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Suspenden desalojo de tierras de Tilzapote
En Tilzapote se llevó a cabo un bloqueo carretero por espacio de 70 minutos.
Por Archivaldo García
―Se suspendió el desalojo, pero ahora nos dan 10 días para entregar las 300 hectáreas de la comunidad,
nosotros seguimos por la vía pacífica en la defensa de las tierras de Tilzapote‖, señaló Javier Díaz Figueroa
presidente del comisariado de los bienes comunales de Cozoaltepec.
Cientos de comuneros, pobladores de 62 comunidades agrarias y docentes de la sección 22 Snte-Cnte
llevaron a cabo una marcha protesta de esta agencia municipal hasta Tilzapote en abierto respaldo contra el
diligencia judicial que indica desalojar la comunidad arriba citada.
Javier Díaz Figueroa presidente del comisariado de los bienes comunales de Cozoaltepec, Rodolfo
Barragán Bustamante líder agrario de Huatulco y virtual dirigente del comité regional Chontal – Costa de
los órganos agrarios, y Juan Carlos Sánchez Berra integrante de la comisión política de la sección 22 Snte-
Cnte encabezaron un recorrido por la carretera federal 200; cabe decir que la policía federal, vial estatal, y
municipal acompañaron en resguardo durante la caminata de aproximadamente dos kilómetros.
Luego de arribar a Tilzapote, se llevó a cabo un bloqueo carretero por espacio de 70 minutos mientras
líderes agrarios y dirigentes magisteriales realizaban un mitin al margen de la cinta rodante, con mantas, y
pancartas citaron su rechazo al desalojo de la comunidad, ―claro que como comité regional de comisariados
comunales vamos a tomar cartas en el caso de Tilzapote, todo éste juicio se hizo sin el consenso de la
asamblea general de comuneros de Cozoaltepec, primeramente vamos a reorganizarnos como comité
regional Chontal-Costa somos alrededor de 22 núcleos agrarios que debemos respaldar a los compañeros de
Cozoaltepec para defender Tilzapote ―, expresó Barragán Bustamante.
Juan Carlos Sánchez Berra integrante de la comisión política de la sección 22 destacó que se encuentran en
alerta máxima, ―la sección 22 estamos presentes para defender junto a los compañeros comuneros a
Tilzapote, confiamos de que a partir del uno de diciembre cambien las cosas en el país, y por supuesto para
los comuneros‖, apuntó el líder magisterial.
Cabe mencionar que en 1970 la asamblea de ciudadanos de San Francisco Cozoaltepec designaron a
Salvador Vázquez Alderete y a Virgilio Ramírez Ramírez como representantes propietario y suplente para
llevar a cabo los deslindes y estudios de campo para gestionar la titulación del núcleo agrario de San
Francisco Cozoaltepec, ―en ése entonces realizamos los deslindes, caminamos todo el núcleo, fueron 16
años de gestión, en ése lapso nadie, ninguna persona reclamó Tilzapote, en 1986 se dio la resolución
presidencial, tampoco nadie expuso un desacuerdo o reclamo, se publicó en el diario oficial de la
Federación, nadie salió al paso reclamando, ahora poco más de 20 años después salen con que hay dos
presuntos propietarios, no es posible, es extraño y raro ―, expresó Virgilio Ramírez.
Juan Carlos Sánchez Berra y Javier Díaz Figueroa señalaron que durante estos últimos días de noviembre
estarán atentos y observando la situación, ‖ mañana (hoy) tendremos asamblea extraordinaria con los 62
representantes internos de nuestras comunidades, la sección 22 hará lo propio, así que montaremos estricta
vigilancia en Tilzapote‖, resaltó el dirigente agrario.
Entre 1980 y 1982 la Secretaría de la Reforma Agraria, (SRA) realizó los correspondientes estudios de
topografía, Virgilio Ramírez recordó que la entonces SRA designó a los topógrafos José Luis Arce y Elio
Pérez Holguín culminaron el deslinde del núcleo agrario de Cozoaltepec, incluido, obviamente el anexo
comunal de Tilzapote.
Los comuneros de Cozoaltepec volvieron a señalar la presunción de que Tilzapote es objetivo lucrativo
para construir un desarrollo inmobiliario turístico denominado Esmeralda María I, ―no se vale que usen el
poder para perjudicarnos, a ellos no les ha costado nada de lo que tenemos como bienes comunales, aquí
está nuestra historia, nuestro ombligo, nuestros usos y costumbres, pedimos al gobernador Alejandro Murat
que intervenga ante nuestra situación, que se revisen las omisiones en el juicio que está afectando a
Tilzapote ―, concluyeron varios comuneros.
Sección 22 anuncia gran movilización en Tilzapote
Magisterio y comunidades manifestaron su oposición al desalojo de las 300 hectáreas que
conforman la comunidad para entregarlas a dos presuntos dueños de la tierra
Por Archivaldo García
El sector 04 de la Sección 22 Snte-Cnte vamos a realizar una marcha masiva como protesta contra el
indebido desalojo de la comunidad de Tilzapote», informó el profesor Wilmer Iván López Jiménez,
integrante del magisterio.
Hoy, 21 de noviembre de 2018, se prevé, de acuerdo a la diligencia judicial emitida por el Juez del Tribunal
Unitario Agrario (TUA) 21 de Oaxaca se llevaría a cabo la ejecución judicial para entregar 300 hectáreas
en las cuales se asienta la comunidad de Tilzapote, luego de un arduo litigio agrario de más de 10 años.
Dos personas identificadas por los comuneros de Tilzapote como Pedro Martínez y Domitila Guzmán son
los presuntos propietarios de las tierras de Tilzapote, sin embargo, los propios pobladores y comuneros
señalan que las citadas tierras son y están respaldadas por la resolución presidencial de 1986 y con ello son
anexo comunal del núcleo agrario de San Francisco Cozoaltepec.
Wilmer Iván López abundó que la Sección 22 expresará su postura política en presencia de comuneros y
pobladores, «no sólo la Sección 22 respalda a Tilzapote, sabemos que estarán presentes dirigentes y
comuneros de Santa María Colotepec, Santo Domingo de Morelos, Tonameca, y Pochutla, no vamos a
permitir el desalojo, es una cruel arbitrariedad», subrayó el profesor.
Por su parte, Margarito Salinas Ojeda, presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de Tonameca
también manifestó su respaldo a los comuneros de Tilzapote, y añadió que «como compañeros y sabedores
de que les asiste la razón, nuestra asamblea decidió y votó a favor de apoyar a Tilzapote, y también
pedimos que se revierta el juicio agrario que a todas luces contiene argucias legaloides y omisiones que
fundamentan la posesión legal y agraria de una comunidad cuyo asentamiento tiene más de 60 años y goza
de respaldo como anexo comunal del núcleo agrario de San Francisco Cozoaltepec «, acotó.
Finalmente, trascendió que el martes se llevó a cabo una reunión de negociación entre la Comisión Política
de la Sección 22 y el Gobierno del Estado, entre otras dependencias públicas inherentes a Tilzapote,
esperando que se suspenda, una vez más, la diligencia judicial, «sin embargo, llevaremos a cabo la marcha
de Santa Elena El Tule a Tilzapote, también estaremos atentos porque trasciende que la diligencia judicial
la llevarán a cabo en el crucero de Colotepec, aquí en Santa Elena El Tule estaremos 62 comunidades
agrarias de Cozoaltepec, con el acompañamiento de compañeros de Pochutla, Santo Domingo de Morelos,
Colotepec, y Tonameca, que entiendan que Tilzapote son tierras comunales, así hayan tergiversado el juicio
agrario», aseveró el señor Ángel, poblador y comunero de Tilzapote.
API se manifiesta afuera del Tribunal
Unitario Agrario
Por
Iván Castellanos
-
Iván Castellanos
Pobladores de San Sebastián Río Dulce, Zimatlán, agremiados a la Asamblea de Pueblos
Indígenas (API), protestan en el Tribunal Unitario Agrario para exigir atención a un conflicto
que tienen en la localidad.
Acusaron que la población se encuentra desesperada ante los actos fuera de la ley que
encabeza José Quiroz Cortés, quien se dice asesor de la comunidad, además, indicaron que
esta persona intenta someter a la comunidad a través de diversos mecanismos con la
intención de quedarse con los recursos que les corresponden.
Acusaron que no han tenido atención a demandas para que se mejoren las condiciones que
tienen en su localidad, así como en otras poblaciones de la Mixteca, Costa e Istmo de
Tehuantepec.
Señalaron que decidieron llegar a varias dependencias de gobierno federal y estatal, para
exigir que se les de atención a sus necesidades que requieren.
Amando Orozco
Para UPERI, "justo" el fallo de la Corte sobre
proyecto eólico en el Istmo, Oaxaca
Amando Orozco
Eólica del Sur instalará 132 aerogeneradores en El Espinal y Juchitán de Zaragoza
JUCHITÁN, Oaxaca.- El presidente de la Unión de Propietarios de Energías Renovables del Istmo (UPERI),
Porfirio Montero Fuentes, calificó como justo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que
rechazó el amparo a la consulta indígena del proyecto de Eólica del Sur, decisión con la que los magistrados
avalaron la realización de un proceso que, según los activistas promoventes del amparo, estuvo plagado de
irregularidades.
Montero opinó que se trató de una correcta decisión la que asumió la Segunda Sala de la SCJN al determinar
que las autoridades federales y la empresa eólica sí sometieron a consulta de los pueblos afectados sobre el
proyecto que contempla la instalación de 132 aerogeneradores.
Condenó que a las comunidades lleguen personas de otras partes del país para oponerse a la construcción de una
obra que representaría el desarrollo de una comunidad, como es el caso de Unión Hidalgo.
―Realmente no tiene nada que ver que una persona o una organización que son de otros países y no es de la
comunidad, presente un amparo y afecte a cientos de familias‖.
Cuestionó también la postura que en ocasiones asume el gobierno federal, al ―hacerle caso‖ a grupos que
claramente manipulan el tema de una consulta y los convenios que ya existen.
Señaló que en 1991, siendo diputado federal, se firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que obliga al Estado a garantizar la consulta libre, previa e informada de las comunidades
indígenas sobre sus territorios; aceptaron todo, pero si hay consenso ni la consulta se tiene que hacer.
―El Convenio también dice que si los propietarios están organizados y no hay ningún problema, no tiene por
qué haber consulta y eso se está violentando‖.
Montero Fuentes reveló que ahora en las comunidades de San Dionisio del Mar, Santa María del Mar, donde
―una organización que quién sabe de dónde vino‖, ahuyentó la inversión, piden a gritos que se instalen los
proyectos.
En ese sentido, cuestionó el trabajo que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues
defendiendo un derecho viola otro, ―¿qué los propietarios de las tierras no tenemos derechos?‖
Por otro lado, apremió al Gobierno Federal, para la pronta construcción de la subestación que servirá para
evacuar la energía; pues han pasado 10 años y siguen también esperando la línea de transmisión que va del
Istmo a la capital del país.
―Ni siquiera han iniciado estas obras y las empresas que están pagando reserva de terrenos, están gastando un
dineral‖.
No aclara Alejandro Murat el destino de 879 millones
21 NOVIEMBRE, 2018 DESPERTAROAX
Francisco Vásquez
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades cometidas por el gobierno de Oaxaca en
el manejo de recursos públicos federales durante el ejercicio fiscal 2017, las cuales ascienden a más de 879
millones 100 mil pesos que hasta la fecha no han sido solventados.
La ASF realizó revisiones a la Cuenta Pública 2017 de Oaxaca sobre el gasto federalizado programable, los
resultados los dio a conocer este órgano fiscalizador a través de dos informes públicos, en los cuales se
descubrieron las inconsistencias.
En el primer informe, la Auditoría Superior de la Federación detalló que efectuó en primera instancia ocho
auditorías al gobierno de Alejandro Murat, en las que se examinaron ocho mil 192.8 millones de pesos, de
este total se auditó la cantidad de siete mil 74.4 millones.
Resultando inconsistencias o irregularidades en el manejo de 651.8 millones de pesos, es decir, el 9.2 por
ciento del recurso auditado presenta una presunta malversación de recursos, de esto la ASF logró recuperar o
esclarecer el destino o ejercicio de 449.7 millones.
Por otra parte, en el segundo informe, la Auditoría Superior de la Federación indicó que realizó otras 13
auditorías a nueve mil 864 millones de pesos, en el cual hubo opacidad y falta de comprobante en el ejercicio
de 227.3 millones de pesos, además, se logró esclarecer el gasto y destino del otro monto igual.
Entre las primordiales anomalías encontradas en estas 21 auditorías, la ASF especificó que son la falta de
documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto, recursos o rendimientos financieros no ejercidos,
devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Otras de las inconsistencias más relevantes son transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, pagos
improcedentes o en exceso, conceptos no autorizados por la dependencia normativa, falta de amortización de
los anticipos, entre otros conceptos.
Gasto federalizado
Ahora bien, el gasto federalizado programable son los recursos que el gobierno federal transfiere a las
entidades federativas y municipios por medio de Participaciones, Aportaciones Federales, Subsidios y
Convenios de descentralización y de reasignación.
En cuanto a las Participaciones son un mecanismo de compensación a los gobiernos locales, dependiendo de
la Recaudación Federal Participable, los recursos que pueden ser ejercidos de manera libre por los estados y
municipios.
Las Aportaciones son los recursos que se han descentralizado a los estados y municipios para solventar
prioridades en materia de educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y el fortalecimiento
financiero de las entidades federativas y de los municipios.
Estas Aportaciones forman parte del gasto programable, pues tienen definido un destino específico, su
trasferencia está condicionada a resolver las problemáticas que se deriven de tales necesidades.
Por su parte, los Subsidios incluyen recursos que son entregados a las entidades federativas y municipios a
través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, estos se destinan para apoyar el
desarrollo conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo
señalado en el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) de cada año.
En la categoría de otros subsidios, se aprueban en el PEF las transferencias que se asignan a las entidades
federativas y municipios a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, destinados principalmente
al fortalecimiento del desarrollo regional y municipal mediante programas y proyectos de infraestructura
física.
Mientras que, los Convenios de descentralización y reasignación son acuerdos que las dependencias del
gobierno federal establecen con las entidades federativas para otorgarles recursos presupuestales,
susceptibles de ser federalizados.
Los Convenios de reasignación son acuerdos que las dependencias del gobierno federal firman con las
entidades federativas con el propósito de reasignarles recursos de las dependencias y entidades públicas,
para el cumplimiento de diversos objetivos de los programas federales.
En estos rubros a favor de los oaxaqueños fue donde la Auditoría Superior de la Federación detectó el
presunto desvío de recursos millonario, cabe resaltar que hasta la fecha el gobierno de Oaxaca no ha
comprobado o solventado las irregularidades señaladas por este órgano.
Oaxaca, foco rojo en delitos y pobreza: Semáforo Delictivo
21 NOVIEMBRE, 2018 DESPERTAROAX
Francisco Vásquez
De acuerdo a la organización Semáforo Delictivo, que mide de manera mensual el nivel de inseguridad a nivel
nacional, Oaxaca y el estado de México son las dos entidades del país que no aprobaron ninguno de los 11
rubros que integran la plataforma de medición.
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se integra a base de
solo los delitos denunciados, hasta el 30 de septiembre de este año, la organización sólo emitió alerta amarilla
en los delitos de secuestros y feminicidios, lo cual se traduce en que las políticas implementadas por el
gobierno estatal sólo funcionan de manera parcial.
Sin embargo, los delitos de homicidio, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio,
lesiones, violación y violencia familiar están marcados con el indicador de color rojo, lo cual significa que los
niveles de inseguridad han empeorado.
Los resultados desfavorables que otorga esta organización no gubernamental evidencian que la estrategia
para combatir la comisión de esos delitos no es la correcta debido a que los indicadores se han disparado en
los últimos meses.
Tan solo en el mes de septiembre, Semáforo Delictivo registró 75 homicidios, dos secuestros, 10 extorsiones,
20 ilícitos por narcomenudeo, 257 robos a vehículos, 100 robos a casas, 114 robos a negocios, 370 delitos por
lesiones, 39 violaciones, 391 casos de violencia familiar y cuatro feminicidios.
Según la organización, el delito de homicidio se incrementó en un 17 % respecto a septiembre del año pasado,
el narcomenudeo un 58 %, robo a casa 21 % y violencia familiar 45 por ciento.
De acuerdo a una interpretación de las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico los principales rezagos sociales identificados por Semáforo Delictivo en la entidad son
desigualdad, vivienda, educación y pobreza.
Entre las causas de la inseguridad que destaca la organización se encuentran la corrupción e ineficacia de las
autoridades, la poca transparencia, la falta de interés por ciudadanos, la falta de oportunidades a jóvenes y el
narcomenudeo.
Culpan a Tuñón
El titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Ánuar Mafud Mafud, recientemente aseguró que la ola
de violencia que se vive en el estado es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, que
encabeza el regiomontano Raymundo Tuñón Jáuregui, quien recientemente se ha visto envuelto en un
conflicto marital que ha evidenciado abusos y corrupción en la secretaría a su cargo.
Mafud Mafud afirmó que en Oaxaca hay gobernabilidad y Estado de derecho, y que la inseguridad no obedece
a temas políticos, sino de delincuencia, ello luego de que la semana pasado algunos diputados locales de
Morena reprocharan que el Segundo Informe de Gobierno está plagado de cifras alegres en materia de
seguridad, pues contrastan con la realidad de los oaxaqueños.
Por su parte, el gobernador se ausentó de las actividades con motivo de la conmemoración del 108
aniversario de la Revolución mexicana, pues no acudió al acto cívico y tampoco se presentó en el balcón de
Palacio de Gobierno para presenciar el desfile deportivo, ello porque acudió a la Ciudad de México a
promocionar ante medios de comunicación nacionales su Segundo Informe de Gobierno.
Ante la prensa nacional, Alejandro Murat afirmó que: “En la política lo que te acredita a ti y a la paz es que la
gente vea que están sucediendo cosas positivas”.
Exhortarán diputados a la Fiscalía de Oaxaca
esclarecer homicidio de fotoperiodista
DEL DÍA, GENERAL, SEGURIDAD 22 noviembre, 201821 noviembre, 2018 marca
* La Comisión de Justicia de la Legislatura federal aprueba punto de acuerdo y será turnado al pleno.
Por Óscar Rodríguez
Oaxaca, Oax.- La Comisión de Justicia de la Legislatura federal exhortará a la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca para que agoten las investigaciones que permitan la detención y procesamiento de él o los responsables
del homicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, ello luego de que la diputada federal perredista María
Guadalupe Almaguer Pardo realizara la propuesta como punto de acuerdo y fuera aceptado.
Con fecha del 23 de octubre de 2018, mediante oficio con número de trámite D.G.P.L. 64-II-4-108 bajo el número
de expediente 686, la Comisión de Justicia recibió la asignación del exhorto.
El 2 de junio pasado, en el contexto de la elección municipal de Juchitán de Zaragoza, fue asesinada la fotógrafa
María del Sol Cruz Jarquín, la candidata a segunda concejala de la planilla del PRI-PVEM-PNA, Pamela Terán
Pineda y su chofer, Adelfo Guerra Jiménez.
Sobre el homicidio fue detenido un presunto responsable de nombre Jehú G. L., presunto autor material, mismo
que fue liberado ocho días después, en el pasado mes de septiembre. La defensa presentó a tres testigos que no
estuvieron en el lugar de los hechos, un arquitecto -perito- que reconoció no ser experto en georreferenciación, así
como el testimonio de un policía municipal que no reconoció al inculpado como el joven que pidió auxilio, lo que de
acuerdo con la defensa lo ubicaba en un lugar distinto al de los hechos.
El juez de control de Juchitán en cambio decidió desechar el testimonio de un testigo protegido de la Fiscalía
General de Oaxaca, quien sí estaba en el lugar de los hechos y reconoció al inculpado. Esa misma instancia
tampoco ha podido detener a otro presunto responsable del crimen que se dio a la fuga.
A la fecha la familia de la fotoperiodista afirma que hay nulos avances en el esclarecimiento del triple asesinato, por
ello será el Congreso federal quien a través de punto de acuerdo aprobado exhortará a la Fiscalía agilizar el
proceso de investigación.
MORENA Propone Iniciativa De Ley De Austeridad En Oaxaca;
Y Exhiben A Diputados Estrenando “Camionetones”
Por: Eugenio GONZÁLEZ
Oaxaca, México.- Este miércoles, el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) propuso la iniciativa de Ley de Austeridad con la finalidad de aplicar medidas para hacer uso,
adecuado y eficiente, de los recursos públicos.
Fue el diputado Fredy Delfín Avendaño quien subió a tribuna para presentar la iniciativa en donde expuso que
dicha iniciativa contempla ―la aplicación de medidas para hacer uso de los recursos públicos basados en los
principios de eficacia, eficiencia, transparencia, racionalidad y honradez que ineludiblemente requiere nuestro
estado para su crecimiento‖.
Tras su ponencia y a manera de exhorto, la diputada del PRI Lilia Mendoza Cruz dijo que tal iniciativa deberá
aplicarse de manera congruente porque –dijo- hay en el estacionamiento del Congreso camionetas nuevas de
diputados morenistas que no van acorde a la austeridad que plantean.
De inmediato y aprovechando su intervención en el estrado, la diputada morenista Delfina Elizabeth Guzmán
refutó que ―no puede quedarse como una afirmación lo que dijo la diputada (Lilia Mendoza) porque hay de
camionetas a camionetas, que sea una camioneta nueva no quiere decir que cueste 800 o un millón de pesos
como muchos acostumbran a tenerlas‖.
Ante ese escenario, El Piñero de la Cuenca constató que en el estacionamiento del Palacio Legislativo de San
Raymundo Jalpan algunos diputados lucieron camionetas de reciente adquisición. Y la que sobresalía, por su
modelo y tamaño, fue la de la diputada Elim Antonio Aquino, quien presumió una camioneta Koleos de la
marca Renault con un valor en el mercado de 429 mil pesos, aun sin placas y con permiso provisional. Elim es
diputada plurinominal e hija del dos veces presidente municipal de Xoxocotlán José Julio Antonio Aquino.
Reportan Cortes A La Circulación En Carretera
Tuxtepec-Oaxaca
Aunque son intermitentes causan retraso a los automovilistas.
Carlos Abad/El Piñero de la Cuenca
Tuxtepec, Oaxaca.- Los kilómetros 62, 68 y 73 de la carretera federal Tuxtepec-Oaxaca por la Sierra Juárez se
encuentran en rehabilitación debido a los deslaves presentados en las pasadas lluvias de hace menos de un mes
y que provocaron en su momento serias afectaciones a la carpeta asfáltica.
Por consiguiente y debido a la gran actividad de maquinaria pesada con vehículos conocidos como ―manos de
chango‖, la zona antes descrita recibe reiterados cortes a la circulación en un solo carril para facilitar los
trabajos.
Decenas de automovilistas reportan hasta 45 minutos de retraso en los tramos mencionados al principio.
―No se preocupen‖, se dará autonomía a medios públicos: Sánchez
Cordero
POR LA REDACCIÓN , 21 NOVIEMBRE, 2018LA TRANSICIÓN, PRESIDENTE 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, aseguró que se harán los ajustes legales necesarios para dar autonomía a las
radiodifusoras y medios públicos.
―Lo de medios vamos a ajustarlo. No, no, nada va a ser de errata, se va a discutir a morir, vamos a revisarla para
darles autonomía a los medios públicos, no se preocupen, van a ver cómo se va a respetar todo esto‖, dijo
Sánchez Cordero en entrevista, de acuerdo con la agencia Notimex.
De acuerdo con la ministra en retiro de la Suprema Corte, durante el debate y aprobación de las reformas a la
Ley Orgánica de la Administración Pública, que se realizará mañana, podrá ajustarse el artículo 27, fracción
VIII, que otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de administrar los medios públicos permisionados.
La minuta enviada por la Cámara de Diputados señala que la Segob estará facultada para administrar el tiempo
del Estado en radio y televisión y proveer el servicio de radiodifusión a nivel nacional.
El lunes se dio a conocer un desplegado en el que 42 organizaciones e instituciones académicas, así como 103
especialistas, demandan al Senado modificar la fracción VIII del artículo 27, al considerar que la reforma
aprobada en San Lázaro representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la
información.
Sánchez Cordero también defendió las modificaciones al artículo 21 de esa ley, que otorga facultades al
Presidente de la República para constituir comisiones intersecretariales.
―Siempre se habían hecho comisiones. El Presidente de la República había establecido cualquier cantidad de
comisiones, recordarán la de la paz para el estado de Chiapas, con el EZLN; la comisión para investigar el caso
de la muerte de Luis Donaldo Colosio, las comisiones del Ríos Balsas‖, dijo Sánchez Cordero.
AMLO anuncia consulta sobre juicio a
expresidentes, la Guardia Nacional y el consejo
empresarial
El próximo presidente remarcó que espera la reforma al artículo 35 constitucional para quitar obstáculos para la
realización de consultas y que sean vinculatorias.
Redacción Animal Político
noviembre 21 2018 10:41
FONDEA el periodismo independiente
La creación de la Guardia Nacional, que el próximo presidente tenga un consejo de asesores integrado por
empresarios, e investigar posibles actos de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto y los expresidentes
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, son temas que se incluirán en una
nueva consulta ciudadana, anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
El tabasqueño sostuvo que esta consulta la realizará cuando ya sea presidente de México y se formularán tres
preguntas:
1. ―¿Crees que Andrés Manuel, presidente de la República, deba tener un grupo asesor para consultarles sobre
proyecto productivos, pedirles sus puntos de vista? ¿Sí o no?‖
2. ―¿Crees que Andrés Manuel, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y
no sólo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a
Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Sí o no?‖
En entrevista con Carmen Aristegui, también se comprometió a consultar sobre la creación de la Guardia
Nacional (integrada por la policía militar, naval y federal), aunque no formuló un cuestionamiento en específico
sobre el tema.
Destacó que la crisis de seguridad en México es resultado de una conjunción de varios factores, como pobreza,
corrupción de los cuerpos policíacos y la desatención de los jóvenes. ―El Ejército mexicano y la Armada son
instituciones de protección a los mexicanos. Se trata de aprovechar el conocimiento y la disciplina, así como sus
cuarteles, para garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país‖.
Sobre el compromiso de que no iba a modificar la Constitución, mencionó que se tiene que hacer por la
gravedad de la situación. ―No puedo yo garantizar a los mexicanos la paz y la seguridad de otra manera‖.
Señaló que se haría un debate sobre los tres temas y luego la consulta para que participen los ciudadanos.
El próximo presidente remarcó que espera la reforma al artículo 35 constitucional para quitar obstáculos para la
realización de consultas y que sean vinculatorias.
Lee: No hay nada que temer: AMLO asegura que el cambio de gobierno será ordenado y pacífico
Aunque previamente había declarado que los procesos judiciales por actos de corrupción seguirán su marcha
legal, López Obrador dijo que en su gobierno no habrá persecución contra políticos de oposición ni ―chivos
expiatorios‖, habrá un punto final a la corrupción y hacia adelante ya no habrá perdón.
―Yo en campaña hablé de no perseguir a nadie, yo no ofrecí que iba a encarcelar a los políticos (…) A mi me
interesa terminar con el régimen corrupto. Lo que ya está en curso eso continúa. Como titular del Ejecutivo no
voy a perseguir a nadie, mi fuerte no es la venganza, quiero justicia, no venganza‖.
López Obrador insistió en que investigar los casos de los expresidentes sería conspirar contra la estabilidad
política del país.
―No solo no nos alcanzarían las cárceles, hay que pensar con mucha responsabilidad de que en honor a la
justicia si se trata de juzgar y abrir expedientes se tiene que empezar con los de arriba. Sería conspirar en contra
de la estabilidad política del país, se suelta la confrontación, nos empantanamos. Tendría que enjuiciar a
Salinas, a Fox, Calderón, Peña Nieto, habría demasiado escándalo y no podría hacer lo que quiero para acabar
con la corrupción, me quedaría anclado‖, declaró.
Sin embargo, dijo que acatará lo que opinen los ciudadanos, incluso en el tema de los expresidentes.
Reiteró que busca escuchar la voz de todos los mexicanos, “tanto la voz del pueblo como la de los
empresarios”.
El pasado 15 de noviembre, López Obrador anunció el reclutamiento de empresarios que le asesorarán en temas
económicos y que estaría integrado por: Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca; Bernardo Gómez, directivo de
Televisa; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles y Grupo Imagen; Carlos Hank González, de Banorte;
Miguel Alemán Magnani, de Interjet; Daniel Chávez, de Vidanta; Miguel Rincón, de Bio Pappel, y Sergio
Gutiérrez Muguerza de Deacero.
Sobre “El Chapo”
López Obrador afirmó que esperará a que se presenten pruebas para poder opinar sobre las declaraciones del
abogado de Joaquín ―El Chapo‖ Guzmán y de ―El Rey‖ Zambada.
Dijo que si no hay pruebas, los dichos del abogado de ―El Chapo‖ respecto a sobornos del narcotráfico a
políticos mexicanos, entre ellos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, son parte del manejo político que tiene
que ver en todos estos casos.
―Un abogado tiene como propósito sacar de la cárcel a su cliente o reducir su sentencia‖, dijo.
La semana pasada, el abogado de El ―Chapo‖ Guzmán aseguró que el cártel de Sinaloa pagó millonarios
sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor Felipe Calderón.
Tren Maya
Sobre el proyecto del Tren Maya, López Obrador dijo que respeta la opinión de quienes consideran que es un
error y que sin afán de ofenderlos quizá algunos de ellos ni siquiera conocen el sureste, sin embargo, resaltó que
este plan significa un recorrido de mil 500 kilómetros y es una vía de ferrocarril que se inició desde antes, en el
gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas y se acabó con Miguel Alemán.
Comentó que quienes firman la carta de rechazo al Tren Maya, ―con todo mi respeto, les digo que deben tener
más cuidado. No tienen la información completa. Hay que tocarles la puerta y decirles que ya cambió el país y
no sólo cuentan las élites. ¿Qué acaso el pueblo no sabe lo que quiere? El cambio significa también tomar en
cuenta a los de abajo‖.
Dinero
Destape a la mexicana: empachados de consultas // Cofepris autoriza venta de productos con mariguana // La
Roma de Cuarón
Enrique Galván Ochoa
T
ras la muerte del dictador Francisco Franco ocurrió en España un relajamiento de la censura que permitió los
primeros desnudos en cine y teatro. El año 1976 es recordado no sólo por el cambio de régimen político, sino
también por el fenómeno conocido como el destape. El pueblo pudo ver películas prohibidas como El gran
dictador, censurada durante casi 40 años. ¿Está pasando algo parecido en México? Nosotros, los ignorados, a
quienes nunca nos consultó nada el prianismo –ni siquiera si estamos de acuerdo con que Peña Nieto entregara
la riqueza petrolera a empresas privadas nacionales y extranjeras–, elegimos a un presidente que nos dice: todo
va a consulta. Además del aeropuerto de Texcoco, nos pone enfrente un paquete de 10 temas que abarcan desde
el Tren Maya hasta la refinería. Ha desatado una discusión fenomenal. Descubrimos que pensamos distinto no
sólo a nuestros amigos sino a nuestros familiares. Los encontronazos desbordan las redes sociales y muchos se
enojan contra AMLO. Te elegimos presidente, decide tu. A ver: ¿nos estaremos empachando con tantas
consultas? Hay algunos temas que no pueden someterse al referendo, por ejemplo, el cumplimiento de la
Constitución y la ley. Tienen que cumplirse, o reformarse. Las opiniones que he expresado los pasados 20 años
en La Jornada y Aristegui Online, y antes en De una a 3, con Jacobo Zabludovsky, atestiguan que en ningún
modo defendería a Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y EPN.
Mas no deben ser perseguidos porque lo pide la gente en una consulta, sino porque presuntamente incurrieron
en conductas que ameritan ser sometidos a investigación. Es lo que dice la ley. Me inclino por la idea de Andrés
Manuel de no batir el pantano porque en el lance se pueden perder estérilmente tiempo y energías de su
gobierno, y prender un incendio político. Es decir, él no debe hacerlo. En todo caso, seamos nosotros los
ciudadanos los que debemos promover el juicio de los presidentes. Ayer AMLO invitó a comer a su casa a Peña
Nieto. Por ahí se escucharon los nombres de los empresarios que pidieron primero que Meade declinara por
Anaya, y luego la fórmula opuesta, lo que rechazó el de Atlacomulco.
Otro destape
La mariguana probablemente está llamada a ser la Coca Cola del presente siglo. Deberán pasar unos 10 años
para que se reconozca el daño que produce a la salud (me refiero a la mariguana usada liberalmente, un caso
muy distinto es su utilización terapéutica). Acaban de ser autorizados por la Cofepris 21 suplementos, nueve
cosméticos, seis alimentos y dos materias primas conforman el primer paquete de 38 productos hechos a base de
cannabis. Curioso que Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Cofepris, haya expedido los permisos en los últimos
días del sexenio.
Ombudsman social
Asunto: el aeropuerto de Toluca
Excelente razonamiento de AMLO de que redujeron operaciones en el aeropuerto de Toluca y saturaron el de
Ciudad de México para que urgiera el NAIM. Falta mencionar lo subutilizado de terminales aéreas como
Querétaro o Puebla. Para ir de Cancún a Querétaro no hay casi vuelos directos, los viajes se vuelven eternos, de
10 horas, porque hay que tomar un autobús en Ciudad de México. No tiene sentido.
Sebastián Zetina (vía Facebook)
R: No debería haber tanta prisa en construir un aeropuerto nuevo. Si Toluca tiene capacidad para atender 8
millones de pasajeros anualmente, con una buena adaptación recibiría más. Pero los malandros nos pusieron
enfrente de una disyuntiva: Texcoco o el diluvio universal. Qué bueno que se les cayó el negocio.
Twiteratti
Con la novedad de que ya vi @ROMACuaron y sí, sí está maravillosa. Sí es conmovedora. Sí evoca todo tipo
de recuerdos. Sí se roban la cinta sus mujeres. Sí tiene una fotografía fuera de serie. Sí merece un Óscar (o
varios). Y sí, sí me hizo chillar.
José Manuel Azpiroz @jmazpiroz
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Foro: elforomexico.com/encuestas/
Correo: galvanochoa@gmail.com
Astillero
¿No se preocupen, ex presidentes? // Impunidad y estabilidad // Próximas consultas de AMLO // A Peña,
reiterado respeto
Julio Hernández López
▲ El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, se reunió en el Club de Banqueros con
senadores y les expuso que la iniciativa que propone que la institución regule las comisiones bancarias no
vulnera su autonomía, como han cuestionado los opositores a la reforma. Acudieron Maribel Villegas Canché,
Alejandro Armenta Mier y José Manuel del Río Virgen.Foto La Jornada
D
eseoso de promover su próxima consulta de reafirmación (ahora con 10 puntos, entre ellos el Tren Maya),
Andrés Manuel López Obrador ha recorrido en días recientes los estudios de Televisión Azteca, Televisa,
Imagen Tv y Aristegui Noticias. Ha sido natural que el interés periodístico haya abordado otro tipo de temas
(con una notable disposición de AMLO a contestar todo), en especial lo relacionado con la creación de una
Guardia Nacional y con el perdón a los políticos corruptos.
La entrevista de ayer, con Carmen Aristegui, fue particularmente ilustrativa. A 10 días de que le sea colocada la
banda de tres colores en el pecho, el tabasqueño ofreció, durante más de dos horas (dos horas y media de tiempo
corrido, con cortes comerciales y resúmenes informativos), la mayor y mejor exposición pública de su visión y
razonamientos en la parte final de su largo recorrido como político opositor, ya en la antesala de la toma de un
poder que necesariamente ajustará o modificará las posturas propias de la recolecta electoral.
Triunfante en julio pasado merced a una profusión de votos deseosos, sobre todo, de poner fin a la terrible etapa
de saqueo de la riqueza pública que encabezó Enrique Peña Nieto (pero que han practicado, en diversa medida,
casi todos los anteriores ocupantes de Los Pinos), López Obrador ha mantenido su postura original de perdonar
a los causantes de la crisis nacional y ver hacia adelante a partir del próximo primero de diciembre, en un lance
sintetizado en la frase popular de borrón y cuenta nueva.
Ayer, sin embargo, en la entrevista difundida a través de Radio Centro y del portal Aristegui Noticias, AMLO
se comprometió a que, organizadas por el Instituto Nacional Electoral y con una normatividad modificada, se
realizarán consultas sobre tres temas: el consejo asesor empresarial que recientemente fue anunciado, la
mencionada Guardia Nacional y un eventual enjuiciamiento a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo,
Vicente Fox, Felipe Calderón y el siguiente ex, Peña Nieto.
Lo más interesante del asunto fueron las observaciones y condicionamientos que expresó Andrés Manuel López
Obrador: si se abrieran expedientes contra los corruptos sería necesario alcanzar a los de arriba, y ello podría
implicar el conspirar contra la estabilidad política del país. Terrible realidad de un país sería, bajo esa línea de
argumentación, que el entramado de un país, su estabilidad, dependiera de la intocabilidad de los grandes
corruptos. No se preocupen, ex presidentes, a pesar de que hubiera consultas, sería la adaptación a los tiempos
de la cuarta transformación de la famosa frase de Enrique Peña Nieto a la secretaria Rosario Robles.
López Obrador advirtió: ―Desatamos… (¿a los demonios, habría sido la frase que el presidente electo no
completó?: astillado breviario preguntón), nos empantanamos, se suelta la confrontación entre los mexicanos,
porque tendríamos que enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y habría demasiado escándalo,
y no podría hacer lo que quiero hacer para acabar con la corrupción (...) Le haríamos más daño al país que
beneficios si desatamos una cacería de corruptos.
Una primera reacción a estas palabras puede ir del desconsuelo a la ira. Todo el poder derivado de las urnas (30
millones de votos, Presidencia de la República, mayoría dominante en el congreso federal, gubernaturas y
congresos locales) resulta impotente ante los mercados (que dieron muestra de su fuerza ante el intento de
corregir el sistema de comisiones bancarias) y la necesaria estabilidad política. Todo se puede mover y remover,
menos lo sustancial del sistema.
En ese contexto de crudo pragmatismo es explicable la injustificada insistencia de AMLO en proclamar respeto
a Peña Nieto, convencido de que éste propició o permitió las condiciones electorales adversas a un nuevo fraude
electoral. Por ello, EPN se encamina al tranquilo disfrute de su retiro, al igual que la mayoría de sus
compinches. La estabilidad política del sistema no acepta conspiraciones justicieras.
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
POLÍTICA CERO
Lo ‗fifí‘ no quita lo valiente
JAIRO CALIXTO ALBARRÁN
¿Y si todo esto de la amnistía pejiana fue planeado con toda saña para que sus adversarios políticos
reaccionaran en contra con previsible encono para que luego, a través de una consulta (no
perseguirá a nadie, pero si el pueblo lo pide...) se dé el banderazo de salida para la temporada de
caza de peces gordos y acabar con los escombros de lo que queda del PRI-PAN-PRD?
Acá tirios y troyanos rasgándose las vestiduras mientras arrojan pecho y espada al dragón salvaje
de la impunidad, monstruo contra el que han luchado siempre (por eso la impunidad es de 93% y de
120%, claro) cuando, la neta legal, no corresponde al señor López resolver sobre esas cosas,
incluso pese a su investidura, andar de perdonavidas.
Y no por otra cosa, sino porque los beneficiarios de tales resoluciones justicieras tampoco son
agradecidos. La verdad, no veo que los miembros de la Loca academia de Javidús y adictos a
las estafas maestras (la más reciente hazaña descubierta por Mexicanos Contra la Corrupción
devela una Operación llamada Safiro en la que siete góbers preciosos podrían estar involucrados
para hacerle el clásico Dónde quedó la bolita a 600 millones de pesos para que al parecer acabaran
en las campañas del PRIcámbrico temprano) se organicen en una marcha para saludar alegremente
el gesto.
Incluso tenemos a Chayito Robles, altanera, tendenciosa y orgullosa, declarando que se siente
tranquila y con la cara en alto al final del sexenio, sobre todo por el apoyo que le ha dado mi
licenciado Peña.
Quizá ahora que la dejaron sin guaruras la doña comience a sentir unas mordiditas de realidad.
Por eso necesitamos de manera urgente personajes de gran valía como el munícipe de la ciudad de
Guanajuato, el panista Alejandro Navarro, que ataviado cuál rotito y sintiéndose muy fufurufo pero
nada clasista, pide de la manera más atenta que los pobretones que quieran pasar por su ciudad, se
abstengan. Dice, si no traen con qué y nada más van a estropear con sus miserias el bonito paisaje,
mejor no vengan.
¡Esa es la actitud fifí que tanto nos gusta!
jairo.calixto@milenio.com
@jairocalixto
PGR pide 50 años de cárcel contra
presunto asesino del periodista Javier
Valdez
Ataques contra periodistas
La Procuraduría acusó a Heriberto Picos Barraza, El Koala, de ser copartícipe material en el homicidio contra Javier Valdez por su
actividad periodística; solicitó se le imponga la máxima pena.
RUBÉN MOSSO
Ciudad de México / 22.11.2018 08:23:35
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión
presentó la acusación formal contra Heriberto Picos Barraza,El Koala, por su probable
responsabilidad en el delito de homicidio calificado contra el periodista Javier Valdez en Sinaloa y
solicitó una pena de 50 años de cárcel.
Lo anterior, al concluir la etapa de investigación complementaria fijada por elJuez de Distrito
Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de
Sinaloa.
Mataron a Javier Valdez por notas de 'El Licenciado': PGR
La PGR acusó a El Koala de ser copartícipe material en la comisión del delito de homicidio con
premeditación y ventaja en contra del comunicador, con motivo de su actividad periodística y sus
publicaciones en diversos medios informativos, a nivel regional y nacional.
La Fiscalía solicitó al juez competente que se imponga la máxima sancióncontemplada para este
tipo de delitos en el estado de Sinaloa, de 50 años de prisión.
La PGR señaló que continuará con el trámite del proceso penal en contra del probable responsable
y de otra persona vinculada a proceso por los mismos hechos.
MCCI documenta financiamiento ilegal al PRI a través de empresas
fantasmas
POR LA REDACCIÓN , 21 NOVIEMBRE, 2018LA TRANSICIÓN, PRESIDENTE 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
difundió este miércoles una investigación sobre el presunto desvío de cerca de 650 millones de
pesos para financiar campañas del PRI en cinco entidades del país y una demarcación territorial
de la Ciudad de México, a través de un esquema parecido al de caso Chihuahua que tiene
confrontados al gobernador Javier Corral y a el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En su investigación, los periodistas Raúl Olmos, Valeria Durán y Ricardo Alvarado descubrieron que para ello
las autoridades utilizaron 12 empresas fantasmas y que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fue
omisa al respecto.
A continuación, se reproduce íntegramente la investigación periodística:
Autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas
con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI.
Del monto anterior, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora
no revelados en otras 6 entidades.
El 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló, en una investigación conjunta de su corresponsal en
México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington, el mecanismo del desvío de fondos públicos de
Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI,
Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray.
Cuestionamientos que ya han sido negados por ambos.
En aquella revelación, se mencionó el uso de cuatro empresas fantasma.
Ahora, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que esas 4
empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de
dólares de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del
Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la ‗Operación Safiro‘ (así,
con ‗s‘), que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.
De acuerdo con testimonios ministeriales de ex funcionarios de Chihuahua, el dinero transferido fue desviado
para fines electorales.
Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el
desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que, en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del
PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas utilizadas ―estaban
blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío
de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar‖.
Aún más, en su declaración añadió que el entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte, le informó que el
dinero para los contratos simulados había sido autorizado expresamente por la Secretaría de Hacienda de la
Federación en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados.
Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma
corresponden a las gestiones de los gobernadores priistas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos);
Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).
El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por
José Ignacio Peralta, otros 15 millones. En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el
Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priista Jorge Alvarado en la
delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados
fueron mínimos.
En el caso del Edomex, no fue posible determinar el monto real de las transferencias debido a que el Gobierno
de esa entidad ocultó información de contratos.
Según los testimonios, el dinero desviado era de origen federal. En una base de datos elaborada por MCCI, se
comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó
las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas.
Las participaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que la SHCP maneja en forma
discrecional, aumentaron en 2016 más de 500% para Chihuahua, 22% para Colima y 12.7% para Durango.
Karla Arely Jurado Bafidis, quien también fue sentenciada por el desvío de recursos en Chihuahua, coincidió en
su declaración ministerial que dos de sus superiores en la Secretaría de Educación le informaron que en el
financiamiento de campañas electorales del PRI participaban los gobiernos de otros estados.
―Dijeron que urgía que sacara ese dinero (246 millones) que se iba a utilizar para el PRI nacional y que varios
estados del país también estaban aportando recursos y que a Chihuahua le tocó aportar esa cantidad‖, señaló en
su testimonio.
Los testigos aseguran que Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario general adjunto
del PRI nacional, fue quien puso los nombres de las empresas que simularían operaciones para concretar el
desvío de fondos.
Gutiérrez estuvo preso 9 meses acusado de peculado por el actual Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier
Corral, aunque fue liberado el 28 de septiembre de 2018. Desde esa fecha se le colocó una tobillera de
seguridad, como parte de una medida cautelar que lo obliga a permanecer exclusivamente en el estado de
Chihuahua, mientras avanza el proceso.
Los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos en 7 estados son en realidad prestanombres, pues se
trata de habitantes de colonias populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México,
comprobó MCCI en un recorrido.
El principal prestanombres es José Juan Saliano González, un ex agente del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del
Estado de México (CUSAEM), detenido por robo en octubre de 2016 junto con otros dos policías que también
figuran como beneficiarios de transferencias en la red fantasma, de acuerdo con los documentos revisados por
los reporteros.
MCCI reveló el pasado 5 de septiembre el involucramiento del ex policía en el desvío, pero en esta nueva
investigación se comprobó la participación, además, de dos hijas, su esposa y otros parientes y vecinos como
prestanombres.
MCCI reveló el pasado 5 de septiembre el involucramiento del ex policía en el desvío, pero en esta nueva
investigación se comprobó la participación, además, de dos hijas, su esposa y otros parientes y vecinos como
prestanombres.
Dispersan el dinero en más empresas fachada
En la investigación de MCCI se descubrió que los prestanombres son accionistas de más empresas que fueron
utilizadas para dispersar una porción del dinero transferido por los gobiernos estatales.
Por ejemplo, el 7 de abril de 2016 el Gobierno de Chihuahua transfirió 246 millones de pesos a cuatro cuentas
en el Banco Santander a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, SISAS y Despacho de Profesionistas
Futura, en pago a servicios que nunca se ofrecieron.
A los pocos días, la mayor parte del dinero pagado por Chihuahua fue transferido a empresas vinculadas, así
como a personas físicas, algunas de las cuales resultaron ser los propios prestanombres, sus parientes y amigos.
Otra porción de los recursos desviados fue a dar a un despacho en Monterrey, que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) ha colocado en la lista negra por simular operaciones comerciales.
Es decir, el dinero pasó de mano en mano, en transacciones de aparente lavado de dinero o para desaparecer la
pista del destinatario final.
Por citar un caso: el 7 de abril de 2016 el Gobierno de César Duarte transfirió 90 millones de pesos a la cuenta
en Santander de Despacho de Profesionistas Futura SA de CV por un software que nunca entregó.
Al día siguiente, la falsa proveedora del Gobierno chihuahuense transfirió 40 millones de pesos a Publicidad
Recrea, Servicios y Asesorías SISAS, Publicidad ICON, Pragmatics y Constructora Franfeca, todas empresas
que comparten como accionistas a vecinos de zonas populares de la zona metropolitana de la Ciudad de
México.
Tres días después (el 11 de abril), otros 36 millones de pesos fueron transferidos a seis empresas vinculadas
entre sí: SINEX, Franfeca, Publicidad Recrea, Comercializadora Vezcu, Publicidad ICON y Constructora
Invelco. Y a los dos días se efectuó una tercera tanda de transferencias, esta vez por 7 millones de pesos a
Asesorías SAMEX y Constructora Tocap, otras dos empresas de la misma red de prestanombres.
La accionista de Futura es la esposa de un ex policía del Estado de México arrestado en octubre de 2016 por
robo, que tiene su casa en una zona popular de Azcapotzalco; en las demás empresas aparecen dos de sus hijos,
una cuñada y una prima, así como dos hermanos que residen en una colonia marginal, en lo alto de una loma de
la delegación Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México.
En menos de una semana –del 8 al 13 de abril- fueron dispersados a través de empresas fachada 83 millones de
los 90 millones de pesos que había pagado el Gobierno de Chihuahua a la empresa Futura por servicios
inexistentes.
Operaciones similares de dispersión de fondos a empresas fachada se hicieron con otros tres pagos por 156
millones de pesos que el Gobierno de César Duarte realizó a Servicios y Asesorías SINNAX, SAMEX y SISAS
por cursos que jamás se impartieron.
Ocultan pagos millonarios en Sonora
En reportes financieros y otros documentos consultados por MCCI consta que el Gobierno de Sonora transfirió
en 2016 más de 140 millones de pesos a 7 empresas en las que figuran como supuestos dueños el ex agente del
CUSAEM arrestado por robo y cuatro miembros de su familia.
Sin embargo, la administración de la priísta Claudia Pavlovich ocultó información, pues en respuesta a
peticiones de información sólo reportó haber realizado cuatro pagos por apenas 580 mil pesos a 2 firmas de la
red fantasma.
Según los documentos consultados, los pagos de Sonora fueron realizados al mismo tiempo que los del
gobierno de César Duarte en Chihuahua, en abril de 2016.
Además, en Sonora se utilizaron tres de las cuatro empresas que usó Duarte para presuntos desvíos electorales.
Por ejemplo, desde la cuenta 012760004481069910 de BBVA Bancomer el gobierno sonorense realizó 7
transferencias entre el 11 y el 26 de abril de 2016 por 21 millones 544 mil pesos a favor de la cuenta
65505304146 de Banco Santander, a nombre del Despacho de Profesionistas Futura.
Hubo un desembolso adicional a Futura, por 5 millones 917 mil pesos, que el Gobierno de Sonora realizó a
través de la Comisión de Ecología por concepto de asesoría, según consta en dos órdenes de pago.
El gobierno de la priísta Claudia Pavlovich transfirió en total 27 millones 461 mil pesos a Despacho de
Profesionistas Futura, la misma empresa fantasma utilizada por César Duarte en la llamada Operación Safiro
para el desvío de dinero para campañas del PRI.
Servicios y Asesorías SINNAX y SISAS, otras dos empresas a las que el Gobierno de Chihuahua les transfirió
101 millones de pesos en la misma Operación Safiro, también recibieron pagos millonarios de Sonora.
En los documentos consultados por MCCI se localizaron 6 transferencias bancarias de la Secretaría de Hacienda
de Sonora a favor de SINNAX por 23 millones 434 mil pesos y otros 5 depósitos por 16 millones 100 mil pesos
a la cuenta de SISAS en banco Santander. Todos esos pagos se efectuaron en abril de 2016.
Otras tres empresas de la misma red, que comparte domicilios y prestanombres, recibieron más transferencias
desde la misma cuenta de BBVA Bancomer del Gobierno de Sonora: Comercializadora Fing, con 9 depósitos
por 28 millones 901 mil pesos; Despacho de Profesionistas Faga, con 10 transferencias por otros 28 millones
483 mil pesos y Constructora y Abastecedora Cofex, con 7 pagos por 15 millones 685 mil pesos.
MCCI solicitó vía transparencia copia de los contratos otorgados a esta red de empresas, pero el Gobierno de
Sonora ocultó la información. En sus respuestas dijo que sólo había localizado cuatro asignaciones directas por
montos mínimos: tres a Comercializadora Fing por 250 mil pesos como proveedor de la Secretaría de Seguridad
y uno por 330 mil pesos a favor de Servicios y Asesorías SAMEX, para dar talleres y conferencias.
MCCI consultó al área de Comunicación Social del Estado de Sonora, quienes negaron todo vínculo contractual
directo con las empresas mencionadas.
La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora se limitó a añadir que como parte de su política de integridad,
el Gobierno del Estado garantiza y vigila que se presten los servicios contratados y que se acredite
documentalmente que se cumplieron con las contrataciones.
Sin embargo, respecto a los más de 140 millones de pesos destinados a este grupo de empresas, ellos negaron
que existieran dichas contrataciones.
Desfalcan fondo de seguridad en Durango
Durango es el segundo estado con mayores desvíos vinculados a la llamada Operación Safiro. En 2016 los
desvíos a cinco empresas de esta red sumaron 230 millones 400 mil pesos.
En reportes financieros consultados por MCCI se documentó que entre el 1 de marzo y el 25 de mayo de 2016,
el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango transfirió 94 millones 392 mil
pesos a dos cuentas en Banco Santander a nombre de Despacho de Profesionistas FAGA y Servicios y
Asesorías SINNAX; ésta última empresa había sido utilizada en esos días por el Gobierno de César Duarte para
el presunto desvío de recursos públicos a las campañas del PRI.
Según la Fiscalía de Durango, los desvíos en el Consejo de Seguridad suman 200 millones de pesos a través de
las mismas empresas que utilizó el ex dirigente priísta Alejandro Gutiérrez en el estado de Chihuahua. Sin
embargo, la dependencia se negó a entregar copia de los contratos o de los documentos de pago, por lo que no
fue posible determinar los nombres de todas las compañías involucradas.
Lo que sí confirmó la Fiscalía es que, al igual que en Chihuahua, el dinero desviado en Durango procedía de
una partida federal extraordinaria para proyectos de seguridad.
Por el desvío de estos 200 millones a empresas que simularon servicios fueron arrestados el pasado 1 de octubre
el ex secretario del Consejo de Seguridad de Durango, Juan Carlos Ascencio Pérez, y su administradora, Liliana
Vázquez Morales.
Además de los desvíos en el fondo de seguridad, la administración del ex gobernador priísta Jorge Herrera
Caldera asignó entre abril y mayo de 2016, nueve contratos de obra a tres empresas de la misma red fantasma
por 30 millones 400 mil pesos, de acuerdo con documentos proporcionados a MCCI por la Secretaría de
Finanzas de Durango.
Constructora y Abastecedora Casmex, Servicios y Asesorías Pragmatics y Servicios Empresariales 3M
recibieron, cada una, tres contratos para realizar análisis y proyectos ejecutivos de obra.
A Pragmatics, por ejemplo, se le encomendó elaborar dos análisis costo-beneficio de la segunda etapa del
corredor vial norte de la ciudad de Durango, del segundo periférico de Gómez Palacio y de tres caminos rurales.
Casmex y Servicios Empresariales 3M tuvieron a su cargo elaborar los proyectos ejecutivos del distribuidor
Colosio, de dos cruceros en el corredor vial norte y de la modernización de un tramo de la salida Mazatlán, en el
municipio de Durango.
Las empresas no tenían capacidad para cumplir los contratos. Servicios Empresariales 3M registró su domicilio
fiscal en la casa de un barrio marginal de la delegación Magdalena Contreras, mientras que Casmex se dio de
alta en una casa sola de la colonia El Sol, en Neza; Pragmatics, por su lado, ocupaba un despacho de oficinas
virtuales en Tlalnepantla. Estas dos últimas figuran en la lista negra del SAT, por simulación de operaciones.
Desvíos desde el Congreso de Morelos
El Congreso de Morelos también hizo transferencias por 16 millones 404 mil pesos a seis empresas fantasma,
entre ellas tres utilizadas por César Duarte en la Operación Safiro, de acuerdo con documentos consultados por
MCCI.
Las transferencias se efectuaron a cuatro cuentas de Banco Santander y una de Banorte a nombre de las
empresas SINNAX, SAMEX, Despacho de Profesionistas Futura, FAGA, Constructora y Abastecedora COFEX
y Novanight SA de CV, cuyos supuestos dueños son un ex policía del Estado de México y sus parientes.
Un primer depósito por 3 millones 182 mil pesos se realizó el 20 de noviembre de 2015 a la cuenta
65505303950 en Santander, a nombre de la empresa FAGA. Ese mismo día, el Congreso morelense transfirió 1
millón 449 mil 700 pesos a la cuenta 65505303811 de SINNAX, en el mismo banco.
En diciembre hubo una pausa, y las transferencias se reanudaron el 19 de enero de 2016, esta vez por 1 millón
840 mil pesos a favor de FAGA.
El 16 de febrero hubo una nueva tanda de depósitos por 3 millones 590 mil pesos a las cuentas en Santander de
FAGA y SAMEX, y al mes siguiente una cantidad idéntica a las mismas empresas.
El Congreso morelense transfirió otros 2 millones de pesos el 16 de marzo a la cuenta 413881577 en Banorte, a
nombre de Novanight.
En la información consultada por MCCI se constató que hubo transferencias a través de un fondo creado y
operado por los diputados locales para supuestas obras gestionadas por ellos mismos para sus distritos.
Por ejemplo, el 22 de abril de 2016 se transfirieron 479 mil pesos del Fondo para el Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos a la cuenta 65505303995 en Santander, a nombre de
Constructora y Abastecedora COFEX por concepto de ―materiales diversos, construcción y rehabilitación‖.
Días antes, desde la cuenta 012540001037884827 de BBVA Bancomer, el fondo del Congreso morelense había
transferido otros 218 mil pesos a la cuenta 65505304146 de Santander, cuyo titular era el Despacho de
Profesionistas Futura, una de las empresas fantasma utilizada ese mismo mes en el presunto desvío electoral de
Chihuahua.
El mencionado fondo tuvo una vida efímera, pues se creó el 25 de noviembre de 2015, al inicio de la anterior
legislatura morelense, con un presupuesto de 81 millones de pesos y fue extinguido el 29 de agosto de 2018, dos
días antes de que los diputados concluyeran su periodo.
Los legisladores locales ocultaron la información de los pagos realizados a la red de empresas fantasma.
Desde agosto de 2018 se presentaron solicitudes de información, y tras vencerse el plazo para la respuesta, la
unidad de transparencia del Congreso de Morelos ni siquiera había reportado de recibido las peticiones.
Colima compartió „fantasmas‟ de Chihuahua
Servicios y Asesorías SINNAX y SISAS, dos de las empresas fantasma utilizadas por Chihuahua para operar el
desvío de fondos para supuestamente financiar campañas del PRI, también recibió transferencias del Gobierno
del Estado de Colima, según los reportes financieros consultados por MCCI.
El 26 de mayo de 2016, la administración entrante del priísta José Ignacio Peralta (tomó protesta en febrero de
ese año) realizó dos transferencias por 3 millones 163 mil 896 pesos a la cuenta 413881595 de Banorte, cuyo
titular era la empresa SINNAX.
Ese mismo día, el gobierno colimense envió 2 millones 174 mil pesos a la cuenta 413881607 del mismo banco,
a nombre de SISAS.
La primera empresa tiene como accionista al ex policía del Edomex y la segunda a su hija, con domicilio en una
casa de la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco. Ambas firmas han sido señaladas por el SAT por
operaciones simuladas.
Hubo una tercera empresa vinculada con las anteriores, que también recibió transferencias del gobierno
colimense.
Se trata de Novanight SA de CV, que recibió cuatro transferencias en marzo de 2016 en la cuenta 413881577 de
Banorte, por 9 millones 803 mil pesos. La administradora de esta empresa es Sandibel Gallardo, pariente del
policía, y residente en el barrio San Antonio Xahuento, en el municipio de Tultepec.
En total, Colima transfirió 15 millones 142 mil pesos, aunque en peticiones de acceso a la información el
Gobierno de aquel estado negó haber realizado pagos o firmado contratos.
También el Edomex y Milpa Alta
La red fantasma también tuvo operaciones en el Estado de México, en donde seis empresas tenían su domicilio
fiscal.
La anterior administración, a cargo de Eruviel Ávila, contrató a Comercializadora Fing SA de CV, una de las
empresas creadas por un ex policía arrestado por robo.
En el informe de la cuenta pública de 2016 aparece un saldo a pagar a corto plazo por 488 mil 900 pesos a favor
de Comercializadora Fing, por parte del Régimen de Protección en Salud del Edomex, que es el órgano
encargado de incorporar al Seguro Popular a la población que carece de seguridad social.
MCCI solicitó al Gobierno del Edomex copia de los contratos y documentos de pagos otorgados a las empresas
de la red fantasma, pero en su respuesta aseguró que la información era inexistente, pese a que hay evidencia
documental de que, al menos, se tuvo como proveedor a Fing en 2016. El monto real y el concepto del contrato
permanece oculto.
En la alcaldía de Milpa Alta, ubicada al sur de la Ciudad de México, se utilizó a dos empresas de la red
fantasma para simular licitaciones, además de que al menos a una de ellas se le asignaron contratos.
El 16 de septiembre de 2016, la directora de adquisiciones de la delegación, Leslie Hernández Barranco, envió
cartas a Constructora Invelco y Constructora y Abastecedora Cofex para pedirles cotizaciones para participar en
una licitación por invitación para el suministro de mezcla asfáltica.
Invelco presentó una propuesta de 5 millones 555 mil pesos, mientras que Cofex cotizó el servicio en 5 millones
364 mil pesos. El contrato se asignó a Ansof Comercializadores, una firma de la Ciudad de México que
presentó una postura más barata.
Las tres mismas empresas fueron convocadas para otras dos licitaciones, y una vez más tanto Invelco como
Cofex perdieron ante Ansof, que obtuvo los contratos con una cotización de 3 millones 160 mil pesos.
Las licitaciones fueron una simulación porque tanto Invelco como Cofex carecen de instalaciones e
infraestructura. La primera aparece en el listado definitivo de empresas fantasma del SAT, según consta en la
publicación del Diario Oficial de la Federación del 16 de agosto de 2017.
Invelco tiene como accionista a la esposa de un ex policía del Edomex detenido por robo, mientras que la
administradora de Cofex es una pariente que reside en Tultepec.
En la relación de contratos de la delegación Milpa Alta aparece una asignación directa otorgada a Invelco el 19
de julio de 2016 para el mantenimiento de 16 equipos de aire acondicionado.
La funcionaria que invitó en 2016 a las empresas fantasma a licitaciones simuladas y que luego asignó el
contrato a una de ellas, es la nuera de quien era en ese momento el delegado de Milpa Alta, el priista Jorge
Alvarado Galicia.
Leslie Hernández Barranco, quien firmó los documentos, es novia del hijo del delegado, quien a su vez fungía
como asesor en la demarcación.
8 de cada 10 programas sociales fallaron durante el
gobierno de EPN
Fue un sexenio perdido en material de política social. No se utilizó la evidencia que la propia Secretaría de
Hacienda genera para sustentar las decisiones sobre el presupuesto; la nueva administración debe hacer una
reingeniería del gasto, indicó la Agencia para el Desarrollo AC (Gesoc).
Andrea Vega (@EAndreaVega)
noviembre 22 2018 07:36
FONDEA el periodismo independiente
Durante los seis años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, solo 2 de cada 10
programas de desarrollo social cumplieron su función. La mayoría de los que debieron atender a la
población más pobre y marginada, en problemas como la falta de empleo, el acceso a la vivienda digna, la
educación y la salud de calidad, no sirvieron, ya sea porque no alcanzaron a un porcentaje relevante de sus
grupos objetivo, porque no lograron sus metas o porque su diseño no fue el adecuado, entre otros factores.
Así lo reporta el balance que hace la Agencia para el Desarrollo AC (Gesoc), un centro de investigación del
gasto social que presenta cada año, desde 2009, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales
(Indep). En la edición más reciente, la de 2018, la organización aprovecha para comparar los resultados de los
últimos seis índices y concluye que 81.45 % de los programas y acciones federales de desarrollo social
evaluados durante el periodo presentan problemas en términos de su desempeño (Programas con Niveles
de Desempeño Mejorable, Escaso/Dispersión u Opacos).
Alfredo Elizondo, coordinador de Proyectos de Gesoc, afirma que fue un sexenio perdido en materia de política
social. “De 2012 a 2018 solo 16.6 % de los programas tuvieron un desempeño destacado. Con estos
números es poco probable que pueda disminuir la pobreza”.
El investigador señala que no se utilizó la evidencia, ni siquiera la que genera la propia Secretaría de Hacienda
para hacer modificaciones y mejoras. A los programas que fueron la excepción por su desempeño óptimo o de
alto potencial, el gobierno solo les destinó 45.3 % del total del presupuesto, ni siquiera la mitad de los recursos.
Mientras que programas que no cumplieron con su función tuvieron 44 %. Más aún, hubo una tendencia a
aumentar los recursos de programas con un desempeño dudoso.
En términos generales, señala el estudio, es posible observar que la tendencia entre la calidad de la
asignación presupuestaria y el desempeño de los programas se encuentra contrapuesta. Desde el ejercicio
fiscal 2014 se han asignado cada vez una menor cantidad de recursos a los programas con un Nivel de
Desempeño Óptimo y Alto potencial.
Persiste una dispersión importante de recursos hacia programas y acciones federales de desarrollo que deberían,
más que tener presupuesto, rediseñarse para poder funcionar.
Gesoc presentó la más reciente edición del Indep, la 2018, este martes en la Cámara de Diputados, ahí frente a
un grupo de legisladores, la mayoría de Movimiento Ciudadano, Elizondo subrayó que el enfoque de asignación
presupuestaria del Congreso de la Unión debe obedecer a criterios de desempeño y de transparencia de los
programas sociales, de lo contrario se seguirán vulnerando los derechos de las poblaciones más pobres del país.
―Pero el gran problema que tuvimos con las dos legislaturas pasadas –afirmó– es que los legisladores, por la
conformación de fuerzas políticas en la cámara, no atendieron a la evidencia y mantuvieron los presupuestos
para los programas con bajo desempeño pese a sus resultados. Hay entonces una oportunidad en esta
legislatura para corregir‖.
En representación de los diputados presentes a quienes se les entregó el estudio, entre ellos Tonatiuh Bravo
Padilla y Fabiola Loya Hernández, ambos del partido Movimiento Ciudadano, Martha Tagle (del mismo grupo
parlamentario) dijo que el legislativo no debe pasar por alto este tipo de recomendaciones sobre la política del
gasto social y mencionó que en efecto no se deben perder de vista los programas con mal desempeño, sobre
todo los que están en la caja negra y los que reflejan la dispersión de la política social federal.
Estas son dos categorías que utiliza el Indep para señalar a los programas opacos o que solo fragmentan y
desperdician recursos. En la caja negra se ubican los que no transparentan información que permita conocer su
nivel de desempeño. De 970 programas que se evaluaron a lo largo del sexenio, 233 estuvieron en la caja negra,
con un total de presupuesto de 458 mil 293 millones de pesos.
Si bien es cierto que a lo largo de los últimos seis años, el número de programas opacos bajó, en 2012 había 50
en esa categoría y para 2018 quedan ahí solo 5, aún tienen 6 mil 503 millones de presupuesto, el de mayores
recursos es el de Investigación científica, desarrollo e innovación, cuya unidad responsable es el Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo, y que tuvo un presupuesto aprobado para 2018 de 5 mil 53
millones de pesos.
En la categoría de dispersión programática y presupuestal, en la que Gesoc coloca a los programas con una
orientación similar a otros y que, por lo tanto, solo fragmentan esfuerzos y recursos, en 2012 había 16, para
2018, el año de cierre de Peña Nieto, hay en este rubro 39, lo que representa el 32.77% del total de los 119
programas evaluados este año por la organización.
Frente a este panorama, lo que Gesoc recomienda es una reingenieria del gasto social. Elizondo dijo que es
indispensable para la reestructuración del presupuesto considerar los resultados y eliminar la inercia que permea
en las asignaciones presupuestarias.
El investigador señaló que hay dos programas en la actual administración, Pensión para adultos mayores y
Subsidio a programas para jóvenes de Sedesol, con un presupuesto aprobado en 2018 de 39 mil 509 millones de
pesos, que podrían caer en duplicidad con los programas insignia de la nueva administración para apoyar a
jóvenes y a personas de la tercera edad.
También advirtió que hay más de 50 programas con un presupuesto aprobado en 2018 de 147 mil 477 millones,
sobre las que se pueden hacer modificaciones para mejorar la eficiencia del gasto, entre estos están: el de
Concurrencia con las Entidades Federativas y el de fomento ganadero de Sagarpa, el de Apoyo a la Vivienda y
de Consolidación de Reservas Urbanas de Sedatu y el de Mejoramiento de la Producción y la Productividad
Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Sobre los programas insignia de la siguiente administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Elizondo
señaló que aunque se ha dicho que se requieren 22 mil millones de pesos para cubrir a los 2.3 millones de
jóvenes (que se planea vincular con empresas), en realidad se necesitan 99 mil millones de pesos. ―Habría que
ver si se hará una cobertura paulatina o qué se hará porque hay una brecha de 77 mil millones‖.
En el caso de la pensión para adultos mayores la brecha es de 9 mil millones de pesos, ―pero acá la cuestión es
que esto no toca de fondo el gran problema que se tiene en cuanto al sistema de pensiones. Hacia el futuro, no
va a bastar con este subsidio sino que habría que entrarle a la discusión de cómo se va a modificar el sistema de
pensiones para no depender solo de este programa‖.
Respecto al programa de atención a personas con discapacidad, la brecha no es muy significativa entre lo
anunciado y lo que se requiere, ―pero habría que ver qué pasaría si se quisieran hacer estos programas de
carácter universal y ahí la brecha se incrementa significativamente, para el de jóvenes sería de 146 mil millones,
en adultos mayores 78 mil, y en el caso de personas con discapacidad (que son 7.7 millones) de 105 mil
millones de pesos‖.
Migrantes esperarán al menos dos meses
para pedir asilo en EU
Rezago de solicitudes. ONG afirman que la Agencia de Aduanas norteamericana solo atiende 100 trámites al día.
Centroamericanos descansan en el albergue, pero otros se han empleado en las maquilas fronterizas. (Maria de la luz
Ascencio/EFE)
ABRAHAM REZA, LILIANA PADILLA Y SAID BETANZOS
Tijuana / 22.11.2018 05:18:48
Los integrantes de la caravana centroamericana que aspiran llegar a Estados Unidos a través del
asilo deberán esperar al menos dos meses para que el primer migrante pueda presentarse ante un
agente de migración de la oficina de Detención y Deportación (ICE). Además, deberán argumentar
que les es imposible regresar a sus países de origen porque su vida está en riesgo.
Pedro Ríos, director del Comité de Amigos en San Diego, explicó que hay un rezago de al menos 2
mil 600 trámites de asilo y que la Agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza —ICE por sus siglas en
inglés— solo atiende entre 70 y 100 personas cada día.
―Antes de que llegaran las personas que participan en la caravana había una espera de por lo menos
2 mil 600 personas, lo que implica una espera de cuatro a seis semanas. Con la llegada de más
migrantes es muy probable que el tiempo de espera se extienda y sea de dos, tres o cuatro meses,
dependiendo de cuántas personas continúen arribando a la frontera‖.
Uno de los hondureños que ya comenzó con este proceso es Víctor Hugo Gómez, de 49 años, quien
desde el viernes de la semana pasada se presentó ante la garita El Chaparral para comenzar con su
trámite.
―Dejé las cosas en el albergue y al otro día, desde las 6 de la mañana, vine y me anoté acá en El
Chaparral para llevar un orden y pedir asilo. Una vez que te registras las personas encargadas de
ordenar los grupos nos piden una identificación y con esas nos dan un número, a mí tocó el mil 400
y apenas van en el mil 100. Entonces tendré que esperar hasta 15 días para ser atendido‖, explica
Víctor.
Durante la espera, deberán buscar qué hacer en la ciudad fronteriza. Las opciones van desde un
empleo temporal, hasta continuar en el albergue para migrantes sin hacer nada.
De acuerdo con cifras de Pueblo sin Fronteras, hasta el momento mil 500 centroamericanos han
obtenido una ficha para presentarse ante autoridades migratorias, cifra que se suman a las 2 mil 600
que ya había rezagadas, por lo que estiman será hasta enero del otro año cuando comiencen a ser
atendidos los primeros hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que integran este primer grupo.
Una vez que son recibidos por las autoridades, inicia la defensa ante un juez, proceso ―muy
complicado, pues requiere de documentación diversa que justifique el temor fundado de que la
persona corre riesgo al regresar a su país‖, explica Ríos.
REPATRIARÁN CADÁVER
Serán repatriados a Honduras los restos del migrante de la caravana que falleció al ser atropellado,
presuntamente a propósito, por un automovilista cuando caminaba rumbo a Tijuana.
―Él estaba ahí, venía demasiado cansado, cuando vi que el carro iba a pasar encima de él. Cuando
le grité, fue demasiado tarde‖, declaró entre sollozos su hermana.
Ambos caminaban por la autopista, pero Óscar Baudiel Cruz Alcerro, de 17 años, se adelantó y se
detuvo para pedir ―raite‖, después de que la mañana del martes salieron de Mexicali, donde
estuvieron cinco días descansando.
El accidente ocurrió a las 20:17 horas, a la altura del poblado de El Hongo. El chofer se fugó.
La hermana de la víctima recibió atención médica y apoyo de las autoridades, porque está
embarazada, pero advirtió que continuará su travesía para llegar a los Estados Unidos, como ambos
lo tenían previsto.
EN CIFRAS
6,335 centroamericanos se encuentran en Tijuana, según informes del gobierno de BC y el albergue
solo tiene capacidad para 4 mil.
3 integrantes de la caravana fueron detenidos por drogarse frente a un jardín de niños ubicado al
costado de la unidad deportiva.
75% de los migrantes tienen características por "malandros", aseguró el director de la Policía
Municipal de Tijuana, Mario Martínez.
Tijuana: 2 mil migrantes esperan ser entrevistados
por agentes de EU
Mireya Cuéllar / La Jornada Baja California | jueves, 22 nov 2018 08:56
Vista aérea aérea de los migrantes que han acampado en un refugio improvisado cerca de la valla fronteriza
entre México y EU en Tijuana. Foto AFP
Tijuana, BC. Dos mil centroamericanos solicitantes de asilo permanecen en fila, antes de que alguno pueda ser
recibido por un agente de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, informó el gobernador
de Baja California, Francisco Vega, quien dijo que ya solicitó al Comisionado de Fronteras y Aduana una
ampliación en el número de oficiales para desahogar con mayor rapidez la lista de espera y al mismo tiempo
que se detengan las repatriaciones por Tijuana, que en el año suman 50 mil.
En la lista de peticiones del mandatario están también 100 millones de pesos al gobierno federal mexicano, así
como la reorientación de las caravanas, que todavía están en camino, hacia otros puertos de entrada a Estados
Unidos porque en Baja California en tan sólo 14 días han arribado alrededor de seis mil migrantes, mismos que,
acotó, ―no pensamos que llegarían tan rápido‖.
―Es una caravana organizada y coordinada, desde sus países traen el propósito de llegar a Baja California
porque ellos consideran esta ruta la más segura, nos comentan‖. Apuntó que los 100 millones de pesos que
solicita serían invertidos en la atención a los miembros de la Caravana Migrante, para los próximos cinco
meses; tiempo estimado de su permanencia en la entidad antes de ser recibidos por el vecino país.
―En pura alimentación, una persona pudiera requerir 60 pesos, bajito; si lo multiplicamos por nueve mil,
estamos hablando de que únicamente de alimentación necesitamos más de 16 millones de pesos. Aparte el
resto… el alcalde (de Tijuana) primero pidió 80 pero ya lo redondeamos a 100 porque ya hicimos una
estimación de costos‖, precisó.
Un centenar de niños migrantes no volverán al lado
de sus padres
Notimex y Ap | jueves, 22 nov 2018 08:04
Jim Mattis insinuó ayer que no planea que los soldados enviados a la frontera con México operen en campos de
detención migratoria. Foto Afp
Nueva York. Al menos un centenar de niños inmigrantes que fueron separados este año de sus padres al cruzar
sin documentos la frontera sur de Estados Unidos permanecerán alejados de sus progenitores de manera
permanente, de acuerdo con un informe del gobierno federal.
Un reporte difundido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, obtenido por el New York
Times, apuntó que meses después de que terminó la política de separación conocida como tolerancia cero, unos
147 niños aún están bajo custodia federal.
El diario indicó que de esa cifra, los padres de 30 de los niños han sido declarados no elegibles para la
reunificación en función de sus antecedentes penales, pese a que algunos cometieron faltas menores que no
afectan su capacidad para cuidar de sus hijos, de acuerdo con organismos civiles.
Los restantes 117 niños detenidos en Estados Unidos tienen padres que fueron deportados a sus países de
origen. Voluntarios y grupos civiles se han dado a la tarea de recorrer lugares remotos de América Central para
tratar de encontrarlos, pese a lo cual 11 no han sido localizados.
De aquellos padres que han sido ubicados, siete pidieron que sus hijos regresen a casa, pero 99 renunciaron a
sus derechos de reunificación y dejaron a sus hijos solos en Estados Unido por temor a lo que los menores
pudieran enfrentar en sus países de origen.
Lee Gelernt, abogado de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos, afirmó que a cinco meses de
que el tribunal emitió la orden judicial para reunir a todos los niños con sus padres, muchos aún siguen bajo
custodia.
Desafortunadamente, todavía hay mucho trabajo por hacer para reunir a todas las familias, y luego
necesitaremos que reciban ayuda médica para lidiar con el trauma causado por la separación, expresó Gelernt.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional anunciaron que centroamericanos que soliciten asilo
deberán quedarse en México mientras sus casos son revisados, informó The Washington Post. Los migrantes
que no demuestren temor razonableserán rechazados.
El plan Permanecer en México se aparta totalmente de las leyes que permiten que solicitantes de asilo ingresen
a territorio estadunidense y sean deportados si no demuestran que peligran en sus países.
En tanto, el secretario de Defensa, Jim Mattis, declaró que la Casa Blanca le dio autoridad para enviar soldados
a proteger a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, con uso de fuerza letal en caso de ser
necesario, en el suroeste de la frontera de Estados Unidos con México.
Eso, bajo ciertas circunstancias, podría significar el uso de soldados para detener temporalmente a migrantes en
casos de disturbios o violencia contra agentes de la Patrulla Fronteriza. Hablamos de minutos, ni siquiera
horas de posibles detenciones, señaló Mattis, al insinuar que no planea que los militares operen en los campos
de detención migratoria.
Hasta ahora, la misión para los casi 5 mil 800 elementos en activo en la zona fronteriza ha sido principalmente
la de colocar alambre de púas y otro tipo de barreras a lo largo de la frontera y trasladar al personal de la
Patrulla Fronteriza.
Trump autoriza usar 'fuerza letal' para
proteger frontera de migrantes
Ante el constante arribo de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, el
presidente Trump autorizó a los soldados usar ‗fuerza letal‘ para proteger a los agentes
WASHINGTON
El presidente Donald Trump ha autorizado a las tropas de Estados Unidos el uso de ‗fuerza letal‘ en la
frontera con México, ante la llegada de cientos de inmigrantes centroamericanos.
Trump ataca a líder de Corte; si no aplican la ley en frontera habrá caos
A través de un memorándum, Trump dio visto bueno para mostrar o hacer uso de ―la fuerza
(incluyendo fuerza letal donde sea necesario), control de las masas, detenciones temporales y
búsquedas rápidas‖ para proteger a los agentes fronterizos, aunque indicó que espera que no sea
necesario.
La autorización del presidente asegura que el Departamento de Defensa puede actuar para proteger a aquellos
que nos protegen‖, dijo un portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley.
Hasta ahora, los cerca de 5 mil 900 militares desplegados en la frontera con México solo podían usar la
fuerza contra los inmigrantes en defensa propia, pero la autorización de Trump abre la puerta a que
puedan emplearla "si fuera necesario" para "proteger" a agentes de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP).
Trump insistió hoy en que hay cientos de sujetos "malos" y "duros" en las caravanas de inmigrantes
que tratan de llegar a EE.UU. y advirtió de que puede cerrar la frontera con México si desde el otro
lado "no hay control", una medida, según dijo, ya se ha aplicado en estos días.
Previamente, Trump amenazó con cerrar ‗toda la frontera‘ con México, incluyendo los intercambios
comerciales, si la situación migratoria se sale de control.
Si se llega a un nivel en el que perdemos el control o personas pueden resultar heridas, cerraremos el ingreso al
país por un período de tiempo", declaró a la prensa estadounidense.
Me refiero a toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles a Estados Unidos", agregó.
Trump ya había amenazado a mediados de octubre, en plena campaña para las elecciones de medio
mandato, con impedir que la caravana de migrantes centroamericanos ingrese a su país si México no
era "capaz" de detener el "asalto".
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Sintesis informativa jueves 22 de noviembre de 2018

  • 1. Suspenden desalojo de tierras de Tilzapote En Tilzapote se llevó a cabo un bloqueo carretero por espacio de 70 minutos. Por Archivaldo García ―Se suspendió el desalojo, pero ahora nos dan 10 días para entregar las 300 hectáreas de la comunidad, nosotros seguimos por la vía pacífica en la defensa de las tierras de Tilzapote‖, señaló Javier Díaz Figueroa presidente del comisariado de los bienes comunales de Cozoaltepec.
  • 2. Cientos de comuneros, pobladores de 62 comunidades agrarias y docentes de la sección 22 Snte-Cnte llevaron a cabo una marcha protesta de esta agencia municipal hasta Tilzapote en abierto respaldo contra el diligencia judicial que indica desalojar la comunidad arriba citada. Javier Díaz Figueroa presidente del comisariado de los bienes comunales de Cozoaltepec, Rodolfo Barragán Bustamante líder agrario de Huatulco y virtual dirigente del comité regional Chontal – Costa de los órganos agrarios, y Juan Carlos Sánchez Berra integrante de la comisión política de la sección 22 Snte- Cnte encabezaron un recorrido por la carretera federal 200; cabe decir que la policía federal, vial estatal, y municipal acompañaron en resguardo durante la caminata de aproximadamente dos kilómetros. Luego de arribar a Tilzapote, se llevó a cabo un bloqueo carretero por espacio de 70 minutos mientras líderes agrarios y dirigentes magisteriales realizaban un mitin al margen de la cinta rodante, con mantas, y pancartas citaron su rechazo al desalojo de la comunidad, ―claro que como comité regional de comisariados comunales vamos a tomar cartas en el caso de Tilzapote, todo éste juicio se hizo sin el consenso de la asamblea general de comuneros de Cozoaltepec, primeramente vamos a reorganizarnos como comité regional Chontal-Costa somos alrededor de 22 núcleos agrarios que debemos respaldar a los compañeros de Cozoaltepec para defender Tilzapote ―, expresó Barragán Bustamante. Juan Carlos Sánchez Berra integrante de la comisión política de la sección 22 destacó que se encuentran en alerta máxima, ―la sección 22 estamos presentes para defender junto a los compañeros comuneros a Tilzapote, confiamos de que a partir del uno de diciembre cambien las cosas en el país, y por supuesto para los comuneros‖, apuntó el líder magisterial. Cabe mencionar que en 1970 la asamblea de ciudadanos de San Francisco Cozoaltepec designaron a Salvador Vázquez Alderete y a Virgilio Ramírez Ramírez como representantes propietario y suplente para llevar a cabo los deslindes y estudios de campo para gestionar la titulación del núcleo agrario de San Francisco Cozoaltepec, ―en ése entonces realizamos los deslindes, caminamos todo el núcleo, fueron 16 años de gestión, en ése lapso nadie, ninguna persona reclamó Tilzapote, en 1986 se dio la resolución presidencial, tampoco nadie expuso un desacuerdo o reclamo, se publicó en el diario oficial de la Federación, nadie salió al paso reclamando, ahora poco más de 20 años después salen con que hay dos presuntos propietarios, no es posible, es extraño y raro ―, expresó Virgilio Ramírez. Juan Carlos Sánchez Berra y Javier Díaz Figueroa señalaron que durante estos últimos días de noviembre estarán atentos y observando la situación, ‖ mañana (hoy) tendremos asamblea extraordinaria con los 62 representantes internos de nuestras comunidades, la sección 22 hará lo propio, así que montaremos estricta vigilancia en Tilzapote‖, resaltó el dirigente agrario. Entre 1980 y 1982 la Secretaría de la Reforma Agraria, (SRA) realizó los correspondientes estudios de topografía, Virgilio Ramírez recordó que la entonces SRA designó a los topógrafos José Luis Arce y Elio Pérez Holguín culminaron el deslinde del núcleo agrario de Cozoaltepec, incluido, obviamente el anexo comunal de Tilzapote. Los comuneros de Cozoaltepec volvieron a señalar la presunción de que Tilzapote es objetivo lucrativo para construir un desarrollo inmobiliario turístico denominado Esmeralda María I, ―no se vale que usen el poder para perjudicarnos, a ellos no les ha costado nada de lo que tenemos como bienes comunales, aquí está nuestra historia, nuestro ombligo, nuestros usos y costumbres, pedimos al gobernador Alejandro Murat que intervenga ante nuestra situación, que se revisen las omisiones en el juicio que está afectando a Tilzapote ―, concluyeron varios comuneros.
  • 3. Sección 22 anuncia gran movilización en Tilzapote Magisterio y comunidades manifestaron su oposición al desalojo de las 300 hectáreas que conforman la comunidad para entregarlas a dos presuntos dueños de la tierra Por Archivaldo García El sector 04 de la Sección 22 Snte-Cnte vamos a realizar una marcha masiva como protesta contra el indebido desalojo de la comunidad de Tilzapote», informó el profesor Wilmer Iván López Jiménez, integrante del magisterio. Hoy, 21 de noviembre de 2018, se prevé, de acuerdo a la diligencia judicial emitida por el Juez del Tribunal Unitario Agrario (TUA) 21 de Oaxaca se llevaría a cabo la ejecución judicial para entregar 300 hectáreas en las cuales se asienta la comunidad de Tilzapote, luego de un arduo litigio agrario de más de 10 años. Dos personas identificadas por los comuneros de Tilzapote como Pedro Martínez y Domitila Guzmán son los presuntos propietarios de las tierras de Tilzapote, sin embargo, los propios pobladores y comuneros señalan que las citadas tierras son y están respaldadas por la resolución presidencial de 1986 y con ello son anexo comunal del núcleo agrario de San Francisco Cozoaltepec. Wilmer Iván López abundó que la Sección 22 expresará su postura política en presencia de comuneros y pobladores, «no sólo la Sección 22 respalda a Tilzapote, sabemos que estarán presentes dirigentes y comuneros de Santa María Colotepec, Santo Domingo de Morelos, Tonameca, y Pochutla, no vamos a permitir el desalojo, es una cruel arbitrariedad», subrayó el profesor. Por su parte, Margarito Salinas Ojeda, presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de Tonameca también manifestó su respaldo a los comuneros de Tilzapote, y añadió que «como compañeros y sabedores de que les asiste la razón, nuestra asamblea decidió y votó a favor de apoyar a Tilzapote, y también pedimos que se revierta el juicio agrario que a todas luces contiene argucias legaloides y omisiones que fundamentan la posesión legal y agraria de una comunidad cuyo asentamiento tiene más de 60 años y goza de respaldo como anexo comunal del núcleo agrario de San Francisco Cozoaltepec «, acotó. Finalmente, trascendió que el martes se llevó a cabo una reunión de negociación entre la Comisión Política de la Sección 22 y el Gobierno del Estado, entre otras dependencias públicas inherentes a Tilzapote, esperando que se suspenda, una vez más, la diligencia judicial, «sin embargo, llevaremos a cabo la marcha de Santa Elena El Tule a Tilzapote, también estaremos atentos porque trasciende que la diligencia judicial la llevarán a cabo en el crucero de Colotepec, aquí en Santa Elena El Tule estaremos 62 comunidades agrarias de Cozoaltepec, con el acompañamiento de compañeros de Pochutla, Santo Domingo de Morelos, Colotepec, y Tonameca, que entiendan que Tilzapote son tierras comunales, así hayan tergiversado el juicio agrario», aseveró el señor Ángel, poblador y comunero de Tilzapote.
  • 4. API se manifiesta afuera del Tribunal Unitario Agrario Por Iván Castellanos - Iván Castellanos Pobladores de San Sebastián Río Dulce, Zimatlán, agremiados a la Asamblea de Pueblos Indígenas (API), protestan en el Tribunal Unitario Agrario para exigir atención a un conflicto que tienen en la localidad. Acusaron que la población se encuentra desesperada ante los actos fuera de la ley que encabeza José Quiroz Cortés, quien se dice asesor de la comunidad, además, indicaron que esta persona intenta someter a la comunidad a través de diversos mecanismos con la intención de quedarse con los recursos que les corresponden. Acusaron que no han tenido atención a demandas para que se mejoren las condiciones que tienen en su localidad, así como en otras poblaciones de la Mixteca, Costa e Istmo de Tehuantepec. Señalaron que decidieron llegar a varias dependencias de gobierno federal y estatal, para exigir que se les de atención a sus necesidades que requieren. Amando Orozco Para UPERI, "justo" el fallo de la Corte sobre proyecto eólico en el Istmo, Oaxaca Amando Orozco Eólica del Sur instalará 132 aerogeneradores en El Espinal y Juchitán de Zaragoza JUCHITÁN, Oaxaca.- El presidente de la Unión de Propietarios de Energías Renovables del Istmo (UPERI), Porfirio Montero Fuentes, calificó como justo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que rechazó el amparo a la consulta indígena del proyecto de Eólica del Sur, decisión con la que los magistrados avalaron la realización de un proceso que, según los activistas promoventes del amparo, estuvo plagado de irregularidades.
  • 5. Montero opinó que se trató de una correcta decisión la que asumió la Segunda Sala de la SCJN al determinar que las autoridades federales y la empresa eólica sí sometieron a consulta de los pueblos afectados sobre el proyecto que contempla la instalación de 132 aerogeneradores. Condenó que a las comunidades lleguen personas de otras partes del país para oponerse a la construcción de una obra que representaría el desarrollo de una comunidad, como es el caso de Unión Hidalgo. ―Realmente no tiene nada que ver que una persona o una organización que son de otros países y no es de la comunidad, presente un amparo y afecte a cientos de familias‖. Cuestionó también la postura que en ocasiones asume el gobierno federal, al ―hacerle caso‖ a grupos que claramente manipulan el tema de una consulta y los convenios que ya existen. Señaló que en 1991, siendo diputado federal, se firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a garantizar la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas sobre sus territorios; aceptaron todo, pero si hay consenso ni la consulta se tiene que hacer. ―El Convenio también dice que si los propietarios están organizados y no hay ningún problema, no tiene por qué haber consulta y eso se está violentando‖. Montero Fuentes reveló que ahora en las comunidades de San Dionisio del Mar, Santa María del Mar, donde ―una organización que quién sabe de dónde vino‖, ahuyentó la inversión, piden a gritos que se instalen los proyectos. En ese sentido, cuestionó el trabajo que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues defendiendo un derecho viola otro, ―¿qué los propietarios de las tierras no tenemos derechos?‖ Por otro lado, apremió al Gobierno Federal, para la pronta construcción de la subestación que servirá para evacuar la energía; pues han pasado 10 años y siguen también esperando la línea de transmisión que va del Istmo a la capital del país. ―Ni siquiera han iniciado estas obras y las empresas que están pagando reserva de terrenos, están gastando un dineral‖. No aclara Alejandro Murat el destino de 879 millones 21 NOVIEMBRE, 2018 DESPERTAROAX Francisco Vásquez La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades cometidas por el gobierno de Oaxaca en el manejo de recursos públicos federales durante el ejercicio fiscal 2017, las cuales ascienden a más de 879 millones 100 mil pesos que hasta la fecha no han sido solventados. La ASF realizó revisiones a la Cuenta Pública 2017 de Oaxaca sobre el gasto federalizado programable, los resultados los dio a conocer este órgano fiscalizador a través de dos informes públicos, en los cuales se descubrieron las inconsistencias. En el primer informe, la Auditoría Superior de la Federación detalló que efectuó en primera instancia ocho auditorías al gobierno de Alejandro Murat, en las que se examinaron ocho mil 192.8 millones de pesos, de este total se auditó la cantidad de siete mil 74.4 millones.
  • 6. Resultando inconsistencias o irregularidades en el manejo de 651.8 millones de pesos, es decir, el 9.2 por ciento del recurso auditado presenta una presunta malversación de recursos, de esto la ASF logró recuperar o esclarecer el destino o ejercicio de 449.7 millones. Por otra parte, en el segundo informe, la Auditoría Superior de la Federación indicó que realizó otras 13 auditorías a nueve mil 864 millones de pesos, en el cual hubo opacidad y falta de comprobante en el ejercicio de 227.3 millones de pesos, además, se logró esclarecer el gasto y destino del otro monto igual. Entre las primordiales anomalías encontradas en estas 21 auditorías, la ASF especificó que son la falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto, recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Otras de las inconsistencias más relevantes son transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, pagos improcedentes o en exceso, conceptos no autorizados por la dependencia normativa, falta de amortización de los anticipos, entre otros conceptos. Gasto federalizado Ahora bien, el gasto federalizado programable son los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de Participaciones, Aportaciones Federales, Subsidios y Convenios de descentralización y de reasignación. En cuanto a las Participaciones son un mecanismo de compensación a los gobiernos locales, dependiendo de la Recaudación Federal Participable, los recursos que pueden ser ejercidos de manera libre por los estados y municipios. Las Aportaciones son los recursos que se han descentralizado a los estados y municipios para solventar prioridades en materia de educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y el fortalecimiento financiero de las entidades federativas y de los municipios. Estas Aportaciones forman parte del gasto programable, pues tienen definido un destino específico, su trasferencia está condicionada a resolver las problemáticas que se deriven de tales necesidades. Por su parte, los Subsidios incluyen recursos que son entregados a las entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, estos se destinan para apoyar el desarrollo conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) de cada año. En la categoría de otros subsidios, se aprueban en el PEF las transferencias que se asignan a las entidades federativas y municipios a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, destinados principalmente al fortalecimiento del desarrollo regional y municipal mediante programas y proyectos de infraestructura física. Mientras que, los Convenios de descentralización y reasignación son acuerdos que las dependencias del gobierno federal establecen con las entidades federativas para otorgarles recursos presupuestales, susceptibles de ser federalizados. Los Convenios de reasignación son acuerdos que las dependencias del gobierno federal firman con las entidades federativas con el propósito de reasignarles recursos de las dependencias y entidades públicas, para el cumplimiento de diversos objetivos de los programas federales. En estos rubros a favor de los oaxaqueños fue donde la Auditoría Superior de la Federación detectó el presunto desvío de recursos millonario, cabe resaltar que hasta la fecha el gobierno de Oaxaca no ha comprobado o solventado las irregularidades señaladas por este órgano.
  • 7. Oaxaca, foco rojo en delitos y pobreza: Semáforo Delictivo 21 NOVIEMBRE, 2018 DESPERTAROAX Francisco Vásquez De acuerdo a la organización Semáforo Delictivo, que mide de manera mensual el nivel de inseguridad a nivel nacional, Oaxaca y el estado de México son las dos entidades del país que no aprobaron ninguno de los 11 rubros que integran la plataforma de medición. Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se integra a base de solo los delitos denunciados, hasta el 30 de septiembre de este año, la organización sólo emitió alerta amarilla en los delitos de secuestros y feminicidios, lo cual se traduce en que las políticas implementadas por el gobierno estatal sólo funcionan de manera parcial. Sin embargo, los delitos de homicidio, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio, lesiones, violación y violencia familiar están marcados con el indicador de color rojo, lo cual significa que los niveles de inseguridad han empeorado. Los resultados desfavorables que otorga esta organización no gubernamental evidencian que la estrategia para combatir la comisión de esos delitos no es la correcta debido a que los indicadores se han disparado en los últimos meses. Tan solo en el mes de septiembre, Semáforo Delictivo registró 75 homicidios, dos secuestros, 10 extorsiones, 20 ilícitos por narcomenudeo, 257 robos a vehículos, 100 robos a casas, 114 robos a negocios, 370 delitos por lesiones, 39 violaciones, 391 casos de violencia familiar y cuatro feminicidios. Según la organización, el delito de homicidio se incrementó en un 17 % respecto a septiembre del año pasado, el narcomenudeo un 58 %, robo a casa 21 % y violencia familiar 45 por ciento. De acuerdo a una interpretación de las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico los principales rezagos sociales identificados por Semáforo Delictivo en la entidad son desigualdad, vivienda, educación y pobreza. Entre las causas de la inseguridad que destaca la organización se encuentran la corrupción e ineficacia de las autoridades, la poca transparencia, la falta de interés por ciudadanos, la falta de oportunidades a jóvenes y el narcomenudeo. Culpan a Tuñón
  • 8. El titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Ánuar Mafud Mafud, recientemente aseguró que la ola de violencia que se vive en el estado es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, que encabeza el regiomontano Raymundo Tuñón Jáuregui, quien recientemente se ha visto envuelto en un conflicto marital que ha evidenciado abusos y corrupción en la secretaría a su cargo. Mafud Mafud afirmó que en Oaxaca hay gobernabilidad y Estado de derecho, y que la inseguridad no obedece a temas políticos, sino de delincuencia, ello luego de que la semana pasado algunos diputados locales de Morena reprocharan que el Segundo Informe de Gobierno está plagado de cifras alegres en materia de seguridad, pues contrastan con la realidad de los oaxaqueños. Por su parte, el gobernador se ausentó de las actividades con motivo de la conmemoración del 108 aniversario de la Revolución mexicana, pues no acudió al acto cívico y tampoco se presentó en el balcón de Palacio de Gobierno para presenciar el desfile deportivo, ello porque acudió a la Ciudad de México a promocionar ante medios de comunicación nacionales su Segundo Informe de Gobierno. Ante la prensa nacional, Alejandro Murat afirmó que: “En la política lo que te acredita a ti y a la paz es que la gente vea que están sucediendo cosas positivas”. Exhortarán diputados a la Fiscalía de Oaxaca esclarecer homicidio de fotoperiodista DEL DÍA, GENERAL, SEGURIDAD 22 noviembre, 201821 noviembre, 2018 marca * La Comisión de Justicia de la Legislatura federal aprueba punto de acuerdo y será turnado al pleno. Por Óscar Rodríguez Oaxaca, Oax.- La Comisión de Justicia de la Legislatura federal exhortará a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que agoten las investigaciones que permitan la detención y procesamiento de él o los responsables del homicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, ello luego de que la diputada federal perredista María Guadalupe Almaguer Pardo realizara la propuesta como punto de acuerdo y fuera aceptado. Con fecha del 23 de octubre de 2018, mediante oficio con número de trámite D.G.P.L. 64-II-4-108 bajo el número de expediente 686, la Comisión de Justicia recibió la asignación del exhorto. El 2 de junio pasado, en el contexto de la elección municipal de Juchitán de Zaragoza, fue asesinada la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, la candidata a segunda concejala de la planilla del PRI-PVEM-PNA, Pamela Terán Pineda y su chofer, Adelfo Guerra Jiménez. Sobre el homicidio fue detenido un presunto responsable de nombre Jehú G. L., presunto autor material, mismo que fue liberado ocho días después, en el pasado mes de septiembre. La defensa presentó a tres testigos que no estuvieron en el lugar de los hechos, un arquitecto -perito- que reconoció no ser experto en georreferenciación, así como el testimonio de un policía municipal que no reconoció al inculpado como el joven que pidió auxilio, lo que de acuerdo con la defensa lo ubicaba en un lugar distinto al de los hechos. El juez de control de Juchitán en cambio decidió desechar el testimonio de un testigo protegido de la Fiscalía General de Oaxaca, quien sí estaba en el lugar de los hechos y reconoció al inculpado. Esa misma instancia tampoco ha podido detener a otro presunto responsable del crimen que se dio a la fuga. A la fecha la familia de la fotoperiodista afirma que hay nulos avances en el esclarecimiento del triple asesinato, por ello será el Congreso federal quien a través de punto de acuerdo aprobado exhortará a la Fiscalía agilizar el proceso de investigación.
  • 9. MORENA Propone Iniciativa De Ley De Austeridad En Oaxaca; Y Exhiben A Diputados Estrenando “Camionetones” Por: Eugenio GONZÁLEZ Oaxaca, México.- Este miércoles, el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propuso la iniciativa de Ley de Austeridad con la finalidad de aplicar medidas para hacer uso, adecuado y eficiente, de los recursos públicos. Fue el diputado Fredy Delfín Avendaño quien subió a tribuna para presentar la iniciativa en donde expuso que dicha iniciativa contempla ―la aplicación de medidas para hacer uso de los recursos públicos basados en los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, racionalidad y honradez que ineludiblemente requiere nuestro estado para su crecimiento‖. Tras su ponencia y a manera de exhorto, la diputada del PRI Lilia Mendoza Cruz dijo que tal iniciativa deberá aplicarse de manera congruente porque –dijo- hay en el estacionamiento del Congreso camionetas nuevas de diputados morenistas que no van acorde a la austeridad que plantean. De inmediato y aprovechando su intervención en el estrado, la diputada morenista Delfina Elizabeth Guzmán refutó que ―no puede quedarse como una afirmación lo que dijo la diputada (Lilia Mendoza) porque hay de camionetas a camionetas, que sea una camioneta nueva no quiere decir que cueste 800 o un millón de pesos como muchos acostumbran a tenerlas‖. Ante ese escenario, El Piñero de la Cuenca constató que en el estacionamiento del Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan algunos diputados lucieron camionetas de reciente adquisición. Y la que sobresalía, por su modelo y tamaño, fue la de la diputada Elim Antonio Aquino, quien presumió una camioneta Koleos de la marca Renault con un valor en el mercado de 429 mil pesos, aun sin placas y con permiso provisional. Elim es diputada plurinominal e hija del dos veces presidente municipal de Xoxocotlán José Julio Antonio Aquino.
  • 10.
  • 11. Reportan Cortes A La Circulación En Carretera Tuxtepec-Oaxaca Aunque son intermitentes causan retraso a los automovilistas. Carlos Abad/El Piñero de la Cuenca Tuxtepec, Oaxaca.- Los kilómetros 62, 68 y 73 de la carretera federal Tuxtepec-Oaxaca por la Sierra Juárez se encuentran en rehabilitación debido a los deslaves presentados en las pasadas lluvias de hace menos de un mes y que provocaron en su momento serias afectaciones a la carpeta asfáltica. Por consiguiente y debido a la gran actividad de maquinaria pesada con vehículos conocidos como ―manos de chango‖, la zona antes descrita recibe reiterados cortes a la circulación en un solo carril para facilitar los trabajos. Decenas de automovilistas reportan hasta 45 minutos de retraso en los tramos mencionados al principio. ―No se preocupen‖, se dará autonomía a medios públicos: Sánchez Cordero POR LA REDACCIÓN , 21 NOVIEMBRE, 2018LA TRANSICIÓN, PRESIDENTE 2018 CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se harán los ajustes legales necesarios para dar autonomía a las radiodifusoras y medios públicos. ―Lo de medios vamos a ajustarlo. No, no, nada va a ser de errata, se va a discutir a morir, vamos a revisarla para darles autonomía a los medios públicos, no se preocupen, van a ver cómo se va a respetar todo esto‖, dijo Sánchez Cordero en entrevista, de acuerdo con la agencia Notimex. De acuerdo con la ministra en retiro de la Suprema Corte, durante el debate y aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que se realizará mañana, podrá ajustarse el artículo 27, fracción VIII, que otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de administrar los medios públicos permisionados. La minuta enviada por la Cámara de Diputados señala que la Segob estará facultada para administrar el tiempo del Estado en radio y televisión y proveer el servicio de radiodifusión a nivel nacional. El lunes se dio a conocer un desplegado en el que 42 organizaciones e instituciones académicas, así como 103 especialistas, demandan al Senado modificar la fracción VIII del artículo 27, al considerar que la reforma aprobada en San Lázaro representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Sánchez Cordero también defendió las modificaciones al artículo 21 de esa ley, que otorga facultades al Presidente de la República para constituir comisiones intersecretariales. ―Siempre se habían hecho comisiones. El Presidente de la República había establecido cualquier cantidad de comisiones, recordarán la de la paz para el estado de Chiapas, con el EZLN; la comisión para investigar el caso de la muerte de Luis Donaldo Colosio, las comisiones del Ríos Balsas‖, dijo Sánchez Cordero.
  • 12. AMLO anuncia consulta sobre juicio a expresidentes, la Guardia Nacional y el consejo empresarial El próximo presidente remarcó que espera la reforma al artículo 35 constitucional para quitar obstáculos para la realización de consultas y que sean vinculatorias. Redacción Animal Político noviembre 21 2018 10:41 FONDEA el periodismo independiente La creación de la Guardia Nacional, que el próximo presidente tenga un consejo de asesores integrado por empresarios, e investigar posibles actos de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto y los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, son temas que se incluirán en una nueva consulta ciudadana, anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño sostuvo que esta consulta la realizará cuando ya sea presidente de México y se formularán tres preguntas: 1. ―¿Crees que Andrés Manuel, presidente de la República, deba tener un grupo asesor para consultarles sobre proyecto productivos, pedirles sus puntos de vista? ¿Sí o no?‖ 2. ―¿Crees que Andrés Manuel, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Sí o no?‖ En entrevista con Carmen Aristegui, también se comprometió a consultar sobre la creación de la Guardia Nacional (integrada por la policía militar, naval y federal), aunque no formuló un cuestionamiento en específico sobre el tema. Destacó que la crisis de seguridad en México es resultado de una conjunción de varios factores, como pobreza, corrupción de los cuerpos policíacos y la desatención de los jóvenes. ―El Ejército mexicano y la Armada son instituciones de protección a los mexicanos. Se trata de aprovechar el conocimiento y la disciplina, así como sus cuarteles, para garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país‖. Sobre el compromiso de que no iba a modificar la Constitución, mencionó que se tiene que hacer por la gravedad de la situación. ―No puedo yo garantizar a los mexicanos la paz y la seguridad de otra manera‖. Señaló que se haría un debate sobre los tres temas y luego la consulta para que participen los ciudadanos. El próximo presidente remarcó que espera la reforma al artículo 35 constitucional para quitar obstáculos para la realización de consultas y que sean vinculatorias. Lee: No hay nada que temer: AMLO asegura que el cambio de gobierno será ordenado y pacífico Aunque previamente había declarado que los procesos judiciales por actos de corrupción seguirán su marcha legal, López Obrador dijo que en su gobierno no habrá persecución contra políticos de oposición ni ―chivos expiatorios‖, habrá un punto final a la corrupción y hacia adelante ya no habrá perdón. ―Yo en campaña hablé de no perseguir a nadie, yo no ofrecí que iba a encarcelar a los políticos (…) A mi me interesa terminar con el régimen corrupto. Lo que ya está en curso eso continúa. Como titular del Ejecutivo no voy a perseguir a nadie, mi fuerte no es la venganza, quiero justicia, no venganza‖. López Obrador insistió en que investigar los casos de los expresidentes sería conspirar contra la estabilidad política del país. ―No solo no nos alcanzarían las cárceles, hay que pensar con mucha responsabilidad de que en honor a la justicia si se trata de juzgar y abrir expedientes se tiene que empezar con los de arriba. Sería conspirar en contra de la estabilidad política del país, se suelta la confrontación, nos empantanamos. Tendría que enjuiciar a
  • 13. Salinas, a Fox, Calderón, Peña Nieto, habría demasiado escándalo y no podría hacer lo que quiero para acabar con la corrupción, me quedaría anclado‖, declaró. Sin embargo, dijo que acatará lo que opinen los ciudadanos, incluso en el tema de los expresidentes. Reiteró que busca escuchar la voz de todos los mexicanos, “tanto la voz del pueblo como la de los empresarios”. El pasado 15 de noviembre, López Obrador anunció el reclutamiento de empresarios que le asesorarán en temas económicos y que estaría integrado por: Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca; Bernardo Gómez, directivo de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles y Grupo Imagen; Carlos Hank González, de Banorte; Miguel Alemán Magnani, de Interjet; Daniel Chávez, de Vidanta; Miguel Rincón, de Bio Pappel, y Sergio Gutiérrez Muguerza de Deacero. Sobre “El Chapo” López Obrador afirmó que esperará a que se presenten pruebas para poder opinar sobre las declaraciones del abogado de Joaquín ―El Chapo‖ Guzmán y de ―El Rey‖ Zambada. Dijo que si no hay pruebas, los dichos del abogado de ―El Chapo‖ respecto a sobornos del narcotráfico a políticos mexicanos, entre ellos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, son parte del manejo político que tiene que ver en todos estos casos. ―Un abogado tiene como propósito sacar de la cárcel a su cliente o reducir su sentencia‖, dijo. La semana pasada, el abogado de El ―Chapo‖ Guzmán aseguró que el cártel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor Felipe Calderón. Tren Maya Sobre el proyecto del Tren Maya, López Obrador dijo que respeta la opinión de quienes consideran que es un error y que sin afán de ofenderlos quizá algunos de ellos ni siquiera conocen el sureste, sin embargo, resaltó que este plan significa un recorrido de mil 500 kilómetros y es una vía de ferrocarril que se inició desde antes, en el gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas y se acabó con Miguel Alemán. Comentó que quienes firman la carta de rechazo al Tren Maya, ―con todo mi respeto, les digo que deben tener más cuidado. No tienen la información completa. Hay que tocarles la puerta y decirles que ya cambió el país y no sólo cuentan las élites. ¿Qué acaso el pueblo no sabe lo que quiere? El cambio significa también tomar en cuenta a los de abajo‖. Dinero Destape a la mexicana: empachados de consultas // Cofepris autoriza venta de productos con mariguana // La Roma de Cuarón Enrique Galván Ochoa T ras la muerte del dictador Francisco Franco ocurrió en España un relajamiento de la censura que permitió los primeros desnudos en cine y teatro. El año 1976 es recordado no sólo por el cambio de régimen político, sino también por el fenómeno conocido como el destape. El pueblo pudo ver películas prohibidas como El gran dictador, censurada durante casi 40 años. ¿Está pasando algo parecido en México? Nosotros, los ignorados, a quienes nunca nos consultó nada el prianismo –ni siquiera si estamos de acuerdo con que Peña Nieto entregara la riqueza petrolera a empresas privadas nacionales y extranjeras–, elegimos a un presidente que nos dice: todo va a consulta. Además del aeropuerto de Texcoco, nos pone enfrente un paquete de 10 temas que abarcan desde el Tren Maya hasta la refinería. Ha desatado una discusión fenomenal. Descubrimos que pensamos distinto no sólo a nuestros amigos sino a nuestros familiares. Los encontronazos desbordan las redes sociales y muchos se enojan contra AMLO. Te elegimos presidente, decide tu. A ver: ¿nos estaremos empachando con tantas consultas? Hay algunos temas que no pueden someterse al referendo, por ejemplo, el cumplimiento de la Constitución y la ley. Tienen que cumplirse, o reformarse. Las opiniones que he expresado los pasados 20 años en La Jornada y Aristegui Online, y antes en De una a 3, con Jacobo Zabludovsky, atestiguan que en ningún modo defendería a Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y EPN.
  • 14. Mas no deben ser perseguidos porque lo pide la gente en una consulta, sino porque presuntamente incurrieron en conductas que ameritan ser sometidos a investigación. Es lo que dice la ley. Me inclino por la idea de Andrés Manuel de no batir el pantano porque en el lance se pueden perder estérilmente tiempo y energías de su gobierno, y prender un incendio político. Es decir, él no debe hacerlo. En todo caso, seamos nosotros los ciudadanos los que debemos promover el juicio de los presidentes. Ayer AMLO invitó a comer a su casa a Peña Nieto. Por ahí se escucharon los nombres de los empresarios que pidieron primero que Meade declinara por Anaya, y luego la fórmula opuesta, lo que rechazó el de Atlacomulco. Otro destape La mariguana probablemente está llamada a ser la Coca Cola del presente siglo. Deberán pasar unos 10 años para que se reconozca el daño que produce a la salud (me refiero a la mariguana usada liberalmente, un caso muy distinto es su utilización terapéutica). Acaban de ser autorizados por la Cofepris 21 suplementos, nueve cosméticos, seis alimentos y dos materias primas conforman el primer paquete de 38 productos hechos a base de cannabis. Curioso que Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Cofepris, haya expedido los permisos en los últimos días del sexenio. Ombudsman social Asunto: el aeropuerto de Toluca Excelente razonamiento de AMLO de que redujeron operaciones en el aeropuerto de Toluca y saturaron el de Ciudad de México para que urgiera el NAIM. Falta mencionar lo subutilizado de terminales aéreas como Querétaro o Puebla. Para ir de Cancún a Querétaro no hay casi vuelos directos, los viajes se vuelven eternos, de 10 horas, porque hay que tomar un autobús en Ciudad de México. No tiene sentido. Sebastián Zetina (vía Facebook) R: No debería haber tanta prisa en construir un aeropuerto nuevo. Si Toluca tiene capacidad para atender 8 millones de pasajeros anualmente, con una buena adaptación recibiría más. Pero los malandros nos pusieron enfrente de una disyuntiva: Texcoco o el diluvio universal. Qué bueno que se les cayó el negocio. Twiteratti Con la novedad de que ya vi @ROMACuaron y sí, sí está maravillosa. Sí es conmovedora. Sí evoca todo tipo de recuerdos. Sí se roban la cinta sus mujeres. Sí tiene una fotografía fuera de serie. Sí merece un Óscar (o varios). Y sí, sí me hizo chillar. José Manuel Azpiroz @jmazpiroz Twitter: @galvanochoa FaceBook: galvanochoa Foro: elforomexico.com/encuestas/ Correo: galvanochoa@gmail.com Astillero ¿No se preocupen, ex presidentes? // Impunidad y estabilidad // Próximas consultas de AMLO // A Peña, reiterado respeto Julio Hernández López
  • 15. ▲ El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, se reunió en el Club de Banqueros con senadores y les expuso que la iniciativa que propone que la institución regule las comisiones bancarias no vulnera su autonomía, como han cuestionado los opositores a la reforma. Acudieron Maribel Villegas Canché, Alejandro Armenta Mier y José Manuel del Río Virgen.Foto La Jornada D eseoso de promover su próxima consulta de reafirmación (ahora con 10 puntos, entre ellos el Tren Maya), Andrés Manuel López Obrador ha recorrido en días recientes los estudios de Televisión Azteca, Televisa, Imagen Tv y Aristegui Noticias. Ha sido natural que el interés periodístico haya abordado otro tipo de temas (con una notable disposición de AMLO a contestar todo), en especial lo relacionado con la creación de una Guardia Nacional y con el perdón a los políticos corruptos. La entrevista de ayer, con Carmen Aristegui, fue particularmente ilustrativa. A 10 días de que le sea colocada la banda de tres colores en el pecho, el tabasqueño ofreció, durante más de dos horas (dos horas y media de tiempo corrido, con cortes comerciales y resúmenes informativos), la mayor y mejor exposición pública de su visión y razonamientos en la parte final de su largo recorrido como político opositor, ya en la antesala de la toma de un poder que necesariamente ajustará o modificará las posturas propias de la recolecta electoral. Triunfante en julio pasado merced a una profusión de votos deseosos, sobre todo, de poner fin a la terrible etapa de saqueo de la riqueza pública que encabezó Enrique Peña Nieto (pero que han practicado, en diversa medida, casi todos los anteriores ocupantes de Los Pinos), López Obrador ha mantenido su postura original de perdonar a los causantes de la crisis nacional y ver hacia adelante a partir del próximo primero de diciembre, en un lance sintetizado en la frase popular de borrón y cuenta nueva. Ayer, sin embargo, en la entrevista difundida a través de Radio Centro y del portal Aristegui Noticias, AMLO se comprometió a que, organizadas por el Instituto Nacional Electoral y con una normatividad modificada, se realizarán consultas sobre tres temas: el consejo asesor empresarial que recientemente fue anunciado, la mencionada Guardia Nacional y un eventual enjuiciamiento a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el siguiente ex, Peña Nieto. Lo más interesante del asunto fueron las observaciones y condicionamientos que expresó Andrés Manuel López Obrador: si se abrieran expedientes contra los corruptos sería necesario alcanzar a los de arriba, y ello podría implicar el conspirar contra la estabilidad política del país. Terrible realidad de un país sería, bajo esa línea de argumentación, que el entramado de un país, su estabilidad, dependiera de la intocabilidad de los grandes corruptos. No se preocupen, ex presidentes, a pesar de que hubiera consultas, sería la adaptación a los tiempos de la cuarta transformación de la famosa frase de Enrique Peña Nieto a la secretaria Rosario Robles. López Obrador advirtió: ―Desatamos… (¿a los demonios, habría sido la frase que el presidente electo no completó?: astillado breviario preguntón), nos empantanamos, se suelta la confrontación entre los mexicanos, porque tendríamos que enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y habría demasiado escándalo, y no podría hacer lo que quiero hacer para acabar con la corrupción (...) Le haríamos más daño al país que beneficios si desatamos una cacería de corruptos. Una primera reacción a estas palabras puede ir del desconsuelo a la ira. Todo el poder derivado de las urnas (30 millones de votos, Presidencia de la República, mayoría dominante en el congreso federal, gubernaturas y congresos locales) resulta impotente ante los mercados (que dieron muestra de su fuerza ante el intento de corregir el sistema de comisiones bancarias) y la necesaria estabilidad política. Todo se puede mover y remover, menos lo sustancial del sistema.
  • 16. En ese contexto de crudo pragmatismo es explicable la injustificada insistencia de AMLO en proclamar respeto a Peña Nieto, convencido de que éste propició o permitió las condiciones electorales adversas a un nuevo fraude electoral. Por ello, EPN se encamina al tranquilo disfrute de su retiro, al igual que la mayoría de sus compinches. La estabilidad política del sistema no acepta conspiraciones justicieras. Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx POLÍTICA CERO Lo ‗fifí‘ no quita lo valiente JAIRO CALIXTO ALBARRÁN ¿Y si todo esto de la amnistía pejiana fue planeado con toda saña para que sus adversarios políticos reaccionaran en contra con previsible encono para que luego, a través de una consulta (no perseguirá a nadie, pero si el pueblo lo pide...) se dé el banderazo de salida para la temporada de caza de peces gordos y acabar con los escombros de lo que queda del PRI-PAN-PRD? Acá tirios y troyanos rasgándose las vestiduras mientras arrojan pecho y espada al dragón salvaje de la impunidad, monstruo contra el que han luchado siempre (por eso la impunidad es de 93% y de 120%, claro) cuando, la neta legal, no corresponde al señor López resolver sobre esas cosas, incluso pese a su investidura, andar de perdonavidas. Y no por otra cosa, sino porque los beneficiarios de tales resoluciones justicieras tampoco son agradecidos. La verdad, no veo que los miembros de la Loca academia de Javidús y adictos a las estafas maestras (la más reciente hazaña descubierta por Mexicanos Contra la Corrupción devela una Operación llamada Safiro en la que siete góbers preciosos podrían estar involucrados para hacerle el clásico Dónde quedó la bolita a 600 millones de pesos para que al parecer acabaran en las campañas del PRIcámbrico temprano) se organicen en una marcha para saludar alegremente el gesto. Incluso tenemos a Chayito Robles, altanera, tendenciosa y orgullosa, declarando que se siente tranquila y con la cara en alto al final del sexenio, sobre todo por el apoyo que le ha dado mi licenciado Peña. Quizá ahora que la dejaron sin guaruras la doña comience a sentir unas mordiditas de realidad. Por eso necesitamos de manera urgente personajes de gran valía como el munícipe de la ciudad de Guanajuato, el panista Alejandro Navarro, que ataviado cuál rotito y sintiéndose muy fufurufo pero nada clasista, pide de la manera más atenta que los pobretones que quieran pasar por su ciudad, se abstengan. Dice, si no traen con qué y nada más van a estropear con sus miserias el bonito paisaje, mejor no vengan. ¡Esa es la actitud fifí que tanto nos gusta! jairo.calixto@milenio.com @jairocalixto
  • 17. PGR pide 50 años de cárcel contra presunto asesino del periodista Javier Valdez Ataques contra periodistas La Procuraduría acusó a Heriberto Picos Barraza, El Koala, de ser copartícipe material en el homicidio contra Javier Valdez por su actividad periodística; solicitó se le imponga la máxima pena. RUBÉN MOSSO Ciudad de México / 22.11.2018 08:23:35 La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión presentó la acusación formal contra Heriberto Picos Barraza,El Koala, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado contra el periodista Javier Valdez en Sinaloa y solicitó una pena de 50 años de cárcel. Lo anterior, al concluir la etapa de investigación complementaria fijada por elJuez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sinaloa. Mataron a Javier Valdez por notas de 'El Licenciado': PGR La PGR acusó a El Koala de ser copartícipe material en la comisión del delito de homicidio con premeditación y ventaja en contra del comunicador, con motivo de su actividad periodística y sus publicaciones en diversos medios informativos, a nivel regional y nacional. La Fiscalía solicitó al juez competente que se imponga la máxima sancióncontemplada para este tipo de delitos en el estado de Sinaloa, de 50 años de prisión. La PGR señaló que continuará con el trámite del proceso penal en contra del probable responsable y de otra persona vinculada a proceso por los mismos hechos.
  • 18. MCCI documenta financiamiento ilegal al PRI a través de empresas fantasmas POR LA REDACCIÓN , 21 NOVIEMBRE, 2018LA TRANSICIÓN, PRESIDENTE 2018 CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió este miércoles una investigación sobre el presunto desvío de cerca de 650 millones de pesos para financiar campañas del PRI en cinco entidades del país y una demarcación territorial de la Ciudad de México, a través de un esquema parecido al de caso Chihuahua que tiene confrontados al gobernador Javier Corral y a el gobierno de Enrique Peña Nieto. En su investigación, los periodistas Raúl Olmos, Valeria Durán y Ricardo Alvarado descubrieron que para ello las autoridades utilizaron 12 empresas fantasmas y que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fue omisa al respecto. A continuación, se reproduce íntegramente la investigación periodística: Autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI. Del monto anterior, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades. El 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló, en una investigación conjunta de su corresponsal en México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington, el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray. Cuestionamientos que ya han sido negados por ambos. En aquella revelación, se mencionó el uso de cuatro empresas fantasma. Ahora, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la ‗Operación Safiro‘ (así, con ‗s‘), que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos. De acuerdo con testimonios ministeriales de ex funcionarios de Chihuahua, el dinero transferido fue desviado para fines electorales.
  • 19. Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que, en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas utilizadas ―estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar‖. Aún más, en su declaración añadió que el entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte, le informó que el dinero para los contratos simulados había sido autorizado expresamente por la Secretaría de Hacienda de la Federación en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados. Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priistas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones). El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones. En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priista Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos. En el caso del Edomex, no fue posible determinar el monto real de las transferencias debido a que el Gobierno de esa entidad ocultó información de contratos. Según los testimonios, el dinero desviado era de origen federal. En una base de datos elaborada por MCCI, se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas. Las participaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que la SHCP maneja en forma discrecional, aumentaron en 2016 más de 500% para Chihuahua, 22% para Colima y 12.7% para Durango. Karla Arely Jurado Bafidis, quien también fue sentenciada por el desvío de recursos en Chihuahua, coincidió en su declaración ministerial que dos de sus superiores en la Secretaría de Educación le informaron que en el financiamiento de campañas electorales del PRI participaban los gobiernos de otros estados. ―Dijeron que urgía que sacara ese dinero (246 millones) que se iba a utilizar para el PRI nacional y que varios estados del país también estaban aportando recursos y que a Chihuahua le tocó aportar esa cantidad‖, señaló en su testimonio.
  • 20. Los testigos aseguran que Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario general adjunto del PRI nacional, fue quien puso los nombres de las empresas que simularían operaciones para concretar el desvío de fondos. Gutiérrez estuvo preso 9 meses acusado de peculado por el actual Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral, aunque fue liberado el 28 de septiembre de 2018. Desde esa fecha se le colocó una tobillera de seguridad, como parte de una medida cautelar que lo obliga a permanecer exclusivamente en el estado de Chihuahua, mientras avanza el proceso. Los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos en 7 estados son en realidad prestanombres, pues se trata de habitantes de colonias populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México, comprobó MCCI en un recorrido. El principal prestanombres es José Juan Saliano González, un ex agente del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), detenido por robo en octubre de 2016 junto con otros dos policías que también figuran como beneficiarios de transferencias en la red fantasma, de acuerdo con los documentos revisados por los reporteros. MCCI reveló el pasado 5 de septiembre el involucramiento del ex policía en el desvío, pero en esta nueva investigación se comprobó la participación, además, de dos hijas, su esposa y otros parientes y vecinos como prestanombres. MCCI reveló el pasado 5 de septiembre el involucramiento del ex policía en el desvío, pero en esta nueva investigación se comprobó la participación, además, de dos hijas, su esposa y otros parientes y vecinos como prestanombres. Dispersan el dinero en más empresas fachada En la investigación de MCCI se descubrió que los prestanombres son accionistas de más empresas que fueron utilizadas para dispersar una porción del dinero transferido por los gobiernos estatales. Por ejemplo, el 7 de abril de 2016 el Gobierno de Chihuahua transfirió 246 millones de pesos a cuatro cuentas en el Banco Santander a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, SISAS y Despacho de Profesionistas Futura, en pago a servicios que nunca se ofrecieron. A los pocos días, la mayor parte del dinero pagado por Chihuahua fue transferido a empresas vinculadas, así como a personas físicas, algunas de las cuales resultaron ser los propios prestanombres, sus parientes y amigos. Otra porción de los recursos desviados fue a dar a un despacho en Monterrey, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha colocado en la lista negra por simular operaciones comerciales. Es decir, el dinero pasó de mano en mano, en transacciones de aparente lavado de dinero o para desaparecer la pista del destinatario final. Por citar un caso: el 7 de abril de 2016 el Gobierno de César Duarte transfirió 90 millones de pesos a la cuenta en Santander de Despacho de Profesionistas Futura SA de CV por un software que nunca entregó. Al día siguiente, la falsa proveedora del Gobierno chihuahuense transfirió 40 millones de pesos a Publicidad Recrea, Servicios y Asesorías SISAS, Publicidad ICON, Pragmatics y Constructora Franfeca, todas empresas que comparten como accionistas a vecinos de zonas populares de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tres días después (el 11 de abril), otros 36 millones de pesos fueron transferidos a seis empresas vinculadas entre sí: SINEX, Franfeca, Publicidad Recrea, Comercializadora Vezcu, Publicidad ICON y Constructora Invelco. Y a los dos días se efectuó una tercera tanda de transferencias, esta vez por 7 millones de pesos a Asesorías SAMEX y Constructora Tocap, otras dos empresas de la misma red de prestanombres. La accionista de Futura es la esposa de un ex policía del Estado de México arrestado en octubre de 2016 por robo, que tiene su casa en una zona popular de Azcapotzalco; en las demás empresas aparecen dos de sus hijos, una cuñada y una prima, así como dos hermanos que residen en una colonia marginal, en lo alto de una loma de la delegación Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México.
  • 21. En menos de una semana –del 8 al 13 de abril- fueron dispersados a través de empresas fachada 83 millones de los 90 millones de pesos que había pagado el Gobierno de Chihuahua a la empresa Futura por servicios inexistentes. Operaciones similares de dispersión de fondos a empresas fachada se hicieron con otros tres pagos por 156 millones de pesos que el Gobierno de César Duarte realizó a Servicios y Asesorías SINNAX, SAMEX y SISAS por cursos que jamás se impartieron. Ocultan pagos millonarios en Sonora En reportes financieros y otros documentos consultados por MCCI consta que el Gobierno de Sonora transfirió en 2016 más de 140 millones de pesos a 7 empresas en las que figuran como supuestos dueños el ex agente del CUSAEM arrestado por robo y cuatro miembros de su familia. Sin embargo, la administración de la priísta Claudia Pavlovich ocultó información, pues en respuesta a peticiones de información sólo reportó haber realizado cuatro pagos por apenas 580 mil pesos a 2 firmas de la red fantasma. Según los documentos consultados, los pagos de Sonora fueron realizados al mismo tiempo que los del gobierno de César Duarte en Chihuahua, en abril de 2016. Además, en Sonora se utilizaron tres de las cuatro empresas que usó Duarte para presuntos desvíos electorales. Por ejemplo, desde la cuenta 012760004481069910 de BBVA Bancomer el gobierno sonorense realizó 7 transferencias entre el 11 y el 26 de abril de 2016 por 21 millones 544 mil pesos a favor de la cuenta 65505304146 de Banco Santander, a nombre del Despacho de Profesionistas Futura. Hubo un desembolso adicional a Futura, por 5 millones 917 mil pesos, que el Gobierno de Sonora realizó a través de la Comisión de Ecología por concepto de asesoría, según consta en dos órdenes de pago. El gobierno de la priísta Claudia Pavlovich transfirió en total 27 millones 461 mil pesos a Despacho de Profesionistas Futura, la misma empresa fantasma utilizada por César Duarte en la llamada Operación Safiro para el desvío de dinero para campañas del PRI. Servicios y Asesorías SINNAX y SISAS, otras dos empresas a las que el Gobierno de Chihuahua les transfirió 101 millones de pesos en la misma Operación Safiro, también recibieron pagos millonarios de Sonora. En los documentos consultados por MCCI se localizaron 6 transferencias bancarias de la Secretaría de Hacienda de Sonora a favor de SINNAX por 23 millones 434 mil pesos y otros 5 depósitos por 16 millones 100 mil pesos a la cuenta de SISAS en banco Santander. Todos esos pagos se efectuaron en abril de 2016. Otras tres empresas de la misma red, que comparte domicilios y prestanombres, recibieron más transferencias desde la misma cuenta de BBVA Bancomer del Gobierno de Sonora: Comercializadora Fing, con 9 depósitos por 28 millones 901 mil pesos; Despacho de Profesionistas Faga, con 10 transferencias por otros 28 millones 483 mil pesos y Constructora y Abastecedora Cofex, con 7 pagos por 15 millones 685 mil pesos. MCCI solicitó vía transparencia copia de los contratos otorgados a esta red de empresas, pero el Gobierno de Sonora ocultó la información. En sus respuestas dijo que sólo había localizado cuatro asignaciones directas por montos mínimos: tres a Comercializadora Fing por 250 mil pesos como proveedor de la Secretaría de Seguridad y uno por 330 mil pesos a favor de Servicios y Asesorías SAMEX, para dar talleres y conferencias. MCCI consultó al área de Comunicación Social del Estado de Sonora, quienes negaron todo vínculo contractual directo con las empresas mencionadas. La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora se limitó a añadir que como parte de su política de integridad, el Gobierno del Estado garantiza y vigila que se presten los servicios contratados y que se acredite documentalmente que se cumplieron con las contrataciones.
  • 22. Sin embargo, respecto a los más de 140 millones de pesos destinados a este grupo de empresas, ellos negaron que existieran dichas contrataciones. Desfalcan fondo de seguridad en Durango Durango es el segundo estado con mayores desvíos vinculados a la llamada Operación Safiro. En 2016 los desvíos a cinco empresas de esta red sumaron 230 millones 400 mil pesos. En reportes financieros consultados por MCCI se documentó que entre el 1 de marzo y el 25 de mayo de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango transfirió 94 millones 392 mil pesos a dos cuentas en Banco Santander a nombre de Despacho de Profesionistas FAGA y Servicios y Asesorías SINNAX; ésta última empresa había sido utilizada en esos días por el Gobierno de César Duarte para el presunto desvío de recursos públicos a las campañas del PRI. Según la Fiscalía de Durango, los desvíos en el Consejo de Seguridad suman 200 millones de pesos a través de las mismas empresas que utilizó el ex dirigente priísta Alejandro Gutiérrez en el estado de Chihuahua. Sin embargo, la dependencia se negó a entregar copia de los contratos o de los documentos de pago, por lo que no fue posible determinar los nombres de todas las compañías involucradas. Lo que sí confirmó la Fiscalía es que, al igual que en Chihuahua, el dinero desviado en Durango procedía de una partida federal extraordinaria para proyectos de seguridad. Por el desvío de estos 200 millones a empresas que simularon servicios fueron arrestados el pasado 1 de octubre el ex secretario del Consejo de Seguridad de Durango, Juan Carlos Ascencio Pérez, y su administradora, Liliana Vázquez Morales. Además de los desvíos en el fondo de seguridad, la administración del ex gobernador priísta Jorge Herrera Caldera asignó entre abril y mayo de 2016, nueve contratos de obra a tres empresas de la misma red fantasma por 30 millones 400 mil pesos, de acuerdo con documentos proporcionados a MCCI por la Secretaría de Finanzas de Durango. Constructora y Abastecedora Casmex, Servicios y Asesorías Pragmatics y Servicios Empresariales 3M recibieron, cada una, tres contratos para realizar análisis y proyectos ejecutivos de obra. A Pragmatics, por ejemplo, se le encomendó elaborar dos análisis costo-beneficio de la segunda etapa del corredor vial norte de la ciudad de Durango, del segundo periférico de Gómez Palacio y de tres caminos rurales. Casmex y Servicios Empresariales 3M tuvieron a su cargo elaborar los proyectos ejecutivos del distribuidor Colosio, de dos cruceros en el corredor vial norte y de la modernización de un tramo de la salida Mazatlán, en el municipio de Durango. Las empresas no tenían capacidad para cumplir los contratos. Servicios Empresariales 3M registró su domicilio fiscal en la casa de un barrio marginal de la delegación Magdalena Contreras, mientras que Casmex se dio de alta en una casa sola de la colonia El Sol, en Neza; Pragmatics, por su lado, ocupaba un despacho de oficinas virtuales en Tlalnepantla. Estas dos últimas figuran en la lista negra del SAT, por simulación de operaciones. Desvíos desde el Congreso de Morelos El Congreso de Morelos también hizo transferencias por 16 millones 404 mil pesos a seis empresas fantasma, entre ellas tres utilizadas por César Duarte en la Operación Safiro, de acuerdo con documentos consultados por MCCI. Las transferencias se efectuaron a cuatro cuentas de Banco Santander y una de Banorte a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, Despacho de Profesionistas Futura, FAGA, Constructora y Abastecedora COFEX y Novanight SA de CV, cuyos supuestos dueños son un ex policía del Estado de México y sus parientes. Un primer depósito por 3 millones 182 mil pesos se realizó el 20 de noviembre de 2015 a la cuenta 65505303950 en Santander, a nombre de la empresa FAGA. Ese mismo día, el Congreso morelense transfirió 1 millón 449 mil 700 pesos a la cuenta 65505303811 de SINNAX, en el mismo banco.
  • 23. En diciembre hubo una pausa, y las transferencias se reanudaron el 19 de enero de 2016, esta vez por 1 millón 840 mil pesos a favor de FAGA. El 16 de febrero hubo una nueva tanda de depósitos por 3 millones 590 mil pesos a las cuentas en Santander de FAGA y SAMEX, y al mes siguiente una cantidad idéntica a las mismas empresas. El Congreso morelense transfirió otros 2 millones de pesos el 16 de marzo a la cuenta 413881577 en Banorte, a nombre de Novanight. En la información consultada por MCCI se constató que hubo transferencias a través de un fondo creado y operado por los diputados locales para supuestas obras gestionadas por ellos mismos para sus distritos. Por ejemplo, el 22 de abril de 2016 se transfirieron 479 mil pesos del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos a la cuenta 65505303995 en Santander, a nombre de Constructora y Abastecedora COFEX por concepto de ―materiales diversos, construcción y rehabilitación‖. Días antes, desde la cuenta 012540001037884827 de BBVA Bancomer, el fondo del Congreso morelense había transferido otros 218 mil pesos a la cuenta 65505304146 de Santander, cuyo titular era el Despacho de Profesionistas Futura, una de las empresas fantasma utilizada ese mismo mes en el presunto desvío electoral de Chihuahua. El mencionado fondo tuvo una vida efímera, pues se creó el 25 de noviembre de 2015, al inicio de la anterior legislatura morelense, con un presupuesto de 81 millones de pesos y fue extinguido el 29 de agosto de 2018, dos días antes de que los diputados concluyeran su periodo. Los legisladores locales ocultaron la información de los pagos realizados a la red de empresas fantasma. Desde agosto de 2018 se presentaron solicitudes de información, y tras vencerse el plazo para la respuesta, la unidad de transparencia del Congreso de Morelos ni siquiera había reportado de recibido las peticiones. Colima compartió „fantasmas‟ de Chihuahua Servicios y Asesorías SINNAX y SISAS, dos de las empresas fantasma utilizadas por Chihuahua para operar el desvío de fondos para supuestamente financiar campañas del PRI, también recibió transferencias del Gobierno del Estado de Colima, según los reportes financieros consultados por MCCI. El 26 de mayo de 2016, la administración entrante del priísta José Ignacio Peralta (tomó protesta en febrero de ese año) realizó dos transferencias por 3 millones 163 mil 896 pesos a la cuenta 413881595 de Banorte, cuyo titular era la empresa SINNAX. Ese mismo día, el gobierno colimense envió 2 millones 174 mil pesos a la cuenta 413881607 del mismo banco, a nombre de SISAS. La primera empresa tiene como accionista al ex policía del Edomex y la segunda a su hija, con domicilio en una casa de la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco. Ambas firmas han sido señaladas por el SAT por operaciones simuladas. Hubo una tercera empresa vinculada con las anteriores, que también recibió transferencias del gobierno colimense. Se trata de Novanight SA de CV, que recibió cuatro transferencias en marzo de 2016 en la cuenta 413881577 de Banorte, por 9 millones 803 mil pesos. La administradora de esta empresa es Sandibel Gallardo, pariente del policía, y residente en el barrio San Antonio Xahuento, en el municipio de Tultepec. En total, Colima transfirió 15 millones 142 mil pesos, aunque en peticiones de acceso a la información el Gobierno de aquel estado negó haber realizado pagos o firmado contratos. También el Edomex y Milpa Alta
  • 24. La red fantasma también tuvo operaciones en el Estado de México, en donde seis empresas tenían su domicilio fiscal. La anterior administración, a cargo de Eruviel Ávila, contrató a Comercializadora Fing SA de CV, una de las empresas creadas por un ex policía arrestado por robo. En el informe de la cuenta pública de 2016 aparece un saldo a pagar a corto plazo por 488 mil 900 pesos a favor de Comercializadora Fing, por parte del Régimen de Protección en Salud del Edomex, que es el órgano encargado de incorporar al Seguro Popular a la población que carece de seguridad social. MCCI solicitó al Gobierno del Edomex copia de los contratos y documentos de pagos otorgados a las empresas de la red fantasma, pero en su respuesta aseguró que la información era inexistente, pese a que hay evidencia documental de que, al menos, se tuvo como proveedor a Fing en 2016. El monto real y el concepto del contrato permanece oculto. En la alcaldía de Milpa Alta, ubicada al sur de la Ciudad de México, se utilizó a dos empresas de la red fantasma para simular licitaciones, además de que al menos a una de ellas se le asignaron contratos. El 16 de septiembre de 2016, la directora de adquisiciones de la delegación, Leslie Hernández Barranco, envió cartas a Constructora Invelco y Constructora y Abastecedora Cofex para pedirles cotizaciones para participar en una licitación por invitación para el suministro de mezcla asfáltica. Invelco presentó una propuesta de 5 millones 555 mil pesos, mientras que Cofex cotizó el servicio en 5 millones 364 mil pesos. El contrato se asignó a Ansof Comercializadores, una firma de la Ciudad de México que presentó una postura más barata. Las tres mismas empresas fueron convocadas para otras dos licitaciones, y una vez más tanto Invelco como Cofex perdieron ante Ansof, que obtuvo los contratos con una cotización de 3 millones 160 mil pesos. Las licitaciones fueron una simulación porque tanto Invelco como Cofex carecen de instalaciones e infraestructura. La primera aparece en el listado definitivo de empresas fantasma del SAT, según consta en la publicación del Diario Oficial de la Federación del 16 de agosto de 2017. Invelco tiene como accionista a la esposa de un ex policía del Edomex detenido por robo, mientras que la administradora de Cofex es una pariente que reside en Tultepec. En la relación de contratos de la delegación Milpa Alta aparece una asignación directa otorgada a Invelco el 19 de julio de 2016 para el mantenimiento de 16 equipos de aire acondicionado. La funcionaria que invitó en 2016 a las empresas fantasma a licitaciones simuladas y que luego asignó el contrato a una de ellas, es la nuera de quien era en ese momento el delegado de Milpa Alta, el priista Jorge Alvarado Galicia. Leslie Hernández Barranco, quien firmó los documentos, es novia del hijo del delegado, quien a su vez fungía como asesor en la demarcación. 8 de cada 10 programas sociales fallaron durante el gobierno de EPN Fue un sexenio perdido en material de política social. No se utilizó la evidencia que la propia Secretaría de Hacienda genera para sustentar las decisiones sobre el presupuesto; la nueva administración debe hacer una reingeniería del gasto, indicó la Agencia para el Desarrollo AC (Gesoc).
  • 25. Andrea Vega (@EAndreaVega) noviembre 22 2018 07:36 FONDEA el periodismo independiente Durante los seis años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, solo 2 de cada 10 programas de desarrollo social cumplieron su función. La mayoría de los que debieron atender a la población más pobre y marginada, en problemas como la falta de empleo, el acceso a la vivienda digna, la educación y la salud de calidad, no sirvieron, ya sea porque no alcanzaron a un porcentaje relevante de sus grupos objetivo, porque no lograron sus metas o porque su diseño no fue el adecuado, entre otros factores. Así lo reporta el balance que hace la Agencia para el Desarrollo AC (Gesoc), un centro de investigación del gasto social que presenta cada año, desde 2009, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep). En la edición más reciente, la de 2018, la organización aprovecha para comparar los resultados de los últimos seis índices y concluye que 81.45 % de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados durante el periodo presentan problemas en términos de su desempeño (Programas con Niveles de Desempeño Mejorable, Escaso/Dispersión u Opacos). Alfredo Elizondo, coordinador de Proyectos de Gesoc, afirma que fue un sexenio perdido en materia de política social. “De 2012 a 2018 solo 16.6 % de los programas tuvieron un desempeño destacado. Con estos números es poco probable que pueda disminuir la pobreza”. El investigador señala que no se utilizó la evidencia, ni siquiera la que genera la propia Secretaría de Hacienda para hacer modificaciones y mejoras. A los programas que fueron la excepción por su desempeño óptimo o de alto potencial, el gobierno solo les destinó 45.3 % del total del presupuesto, ni siquiera la mitad de los recursos. Mientras que programas que no cumplieron con su función tuvieron 44 %. Más aún, hubo una tendencia a aumentar los recursos de programas con un desempeño dudoso. En términos generales, señala el estudio, es posible observar que la tendencia entre la calidad de la asignación presupuestaria y el desempeño de los programas se encuentra contrapuesta. Desde el ejercicio fiscal 2014 se han asignado cada vez una menor cantidad de recursos a los programas con un Nivel de Desempeño Óptimo y Alto potencial. Persiste una dispersión importante de recursos hacia programas y acciones federales de desarrollo que deberían, más que tener presupuesto, rediseñarse para poder funcionar. Gesoc presentó la más reciente edición del Indep, la 2018, este martes en la Cámara de Diputados, ahí frente a un grupo de legisladores, la mayoría de Movimiento Ciudadano, Elizondo subrayó que el enfoque de asignación presupuestaria del Congreso de la Unión debe obedecer a criterios de desempeño y de transparencia de los programas sociales, de lo contrario se seguirán vulnerando los derechos de las poblaciones más pobres del país. ―Pero el gran problema que tuvimos con las dos legislaturas pasadas –afirmó– es que los legisladores, por la conformación de fuerzas políticas en la cámara, no atendieron a la evidencia y mantuvieron los presupuestos para los programas con bajo desempeño pese a sus resultados. Hay entonces una oportunidad en esta legislatura para corregir‖. En representación de los diputados presentes a quienes se les entregó el estudio, entre ellos Tonatiuh Bravo Padilla y Fabiola Loya Hernández, ambos del partido Movimiento Ciudadano, Martha Tagle (del mismo grupo parlamentario) dijo que el legislativo no debe pasar por alto este tipo de recomendaciones sobre la política del gasto social y mencionó que en efecto no se deben perder de vista los programas con mal desempeño, sobre todo los que están en la caja negra y los que reflejan la dispersión de la política social federal. Estas son dos categorías que utiliza el Indep para señalar a los programas opacos o que solo fragmentan y desperdician recursos. En la caja negra se ubican los que no transparentan información que permita conocer su nivel de desempeño. De 970 programas que se evaluaron a lo largo del sexenio, 233 estuvieron en la caja negra, con un total de presupuesto de 458 mil 293 millones de pesos. Si bien es cierto que a lo largo de los últimos seis años, el número de programas opacos bajó, en 2012 había 50 en esa categoría y para 2018 quedan ahí solo 5, aún tienen 6 mil 503 millones de presupuesto, el de mayores recursos es el de Investigación científica, desarrollo e innovación, cuya unidad responsable es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y que tuvo un presupuesto aprobado para 2018 de 5 mil 53 millones de pesos. En la categoría de dispersión programática y presupuestal, en la que Gesoc coloca a los programas con una orientación similar a otros y que, por lo tanto, solo fragmentan esfuerzos y recursos, en 2012 había 16, para 2018, el año de cierre de Peña Nieto, hay en este rubro 39, lo que representa el 32.77% del total de los 119 programas evaluados este año por la organización.
  • 26. Frente a este panorama, lo que Gesoc recomienda es una reingenieria del gasto social. Elizondo dijo que es indispensable para la reestructuración del presupuesto considerar los resultados y eliminar la inercia que permea en las asignaciones presupuestarias. El investigador señaló que hay dos programas en la actual administración, Pensión para adultos mayores y Subsidio a programas para jóvenes de Sedesol, con un presupuesto aprobado en 2018 de 39 mil 509 millones de pesos, que podrían caer en duplicidad con los programas insignia de la nueva administración para apoyar a jóvenes y a personas de la tercera edad. También advirtió que hay más de 50 programas con un presupuesto aprobado en 2018 de 147 mil 477 millones, sobre las que se pueden hacer modificaciones para mejorar la eficiencia del gasto, entre estos están: el de Concurrencia con las Entidades Federativas y el de fomento ganadero de Sagarpa, el de Apoyo a la Vivienda y de Consolidación de Reservas Urbanas de Sedatu y el de Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Sobre los programas insignia de la siguiente administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Elizondo señaló que aunque se ha dicho que se requieren 22 mil millones de pesos para cubrir a los 2.3 millones de jóvenes (que se planea vincular con empresas), en realidad se necesitan 99 mil millones de pesos. ―Habría que ver si se hará una cobertura paulatina o qué se hará porque hay una brecha de 77 mil millones‖. En el caso de la pensión para adultos mayores la brecha es de 9 mil millones de pesos, ―pero acá la cuestión es que esto no toca de fondo el gran problema que se tiene en cuanto al sistema de pensiones. Hacia el futuro, no va a bastar con este subsidio sino que habría que entrarle a la discusión de cómo se va a modificar el sistema de pensiones para no depender solo de este programa‖. Respecto al programa de atención a personas con discapacidad, la brecha no es muy significativa entre lo anunciado y lo que se requiere, ―pero habría que ver qué pasaría si se quisieran hacer estos programas de carácter universal y ahí la brecha se incrementa significativamente, para el de jóvenes sería de 146 mil millones, en adultos mayores 78 mil, y en el caso de personas con discapacidad (que son 7.7 millones) de 105 mil millones de pesos‖. Migrantes esperarán al menos dos meses para pedir asilo en EU Rezago de solicitudes. ONG afirman que la Agencia de Aduanas norteamericana solo atiende 100 trámites al día. Centroamericanos descansan en el albergue, pero otros se han empleado en las maquilas fronterizas. (Maria de la luz Ascencio/EFE) ABRAHAM REZA, LILIANA PADILLA Y SAID BETANZOS Tijuana / 22.11.2018 05:18:48 Los integrantes de la caravana centroamericana que aspiran llegar a Estados Unidos a través del asilo deberán esperar al menos dos meses para que el primer migrante pueda presentarse ante un
  • 27. agente de migración de la oficina de Detención y Deportación (ICE). Además, deberán argumentar que les es imposible regresar a sus países de origen porque su vida está en riesgo. Pedro Ríos, director del Comité de Amigos en San Diego, explicó que hay un rezago de al menos 2 mil 600 trámites de asilo y que la Agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza —ICE por sus siglas en inglés— solo atiende entre 70 y 100 personas cada día. ―Antes de que llegaran las personas que participan en la caravana había una espera de por lo menos 2 mil 600 personas, lo que implica una espera de cuatro a seis semanas. Con la llegada de más migrantes es muy probable que el tiempo de espera se extienda y sea de dos, tres o cuatro meses, dependiendo de cuántas personas continúen arribando a la frontera‖. Uno de los hondureños que ya comenzó con este proceso es Víctor Hugo Gómez, de 49 años, quien desde el viernes de la semana pasada se presentó ante la garita El Chaparral para comenzar con su trámite. ―Dejé las cosas en el albergue y al otro día, desde las 6 de la mañana, vine y me anoté acá en El Chaparral para llevar un orden y pedir asilo. Una vez que te registras las personas encargadas de ordenar los grupos nos piden una identificación y con esas nos dan un número, a mí tocó el mil 400 y apenas van en el mil 100. Entonces tendré que esperar hasta 15 días para ser atendido‖, explica Víctor. Durante la espera, deberán buscar qué hacer en la ciudad fronteriza. Las opciones van desde un empleo temporal, hasta continuar en el albergue para migrantes sin hacer nada. De acuerdo con cifras de Pueblo sin Fronteras, hasta el momento mil 500 centroamericanos han obtenido una ficha para presentarse ante autoridades migratorias, cifra que se suman a las 2 mil 600 que ya había rezagadas, por lo que estiman será hasta enero del otro año cuando comiencen a ser atendidos los primeros hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que integran este primer grupo. Una vez que son recibidos por las autoridades, inicia la defensa ante un juez, proceso ―muy complicado, pues requiere de documentación diversa que justifique el temor fundado de que la persona corre riesgo al regresar a su país‖, explica Ríos. REPATRIARÁN CADÁVER Serán repatriados a Honduras los restos del migrante de la caravana que falleció al ser atropellado, presuntamente a propósito, por un automovilista cuando caminaba rumbo a Tijuana. ―Él estaba ahí, venía demasiado cansado, cuando vi que el carro iba a pasar encima de él. Cuando le grité, fue demasiado tarde‖, declaró entre sollozos su hermana. Ambos caminaban por la autopista, pero Óscar Baudiel Cruz Alcerro, de 17 años, se adelantó y se detuvo para pedir ―raite‖, después de que la mañana del martes salieron de Mexicali, donde estuvieron cinco días descansando. El accidente ocurrió a las 20:17 horas, a la altura del poblado de El Hongo. El chofer se fugó. La hermana de la víctima recibió atención médica y apoyo de las autoridades, porque está embarazada, pero advirtió que continuará su travesía para llegar a los Estados Unidos, como ambos lo tenían previsto. EN CIFRAS 6,335 centroamericanos se encuentran en Tijuana, según informes del gobierno de BC y el albergue solo tiene capacidad para 4 mil. 3 integrantes de la caravana fueron detenidos por drogarse frente a un jardín de niños ubicado al costado de la unidad deportiva.
  • 28. 75% de los migrantes tienen características por "malandros", aseguró el director de la Policía Municipal de Tijuana, Mario Martínez. Tijuana: 2 mil migrantes esperan ser entrevistados por agentes de EU Mireya Cuéllar / La Jornada Baja California | jueves, 22 nov 2018 08:56 Vista aérea aérea de los migrantes que han acampado en un refugio improvisado cerca de la valla fronteriza entre México y EU en Tijuana. Foto AFP Tijuana, BC. Dos mil centroamericanos solicitantes de asilo permanecen en fila, antes de que alguno pueda ser recibido por un agente de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, informó el gobernador de Baja California, Francisco Vega, quien dijo que ya solicitó al Comisionado de Fronteras y Aduana una ampliación en el número de oficiales para desahogar con mayor rapidez la lista de espera y al mismo tiempo que se detengan las repatriaciones por Tijuana, que en el año suman 50 mil. En la lista de peticiones del mandatario están también 100 millones de pesos al gobierno federal mexicano, así como la reorientación de las caravanas, que todavía están en camino, hacia otros puertos de entrada a Estados Unidos porque en Baja California en tan sólo 14 días han arribado alrededor de seis mil migrantes, mismos que, acotó, ―no pensamos que llegarían tan rápido‖. ―Es una caravana organizada y coordinada, desde sus países traen el propósito de llegar a Baja California porque ellos consideran esta ruta la más segura, nos comentan‖. Apuntó que los 100 millones de pesos que solicita serían invertidos en la atención a los miembros de la Caravana Migrante, para los próximos cinco meses; tiempo estimado de su permanencia en la entidad antes de ser recibidos por el vecino país. ―En pura alimentación, una persona pudiera requerir 60 pesos, bajito; si lo multiplicamos por nueve mil, estamos hablando de que únicamente de alimentación necesitamos más de 16 millones de pesos. Aparte el resto… el alcalde (de Tijuana) primero pidió 80 pero ya lo redondeamos a 100 porque ya hicimos una estimación de costos‖, precisó.
  • 29. Un centenar de niños migrantes no volverán al lado de sus padres Notimex y Ap | jueves, 22 nov 2018 08:04 Jim Mattis insinuó ayer que no planea que los soldados enviados a la frontera con México operen en campos de detención migratoria. Foto Afp Nueva York. Al menos un centenar de niños inmigrantes que fueron separados este año de sus padres al cruzar sin documentos la frontera sur de Estados Unidos permanecerán alejados de sus progenitores de manera permanente, de acuerdo con un informe del gobierno federal. Un reporte difundido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, obtenido por el New York Times, apuntó que meses después de que terminó la política de separación conocida como tolerancia cero, unos 147 niños aún están bajo custodia federal. El diario indicó que de esa cifra, los padres de 30 de los niños han sido declarados no elegibles para la reunificación en función de sus antecedentes penales, pese a que algunos cometieron faltas menores que no afectan su capacidad para cuidar de sus hijos, de acuerdo con organismos civiles. Los restantes 117 niños detenidos en Estados Unidos tienen padres que fueron deportados a sus países de origen. Voluntarios y grupos civiles se han dado a la tarea de recorrer lugares remotos de América Central para tratar de encontrarlos, pese a lo cual 11 no han sido localizados. De aquellos padres que han sido ubicados, siete pidieron que sus hijos regresen a casa, pero 99 renunciaron a sus derechos de reunificación y dejaron a sus hijos solos en Estados Unido por temor a lo que los menores pudieran enfrentar en sus países de origen. Lee Gelernt, abogado de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos, afirmó que a cinco meses de que el tribunal emitió la orden judicial para reunir a todos los niños con sus padres, muchos aún siguen bajo custodia. Desafortunadamente, todavía hay mucho trabajo por hacer para reunir a todas las familias, y luego necesitaremos que reciban ayuda médica para lidiar con el trauma causado por la separación, expresó Gelernt. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional anunciaron que centroamericanos que soliciten asilo deberán quedarse en México mientras sus casos son revisados, informó The Washington Post. Los migrantes que no demuestren temor razonableserán rechazados. El plan Permanecer en México se aparta totalmente de las leyes que permiten que solicitantes de asilo ingresen a territorio estadunidense y sean deportados si no demuestran que peligran en sus países. En tanto, el secretario de Defensa, Jim Mattis, declaró que la Casa Blanca le dio autoridad para enviar soldados a proteger a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, con uso de fuerza letal en caso de ser necesario, en el suroeste de la frontera de Estados Unidos con México.
  • 30. Eso, bajo ciertas circunstancias, podría significar el uso de soldados para detener temporalmente a migrantes en casos de disturbios o violencia contra agentes de la Patrulla Fronteriza. Hablamos de minutos, ni siquiera horas de posibles detenciones, señaló Mattis, al insinuar que no planea que los militares operen en los campos de detención migratoria. Hasta ahora, la misión para los casi 5 mil 800 elementos en activo en la zona fronteriza ha sido principalmente la de colocar alambre de púas y otro tipo de barreras a lo largo de la frontera y trasladar al personal de la Patrulla Fronteriza. Trump autoriza usar 'fuerza letal' para proteger frontera de migrantes Ante el constante arribo de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, el presidente Trump autorizó a los soldados usar ‗fuerza letal‘ para proteger a los agentes WASHINGTON El presidente Donald Trump ha autorizado a las tropas de Estados Unidos el uso de ‗fuerza letal‘ en la frontera con México, ante la llegada de cientos de inmigrantes centroamericanos. Trump ataca a líder de Corte; si no aplican la ley en frontera habrá caos A través de un memorándum, Trump dio visto bueno para mostrar o hacer uso de ―la fuerza (incluyendo fuerza letal donde sea necesario), control de las masas, detenciones temporales y búsquedas rápidas‖ para proteger a los agentes fronterizos, aunque indicó que espera que no sea necesario. La autorización del presidente asegura que el Departamento de Defensa puede actuar para proteger a aquellos que nos protegen‖, dijo un portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley. Hasta ahora, los cerca de 5 mil 900 militares desplegados en la frontera con México solo podían usar la fuerza contra los inmigrantes en defensa propia, pero la autorización de Trump abre la puerta a que puedan emplearla "si fuera necesario" para "proteger" a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Trump insistió hoy en que hay cientos de sujetos "malos" y "duros" en las caravanas de inmigrantes que tratan de llegar a EE.UU. y advirtió de que puede cerrar la frontera con México si desde el otro lado "no hay control", una medida, según dijo, ya se ha aplicado en estos días. Previamente, Trump amenazó con cerrar ‗toda la frontera‘ con México, incluyendo los intercambios comerciales, si la situación migratoria se sale de control. Si se llega a un nivel en el que perdemos el control o personas pueden resultar heridas, cerraremos el ingreso al país por un período de tiempo", declaró a la prensa estadounidense. Me refiero a toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles a Estados Unidos", agregó. Trump ya había amenazado a mediados de octubre, en plena campaña para las elecciones de medio mandato, con impedir que la caravana de migrantes centroamericanos ingrese a su país si México no era "capaz" de detener el "asalto".