La comunidad campesina de Pitalito fue desalojada nuevamente de su tierra de manera irregular e ilegal el 25 de octubre de 2013. La inspección ordenada por el alcalde de Chimichagua contó con una desproporcionada presencia policial y militar y fue parcializada a favor del terrateniente que reclama la tierra. La comunidad ha sido víctima repetidas veces de desplazamiento forzado por parte de este terrateniente y las autoridades no han protegido sus derechos sobre la tierra que han ocupado por gener

1. Denuncia pública: Desalojo arbitrario e ilegal contra la
comunidad de Pitalito
Martes, 29 Octubre 2013 19:01
Tal y como se había advertido, el viernes 25 de octubre, se realizó el
desalojo de la comunidad de Pitalito, Cesar, luego de la inspección
ocular, ordenada por el Alcalde de Chimichagua. La inspección fue
irregular y al parecer estuvo diseñada para favorecer del terrateniente
Juan Fernández de Castro, el actual dueño de la tierra y empresario
palmero que desalojó a la comunidad en 2010. La inspección contó
desde el principio con una desproporcionada presencia de la fuerza
pública, incluyendo agentes del Ejército Nacional, la Policía, el ESMAD y
la SIJIN.
La comunidad ha sido expulsada nuevamente de la misma tierra de
donde fueron desplazados hace tres años, sin que las autoridades
protejan sus derechos como reclamantes de tierras despojadas.
Hechos
Aproximadamente las 9:00 a.m., llegó a la comunidad un vehículo de
placas BKQ 658, del cual descendieron el procurador provincial del
Banco Magdalena, el Inspector de Policía, el Personero municipal y el
asesor jurídico del municipio de Chimichagua, además de una
funcionaria de Bienestar Familiar y el abogado de Juan Manuel
Fernández. Estas personas se hicieron presentes con el fin de realizar la
inspección ocular de acuerdo con la resolución emitida por el alcalde de
Chimichagua.
Antes de empezar la diligencia de inspección ocular, se hicieron
presentes la policía departamental del Cesar y los miembros del

2. Escuadrón Móvil Anti-disturbios - ESMAD, los cuales llegaron a la
comunidad a alrededor de las 9:20 a.m. Al llegar, la policía procedió a
rodear al asentamiento y los agentes del ESMAD se pararon frente a la
cocina de la comunidad; ambas fuerzas comenzaron a tomar fotografías
y a hacer grabaciones. El mayor Diego Pinzón, comandante encargado
del ESMAD, manifestó que era su trabajo dejar constancia mediante
registro de vídeo de la diligencia para la cual fueron requeridos.
También llegaron miembros de civil de la SIJIN a tomar fotografías de la
comunidad campesina y del abogado acompañante de la comunidad. El
abogado presente, integrante de la Fundación de Solidaridad con Presos
Políticos (FCSPP), solicitó que los agentes de la SIJIN se identificaran y
dejaran de tomar fotografías y de grabar, sin embargo estos tomaron
una actitud grosera hacia él y se negaron a revelar su identificación;
actuación completamente ilegal e irregular. Adicionalmente a la
presencia de efectivos de la policía, el ESMAD y la SIJIN, se hicieron
presentes numerosos agentes del Ejército Nacional.
La inspección ocular empezó alrededor de las 9:20 a.m. y terminó con el
respectivo fallo a las 2:50 p.m. Durante el transcurso de la diligencia el
Inspector de Policía de Chimichagua se mostró parcializado; no dejó
constancias de varias solicitudes que hicieron los abogados y los
miembros de la comunidad, y a pesar de que se hicieron varios reclamos
para que respetara el debido proceso y el derecho a la defensa, muchas
de estas fueron ignoradas y hasta interrumpidas mientras el abogado
los planteaba. En adición, ningún planteamiento de la defensa fue objeto
de pronunciamiento por el Inspector.
Además, aunque el Inspector adelantó el tramite mediante el decreto
747 de 1992, acordado como el procedimiento correcto para la
diligencia, por la Juez Promiscua de Chimichagua en sentencia del 30 de
agosto de 2013, solo le dio aplicación a las normas que él consideró
pertinentes y a favor de Juan Manuel Fernández, quien colocó la querella
que conllevó a la realización de la inspección ocular. Por ejemplo, en
dicho decreto se establecen los recursos de reposición y apelación, este
último recurso lo debe de resolver el superior jerárquico, entiéndase el
gobernador. Este derecho fue negado por el funcionario encargado,
entre muchas otras irregularidades.
También ha de informarse que varios trabajadores de Juan Manuel
Fernández estuvieron presentes en varios puntos del lugar donde la
comunidad se encontraba. Entre ellos se pudo identificar a Rogelio
(Guajiro), presunto autor de secuestro y tortura contra Esther Carmen

3. Martínez, profesora y líder de la comunidad, además de otras dos
personas que participaron en el primer desplazamiento en 2010.
Cuando fue ordenado el irregular desalojo, al personero de Chimichagua
y los comandantes de los operativos, se les pidió que intervinieran y
suspendieran la orden hasta tanto no hubiese un plan de contingencia
frente a la reubicación de las familias. Sin embargo los comandantes del
operativo manifestaron que no era su labor y que ellos solo cumplían
órdenes. El personero improvisó un albergue en el que se solo se
permitió la ubicación de las familias desplazadas durante la noche del 25
de octubre, y no se les dio alimentación.
Desde el 26 de octubre, los miembros de la comunidad no han recibido
ayuda alguna por parte de las autoridades, ni tampoco han sido
informados de algún plan de contingencia o reubicación.
Contexto
La comunidad de Pitalito fue víctima de desplazamiento forzado a partir
del 24 de junio de 2010, debido a actos violentos en su contra
protagonizados por miembros del Ejército Nacional, el Escuadrón Móvil
Antidisturbios (Esmad) de la Policía y un grupo de civiles armados al
servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, terrateniente, empresario
palmero dueño de la empresa Orlandesca y afiliado a la Federación
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y beneficiario
del programa Agro Ingreso Seguro.
-El 21 de mayo de 2013, la comunidad de Pitalito retornó a la tierra que
le había sido despojada y, desde ese entonces, los campesinos, sus
abogados y los defensores de derechos humanos que los acompañan
han sido sujetos a varias agresiones y presiones, amenazando con un
nuevo desplazamiento forzoso de la finca Pitalito, donde han vivido por
generaciones:
- El mismo 21 de mayo, a la 1:40 p.m, siete miembros del Ejército
Nacional adscritos al Batallón Energético y Vial número 3 'General Fortul'
de la Brigada Blindada X, al mando del teniente Barajas, rodearon la
zona generando temor en la comunidad. Los uniformados, quienes
permanecieron en el lugar por espacio de una hora, pretendieron tomar
fotografías a las familias asentadas, pero fueron disuadidos por la
presencia de acompañantes internacionales.
- El 22 de mayo, a las 10:45 a.m, uno de los trabajadores del sr. Juan
Manuel Fernández de Castro recorrió la zona delimitada por la

4. comunidad, tomando fotografías de sus emblemas, pancartas y
banderas. Cuando los representantes de las organizaciones nacionales e
internacionales presentes allí se acercaron al trabajador preguntando
por aquella situación, él manifestó que se trataba de una orden de su
“patrón”.
- El 23 de mayo, antes de las 7:00 a.m., llegaron a Pitalito ocho
miembros del Ejército Nacional motorizados, quienes se presentaron con
actitud agresiva como integrantes del Batallón Energético y Vial número
3 'General Fortul'. Los militares fueron atendidos de nuevo por
integrantes de las organizaciones internacionales presentes, quienes
intervinieron para evitar que ingresaran al lugar de asentamiento de la
comunidad, delimitado como espacio exclusivo de la población civil.
Asimismo los militares señalaron que llegaron allí porque el “Procurador
de Paz” les dijo que había recibido una llamada de PBI, en la que
denunciaban que en la zona había presencia de hombres armados
“ajenos a ellos”, información completamente falsa.
- El 24 de mayo hicieron presencia en Pitalito el inspector de Policía y el
Personero del municipio de Chimichagua (Cesar), con el fin de observar
el predio. Al parecer, esto se dio en respuesta a una querella presentada
por Fernández de Castro.
- El 4 de junio, a las 11:10 a.m., hicieron presencia en la zona dos
camionetas del Ejército Nacional, una de ellas sin placas y la otra con la
referencia QYA-607, y dos motos en las que se transportaban el
personero de Curumaní, Mauricio Ríos; el teniente Héctor Camacho,
quien se presentó vestido de civil e identificándose como encargado de
derechos humanos de la Brigada Blindada X del Ejército; y la abogada
Jenny Hernández, asesora jurídica de la misma unidad militar. Los
efectivos del Ejército tomaron fotografías a las familias y a su
asentamiento, señalando que estaban verificando denuncias anteriores
hechas por la comunidad, mientras la abogada Hernández solicitaba los
datos personales de quienes estaban presentes en la reunión para
dejarlos consignados en un documento cuyos propósitos y destino aún
se desconocen.
- El mismo día, a las 4:16 p.m., mientras el abogado Leonardo Jaimes
se encontraba en el parque de Curumaní, luego de haber realizado
diligencias propias de su labor, observó que la camioneta de Fernández
de Castro, con placas ELK-472 de Bogotá, transitaba por el lugar y luego
retrocedió unos 20 metros para estacionarse por algunos minutos frente
al vehículo asignado al esquema de protección del abogado, quien tomó
sus placas.

5. - El 12 de junio de 2013, hacia las 9:00 a.m., varios hombres al servicio
de Fernández de Castro se acercaron al asentamiento construido por la
comunidad, tomando fotografías a sus integrantes y a las viviendas que
han ido construyendo.
- El 2 de julio se dio a conocer una denuncia penal presentada por el
señor Fernández de Castro contra varios campesinos de la comunidad,
entre ellos la profesora y lideresa comunitaria Esther Carmen Martínez,
además de los abogados Rommel Durán Castellanos y Gloria Amparo
Silva, el Movice y varias organizaciones y acompañantes internacionales,
entre otros el Observatorio Internacional de Paz (IPO) y la Coordinación
Valenciana de Solidaridad con Colombia. Esta acción penal se inicia en
contra de la comunidad por los supuestos delitos de 'desplazamiento
forzado' y 'concierto para delinquir', entre otros, de los que Fernández
de Castro dice ser víctima.
- El lunes 8 de julio, la comunidad fue notificada de una orden de
desalojo en su contra, emitida por el alcalde de Chimichagua, Amauri
Villareal Tordecilla. Desde entonces, se vienen conociendo los peligrosos
rumores que viene difundiendo el señor Fernández de Castro entre los
habitantes de las veredas aledañas en el sentido que su “finca Pitalito,
fue tomada por la guerrilla”.
- El 29 de septiembre de 2013, los abogados Leonardo Jaimes Marín y
Rommel Durán Castellanos, miembros de la Fundación Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp) e integrantes del Movice,
fueron retenidos arbitrariamente por la Policía y señalados de tener
vínculos con la guerrilla, mientras volvían de haber realizado su trabajo
de acompañamiento jurídico en apoyo de la comunidad campesina de la
finca Pitalito, Cesar.
El proceso de la comunidad de Pitalito se está tramitando en el marco de
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y el
INCODER ha registrado la medida de protección de los predios San
Miguel y Pitalito, que están siendo reclamados por la comunidad
campesina de Pitalito. Dicha medida es dictada porque se presume que
sí fueron despojados.
Exigimos
- Que las autoridades nacionales colombianas actúen urgentemente para
garantizar el derecho al retorno de la comunidad de Pitalito, y evitar la

6. revictimización de las comunidades desplazadas, tal como contempla la
Ley Colombiana.
- Que las autoridades colombianas garanticen seguridad y ayuda
humanitaria para la comunidad nuevamente desplazada.
- Que las organizaciones nacionales e internacionales rechacen este
desalojo arbitrario, y respalden los derechos de la comunidad.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
(Movice)
Octubre 29 de 2013