El documento habla sobre la movilización de miles de bogotanos para protestar contra la decisión del procurador general Alejandro Ordóñez de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Los manifestantes rechazan esta decisión como un abuso de autoridad y un golpe a la democracia. Exigen la destitución inmediata de Ordóñez y denunciarán su decisión ante autoridades colombianas e internacionales.

1. Movilización para Destituir al Procurador Alejandro Ordóñez
por Abuso de la Autoridad
Miles de bogotanos tomaron las calles de la capital colombiana y
se concentraron en la plaza de Bolívar para rechazar el fallo del
procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, de destituir
e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Debido a la actual situación de emergencia que se está viviendo en
Bogotá, Colombia *hacemos un amplio llamado a la sociedad
Colombiana y a la Comunidad Internacional para destituir al
Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez* debido al abuso
de autoridad que está ejerciendo hoy, 9 de diciembre de 2013, con la
destitución del* Alcalde de Bogotá, Distrito Capital, Gustavo Petro*,
en contra de la decisión popular que lo eligió como autoridad.
Acción que representa un golpe político a la Democracia, la
Soberanía, la Dignidad, la Paz, y a los sectores sociales que buscan
una transformación real en el país, evidenciando los intereses
económicos privados de las élites que pretenden mantener a la
sociedad Colombiana en la miseria, la ignorancia, el terror y la
guerra, manipulando y abusando de manera reiterada la Constitución
Política y el Estado Social de Derecho: esto es lo que está detrás
de la decisión arbitraria que ha tomado el susodicho Ordóñez.
*Exigimos la destitución inmediata del procurador Alejandro Ordóñez
porque ha puesto en alerta y en peligro a Bogotá, y muy
seguramente lo hará con toda Colombia si lo permitimos. No más
impunidad: JUSTICIA EN COLOMBIA AHORA.*

2. HAREMOS EFECTIVA ESTA DENUNCIA ANTE LAS AUTORIDADES
COLOMBIANAS COMO:*
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EL
MINISTERIO DE JUSTICIA, LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL
CONSEJO DE ESTADO*.
IGUALMENTE HAREMOS EFECTIVA ESTA DENUNCIA ANTE LAS
AUTORIDADES INTERNACIONALES: *ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS, CORTE PENAL INTERNACIONAL, COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS.*
RED JUSTICIA COMUNITARIA CONTRA IMPUNIDAD EN COLOMBIA
https://secure.avaaz.org/es/petition/Procuraduria_General_de_la_Na
cion_Destitucion_del_Procurador_Alejandro_Ordonez/
Inhabilitan al Alcalde de Bogotá por traspasar la gestión de la
basura a una empresa pública
Martes, diciembre 10, 2013
Los manifestantes portan pancartas en las que se lee “Petro se
queda” y gritan consignas a favor del mandatario local y en contra de

3. Ordoñez. Asimismo piden que se respete la voluntad popular que
eligió, en las urnas, a Petro en octubre de 2011.
El senador colombiano Luis Carlos Avellaneda calificó de
inconstitucional y antidemocrático el fallo de Ordoñez.
“El pueblo es el constituyente y desde ese punto de vista digo que la
decisión es inconstitucional, pero sobre todo antidemocrática;
además, considero que el señor procurador general de la nación ha
proferido un fallo violentando todos los limites de sus potestad
reglamentaria, si es que la tuviera, sobre el señor alcalde”, expresó
Avellaneda en declaraciones a Caracol Radio.
Luis Fernando Otálvaro, presidente de la Asociación Nacional de
Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), que agrupa a jueces
y fiscales, abogó por quitar “súper poderes” al procurador.
“Nos parece a nosotros que descargar el poder en una sola persona
es bastante grave para el país. Viene ejerciendo un poder inmenso,
maneja altas cuotas burocráticas y no le hace caso a la Corte
Constitucional”, expresó.
Cargos contra Petro
Petro fue destituido por la puesta en marcha de un nuevo esquema
de aseo en la capital colombiana durante su gestión. El alcalde apostó
porque la basura fuera recolectada sólo por la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado, una entidad estatal, cuestión que catalogó el
Ministerio Público de “gravísima”.
Petro creó la empresa municipal Aguas de Bogotá, que dependía de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para recoger la
basura.
La Procuraduría consideró que Aguas de Bogotá no tenía la
experiencia suficiente para realizar la tarea.
En segundo lugar, Petro violó, presuntamente, la norma de libre
empresa, al no permitir que empresas privadas realizaran la
recolección de basura. “Impuso un modelo que sólo permite que los
servicios sean prestados por una entidad estatal”, señaló el
procurador.

4. Y en tercer lugar, supuestamente se usaron volquetas (volteos) como
compactadoras en las labores de aseo de la ciudad, cuestión “que
pudo violar las disposiciones constitucionales y legales frente a la
protección del medioambiente”.
Apelación y alcalde encargado
Petro y sus abogados tienen plazo hasta el 27 de diciembre para
representar el recurso de reposición contra el fallo que ordenó su
destitución.
La apelación se haría ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.
Legalmente este órgano no cuenta con un término definido para
resolver la reposición y decidir si confirma su decisión o tumba el fallo
sancionatorio contra Petro.
Una vez en firme la decisión de destituir al alcalde, el presidente Juan
Manuel Santos deberá nombrar al nuevo alcalde mientras se
convocan nuevas elecciones.
El alcalde encargado deberá ser escogido entre candidatos propuestos
por el mismo partido de Petro, en este caso el Movimiento
Progresista, que este año se fusionó con el Partido Verde.
Santos acepta decisión del Procurador
Tras conocer el fallo, la Presidencia de Colombia emitió un
comunicado en el que informa que respeta la decisión de Ordoñez.
“El Gobierno Nacional, como ha sido su costumbre y obligación,
frente a cualquier decisión de los organismos de control, respeta la
decisión de la Procuraduría General de la Nación, así como los
recursos que a bien tenga interponer y a los que tiene derecho el
señor Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro”, reza el texto.
Añade que “el Gobierno lamenta los inconvenientes que esta situación
pueda generar en la ciudadanía y seguirá comprometido con el
bienestar y tranquilidad de los habitantes de Bogotá. Así mismo, hace
un llamado a las autoridades y a todos los ciudadanos a conservar la
serenidad”.

5. GENOCIDIOS Y DESTITUCIONES, ¿DEMOCRACIA?
Palabras al Margen, Martes, 10 Diciembre 2013.
El procurador atentó contra nuestro derecho a la elección popular de
alcaldes con la destitución y sanción por 15 años del alcalde de
Bogotá Gustavo Petro. Al igual que la sanción a Piedad Córdoba, son
decisiones políticas que tienen el mismo efecto que el genocidio
político. Como el genocidio contra movimientos como la UP, A Luchar
y el Frente Popular cierran el sistema político, atentan contra la
democracia, las mesas de negociación y la posibilidad de construir la
paz.
Fernanda Espinosa
Fuente: www.bluradio.com
El 13 de marzo de 1988, los y las colombianas pudimos acudir por
primera vez a las urnas para elegir por voto popular y directo a las
autoridades más cercanas: los alcaldes municipales. En los años
ochentas, la izquierda del país, es decir, movimientos como A Luchar,
la Unión Patriótica (UP), el Frente Popular y el Partido Comunista
Marxista Leninista habían mantenido como parte de sus banderas la
descentralización y la necesidad del aumento del poder local y
regional. Tenían, entonces, un interés por la descentralización
administrativa y el fortalecimiento de las regiones del país, de la
cultura popular, de la participación de las bases y de las periferias,
así como la intención de fomentar el pluralismo y reforzar la sociedad
civil. La elección popular de alcaldes fue un derecho del pueblo
colombiano adquirido con la movilización popular.

6. La primera elección popular de alcaldes en Colombia fue el efecto
tardío del movimiento descentralizador de la década de los setentas y
ochentas en la mayoría de países de Europa occidental y América
Latina, al tiempo que fue una respuesta a la nueva y conflictiva
geografía económica y social que se estaba conformando en el país.
Adicionalmente, fue un periodo de ascenso de la protesta social
regional. La presencia de importantes movimientos sociales y la
expansión de la protesta urbana y los paros cívicos, habían
desbordado la capacidad de manejo y control del Estado. Esto
también motivó el reajuste de las instituciones de poder local, a
través del cual el Estado buscó fortalecerse en los territorios.
Estos mismos movimientos políticos (A Luchar, la UP y el Frente
Popular), que entre otras tantas cosas lucharon por la elección
popular de alcaldes, fueron víctimas de genocidio político, puesto que
durante este periodo se generaron contra ellos una serie de acciones
violentas desde las fuerzas militares y paramilitares; acciones que
estuvieron compuestas de señalamientos, detenciones arbitrarias,
torturas y asesinatos.
La década de los ochentas se caracterizó por una fuerte violencia
política en Colombia, no sólo contra la UP sino contra la oposición
política en general (A Luchar, el Frente Popular, el sindicalismo, etc.).
Hoy se habla de 3.026 víctimas de la UP y 3.600 muertos del
sindicalismo. Las víctimas de esta violencia política, en su mayor
proporción, eran de la izquierda, especialmente de la UP, aunque A
Luchar también sufrió el embate de la violencia política. Los
hostigamientos que se hicieron al movimiento A luchar fueron
constantes, pero aumentaron a partir de 1988. En este año se
reportaron persecuciones de la fuerza pública en Barrancabermeja,
Sincelejo y Bogotá contra militantes de este movimiento político.
Este genocidio se expresó de diversas maneras. En mayo de 1988
aproximadamente más de 80.000 campesinos marcharon en el
Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia,
Santander y Arauca con la conducción de A Luchar. Durante estas
marchas fueron asesinados 50 campesinos y hubo más de 500
detenidos. La Operación Relámpago en el Valle del Cauca fue una

7. operación conjunta entre todos los organismos de inteligencia, con el
objetivo de liquidar la dirección sindical cercana a A Luchar, quienes
fueron víctimas de allanamientos y detenciones arbitrarias, torturas y
violencia sexual.
Frente al tipo de hechos y crímenes de lesa humanidad contra A
Luchar, hay que subrayar que el 80% de los casos son ejecuciones.
En un segundo nivel están las amenazas de muerte denunciadas con
un 14 % y en un tercer nivel están las desapariciones forzadas.
Estamos así ante la generalización del genocidio político en Colombia.
Tanto en el caso de la UP como el de A Luchar hay tres rasgos
centrales que configuran la especificidad de la persecución
sistemática a la izquierda colombiana. En primer lugar, la
intencionalidad de los autores de acabar con grupos políticos, o al
menos de expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes y a las
bases sociales que han resistido la ola de violencia. En segunda
instancia, es notorio que se trata de un proceso de exterminio de
fuerzas políticas legales en condiciones de un Estado considerado
democrático y en el que se supone la existencia de una
institucionalidad ajustada a las normas del derecho. La perpetración
del genocidio en sí misma pone en duda tal condición democrática, y
cuestiona seriamente esa institucionalidad toda vez que las
modalidades de persecución utilizadas han conjugado tanto formas
legales -a través de disposiciones de carácter jurídico y
administrativo- como medidas ilegales -“guerra sucia”, operaciones
encubiertas, campañas de estigmatización oficial, acción paramilitar,
etc. En tercer lugar, cabe destacar que los graves hechos de
persecución se han llevado a cabo durante un prolongado período, lo
que demuestra que la intencionalidad persecutoria ha perdurado en el
tiempo.
En la actualidad el Procurador atenta contra nuestro derecho a la
elección popular de alcaldes con la destitución y sanción por 15 años
del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien fue elegido popularmente.
Al igual que su decisión de destituir e inhabilitar a Piedad Córdoba por
18 años, por su supuesta colaboración con grupos al margen de la
ley. No son decisiones de control sino decisiones políticas que tienen

8. el mismo efecto que el genocidio: cierran las posibilidades de
participación política en un sistema de por sí bastante cerrado y
decretan la “muerte política” a estas alternativas de poder.
Es innegable que al igual que el genocidio político que sigue
ocurriendo en menor proporción en el país, las destituciones y
sanciones dan un mal mensaje a la posibilidad de cierre del conflicto
armado. La decisión de Ordoñez pretende desestabilizar las mesas de
negociación como han hecho sus amigos de la ultraderecha al dar
declaraciones que torpedean los diálogos de paz. Ante una situación
en la cual se destituye o asesina a toda posibilidad de alternativa, se
afecta la bandera del diálogo y, más aún, la posibilidad a largo plazo
de construir la paz.
A la controvertida actuación de Ordoñez como procurador, debido a
sus posiciones ultrarreligiosas, el uso político de un ente de control
como debería ser la procuraduría, se le suman los crecientes rumores
de clientelismo, ofreciendo puestos con apetitosos salarios, o su
irrespeto a los derechos de las mujeres con sus posturas ante el
aborto y a la comunidad LGBTI con sus actuaciones contra el
matrimonio igualitario. Es decir, estamos ante un procurador que no
respeta los derechos sociales.
Los votos que eligieron a Piedad y a Petro deberían ser respetados.
No debería estar por encima la decisión de un personaje que no fue
elegido democráticamente. La movilización popular y la unidad de la
izquierda y las fuerzas alternativas son urgentes y necesarias para
defender la democracia. Al país le quedan grandes preguntas por
resolver ¿retrocedimos a 1988 cuando no podíamos elegir a los
alcaldes?, ¿es real y posible la participación política alternativa?,
¿estamos ante una democracia?, ¿los votos de la ciudadanía
cuentan?, ¿hay garantías para la participación política o seguiremos
cargando muertos (políticos y físicos)?