Carta para firmar ante CIDH medida cautelar ante atropello a autoridad elegida democráticamente

1. Como es de conocimiento de todos ustedes el 9 de diciembre de 2013, el alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro, fue destituido e inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público por un
periodo de 15 años. La decisión fue anunciada por el Procurador General de la República de
Colombia, que lo declaró “disciplinariamente responsable” por “irregularidades en la
prestación del servicio público de aseo”.
Esta decisión pretende acabar con un proyecto político de izquierda que desde el 2 de enero
del 2012 lo único que ha hecho es defender lo público, la adaptación de la ciudad al cambio
climático y la inclusión social y que son los tres pilares del Plan de Desarrollo de la “Bogotá
Humana” que lidera el alcalde.
La decisión del procurador viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
ratificada por Colombia en 1973.
El procurador es reconocido por su intolerancia, basada en sus convicciones religiosas
extremas y ha fallado en contra de quienes profesan ideas que él considera ilícitas o
pecaminosas como las expresiones de la comunidad LGTBI, la reivindicación de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres o, los centros para drogadictos patrocinados por el
Distrito.
Su actitud ha sido sin embargo muy diferente con varios congresistas que fueran condenados
por la para-política por la Corte Suprema y, que el absolvió disciplinariamente.
El procurador se opone al proceso de paz y a cualquier mecanismo de Justicia Transicional y
habla de estos temas como si fuera un candidato en ciernes. En lugar de estar mirando cómo
van las investigaciones disciplinarias que son de su competencia, cada semana crea nuevos
frentes de batalla para sus cruzadas de tintes políticos.
El procurador tiene el cinismo de cuestionar a los funcionarios por participar en política,
mientras acepta homenajes de sus seguidores políticos (el 20 de mayo de 2013 asistió, en la
ciudad de Medellín, a un acto organizado por reconocidos dirigentes conservadores de
Antioquia y algunos miembros del Uribismo, entre los que figuran políticos, empresarios e
intelectuales).
Lo que es claro y evidente hoy, es que el procurador utiliza la destitución para afectar de
manera diferenciada a un proyecto político alternativo y progresista, diferente del que
encarnan las mayorías en el Gobierno y el Congreso, así como el del propio procurador. Con la
destitución e inhabilitación de Gustavo Petro se puede afirmar que se ha ejercido un trato
discriminatorio basado en la ideología política del alcalde para debilitar su gobernabilidad y
propiciar su salida del cargo para el que fue elegido. Hace 15 años asesinaban y
desaparecían a la oposición, hoy no los asesinan pero, los inhabilitan. Es una muerte
política.
Esta manera de actuar de la extrema derecha, hace que el alcalde de Bogotá sea un
perseguido. La destitución de Gustavo Petro, vulnera igualmente los derechos de la
ciudadanía que lo eligió el 30 de octubre de 2011 con 721.308 votos.
Frente a la injusticia, la intolerencia y al deseo de terminar abruptamente con el proceso de
paz en la Habana (que pese a las dificultades propias de una causa trascendental, avanza con
el apoyo de mas de 65% de la opinión pública), te pedimos apoyes nuestra petición en la
Comisión Interamericana para salvar derechos políticos de l@sbogotan@s.
Por favor, firma, no te tomará más de 1 minuto. Te envío el link
https://www.change.org/es-LA/peticiones/comisión-interamericana-de-derechos-humanossolicitud-de-medidas-cautelares-en-el-caso-alcalde-mayor-de-bogota-gustavo-petro-urrego
Agradezco el apoyo y les pido difundir urgentemente este correo. La democracia,nuestros
sueños y convicciones así lo exigen.Fuerte abrazo a todos y todas.

2. Hilda CARRERA