Pese al clima favorable a la negociación y construcción de la paz, hoy continúa vigente un complejo dispositivo de criminalización y represión de la protesta, que articula imaginarios, normas, discursos y prácticas, y que plantea un desafío enorme hacia un eventual postconflicto.

1. LA PROTESTA SOCIAL Y EL RETO DEL POSTCONFLICTO
Fuente de la imagen: www.elpais.com.co
14 Marzo 2015. Edición 53, Edwin Cruz, Palabras al Margen
Pese al clima favorable a la negociación y construcción de la paz, hoy
continúa vigente un complejo dispositivo de criminalización y
represión de la protesta, que articula imaginarios, normas, discursos
y prácticas, y que plantea un desafío enorme hacia un eventual
postconflicto.
Edwin Cruz
El pasado 16 de febrero, Feliciano Valenciai
, líder de la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, anunció el levantamiento
indígena “Liberación de la Madre Tierra”, cuyo principal objetivo es la
ocupación de tierras, que las comunidades indígenas consideran de
su propiedad ancestral, y demandar del Estado la entrega de 20 mil
hectáreas a los cabildos del norte del Departamento y 6500 al Cabildo
de Corinto, como parte del compromiso de entregar 170 mil
hectáreas que asumió el Gobierno Nacional en 1999 en forma de
reparación a los indígenas por la masacre de El Nilo, perpetrada en
1991.
Las tierras ocupadas por 8000 personas de 20 cabildos corresponden
a cerca de 6000 hectáreas ubicadas en los municipios de Corinto,
Caloto y Santander de Quilichao, en manos de los ingenios Manuelita
y Mayagüezii
; se trata de tierras planas y productivas que contrastan
con las tierras de montaña donde se asientan las comunidades
indígenas. Como ya es costumbre, frente a la protesta indígena,

2. acusada de vulnerar el sagrado derecho a la propiedad, se desplegó
la más cruenta represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD) de la Policía Nacional, que tenía órdenes de desalojar los
comunarios. Al mismo tiempo, líderes indígenas denunciaron
amenazas por parte de grupos paramilitaresiii
. Incluso hubo
enfrentamientos entre los grupos de seguridad privada del Ingenio
del Cauca y los ocupantes de tierra, que al menos habrían dejado un
indígena herido de balaiv
.
El 10 de marzo, cuando los enfrentamientos entre indígenas y fuerzas
policiales habían mermado como consecuencia de la mediación de
una comisión de personalidades, el corresponsal de El Espectador en
la región, Edison Arley Bolaños, informó:
“…la zona permanece custodiada por 668 uniformados del
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional,
institución que ayer reportó que las confrontaciones hasta la
fecha dejan 75 indígenas y 60 uniformados heridos, 19
vehículos pinchados, un vehículo incinerado, 301 hectáreas de
cultivos de caña quemadas, 20 vehículos afectados por
lanzamiento de piedras a la vía Panamericana, daños a tubos de
acueducto de Corinto, desvío del cauce del río Paila y tala
indiscriminada de árboles”v
.
Precisas o no, estas cifras permiten ver no sólo la magnitud de los
enfrentamientos, más propios de una batalla campal que de la
contención de una protesta, sino también el enfoque predominante
con que el gobierno responde a este tipo de manifestaciones y la
doble moral de ciertos sectores de la sociedad colombiana, como los
grandes medios de comunicación. Todo ello plantea enormes retos
cuando se trata de pensar el tratamiento que debe tener la protesta
social en un eventual postconflicto.
Aunque nuestros medios de comunicación promueven la indignación
de la ciudadanía al registrar la represión de la protesta en Venezuela,
cuando se trata de “ver la viga en el ojo propio” actúan de otra
manera. Así, en lugar de dotar las informaciones sobre estos sucesos
con una importancia proporcional a su gravedad, la agenda
informativa se vio copada por un evento más bien cotidiano. En
efecto, como bien lo manifestó Alfredo Molanovi
, la cruenta represión
de la protesta indígena se vio opacada como una noticia de segundo
plano frente al “usted no sabe quién soy yo” con el que un señor de
alto estrato pretendió subordinar a la policía. Es lógico que ese
comportamiento por parte de los medios de comunicación se explique
por el vínculo de los canales de televisión privados con los
conglomerados económicos, en este caso con industrias como la del
azúcar, lo que ha sido estudiado con suficiencia por el profesor Fabio
López de la Rochevii
. Paradójicamente, por la manera como los

3. efectivos de la policía se comportaron frente al citadino desadaptado,
parece ser que sí sabían quién era o cuando menos lo intuían:
¿habrían procedido de la misma forma si de un indígena se tratara?
Desde luego, el principal problema está centrado en el enfoque
gubernamental para el manejo de la protesta. En Colombia, en el
gobierno, las Fuerzas Armadas y sectores dominantes de las élites,
predomina una mentalidad contraria a la protesta social, que parte de
un prejuicio condenatorio en lugar de considerarla como un derecho
legítimo. Ese marcado sesgo se explica por la permanencia de los
miedos y odios propios de la guerra fría que han permanecido por
efecto del conflicto armado entre dichos sectores.
Así por ejemplo, los medios de comunicación presentan la protesta
con términos propios del argot policial y militar: como “vandalismo”,
“disturbios”, “enfrentamientos”, “choques”. Para el registro de estos
sucesos se recurre, fundamentalmente, a las fuentes oficiales. Los
periodistas encargados de cubrir estos acontecimientos esperan la
verdad revelada por parte de los oficiales de alto rango encargados o
de autoridades civiles, como lo evidencia el testimonio anteriormente
citado, sin tomarse el trabajo de triangular o cuando menos equilibrar
sus fuentes.
Pero no sólo se trata de un prejuicio presente en el imaginario de
ciertos sectores sociales, sino de una concepción institucionalizada en
la Ley de Seguridad Ciudadana (1453 de 2011), que penaliza el
derecho a la protesta al castigar con cárcel los bloqueos de vías
públicas “por medios ilícitos” (art. 353A). Esta cuestión no sólo es
difícil de determinar en la práctica (¿cuáles son los medios lícitos para
bloquear? parece quedar a discreción de las autoridades), sino que
puede significar la prohibición tácita de la protesta, si se tiene en
cuenta que ésta siempre implica generar algún tipo de incertidumbre
en las rutinas y la cotidianidad de los otros o, como afirma Sidney
Tarrow, la protesta, para ser tal, siempre genera un “desafío
colectivo”viii
. Aunque no necesariamente ese desafío implica bloqueos
de vías públicas, es sabido que en Colombia es de los pocos
repertorios de acción colectiva con los que cuenta la ciudadanía en
última instancia para hacerse oír por las autoridades. ¿Quién se
arriesgaría a someterse a tales niveles de represión si existiesen
otras alternativas para tramitar demandas ante el Estado?
El abuso de la fuerza por parte del ESMAD ya es prácticamente un
lugar común, hasta tal punto que frente a los desmanes del paro
agrario dos años atrás, ampliamente conocidos gracias a las redes
sociales virtuales, el presidente Santos tuvo que pedir disculpas
públicamenteix
. Los objetivos de ese cuerpo policial, la instrucción que
reciben sus miembros y sus formas de acción están sesgadas por el
imaginario de la guerra fría, que ve en cada ciudadano que protesta

4. un potencial subversivo. El control que se pretende realizar de las
manifestaciones y movilizaciones está además orientado por la
“psicología de las masas”, que asume la protesta como un
comportamiento irracional y patológico que es necesario desactivar
mediante el uso de la fuerza. No en vano, el Escuadrón tiene como
función la “atención, manejo y control de multitudes”x
, y no la
protección de los derechos de los ciudadanos que protestan y de
quienes se ven afectados por sus manifestaciones. Todo eso
evidencia, en última instancia, la militarización del cuerpo policial que
se expresa incluso en labores policiales que deberían caracterizarse
por un manejo civilista, como la contención de la protesta.
En conclusión, pese al clima favorable a la negociación y construcción
de la paz, hoy continúa vigente un complejo dispositivo de
criminalización y represión de la protesta, que articula imaginarios,
normas, discursos y prácticas, y que plantea un desafío enorme hacia
un eventual postconflicto. Como es lógico, evitar que en los conflictos
sociales se recurra a la violencia organizada requiere un entorno de
derechos y garantías efectivas para la participación política de la
ciudadanía, no sólo de quienes en este momento están negociando su
reincorporación a la vida civil. En medio de un sistema político en
crisis, con poca capacidad de representación de diversos sectores de
la sociedad colombiana, lo mínimo que se podría esperar es que se
garantice el derecho a la protesta. Eso requiere revisar la legislación,
reformar o desmontar organismos oficiales caracterizados por abusar
de la fuerza en forma recurrente y generar una cultura de respeto a
dichas manifestaciones por parte de la ciudadanía.
***
i
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/indigenas-del-cauca-
entran-levantamiento-habitar-tierra-articulo-544056
ii
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/se-agudizan-
confrontaciones-entre-indigenas-y-fuerza-pu-articulo-546696
iii
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/pelea-de-los-
indigenas-corinto-articulo-546675
iv
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/conflicto-tierras-
planas-del-norte-del-cauca-articulo-548637
v
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/conflicto-tierras-
planas-del-norte-del-cauca-articulo-548637
vi
http://www.elespectador.com/opinion/camara-accion-columna-
548119
vii
López de la Roche Fabio, Las ficciones del poder. Patriotismo,
medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos
bajo Uribe Vélez (2002-2010), Bogotá, Debate-Universidad Nacional
de Colombia, 2014.
viii
Tarrow Sidney, El poder en movimiento, Madrid, Alianza, 1997.
ix
“Santos pide perdón por supuestos abusos del Esmad en Paro
Nacional y exige investigaciones”,

5. enhttp://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/presuntos-
abusos-esmad-fueron-denunciados-ante-organismos-internacionales
x
Policía Nacional de Colombia-Dirección General, Manual para el
servicio de policía en la atención, manejo y control de multitudes,
enhttp://www.policia.edu.co/documentos/doctrina/manuales_de_con
sulta/107938_manual%20Atencion%20Multi%2011_12_09.pdf