos pero que tienen gran visibilidad y el acompañamiento de
universidades, conocidas ONGs y donantes internacionales-
dependerá la suerte de miles de campesinos anónimos que creen en
la promesa de Santos y la Ley de Víctimas de reversar el despojo que
sufrieron.
Porque como dice el padre jesuita Francisco de Roux, que fundó el
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que los ha
apoyado desde hace una década: “Si pierden los campesinos de Las
Pavas, se mandará un mensaje negativo para toda la política agraria
y la de víctimas”.
Ganadores Premio Nacional de Paz 2013
Video https://www.youtube.com/watch?v=KXxQXNpLmto