La misión de inversión de España en Guatemala busca expandir los negocios de empresas españolas en sectores como energía renovable, agua y medio ambiente. Sin embargo, varias empresas españolas como Hidralia-Ecoener-Hidro Santa Cruz y Terminal de Contenedores de Barcelona han estado involucradas en irregularidades y conflictos con comunidades locales. Además, el gobierno español y su embajada en Guatemala priorizan la expansión empresarial sobre los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.

1. Misión de Inversión de España en Guatemala. Cuando los derechos son
retórica
Fuente: El Tercer Expolio y la Reconquista. 05.2.2013
Andrés Cabanas
La Misión de Inversión de España hacia Guatemala (3 a 5 de diciembre)
integrada por al menos 22 grupos empresariales) anticipa una nueva fase de
expansión empresarial transnacional.
Guatemala es, hoy, una gran plataforma de negocios. A pesar del saqueo
centenario, el país ofrece viejas y nuevas oportunidades: parques eólicos,
energía solar (presentes ya en los nuevos proyectos de expansión del servicio
eléctrico), gestión/privatización del agua, generación eléctrica a partir del
recurso hídrico, negocios agroalimentarios y el Mecanismo de Desarrollo
Limpio, en el marco de la economía verde.
La Secretaría de Estado de Comercio de España, a través del Fondo para la
Internacionalización de la Empresa, en el texto Líneas orientativas para 2012,
define los sectores estratégicos de cara a la internacionalización de las
empresas españolas:
Energía: proyectos llave en mano, especialmente de energías
renovables.
Sectores relacionados con el medio ambiente, especialmente agua y
tratamiento de residuos sólidos.

2. Bienes de equipo con alto componente tecnológico español.
Servicios de ingeniería y arquitectura integrados en proyectos completos
industriales o civiles.
Tecnologías de la información y la comunicación, como todo lo
relacionado con las telecomunicaciones, satélites, sistemas de
información y de gestión.
Transporte, y en particular lo relacionado con el sector ferroviario,
metros, aeropuertos, infraestructuras portuarias y servicios de gestión.
Infraestructuras, particularmente cuando el contratista principal sea una
empresa española, incluyendo y siendo de considerable importancia los
sistemas de control de redes de infraestructuras.
Sectores Kioto, incluyendo la generación de unidades negociables en los
mercados de carbono, tales como derechos de compra de emisiones de
CO2 o similares.
Esta argumentación es reforzada en el Informe Guatemala 2012, elaborado por
la Oficina Económico y Comercial de España en Guatemala. El informe no
excluye ningún ámbito ni ningún sector para la expansión de empresas, incluso
aquellos espacios (agua, medios ambiente) que no deberían estar sujetos a la
comercialización:
Maquinaria de todo tipo, pues Guatemala está en proceso de
industrialización.
El sector agrícola, mayor sector exportador.
La maquinaria para la madera, maquinaria para el plástico y para el
papel y cartón.
El sector de los alimentos es netamente exportador en Guatemala y se
han detectado necesidades en maquinaria para el proceso de alimentos,
así como para el envasado y empaquetado.
El sector de la ingeniería y consultoría.
Las consultoras especializadas en modernización del estado, educación
y capacitación, apoyo a la justicia y al sector salud tienen importantes
posibilidades. También las empresas para asistencia a empresas pymes.
Sector de productos cerámicos, herrajes, iluminación, muebles de baño
y cocina, grifería, herramientas manuales.
El sector de bienes de consumo, sobre todo ropa y calzado, el
sector editorial y los productos alimenticios, sobre todo aceites y vinos.
Son también importantes los proyectos MDL (Mecanismos de Desarrollo
Limpio), es decir el tratamiento de residuos, la depuración de aguas, las
energías renovables, donde España tiene una gran experiencia.
Empresas y diplomacia: encuentros cercanos
La Misión empresarial de diciembre llegó encabezada por una alta autoridad
política: el Secretario de Estado de Comercio de España, dependiente del
Ministerio de Economía y Competitividad. El gobierno español, en palabras del
citado Secretario, puso a disposición de los empresarios participantes
los instrumentos de internacionalización de las empresas españolas
(financieros, apoyo político) y facilitó avales institucionales, a través de la
Embajada de España y la influyente Cámara de Comercio Guatemalteco
Española, apoyada por el propio Ministerio de Economía y Competitividad.

3. Así, la expansión de las empresas españolas se produce a la par de los apoyos
de su gobierno. Estos apoyos incluyen –como instrumento fundamental- un
papel comercial cada vez más agresivo de las delegaciones diplomáticas, en
este caso de la Embajada de España, en el marco de la denominada
diplomacia comercial:
“El concepto de diplomacia comercial consiste en el apoyo institucional a las
empresas españolas en el exterior. Los gobiernos ponen a disposición de las
empresas mecanismos para la internacionalización, exenciones fiscales,
créditos blandos, a través de los créditos FAD y la puesta a disposición de un
aparato diplomático que empieza con la monarquía y sigue con ministros,
diplomáticos, etc. A ellos les toca abrirles mercado y si hay algún conflicto,
negociar directamente con las autoridades locales”.
Miguel Muñoz Ortega,
La otra cara de la “Marca España” http://omal.info/spip.php?article4930.
La diplomacia comercial genera un esquema en el que las embajadas son
actores de negocios clave (facilitadores de inversión y negocios); las oficinas
técnico comerciales y las Cámaras Oficiales Españolas de Comercio, que
cuentan con financiamiento del Ministerio de Economía y Competitividad,
incrementan su poder, así como el personal del Instituto de Comercio Exterior.
En este marco, la política exterior se subordina a las demandas económicas.
La ponencia de estudio sobre el papel de las empresas españolas, elaborada
por la Comisión de Relaciones Iberoamericanas del Senado de España, 2010,
concluye a este respecto:
“Todas las empresas participantes coincidieron en señalar que sus relaciones
con las Embajadas españolas son muy buenas, habiendo mejorado
considerablemente a lo largo de la última década. Esto se consideró debido a
la cada vez mayor implicación de las mismas en la expansión de las empresas
españolas y en la defensa de sus intereses. También coinciden en reclamar
una mayor implicación de las Embajadas en la búsqueda y fomento de
oportunidades de negocio, adoptando una vertiente más comercial, si cabe, de
sus acciones”.
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0425.PDF
Según dicha ponencia, la diplomacia comercial debe concretarse y fortalecerse
a través de estas acciones (entre otras):
Coordinación entre las Consejerías Económicas y las jefaturas de misión
(Embajador),
el incremento del personal integrado en las Oficinas Comerciales y los
becarios del Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX,
la actualización de la formación de los diplomáticos en lo referente a
cuestiones económicas y empresariales,
el fortalecimiento de las cámaras oficiales españolas de comercio.
Este esquema contradice y eventualmente anula otros entendimientos y
acuerdos políticos: el apoyo cada vez más lejano a los acuerdos de paz, el
respeto y promoción de los derechos, la democratización olvidada.

4. Las redes del silencio
La diplomacia comercial impide las críticas y el seguimiento político a las
empresas. En el momento de la realización de la Misión, al menos tres casos
de alto impacto que involucran a transnacionales españolas fueron
conocidos (e ignorados) por la Misión, así como por las autoridades de la
Embajada, presentes de forma permanente en el país:
En Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, la población del municipio e
investigadores reportan que la transnacional energética Hidralia-Ecoener-Hidro
Santa Cruz, propiedad del empresario español Luis Castro Valdivia, contrata a
exmilitares como operadores políticos, ejerce coacción, amenaza la vida de
líderes opositores –al señalarlos públicamente-, favorece la represión y el
creciente cierre de espacios de participación y libertad, genera un ambiente de
terror (disparos al aire, intimidación) para garantizar su presencia. Además,
influye en el sistema de justicia para la captura de líderes y participa a través
de sus empleados en el asesinato del primero de mayo y el atentado contra
dos dirigentes. Al impulsar su proyecto hidroeléctrico a pesar del rechazo de
sectores amplios de la población, la empresa afecta la paz social en Barillas.
Un documento elaborado el siete de enero por comunidades de Barillas
denuncia:
“El ingreso ilegal e imprudente de la empresa Hidro Santa Cruz en nuestro
territorio hace cuatro años, cuando iniciaron el aforamiento del río sin el
permiso del pueblo de Barillas, periodo en el que inicia un ambiente intolerante
que restringe e infringe nuestras prácticas milenarias de organización social,
política y cultural, de conformidad con nuestra filosofía cosmogónica. El
representante legal de esta empresa, siendo el señor Luis Castro, coacciona la
voluntad y conciencia de nuestras autoridades. A pesar de que el alcalde
municipal ha manifestado temer a Dios, sin embargo, conjuntamente nos
presionan a aceptar la firma de un convenio cuyo contenido es absurdo e
ilegítimo, con el propósito de construir la empresa Hidro Santa Cruz a favor de
esta misma transnacional y no del pueblo”.
http://es.scribd.com/doc/120838171/Memorial-7-de-enero-de-2013
En el mes de julio de 2012, Terminal de Contenedores de Barcelona obtiene el
usufructo para operar la Empresa Portuaria Quetzal. Investigaciones
documentan irregularidades en la adjudicación, negociada en secreto y en
condiciones desventajosas para el Estado y la población. Un extenso reportaje
elaborado por Diario La Hora anota al menos diez de estas irregularidades, de
las que son responsables tanto el Gobierno-Estado como la empresa y
autoridades españolas, y recomienda la anulación del contrato:
“Sorprendente “eficiencia”. Los procesos se realizaron con una rapidez inusual,
pese a que se trata de un negocio importante y que el contrato de usufructo
consta de 28 hojas en formato de protocolo.
Base legal sin claridad y reglamento sin publicación. Se debió de haber citado
las normas concretas en las que fundamentan el contrato y en todo caso, es de
hacer notar que la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal no menciona
la palabra usufructo.
La empresa adjudicataria dispuso de información privilegiada.
El Estado, no la empresa, paga los impuestos”.

5. Documento completo:
http://lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-
entrevistas/164125-10-reparos-en-contrato-de-la-empresa-portuaria-quetzal
En el caso de la distribución de energía eléctrica, continúa el malestar por los
cobros irregulares y excesivos y por el servicio deficiente. Este malestar es
herencia de la labor de la española Unión Fenosa Gas Natural (distribuidora en
19 departamentos, durante más de diez años) y de la también española
Iberdrola (distribuidora en tres departamentos, durante el mismo periodo de
tiempo). Unión Fenosa Gas Natural fue, durante su estancia en el país,
señalada de actuaciones impositivas y autoritarias, cuando no abiertamente
delincuenciales y criminales (al respecto, ver Carta denuncia de más de 200
organizaciones catalanas y españolas, 17 de marzo de
2010,http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102385).
Cuando los derechos son retórica
Las transnacionales españolas en Guatemala utilizan de forma sistemática las
siguientes prácticas:
Falsean u ocultan la realidad: esconden su identidad corporativa (empresas de
cartón o de reciente creación), lo que les permite –entre otros- disimular la
pluralidad de intereses que representan.
Reinterpretan las leyes a su favor y se benefician de un Estado construido a la
medida de los intereses empresariales, donde la legislación, la
institucionalidad, incluso los actores (partidos, gobierno, funcionarios) son
funcionales a los intereses de la acumulación. La legislación no obliga al pago
de impuestos, no exige ni condiciona estudios de impacto ambiental de sus
proyectos. El sistema de justicia es anuente a los cantos de sirena de las
empresas (perdón, del desarrollo).
Recurren a la violencia o se benefician de ella, incluso en connivencia con
poderes paralelos y organizaciones criminales, como en el caso de la Portuaria
Quetzal que SÍ Y SÓLO SÍ puede operar a partir de la negociación con los
poderes reales que controlan las rutas del contrabando. Similar situación se
produce en Santa Cruz Barillas a través de los vínculos de Luis Castro Valdivia
con la red de control del poder judicial de Villatoro (el rey del tenis, por sus
actividades ilícitas en el contrabando de mercadería).
Se amparan en la complicidad o el silencio de las autoridades españolas: la
Embajada se convierte en epicentro para el impulso de negocios, y no en
apoyo político para el fortalecimiento de derechos colectivos.
Ignoran la opinión de las comunidades y sus derechos a la consulta previa,
informada, y vinculante.
La Misión de Inversión obvió la conflictividad. El gobierno español y la
embajada minimizan o silencian los problemas generados por las empresas,
fundamentadas en un patrón de actuación autoritario, arrogante, impositivo,
violento, desconocedor de derechos y soberanía de comunidades y pueblos.

6. La visión del gobierno español y sus embajadores como amigos del proceso de
paz, facilitadores de procesos democráticos (incluyendo los simbólico-
culturales) se diluye y desaparece en la dinámica de expansión empresarial.
Lo importante es la ampliación de negocios. Lo demás es retórica.