Las organizaciones e individuos firmantes —gran parte de ellos participantes en la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad— saludamos a las y los participantes en el recorrido de visibilización de las afectaciones del gasoducto y expresamos nuestra más amplia solidaridad con las comunidades de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos que luchan hoy en México contra el poder corporativo (representado por las empresas españolas Elecnor y Enagás, así como por la italiana Bonatti) amparado por un Estado que ataca y criminaliza a sus habitantes —especialmente a los de los pueblos indígenas y originarios—, para imponer megaproyectos de negocios trasnacionales y el despojo de tierras a pesar del enorme riesgo que implican para la seguridad, la salud, el modo de vida y el medio ambiente de la población

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El poder corporativo contra los pueblos de México:
Elecnor, Enagás y Bonatti construyen el gasoducto
Tlaxcala-Puebla-Morelos por la fuerza
27 de julio de 2015
Las organizaciones e individuos firmantes —gran parte de ellos
participantes en la Campaña Global para Desmantelar el Poder
Corporativo y Poner Fin a la Impunidad— saludamos a las y los
participantes en el recorrido de visibilización de las afectaciones del
gasoducto y expresamos nuestra más amplia solidaridad con las
comunidades de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos que luchan
hoy en México contra el poder corporativo (representado por las
empresas españolas Elecnor y Enagás, así como por la italiana Bonatti)
amparado por un Estado que ataca y criminaliza a sus habitantes —
especialmente a los de los pueblos indígenas y originarios—, para
imponer megaproyectos de negocios trasnacionales y el despojo de
tierras a pesar del enorme riesgo que implican para la seguridad, la
salud, el modo de vida y el medio ambiente de la población.
En México, después de la contrarreforma constitucional que hace
entrega irrestricta del control sobre el patrimonio energético del país a
empresas trasnacionales, el Estado mexicano ha intensificado las
agresiones contra las comunidades, principalmente indígenas, para
imponer proyectos de muerte, como bien los denominan las

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comunidades afectadas. Sólo en fechas recientes, el gobierno mexicano
ha promovido la represión de la defensa comunitaria de los territorios en
lugares como San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México
(comunidad hñahñú despojada de sus bosques para permitir la
construcción de una carretera que beneficiará a la trasnacional OHL),
Santa María Ostula, Michoacán (donde la comunidad indígena nahua
lucha contra el despojo de proyectos turísticos y mineros trasnacionales
y la ocupación del crimen organizado y donde la semana pasada fueron
asesinados dos menores de edad, presuntamente por elementos del
ejército mexicano), así como en las comunidades de San Vicente
Xiloxochitla, San Jorge Tezoquipan, La Trinidad Tenexyecac y San
Damián Texoloc, en el estado de Tlaxcala, en las que la maquinaria y el
personal de Enagás, Elecnor y Bonatti han ingresado ilegalmente,
acompañados por las policías federal, estatal y municipales, para
intimidar a la población y forzarla a ceder sus tierras en “servidumbre”
para la instalación del gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, que
forma parte del denominado Proyecto Integral Morelos, el cual implica la
instalación de dos plantas termoeléctricas, varios parques industriales,
un relleno sanitario regional y un proceso de urbanización salvaje en la
región oriental del estado de Morelos.
El gasoducto, que sólo en su primera etapa recorrería más de 150
kilómetros y por el que el gobierno mexicano pagará más de 170
millones de dólares a las empresas españolas e italiana, transportaría
más de 300 millones de pies cúbicos de gas importado de Estados
Unidos, aunque sólo generaría 30 empleos permanentes. En
contraposición, las comunidades de los estados mexicanos de Tlaxcala,
Puebla y Morelos estarían expuestas a riesgos innecesarios de fugas y
explosiones, como la que destruyó decenas de casas y ocasionó la
muerte de al menos 29 personas en la ciudad de San Martín
Texmelucan, Puebla, en diciembre de 2010, debido a la negligencia en el
mantenimiento de los ductos y a su ordeña permanente por el crimen
organizado, tolerada e incluso auspiciada por la corrupción de las
autoridades mexicanas.
Sabemos que, a pesar de que instancias técnicas y académicas
especializadas como el Centro Nacional para la Prevención de Desastres
(CENAPRED), el Centro Universitario para la Prevención de Desastres
Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(CUPREDER-BUAP) y el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional
Autónoma de México, han expresado su oposición a la construcción del
gasoducto por atravesar zonas de riesgo eruptivo del volcán

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Popocatépetl, así como zonas habitadas y zonas de riesgo de
explosiones por el tipo de actividad que realizan las comunidades, las
autoridades mexicanas —violentando los derechos fundamentales de las
comunidades, el principio precautorio y el derecho internacional de los
derechos humanos y de los pueblos indígenas— actúan como fiadores de
la impunidad de empresas como Bonatti, Elecnor y Enagás.
Tan sólo en el caso de Enagás, podemos ver como la
internacionalización de la empresa española está vinculada a su
participación en proyectos controvertidos. Entre ellos destaca el
Corredor de Gas del Sur, un proyecto faraónico que pretende llevar gas
desde la República de Azerbaiyán hasta el Sur de Italia, cruzando a su
paso Georgia, Turquía, Grecia y Albania, con un trazado de más de
3.500 km y un coste de más de 45.000 millones de dólares, financiado
parcialmente por dinero público a través del Banco Europeo de
Inversiones y el Banco de Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. El
megagasoducto soldará las economías de la Unión Europea con la de la
Azerbaiyán, alimentando con el intercambio € por gas el gobierno
corrupto y represor de la familia Aliyev que conduce el país desde 1991
y que encarcela sistemáticamente a cualquier crítico del régimen.
Además, en la parte italiana del Corredor, las comunidades de la región
del sur de la Puglia, se oponen al proyecto por su elevado impacto
ambiental y su incompatibilidad con la realidad económica del territorio.
Enagás, como empresa monopolística del transporte y almacenamiento
de gas en España, se ha erigido como gestora del cobro del fracasado
proyecto Castor, un almacén geológico de gas que provocó más de 500
terremotos en la fase de pruebas, y que finalmente se desestimó su
puesta en servicio. Una cláusula abusiva del contrato permitió a la
empresa ACS cobrar por el almacén. El precio de la infraestructura,
1.350 millones de €, será transferido por ENAGAS que cobrará a través
de las facturas de gas más de 4.700 millones de € (deuda+intereses) a
la población durante 30 años.
Por todo lo anterior:
 Exigimos, junto con las comunidades y organizaciones mexicanas, la
cancelación de las obras de construcción del gasoducto Tlaxcala-
Puebla-Morelos, puesto que éstas sólo benefician los negocios de
Elecnor, Enagás y Bonatti a costa de los derechos fundamentales de
los pueblos de México, poniendo en riesgo su vida y seguridad.
 Condenamos las acciones represivas y de criminalización de la
protesta que realizan los gobiernos de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así

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como el gobierno federal mexicano contra los defensores
comunitarios de derechos humanos y ambientales frente a la
imposición violenta del Proyecto Integral Morelos y su gasoducto.
Exigimos que todos los derechos de los habitantes de las
comunidades afectadas sean respetados irrestrictamente y que las
autoridades mexicanas cesen de propiciar su violación continua.
 Asimismo, condenamos la violencia encubierta que realizan, por
medio de las autoridades mexicanas, empresas europeas como
Enagás, Elecnor y Bonatti para despojar a las comunidades
opositoras al Proyecto Integral Morelos.
 Demandamos que el Parlamento Europeo y el Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas —en el marco
del proceso de elaboración de un instrumento jurídicamente
vinculante para regular las actividades de las empresas
trasnacionales y otras empresas basado en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos— investigue a fondo las violaciones a los
derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas en que
hayan podido incurrir estas y otras empresas europeas en el territorio
mexicano y, en caso de comprobarse éstas, que se apliquen las
sanciones correspondientes a las empresas y se ordene la reparación
integral de los daños a las comunidades afectadas.