Este documento resume los siguientes hechos: 1) Cuatro personas fueron asesinadas por paramilitares en Colombia y existía una lista de líderes comunitarios amenazados. 2) Empresarios se negaron a devolver tierras a sus legítimos dueños e intentaron ocuparlas con ganado y personas sin tierra. 3) Una peregrinación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó encontró presencia paramilitar en la zona y campamentos militares cercanos a dormitorios paramilitares, lo que sugiere vínculos

1. El continuo accionar del paramilitarismo en Colombia: algunos
casos
Cuatro personas asesinadas por paramilitares
C UR VAR AD Ó . Miércoles 16 de octubre de 2013
En el casco urbano del municipio de Belén de Bajirá fue
reportado en horas de la mañana el asesinato de 4 personas.
El mismo grupo criminal tiene en su poder una lista de líderes y
lideresas comunitarias reclamantes de tierras en Curvaradó y
Pedeguita y Mansilla.
Dentro del listado de personas que serían asesinadas coinciden con
las que son "molestia" para los empresarios ocupantes de mala fe
vinculados con la ganadería extensiva y el agronegocio de palma
aceitera en Caño Manso, Curvaradó, Bijao Onofre y San Andrés en
territorio colectivo de Pedeguita Mansilla.
Anoche en el caserío de Playa Roja los empresarios Enrique Molano,
familiar del ganadero, coronel (r) Luis Felipe Molano y Juan G
Gonzáñez de la empresa Palma Recife, manifestaron en reunión con
pobladores y trabajadores que no iba a devolver la tierra a sus
legítimo y legales dueños del consejo comunitario.
Desde hace unos días, los empresarios vienen promoviendo el
repoblamiento y la ocupación de los predios colectivos con especies
bovinas, así como, afrocolombianos sin tierra.
Hoy en la mañana el candidato por el Centro Democrático en su
cuenta de twitter responsabilizó a reconocida organización
internacional, y a la Comisión de Justicia y Paz por algún asesinato de
integrantes del consejo comunitario de Caño Manso.
Para algunos analistas este mensaje pretende atribuir la eventual
comisión de atentados a la vida e integridad de los habitantes a

2. organizaciones observadoras de derechos humanos desconociendo
que las amenazas provienen de sectores empresariales y
paramilitares a ellas asociadas.
Blandón ha sido personero municipal de Río Sucio. Debido a sus
intervenciones contra derecho pretendió legitimar y legalizar el
despojo violento y la ocupación empresarial reconociendo derechos a
los ocupantes de mala fe, entre ellos, a la organización ASOPROBEBA,
gestada por Sor Teresa Gómez.
Los predios que Blandón ha pretendido legitimar a los empresarios
Molano y González son parte de la llamada Casa Castaño que se
pretendió mostrar como experiencias demostrativas de Alianzas
Estratégicas
Blandón ha participado en estrategias difamatorias contra
organizaciones, líderes comunitarios y organizaciones de derechos
humanos y ha impedido la restitución efectiva de los territorios
colectivos.
El gobierno ha tenido conocimiento de los asesinatos cometidos por
paramilitares y las amenazas sobre más de 10 líderes y líderesas de
los consejos comunitarios de Caño Manso, Bijao Onofre, San Andrés
sin que se hayan adoptado medidas preventivas por parte de la
Unidad Nacional de Protección. Ante el conjunto de amenazas no se
conoce celeridad en la actuación investigativa y tampoco el
compromiso de la presencia perimetral de la fuerza pública sobre las
Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad donde habitan los
reclamantes de tierras amenazados.
Bogotá, D.C: 16 de octubre de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

3. Comunidad de Paz San José de Apartadó
Derecho de Peticion N12 al Presidente de Colombia sobre
Comunidad de Paz de San Jose
Bogotá, octubre 17 de 2013
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Ciudad
Ref:
Rad: EXT10-00099660 – Noviembre 3/2010
Rad: EXT11-000006335 – Enero 24/2011
Rad: EXT11-00014231 – Febrero 13/2011
OFI11-00007596 / JMSC 33020 – Enero 21/2011
OFI11-00014392 / JMSC 33020 – Febrero 15/ 2011
OFI11-00019116 / JMSC 33020 – Febrero 25/ 2011
Rad: EXT11-00034960 – Abril 11 /2011
OFI11-00036328 / JMSC 33020 – Abril 11 / 2011
Rad: EXT11-00061811 – Junio 28 / 2011
Rad: EXT11-00109596 - Noviembre 15 / 2011
Rad: EXT12-00064927 -Agosto 2 /2012
Rad: EXT12-00089778 –Octubre 17 / 2012
Rad: EXT13-00009186- Febrero 2 / 2013
Rad: EXT13-00035.864 - Abril 16/ 2013

4. De toda consideración.
En anterior derecho de petición, radicado en su despacho el 17 de
septiembre de 2013, le solicité Señor Presidente, de la manera más
encarecida y urgente, “ordenar la entrega sano y salvo del joven
BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, secuestrado por tropas
paramilitares quienes actuaban a pocos metros de tropas oficiales en
la vereda La Hoz, el pasado 31 de agosto, en un contexto en que los
mismos paramilitares propalaron por toda la región su estrecha
unidad de acción con las tropas oficiales” (…) y “sancionar a todo el
personal que tomó parte en el ilícito y tomar medidas eficaces para
conjurar la alianza criminal que se da desde hace muchos años en
esa zona, entre las fuerzas armadas del Estado y los grupos
paramilitares”.
Después de la apremiante petición han ocurrido varios hechos:
muchas comunidades de otros países, incluyendo congresistas de los
Estados Unidos, se han dirigido a su Gobierno para sumarse a esta
urgente solicitud, sin que hasta el momento haya surtido efecto
alguno. Se le pidió, de la manera más apremiante, al Señor
Vicepresidente Angelino Garzón, actuar con premura para salvarle la
vida a la víctima, pero él se limitó a remitir la petición, con el
recuento de los numerosos crímenes perpetrados por el Estado y el
ParaEstado contra la Comunidad de Paz durante este año de 2013, a
numerosas entidades, sin actuar personalmente ante los victimarios;
esta ha sido la respuesta rutinaria de las instituciones del Estado
frente a los centenares de crímenes de lesa humanidad de los cuales
ha sido víctima la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
durante los últimos 16 años: cada funcionario o institución recibe la
denuncia o constancia y la transcribe para enviársela a otros
funcionarios o instituciones, sin que nadie haga absolutamente nada
para enfrentar los hechos, lo que convierte al Estado en una oficina
de correos que remite de despacho en despacho, en cadenas
infinitas, todas las denuncias, sin que nadie emprenda acción alguna
de su competencia. También nos reunimos con el Gobernador de
Antioquia y su Secretario de Gobierno el pasado 18 de septiembre en
la ciudad de Medellín, en compañía de 4 magistrados de la Corte
Constitucional, pero él se limitó a decir que si algo ocurría en la zona,
de lo cual él no estaba enterado, ahí estaba la fuerza pública para
solucionarlo, sin tener en consideración que la fuerza pública en la
zona hacía parte de los victimarios.
Entre el 6 y el 9 de octubre de 2013, la Comunidad de Paz convocó a
una peregrinación a la zona de los hechos con el fin de buscar a los
paramilitares y reclamar a la víctima a la vez que pedirles poner fin a
su accionar criminal en la zona donde han asesinado a varias
personas y desplazado a numerosas familias. El día 7 de octubre un

5. grupo de 150 personas llegamos al poblado de Nuevo Antioquia,
nido del paramilitarismo en la zona desde hace al menos dos
décadas. Nos acompañaron varias organizaciones humanitarias de
diversos países con personas provenientes de Inglaterra, Suiza,
Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Canadá y México, así
como delegaciones de comunidades indígenas del Cauca, La Guajira,
La Sierra Nevada y el Chocó, un proceso campesino del Cauca y
periodistas de varios medios. El grupo que partió de la vereda La
Esperanza hacia Nuevo Antioquia encontró varias patrullas
paramilitares en el camino, particularmente en los alrededores de la
finca La Marina, de la vereda Playa Larga, numerosas veces
denunciada como cuartel del paramilitarismo en la zona. En Nuevo
Antioquia comprobamos el establecimiento de una nueva estrategia
de encubrimiento del paramilitarismo, pues al reunirnos en el
Comando de la Policía, su intendente nos explicó que el Ejército se
retiró de allí hace dos meses y que los policías se limitan a controlar
el centro urbano y no conocen en absoluto las áreas rurales, ni
siquiera saben los nombres de las veredas. Al comentarles que por el
área urbana se pasean reconocidos paramilitares oriundos de la
región, respondieron que en sus controles sólo han descubierto 2
casos de antecedentes judiciales; todo esto demuestra que la
tradicional estrategia de los “alias” hace que los paramilitares
mantengan su hoja de vida limpia en los archivos judiciales ya que la
autoría de los crímenes queda referida solamente a los nombres
ficticios. También nos dijo la Policía que en Nuevo Antioquia no existe
ahora ninguna autoridad civil; el control está, pues, en manos de un
paramilitarismo de vieja data, judicialmente blindado mediante
calculadas estrategias, que ya no usa trajes camuflados ni armas
visibles, a la medida de las redes de informantes y cooperantes
diseñadas por el ex Presidente Uribe dentro de una “legalidad”
paraestatal, donde se decreta y ejecuta la muerte o desaparición de
los que rehúsan ser cooptados para sus proyectos.
De Nuevo Antioquia los peregrinos nos dirigimos hacia la
vereda Rodoxaly de San José de Apartadó, donde han ocurrido
varios crímenes, entre ellos el asesinato de Don JOSÉ PACHECO, el
pasado 9 de agosto, quien fue ahorcado en su propia vivienda, y
varios desplazamientos de familias aterrorizadas. Tras 7 horas de
camino llegamos al anochecer a Rodoxaly donde pudimos pernoctar
en muchas casas abandonadas donde eran perceptibles los vestigios
de huídas apresuradas dejando abandonados muchos enseres de
supervivencia. Pudimos percibir en directo el ambiente de miedo que
bloqueaba muchas comunicaciones.
El martes 8 de octubre un grupo de cerca de 80 personas nos
dirigimos a la vereda Sabaleta donde al parecer los paramilitares
tienen una permanencia más masiva y continua. Esperábamos
encontrarlos allí pero sólo encontramos a pobladores con mucho

6. temor. Pudimos finalmente establecer que el día anterior (el lunes 7)
entre las 16:00 y 17:00 horas habían emigrado cerca de 200 de ellos
subiendo una cuesta en dirección a la vereda La Hoz. Comprobamos
también que la población de la zona conocía los crímenes perpetrados
por los paramilitares en Rodoxaly y La Hoz e incluso muchos
pobladores habían observado, el pasado 3 de septiembre, cuando los
paramilitares pasaron por Sabaleta llevando amarrado al joven
Buenaventura Hoyos. También comprobamos que el 7 de septiembre
los paramilitares habían reunido a pobladores de Sabaleta para
decirles que no tuvieran miedo de trabajar con ellos; más
confidencialmente ya nos habían comentado que dicha exhortación la
fundaban en el hecho de su estrecha coordinación con el Ejército,
llegando a decir que ambas fuerzas se comunican previamente sus
rutas de desplazamiento. Algo que nadie niega es que allí los
paramilitares andan uniformados con trajes de camuflado y con
armas visibles. Dado que su huída ocurrió pocas horas antes de
nuestra visita, se imponía una interpretación lógica: desde Nuevo
Antioquia les habrían comunicado que nos dirigíamos hacia allá y
apresuradamente decidieron ocultarse.
El miércoles 9 de octubre salimos de Rodoxaly en dirección a la
vereda Mulatos, pasando por la vereda La Hoz, sitio donde habían
desaparecido a Buenaventura. Cerca de media hora después de salir
de Rodoxaly, al cruzar una quebrada, nos sorprendieron varias
ráfagas de fusil. Unánimemente todos leímos este signo como una
“despedida” de los paramilitares desde sus escondites, en la cual, con
el lenguaje de las balas, nos estaban diciendo: “no nos dejamos ver
pero aquí estamos y aquí seguimos”. Fue una ardua jornada de 9
horas de camino en la que hubo que cruzar muchas veces los ríos
crecidos por el crudo invierno. En la vereda La Hoz pudimos apreciar
en una parte boscosa los dormitorios de los paramilitares, pero a
ellos no los encontramos. A unos 300 metros de sus cambuches
encontramos un campamento del Ejército. Varios militares bajaron a
hacernos preguntas y se identificaron como integrantes del Batallón
Vélez, de la Brigada XVII. Nos parecieron extrañas sus afirmaciones
sobre el mando “in situ”: primero afirmaron un mando compartido
entre los supuestos oficiales Castro y Rayo, luego afirmaron que el
mando único estaba en cabeza de un supuesto “Sargento Guarán”,
afirmaciones poco creíbles. Prometieron no tomar fotografías ni filmar
a los peregrinos, pero luego los sorprendimos filmándonos y
decidimos fotografiarlos con sus cámaras en acción. No podíamos
dejar de recordar que el Batallón Vélez había participado en la
horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y
Resbalosa, y que justamente se habían encontrado y coordinado con
los paramilitares en Nuevo Antioquia, según muchas confesiones que
obran en el proceso; dado que nunca se ha hecho justicia ni el
Gobierno ha querido depurar el Batallón Vélez ni la Brigada XVII a la
cual pertenece dicho batallón, comprendimos perfectamente cómo a

7. sólo 300 metros del dormitorio de los paramilitares estaba el
campamento del Batallón Vélez. En el proceso judicial hay muchas
confesiones sobre los enlaces entre dicho batallón y la Brigada XVII y
la estructura paramilitar de Nuevo Antioquia. Al manifestarles a los
oficiales que nos atendieron el propósito de la peregrinación, ellos
dijeron que a los paramilitares es difícil encontrarlos porque “cuando
los buscan, no los encuentran”. Durante 16 años la Brigada XVII nos
ha dado la misma respuesta: “los buscamos y no los encontramos”.
Así respondía el General Rito Alejo del Río en 1997, cuando los
paramilitares tenían un retén, 24 horas sobre 24, en plena vía entre
Apartadó y San José, a 5 minutos de la Base Militar del Barrio
Policarpa de Apartadó: “es falso que existan paramilitares; yo mando
a mis hombres a buscarlos y no los encuentran”. Ya nos hemos
acostumbrado a ese lenguaje de la mentira. A todos nos pareció
cínica la respuesta y absolutamente inaceptable. Era una nueva
comprobación, en vivo y en directo, de la unidad de acción entre
militares y paramilitares. La impresión que nos dejó dicha presencia
militar en la zona era la de un campamento vacacional; no
manifestaron tener informaciones concretas sobre los crímenes
cometidos, ni siquiera sabían el nombre del desaparecido, pero
afirmaban: “nos mandaron aquí porque hay problemas”.
Al finalizar nuestra peregrinación y antes de despedir a las diversas
delegaciones, evaluamos la experiencia y nos preguntamos por qué
los paramilitares se ocultaron y no quisieron dar la cara. Pensamos
que la única respuesta es que no tienen ninguna manera de justificar
sus crímenes y a lo único que le temen es a la verdad y a la
transparencia; son hijos de las tinieblas y su mayor enemigo es la
luz; son hijos de la perversidad y su mayor enemigo es la rectitud;
son agentes de la muerte y le tienen pánico a la vida. Para todos
quedó fuera de duda la unidad de acción entre la fuerza pública y
dichas estructuras criminales.
Luego de toda esta comprobación moral en vivo y en directo, le
vuelvo a suplicar, Señor Presidente, ordenar la entrega del
desaparecido BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ. La complicidad
del Estado en el crimen está fuera de duda. La Desaparición forzada
es un crimen de lesa humanidad que ningún Estado tiene derecho a
perpetrar. Colombia ha firmado y ratificado la Convención
Internacional
y
la
Convención
Interamericana
contra
las
Desapariciones Forzadas, además de la Convención Interamericana
de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, así como el Estatuto de Roma. Es su deber, Señor
Presidente, ordenar la entrega sano y salvo de BUENAVENTURA a sus
familiares y protegerlo contra toda retaliación.
Le anexo a esta petición el texto de la MEDIDA CAUTELAR No 301-13,
contenida en la RESOLUCIÓN 4/2013 del 4 de octubre de 2013 de la

8. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, cuyo
beneficiario es BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ. Allí la Comisión
le solicita al Gobierno de Colombia que:
“a) Adopte las medidas necesarias para determinar la
situación y paradero de Buenaventura Hoyos Hernández, con
el propósito de proteger sus derechos a la vida y la integridad
personal;
b) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de
investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la
presente medida cautelar”.
Nuevamente, pues, Señor Presidente, acogiéndome al Derecho de
Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, le
ruego, le suplico encarecidamente y exijo en nombre de la
humanidad, ordenar la entrega sano y salvo de Buenaventura Hoyos
Hernández.
Le ruego responder dentro de los términos legales a la siguiente
dirección: [ … ]
Atentamente,
Javier Giraldo Moreno, S. J.
ANEXO: Texto de la Resolución 4/2013 de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos – 5 folios
Rastrojos y urabeños desplazan familias en Cúcuta
Tomado de ANNCOL
Por Voz

9. La Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander denunció que
continúa el desplazamiento masivo de pobladores del corregimiento
de Palmarito. Hasta el momento se ha podido verificar el
desplazamiento de 416 personas, entre ellas 178 menores de edad,
pertenecientes a cerca de 100 familias que habitaban las veredas El
Amparo, Suspiro, Agualasal, Monteverde, La Hortensia, El Tablazo y 5
de Mayo en jurisdicción del corregimiento de Palmito. La población se
vio obligada a dejar sus hogares ante el accionar de ‘Los Rastrojos’ y
‘Los Urabeños’, y han denunciado amenazas directas de integrantes
de dichos grupos armados ilegales, que usan esa región del país
como corredor para el tráfico de estupefacientes y el contrabando de
combustibles. Los desplazados han sido trasladados a dos albergues
ubicados en el Centro de Migraciones y Centro Vida de la ciudad de
Cúcuta, pero ante la llegada de nuevas familias y el hacinamiento que
ya empieza a registrarse se espera abrir otro refugio en el centro de
San José, en la capital de Norte de Santander.
Pareja de campesino muere a manos de sicarios
Al cierre de esta edición la Agencia Prensa Rural informó que una
pareja de campesinos sobrevivientes de la Unión Patriótica, los
esposos Milciades Cano Trujillo y Nancy Vargas, fueron asesinados
por sicarios que se movilizaban en moto quienes les dispararon
indiscriminadamente. Los hechos ocurrieron el pasado siete de
octubre cerca de su finca, ubicada en la zona rural del municipio de
Algeciras, en el oriente del departamento del Huila, en momentos en
que regresaban de hacer marcado en el pueblo.
Fuentes informaron que la pareja participó activamente en el paro
agrario, formaban parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos

10. del Huila y que a la vez que eran militantes del movimiento Marcha
Patriótica. Su trayectoria como líderes del campo era reconocida por
todos los habitantes de la zona.
Los cuerpos sin vida de la pareja de esposos fueron hallados por
campesinos que se movilizaban en un bus a un lado de la vía que
comunica el casco urbano de Algeciras con la vereda El Cañadón,
alrededor de las tres de la tarde.
Al lugar acudió personal de la Funeraria Cristo Rey de Algeciras
quienes adelantaron el procedimiento de levantamiento del cadáver.
Según se conoció, los cuerpos presentaban de 6 a 8 impactos de bala
cada uno en diferentes partes.
Lo último que se conoció de la pareja de campesinos, es que la
mañana del domingo llegaron a mercar al casco urbano del municipio
de Algeciras, en el pueblo en donde permanecieron hasta la una de la
tarde, hora a la que decidieron retornar a su finca.
Grupos paramilitares siguen activos en el sur de Colombia
Lunes, octubre 14, 2013

11. Grupos paramilitares continúan asediando a la comunidad
civil colombiana, especialmente en el departamento de
Putumayo, en el suroeste del país.
En el municipio Puerto Asís, del mencionado departamento, fue
asesinado el viernes pasado el presidente del Consejo de la ciudad,
Luis Celis, y varios defensores y líderes comunales son
amedrentados, según informa la agencia Prensa Latina.
En ese municipio, denunció la Agencia de Prensa Rural de Colombia,
“pululan los paramilitares en la plaza principal, con la complacencia
de la policía y los militares. Lo mismo sucede en Mocoa y en
Sibundoy”.
En las últimas semanas han sido asesinados activistas sociales y
rurales en los departamentos de Meta, Sucre, Huila, Antioquia, Norte
de Santander y Nariño.
La Agencia de Prensa Rural incluye en su denuncia que los
paramiliares “se han reorganizado y ya ejecutan planes ofensivos
para exterminar a la población, como lo han hecho en el pasado”.
Uno de los casos más recientes fue en Palmarito, una zona rural del
Norte de Santander, de donde tuvieron que huir unas 500 personas
hacia Cúcuta, tras las amenazas de los paramilitares, que asesinaron
a 10 líderes de la población, reseñó Prensa Latina.
El corregimiento de Palmarito es controlado por los grupos Los
Rastrojos y Urabeños, que extorsionan de manera sistemática a la
población local. El control paramilitar en esa zona data de hace casi
10 años.
Ante estos hechos, el colectivo Prensa Rural considera que el
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no tiene una auténtica
voluntad para consolidar la paz en Colombia