Si en el mes de Agosto eran la gente campesina, de la minería artesanal y camioneros de Colombia quienes se levantaban durante casi un mes en el Paro Nacional Agrario ahora son los pueblos indígenas los que han dicho basta, hartos de que el gobierno no cumpla los acuerdos adoptados y de que sus derechos cada día estén más amenazados por la invasión de sus tierras tradicionales por empresas mineras, petroleras y otras. El 14 de octubre, los pueblos indígenas, encabezados por la Organización Nacional Indígena de Colombia ( ONIC ) y las 44 organizaciones que la integran, iniciaron la Minga Indígena Social y Popular. Como ellos y ellas dicen, han tenido que recurrir a la movilización no por capricho sino porque los escenarios de negociación estaban agotados y sólo con la movilización pueden abrir vías de cambio para que sus derechos sean respetados.

1. ¿Quién tiene miedo a la movilización indígena?
Escrito por Tomàs Gisbert i Maria Jesús Pinto el 20 de octubre 2013
Artículo publicado en La Directa 13 noviembre 2013
Si en el mes de Agosto eran la gente campesina, de la minería
artesanal y camioneros de Colombia quienes se levantaban durante
casi un mes en el Paro Nacional Agrario ahora son los pueblos
indígenas los que han dicho basta, hartos de que el gobierno no
cumpla los acuerdos adoptados y de que sus derechos cada día estén
más amenazados por la invasión de sus tierras tradicionales por
empresas mineras, petroleras y otras.
El 14 de octubre, los pueblos indígenas, encabezados por la
Organización Nacional Indígena de Colombia ( ONIC ) y las 44
organizaciones que la integran, iniciaron la Minga Indígena Social y
Popular.
Como ellos y ellas dicen, han tenido que recurrir a la movilización no
por capricho sino porque los escenarios de negociación estaban
agotados y sólo con la movilización pueden abrir vías de cambio para
que sus derechos sean respetados.
Las reivindicaciones indígenas no afectan únicamente a sus pueblos,
sino que cuestionan un modelo económico y político que está
destruyendo la madre Tierra. A las exigencias de seguridad jurídica
para sus territorios, el ejercicio pleno al derecho al territorio, al
derecho a la autonomía territorial y política, y la desmilitarización de
los territorios indígenas, se suma la exigencia del derecho a la
consulta previa sobre proyectos mineros y energéticos, la revocación
de las concesiones o contratos de explotación mineras en territorios
indígenas y un cambio en la política agraria poniendo a referéndum
los Tratados de Libre Comercio y la derogatoria de todas las normas

2. que afectan a la soberanía alimentaria.
Pero la movilización pacífica de las comunidades indígenas ha tenido
una respuesta represiva absolutamente desmesurada y
desproporcionada, incluso superior a la reciente movilización
campesina. Ha sido de una violencia brutal, convirtiendo el territorio
de la protesta, especialmente en 4 departamentos, en un escenario
militar, con la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)
y del ejército ymás de 130 personas heridas, en muchos casos por
bala, de gravedad, con la policía controlando las entradas a los
hospitales para detener a las personas que fueran a solicitar
asistencia médica. Ha sido una respuesta de guerra a los clamores
indígenas. Según informes de Amnistía Internacional la policía disparó
botes de gas lacrimógeno, recargados presuntamente con metralla.
Hace poco, Canal Capital, la TV de Bogotá, informaba cómo la policía
reutilizaba botes de gas recargándolos con bolas de cristal, hierros y
clavos, provocando heridas graves en las personas que ejercen el
legítimo derecho a la protesta. No es de extrañar que cada vez más
voces clamen por la desarticulación del ESMAD.
La reciente reforma del sistema de justicia militar, el llamado Fuero
Penal Militar, que mantiene una jurisdicción penal militar separada de
la jurisdicción ordinaria, que crea también una jurisdicción penal
policial ( !!) y que hará casi imposible juzgar a miembros de las
fuerzas de seguridad implicados en violaciones a los derechos
humanos, sin duda ha envalentonado esta represión
desproporcionada sobre la población civil. Y pese a que, después de
los hechos mencionados, la Corte Constitucional ha anulado la
reforma de la justicia militar lo ha hecho por defectos de forma en su
tramitación, y, por si había alguna duda, el presidente Santos ha
apresurado a declarar que "el Fuero Militar existe, existe hoy en día,
con o sin reforma, y se hara valer ".
La violencia verbal de los ministros del Interior y de la Guerra, para
estigmatizar, criminalizar y reprimir por la vía militar la protesta
indígena ha sido recogida por los paramilitares de la banda de los
Rastrojos amenazando de muerte a personas dirigentes y
comunicadores indígenas, entre ellas José Vicente Otero que en 2010
estuvo acogido en Barcelona por el programa de Protecció de
Defensors dels Drets Humans.
Los pueblos indígenas se declaran tejedores de paz en movilización
permanente, en la búsqueda de propuestas de soluciones reales a los
problemas sociales estructurales que afectan a la sociedad
colombiana. La paz para Colombia no pasa sólo por la Habana, sino
fundamentalmente por que se acabe la guerra contra el pueblo.