Los procesos de reforma agraria en Latinoamérica penalizaron el acceso de la mujer campesina a tierras y demás activos productivos. Un argumento teórico es que las unidades de producción campesina son homogéneas, en tanto comparten sus bienes y el trabajo entre todos sus miembros y también sus ingresos o pérdidas, asignándole al jefe de hogar, en este caso el hombre, un derecho de propiedad legitimado por el Estado.

1. Mujer Campesina: Un actor social y político que asciende
En memoria de Margarita Murillo, dirigente campesina, defensora de
derechos humanos y militante del FNRP.
Por Javier Suazo. Honduras, 17 abril 2015. Fuente: ALAInet
"Es necesario crear una democracia que no sea manca; que tenga
dos manos: La representación inevitable y la participación esencia de
la política” Enrique Dussel
Los procesos de reforma agraria en Latinoamérica penalizaron el
acceso de la mujer campesina a tierras y demás activos productivos.
Un argumento teórico es que las unidades de producción campesina
son homogéneas, en tanto comparten sus bienes y el trabajo entre
todos sus miembros y también sus ingresos o pérdidas, asignándole
al jefe de hogar, en este caso el hombre, un derecho de propiedad
legitimado por el Estado.
La mayor parte de las leyes de reforma agraria aprobadas en décadas
pasadas, años 60s y 70s, consignan este derecho de propiedad al
tipificar como único beneficiario de dicho proceso impulsado por el
Estado, al hombre cabeza de hogar. En las fincas colectivas creadas,
llámese cooperativas, unidades de producción de base o empresas
asociativas campesinas, el trabajo de los campesinos es colectivo,

2. pero un vez pagado el valor de la tierra al Estado, pasa a su poder en
caso que la unidad de producción colectiva no se disuelva; pero si
esto último sucede, el dueño de la tierra es el cabeza de hogar sin
tener ninguna obligación moral ni jurídica para compartir este
beneficio (físico o en dinero) con su cónyuge.
Los programas de ajuste estructural reivindicaron el derecho de
propiedad de la mujer sobre las tierras de la reforma agraria
entregadas por el Estado, pero buscando conseguir otros resultados:
a) debilitar el trabajo colectivo; b) aumentar el grado de explotación
de la fuerza de trabajo de la unidad familiar. Se diseñaron programas
de compra de tierra para mujeres campesinas sin tierra o en posesión
precaria de esta, al margen de la tierra adjudicada por el Estado para
fines de la reforma agraria; acompañado de proyectos de desarrollo
productivo que al final incrementaron el tiempo de trabajo de la
mujer rural.
Otro argumento teórico para excluir a la mujer, se basa en la
invisibilidad de su trabajo en el campo y falta de cuantificación de su
remuneración y aporte a la economía familiar, comunidad, municipio,
región y país. Según este argumento, la mujer campesina tiene poco
tiempo disponible para asumir nuevas obligaciones como aquella de
ser sujeta de crédito por los bancos y participar en la organización y
administración de las empresas campesinas.
La experiencia latinoamericana demuestra no solo lo débil de estos
argumentos y errático de las políticas de gobierno que los
acompañan, sino también que la mujer campesina es el principal
actor social y político de la lucha en contra de la pobreza, la
indigencia, sequia, hambre, inseguridad y soberanía alimentaria,
defensa de los territorios y recursos naturales como los bosques y las
fuentes de agua; un actor muy visible y fundamental para
transformar el agro latinoamericano. En las peores condiciones socio-
económicas siguen produciendo alimentos en la parcela de tierra o
fuera de esta, son jornaleras estacionales, responsables de atender la
familia y niños, participar activamente en la vida comunitaria y
religiosa. El tiempo de trabajo de la mujer (no reconocido ni
remunerado) es mayor que el realizado por el hombre, pero no se
escucha su clamor cuando exigen políticas de Estado a su favor y en
contra de la injusticia social y desigualdad económica.
La recién declaración de la V Asamblea de Mujeres de la CLOC- Vía
Campesina celebrada en la Argentina en el marco del VI Congreso de
la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de
fecha 12 y 13 de abril de 2015, exige la vigencia de una reforma
agraria integral y popular, agricultura limpia (no tóxica y libre de

3. transgénicos), derechos de propiedad sobre los territoritos y recursos
naturales y ambientales, derogación de tratados comerciales
excluyentes, vigencia de nuevas relaciones sociales de producción en
el campo y la no agresión y violación de derechos humanos. Pero
también exigen mayores espacios para la participación y
representación social y política, convirtiéndose en actor principal de
su propio destino; o sea representando a sus bases sociales en las
instancias de decisión política, y actuando como auditor social de las
intervenciones públicas ejecutadas por el Estado.
En este marco, hay en la agenda pública cuatro temas que deben
priorizarse. El primero es la organización nacional para la integración
regional. En la Argentina el movimiento de organizaciones de mujeres
mostró sus fortalezas, pero a lo interno de los países falta todavía
trabajo que realizar. Para el caso, las organizaciones o federaciones
de mujeres campesinas en gran parte de los países de la región
centroamericana no tienen agenda propia, y sus actuaciones están
delimitadas por las políticas de gobierno, los programas y proyectos
que ejecutan con la cooperación internacional y los pocos espacios
que se brindan por los partidos políticos progresistas.
En segundo lugar se apuesta a una reforma agraria integral con
soberanía alimentaria y enfoque de género, pero es evidente que las
condiciones de lucha no son las mismas que 40 o 50 años antes; caso
particular de los interlocutores que están representados ya no por
terratenientes y compañías bananeras, sino por empresas
transnacionales corporativas con sede en el exterior que utilizan
incluso las embajadas de sus países de origen cuando son afectados
por las "tomas” de tierras (C. Kay: 2012). Esta lucha es a mediano y
largo plazo, pero en el corto plazo la vigencia de nuevos programas
de reforma agraria territoriales, impuestos a tierra(s) ociosa y mal
utilizada, fondos de tierra y los bancos de crédito y semillas son
alternativas también posibles.
En tercer lugar los movimientos de mujeres campesinas tienen mayor
conciencia de los efectos e impactos negativos de los tratados
comerciales unilaterales en la producción y consumo de los alimentos
básicos, que afecta también las condiciones de reproducción material
de las familias ya que se inundan los mercados de productos
alimenticios subsidiados. El clamor, tal como se desprende de la
declaración de CLOC-Vía Campesina, es la revisión y derogación de
los tratados comerciales. En la región centroamericana las
organizaciones exigen la revisión del CAFTA-RD, pero no todo el
movimiento campesino apoya esta iniciativa. Urge la conformación de
una agenda de trabajo unificada y, además, la exigencia de los
reparos por daños causados a los productores de bienes "sensibles”

4. (maíz y arroz por ejemplo) y sus familias. En Nicaragua, Honduras y
el Salvador, organizaciones de mujeres campesinas y de
comercialización de alimentos hablan de una agenda complementaria
al tratado, la vigencia de un Observatorio de Tratados Comerciales y
la derogación de cláusulas leoninas como controles fitosanitarios en
EEUU que encuentran siempre una justificación para que pequeños
productores de la región no exporten.
Finalmente, la lucha por la defensa de los territorios, recursos
naturales y culturas ancestrales es una lucha de país, por lo que las
alianzas son parte de la estrategia de cada organización campesina y
étnica. Es también una lucha política que necesita de la participación
de una organización más amplia como los partidos políticos a lo
interno, y los gobiernos de otros países afines a lo externo. En
Centroamérica está vinculación es menos fuerte, por lo que hay que
participar activamente en las negociaciones para cargos de elección
popular y posicionarse en discursos políticos y programas de gobierno
futuros.